1. Introducción

El 10 de octubre de 2009, la Cámara de Senadores de la República Argentina sancionó la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), luego de un amplio proceso de debate público y parlamentario. Destinada a regular el funcionamiento de los medios radiales y televisivos, la norma reemplazó a la Ley de Radiodifusión N° 22.285. Esta última había sido creada por la dictadura militar que gobernó el país entre 1976-1983 y es caracterizada por los especialistas como centralista, autoritaria y discriminatoria (^{Loreti, 1995}; ^{Mastrini, 2009}).

Uno de los ejes centrales de la LSCA fue limitar los elevados niveles de concentración: estableció límites precisos a la multiplicidad y propiedad cruzada de licencias audiovisuales, estipuló medidas de fomento de la diversidad y previó obligaciones respecto de la transparencia de la información, entre los aspectos más importantes. Además, le otorgó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), organismo de aplicación de la Ley, la atribución de dar intervención a los tribunales de Defensa de la Competencia para evaluar y dictaminar sobre casos que afectaran la competencia.

El Grupo Clarín, líder en los mercados de prensa escrita, televisión por cable, televisión abierta, radio y agencias noticiosas (^{Becerra & Mastrini, 2009}), fue el actor que más afectado se vio por la creación de un nuevo marco regulatorio e inició una serie de acciones para detener su implementación. Solicitó una medida cautelar para suspender el tratamiento legislativo del proyecto. Este hecho marcó el inicio de lo que sería un largo proceso de judicialización de la LSCA, que involucraría a varios actores de los tres poderes del Estado. La resistencia de Clarín se desenvolvió en dos niveles de litigio: primero, obtuvo de una medida cautelar que suspendió -sólo para este grupo empresario- el plazo de adecuación de un año que preveía la LSCA para las empresas en infracción; segundo, reclamó la inconstitucionalidad de varios artículos de la norma.

En el marco del primer nivel de controversia, en mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) estableció el 7 de diciembre de ese año como fecha límite para la vigencia de la medida cautelar que protegía al grupo mediático de adecuarse a la ley. A partir de entonces, el denominado “7D” se instaló en las agendas política, mediática y pública, aunque fue definido desde encuadres que enfatizaron algunos aspectos del proceso y ocultaron otros (^{Koziner & Aruguete, 2016}).

En ese contexto, el objetivo principal del artículo es analizar la cobertura del “7D” por parte de los diarios económicos Ámbito Financiero y El Cronista Comercial, durante el mes previo y el posterior a la fecha de vencimiento de la medida cautelar que suspendió el proceso de adecuación de Clarín a la LSCA (noviembre y diciembre). Se toma este período con el propósito de abarcar los dos momentos del proceso, es decir, el previo y el posterior al “7D”. Ese fue el lapso en el que mayor relevancia obtuvo el caso, pues su importancia decreció una vez iniciada la feria judicial, en enero de 2013.

El propósito de estudiar la prensa económica se basa en la centralidad política y económico-financiera que este caso adquirió no solo para el Grupo Clarín sino también para el resto de las empresas del sector, pues la caída de la medida cautelar en cuestión y la posterior adecuación a la Ley implicaría una reconfiguración del mercado audiovisual.

El marco conceptual de la investigación es el Framing, entendido como un programa de investigación multiparadigmático que estudia el proceso comunicacional de manera integral (^{D’Angelo, 2002}, 2012). Dicha forma de comprenderlo implica reconocer que los frames son principios organizadores del sentido, durables y compartidos por una comunidad (^{Reese, 2001}). Como tales, se ubican en la instancia de producción de la información, en los textos noticiosos, en los receptores de dichas noticias y en la cultura, donde hay un repertorio compartido de patrones de cognición, percepción e interpretación que vincula la producción y la recepción de noticias (^{Aruguete & Koziner, 2014}).

Las noticias son el resultado de un proceso de creación intersubjetiva. De él participan múltiples actores sociales que pujan por instalar sus propias definiciones de la realidad. En este sentido, los frames organizan los sentidos acerca de los diversos issues reconocidos como relevantes en una sociedad. Los encuadres mediáticos no sólo funcionan para producir y reproducir significados, sino también para limitarlos y condicionarlos (^{Aruguete, 2012}).

Aun cuando la propuesta de este trabajo se inscribe en esa línea, el análisis se centra en una fase del proceso, puesto que procura estudiar los encuadres predominantes en la información sobre el “7D”. Lejos de invalidar la comprensión del Framing como un programa integral, este artículo pretende constituirse en un aporte para el abordaje de los textos factible de ser ampliado y profundizado en instancias ulteriores de investigación.

2. Metodología

Los encuadres noticiosos son considerados variables latentes. Es decir, constructos subyacentes no observables directamente que emergen del agrupamiento de una serie de indicadores manifiestos en los textos (Igartua, 2006). Ahora bien, ¿cómo identificar en los contenidos estos principios latentes? ¿Qué formas adquieren?

El reconocimiento y el examen de los frames de los textos noticiosos han sido abordados por numerosos trabajos desde aproximaciones metodológicas variadas. En efecto, el “cómo” se lleva adelante ese proceso se vincula directamente con su comprensión teórica. En este trabajo se recoge la propuesta de ^{D’Angelo (2012)}; ^{David, Atun, Fille, & Monterola (2011)}, ^{Matthes (2009)}, Matthes & Kohring (2008), entre otros. Este conjunto de autores plantean la clásica definición de “encuadrar” propuesta por ^{Entman (1993)} como un punto de partida posible para el análisis del tratamiento de asuntos políticos desde el Framing:

Encuadrar es seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y darles relevancia en un texto comunicativo de modo que se promueva una definición particular del problema, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el ítem descrito (^{Entman, 1993}, p. 52)¹

De una primera lectura de la definición surge que los encuadres desempeñan cuatro funciones primordiales. La primera es la de definir problemas; es decir, precisar una situación determinada en la cual se apunta una serie de acciones que desempeña un agente causal. Una segunda función es la de emitir juicios morales acerca del problema tal como fue definido. Por lo general, estos son ponderados en términos de riesgos y beneficios y pueden entrañar valores culturales comunes. La tercera consiste en diagnosticar causas: determinar cuáles son los factores o actores a los que puede atribuírseles la responsabilidad por los riesgos y los beneficios asociados a los problemas. La cuarta y última función es la de sugerir un tipo de tratamiento para los problemas descritos y/o predecir posibles efectos.

A partir de la propuesta de ^{Entman (1993)} la estrategia metodológica que se lleva a cabo aquí consiste en operacionalizar la definición desarrollada con el objetivo de delinear una guía precisa para la identificación de los frames noticiosos que prevalecieron en el tratamiento del “7D”. Ello implica “traducir” las funciones señaladas en variables e indicadores observables que se rastrearán en los textos. Luego, se lleva cabo un análisis de contenido cuantitativo del universo total de las notas publicadas sobre el caso en Ámbito Financiero y El Cronista Comercial, durante noviembre y diciembre de 2012. Como se verá, los modos en que los distintos elementos hallados se agrupan en los textos darán lugar a los frames de la cobertura del “7D” en la prensa económica argentina.

A continuación, se detallan los objetivos, hipótesis y preguntas de investigación. Luego, se describen las unidades de análisis y de contexto. Acto seguido, se desarrollan las características básicas del libro de códigos utilizado para la recolección de los datos. En el último punto, se alude a la fiabilidad del proceso de codificación.

Objetivos, hipótesis y preguntas de investigación

El objetivo principal del trabajo es analizar la cobertura del “7D” por parte de los diarios económicos Ámbito Financiero y El Cronista Comercial, durante el mes previo y el posterior a la fecha señalada como límite para la vigencia de la medida cautelar que suspendía el proceso de adecuación de Clarín a la LSCA (noviembre y diciembre²).

Del objetivo general se desprenden tres objetivos específicos:

Se proponen las siguientes hipótesis y preguntas de investigación:

H.1. Los encuadres noticiosos propios del caso estudiado emergen del agrupamiento sistemático de una serie de elementos presentes en las notas de la cobertura del “7D”.

P.1. ¿Cuáles son los componentes que integran los encuadres noticiosos predominantes en el tratamiento del “7D”, entre noviembre y diciembre de 2012?

P.2. ¿Cómo se comportan las variables que componen cada uno de los frames?

H.2. El perfil editorial influyó en el modo de encuadrar el “7D” de cada diario.

P.3. ¿Qué tipo de relación puede establecerse entre los periódicos y las formas que utilizadas por estos para encuadrar el caso?

P.4. ¿Qué divergencias y similitudes hubo en el tipo de tratamiento que cada diario hizo del caso?

Unidad de análisis

Las unidades de análisis, entendidas como cada uno de los elementos que se han de codificar (^{Igartua & Humanes, 2004}), son los 249 artículos periodísticos publicados acerca del “7D” o de distintos aspectos de la LSCA durante las diez semanas que van desde el 29 de octubre de 2012 hasta el 4 de enero de 2013. Se incluyen piezas periodísticas de todos los géneros y se revisan todas las secciones y suplementos.

Unidades de contexto

La elección de Ámbito Financiero y El Cronista Comercial responde a dos motivos. En primer lugar, se trata de empresas periodísticas no involucradas directamente en el conflicto por la aplicación de la LSCA. Durante el período estudiado, Ámbito Financiero se desempeñaba únicamente en el campo de la prensa gráfica impresa y online y no contaba con negocios en el ámbito de la comunicación audiovisual. Por esa razón, se presume que su postura editorial al respecto no se vio afectada -al menos, no directamente- por sus intereses empresarios.

En el caso de El Cronista Comercial, el grupo empresario al cual pertenece -el Grupo De Narváez (GDN)- cuenta con participación accionaria en empresas vinculadas a la producción audiovisual y en infracción con algunos aspectos de la LSCA. Sin embargo, a diferencia del Grupo Clarín, presentaron planes de adecuación a la norma antes del “7D”.

En segundo término, los dos periódicos están especializados en economía y finanzas. Ambos ofrecen servicio de suscripción, se editan de lunes a viernes y tienen una circulación menor a la de los diarios más importantes³. Considerando que la disputa judicial alrededor del “7D” cimentó sobre un conflicto por el proceso de desinversión que el Grupo Clarín se vería obligado a iniciar para adecuarse a la LSCA e implicaba la reconfiguración del mercado mediático, se presume que el caso revistió importancia en las agendas de estos matutinos.

Libro de códigos

Pieza central del análisis de contenido, el libro de códigos puede definirse como “un documento que agrupa las categorías utilizadas en la investigación y aporta instrucciones claras, precisas y sin ambigüedades posibles” (^{Colle, 2011}, p. 140).

La definición de las variables, así como la elaboración del sistema categorial para cada una de ellas, se llevó a cabo a partir de la lectura crítica de los trabajos de ^{Matthes & Kohring (2008)} y de ^{David et al. (2011)} y de una inmersión cualitativa realizada a 25 unidades -10% del universo total-. Dicho sistema de categorías es exhaustivo y recíprocamente excluyente, de acuerdo con dos de los principios básicos del análisis de contenido (^{Igartua & Humanes, 2004}).

Como se mencionó, el codebook elaborado para el análisis de contenido realiza una operacionalización de la definición del término “encuadrar” propuesta por ^{Entman (1993)}. Cada una de las dimensiones o funciones que integran los frames, denominados frame elements o elementos de encuadre, se desagrega en variables de distinto grado de abstracción que son rastreadas en los textos noticiosos.

Definición del problema. Esta dimensión está integrada por cuatro variables: un tópico o issue, un tema central, una fuente citada como principal proveedora de la información y un actor protagonista de la acción relatada.

El tópico es definido como “la etiqueta que resume el dominio de las experiencias sociales cubiertas por un relato” (^{Pan & Kosicki, 1993}, p. 58). En esta investigación, se refiere al asunto concreto del que trata el acontecimiento central de la noticia, el cual es directamente observable en el texto. Se crearon 13 tópicos relacionados con la LSCA y el “7D”, los cuales fueron definidos con la mayor precisión posible.

El tema es una variable de mayor grado de abstracción, en tanto agrupa o contiene más de un tópico. Está constituido por una serie de issues relacionados entre sí que entran en una categoría más amplia (^{Pasquier, 1994}). Se trata de una idea global que subyace en el texto y conecta los elementos de los relatos alrededor del “7D”. Se identificaron 4 temas.

Para las fuentes de la información se toma la definición de Herbert ^{Gans (2004}, p. 80), quien las define como aquellos “actores que el periodista observa o entrevista (y cuya característica central consiste en que) suministran informaciones en cuanto miembros o representantes de grupos de interés organizados y no organizados o de otros sectores más amplios de la sociedad”. En este trabajo se identificaron 9 categorías de fuentes agrupadas en “sector público”, “sector privado” y “otros”. Los actores, por su parte, son aquellas personas o entidades directamente involucradas en el acontecimiento o protagonistas de la acción relatada. Las categorías utilizadas son las mismas que las de las fuentes. Si bien su rol difiere del de aquellas, debe tenerse en cuenta que ambos pueden coincidir. Tal es el caso, por ejemplo, de un evento noticioso promovido por un funcionario de Gobierno que, a la vez, es el sujeto principal de la acción.

Evaluación moral. Esta dimensión incluye dos variables: beneficios y riesgos asociados al problema, tal como fue definido. Por beneficios se entienden aquellos aspectos que son presentados como ganancias o utilidades producto de una determinada declaración y/o acción (RAE, 2001) ligada a la LSCA, en general, o controversia por la adecuación a la norma, en particular. En cambio, los riesgos son afirmaciones acerca de la contingencia o proximidad de daños o pérdidas de diverso calibre (RAE, 2001). Se identificaron 6 categorías de beneficios y 7 categorías de riesgos para el “7D” y se rastrea la presencia/ ausencia de cada uno en cada pieza periodística.

Interpretación causal. Se trata de un elemento de encuadre complejo, en tanto está integrado por tantas variables como riesgos y beneficios se hayan encontrado en el texto. La pregunta que esta función responde es ¿a quién o a qué puede ser atribuido el o los beneficios y el o los riesgos identificados en un argumento alrededor de un problema? Se presume que tanto por cada beneficio como por cada riesgo existe un agente o un factor causal, aunque pueda no ser mencionado explícitamente. Se reconocieron 9 categorías para cada atribución causal de beneficio y 10 para cada atribución causal de riesgo.

Recomendación de tratamiento. Esta dimensión incluye dos variables: una propuesta de solución para resolver el o los problemas y un juicio valorativo preponderante. En cuanto a la primera, se identificaron 10 soluciones posibles para el conflicto por el “7D”. Por juicio valorativo se entiende la emisión de un dictamen respecto de los rasgos positivos o negativos alrededor del problema identificado. Es decir, si los hechos narrados en las noticias son evaluados como positivos o negativos para el conjunto de la población (^{Zunino & Aruguete, 2015}). Un juicio puede ser caracterizado también como “no definido o ambiguo”, cuando no resulta claramente identificable el carácter positivo o negativo o cuando prevalecen contenidos en los cuales ambos tipos aparecen balanceados.

Codificación y fiabilidad. La calidad de los datos obtenidos mediante el análisis de contenido está en relación con la adecuada conceptualización y operacionalización de las variables, con el entrenamiento de los codificadores y con la evaluación matemática de la “fiabilidad intercodificadores”. Este concepto alude “al grado de consenso o acuerdo alcanzado entre diferentes codificadores que, en forma separada, analizaron un mismo material con el mismo instrumento” (Igartua, 2006, p. 215). La codificación fue realizada por cuatro codificadores especialmente entrenados para este trabajo.

Finalmente, se tomó una muestra aleatoria estratificada del 20% del universo y se recodificaron 50 notas periodísticas, teniendo en cuenta que nadie debería trabajar con ningún caso que hubiera codificado en la etapa previa. El grado de acuerdo entre las 53 variables correspondientes a los elementos de encuadre fue medido con los coeficientes Kappa de Cohen (κ) y Alfa de Krippendorff (α). Del cálculo surge un grado de fiabilidad superior a ,8 en todos los casos y para ambos coeficientes.

3. Resultados. Los encuadres noticiosos del “7D”

La particular combinación de los elementos de encuadre en la superficie mediática configura ciertos patrones de presentación de la información cuya recurrencia los constituye en frames. En esa línea, puede pensarse a los frames como el producto de la suma de sus partes; es decir, de sus elementos de encuadre (^{Matthes & Kohring, 2008}).

En función del primer objetivo de este trabajo, en esta instancia se utiliza el análisis de clusters o conglomerados para procesar los datos recogidos. Se trata de un “método estadístico multivariante de clasificación automática de datos” (^{Pérez, 2004}, p. 417). Los datos incluidos para su clasificación en conglomerados son los correspondientes a las variables que integran los frame elements. A partir de una tabla de casos-variables, se busca situar los casos -unidades de análisis- en grupos, conglomerados o clusters, lo más homogéneos posible. El análisis funciona, así, como un mecanismo de clasificación que detecta y describe, mediante algoritmos matemáticos, grupos de características similares dentro de un universo aparentemente heterogéneo de casos (^{Vilà-Baños, Rubio-Hurtado, Berlanga-Silvente, & Torrado-Fonseca, 2014}).

La ventaja de este modelo de procesamiento consiste en que puede realizarse sin contar con conocimientos previos acerca de los grupos que se formarán e, incluso, sin la necesidad de saber el número de conglomerados que se buscará. Por este motivo, suele definírselos como “modelos de aprendizaje no supervisado”, por cuanto no existen estándares externos que permitan evaluar el rendimiento de la clasificación que proporcionan: No hay respuestas correctas o incorrectas para estos modelos.

Del análisis de conglomerados surge que los datos se organizan en dos clusters. Es decir, dos frames que predominan en los textos. Se ha decidido denominar al primero “Disputa político-institucional” y al segundo, “Polarización político- económica”.

Encuadre “Disputa político- institucional”

El primer conjunto de datos agrupa 145 casos del universo (58,2%). Las categorías de cada variable que integra este frame están sintetizadas en la Tabla 1.

Tabla 1 Elementos de encuadre y variables del frame 1: Disputa político-institucional. 

Fuente: Elaboración propia.

De las categorías más frecuentes al interior de la dimensión ‘Definición del problema’, surge que fueron dos los ámbitos que funcionaron como campos de disputa en las piezas encuadradas como ‘Disputa político-institucional’: uno pertenece al Poder Legislativo y el otro, al Judicial. En efecto, los tópicos más importantes son tres: “Acontecimientos relacionados con el desarrollo de las causas judiciales”, “Acontecimientos sobre el PJN que no tienen al ‘7D’ como acontecimiento principal” y “Debates legislativos relacionados con el ‘7D’”.

En el caso del Poder Legislativo, la contienda se desarrolla, durante la primera fase del período, alrededor del debate del proyecto de ley de recurso extraordinario por salto de instancia, sancionado como Ley N° 26.790 el 14 de diciembre. Mediante esa norma, propuesta por el oficialismo, se incorporó al Código Procesal Civil y Comercial nacional la posibilidad de presentar un recurso que habilita eludir un tribunal inferior y recurrir a la CSJN en causas de competencia federal en las que se acredite gravedad institucional.

Las noticias que tienen como tópico principal “Debates legislativos relacionados con el ‘7D’”, definen las discusiones en el Congreso de la Nación como parte de un intento forzado del Gobierno por generar mecanismos institucionales para asegurarse resultados menos adversos en la disputa judicial. La Imagen 1 ofrece algunos ejemplos gráficos de distintos títulos en los cuales se tratan estos tópicos.

Fuente: El Cronista Comercial, 14 y 16 de noviembre y Ámbito Financiero, 31 de octubre y 13 de noviembre de 2012.

Imágen 1 Encuadre ‘Disputa político-institucional’ en la cobertura del “7D” en Ámbito Financiero y El Cronista Comercial. 

Una vez aprobada la Ley N° 26.790, el tópico que se alza como principal retrata acontecimientos relacionados con el desarrollo de las causas judiciales iniciadas por el Grupo Clarín, tanto la referida a la medida cautelar como la de inconstitucionalidad. Es decir, presentaciones de las partes involucradas y fallos de las distintas instancias intervinientes.

Los tópicos mencionados, relacionados entre sí, pueden agruparse en un tema central que subyace a los textos (^{Pasquier, 1994}). Este refiere al funcionamiento de las instituciones democráticas. En efecto, el 89,7% de las notas fueron codificadas con esa categoría. Este tipo de notas refiere a aspectos, en su mayor parte de carácter controvertido, relacionados con la interacción entre los distintos poderes del Estado y/o las normas de funcionamiento al interior de cada uno de ellos.

En más de un tercio de las notas no se citan o no aparecen nombradas las fuentes de información. En aquellas notas en las que sí se citan fuentes, estas son de carácter oficial pues remiten a alguno de los poderes del Estado. La muy baja presencia de las empresas de medios es, más allá del rol que el sector tuvo en la disputa por el “7D”, coherente con el hecho de que el encuadre tenga como eje central el ámbito estatal.

El análisis de fuentes precisa ser puesto en relación con los actores que protagonizan la información. Esto permite saber ‘quién habla de quién’ en el marco de la ‘Definición del problema’. Se asume que a los actores que protagonizan la información con mayor frecuencia se les suele atribuir responsabilidad alrededor del asunto del que tratan las notas: “El grado de visibilidad de un individuo (grupo o institución) está directamente relacionado con el grado de responsabilidad que se le atribuye” (Iyengar & Kinder, 1987, citado en ^{Amadeo, 1999}, p. 263). Para este encuadre, los actores concuerdan, incluso en el orden de importancia, con las fuentes: el Poder Judicial de la Nación, el Gobierno nacional y el Congreso nacional.

La tendencia a coincidir que se registra entre las fuentes y los personajes que protagonizan las noticias, requiere de una aclaración, dado que el 35% de las notas encuadradas como “Disputa político- institucional” no cita fuente alguna. En esos casos, es posible que la información sobre el “7D” haya provenido de fuentes con la habilidad para mantenerse ocultas y, a la vez, orientar la atención sobre ciertos actores, influyendo en la construcción simbólica realizada por el medio (^{Rost, 2009}).

Respecto de la ‘Evaluación moral’, se destacan dos beneficios y tres riesgos, que son atribuidos a diferentes causas. Los primeros son opuestos entre sí: por un lado, se mencionan como beneficios las “Acciones -judiciales o no- que implican avance estratégico de la postura sostenida por el Gobierno” (“…el fallo podría ‘beneficiar’ al Gobierno porque lo deja en una inédita posición de víctima”⁴) y, por otro, aunque en menor proporción, aparecen también como beneficiosas las “Acciones -judiciales o no- que implican avance estratégico de Clarín” (“Optimismo, satisfacción e incluso emoción [...] fueron las sensaciones que experimentaron en el Grupo Clarín [...] Se tomó la noticia como una victoria’⁵).

De modo inverso, los riesgos más relevantes son “Acciones - judiciales o no- que implican avance estratégico a favor de la postura del Grupo Clarín” (“…en el Gobierno todavía esperaban la respuesta de los jueces, la estadística anticipa malos pronósticos -ya que favorecería a Clarín-”⁶) y “Acciones -judiciales o no- que implican avance estratégico de la postura sostenida por el Gobierno” (“…los abogados de Clarín [...] temen una sentencia desfavorable y por eso ya piensan en una nueva apelación ante la Cámara”⁷). La novedad es que cobra importancia la “Suspensión de los plazos de adecuación a la LSCA” como tercer factor de riesgo en la controversia que rodea al “7D” (“…los abogados de Clarín podrían apelar y la aplicación de la norma ingresaría a nuevos debates tribunalicios”⁸).

Los beneficios señalados son principalmente atribuidos, en el primer caso, a “Acciones del Gobierno o de representantes en Congreso o en AFSCA” y, en menor grado, a “Acciones o fallos del PJN”. En el segundo caso, la relación se invierte: como causa más importante, se mencionan las “Acciones o fallos del PJN” y luego, “Acciones de empresas de medios de comunicación”.

Las atribuciones causales de los riesgos son, para el primero de ellos “Acciones o fallos del PJN” y “Presiones políticas sobre el PJN”. Para el segundo, la relación se invierte de nuevo: la causa más importante son las “Presiones políticas sobre el PJN”, mientras que la siguiente en importancia son las “Acciones o fallos del PJN”. La causa más frecuentemente señalada para el riesgo de suspensión de los plazos de adecuación son las “Acciones o fallos del Poder Judicial”.

A partir de los datos mencionados, cabe esbozar algunas interpretaciones respecto de la ‘Evaluación moral’ y la ‘Atribución causal’ del frame “Disputa político-institucional”. En primer término, se advierte un ligero predominio de los riesgos que la controversia podría acarrear por sobre los beneficios que esta reportaría para los actores enfrentados. En segundo lugar, aun cuando el Grupo Clarín cobra aquí una importancia más significativa que en la definición del problema, se aprecia un mayor protagonismo relativo de los actores gubernamental y judicial por sobre el empresarial. Esta regularidad empírica no se registra únicamente en este aspecto sino que es coherente con la mayor presencia del Gobierno y del Poder Judicial en buena parte de los elementos que integran el frame. Así, y como sostiene ^{Amadeo (2008)}, las noticias políticas suelen centrarse “en las acciones y reacciones del gobierno frente a otras instituciones legítimas que representan ideas diferentes” (p. 22).

Tercero, se observa que tanto los beneficios y sus causas como los riesgos y las suyas se comportan de modo espejado. En otras palabras, los mismos factores que aparecen como beneficios son presentados como riesgos. Aquí debe hacerse, no obstante, una distinción: las acciones del Grupo Clarín parecerían vinculadas con mayor fuerza a un respaldo institucional. Tanto cuando se presenta su avance estratégico como beneficio como cuando se lo introduce como riesgo, las causas más importantes se asocian al accionar de la Justicia y menos a las acciones -de lobby o no- que la empresa de medios de comunicación pudiera ejercer en su favor. De modo inverso, los avances del actor gubernamental, presentados como beneficios o como riesgos, se atribuyen más frecuentemente a acciones directas del Gobierno - para el caso de los riesgos, adquiere, además, la forma de intromisión en otro poder del Estado- y menos a la acción de otras instituciones (“Justicia: van por todo”⁹).

Entre los casos que proponen alguna solución al problema, se destacan, en primer lugar, las “Decisiones o fallos judiciales de alguna de las instancias intervinientes en la causa”. En segundo término, se señala como solución la posibilidad de un “Fallo judicial favorable a la LSCA”. De estos datos se desprende que en la mayoría de los casos en que se propone alguna solución, esta se reserva al ámbito de competencia del PJN.

Con respecto al juicio valorativo, predomina en las notas el ambiguo y, en menor medida, negativo. Es decir, prevalecen contenidos que no definen claramente el carácter del acontecimiento o sus consecuencias. Por lo general, el cariz negativo aparece asociado a la responsabilidad gubernamental por el perjuicio que la disputa pueda entrañar para el juego democrático, más que como un aspecto característico de este último.

Encuadre “Polarización político-económica”

El segundo agrupamiento de variables reúne un total de 104 casos del universo (41,8%). Las categorías más salientes de las variables que integran los elementos de este encuadre están desplegadas en la Tabla 2.

Tabla 2 Elementos de encuadre y variables del frame 2: Polarización político-económica. 

Fuente: Elaboración propia.

La ‘Definición del problema’ que promueve el frame “Polarización político- económica” tiene como tópico principal más frecuente “Declaraciones críticas sobre el accionar del Gobierno nacional” (“Que el Estado quiera controlar a los medios es un insulto a la inteligencia de los lectores”¹⁰). En segundo lugar, se ubican las “Declaraciones y/o acciones ligadas al impacto de la LSCA en la estructura de empresas de medios de comunicación” (“Efecto 7D: 19 empresas deberán adecuarse”¹¹). En tercer lugar, con un porcentaje significativamente menor, se halla el tópico “Declaraciones en defensa de la postura del Gobierno nacional” (“Tomada: ‘Vamos a defender a los trabajadores de los medios’”¹²).

Si se atiende a los temas que enlazan los tópicos, se observan dos predominantes. Ello se relaciona con la doble dimensión, política y económica, que caracteriza al frame. En la primera de ellas, la disputa se centra en la libertad de expresión o en la pluralidad de voces en la esfera pública. Según con cuál de las partes en disputa se identifique el actor que sostiene el argumento -Clarín o el Gobierno, respectivamente-, este tiende a aparecer expresado de una u otra forma (ver Tabla 3).

Tabla 3 Temas predominantes del frame 2: Polarización político-económica. 

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la dimensión económica, el eje temático de la controversia fue la propiedad de los medios de comunicación. Del mismo modo que con la dimensión política, la forma en la cual el tema es presentado varía según el polo de la disputa con el cual se asocie el argumento que predomina en la nota. Los actores relacionados con el Gobierno se refieren a la concentración/ desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación (“Que se conforme un conglomerado de medios es una desgracia [...] Es muy débil como argumentación de quienes están opuestos a la ley de Medios decir, ‘¿por qué ahora?’. Siempre hay un ahora…”¹³). En tanto, los ligados al Grupo Clarín aluden al “desguace” o “confiscación” de su propiedad (“… la presión y el ataque [...] tiene que ver con la obsesión del gobierno nacional por desguazar al Grupo Clarín”¹⁴). La Imagen 2 ofrece algunos ejemplos gráficos de este comportamiento.

Lo mencionado respecto de los temas predominantes para este frame no obsta que estos argumentos estén presentes, además, en las notas encuadradas como “Disputa político- institucional”. Sin embargo, su importancia es relativamente mayor en el marco de la “Polarización político- económica”. De modo inverso, el funcionamiento de las instituciones democráticas es un tema que cobra algún grado de importancia aquí, aunque, en su mayor parte, aparece en combinación con uno de los tópicos propios de este frame: “Declaraciones críticas sobre el accionar del Gobierno nacional” y tienen como protagonista central al actor gubernamental. Interesa destacar esta cuestión porque permite ilustrar la premisa de que los principios organizadores de la información son identificables a los fines analíticos aunque, en la práctica, funcionan de modo articulado.

Fuente: El Cronista Comercial, 14 y 5 de diciembre de 2012. Ámbito Financiero, 15 de noviembre y 4 de diciembre de 2012.

Imágen 2. Encuadre ‘Polarización político-económica’ en la cobertura del “7D” en Ámbito Financiero y El Cronista Comercial. 

Al analizar el tipo de fuentes que se convocan en las notas encuadradas como “Polarización político- económica”, se vislumbra que casi un tercio de los artículos no incluyen explícitamente ninguna. Ciertamente, la cobertura completa del caso estuvo caracterizada por su recurrencia a un bajo número de fuentes.

Dado que la “Polarización político- económica” involucra centralmente al Gobierno y a una empresa privada de medios de comunicación, es de suponer que las fuentes efectivamente citadas den cuenta de este conflicto entre dos actores.

En efecto, las empresas de medios de comunicación, la AFSCA, como organismo público de aplicación de la LSCA, y, en menor grado, las personas u organizaciones de la sociedad civil son las que registran un mayor nivel de frecuencia de aparición.

A diferencia del frame “Disputa político-institucional”, aquí se convoca también la voz de actores que no pertenecen al Estado. Ello puede ligarse al alto grado de controversia y polémica, donde se asume que la pluralidad de fuentes es mayor (^{Bennett, 1996}).

Ahora bien, ¿en qué contextos adquieren mayor exposición mediática cada una de estas fuentes? Si se las cruza con los tópicos predominantes, los resultados permiten hacer varias inferencias. En primer lugar, la palabra de las empresas de medios es convocada, en su mayor parte, como crítica hacia las acciones del Gobierno nacional (“Magnetto advierte que Argentina vive un proceso ‘muy parecido’ a Venezuela”¹⁵). Pero no sólo eso. También son citadas en el marco de declaraciones críticas sobre el comportamiento de Clarín¹⁶ (“Vila criticó a Clarín al sostener que el grupo ‘no tiene escrúpulos nunca, siempre tiene objetivos comerciales”¹⁷), para referirse al impacto de la LSCA en la estructura del sector que integran (“Telefe rechaza tener vínculos societarios con Telefónica de Argentina”¹⁸) o para defender la postura del holding mediático en la contienda (“Clarín emitió un escueto comunicado en el que sostuvo [...] [que] el Grupo Clarín seguirá a derecho, respetando la Constitución, la ley y los fallos de la Justicia’”¹⁹).

En tanto, la voz del organismo de aplicación de la LSCA es citada, prácticamente de modo exclusivo, cuando se abordan aspectos ligados al impacto de la norma en las empresas; particularmente, en lo que se refiere al proceso de adecuación de las mismas (“Según expresó el titular del AFSCA, el proceso de adecuación tiene distintos momentos: ‘el primero es la notificación, después viene el proceso de tasación, luego la selección de licencias y bienes afectados [...], el concurso y la adjudicación y finalmente el traspaso al nuevo titular’”²⁰).

Por último, las personas u organizaciones de la sociedad civil aparecen como fuentes en el contexto de declaraciones críticas al Gobierno nacional (“El Gobierno puso como enemigo al periodismo, y nunca es el enemigo”²¹), en evaluaciones acerca de la LSCA desvinculadas de los actores en conflicto (“Se desvió el tema [...] Es decir, cada uno -Clarín y el Gobierno- defiende su quintita y se perdió el objetivo principal, que era otro”²²) y, en menor grado, en notas que tratan de declaraciones en defensa de los argumentos del Gobierno nacional. (“La ley de Medios es mi vida, antes del Gobierno incluso”²³).

Los actores protagonistas del encuadre son, de modo contundente, el Gobierno nacional y las empresas de medios de comunicación, particularmente, el Grupo Clarín. Adquiere también cierta importancia la AFSCA, fundamentalmente asociada a los distintos aspectos de la adecuación. El rol del resto de los actores (Congreso Nacional, Poder Judicial y personas u organizaciones de la sociedad civil) es marginal, ya que ninguno de ellos supera el 8% de frecuencia de aparición.

Con respecto al frame element ‘Evaluación moral’, es posible afirmar que las notas encuadradas como “Polarización político-económica” tienden a enfatizar los riesgos, tanto en su dimensión política como en la económica. En relación con los argumentos afines al Grupo Clarín, se destacan las advertencias sobre la lesión a la libertad de expresión, las acciones -judiciales o no- que implican un avance estratégico del Gobierno y la adecuación de empresas de medios.

El primero de los riesgos señalados se atribuye tanto a las acciones del Gobierno como a las dificultades en la aplicación LSCA. Estas últimas son asociadas a la actuación de la AFSCA -organismo de aplicación de la Ley-. Como puede observarse en el ejemplo incorporado en la Imagen 3, el recuadro titulado “Paso a paso, la ofensiva contra la prensa”²⁴ sitúa al Gobierno como responsable de la lesión a la libertad de expresión, por sus constantes “ataques” a los medios de comunicación.

Fuente: Ámbito Financiero, 7 de diciembre y El Cronista Comercial, 20 y 7 de diciembre de 2012.

Imagen 3 Riesgos del Encuadre ‘Polarización político-económica’ en la cobertura del “7D” en Ámbito Financiero y El Cronista Comercial. 

El segundo riesgo -avance estratégico del Gobierno- está íntimamente ligado al primero, dado que le adjudica a las presiones sobre el Poder Judicial y a las acciones que el actor gubernamental lleve adelante en otros ámbitos la responsabilidad del avance estratégico del Gobierno en el conflicto por el “7D”. Por último, las causas de la adecuación a la LSCA entendida como riesgo, son atribuidas con mayor intensidad a las acciones que pueda llevar adelante el Gobierno y a los problemas en la aplicación de la Ley que a sentencias de alguna de las instancias judiciales las cuales eran, finalmente, las responsables de la decisión al respecto. Por caso, otra de las notas incluidas en la Imagen 3, “La democratización de Cristina”²⁵, responsabiliza al Gobierno tanto del crecimiento económico del Grupo Clarín como de las posibles soluciones para detenerlo, pues “coartan la libertad de prensa, la Justicia”.

En relación con los argumentos afines a la postura del Gobierno, los riesgos mencionados con mayor frecuencia son la prolongación de la situación de concentración de la propiedad de los medios y la suspensión de los plazos de adecuación de estas empresas. Como puede advertirse, ambos están ligados: si las empresas -en especial aunque no únicamente Clarín- son eximidas de iniciar el proceso de desinversión necesario para adecuarse a la Ley, este hecho acaba por sostener o, incluso, agravar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Por otra parte, ambos riesgos aluden centralmente a la dimensión económica del conflicto, aunque tengan implicancias de carácter político.

Los factores señalados como causa del primer riesgo son las dificultades en la aplicación de la LSCA, especialmente por la resistencia del sector regulado, y otras acciones de las empresas de medios, tales como nuevos reclamos judiciales o la adquisición de otros medios de comunicación. En otra de las notas incluidas en la Imagen 3, titulada “Clarín ejerce dominio en el cable”²⁶, se menciona el riesgo que entraña la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a manos del Grupo Clarín y lo vincula a la resistencia del conglomerado a adecuarse a la LSCA²⁷.

En cuanto al segundo riesgo -la suspensión de los plazos de adecuación-, las causas señaladas coinciden con las indicadas para el primero: en el 45% de los casos, este fue atribuido a dificultades en la aplicación de la LSCA y en el 20%, a las acciones de las empresas de medios. No obstante, se suma un tercer factor causal: los fallos judiciales que convalidan la estrategia de extender la medida cautelar que protegía al Grupo Clarín de iniciar el proceso de adecuación.

Una vez más, debe destacarse el fuerte protagonismo del Gobierno nacional. Si el nivel de visibilidad de un actor se vincula con el grado de responsabilidad que se le imputa, se vislumbra en la superficie mediática una tendencia a responsabilizar al Gobierno por los aspectos más perniciosos del conflicto alrededor del “7D”:

Si la Justicia dice que el Grupo Clarín debe ser desguazado y reducido a su mínima expresión, yo no tendría ningún problema en que sucediese. Mi problema es que detrás de la acción del Gobierno está el objetivo de callar al periodismo crítico. Que si logran herir de muerte a Clarín irán por todos los demás²⁸.

A pesar de ser mucho menos frecuentes que los riesgos, algunos factores son presentados como beneficiosos en relación con el “7D”. Entre los argumentos afines al Grupo Clarín, aparece la protección de la libertad de expresión como un aspecto positivo que se asocia tanto a las acciones o declaraciones de empresas de medios como a los fallos del PJN, que se interpretan en apoyo a esta postura.

Entre los beneficios asociados a la posición del Gobierno, se mencionan fundamentalmente dos: en primer lugar, la democratización de la comunicación, la cual se adjudica a las acciones desempeñadas por actores gubernamentales, incluyendo sus representantes en la AFSCA, como responsables de implementar medidas de política de comunicación. En segundo término, se destaca la adecuación a la LSCA como consecuencia de acciones o declaraciones de las propias empresas de medios que, a diferencia del Grupo Clarín, presentaron sus propuestas de ajuste a la norma antes del 7 de diciembre de 2012. En menor medida, se señalan también acciones del Gobierno o del organismo de aplicación de la Ley como responsables de la conducción de ese proceso de adecuación (Ver Tabla 2).

De lo dicho se desprende que, aun cuando la presencia del Gobierno nacional continúa siendo preponderante en los beneficios que acarrea el “7D”, hay una mayor relevancia del sector empresario como agente causal, tanto en los argumentos afines a Clarín como en los compatibles con la postura del Gobierno.

Se advierte que una proporción significativa de los casos no propone ninguna salida al problema. En los textos en los que sí se propone alguna solución, se destaca la adecuación a lo dispuesto por la LSCA, ya sea por iniciativa de las propias empresas como por una acción del Gobierno o de la AFSCA.

Fuente: Ámbito Financiero, 7 de diciembre y El Cronista Comercial, 20 y 7 de diciembre de 2012.

Imagen 3 Evolución temporal de los frames “Disputa político-institucional” y “Polarización político económica”, según semanas del período. Ámbito Financiero y El Cronista Comercial. 

En cuanto al ‘juicio valorativo’, aparecen valoraciones pertenecientes a las tres categorías. Aunque la mayoría de ellos es negativo, están presentes los de carácter ambiguo y los positivos. Por lo general, las negativas aparecen asociadas a las declaraciones críticas hacia el Gobierno, mientras que las ambiguas o indefinidas predominan en los casos en que se aborda el impacto de la LSCA en la estructura de los medios de comunicación. El juicio positivo queda casi reservado para las notas que tratan de declaraciones en defensa de la posición gubernamental.

Evolución temporal de los encuadres del “7D”

El segundo objetivo del presente trabajo consiste en determinar las variaciones en el comportamiento de los frames a lo largo del período que va entre el 29 de octubre de 2012 y el 4 de enero de 2013. Esta aparece representada en el Gráfico 1.

De allí surge que tanto el encuadre “Disputa político-institucional” como el de “Polarización político- económica”, estuvieron presentes durante todo el período estudiado. No obstante, el comportamiento del primero es más estable, mientras que el segundo registra algunos picos en función de ciertos eventos relevantes del caso. Estos coinciden, además, con los momentos de mayor polémica. Por caso, el pico máximo se da un día antes del 7 de diciembre, cuando la Sala I de la Cámara Civil y Comercial decide prorrogar la medida cautelar a favor de Clarín y cae el “7D”.

Comparación entre periódicos

El tercer objetivo específico del presente artículo consiste en comparar los modos de encuadrar el “7D” en las coberturas que hicieron del caso Ámbito Financiero y El Cronista Comercial. En ese marco, esta sección procura determinar dos cuestiones: primero, si es posible establecer algún grado de correlación estadística entre el comportamiento de estos frames y los diarios analizados; y segundo, cuál de esos encuadres prevalece en la cobertura que uno y otro medio hizo del caso. Ello permitirá profundizar en las características propias de los periódicos.

Con el propósito de medir la intensidad de la relación entre el tipo de encuadre predominante en cada nota y el periódico, se calcula el coeficiente V de Cramer²⁹, que arroja un valor de ,307. Teniendo en cuenta que el resultado debería ser mayor a 0,6 para que la correlación entre las variables sea considerada significativa, dicho coeficiente sugiere una baja intensidad de asociación entre el comportamiento de los encuadres “Disputa político-institucional” y “Polarización político-económica” y las líneas editoriales de Ámbito Financiero y El Cronista Comercial. Ahora bien, de este cálculo no se desprende que estos encuadres no hayan cobrado formas particulares en cada diario.

En efecto, si se cruzan los datos correspondientes al frame propio del “7D” que prevalece en cada pieza informativa y el periódico en el que cada una de ellas aparece publicada, se observan algunas divergencias que merecen ser señaladas. Los resultados aparecen volcados en Tabla 4.

Tabla 4 Frecuencia de aparición de frames “Disputa político-institucional” y “Polarización político-económica” en la información sobre el “7D”, según diario (29 de octubre de 2012 - 4 de enero de 2013). 

Fuente: Elaboración propia.

La observación detallada de la tabla permite delinear varias interpretaciones. En primer lugar, se advierte una fuerte inclinación de Ámbito Financiero a encuadrar el “7D” en términos de una disputa político-institucional. Más del 75% de los artículos registran la presencia de ese encuadre. Si se atiende a los tópicos que predominan en los textos, dos de cada cinco notas publicadas por este diario se refieren a acontecimientos relacionados con el avance de las causas judiciales iniciadas por el Grupo Clarín. A la vez, la amplia mayoría de las piezas periodísticas que tienen como tópico principal los debates legislativos relacionados con la disputa por el “7D”, fueron publicadas por Ámbito Financiero. Por otra parte, se registra en este diario una baja frecuencia de los tópicos propios del frame “Polarización político-económica.

En cuanto al juicio general que predomina en las notas publicadas por Ámbito Financiero sobre el “7D”, la primacía del ambiguo o indefinido es muy significativa, mientras que el 14,9% se codificó como negativo y solo el 3,5%, como positivo.

El comportamiento de los frames del “7D” se vislumbra más homogéneo para el caso de El Cronista Comercial. Aun teniendo un porcentaje mayor de notas encuadradas como “Polarización político-económica” que como “Disputa político-institucional”, la brecha que separa a uno de otro es mucho menor en este último periódico que en Ámbito Financiero. Se advierte, así, la presencia de una mayor variedad de tópicos en la cobertura.

Concretamente, las declaraciones críticas acerca del accionar del Gobierno nacional son tópico principal de casi el 30% de las unidades. Por otra parte, este diario concentra más del 90% de las notas críticas para con el Gobierno nacional y el 92,3% de las que, por el contrario, defienden su postura. En tanto, tres cuartas partes de las declaraciones y/o acciones relacionadas con el impacto

4. Discusión

El presente trabajo se propuso analizar el tratamiento que los periódicos argentinos especializados en economía y finanzas Ámbito Financiero y El Cronista Comercial realizaron del “7D” entre el 29 de octubre de 2012 y el 4 de enero de 2013. Para ello, se llevó a cabo un análisis de contenido cuantitativo de todas las notas publicadas sobre el caso durante ese período.

El análisis de la cobertura mediática del “7D” cobra relevancia por varios motivos: en un sentido amplio, el rol de los medios de comunicación es entendido aquí como el de co- productores de la realidad política y social. Se trata de mecanismos privilegiados en los procesos de socialización que modelan el ambiente en el que se producen y distribuyen las informaciones y opiniones (^{Becerra, 2014}). Mediante las noticias que construyen, los argumentos que exponen, las voces de los actores que evocan, los personajes que observan, las evaluaciones y recomendaciones que difunden, colaboran en la conformación de las cuestiones consideradas de interés público, así como en el conocimiento que las personas desarrollan de estas (^{D’Adamo & García Beaudoux, 2007}). En este sentido, contribuyen en la configuración de la textura general de la experiencia (^{Silverstone, 2004}), con mayor potencia aun cuando conectan a las audiencias con hechos de su entorno que trascienden la experiencia directa (^{Fishman, 1983}), como sucede en el caso del “7D”.

Relacionado con lo anterior, el conflicto cuyo tratamiento se indaga aquí tiene la particularidad de involucrar directamente a los medios de comunicación, por lo que no puede dejar de considerárselos actores políticos y económicos con intereses particulares que despliegan en un campo atravesado por relaciones de poder (^{Aruguete, 2013}; ^{Borrat, 1989}). Los medios participan activamente en el desarrollo del proceso político, elaborando y reelaborando representaciones de la sociedad en la cual se desempeñan (^{Kircher, 2005}).

En virtud de las características mencionadas, se optó por analizar la prensa gráfica por dos razones: por un lado, porque se trata del sector de los medios con mayor influencia en el debate público (^{Casermeiro de Pereson, 2004}). Por otra parte, dicho sector no está alcanzado por la LSCA. Por esa razón, la aplicación de la norma no tendría impacto directo sobre su funcionamiento. Los periódicos seleccionados no tenían, durante el período estudiado, vínculo directo con empresas afectadas por la norma.

Del procesamiento de los datos recogidos en el análisis de contenido, surgió que las distintas variables que integran los frame elements convergen en los textos de modos bien determinados. En efecto, el resultado de los cálculos estadísticos previstos por el análisis de conglomerados arrojó una solución óptima de dos clusters relativamente homogéneos en los que se agrupan las unidades de análisis. El primero fue denominado “Disputa político-institucional” y el segundo, “Polarización político-económica”.

Íntimamente relacionados entre sí, estos frames comparten varios de sus componentes. No podría ser de otro modo, en vistas de la complejidad que caracteriza al proceso de framing. Como parte de su funcionamiento, este propone “claves discursivas” complejas que, insertas de diversos modos en los textos, colaboran en la comprensión de las dinámicas políticas (^{D’Angelo, 2002}). Dichas claves pueden convivir -y, de hecho, lo hacen-, en un mismo texto noticioso. Es por ello es necesario aclarar que la distinción entre uno y otro encuadre propuesta aquí solo puede llevarse a cabo con fines analíticos.

El componente de disputa política atraviesa todo el proceso del “7D” y está presente en ambos frames. No obstante, en el primero se advierte un predominio del marco institucional como ámbito privilegiado de la controversia. En el segundo, esta se encuadra en una puja fundamentalmente política con efectos concretos sobre el aspecto económico-financiero de las empresas de medios -en particular, del grupo Clarín-.

De la comparación entre Ámbito Financiero y El Cronista Comercial, surge que es posible establecer diferencias en los modos de encuadrar el “7D”. Es decir, cada una de las variables que integran los frame elements se expresan mediante artefactos manifiestos y de razonamiento que, ligados -entre otros aspectos- a la línea editorial, a la cultura institucional de los medios y a los periodistas que redactan las notas, conforman un “kit de identidad del frame” específico en uno y otro periódico (Van Gorp, 2007, p.64). Ello es así a pesar de que no se ha observado un significativo grado de asociación, en términos estadísticos, entre los diarios -entendidos como variable independiente-, y el comportamiento de los dos encuadres hallados.

En este sentido, el comportamiento individual de los frames y de las variables que lo componen permite vislumbrar el funcionamiento general y, a la vez, particular de los frames. Por un lado, ellos estuvieron presentes tanto en uno como en otro diario, donde desplegaron su potencia organizadora de los sentidos sobre el “7D”. En línea con lo que se ha sostenido aquí, estas ideas centrales que subyacen en los textos de las noticias no son patrimonio exclusivo de los textos mediáticos; más bien, dichos textos son un espacio específico y privilegiado en el cual estos encuadres generales aparecen plasmados.

Es preciso señalar un aspecto metodológico respecto de la estrategia utilizada para análisis de los frames. Los modos de recolección y procesamiento de esos datos resultan novedosos con relación a otros trabajos empíricos. Esta característica está dada por la combinación de procedimientos manuales con el análisis computarizado. Los primeros permiten la identificación de los indicadores manifiestos que componen los elementos de los frames y la codificación de los casos. Mediante el segundo es posible hallar las variables latentes que subyacen en los textos (^{Matthes & Kohring, 2008}).

Si bien el problema de la fiabilidad no se resuelve del todo, es reducido a la identificación de elementos de frame: “cuanto más manifiesta sea una variable, mayor es su confiabilidad” (^{Matthes & Kohring, 2008}, p. 264). En segundo lugar, el grado de operacionalización de la definición hace que los codificadores de datos no sepan qué encuadre están codificando, de modo que el impacto de sus interpretaciones es menor. A diferencia de los abordajes deductivos, es posible detectar la emergencia de nuevos frames.

Pero no solo los niveles de confiabilidad son mayores, sino también los de validez. Precisar operacionalmente los elementos de la definición teórica conduce a una mayor comprensión de aquello que se mide. Asimismo, los frames son sugeridos empíricamente por un método inductivo de agrupamiento de variables.

5. Conclusiones

El primer objetivo específico de este trabajo se proponía identificar los modos en que los distintos componentes de encuadre se agrupan en las notas para conformar los frames del “7D” en la prensa económica. La estrategia metodológica elaborada involucró la operacionalización de la definición de “encuadrar” (to frame) propuesta por ^{Entman (1993)}. En este sentido, se creó una serie de variables a partir del diálogo crítico entre el producto de una inmersión cualitativa en una muestra del corpus bajo análisis, la perspectiva del Framing y un conjunto de trabajos previos (principalmente, ^{Matthes & Kohring, 2008} y ^{David et al., 2011}).

El primer frame identificado, “Disputa político-institucional”, encuadra el “7D” como una serie de controversias que se desarrollan en el seno de las instituciones democráticas. Involucra, fundamentalmente, a los distintos niveles del Estado y a los modos en los cuales estos lidian con un conflicto entre el Gobierno nacional y una empresa privada de medios de comunicación por la implementación de la Ley que regula al sector. Los ámbitos institucionales que funcionaron como campos de disputa son dos: el Congreso nacional y las distintas instancias del Poder Judicial que recorrió la causa iniciada por el Grupo Clarín. En esos espacios, tanto las fuentes de información como los protagonistas de la acción relatada son los actores pertenecientes a los poderes del Estado. La aparición del sector empresarial tiene un lugar marginal.

Los beneficios y los riesgos señalados en las notas se comportan de modo espejado. Es decir que el avance estratégico de cualquiera de los dos actores que protagonizaron la disputa judicial aparece definido como beneficioso o como riesgoso, según el caso. Sin embargo, se advierte un ligero predominio de los riesgos que la controversia podría acarrear por sobre los beneficios que esta reportaría para los sectores enfrentados en el Congreso o ante el Poder Judicial.

De todos modos, es preciso hacer una distinción respecto de las interpretaciones causales. Tanto cuando el avance estratégico del Grupo Clarín se introduce como beneficio como cuando se lo hace como riesgo, las causas se asocian más frecuentemente al accionar del Poder Judicial y menos a las acciones -de lobby o no- que la empresa pudiera ejercer en su favor. De modo inverso, los avances del actor gubernamental, definidos como beneficios o como riesgos, se atribuyen con mayor asiduidad a acciones directas del Poder Ejecutivo. Para el caso de los riesgos, las acciones se asocian mayormente a la intromisión del Gobierno en otro poder del Estado.

Por último, aunque no siempre se sugieren soluciones, cuando se lo hace se alude a fallos judiciales - independientemente del sentido- como la forma de destrabar el conflicto. El juicio general más frecuente al interior de este encuadre es el ambiguo. Es decir que predominan los contenidos que no definen claramente el carácter negativo o positivo de las evaluaciones acerca del acontecimiento principal o sus consecuencias.

El encuadre de “Polarización político-económica”, por su parte, se refiere al enfrentamiento político y económico entre las posturas asociadas al Gobierno nacional y al Grupo Clarín, más allá de las disputas en sede judicial. Su dimensión política gira en torno a la libertad de expresión o a la pluralidad de voces en la esfera pública, dependiendo de con cuál de los polos se identifique el argumento central de la noticia. Respecto de la dimensión económica, el eje temático de la controversia es la propiedad de los medios de comunicación, aunque la forma de definirlo también varía según el bloque con el cual se identifique el argumento: los actores relacionados con el Gobierno aluden a la concentración/desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación; en tanto, los emparentados con el Grupo Clarín se refieren a la “confiscación” de su propiedad.

Las fuentes citadas en el marco de este frame dan cuenta de este conflicto entre dos sectores, pues se destaca el protagonismo de las voces que representan al Gobierno y a las empresas de medios, con un predominio significativo del primero. Se convocan también voces pertenecientes a la sociedad civil, ampliando el abanico de fuentes. Esta característica puede ligarse al alto grado de controversia y polémica, pues se asume que la pluralidad de las fuentes es mayor en ese contexto (^{Bennett, 1996}). Sin embargo, todas ellas suelen organizarse en función de su afinidad o actitud crítica hacia el Gobierno nacional. Del mismo modo, cuando el acontecimiento relatado es protagonizado por más de un actor, el principal y el secundario pertenecen a uno y otro polo en disputa, favoreciendo así el tratamiento polarizado del caso.

En cuanto a la evaluación moral promovida por el frame “Polarización político-económica”, se destaca un particular énfasis en los riesgos. Aquellos afines a la postura del Grupo Clarín son los más frecuentes. Estos aparecen más asociados a la dimensión política y, en términos generales, se responsabiliza por ellos al Gobierno nacional tanto por presión al PJN como por su acción en otros ámbitos. En tanto, los argumentos afines a la postura del Gobierno tienden a situar los riesgos en la dimensión económica de la controversia, aunque sus implicancias revistan un carácter político. Los agentes causales de estos riesgos suelen ubicarse en las acciones de las empresas, especialmente del Grupo Clarín, y en menor medida, en fallos judiciales que convalidan las estrategias del holding.

Los aspectos definidos como beneficiosos son mucho menos frecuentes. Aunque la presencia del Gobierno nacional continúa siendo considerable, se percibe en este punto una mayor relevancia del sector empresario como agente causal de los beneficios, tanto en los argumentos afines al Gobierno como en los compatibles con la postura del Grupo Clarín.

De modo similar a lo que ocurre con las notas encuadradas como “Disputa político-institucional”, una proporción significativa de los casos no propone ninguna salida al problema. Entre las soluciones propuestas, se caracterizan dos de carácter dicotómico y remiten a ambas dimensiones de la polarización: una es la adecuación del Grupo Clarín y de otras empresas de medios a la LSCA -argumento afín al Gobierno, centrado en la dimensión económica- y la otra es la exclusión del Gobierno de la solución, cualquiera sea ésta - argumento asociado a Clarín y ligado a la dimensión política del conflicto-.

Por su parte, los juicios valorativos predominantes también resultan ilustrativos de la polarización, pues todas las categorías que puede asumir esta variable están presentes en este frame. Por lo general, las valoraciones negativas aparecen asociadas a las declaraciones críticas hacia el Gobierno nacional, mientras que las ambiguas o indefinidas predominan en los casos en que se aborda el impacto de la LSCA en la estructura de los medios de comunicación. El juicio positivo queda casi exclusivamente reservado para las notas que tratan de declaraciones en defensa de la posición gubernamental.

El segundo objetivo específico procuraba analizar la evolución temporal de los frames. En este sentido, se observó que ambos encuadres estuvieron presentes a lo largo de todo el período estudiado, aunque el de “Disputa político-institucional” tuvo un comportamiento relativamente estable. En tanto, el frame “Polarización político-económica” presentó una frecuencia de aparición más fluctuante. Ello es así porque este último exhibe una mayor sensibilidad ante el surgimiento de los eventos críticos que tuvieron lugar en la evolución del “7D”. Los eventos críticos funcionan como sucesos controversiales que motivan la atención de la prensa y del público (^{Pride, 1995}).

Lo que distingue a ambos encuadres está dado por los términos en que cada uno define al “7D” y a los acontecimientos que lo integran. El primero lo caracteriza como una disputa que se despliega en el seno de las instituciones democráticas y, más allá de que el origen del conflicto involucre a una empresa de medios, es protagonizada por distintos actores pertenecientes a las estructuras del Estado. En ese marco, la salida de la controversia debe surgir, también, de dichas instituciones.

En tanto, el segundo frame define al “7D” en términos dicotómicos. Es decir, como un enfrentamiento político y económico entre dos grandes polos opuestos y protagonizados por el Gobierno y el Grupo Clarín, aunque no reductibles a estos actores. El resto de los actores que toman parte en la disputa se define en función de su adscripción o de su oposición alguna de esas posturas. Los riesgos y beneficios que entraña el conflicto y los argumentos para definirlo adquieren formas opuestas según quién sea el encargado de sostenerlos, tal como sucede con la solución propuesta para destrabar el conflicto.

Esta última observación debe ser profundizada a la luz del protagonismo del Gobierno que se hizo visible mediante el trabajo empírico. Según surge de allí, fue el actor gubernamental el que se constituyó en el punto de referencia del enfrentamiento. En efecto, los argumentos críticos hacia su postura tendieron a quedar asociados a la posición del Grupo Clarín, aunque no la defendieran de modo manifiesto. Tan es así que la defensa explícita de los argumentos del Grupo en la superficie mediática fue asumida, únicamente, por los representantes del conglomerado.

El tercer objetivo específico del trabajo proponía comparar las coberturas del “7D” que hicieron Ámbito Financiero y El Cronista Comercial. En este sentido, se partió de la hipótesis de que el periódico es una de las variables independientes más significativas, pues cada uno tiene su propia línea editorial y apunta a un target específico de lectores. Sin embargo, aunque los datos arrojados por el trabajo empírico permitieron establecer diferencias en la frecuencia de aparición de los frames, no puede afirmarse que el diario haya sido una variable decisiva en el comportamiento de cada una de las otras variables.

Las diferencias en el comportamiento que ambos encuadres propios del “7D” exhibieron en cada periódico dan cuenta de la dinámica de funcionamiento general y, al mismo tiempo, específica de los frames. A la vez que definieron y organizaron los sentidos sobre el “7D” en ambos diarios, cobraron formas particulares en cada uno de ellos.

En este punto, se vuelve necesario insistir sobre una idea señalada en la introducción de este escrito. En un sentido global, el área de trabajo que se ha indagado aquí tiene como objetivo “la búsqueda de una estructura de interpretación general de la realidad dentro de la cobertura informativa” (^{Mariño & López Rabadán, 2009}, p. 24). No obstante, un abordaje de otras instancias de la comunicación -tanto la de la elaboración de los mensajes noticiosos como la de su recepción- aportaría elementos para conocer el proceso completo de encuadre.

En tanto principios generales y persistentes de cognición, percepción e interpretación, exceden el espacio mediático, aunque este sea el lugar privilegiado en los cuales los frames aparecen plasmados y constituya, por eso, el punto de partida de la familia de investigaciones integrales de framing (Van Gorp, 2007). Sin embargo, las dinámicas propias de cada periódico, su línea editorial, su cultura institucional, sus trabajadores y, también, sus lectores, participan del modelado de los artefactos formales y de razonamiento mediante los cuales se manifiestan los frames. Indagar en esas otras instancias es un desafío que deberán asumir futuros trabajos acerca de esta temática.