La vigilancia de Estados Unidos

La ley de trata de Estados Unidos del 28 de octubre de 2000 (TVPA, por sus siglas en inglés) especifica, en la sección 104, la creación de un informe anual (el TIP) en el que se revisa la actuación de cada país del mundo en materia de derechos humanos. Este informe incluye una descripción de la naturaleza y extensión de las formas severas de trata de personas en cada país y, como reza la sección 110: “Es la política de Estados Unidos no proporcionar ayuda exterior no-humanitaria y no-comercial a aquellos gobiernos que 1) no cumplen con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, y 2) no realizan esfuerzos significativos para cumplir con los citados estándares”. Es decir, Estados Unidos se autoproclama como gendarme internacional que monitorea de cerca los avances de cada país en la lucha contra la trata de personas y condiciona su política de ayuda exterior al cumplimiento de unos estándares mínimos (^{Weitzer, 2020, p. 50}; ^{Izcara Palacios et al., 2019a}). Aquellos países que se encuentran en la lista “C” porque no cumplen con los estándares mínimos, no pueden acceder a la ayuda exterior estadounidense. Asimismo, se establece una lista intermedia entre la lista “B” y la lista “C”, la lista “BWL” (B watching list), que coloca al país bajo la lupa por su deficiente desempeño en el combate de la trata.

México, con objeto de cumplir con lo estipulado en la TVPA, en noviembre de 2007 aprobó la ley para prevenir y sancionar la trata de personas (^{Izcara Palacios, 2017}). Esta ley definía el consentimiento de una forma más laxa a como lo hacía el Protocolo de Palermo. El artículo 6 de la ley de 2007 señalaba que: “El consentimiento otorgado por la víctima se regirá en términos del artículo 15, fracción III, del Código Penal Federal”. Este artículo subraya que el consentimiento debe ser expreso o tácito, sin que medie algún vicio. En un primer momento, la promulgación de la ley de 2007 agradó al Gobierno estadounidense, que sacó a México de la lista “BWL” para ascenderlo a un puesto más cómodo en la lista “B” (véase la Tabla 1). Así, el TIP de 2008 señalaba que la ley mexicana de 2007 incluía penas suficientemente estrictas (^{USDOS, 2008, p. 181}). Pero, el TIP de 2009 muestra una preocupación sobre la implementación efectiva de la ley, ya que la carga de la prueba recaía sobre la víctima (^{USDOS, 2009, p. 207}).

Para tranquilizar al Gobierno estadounidense y remarcar el genuino interés del Gobierno mexicano en el combate a la trata, en junio de 2012 México derogó la ley de noviembre de 2007, y aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Con la nueva ley, México eliminó el consentimiento otorgado por la víctima como causa excluyente de responsabilidad penal (^{Izcara Palacios, 2021 d, p. 215}). Esto satisfizo al Gobierno estadounidense, que en el TIP de 2013 señalaba que la ley de 2012 eliminaba el resquicio creado por el consentimiento de la víctima (^{USDOS, 2013, p. 262}).

La eliminación de la imposición a la víctima de la carga de la prueba respecto al consentimiento condujo a un incremento de las condenas (^{Izcara Palacios, 2021 b, p. 222}). Este es uno de los aspectos más valorados por el Gobierno estadounidense. En el año 2012 el número de condenas por trata en México se incrementó en un 77 % respecto al año anterior, pasando de 14 a 25 (^{USDOS, 2013, p. 262}). En el año 2013, el número de condenas ascendió a 52 (^{USDOS, 2013, p. 272}), hasta alcanzar un pico de 228 en 2016, y luego descender a 95, 60 y 29 condenas en 2017, 2018 y 2019, respectivamente (^{USDOS, 2020, p. 346}). Aunque en 2020, el número de condenas se dobló, ascendiendo a 59 (^{USDOS, 2021, p. 389}).

La estrategia del Gobierno mexicano para incrementar el número de condenas por trata, y aplacar las críticas procedentes de Estados Unidos, fue apostar por un diseño neo-abolicionista, que permitía tipificar como delito de trata una serie de circunstancias y situaciones que antes de 2012 eran toleradas o tipificadas como delitos de menor envergadura (^{Izcara Palacios, 2018b}).

El diseño neo-abolicionista de la ley de trata de México de 2012

El tráfico de migrantes constituye un delito contra el Estado, ya que amenaza la soberanía nacional. Por el contrario, la trata de personas constituye una ofensa contra la persona (^{Andrade Rubio, 2016}). Estos dos delitos tienen una naturaleza diferente. El apartado “b”, del artículo 3, del Protocolo de Palermo, separa el tráfico de la trata a través de un elemento diferenciador: el consentimiento. Por otra parte, los apartados “a” y “c” del artículo 3 de dicho protocolo, describen las circunstancias bajo las cuales el consentimiento otorgado por la víctima queda invalidado. Al invalidar el consentimiento, si se produce un número específico de situaciones, el protocolo reconoce de modo indirecto que el consentimiento es válido cuando las citadas situaciones no tienen lugar (^{Andrade Rubio et al., 2021}).

Como contraste, al no discriminar las circunstancias bajo las cuales el consentimiento otorgado por la víctima queda invalidado, la ley de trata de México de 2012 subsume el concepto de tráfico en el concepto de trata. Una ofensa contra la soberanía nacional es transformada en un delito contra las personas. Como señalan ^{Correa Cabrera y Sanders Montandon (2018)}: “De los 188 países con leyes contra la trata humana y un marco institucional específico anti-trata, menos de una docena han eliminado los medios como disposición clave para la incidencia de la trata de personas” (p. 15).

La ley de 2012 define como trata “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación” (artículo 10). A diferencia del Protocolo de Palermo, en la legislación mexicana, el medio (la coacción, el rapto, el fraude, el engaño, etc.) no constituye un elemento constitutivo de la definición de trata, sino únicamente un factor agravante (^{Correa Cabrera & Sanders Montandon, 2018, p. 25}). Es decir, puede existir trata en ausencia de coacción, rapto, fraude o engaño. Como aparece señalado en el artículo 40: “El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en esta ley no constituirá causa excluyente de responsabilidad penal”. Asimismo, a diferencia de la legislación estadounidense, en la legislación mexicana la ausencia de fraude o coacción implica un elemento punitivo: la prisión de 5 a 15 años y una multa de mil a veinte mil días.

En la legislación mexicana la presencia de coacción implica un incremento del elemento punitivo. En el caso de la explotación sexual, la pena se incrementa de 15 a 30 años de prisión y de mil a treinta mil días de multa cuando el tratante explota a un menor, a una persona discapacitada o a una persona mayor de edad sometida a engaño, violencia física o moral, abuso de poder, etc. (véase el artículo 13). En el caso de los menores estos factores implican un incremento de la pena en una mitad (véase el artículo 16).

Esta ley ha sido elogiada por elevar sustancialmente las penas, por atacar a toda la cadena de explotación y por conducir a una intensificación de la lucha contra la explotación sexual en México. ^{Orozco (2015)}, califica la ley de 2012 como “una de las leyes más avanzadas en la materia a nivel mundial” (p. 16). Sin embargo, no todos los académicos están de acuerdo con la supresión del consentimiento de la víctima. Para algunos, esta circunstancia permite fabricar culpables e inflar las estadísticas de arrestos y sentencias, a través de la detención de inocentes. Para estos académicos, la ley tiene un sesgo neo-abolicionista y está cargada de un tinte moralista, que anatemiza el trabajo sexual y no permite diferenciar entre victimarios e inocentes.

^{Correa Cabrera & Sanders Montandon (2018, pp. 6-7)} señalan que la ley de 2012 define el delito de trata de un modo tan amplio y vago que conduce al arresto y encarcelamiento de personas que no son tratantes. Según estos autores, el diseño de esta ley permite a las autoridades mexicanas caracterizar y enjuiciar una amplia gama de delitos que son tipificados como trata de personas. Esta situación es achacada al enfoque abolicionista de la ley de 2012, que permite que algunos políticos y empresarios ricos y poderosos permanezcan libres, al mismo tiempo que algunas personas marginadas y vulnerables son encarceladas.

^{Núñez Chaim (2017, p. 98)} ve en la ley de 2012 un sesgo abolicionista que permite categorizar como delito de trata una diversidad de actividades relacionadas con el comercio sexual y hace caso omiso, tanto de las diferentes circunstancias que llevaron a las personas a realizar esta actividad como del consentimiento otorgado por las presuntas víctimas. Asimismo, ^{Maldonado Macedo (2020, p. 319)} describe la ley de trata de México como producto de una alianza entre el feminismo neo-abolicionista anti-prostitución y el Estado mexicano, que crea un dispositivo que mezcla dos fenómenos distintos: la trata con fines de explotación sexual y el comercio sexual, para fabricar tanto víctimas como victimarios.

Los estereotipos de género

La condición de inferioridad de la mujer bajo el código legal ibérico, cobró en el México colonial un elemento distintivamente agresivo como reflejo de la naturaleza de la relación sexual entre varones/conquistadores y mujeres/conquistadas (^{LeVine & Sunderland Correa, 1993, p. 79}). Las leyes coloniales otorgaron a las mujeres derechos y estatus diferentes a los de los varones. Para que la mujer adquiriese la condición de persona independiente, con plenos derechos, debía enviudar (^{Couturier, 1996, p. 30}). El modelo de conducta impuesto a las mujeres fue la imitación de las virtudes de la madre de Dios: virginidad, maternidad y abnegación. La mujer que imitaba a la virgen María era admirada y protegida. Por el contrario, la mujer que no se ajustaba al estrecho molde de abnegación, sacrificio y sumisión al páter familias era despreciada (^{Izcara Palacios, 2021c}).

La independencia de México no supuso una mejora sustancial del estatus legal de la mujer. La mayor parte de las leyes discriminatorias de la época colonial, que preservaban el orden jerárquico dentro de la familia, a través de la subordinación legal de la mujer casada a su marido, no se modificaron (^{Arrom, 1985}). Una visión estereotipada de la mujer, que reproduce el viejo modelo colonial bajo un nuevo molde (la Virgen de Guadalupe frente a la Malinche), jugó un papel importante en la construcción del nacionalismo decimonónico (^{Franco, 1989}). La Virgen de Guadalupe se estableció como símbolo de la mexicanidad. Como contraste, con el nacimiento del Estado mexicano, la Malinche se convierte en arquetipo de la traición y de la anti-mexicanidad (^{González Hernández, 2002, p. 89}). El marianismo guadalupano pasó a ser símbolo del nacionalismo y se constituyó en la ideología cultural de una nación dominada por el género masculino (^{Pastor, 2010, p. 274}), donde la mujer es juzgada a través de la comparación con el ideal que representa la Virgen de Guadalupe (^{Englander et al., 2012, p. 66}). El marianismo es el opuesto-complementario del malinchismo (^{González Hernández, 2002, p. 60}). La mujer mexicana idealizada es la madre-santa, abnegada y mártir, que es superior al varón, espiritual y moralmente, pero que acata y atiende todas las órdenes y deseos de este último (^{Englander et al., 2012, p. 69}). Como contraste, la Malinche representa a la mujer traidora, lasciva, que se revela contra la autoridad del páter familias, y no se conforma con permanecer encerrada en el hogar doméstico.

Durante gran parte del siglo XX, el modelo femenino prevalente en México siguió siendo el de mujer sumisa, buena madre y esposa fiel, recluida en la esfera doméstica, mientras el varón asumía el papel de proveedor (^{Baitenmann et al., 2007}). El ejemplo paradigmático de este escenario fue la campaña de limpieza social y moral de los años cuarenta contra las mujeres non sanctas, que buscaba consolidar una moral sexual basada en la familia para combatir el envilecimiento moral y el crimen (^{Santillán Esqueda, 2013}).

La mujer migrante desafía el orden natural de la estructura jerárquica patriarcal donde el varón es el proveedor y la mujer es recluida en el hogar. La mujer que abandona el terruño para proveer alimento para sus hijos representa el estereotipo de mujer mancillada que amenaza el orden patriarcal, porque desafía las relaciones de estatus que la someten y se emancipa del imaginario cultural tradicional (^{Femenías, 2011, p. 100}). Las mujeres migrantes forman parte del tipo de mujer sobre quien los varones ejercen su derecho natural anacrónico a violentarlas (^{Izcara Palacios, 2021b}). El resultado ha sido un incremento del número de crímenes ejecutados por hombres concentrados en cuerpos feminizados (^{Segato, 2016}; ^{Izcara Palacios, 2020b}). ^{Femenías (2011, p. 104)} interpreta la violencia machista hacia la mujer migrante como “la pretensión de restaurar un orden natural perdido, basado en una jerarquía patriarcal naturalizada”.

La mujer centroamericana cabeza de familia, que emigra sola, constituye el epítome de mujer traidora y lasciva, que trastoca el orden patriarcal establecido. Algunas académicas señalan que las mujeres migrantes centroamericanas en tránsito por México son categorizadas bajo un prisma moral como malas madres y asociadas con la prostitución y la inmoralidad sexual (^{Angulo Pasel, 2018, p. 898}; ^{Vogt, 2013, p. 770}). Esto las hace propensas a ser violentadas (^{Andrade Rubio, 2021a} y ^2021b; ^{Soria Escalante et al., 2021}). Estas afirmaciones provienen de estudios de corte cualitativo. La UNAM (Encuesta Nacional de Migración) y el CIDE (Encuesta Nacional México, las Américas y el Mundo) han realizado investigaciones científicas de corte cuantitativo que recaban información sobre las opiniones y actitudes de los ciudadanos mexicanos sobre los migrantes. Sin embargo, estos estudios carecen de un enfoque de género, ya que no desagregan las opiniones de la población mexicana hacia mujeres y varones migrantes. Estas encuestas muestran que la impresión de la población mexicana sobre los migrantes centroamericanos es algo favorable; aunque las opiniones hacia los migrantes de tránsito e indocumentados son más negativas que hacia quienes tienen documentos (^{Maldonado et al., 2018, p. 21}). Asimismo, los adjetivos, sentimientos y valores negativos hacia los migrantes ilegales quintuplican los adjetivos, sentimientos y valores positivos hacia ellos (^{Caicedo Riascos & Morales Mena, 2015}).

En las dos últimas décadas se ha producido un proceso progresivo de feminización de la migración centroamericana, que se acentuó a finales de 2018 con el surgimiento de las caravanas de migrantes (^{Varela Huerta, 2020, p. 249}; ^{Frank Vitale & Núñez Chaim, 2021, p. 42}). Han emigrado a México más mujeres centroamericanas que hombres (^{Monreal Gimeno et al., 2012, p. 1207}), y el número de mujeres que migran de forma autónoma, como principales proveedoras y jefas de hogar, no ha dejado de crecer en los últimos años (^{Alcalá Almeida, 2019, p. 29}).

La avalancha de mujeres migrantes que reniegan del rol de madres abnegadas, sumisas a un varón proveedor, o que abandonan el terruño como resultado de la violencia, la inseguridad alimentaria, los desastres naturales o la falta de oportunidades laborales, constituye el caldo de cultivo para una caza de brujas, que las convierte en chivos expiatorios de un delito que alarma a la sociedad (^{Andrade Rubio & Izcara Palacios, 2019a}, ^2019b, ²⁰²⁰). Las mujeres migrantes centroamericanas son encontradas culpables del delito de trata, no porque forman parte de complejas redes criminales que secuestran y retienen a las víctimas en contra de su voluntad, sino porque representan el epítome de la mujer traidora malinchista. Muchas de estas mujeres posiblemente son o fueron víctimas de trata, pero su estereotipo, opuesto al ideal marianista, desafía el orden patriarcal establecido. Las migrantes centroamericanas que viven del comercio sexual son, según las normas morales de las sociedades patriarcales: mujeres non sanctas, que fomentan el envilecimiento moral (^{Różańska, 2011, p. 7}; Izcara Palacios, 2020a). Por lo tanto, los guardianes del orden moral tradicional: policías locales, agentes migratorios, ministerios públicos y jueces, no dudan en declararlas culpables. Asimismo, el hecho de que estas mujeres se encuentren abandonadas por los consulados de sus países y carezcan del apoyo de dependencias gubernamentales que velen por sus derechos humanos (^{Evangelista García et al., 2016, p. 65}), las coloca en una situación de total indefensión.

Las mujeres migrantes centroamericanas son instrumentalizadas por una política criminal con un sesgo patriarcal debido a que son identificadas paralelamente como “malvadas”, por abandonar su rol de madres y dedicarse al comercio sexual y como víctimas vulnerables que carecen de capacidad para defenderse (^{Izcara Palacios, 2017}, ^2020a, ^2018b, ²⁰¹⁹ y ^2021a). Vulnerabilidad e inmoralidad son dos elementos aparentemente contradictorios; pero, es la síntesis de estas dos piezas lo que facilita la imputación del delito de trata a las mujeres migrantes. Debido a que son vulnerables e indefensas (^{Andrade Rubio, 2016}) son detenidas sin presentar resistencia y “gracias” a que son inmorales son rápidamente inculpadas (^{Izcara Palacios et al., 2017} y ^2019b). La ausencia de solidez moral de las mujeres migrantes justifica los procesos judiciales en su contra y de este modo se generan resultados expeditos en la lucha contra la trata. Por lo tanto, las mujeres migrantes que se encuentran en el mundo del comercio sexual constituyen el chivo expiatorio modélico que permite cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de la trata contemplados en la sección 110 de la TVPA.