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Introducción
Óscar Martínez -periodista salvadoreño- reportó en el New York Times (2020) que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (2019-2024) se encontraba trabajando, con su equipo de gobierno, en un diálogo con integrantes líderes de la mara Salvatrucha, buscando la reducción de homicidios por conflictos entre pandillas y tener el apoyo electoral para las votaciones del 2021; esto, a cambio de prometidos beneficios carcelarios, en donde se encuentran muchos de los líderes (palabreros) de estos agrupamientos; no obstante, la necesitada disminución de las víctimas de violencia fue inexistente, pues el aumento contrarió todo discurso gubernamental. Encontramos imperativo recordar que las iniciativas de negociaciones administradas por los gobiernos latinoamericanos, dirigidas concretamente a la tregua de las violencias en los espacios en libertad y privación, no son nuevas; no obstante, tampoco hay novedad -o sorpresa- en los impactos producidos sobre las condiciones de vida tanto al interior como al exterior de los espacios penitenciarios.
No obstante, estas estrategias políticas fueron parte de un entramado discursivo implementado por Bukele desde su periodo de campaña, en donde de forma recurrente hacía señalamientos condenatorios a las otras campañas de sus opositores, a quienes acusaba de tener lazos con la delincuencia y la coptación del poder. Su cercanía con las poblaciones más jóvenes, que para el momento de su campaña a inicios del 2019 contaba con 37 años, fue un propulsor de convencimiento para un sector amplio. Sin embargo, a nivel de análisis, esta condicionante no resulto ser más que una estrategia de poder que garantizaba una empatía utilitaria para la gestión de las poblaciones y, concretamente, de sus condiciones de vida.
No obstante, estas aproximaciones tempranas y de campaña ante las juventudes y a la población en general se vieron opacadas por sus acciones violentas apenas tomo el poder. Los discursos de rechazo a otros mandatarios latinoamericanos y su total apoyo a la presencia de autoridades y economías norteamericanas, fue otro parteaguas para demostrar su orientación política en donde la principal consideración ha sido la aportación económica, rasgo que va de la mano con las políticas segregacionistas o del abandono.
Las condiciones precarizadas de la vida cotidiana en los centros penitenciarios no se restringen a ese escenario. Es decir, el vínculo existente entre las poblaciones privadas de la libertad y las personas que se encuentran fuera de las cárceles siempre va en ambas direcciones, las nociones del adentro y el afuera se condicionan a un continuum de relaciones socioculturales, políticas, económicas y psicosociales, de este modo, su aparente separación es solo el resultado de un imaginario idealista del sistema punitivo, que a su vez produce estigmatizaciones sobre el espacio y las personas que son privadas en el. Contexto en el que se deja entrever una deuda añeja sobre la garantización de los derechos humanos y de las condiciones de vida mínimas en ambos escenarios para estos sectores poblacionales. Así, el aparente esfuerzo por conciliar una paz institucionalizada pone en entredicho las principales intenciones, al no tener como fundamento una congruencia por parte de las autoridades.
En el caso de El Salvador, las tensiones entre el Estado y las agrupaciones identitarias, como la mara Salvatrucha u otras registradas en Centroamérica, por ejemplo, la pandilla Barrio 18, se encuentran sostenidas en el supuesto de la paz institucionalizada o en la gestión de las mesas y políticas de paz, que para el particular caso de Bukele ratifican la cooptación de los grupos -como opción primera-, o el aniquilamiento sistemático de los mismos -como opción segunda-. Este punto es central para este estudio de caso, pues confiere una dupla sistemática que aniquila y desdibuja a los sujetos bajo una necro-administración histórica de las juventudes precarizadas; generando, en ese sentido, una sistematización de violencias orientadas a poblaciones ya estigmatizadas, cumpliendo una suerte de ciclo en donde la señalización termina con su exterminio en espacios penitenciarios. Hacia el 2022, un par de años después del registro de estos intentos sumatorios a sus fallos históricos por lograr una aparente paz, en marzo del mismo año, se inicia la implementación del estado de excepción. Bukele, bajo el artífice de la gubernamentabilidad, viola flagrantemente los derechos humanos de una población entera.
Los medios de comunicación fueron, poco a poco, generando una línea de lectura continua sobre la transformación de sus propuestas de campaña y los ejercicios como autoridad federal, un degradado de tonos en donde la empatía política fue el estandarte de inicio y al final la administración de las vidas precarizadas el principal elemento identificador. De tal forma, la necro-administración se convierte, como concepto, en el primer peldaño analítico de los procedimientos ejecutados desde el Estado. La raíz de esta propuesta de lectura, deviene de la necropolítica (Mbembe, 2011) en donde es posible encontrar cuestionamientos centrales sobre las condiciones en que se abandona y somete a la muerte a poblaciones precarizadas, principalmente las que han sido estigmatizadas de forma histórica.
Es aquí en donde cabe una precisión importante en torno a la selección de documentos hemerográficos a consultar. El criterio principal de lectura fue tomar notas de medios nacionales e internacionales, buscando las coincidencias en la información reportada; tomando, en consecuencia, la decisión de enfatizar materiales que se destaquen por no tomar partido a favor de las políticas de exterminio, persecución y encierro, asegurándonos con ello la evasión de un conservadurismo adultocentrista y estigmatizante. En ese sentido es necesario preguntarse, ¿cuáles son las acciones -institucionales y discursivas- desde las que se asegura la administración de las condiciones de muerte de las juventudes adscritas a las maras en los espacios penitenciarios de El Salvador?
Los relatos y el tiempo social
Como el lector recordará, el sábado 2 y el domingo 3 de abril de 2022 se desbordaron las violencias de muerte en El Salvador, registrándose más de 87 asesinatos en las calles. De inmediato, el presidente Nayib Bukele decretó «estado de excepción», sin todavía dar explicación contundente alguna, acusando y amenazando abiertamente (terrorismo verbal: «Paren de matar o los reos lo pagarán»; «no verán el sol») a integrantes de la mara Salvatrucha y de Barrio 18 de ser los responsables de esas violencias aduciendo «una guerra entre pandillas» y, además, aplicó medidas francamente antihumanas, para por lo menos los 16 mil pandilleros que están privados de la libertad en las cárceles de ese país, al sentenciar: «La comida estará racionada a dos veces al día».
Las fotografías, los videos, las imágenes e información que han circulado, son impactantes (en redes socio/digitales, periódicos nacionales e internacionales, espacios noticiosos, T.V. y radio) y, lo más llamativo, es que es el propio Gobierno, a través de la cuenta de Twitter del presidente, quienes las trasmiten y difunden. Estas iconografías dan cuenta de torturas, humillaciones y vejaciones contra los que están privados de la libertad; mostrando sus cuerpos semidesnudos -solo en calzoncillos- rapados, esposados, descalzos, haciéndolos correr -algunos cayéndose- apilados en patios cual campos de concentración y, tales imágenes, como discurso, no dejan de tener un toque de perversidad insistimos en tanto el presidente Bukele, las sube a su cuenta de Twitter, donde además hace burlas y escarnio contra estos agrupamientos, rayando en una especie de «populismo penal».
Estos acontecimientos y hechos, desde el plano de lo manifiesto-explícito y más que nada, de lo latente-implícito, dan cuenta de estrategias del Estado y de sus instituciones como sus cuerpos de seguridad (policías/militares) de influir y construir -de nueva cuenta- en los imaginarios colectivos de la población, opiniones negativas en torno a que existe un solo enemigo público, al que se le depositan todos los males, habidos y por haber, de la sociedad salvadoreña, con respecto al asunto, en este caso de las violencias de muerte; es decir, los «chivos expiatorios» serían los integrantes de la mara Salvatrucha y de Barrio 18, cuando se sabe, que en términos generales -incluso por datos de la misma Policía Nacional- que tales agrupamientos causan cerca del 15% de la violencias sociales y de muerte, luego entonces, la pregunta sería, ¿y el 85 % restante, quien o quienes?, respuesta provisoria: siguiendo a Tilly (2003), los profesionales de las violencias; militares, policías, narcotraficantes, mercenarios, escuadrones de limpieza social y sicarios; siendo éstos los sujetos y los actores más significativos, que abonan al mercado, al festival de las violencias y de la muerte (Nateras-Domínguez, 2015).
Situación más que delicada en términos de seguridad y de derechos humanos, donde ya se están dando expresiones del malestar social, del descontento familiar, de la protesta callejera, configurando así estrategias y mecanismos de resistencias, por una parte de activistas, juristas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Interamericana de los derechos humanos y quizás, de una manera más que emblemática, por lo que representan y significan, desde su valor simbólico las madres de lo que hemos denominado las infanto-juventudes, hombres como mujeres, detenidos injustamente en tanto no son pertenecientes a estos agrupamientos de la mara Salvatrucha o de Barrio 18; son simplemente jóvenes. Dichos actores y sujetos sociales en su diversidad están alzando la voz y con sus carteles en mano, saliendo a las calles a expresarse enérgicamente, por tales situaciones francamente indignantes e inaceptables.
Queda claro además, a partir de estos discursos del Estado y de sus instituciones, especialmente los aparatos de administración de justicia (el poder judicial -jueces, ministros, abogados- y el poder político -la cámara de diputados, senadores, controlada por el presidente Bukele-) que vuelven a criminalizar la condición infanto-juvenil y es tigmatizar (Goffman, 2006),1 a estos agrupamientos, usando una narrativa del populismo de una derecha empresarial, construyendo frases despectivas e influyendo en el pensamiento social de ser «una peste», «terroristas» e, incluso, se les coloca en el lugar de «ser demonizados», es decir, supuestamente llevan el diablo adentro, a partir de lo cual, en este caso y situación, tienen que ser castigados de manera ejemplar e impunemente, aunque para esto se utilice la violencia del Estado para combatir y contrarrestar las violencias sociales de muerte, que están ocurriendo en El Salvador, es decir, el uso de la «barbarie para enfrentar la barbarie».
Con lo anterior enunciado, es importante hacer constar que respecto a la indagación sobre estos temas, hay una notoria ausencia de documentos académicos al respecto de las políticas de muerte ejercidas por el gobierno de Bukele en El Salvador. El trabajo sobre el aniquilamiento en las cárceles centroamericanas, particularmente en el tiempo que lleva la administración de Bukele, ha sido mayoritriamente abordado y documentado por los medios de comunicación; sin embargo, esta situación ha dejado abierta una brecha desde donde se puede comenzar el trabajo de análisis e intervención para las ciencias sociales críticas y comprometidas con el bienestar social. De este modo, la declaración imperativa es la necesidad de generar estudios directos sobre estas poblaciones y escenarios complejos administrados por las violencias sociales.
Dadas las evidencias, los discursos, las acciones y los acontecimientos, sin duda alguna, estamos frente a un Estado y sus instituciones, que están administrando lo que se conoce como la necropolítica, el necropoder (siguiendo a Mbembe, 2011); es decir, dispositivos y estrategias bien pensadas y calculadas que devienen en prácticas punitivas, de control y represión al extremo y en los límites de lo humano, sistematizadas y consistentes, encaminadas a decidir e instrumentar: ¿quién vive? y ¿quién muere? y no solo eso, sino es aún más sofisticado, ya que se diseña y se instrumenta: ¿cómo se vive? y ¿cómo se muere? Al parecer, de poco a poco, de gota a gota, es decir, representada en la metáfora de los muertos vivientes, de la muerte social en vida (Nateras-Domínguez & Valenzuela, 2020).
El ejercicio hegemónico del poder, cargado sobre los cimientos de los gobiernos de diferentes países -como es el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala- congrega una asimetría que no solo deja en vulnerabilidad a sectores específicos de la población; sino que, consolida una serie de ejercicios de violencia que se articulan en varias tipologías, pero que, de forma clara, desembocan en la depreciación de sus condiciones de vida y eventual muerte. En ese sentido, encontramos como principal objetivo abordar analíticamente las condiciones en que las vidas de jóvenes integrantes de la mara Salvatrucha y Barrio 18 son expuestas a las necropolíticas por parte del gobierno de Bukele (2019-2024), así como el efecto de abandono-olvido social que generan las invisibilidades maquinadas por el Estado y reproducidas por la sociedad en general a través de procesos de estigmatización.
Estas mismas expresiones de violencias son legibles en otros territorios de Latinoamérica. La lógica de necroadministraciones se puede rastrear en las juventudes empobrecidas y transitorias de las precariedades estructurales, desplazándoles por diversos territorios y en otros atrincherando sus existencias sociales (Moreno, 2019). Así, la capacidad útil ante un sistema capitalista es algo registrado por muchas investigaciones, no limitadas al espacio penitenciario. Cruz (2014) señala la presencia de las juventudes que eran adscritas a pandillas en la frontera norte de México, poblaciones que en su presencia social eran estigmatizados y sujetos de violencias, de desdibujamientos sociales y, en efecto, de muertes arteras, en donde las condiciones de sus relaciones con las instituciones no son ajenas a las mismas que sufren en El Salvador, haciendo del ejercicio del poder por parte de los cuerpos armados una herramienta que se justifica desde la paz institucional.
No obstante, muchas de las condiciones de vida de las juventudes latinoamericanas, sobre todo las asociadas a las violencias y la persecución del Estado, no inician con el encierro penitenciario o con alguna otra forma de ejercicio de poder carcelaria. Para Azaola (2022) el abordaje de las violencias que ejercen y que viven las juventudes en Latinoamérica corresponden, de raíz, a una vulnerabilidad estructural, iniciada con la pobreza y seguida de la misma discriminación que se extiende por el resto de sus trayectorias de vida. Con ello, el encierro detona una forma más de la asimetría en las relaciones con las autoridades gubernamentales, pero a su vez remite a la practicidad que tiene su presencia social en las políticas de muerte.
Metodología
Como categorías de análisis para este estudio de caso, vamos a establecer una trayectoria del tiempo social, con respecto a los acontecimientos y sucesos que se han estado presentando en El Salvador, dado el estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele, el 27 de marzo de 2022, con el apoyo del Parlamento, pero que tuvo como inicio acciones de cabildeo en el 2020. Para esto, haremos una revisión descriptiva (abierta, flexible e interpretativa) de las pocas notas periodísticas que se tienen en varios periódicos de la Ciudad de México (La Jornada, El Mileno, El Heraldo), algunos internacionales como The New York Times y El País Internacional, así como lo que está circulando en las redes socio digitales de diarios de El Salvador, como El Faro y de algunas agencias internacionales como CNN en español y El Nuevo Herald.
El rango temporal-analítico establecido será, de inicio, el último cuatrimestre del 2020 y luego mensual, es decir, de marzo a abril (2022) -y así sucesivamente- a la fecha de julio (2022); que estaría cumpliéndose entre el cuarto y el quinto mes del estado de excepción, con saldos realmente preocupantes: aproximadamente 50 000 detenidos, más de 150 privados de su libertad fallecidos o asesinados en los centros penales y bastantes personas jóvenes sin saber de ellas (desapariciones forzadas y los espacios penitenciarios); en tanto las familias no saben dónde están, ya que no se les proporciona información al respecto, situación que esta causando dolor, incertidumbre, protestas callejeras y malestar social.
Como estrategia etnográfica, seguiremos los postulados de la denominada etnografía multisituada propuesta por Marcus (2001), en torno a «seguir la noticia», «siga las metáforas», «siga los comunicados», «siga las redes socio digitales», a la luz de conceptos, términos, categorías y dimensiones de análisis, particularmente los de necropolítica (Mbembe, 2011; Moraña & Valenzuela, 2017), el abandono-olvido social (Esposito, 2018), el estigma (Goffman, 2006) y el juvenicidio (Valenzuela, 2015). Esta propuesta tiene como fundamento epistemológico que las realidades sociales transitan por diferentes territorios, cambiando de lugar la observación y poniendo en acción el movimiento que conlleva la vida social. Desde un sentido crítico, no solo se trataría de situarse en varios puntos con observación estática, sino en elaborar una lectura -para este caso- del fenómeno a través del curso y ritmo que ha tomado la narrativa en torno a estas juventudes y las formas de violencias ejercidas sobre ellas.
Desarrollo
De marzo a abril de 2022
Lo anteriormente referido, en lo que está siendo su vida cotidiana como personas privadas de la libertad, se les castiga quitándoles los colchones para dormir, se raciona la comida -de tres servicios al día, a solo dos-, no se les deja salir de sus celdas ni un minuto, es decir, no entra la luz, ya que las celdas están selladas con placas de acero y, otra cuestión terrible, juntaron en las mismas crujías a integrantes rivales a muerte tanto de la mara Salvatrucha como a los de Barrio 18;2 es decir, violencia segura con pronósticos de muerte nada favorables. Sin temor a equivocarnos, podemos construir esta premisa o hipótesis teórica, en función de lo señalado líneas atrás: actualmente en El Salvador, presenciamos, desfavorablemente, cómo funciona y se instrumenta la ingeniería de la necropolítica de Estado carcelario contra la mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18.
En cuanto al estado de excepción implica una restricción abierta a las libertades civiles, amplía los poderes de la policía y militares, control y administración del espacio público de la movilidad, además los teléfonos de cualquier ciudadano pueden ser intervenidos, hay limitaciones en el desplazamiento y los integrantes de estos agrupamientos pueden ser detenidos sin mediar orden de aprehensión, la policía y los militares tienen permiso para usar la fuerza letal, arrestos masivos, allanando casa por casa, lo cual ha llevado a la implementación de redadas, detenciones arbitrarias en los barrios donde habitan estos agrupamientos, arrojando una cifra -solo en una semana- realmente preocupante: más de 4 mil maras y pandilleros detenidos y encarcelados y lo más impresionante, que este estado de excepción, ha sido extendido mes tras mes (de febrero a la fecha, julio de 2022, y contando); es decir, van a cumplirse cinco meses, donde la violación a los derechos humanos tanto de los privados de la libertad como de las juventudes en general que se siguen deteniendo, van en aumento, alcanzando hasta ahora una cifra desmedida: más de 46 mil supuestos «pandilleros» detenidos.
Estas políticas son de carácter represivo y han sido criticadas duramente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; lo cual ha molestado al presidente Bukele, tanto que en la siguiente nota periodística se lee: «Amenaza el presidente de El Salvador con dejar la CIDH tras las críticas a su política antipandillas» (Sputnik & AP, 30 de mayo, 2022); incluso arremete aludiendo a las «pandillas» diciendo: «llévense su peste».
En esta lógica de pensamiento, el imaginario de seguridad del Estado salvadoreño y de sus instituciones, es que estos agrupamientos los hacen fracasar, afean el paisaje neoliberal, por lo tanto, son factibles de ser «desechables», ya que son los «parias», los «nadie», los «residuos», a aniquilar y matar, sin ningún pudor ni ética. De ahí la criminalización y estigmatización de la adscripción identitaria, es decir, por pertenecer a estos agrupamientos sin mediar delito alguno, la pena es de 25-30 años de cárcel y, si se es «palabrero» (los que tienen la mayor jerarquía dentro del grupo), de 40 a 45 años de cárcel. Por el contrario, para estos agrupamientos, la lógica es al revés, el Estado salvadoreño y sus instituciones, son los que han fracasado ante ellos, en tanto, no haber procurado bienestar social, condiciones dignas de vida -tanto material como simbólicas- de salud, recreación, educación y trabajos bien remunerados, por lo que está claro, en palabras de Martínez (2017): «La mara Salvatrucha es la historia del fracaso de unos países que no supieron qué hacer con unos muchachos que no sabían qué hacer con sus vidas. Es la historia de unas políticas públicas desorbitadas» (p. 17).
De ahí que hay que entender que no es solo ni principalmente un problema de seguridad pública, ni nacional, sino ante todo, es de seguridad humana-social, por lo que hay que cambiar la perspectiva, en tanto no se puede -como lo está haciendo el presidente Bukele- violar la Ley para supuestamente aplicarla, o implementar la barbarie, para combatir la barbarie de las violencias de muerte, es cierto que una parte de estos agrupamientos son responsables de ciertas violencias como ya lo señalamos con anterioridad, por lo que sostenemos: «No hay violencias por el hecho de que existan las maras y las pandillas, sino en todo caso, hay pandillas y configuraciones de maras, precisamente porque han emergido distintos rostros de las violencias sociales» (Nateras-Domínguez & Valenzuela, 2013, p. 20). Ya están habiendo muertes y asesinatos, ¿ejecuciones extrajudiciales?, por lo que es posible un derramamiento mayor de sangre, que se avecina y el horizonte de exterminio contra estos agrupamientos de la mara Salvatrucha y Barrio 18, está siendo algo real.
De abril a mayo de 2022
Aunque el estado de excepción, ha restringido derechos de circulación e incluso de reuniones, empiezan a darse distintas reacciones, a fin de expresar el malestar y el descontento social, así como protestas de la sociedad civil Salvadoreña, entre ellas -por su importancia y significado- está el diario El Faro (periódico digital) que cerraron por un día su sitio web el 7 de abril, como un acto de protesta bajo la consigna «No a la censura », aludiendo a las reformas al Código Penal realizadas de manera más que rápida, que impiden fundamentalmente a los medios masivos de información y comunicación, incluyendo los digitales -diríamos las Tecnologías de la Información y la Comunicación- publicar cualquier nota o información acerca o sobre las pandillas, so pena de hasta quince años de prisión, lo cual atenta no sólo contra la libertad de expresión, el derecho a la información de las audiencias y la vida democrática, sino que esta diseñada para el control y la represión comunicativa, es decir, una «ley mordaza», a todas luces totalmente arcaica y primitiva.
El sentido y el significado de estas reformas tienen un trasfondo muy claro y con dedicatoria particular al Portal Periodístico El Faro, ya que recientemente dieron a conocer la siguiente noticia: cuando el presidente Bukele llegó al poder en 2019, inmediatamente después de manera sorprendente los índices de las violencias empezaron a disminuir drásticamente. Transcurrieron los años y con una aprobación muy alta debido ante todo al manejo favorable de la violencia, en las elecciones legislativas y municipales en febrero de 2021, el partido del gobierno ganó de una manera contundente y abrumadora, lo cual permitió a Bukele controlar las Cámaras de los poderes legislativo y judicial, incluso con la posibilidad, al término de su gestión (2024), de reelegirse.
Ante tal situación, la explicación que dio El Faro fue que todo eso se debió al pacto que hizo el presidente Bukele con las pandillas en septiembre del 2020, particularmente, con las maras Salvatrucha y Barrio 18 a cambio de beneficios para ellos con respecto a su condición de estar privados de su libertad, en el sistema y en los espacios carcelarios.
Entonces, el meollo político en el desborde de las violencias (también de una manera preocupante y sorpresiva en los días del 25 y del 26 del mes de marzo de 2022, en tanto fueron los más violentos desde el fin de la Guerra Civil salvadoreña, registrándose más de 87 homicidios) , no fue como se dijo por una «guerra entre pandillas», si no se debió, nada más y nada menos, porque dicho pacto se rompió, por parte del Estado y del gobierno de Bukele, traicionando así a la mara Salvatrucha y al Barrio 18, por lo que en una acción de cobrarse esa traición, es decir, de venganza y mandar un aviso a las autoridades, integrantes de estos agrupamientos llevaron a cabo tales actos de violencia de muerte de una manera desmedida.
Nota: El País Internacional, 16 abril de 2022
Ante estos climas de represión particularmente ahora contra la prensa democrática, destaca una nota del periodista Óscar Martínez (2022), titulada «¿Huir o permanecer?», en tanto lleva a cabo una reflexión con respecto a la difícil condición de ser periodista actualmente en El Salvador, bajo el estado de excepción, debido a los dispositivos de control y de persecución, a la que es sometida la prensa critica, por lo que el dilema que plantea es permanecer en el país o salir. Incluso hay varios periodistas que ya decidieron autoexiliarse por cuestiones de seguridad y preservar su integridad física como las de sus familias. Si un periodista o un medio de comunicación pública algo relacionado con las pandillas, por ejemplo, un graffiti, o si se considera que su reportaje esta haciendo apología de estos agrupamientos, o incluso, si reproduce algún mensaje de ellos, puede ir a la cárcel con una pena de entre 10 a 15 años, los mismos por los que se castiga el homicidio simple, lo cual es a todas luces una desproporción; más ejemplos de esto, por ejercer violencia se castiga entre 6 y 10 años de prisión y por tortura, entre 6 y 12 años.
Como decíamos, esta ley mordaza además conlleva acusaciones sin fundamentos a periodistas de estar implicados con algunos líderes -palabreros- de pandillas, de igual manera -al estilo de Bukele y su gobierno- utilizan sus cuentas de Twitter, para acusarlos de ser mensajeros de las pandillas, o de amenazar a su gremio, lo cual abona en la construcción de un ambiente hostil contra periodistas y activistas, que le ayuda a Bukele, a consolidar su popularidad ante una gran parte de la población salvadoreña. En este sentido un aspecto sorprendente, son el número de seguidores que tiene el Presidente, ya que se calculan unos 3.7 millones de fans. Sin embargo, la prensa esta teniendo capacidad de respuesta y de protesta, básicamente a través de la Asociación de Periodistas de El Salvador, quienes siguen denunciado las arbitrariedades del gobierno y dando a conocer las particularidades de las negociaciones que en su momento llevaron a cabo con las maras Salvatrucha y Barrio 18 y que gobiernos anteriores desde hace más de 15 años, también las hacían y llevaban a cabo, regularmente para fines políticos de cooptación y de beneficios de votos en los respectivos procesos electorales.
Nota: El Informador, 22 de abril de 2022
«El Salvador: sigue persecución de pandilleros por estado de excepción». Bajo la consigna «#guerra contra las pandillas» y a más de un mes de declarar el estado de excepción, que se renueva por otro mes más, se comunica que a la fecha han detenido a 14 mil 571 personas, supuestamente relacionadas con las pandillas. Particularmente es la Policía Nacional Civil quien está llevando a cabo las redadas, haciendo patrullajes en los barrios donde se asientan estos agrupamientos, incluso también participan militares quienes entran a los colonias populosas o populares, sin ningún recato, haciendo un despliegue de fuerza desmedida, helicópteros volando las zonas, tanquetas circulando los barrios, policías, militares y fuerzas especiales camuflados entrando a los barrios y deteniendo a diestra y siniestra a cualquier sospechoso de ser integrante de la mara Salvatrucha o de Barrio 18, e incluso, basta ser joven para ser remitido a la cárcel.
Nota: CNN Español, 25 de abril de 2022
«Diputados extienden por 30 días más régimen de excepción en El Salvador». Gustavo Villatoro afirma que la extensión del estado de excepción, es debido a que la Asamblea Legislativa -controlada mayoritariamente por el Partido del Presidente Bukele, Nuevas Ideas- simplemente administra y gestiona las políticas de represión (diríamos un estado policial) a través de un mecanismo administrativo, a partir del cual se renovó por 67 votos a favor y 17 en contra, el domingo 24 de abril pasado, que según reportes oficiales -llenos de vanagloria y orgullo- para el sábado 23 de abril se habían capturado, a más de 16 mil personas y se calcula que de estos, cerca de 7000 mil fueron enviados a prisión por los jueces, extendiéndose por 72 horas a 15 días, las detenciones provisionales.
Nota: El Informador, 16 de mayo de 2022
«Con mano de hierro, Bukele ha puesto tras las rejas a más de 30 mil pandilleros». Para estas fechas y con las prórrogas de cada mes del estado de excepción, el manejo de las redes socio digitales, a través de la cuenta de Twitter del presidente Bukele, de su gobierno y de las instituciones de procuración de justicia, ha sido clave y toda una estrategia de persuasión y de construir opinión a favor de sus políticas de represión. También ha servido para dar cuenta de un discurso discriminatorio y de odio contra los integrantes de las maras Salvatrucha y Barrio 18 al considerarlos el «cáncer» de las violencias, o sujetos «terroristas». Veamos al respecto la siguiente nota periodística: «536 terroristas fueron capturados el domingo 15 de mayo, fecha en la que se cumplieron 50 días del régimen de excepción» (Policía Nacional Civil). Este tipo de discursos, han influido en el imaginario colectivo de la población, construido opiniones favorables ante tales medidas y una aprobación significativa e incremento de la popularidad del presidente de la República salvadoreña. Además, las detenciones continúan y continúan incluso ya hay reportes de personas muertas o asesinadas, en tanto se calcula que murieron unas 87, en los espacios del encierro.
Aquí, una de las preguntas que se pueden hacer, ante esta situación de grave violación a los derechos humanos de los privados de la libertad -«el adentro de»- miembros de la mara Salvatrucha y Barrio 18 y también de las diversas detenciones arbitrarias no sólo a los integrantes de estos agrupamientos -«el afuera de»- si no a la población y a la condición juvenil en general: ¿cómo explicar la altísima aprobación tanto del estado de excepción como de la persona del presidente Bukele? Quizás una respuesta tentativa y provisoria estriba en el hecho de que tales narrativas represivas y de control no dejan de ser un populismo de derecha que apunta a una falaz solución de las violencias, es decir, a una ilusión de seguridad ciudadana, máxime de que el pueblo salvadoreño está ya cansado de tantas violencias de muerte (desde la guerra de los ochenta) y, además, las personas la han sufrido en «carne propia», es decir, entre sus conocidos, familiares y amigos, ha habido pérdidas y asesinados(as) gestándose una especie de dolor social o dolor colectivo3 (Arciga & Nateras-Domínguez, 2002).
Nota: El País, 17 de mayo de 2022
En la nota de Arroyo (2022), titulada «El fin el pacto entre Bukele y las maras provocó la jornada más violenta del siglo en El Salvador» siguiendo con las particularidades de las negociaciones que el gobierno de Bukele hizo con las pandillas para controlar y disminuir las violencias al ingreso de su mandato (2019) y la posterior traición y ruptura que se dio entre el gobierno y estos agrupamientos, ahora se conoce, a través de algunas grabaciones que se dieron a conocer, por el medio digital El Faro, de portavoces de la mara Salvatrucha, el Director del Tejido Social del gobierno, Carlos Marroquín, responsabilizó de la ruptura del acuerdo al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro en tanto se supo que en una reunión pactada con tales portavoces, en la que iban a platicar y a negociar, las autoridades los detuvieron, es decir, los capturaron lo que visto por estos integrantes de la mara Salvatrucha, fue una traición y, por ende, las violencias se desataron de una manera inesperada y trágica, en tanto el pacto lo rompieron los funcionarios del gobierno de Bukele, que por cierto los «pandilleros» lo apodan «Batman».
Nota: El País, 2 de junio de 2022
Santos (2022) en una nota titulada: «Amnistía Internacional registra al menos 18 muertes en cárceles salvadoreñas bajo régimen de excepción. La ONG también ha documentado torturas y detenciones indiscriminadas. Acusa a Bukele de hundir a El Salvador en una crisis de derechos humanas», sostiene cómo el estado de excepción continúa mes tras mes (de marzo a la fecha de julio) así también se siguen dando las múltiples, diversas y masivas violaciones a los derechos humanos, ya que continúan de una manera indiscriminada: las torturas, el maltrato, las humillaciones, las desapariciones forzadas y ahora se agregan asesinatos o ¿ejecuciones extrajudiciales?, tanto en el adentro del espacio carcelario como en el afuera de la calle, las colonias y los barrios populares, aspectos interrelacionados entre sí.
Las detenciones no paran y a la fecha (2 de junio) se contabilizan más de 35 mil personas, de las cuales se calculan que hay 1190 niños menores de edad de 18 años que han sido arrestados. A su vez, las penas de prisión y ser privados de su libertad, son de hasta 10 años para los «bichitos» (niños y niñas) de doce años por pertenecer a las pandillas. De igual manera, las y los adolescentes o jóvenes menores de 16 años pueden ser condenados hasta 20 años de cárcel, sin mediar delito alguno, simplemente se está criminalizando a personas en situaciones de pobreza, de marginalidad, así como la pertenencia a estos agrupamientos y, por ende, a las adscripciones identitarias infanto-juveniles particularmente a las y los integrantes de la mara Salvatrucha y Barrio 18.
Otro aspecto sumamente grave, que da cuenta de la administración sistemática de las violencias y de su ingeniería, es que las y los detenidos, no tienen comunicación alguna con sus respectivas familias, ni tampoco pueden hablar con sus abogados, por lo que los familiares, amigos y conocidos incluso, no saben del paradero de sus detenidos, lo cual lleva a considerar esta acción y proceder por parte del gobierno, de sus cuerpos de seguridad y de las instancias jurídicas en los umbrales y en las fronteras de estar llevando a cabo, desapariciones forzadas, sin dejar de acosar e intimidar a la prensa, a ciertas organizaciones de la sociedad civil y también activistas, especialmente contra los periodistas de El Faro, obligándolos a varios de ellos a exiliarse.
Nota: El Nuevo Herald, 3 de junio de 2022
«Bukele: El salvador a punto de ganar la guerra a pandillas». Alemán (2022) afirma que esta declaración de Bukele, se dio en el marco de presentación de su informe de gobierno, al cumplirse tres años de su mandato, que no deja de tener un efecto o impacto mediático significativo para la población, en virtud de casi dar un parte de guerra, en tanto comunicó que a la fecha se han capturado a 36 mil 277 personas, de las cuales 25 855 han sido acusadas de una gran diversidad de delitos -claro, sin prueba alguna- como homicidios, extorsión, secuestro, narcotráfico, posesión de armas, pro agrupación ilícita y apoyo de pandilleros. En tanto instancias de derechos humanos reportan más de 500 capturas arbitrarias.
Por otra parte, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas», a través de la realización de una encuesta a la población salvadoreña -de 6.5 millones de habitantes- reporta que más del 80% de la población sigue aprobando el régimen de excepción y las estrategias que se están llevando a cabo contra las pandillas, a su vez, la popularidad del presidente está por los mismos porcentajes, es decir, con más del 80% de aprobación de su mandato.
Conclusiones
Es claro que la «batalla contra las pandillas» es una confrontación falaz y perdida -mucho antes de haberse dado por terminada-; esto en tanto que debemos comprender la imposibilidad de eliminación de sus presencias sociales; ya que, agrade o no, la misma adscripción y construcción de estas agrupaciones representan en el imaginario de sus integrantes, una posibilidad de construir un espacio social negado, cierto reconocimiento y ante todo estar adscrito a un agrupamiento y configurar una suerte de identificación, más vale ser parte de, que no tener nada tanto en lo social, lo material como lo simbólico. Empero, la insistencia de aniquilamiento físico y simbólico, no es una novedad, tampoco está ligado a una única administración gubernamental, pues en realidad tiene un rastro de mayor larga data.
Finalmente, regresamos a las categorías que nos permiten establecer una lectura de estos procesos institucionales como instrumentos centrales para los ejercicios de poder sobre la mara Salvatrucha y Barrio 18. Primero, en el contraste de sus promesas de campaña, sostenidas en el romanticismo discursivo de la empatía política hegemónica nos obliga a recordar que el gobierno de Bukele ha llevado a cabo, de forma contundente, una tarea de criminalización y aniquilamiento de estas poblaciones. Con ello, vemos necesario enunciar que al exterior como al interior de los espacios carcelarios se gestionan las denominada necropolíticas (Mbembe, 2011), que no son exclusivas de Centroamérica, pero que si se han potenciado bajo la actual administración gubernamental; no obstante, resulta crítico cuestionar las razones por las cuales Bukele y su equipo de gobierno han buscado negociar con las personas privadas de su libertad y no con otros sectores en contexto de libertad.
En las lógicas de las políticas de muerte se determinan las formas en las que la vida puede ser condicionada a la precarización y vulnerabilidad, exponiendo dichos cuerpos a las violencias más abrasivas y de larga duración. No asume en todo momento un aniquilamiento inmediato, sino una exposición prolongada a la exclusión de toda garantización de derechos humanos. Para Mbembe (2011) «dejar vivir o dejar morir» es una tarea que se incrusta en las capacidades soberanas de los gobiernos, por lo que pasa por criterios cuestionables en tanto la subjetividad que les fundamenta. Así, para el autor, la soberanía es entendida como «el derecho de matar» (Mbembe, 2011, p. 21). Ser joven, pobre y pertenecer a una banda, puede significar una mayor condición de vulnerabilidad, cuestión que no le sorprende al autor, finalmente teniendo claro que esta propuesta de las necropolíticas no se encuentra desligada de la biopolítica (Foucault, 2007). Al respecto, suma Estévez (2018) que ambas categorías se encuentren vinculadas profundamente:
Son categorías constitutivas, es decir, se construyen la una de la otra, en el entendido de que la aplicación previa de necropolíticas que hayan destruido hábitats, cuerpos, modos de vida y sectores económicos hace posible la gestión de la vida. (p. 10)
En ese sentido, la autora añade que para estos ejercicios aparecen ciertos conductos por medios de los cuales se ejercen, en donde encontramos una liga directa con el abandonoolvido social. Las juventudes adscritas a maras y pandillas han sido históricamente estigmatizadas, proceso que coadyuba a la generación de una lejanía intencionada para evadir el contacto con las condiciones de vida en que se encuentran. Cuando el gobierno de Bukele decreta el estado de excepción (marzo de 2022), explota una ola de detenciones que enorgullece al gobierno, pues se expresa como triunfo de la paz y seguridad del Estado. No obstante, lo que se conoce o atiende de estas juventudes es sumamente reducido, a coincidencia de que se puede encontrar una clara ignorancia intencionada sistematizada en las prácticas de interacción con las poblaciones que no conocemos y con las informaciones de fácil acceso mediatizadas.
Esposito (2018) asume que el olvido social está vinculado a una serie de ejercicios institucionales que generan intenciones concretas de a quiénes y cómo se olvidan socialmente. No habla de una acción inocente, postura que es importante de atender, sino de un proceso de larga data que determina la presencia sociohistórica. La autora recupera muchos de los planteamientos base de Luhmann para sostener el argumento respecto al proceso de olvido del sistema a discreción, delimitando la posibilidad de consolidación identitaria, de presencia social o incluso de figurarse como actores sobresalientes de un determinado escenario. Aunado a lo anterior, Esposito (2018), refiere que la condición de este proceso de olvido social se encuentra en el abandono, un ejercicio que se conecta de forma automática con la propuesta de las políticas de muerte, pues la intención de desdibujamiento, no pasa desapercibida de las dinámicas de poder.
