Modernidad, biopolítica y gubernamentalidad en Occidente

La emergencia de la modernidad en Europa occidental, es posible gracias a la articulación de una serie de fenómenos y procesos que en muchos casos se superponen y en otros se desarrollan de forma paralela. La expansión colonial del capitalismo (hacia dentro y hacia fuera), el surgimiento de nuevas cosmovisiones fruto de la aparición de nuevos regímenes de verdad en la filosofía y en esos saberes que configuran la ciencia, o el establecimiento de nuevas técnicas de poder que se traducirán en innovadoras instituciones, constituyen algunos de los rasgos fundamentales en la eclosión de un patrón colonial de poder mundial.

Un patrón de poder que pudiese ser definido como heterárquico, ya que «no existe un nivel básico que gobierna sobre los demás, sino que todos los niveles ejercen algún grado de influencia mutua en diferentes aspectos particulares y atendiendo a coyunturas históricas específicas» (^{Castro-Gómez, 2007}, p. 170).

Ahora bien, al interior de las principales potencias europeas se inicia una reflexión y una práctica a finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, sobre la constitución de un nuevo arte de gobierno, a partir de una nueva racionalidad política, la razón de Estado, la consolidación de un sistema legal, y el desarrollo de una sociedad de soberanía acompañada de diversos mecanismos disciplinarios o lo que en otro momento definió ^{Foucault (1992}) como instituciones de secuestro.

La razón de Estado, atendiendo a un contexto de competencia entre los Estados europeos, posterior al Tratado de Westfalia (1648), instituye un primer conjunto tecnológico de poder, el sistema diplomático militar, que busca en primer término un equilibrio de fuerzas geopolíticas, es decir, está centrado en la política exterior. Este proceso establece las fuerzas armadas profesionales y permanentes, y el mecanismo disciplinario del cuartel.

De igual forma, en el marco de la razón de Estado, y el despliegue de políticas mercantilistas y cameralistas, se desarrolla otro conjunto tecnológico, un poder de tipo reglamentario y disciplinario, denominado, policía, que permite el cálculo y el robustecimiento del buen uso de las fuerzas del Estado. El saber que brinda la estadística es vital en este sentido para desarrollar una intensa política interior. La policía que constituye plenamente una tecnología biopolítica, va a desarrollar una serie de acciones de orden interno, que permitirá instaurar un gobierno político de las poblaciones bien definido. A partir de este momento, es que se empiezan a desplegar distintos mecanismos disciplinarios modernos (^{Foucault, 2008} [2004]).

A diferencia de su acción contemporánea de represión, la policía en los siglos XVII y XVIII se abocaba a varias tareas, entre las que destacaban, la reglamentación urbana, el control de la actividad de las poblaciones, por lo tanto, el trabajo, la educación, la moralidad, la salud, la circulación de los individuos y las mercancías, entre otras. El bienestar de la población y de la vida, son objeto de la policía.

La policía constituye un conjunto tecnológico biopolítico, ya que establece con claridad una relación de fuerzas entre gobierno y población, es decir, que implica:

toda una economía política de las fuerzas que gobierna todo un espacio complejo en el que entran en juego los productos del trabajo y su circulación, los recursos naturales, el comercio, pero también las maneras en que se disponen las ciudades, las condiciones de vida (como la salud, el hábitat, la alimentación y la educación), el número de habitantes, su longevidad, su vigor y su actitud para con el trabajo. (^{Barreto, 2006}, pp. 647-648)

En este contexto, los mecanismos disciplinarios modernos emergen en la primera mitad del siglo XVIII, estos se encargan de desarrollar una «anatomopolítica», ya que «está dirigida hacia el adiestramiento de los cuerpos» (^{Castro-Gómez, 2010}, p. 57). Para ^{Foucault (1993-1975)} , esta tecnología política del cuerpo desarrolla toda una microfísica del poder funcional a la acumulación capitalista, ya que, a través de los regímenes políticos, de los aparatos o de las instituciones se puede garantizar en buena medida la sumisión de las fuerzas y los cuerpos al régimen de producción fabril.

La corporalidad de los individuos se constituye en fuerza de trabajo productiva, por medio de un sistema bien estructurado de sujeción. Este sistema implica un aparato de normalización de los individuos, por medio de la formación y la corrección, para que estos se inserten al proceso productivo, garantizando su reproducción continua en función de una determinada norma (^{Foucault, 1992} 1978). «El cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido. Pero este sometimiento no se obtiene por los únicos instrumentos ya sean de la violencia, ya de la ideología» (^{Foucault, 1993, p. 33 ;1975}).

Sin embargo, pese a los avances registrados por la razón de Estado, el mercantilismo y la implementación de la policía, en la primera mitad del siglo XVIII se hace evidente que esta racionalidad gubernamental enfrenta una serie de obstáculos tanto históricos como institucionales. Para ^{Foucault (2008; 2004)} , el problema esencial reside en que la razón de Estado, aunque trata de gobernar sobre la población, todavía no la conoce de forma más precisa porque los saberes de la época no están a la altura para la aprehensión de ese novedoso objeto de conocimiento.

Por esta razón, la población como problemática de estudio motivará grandes transformaciones en los saberes; del análisis de las riquezas propio del mercantilismo se pasará a la economía política, de la historia natural se pasará a la biología, y de la gramática general a la filología histórica. Estos cambios, ya estudiados en Las palabras y las cosas (^{Foucault, 2005} 1966), van a implicar que el hombre como especie, agrupado en población, se convierte en objeto de estudio de la ciencia en un proceso general de redistribución de la episteme moderna. De esta forma, «si el hombre se ha convertido en un objeto para varias otras ciencias, hay que buscar la razón no en una ideología, sino en la existencia de esa tecnología política que hemos creado en el seno de nuestras sociedades» (^{Foucault, 2014, p. 256;1994};).

Con el incremento de los saberes en torno a la población, sobre todo a partir del desarrollo de la economía política, se desbloquea el arte de gobernar, haciendo su aparición una nueva forma de gubernamentalidad, atravesada por el programa del liberalismo, en donde la libertad no es solo una ideología, sino también una técnica de gobierno. Los instrumentos de esta racionalidad gubernamental liberal son: 1) la administración de los riesgos y la puesta en práctica de dispositivos de seguridad; 2) los controles disciplinarios panópticos; y finalmente 3) las políticas intervencionistas, la administración de la libertad y sus crisis (^{Foucault, 2007;2004}).

Con esta gubernamentalidad, se afianzan y se densifican tanto el sistema legal como los mecanismos disciplinarios, pero también hacen su aparición los dispositivos de seguridad. En la gubernamentalidad contemporánea, la economía política actúa como principio de limitación interna, es decir, el gobernante debe supeditarse a las orientaciones que den los economistas, porque es el mercado como lugar de formación de la verdad quien marca las pautas de la nueva razón gubernamental. No es casual que el homo œconomicus constituya junto a la sociedad civil, elementos indisociables de la tecnología gubernamental liberal (^{Foucault, 2007;2004}).

En este sentido, ^{Foucault (2008; 2004}) nos ofrece esta pormenorizada definición:

Por gubernamentalidad: entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Segundo, por «gubernamentalidad» entiendo la tendencia, la línea de fuerza que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar «gobierno» sobre todos los demás: soberanía, disciplina, y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno, y por otro el desarrollo de toda una serie de saberes. Por último, creo que habría que entender la «gubernamentalidad» como el proceso o, mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se «gubernamentalizó» poco a poco. (^{Foucault, 2008, pp. 115-116})

^{Foucault (2008;2004}) afirma que las bases más importantes que permiten que se desarrolle la gubernamentalización del Estado en Occidente, son la pastoral cristiana, la nueva técnica diplomático-militar y la policía. De igual forma, en otro texto expresa, que, si la razón de Estado va propiciar la forma política de un poder centralizado y centralizador, el pastorado influirá decisivamente en el perfeccionamiento de un poder individualizador, es por ello que los Estados modernos combinaron el juego de la ciudad y el ciudadano con el juego del pastor y del rebaño (^{Foucault, 1996 ;1994}). «Es decir que la gubernamentalidad opera no sólo a nivel molecular, sino también a nivel molar» (^{Castro-Gómez, 2010, p. 55}).

A mediados del siglo XVIII, la gubernamentalidad liberal debió desplegar mecanismos disciplinarios para ordenar las multiplicidades humanas y dispositivos de seguridad para regular las actividades de las poblaciones. Hay que destacar que en aquel contexto se registró un gran impulso demográfico y productivo debido a la revolución agrícola y a la posterior Revolución Industrial. Este proceso planteó el problema del aumento de la población flotante, cambiando la escala de los grupos que se trataba de normalizar y disciplinar; controlar el éxodo del campo a las ciudades, llevar a cabo la conversión de antiguos campesinos desposeídos a obreros industriales, fue parte de las grandes tareas de la nueva gubernamentalidad.

Por otro lado, se establece que el Estado para resguardar sus intereses debe vigilar y ejercer su poder sobre los hombres y mujeres como población y como seres vivos. El Estado incluso puede, de ser necesario, masacrar la población, ya que la tanatopolítica es el reverso de la biopolítica (^{Foucault, 2014 1994}).

Ahora bien, la gubernamentalidad ya en el siglo XIX perfeccionó un conjunto de técnicas políticas y de poder, tendientes a articular orgánicamente los individuos con el trabajo, para de esta forma llevar a término la conversión del cuerpo y el tiempo de los hombres y mujeres en tiempo de trabajo y fuerza de trabajo al servicio de la acumulación ampliada del capital mediante la extracción sostenida de plusvalía. Para lograr lo anterior fue «preciso que al nivel de la existencia del hombre se haya establecido una trama de poder microscópico, capilar, capaz de fijar a los hombres al aparato de producción, haciendo de ellos agentes productivos, trabajadores» (^{Foucault, 1992, pp. 138-139;1978}).

Para llevar a la práctica lo anteriormente planteado, fue necesario entre otras acciones, el surgimiento de las ciencias humanas (sociología, psicología, etc.) en el siglo XIX, como producto y respuesta de las problemáticas y fenómenos sociales desencadenados a raíz y en relación de la Revolución Industrial (^{Foucault, 2005;1966}). Articular la vida de los sujetos al aparato de producción, optimizar los mecanismos de control social, constituyen la matriz práctica que da origen al surgimiento de las ciencias sociales, impulsar la «modernización» es su tarea esencial, es decir, elaborar saberes y técnicas que lleven a la concreción, «la necesidad de disciplinar las pasiones y orientarlas hacia el beneficio de la colectividad a través del trabajo» (^{Castro-Gómez, 2009, p. 195;2000}).

Visto este proceso de desarrollo de la modernidad, la biopolítica y la gubernamentalidad en Europa occidental del siglo XVII al siglo XIX, vamos a revisar, brevemente como se despliegan, las biopolíticas y la gubernamentalidad en la Venezuela atravesada por la colonialidad del poder, entre los siglos XIX y primera mitad del siglo XX.

Venezuela decimonónica: biopolíticas dispersas y gubernamentalidad precaria

La situación de Venezuela luego de las Guerras de Independencia, y la fragmentación del proyecto de República de Colombia (1821-1830), era ruinosa, una escasa integración económica y social en un enorme espacio geográfico. El conflicto bélico continental contra el poder colonial español, registró en el territorio venezolano su más alta intensidad, fue el escenario más sangriento y destructivo, por lo cual la situación en 1830 era delicada.

Para dar una idea, de la ruina económica, consecuencia de la gran destructividad de la guerra, ^{Brito Figueroa (1993)}, informa que, durante el conflicto, el ganado vacuno se redujo de 4.500.000 reses a 256.000, mientras que la producción de cacao (principal rubro de exportación) disminuyó en un 80% y los precios cayeron un 60%.

Aun cuando se había logrado el fin del colonialismo, con la expulsión del poder metropolitano hispano, la colonialidad del poder, del ser y del saber, se mantuvo prácticamente intacta durante el siglo XIX. La estructura económica agraria, las relaciones de producción racializadas, eran prácticamente las mismas existentes durante el periodo colonial.

Queda claro que el móvil fundamental de las oligarquías criollas no era transformar profundamente la estructura económica y social, ni tampoco la integración con otras unidades político administrativas heredadas de la colonia, el afán de esta élite exportadora era colocar directamente sus productos en el creciente mercado de Europa occidental (^{Silva Michelena, 1973}).

Asumiendo un papel subordinado en la división internacional del trabajo, Venezuela se afianzó como un proveedor de materias primas agrícolas de la naciente industria europea, en compradora de bienes industriales y manufacturados, finalmente en deudora de la banca internacional. Durante el siglo XIX hasta las dos primeras décadas del XX, es «el crecimiento de la demanda mundial de productos agrícolas, originada en los países capitalistas industrializados, lo que constituye el motor del desarrollo económico y social de Venezuela» (^{Aranda 1984}, p. 39). Este país, aunque formalmente había alcanzado la independencia, estaba encuadrado por la gubernamentalidad geoeconómica que las potencias hegemónicas del sistema mundo moderno/colonial ejercían hacia afuera, «en su intento de asegurar el flujo de materias primas desde la periferia hacia el centro» (^{Castro-Gómez, 2009, p. 203;2000}).

La independencia nacional constituyó una revolución política porque se formaron nuevas formas de gobierno, inspiradas en modelos republicanos liberales. Fueron desalojados del poder las autoridades monárquicas y fueron sustituidas por representantes de las oligarquías criollas. Se superaron formas monárquicas de Estado por formas republicanas. Pero todos estos cambios políticos no transformaron sustancialmente las relaciones de propiedad y de producción, es decir, la estructura económica sufrió pocos cambios en su funcionamiento, lo que si hubo fue una enorme destrucción de fuerzas productivas como consecuencia de dicho conflicto, y las varias guerras civiles que se registran hasta 1904. De igual forma, en el plano de las instituciones sociales los cambios registrados fueron muy leves, la estructura familiar, el racismo y el patriarcado se mantuvieron íntegramente.

Aunque su participación en el proceso de independencia es determinante, los pardos, pese algunas concesiones no logran la igualdad; la esclavitud de las poblaciones afrodescendientes persistirá algunas décadas hasta convertirse en peonaje, y los pueblos indígenas seguirán siendo segregados y desplazados de sus territorios. En el caso de las mujeres, estas no son la excepción, la cultura misógina se mantendrá, afianzándose el androcentrismo en diversos niveles.

Si bien es cierto, el régimen de casta o estamental fue abolido formalmente por la legislación republicana, el carácter censitario de la definición de ciudadanía mantuvo la discriminación étnica, pero ya atendiendo más a una distinción de clase. Es decir, siendo los explotados y empobrecidos en su mayoría la población de color; la racialización de las relaciones de poder se mantuvo prácticamente intacta. Como sucedió en el resto de Occidente y en mundo colonial, el «discurso de la guerra de las razas… el discurso de la superioridad física, étnica y moral de unas poblaciones sobre otras, se convierte en un dispositivo biopolítico del Estado moderno» (^{Castro-Gómez, 2007, p. 158}).

Teniendo en cuenta que la biopolítica busca favorecer un proceso de corrección y normalización de la población. El biopoder asume como enemigos de la sociedad a todas aquellas razas o grupos que no se ajusten a la norma poblacional deseada (^{Castro-Gómez, 2007}). El racismo es, por tanto, uno de los principales dispositivos biopolíticos heredados de la colonización hispana, que servirá para encuadrar la sociedad venezolana en el siglo XIX.

En otro orden, durante este periodo histórico, donde es imperativa la construcción de la nación venezolana, de la venezolanidad, y donde se da una invención de la ciudadanía a partir de una sociedad estamental, todo este proyecto de modernización para las élites liberales, adquiere el carácter de una empresa civilizatoria. La barbarie debe ser domesticada o erradicada, «tanto campos como ciudades, hombres y hábitos, ideas y sensibilidades, debían ajustarse a los moldes de una modernidad europea, abandonar viejas tradiciones» (^{González Stephan, 1994, p. 109}).

Crear la nación, la república, implicaba acondicionar las ciudades y forjar la ciudadanía. El proyecto nacional modernizador, es esencialmente urbano y letrado. La comunidad nacional es un diseño escriturario, porque el poder y la legitimidad de la escritura, permiten desplegar tres técnicas disciplinarias y de subjetivación: constituciones, gramáticas y manuales de urbanidad (^{González Stephan, 1999}). «La escritura se erige en el espacio de la ley, de la autoridad, en el poder fundacional y creador de las nuevas entidades» (González Stephan, 1994, p. 111).

Las constituciones, las leyes, las gramáticas y los manuales, por su carácter normativo y prescriptivo, permitirán desarrollar nuevas subjetividades, prácticas y hábitos en la población letrada. ^{González Stephan (1994}) agrega, que, junto a los documentos jurídicos y los manuales, también jugará un papel fundamental en la construcción de ese nuevo imaginario moderno, de nuevas sensibilidades, la literatura, la prensa y la folletería. Saber leer y escribir son condición necesaria para ser ciudadano y civilizado.

Las instituciones que durante el siglo XIX promueven el despliegue de estos mecanismos disciplinarios escritos, son el aparato legislativo y judicial del Estado, la escuela y la familia; por consiguiente, los actores que implementan y hacen cumplir el orden constitucional, lingüístico y conductual son el juez, el maestro y el padre de familia, son estas autoridades quienes deben velar por el acatamiento de la norma escrita (^{González Stephan, 1999}).

Para algunos autores (^{Castro-Gómez, 2009}; ^{Vázquez & Pérez Jiménez, 2012}), la escuela pública primaria o de primeras letras, constituía un importante mecanismo disciplinario en el régimen biopolítico que se construye en función de consolidar la ciudadanía nacionalista, hombres y mujeres «útiles a la patria». ^{Castro-Gómez (2008)} señala en otro texto (en relación a la Nueva Granada, pero también válido para la realidad venezolana), que las universidades jugarán un papel central en el mantenimiento y reproducción de las élites letradas, y en la exclusión de los sujetos subalternos del conocimiento académico y científico para garantizar el mantenimiento de su sometimiento.

De esta forma, vemos que, en Venezuela durante el siglo XIX, se pretendió construir un Estado nacional, liberal, moderno, con más o menos éxito, por medio de una gubernamentalidad y una serie de mecanismos biopolíticos. Sin embargo, lo que resalta cuando se hace una revisión de la implementación, densidad y alcance de la gubernamentalidad liberal, salta a la vista su carácter disperso y precario, inorgánico y artificial, hecho reconocido por ^{González Stephan (1994; 1999}).

Mientras que, en Europa occidental, la explotación colonial de América, la revolución agrícola y la Revolución Industrial, crearon las condiciones materiales necesarias para que se registrase un vigoroso crecimiento demográfico durante el siglo XVIII, el escaso desarrollo de las fuerzas productivas tanto en el campo como en la ciudad en la Venezuela decimonónica, implicó que en este país el crecimiento vegetativo de la población fuese moderado. Este dato es relevante, porque el afianzamiento y despliegue de la gubernamentalidad liberal tiene que ver con un incremento sustancial de la productividad social, de la disposición por parte del Estado y los actores privados de fuertes recursos financieros y materiales, y finalmente incide una densidad poblacional sustantiva en un territorio bien interconectado.

^{Sanoja Obediente (2011}) nos aporta algunos datos; la población venezolana entre 1830 y 1891, pasó de 830.000 habitantes a 2.323.527 habitantes en un territorio de 916.000 Km². El número de personas que arribaron como inmigrantes a Venezuela para 1891, apenas alcanzaba los 36.606 extranjeros, concentrados en las 7 principales ciudades del país, un número exiguo teniendo en cuenta que en varias ocasiones los gobiernos intentaron promover la llegada de europeos, para el «blanqueamiento» de la población.

En otro orden, la deficitaria existencia de vías de comunicación, mantuvo prácticamente aisladas diversas regiones y localidades del interior del territorio venezolano. Lo que propició la emergencia de diversos poderes de facto de tipo caudillista, con considerable autonomía en relación al poder estatal asentado en Caracas.

Las enfermedades relacionadas a situaciones vinculadas a la depauperación económica y ausencia de normas de higiene hacían estragos en el seno de la población; tanto 1832 como 1856, fueron años donde el paludismo causó un impacto significativo en los habitantes de diversas regiones. En 1854 el cólera morbo se extendió por toda Venezuela, de tal forma que la mortalidad infantil durante el periodo fue en promedio del 35 %.

Las grandes mayorías de la población venezolana, estaban constituidas por mestizos campesinos iletrados que vivían en zonas rurales, solo una minoría de la población nacional habitaba los principales centros urbanos, y una minoría más pequeña estaba alfabetizada.

Importantes núcleos poblacionales de negros libertos y cimarrones establecieron grandes enclaves étnicos autárquicos, en varias zonas del litoral caribeño. De igual forma, poblaciones indígenas de diversas etnias de considerable densidad, mantuvieron, gracias al aislamiento, una relativa autonomía en varias zonas de la cordillera andina, los llanos, la Amazonía y el delta del Orinoco (^{Sanoja Obediente, 2011}).

Observando estas condiciones, es evidente que la implementación de los mecanismos disciplinarios de escritura, a saber, la Constitución, las leyes, las gramáticas y los manuales, tuvieron un limitado impacto porque la mayoría de la población era analfabeta. Estos mecanismos solo permitieron «civilizar» las conductas de los habitantes letrados de las ciudades, y constituyeron mecanismos de subjetivación a lo interno de las élites.

En el caso de la Constitución y las leyes, el andamiaje jurídico en buena medida no era acatado en un territorio extenso donde muchas poblaciones estaban aisladas, y donde siguieron imperando formas de poder violento y arbitrario. Al Estado nacional se le hacía imposible ejercer su jurisdicción, su soberanía, en buena parte del territorio nacional. El poder de Estado se hacía sentir en un territorio limitado a la parte central de Venezuela, de resto, el país era gobernado por oligarquías locales y regionales cuya relación con el poder central era frágil.

De igual manera, el sistema escolar venezolano durante el siglo XIX, era sumamente limitado. Aun cuando hubo leyes, decretos y oficinas de importancia, el número de escuelas, apenas alcanzaba para atender un pequeño porcentaje de niños y niñas. La educación pública cubría un radio de acción muy pequeño, y la educación privada era selecta, racista, clasista y sexista, solo accesible a las élites económicas.

En 1841 había 316 escuelas entre públicas y privadas, con una población de 9.523 estudiantes, esto implicaba que solo el 5 % de los niños en edad escolar en Venezuela estaban escolarizados. Ya en 1883, y gracias a políticas importantes promovidas desde 1870 por el gobierno de Guzmán Blanco, había en el país, 1.708 escuelas entre federales, municipales y privadas, con una población estudiantil de 91.242 niños, niñas y adolescentes, aproximadamente, un 25 % de la población en edad escolar (^{Martínez Vásquez, 2006}). Hay que advertir, que este mejoramiento en la cobertura educativa sufrió un retroceso significativo entre 1890 y 1935.

En el caso de las universidades la situación es más frágil, ya que apenas a lo largo del siglo XIX funcionan dos núcleos en todo el territorio nacional, la Universidad Central de Venezuela en Caracas, y la Universidad de los Andes en Mérida. En 1891 se crea la Universidad del Zulia, en 1892 la Universidad de Carabobo, y en 1897 la Universidad de Lara; sin embargo, en 1904, estas tres instituciones son cerradas por el Gobierno de Cipriano Castro (^{Rojas, 2005}). En términos cualitativos, la formación universitaria de la época se mantendrá en buena medida anclada en el modelo de la universidad colonial hispana, solo a partir de 1866 gracias a la influencia de Rafael Villavicencio, se introduce en la Universidad Central de Venezuela el pensamiento positivista, y se inicia con mayor decisión la ciencia experimental en el país.

Ahora bien, en el caso, de dos instituciones estudiadas por Foucault como modelos de mecanismo disciplinarios, destacan el hospital psiquiátrico y la prisión, la situación de estas dos instituciones en Venezuela durante el periodo histórico estudiado, evidencia la fragilidad de los dispositivos biopolíticos con los cuales contaba la gubernamentalidad republicana.

En el caso del desarrollo de la psiquiatría, el Dr. Manuel Matute (^{Oliveira, 2001}), nos informa que entre los años 1874 y 1924, el tratamiento de las enfermedades mentales en el país era limitado debido la «escasez de recursos, la precariedad de los métodos, la ausencia de personal debidamente preparado y muchas otras carencias» (Oliveira, 2001, p. 1). Es en 1874, cuando Guzmán Blanco decreta la creación de una Casa de Beneficencia, después denominada Junta de Beneficencia, que abre el primer departamento para el tratamiento de enfermos mentales. Posteriormente en 1876, es creado un asilo para personas con trastornos mentales en la ciudad de Los Teques. Finalmente, el Hospital Psiquiátrico de Caracas, es fundado en el año 1892, casi al final del siglo XIX.

Por otro lado, en relación a las prisiones, ^{Gómez Grillo (2003}) expresa que, en el año 1841, se decreta la creación de tres casas de corrección o penitenciarías, una en Caracas, y las otras dos en Cumaná y Maracaibo. Sin embargo, estas prisiones nunca se inauguran. En 1854, se da apertura a la cárcel de La Rotunda, un verdadero hito arquitectónico penitenciario, teniendo en consideración que su construcción asumió el estilo panóptico, «diseñado de acuerdo con las exigencias previstas por el creador de este tipo de prisión, el filósofo inglés Jeremy Bentham» (Gómez Grillo, 2003, p. 173). Empero, durante buena parte de su existencia funcionó más como un centro de tortura de presos políticos.

Posteriormente, el 11 de diciembre de 1882, se decreta el establecimiento de tres penitenciarías usando como espacios castillos coloniales: la Penitenciaría del Centro, en el castillo «Libertador» de Puerto Cabello, la Penitenciaría de Occidente, en el castillo «San Carlos» de Maracaibo y la Penitenciaría de Oriente, en el castillo «San Antonio» de Cumaná. «Se organiza el régimen interno de los tres penales y se crea el cargo de Inspector General de Cárceles y Penitenciarías» (^{Gómez Grillo, 2003}, p. 174). En 1896, se decretó la construcción de tres infraestructuras para sustituir los castillos como lugares de reclusión, pero lamentablemente las obras nunca se ejecutaron.

Para ir concluyendo, es importante señalar, que durante buena parte del siglo XIX el Estado venezolano, no contó con un ejército nacional, profesional y permanente, el Ejército Libertador fue disuelto en los primeros años de vida republicana, las fuerzas armadas estaban más bien constituidas por milicias campesinas pobremente dotadas.

Hubo dos instituciones articuladas, que tuvieron un mayor alcance e incidencia en la sociedad venezolana, que ejercieron un papel disciplinador y de vigilancia más efectivo para la convivencia y la socialidad, estas fueron la Iglesia católica y la familia tradicional. Estas instituciones, que inserta el colonialismo hispano desde el siglo XVI, tuvieron un despliegue territorial durante el primer siglo de vida republicana, mayor que cualquier otra institución.

Es así como podemos constatar, que desde 1830, hasta prácticamente 1915, el Estado venezolano adolece de la suficiente fortaleza necesaria para ejercer su jurisdicción en todo el territorio nacional. La centralización del Estado es frágil, la modernización de la vida social es apenas perceptible en algunas ciudades. Los distintos mecanismos disciplinarios, biopolíticos, actuaban de forma dispersa, en una población relativamente pequeña, distribuida en un amplio territorio poco interconectado. Todo ello planteaba un escenario donde la pretendida gubernamentalidad liberal era precaria.

Venezuela, petro-Estado y consolidación de la gubernamentalidad moderna

A partir de 1870, Venezuela registró una leve aceleración en su proceso de modernización y consolidación del Estado nacional liberal, se expandió la educación pública, se profundizó la separación de la Iglesia y el Estado, apareciendo instituciones civiles y laicas, así como se construyeron y mejoraron los caminos. Sin embargo, es a partir de la llegada al poder de la Revolución Liberal Restauradora (1899), que se consolida la centralización del Estado, sobre todo bajo el impulso material, que implicaron el aumento sustancial de los ingresos fiscales por concepto de explotación petrolera a partir 1914 en adelante.

Los importantes ingresos, frutos de la explotación petrolera (pese a la baja carga impositiva a las compañías transnacionales), permitirán al Estado mediante el gasto corriente, afianzar su modernización, consolidando las condiciones para la unificación política nacional y para el surgimiento de diversas instituciones e infraestructuras que organizarán la vida nacional, por la vía de aparatos formales de coerción y consenso, de mecanismos disciplinarios y dispositivos de seguridad.

Así mismo, se crea un ejército moderno de alcance nacional que logra liquidar definitivamente el régimen caudillista. Es decir, el petróleo permite llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso de centralización del poder político, iniciado por ^{Castro (1899-1909)} y continuado por Gómez (1909-1935). Creó condiciones materiales que facilitaron la construcción de carreteras y edificios públicos, el crecimiento del aparato burocrático, de diversas instituciones, teniendo como consecuencia, la constitución de una nueva disciplina social.

Entre 1910 y 1937, se construye y consolida en Venezuela el sistema diplomático-militar. Por primera vez, este país, tendrá embajadas y representaciones consulares, en buena parte del mundo. De igual forma, la Fuerza Armada nacional se profesionaliza, se hace permanente, se crean novedosos componentes con equipamiento tecnológico (aviación, naval, etc.), se construyen cuarteles y destacamentos en diversos lugares del territorio nacional que durante el siglo XIX estuvieron aislados.

Por otro lado, Venezuela se afianza como una formación capitalista dependiente, una economía regida por la lógica del rentismo petrolero. El concepto de capitalismo rentístico proviene del hecho que el país (más específicamente el Estado venezolano) disfruta del ingreso de divisas fruto de la comercialización petrolera, por el mero hecho de tener un importante recurso energético en su territorio. Se trata de una forma peculiar de renta de la tierra, donde el Estado recibe una transferencia de poder internacional de compra desde el resto del mundo a su favor, por su condición de propietario del subsuelo venezolano, cuyos recursos son de interés estratégico (^{Baptista, 2010;1997}).

De acuerdo a ^{Coronil Ímber (2013;1997}), la consolidación del capitalismo rentístico petrolero en Venezuela, afianza su carácter de país exportador de naturaleza. Es tal la importancia que adquiere el petróleo en la dinámica nacional, que, a partir de 1926, pudiésemos hablar de la consolidación de un petro-Estado, que además de monopolizar la violencia política, también monopoliza la riqueza natural, transformándose de esta manera en un agente trascendente y unificador de la nación.

Solo cuando se transformó en mediador entre la nación y las compañías petroleras foráneas, a principios del siglo XX, fue que el Estado adquirió la capacidad política y los recursos financieros que le permitieron aparecer como un agente independiente capaz de imponer su dominio sobre la sociedad (^{Coronil Ímber, 2013, p. 40;1997}).

Gracias a los cambios que se registran en la sociedad venezolana, se impulsa el crecimiento de la población y el acondicionamiento del espacio para la reproducción del capital. Se transforma radicalmente el modo de vida de los venezolanos y venezolanas (^{Córdova Cañas, 1980}). El paso de una sociedad rural a una sociedad urbana, que se da entre 1930 y 1960, va implicar un cambio sustancial de la moralidad, del marco axiológico que enmarca los comportamientos sociales en el país, nuevas actitudes sociales, nuevas formas de conciencia social se despliegan, aparece eso que el maestro Rodolfo ^{Quintero (2014 1972}) denominó la cultura del petróleo.

Todos estos cambios en Venezuela fueron acompañados y apuntalados por la consolidación de una serie de mecanismos disciplinarios y dispositivos de seguridad, que implicaron el afianzamiento de una gubernamentalidad liberal, que apenas pudo ser esbozada en el siglo XIX pero que nunca se pudo ejecutar plenamente. El fortalecimiento del Estado nacional entre 1935 y 1941, implicó la creación de los ministerios de Educación, Trabajo, Sanidad y Asistencia Social respectivamente, lo que constituía una expresión de la promoción de la educación nacional, la salud pública y la implantación de un régimen fabril-industrial. Cada una de estas instancias fue acompañada por la promulgación de instrumentos jurídicos tales como: la primera Ley del Trabajo, la Ley de Educación, la Ley del Seguro Social Obligatorio, entre otras. De 1935 a 1965, se despliegan de forma extensiva e intensiva en buena parte del territorio nacional y cubriendo la mayoría de la población, los mecanismos biopolíticos escolares, hospitalarios y fabriles.

Las universidades venezolanas, también recibieron un impulso luego de 1935, entre esta fecha y 1965, se crearon una serie de instituciones de educación superior, que cubrían las principales ciudades territorio nacional. Además de la Universidad Central y la Universidad de los Andes, en 1936 se funda el Instituto Pedagógico Nacional; en 1946 reabre sus puertas la Universidad del Zulia; posteriormente en 1954 se crean las primeras dos universidades privadas de Venezuela, la Universidad Santa María y la Universidad Católica Andrés Bello; en 1958 inician actividades la Universidad de Carabobo y la Universidad de Oriente; finalmente resalta en este periodo la creación en 1962 de la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado. Por otro lado, estas universidades durante el periodo modernizaron sus contenidos y programas de estudios, las ciencias naturales, económicas, y sociales se desarrollan por primera vez con intensidad (^{Rojas, 2005}).

En el caso de la psiquiatría en Venezuela, durante ese período se registran algunos hitos de importancia, como la fundación de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría (SVP) en el año 1942; a partir de 1953, se empiezan a publicar los Archivos Venezolanos de Psiquiatría y Neurología; en 1959 la Universidad Central de Venezuela inaugura el primer curso de postgrado de psiquiatría; y finalmente, en el hospital general «José María Vargas», se crea el servicio de psiquiatría en 1960 (^{Oliveira, 2001}).

Con cuanto al sistema penitenciario, ^{Gómez Grillo (2003}), afirma, que a partir de la publicación del libro, Organización penitenciaria venezolana de Tulio Chiossone, nace el penitenciarismo moderno en Venezuela; este abogado en 1937 es nombrado Inspector general de Cárceles y Penitenciarías, y a partir de ahí apuntala la promulgación de la Ley de Régimen Penitenciario. Posteriormente, bajo el influjo de este pensador, se inaugura en 1947, la Penitenciaria General de Venezuela, en San Juan de los Morros; siguiendo este modelo arquitectónico en la década del 50 se construyen y entran en funcionamiento las cárceles nacionales de Trujillo y San Cristóbal, la Cárcel Modelo de Caracas, la Colonia Móvil de Trabajo de El Dorado, la Cárcel de San Felipe. Chiossone consideraba que la modernización del sistema penitenciario pasaba por elaborar aspectos legales, aspectos arquitectónicos y la formación de recursos humanos.

Todo este desarrollo del despliegue y expansión de estos mecanismos disciplinarios, fue imprescindible para implementar una «anatomopolítica» que diera al traste con los códigos y hábitos mentales preindustriales; era pertinente un sistema estructurado de sujeción, necesario para adiestrar los cuerpos, garantizando la sumisión de las fuerzas al régimen de producción fabril, en función de la acumulación capitalista. Al igual como sucedió en la Bogotá de las primeras décadas del siglo XX, «la industrialización del país demandaba una nueva relación de las personas con el movimiento, y con ello la emergencia de unas subjetividades cinéticas capaces de hacer realidad el orden social imaginado… por las élites liberales del siglo XIX» (^{Castro-Gómez, 2009a, p. 12}). Por otro lado, era vital forjar ciudadanos y ciudadanas apegados al ideal nacional.

Mediante la consolidación del Estado nación venezolano, a partir del poderío financiero que aportó el usufructo de la renta petrolera, en Venezuela pudo desplegarse finalmente esa gubernamentalidad liberal, que en buena medida fue diseñada y deseada por las clases gobernantes durante las primeras décadas de vida republicana. El petro-Estado venezolano gracias a los cambios económicos, políticos y culturales, estuvo en capacidad a partir de 1935, de desplegar con suma intensidad y alcance diversos conjuntos tecnológicos de poder y gobierno, para disciplinar y vigilar a la población venezolana y encuadrarla en las políticas desarrollistas e industrializadoras. La ciudadanía moderna siguió siendo un objetivo imprescindible en la búsqueda de un proceso de subjetivación funcional al capitalismo colonial moderno.