Administración de la salud en tiempos de epidemia

A pocas semanas de la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en Perú, el norte del país, y especialmente ciudades ubicadas en la selva, se convirtieron en el epicentro de la epidemia. No obstante, con el paso de los meses, el virus y los contagios masivos se movieron con fuerza hacia el sur, y las regiones de Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno y Tacna comenzaron a concentrar los mayores índices de contagio y mortalidad ¹⁸. La epidemia repercutió especialmente en la ciudad de Arequipa, la segunda más importante, y con el paso de las semanas sus hospitales comenzaron a colapsar ¹⁹. Esto llevó a que el presidente Martín Vizcarra se trasladara a la ciudad a mediados de julio, donde corroboró la situación crítica del sistema de salud. En el hospital COVID-19, Honorio Delgado, el presidente escuchó los reclamos de médicos y pacientes, y a los pocos días el Gobierno emitió un decreto de urgencia que permitía la intervención del Ministerio de Salud en esta región, con el fin de ejecutar medidas para mitigar el impacto del virus ²⁰.

Con esta decisión, "Arequipa queda en manos de Lima", como informaba el periódico Sin Fronteras²¹, y el manejo de la crisis volvía a la capital, ante la falta de liderazgo de las autoridades locales para manejar eficientemente la epidemia. Ello abrió un debate respecto a quiénes eran los organismos y las autoridades idóneas que deberían tomar decisiones en áreas clave como la salud, especialmente en tiempos de crisis sanitaria. Este fenómeno, sin embargo, no es reciente. Durante la epidemia de peste bubónica que azotó al Departamento de Arequipa en 1903 y 1905, se evidenciaron diversos problemas para articular los trabajos de prevención y lucha contra esta enfermedad por parte de las diferentes autoridades que tenían injerencia en el sector de la salud. La Ley de Municipalidades de 1892 mantuvo el programa de descentralización fiscal y administrativa introducido por el Reglamento de 1873, que les permitía a los concejos provinciales y distritales adquirir mayores facultades para el mantenimiento y fiscalización del aseo y la higiene pública. Empero, en última instancia, las actividades de los órganos locales se mantenían supeditadas a las resoluciones de las juntas de mayor jerarquía y del Supremo Gobierno ²².

En los casos de crisis sanitaria, como las epidemias, los gobiernos locales podían convocar la organización de juntas de sanidad que, por su jurisdicción, podían ser departamentales y provinciales; entre tanto, aquellas que estaban establecidas en los puertos se denominaban litorales. Estas juntas funcionaban dentro de un sistema jerarquizado en el cual las supremas o centrales, con sede en Lima, se encargaban de la vigilancia de las entidades menores, y cuya función era gestionar las medidas necesarias para superar el azote de enfermedades epidémicas nacionales ²³. El principal problema de este sistema de administración sanitaria era la escasa relación entre las juntas de diferentes regiones del país, además del limitado alcance de su accionar. En aquellos lugares donde no existían juntas solo se disponía de médicos sanitarios, quienes no siempre llegaban a tiempo para hacer frente a la enfermedad, especialmente en zonas alejadas de las capitales de provincias ²⁴. Dadas estas restricciones, muchas de las disposiciones de las entidades de mayor jerarquía se ejecutaron sin considerar las necesidades reales o la voluntad de las poblaciones donde se aplicaban. Esta situación ocurrió, por ejemplo, durante el brote de peste bubónica en el puerto de Mollendo, cuando las autoridades centrales impusieron cuarentenas a dicha localidad, y las del Departamento de Arequipa reclamaron por la decisión contraria a la voluntad de comerciantes, médicos y autoridades regionales ²⁵.

Mollendo era el segundo puerto más importante del país y un paso obligado de los barcos en la ruta entre el Callao y los puertos chilenos de Iquique y Valparaíso. La epidemia de peste bubónica apareció casi de forma paralela en el Callao e Iquique en mayo de 1903, razón por la cual los periódicos de la ciudad de Arequipa siguieron de cerca el avance de esta afección en ambas ciudades. Con el fin de evitar la expansión de la enfermedad en el sur, la Junta Suprema ordenó en junio de ese año la implementación de una cuarentena rígida de cinco días para toda embarcación procedente desde Chile. Sin embargo, no impuso las mismas restricciones para los navíos procedentes desde el puerto del Callao, donde ya se habían confirmado varios casos de peste bubónica. La Junta Departamental de Sanidad de Arequipa, convencida de la ineficacia de las cuarentenas y con el fin de no ver afectadas las arcas departamentales, solicitó al Ministerio de Fomento que el puerto de Mollendo continuara recibiendo vapores chilenos con la única condición de que portaran una "patente limpia", es decir, estuvieran libres de todo rastro de la enfermedad ²⁶.

Un problema que surgió en los meses de la epidemia -y que, como veremos, se mantiene hasta la actualidad- fue la superposición y la falta de una delimitación específica en competencias en materias de salud. Durante la epidemia de peste bubónica, la poca claridad en las competencias entre las diferentes autoridades sanitarias demoró la aplicación de los reglamentos y la ejecución de las obras de saneamiento necesarias para frenar el avance de la enfermedad. Si bien es cierto que entre 1887 y 1903 se estableció un sistema de jerarquías que permitía la marcha relativamente organizada de las juntas de sanidad y las entidades administrativas locales, estas normativas no limitaron claramente las atribuciones de estas instituciones. Lo cierto es que las juntas de sanidad tenían un carácter intermitente y solo funcionaban en momentos de crisis sanitarias; además, no estaban compuestas necesariamente por médicos, sino por funcionarios de diferentes instituciones que carecían de los conocimientos científicos necesarios, razón por la que no le prestaban suficiente importancia a la salubridad ²⁴. Por ello, no era raro que otras instituciones asumieran las labores de asistencia descuidadas por estos organismos. Las sociedades de beneficencia pública intervinieron de forma directa en la prestación de servicios hospitalarios.

En el Perú, la epidemia de peste bubónica generó cambios en la estructura de la administración de la salud pública. La Dirección de Salubridad, creada en 1903, fue la primera entidad sanitaria organizada de carácter permanente que trató de resolver las falencias que presentaban las actividades de las juntas de sanidad. No obstante, por la forma en la que fue planteada como un órgano consultivo, no tuvo la capacidad real de ejecutar acciones efectivas en materia sanitaria ²⁷. Otra de sus claras falencias fue su limitado alcance regional, dado que fuera de Lima sus disposiciones dependían de otros organismos. Esto fue cambiando con el paso de los años. Durante las décadas de 1920 y 1930, el Estado se convirtió en el administrador de las políticas de salud y se crearon nuevas instituciones cada vez más especializadas en el manejo de esta materia. Se suprimió el Reglamento General de Sanidad y las obligaciones de las juntas fueron transferidas a secciones y servicios dentro de la Dirección de Salubridad ²⁸. Este nuevo aparato administrativo pasó a formar parte del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social (1935) y, posteriormente, al reformado Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (1942), desde donde se establecieron unidades de salud en diferentes regiones. Si bien con la creación de un sistema de salud unificado se centralizó la toma de decisiones, también se generó una mayor dependencia de los organismos capitalinos con trabas burocráticas en el ámbito regional.

El exceso de centralismo y burocracia entorpeció el manejo de las crisis sanitarias durante el siglo XX, pero la excesiva descentralización, al parecer, tampoco fue la solución más eficiente. Como plantea el historiador Carlos Contreras, Perú es un país que desde su constitución, en el siglo XVI, ha sido centralista, y donde casi siempre han sido fallidas las propuestas para modificar este régimen político y económico ²⁹. Como señala la socióloga María Isabel Remy ³⁰, la epidemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto los problemas e ineficiencias del proyecto de descentralización elaborado en 2002, e implementado en los años siguientes. Este plan entregó competencias a las regiones sin la evaluación y acreditación de capacidades. De esta forma, los gobernadores regionales han debido generar un plan de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coviD-19 sin tener la preparación, ni experiencia o personal para llevarlo a cabo. Otra de las falencias del proyecto de descentralización -como planea Remy- ha sido un desorden de responsabilidades, pues gobiernos regionales y municipales comparten competencias sin una clara delimitación de funciones. Estos problemas se han podido apreciar de forma clara en el Departamento de Arequipa durante el manejo de la crisis del COVID-19.

La intervención del Ministerio de Salud en la región, en julio de 2020, fue una clara señal por parte del Ejecutivo de que estaba dispuesto a dar un paso atrás en la descentralización, al permitirles a los equipos técnicos del Ministerio de Salud con sede en Lima decidir respecto a recursos humanos, financieros, así como gestión hospitalaria y de salud ²⁰. Este decreto fue celebrado por gran parte de la opinión pública arequipeña, que en las semanas previas venía informando que "Arequipa no daba para más". Alguien quien no celebró la implementación de esta medida fue la máxima autoridad regional, Elmer Cáceres, un político de perfil populista y regionalista, que no aceptó de buena forma el despojo de su autoridad en materia de salud. El gobernador Cáceres, lejos de hacer una autocrítica por su gestión, declaró que quienes lo criticaban eran unos pitucos (gente de clase alta) y sin sustento científico continuó recomendando a la población el consumo de productos para evitar y tratar el COVID-19, como el dióxido de cloro y carne de llama ^3,21. Las recomendaciones de la máxima autoridad política tuvieron un alto costo para la salud de la población arequipeña, y generó, entre otras cosas, el aumento de la automedicación, como analizaremos en la última sección.

Precariedades en sector de la salud en el sur andino

La peste bubónica dejó en evidencia las graves deficiencias de la vida urbana y demostró que las ciudades peruanas estaban mal preparadas para hacer frente a una epidemia de esta naturaleza ^10,15. En el caso del puerto de Mollendo, las condiciones higiénicas lo hacían especialmente vulnerable a la llegada de la peste (figura 1). Según el informe presentado al Ministerio de Fomento por parte del doctor Ramón Ribeyro, la ciudad sufría por la escasez y calidad del agua, existía un limitado sistema de desagüe y las características de las construcciones en el puerto favorecían el desarrollo de enfermedades como la peste bubónica. La inclinación del terreno y el espacio dejado entre el suelo y el piso de las viviendas servía como depósito de basura y criadero de animales domésticos, lo cual generaba un incremento en el número de insectos y roedores ^31,32. No es de extrañar que, ante los primeros rumores de la llegada de la epidemia en agosto de 1903, casi el 60% de la población decidiera dejar la ciudad ³³.

Fuente: tomado de ³⁴.

Figura 1 Viviendas en Mollendo 

Una de las primeras y más extendidas medidas profilácticas para evitar la propagación de la epidemia fue la limpieza de los espacios públicos y el control del espacio privado. A inicios de siglo, los consejos provinciales y distritales eran los organismos encargados de velar por el correcto cumplimiento de los servicios de baja policía (recolección y traslado de basura, limpieza de calles y mantenimiento del orden y ornato), ejecución de obras de saneamiento ambiental y la reglamentación de las construcciones de edificios públicos y privados ^13,35. La llegada de la epidemia a Mollendo obligó a desarrollar un plan de acción rápido para lograr un profundo saneamiento de la ciudad. Sin embargo, el puerto, al igual que la mayoría de las ciudades, no contaba con los recursos, personal o implementos necesarios para realizar las mejoras necesarias. Por ello, el Gobierno distrital de Mollendo optó por la caza de roedores a través de incentivos económicos y por trasladarles a los habitantes la responsabilidad de mantener la limpieza del espacio público y privado, a través de visitas domiciliarias y multas a la población que infringiera las normas de higiene ³⁶.

En el momento del arribo de la epidemia, la infraestructura sanitaria era precaria e insuficiente en el país. La falta de hospitales y de profesionales para la asistencia de enfermos obligó a las juntas de sanidad a disponer lo necesario para construir establecimientos temporales como barracas y lazaretos, donde se asilaba a la población infectada. Según el Reglamento General de Sanidad de 1887, cada puerto donde existiera una Junta Departamental o Litoral debía contar con un lazareto ²³. No obstante, las juntas de sanidad, al no tener recursos, dependían de la capacidad de ejecución de los consejos municipales, las sociedades de beneficencia y el Gobierno central. No era extraño entonces que cuando aparecía una epidemia, el lazareto de la ciudad no estuviera en funcionamiento.

Arequipa, capital del departamento, segunda ciudad más importante del país, en términos de población, y la más relevante del sur andino, en términos demográficos y económicos, no contaba con un lazareto. Esta situación era aún más grave en Mollendo, pues, pese a su importancia comercial y lo estipulado por la normativa oficial, carecía de uno. A ello se sumaba la limitada capacidad del establecimiento hospitalario de la ciudad, construido décadas atrás por el empresario Enrique Meigss para atender a los trabajadores del ferrocarril Mollendo-Arequipa. Además, la construcción de estos lugares no fue una tarea sencilla. Las obras podían tomar un periodo largo, porque dependían de la aprobación de requerimientos técnicos del Ministerio de Fomento, ubicado en la capital del país. Por ello, ante la necesidad urgente de reducir el número de contagios, producto de la aparición de brotes epidémicos, las autoridades locales decidieron usar establecimientos temporales e improvisados ³⁷.

El recelo de la población por tener cerca esos improvisados espacios, que a su entender podían contaminar y propagar la enfermedad por aire y suelo, fue otro de los factores que entorpecieron la correcta aplicación de políticas de salubridad. Ante la negativa de la población de Mollendo por alquilar o ceder terrenos para el levantamiento de un lazareto, se optó por implementar uno provisional. En 1905, solo la Sociedad de Beneficencia de esta localidad estuvo dispuesta a ceder el Balneario de Jesús para dicho propósito ³⁷. El carácter temporal de estos establecimientos obligó a las autoridades a repensar otro lazareto cada vez que se manifestaba un rebrote de la enfermedad. Según los historiadores Tirro y Rojas, en esa ocasión se construyó en un espacio dentro de un hospital recientemente cimentado ¹⁷. El problema radicaba en que las características del lugar continuaron siendo bastante modestas. Como se puede apreciar en la figura 2, el lazareto era un pequeño cuarto de cuatro o cinco metros de largo por tres metros y medio de ancho, con el techo y las paredes de material ligero ³⁸.

Fuente: tomado de ³⁹.

Figura 2 Lazareto de Mollendo 

Mollendo, al ser el segundo puerto más importante del país, precisaba resolver el problema sanitario de manera efectiva y duradera. Los intereses económicos detrás del saneamiento del puerto motivaron a que no solo instituciones públicas se comprometieran con esta tarea, sino también particulares que querían evitar la implementación de medidas más radicales como cuarentenas o cierre total del puerto. Por ejemplo, el señor Guillermo Rickets, miembro de una de las familias de comerciantes más importantes de Arequipa, Ricketts & Cía., dedicada a la producción de lana de ovinos y camélidos, donó 200 soles a la Sociedad de Beneficencia de la ciudad con el objetivo de mantener el hospital del puerto ⁴⁰. Las donaciones de vecinos desempeñaron un rol clave en la construcción y mantenimiento de estos establecimientos de salud.

Las epidemias de peste bubónica de 1903 y 1905 permitieron entender la importancia de la construcción de centros de asistencia permanentes. En las siguientes décadas se evidenció una mayor preocupación por mejorar la infraestructura sanitaria en las ciudades de Mollendo y Arequipa. En 1905 se iniciaron los trabajos de edificación del hospital Goyeneche en Arequipa y cuatro años después se retomaron los proyectos de construcción de servicios de agua en Mollendo ^41,42. A pesar de estos esfuerzos, el crecimiento urbano que experimentó Arequipa en las década de 1940 y, posteriormente, de 1970, producto de la migración de ciudadanos del sur andino, produjo que el sistema hospitalario y de atención médica siguiera siendo limitado para enfrentar escenarios adversos de salubridad pública, como sucede en la actualidad ⁴³.

A inicios de la pandemia del COVID-19, el diagnóstico de la infraestructura hospitalaria para Latinoamérica daba luces del complejo escenario que enfrentaría la región, particularmente Perú en los siguientes meses. El país contaba con menos de una cama hospitalaria por cada mil habitantes y cinco ventiladores por cada diez mil. Así, era el segundo país peor preparado para la epidemia, solo superado por Guatemala ⁴⁴. Para prevenir la catástrofe, el Gobierno de Martín Vizcarra envió una partida presupuestaria para los gobiernos regionales, que en el caso de Arequipa superó los siete millones de dólares. Pese a ello, las noticias sobre las graves deficiencias de los hospitales del sur, especialmente de Arequipa, no tardaron en ocupar las portadas de los principales periódicos regionales. En el caso de esta ciudad, se debieron acondicionar carpas en los estacionamientos de hospitales para evitar el colapso, y el desabastecimiento de insumos médicos y medicamentos se transformó en un problema crítico. En medio de ello, la Defensoría del Pueblo informaba que a inicios de julio de 2020 solo se había gastado el 40 % del presupuesto asignado al inicio de la pandemia para el COVID-19 ⁴⁵.

La epidemia ha expuesto los graves problemas existentes en la administración de salud regional, sobre todo respecto al mal uso de los recursos públicos y corrupción. Desde que se decretó el estado de emergencia el 16 de marzo de 2020, en varias ciudades del sur se han detectado casos de colusión, negociación incompatible y cohecho en la contratación de bienes y servicios ⁴⁶. En Arequipa, por ejemplo, existen tres hospitales inconclusos que comenzaron a construirse hace cuatro años y que están paralizados debido a investigaciones por corrupción, incumplimiento por parte de contratistas o irregularidades técnicas, como ha demostrado la investigación realizada por Ojo Público⁴⁷. Esto se ha repetido en otras ciudades como Tacna, donde en mayo y junio la Fiscalía decidió intervenir el municipio por casos de corrupción.

Los problemas en la administración local de salud han generado falta de pago de salarios al personal sanitario y duras condiciones laborales, como las que han denunciado algunos médicos de la ciudad de Arequipa. Ante la lenta respuesta del Estado y de las entidades regionales de salud, las empresas y organizaciones privadas han asumido un rol activo en proveer infraestructura e insumos médicos. A diferencia de la situación de hace un siglo, cuando los vecinos prósperos financiaban las principales obras de caridad, en la actualidad son empresas mineras, como Southern Perú o Cerro Verde, principales fuentes de ingresos en estas regiones, las que han invertido directamente en el sector de la salud. Por ejemplo, solo en agosto Southern Perú entregó 3000 pruebas rápidas y 3 módulos hospitalarios en Camaná, 2 módulos en Mollendo, 18 000 pruebas rápidas a la Dirección de Salud de Tacna, y ambulancias y equipos de ventilación en la ciudad de Ilo ⁴⁸. A estas iniciativas se suman las de instituciones que históricamente han contribuido en tiempos de desastres, como la Iglesia católica, la cual a través de su campaña "Respira Perú" ha donado ventiladores a ciudades como Cusco y Tacna ⁴⁹.

De esta forma, la precariedad continúa en el sector de la salud, esta vez no por la falta de recursos económicos. Como Ómar Narrea ha demostrado, casi la mitad de las transferencias de recursos mineros a gobiernos regionales no ha sido gastada, y continúan acumulándose ⁵⁰. Pero la principal deficiencia en muchos hospitales es la carencia de médicos especializados en unidad de cuidados intensivos y personal de enfermería. Esto es crítico en ciudades del sur como Tacna, que con más de medio millón de habitantes solo cuenta con un médico intensivista y un emergenciólogo ⁵¹. Pero, nuevamente, no es simplemente un problema de presupuesto, especialmente si consideramos que entre 2015 y 2017 la universidad pública de Tacna, la Universidad Jorge Basadre, recibió 55 millones de soles (unos 15 millones de dólares) por recursos mineros, presupuesto del cual el 61 % no fue ejecutado ⁵⁰. Sin duda, la poca capacidad de gasto e inversión en capital humano se ha sentido con fuerza en las regiones del sur durante la epidemia actual.

Respuesta social ante el flagelo

Si analizamos el comportamiento de las personas en tiempos de epidemias, observaremos importantes similitudes entre reacciones actuales y vividas durante epidemias pasadas. Hay grupos que niegan la existencia de la enfermedad y perciben las medidas implementadas por sus gobiernos como una violación a sus derechos de circulación o como una excusa para implementar cambios políticos, económicos o incluso migratorios. Otros desconfían de la efectividad de las políticas implementadas por sus autoridades para frenar el alcance de la epidemia y las desafían abiertamente. De igual manera, es posible encontrar personas que desestiman los postulados científicos y las recomendaciones de expertos en salud para combatir la propagación del virus, recurriendo a una serie de remedios populares y experimentales que ponen en riesgo incluso su propia vida. Estos fenómenos están lejos de ser exclusivos de Perú y particularmente de los habitantes del sur. Sin embargo, nos interesa analizar la respuesta social de la población ante las epidemias.

El primero de ellos es la desconfianza y escepticismo respecto a la información existente sobre la epidemia. Desde abril de 1903, los principales diarios de Arequipa anunciaban la llegada de la enfermedad bubónica a diferentes puertos del Perú y Chile. El temor de la población por la invasión de la peste fue aumentando al ritmo en que incrementaba el número de noticias contradictorias sobre si se trataba o no de peste bubónica. Para algunos, los casos reportados en el puerto de Iquique (Chile) no correspondían a bubónica, sino que solo era una treta de carácter político para detener el descontento popular y evitar una inminente huelga de trabajadores ⁵². Las noticias que llegaban desde Lima tampoco eran tranquilizadoras. Algunos medios de prensa, como el diario El Comercio, el más importante nacional, cuestionaban las investigaciones del Dr. Biffi, quien había confirmado la existencia de la Yersinia pestis, bacteria causante de la pese, en el Callao.

Sin embargo, la desconfianza y el escepticismo no son propios de sociedades con limitado acceso a información. Hoy en día, en que parte importante de la población tiene acceso a periódicos, radios, televisión e incluso internet, la proliferación de noticias falsas (fake news) que circulan sobre la epidemia especialmente por las redes sociales ha significado un aumento del pánico, pese a los intentos de las autoridades por aclarar dichas informaciones y hacer un llamado a la calma. En los primeros meses de 2020, las imágenes de largas filas fuera de los mercados, el aumento de precios de productos de higiene o el acaparamiento de productos de primera necesidad se repitieron en todo el mundo, y, en nuestro caso, en el Departamento de Arequipa. A inicios de marzo, las autoridades debieron de salir a desmentir la información que circulaba sobre saqueos en el mercado de Río Seco, en el distrito de Cerro Colorado ⁵³.

En otros casos, la población decidió hacer caso omiso a las recomendaciones emanadas por parte de las autoridades de salud, especialmente cuando estas atentaban contra creencias arraigadas. En el caso de la epidemia de peste bubónica de 1903 y 1905, la Iglesia católica y los fieles fueron reticentes a aceptar las disposiciones sanitarias que modificaban prácticas funerarias. Una de estas disposiciones municipales para prevenir la propagación de la peste fue prohibir los funerales de cuerpo presente. Una vez que el enfermo fallecía a causa de peste bubónica, el cuerpo debía ser enterrado lo antes posible ⁵⁴. Sin embargo, algunas autoridades eclesiásticas de la ciudad de Arequipa se negaron a acatar estas disposiciones y ello ocasionó una serie de tensiones entre el poder civil y eclesiástico. Por ejemplo, el obispo de Arequipa, Manuel Segundo Ballón, mediante una extensa carta presentada ante el presidente de la Junta Departamental a inicios de 1904, manifestó que la disposición del Consejo Provincial vulneraba la autoridad de la Iglesia al legislar en asuntos propios de la jurisdicción religiosa ⁵⁴.

Una situación similar sucedió durante la epidemia del COVID en la ciudad de Arequipa. A inicios de abril de 2020, el Arzobispado de Lima informó que serían suspendidas las celebraciones públicas de Semana Santa que implicaran aglomeraciones. En esa línea, la Arquidiócesis de Arequipa anunció un programa especial de celebraciones transmitidas en línea y suspendió el lavatorio de pies y la procesión del Santísimo Sacramento ⁵⁵. Pese a ello, y especialmente del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno, los feligreses de la parroquia Espíritu Santo decidieron sacar en procesión a la Virgen de Chapi el día Jueves Santo. Ante el cuestionamiento por el desacato de las disposiciones civiles y eclesiásticas, el párroco justificó su accionar argumentando que la procesión buscaba pedir la calma de la pandemia, agregando que contaban con el permiso de la municipalidad distrital, y que incluso personal municipal había participado en el evento.

El autoritarismo con el que se dictaron las disposiciones sanitarias tampoco contribuyó a generar mayor confianza entre la población. Pese a que el ocultamiento de los casos sospechosos de peste bubónica era una práctica penada, el estigma social y las consecuencias económicas que acarreaba notificar la presencia de enfermos o sospechosos generaron que no todos los casos se informaran. Más allá de las responsabilidades de los gobiernos locales y las entidades sanitarias por la ausencia de políticas efectivas de prevención de epidemias, para la opinión pública el contagio estaba asociado a la pobreza y falta de higiene. Como señalaba el doctor Ribeyro en su diagnóstico de la peste en Mollendo: "la inmensa mayoría de los apestados pertenecían a la clase indigente [...] tenían por costumbre andar descalzos, haciéndose así sumamente fácil la infección por la picadura de pulgas de ratas" ³³. Estos grupos sociales eran propensos a la exposición pública y a la pérdida de su condición de "vecinos" para ser luego denominados como apestados, como se aprecia en las declaraciones de Ribeyro.

Pero, además de las consecuencias sociales, los costos económicos para las familias -especialmente las más vulnerables- eran muy altos. Una de las medidas más extendidas, y que se consideraba más eficaz para frenar la supuesta expansión de la epidemia era la incineración de los enseres y habitaciones de las personas contagiadas. Así lo demuestra uno de los pocos reportajes publicados en Lima sobre la epidemia en el sur del país. En octubre de 1903, la revista ilustrada Actualidades publicó un artículo sobre "la peste en Mollendo", en la cual con mucho orgullo se mostraba cómo el alcalde municipal, el Sr. Zegarra, el inspector de Higiene, el director de Beneficencia y los médicos de la ciudad habían "vencido y destruido al enemigo", acompañando la noticia con imágenes de la destrucción del hogar del "apestado Mamani" (figura 3) ⁴⁰. El gran número de incineraciones llevó, por ejemplo, a que en abril de 1905 un grupo de afectados hiciera un motín y quemara el edificio de la Capitanía del Puerto, pues no creían en la promesa de indemnización de sus casas por parte del Gobierno ¹⁶.

Fuente: tomado de ³⁹.

Figura 3 Incendio de casa de "apestados" de Mollendo 

Para aliviar el impacto económico de la peste fue necesaria la mediación de los consejos municipales, con el objetivo de mantener el precio de los víveres de consumo. Era preciso romper las cuarentenas para restablecer el tráfico comercial, por lo que los comerciantes miembros de las juntas de sanidad apoyaron los proyectos que apuntaban a la construcción de estaciones sanitarias de desinfección, para así evitar el establecimiento de cordones sanitarios y, por ende, facilitar el transporte, además del comercio ⁵⁶.

En el caso del COVID-19, la crisis económica provocó que un grupo importante de la población no acatara las medidas restrictivas establecidas. Perú fue uno de los primeros países en imponer cuarentena, y en su momento, a mediados de marzo de 2020, fue una de las más rigurosas del planeta. Solo se autorizaron actividades básicas de alimentación, financieras, sanitarias y de mantenimiento de infraestructura estratégica ³. Para alivianar la situación económica de los ciudadanos impedidos de trabajar, el Gobierno desarrolló una serie de medidas, consistentes en la entrega de bonos y paquetes de ayuda. Sin embargo, la gestión deficiente de registros estadísticos y la escasa capacidad logística del Estado para responder en tiempos de crisis hicieron que estas ayudas fueran insuficientes y no llegaran a la mayoría de la población, lo que obligó a muchos a tener que salir a las calles a trabajar. Así, la pobreza y la informalidad laboral se transformaron, en el discurso público, en los responsables de la expansión de la enfermedad. En agosto de 2020, los periódicos de Arequipa daban cuenta de cómo el comercio informal parecía no tener control; mientras que el municipio señalaba que un gran número de contagios se debía al comercio informal "que invade las calles del centro y provoca aglomeraciones" ⁵⁷.

Entre tanto, a nivel social varios respondieron haciendo caso omiso a las recomendaciones de quedarse en sus hogares, respetar la distancia social y dar cuenta de los casos sospechosos a las autoridades; en términos personales, un grupo importante de la población decidió combatir las epidemias por su propia cuenta, a través del consumo de una serie de remedios preventivos o curativos. Estos, en muchos casos, solo empeoraron el estado de salud de la población y los pacientes. El fenómeno de la automedicación ha tenido graves consecuencias durante la epidemia del COVID-19 en Perú, especialmente en la ciudad de Arequipa. Existen escasas investigaciones respecto a este fenómeno en el país, y los pocos estudios disponibles se han centrado en analizar el fenómeno en Lima ⁵⁸. En los ámbitos nacional y regional no se cuentan con cifras actualizadas, pero según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, entre 2005 y 2011, uno de cada tres peruanos prefería automedicarse, antes que acudir a un establecimiento de salud. Actualmente, preocupan las altas tasas de automedicación en la ciudad de Arequipa ⁵⁹. El jefe del Hospital Honorio Delgado informaba en agosto que el 80 % de los pacientes que acudía al hospital ya habían probado un cóctel de fármacos, entre ellos ivermectina (antiparasitario) e hidroxicloroquina, medicamento utilizado para la malaria, los cuales estaban complicando los tratamientos médicos ⁶⁰.

Más grave aún es que tres de cada diez pacientes reconocía haber consumido dióxido de cloro, un desinfectante de superficies industriales no apto para el consumo humano, que les ha ocasionado graves problemas renales y hepáticos ⁶¹. A pesar de las evidencias científicas, congresistas del partido Unión por el Perú propusieron al Congreso que formara una comisión que investigara los efectos del dióxido de cloro para ser utilizado como tratamiento para la enfermedad, pese a que el Colegio Médico y de Químicos Farmacéuticos han llamado a la población a no consumirlo por las graves consecuencias para el organismo ⁶². Esta situación se ha hecho más crítica en Arequipa, donde ha sido la máxima autoridad, el polémico gobernador Elmer Cáceres, quien ha defendido su consumo y criticado al Gobierno por no respaldar su uso para combatir el COVID en el país ⁶³. A ello se ha sumado su recomendación de ingerir carne de llama y alpaca como antídoto para tratar al virus, pese a no existir evidencia científica que sustente su recomendación. A la fecha son varios los organismos científicos y médicos del país que han llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación y especialmente a autoridades políticas (como Cáceres) para informar de manera certera y no difundir noticias falsas que generan pánico en la población y provocan una respuesta social contraria a las recomendaciones de los expertos. Sin embargo, romper con este histórico hábito no será tarea sencilla.