Introducción

Hacia fines del siglo XX, la región latinoamericana y caribeña se vio inmersa en una serie de modificaciones constitucionales que pretendían solucionar las problemáticas producidas por las diferencias raciales y étnicas. Países como Brasil (1988), Colombia (1991), Perú (1992), Argentina (1994), Ecuador (1997) y Venezuela (1999) llevaron a cabo reformas en sus constituciones nacionales dando lugar al llamado «giro multicultural» (^{Agudelo & Lemos Igreja, 2014}) o al «multiculturalismo neoliberal» (^{Lao-Montes, 2018}). Si bien los movimientos sociales, en particular los colectivos afrodescendientes e indígenas, se preocupaban por visibilizar y denunciar los anclajes estructurales de las discriminaciones, violencias y desigualdades raciales y étnicas instauradas a partir de la conquista y la invasión europea en 1492, los diversos Estados latinoamericanos y caribeños atribuían dichas diferencias a una cuestión meramente cultural y folklórica. Por ejemplo, países como Nicaragua y Colombia quienes modificaron sus constituciones en 1987 y 1991 respectivamente, se enunciaron como Estados multiétnicos, interculturales y plurinacionales, aunque, al mismo tiempo, la consolidación del modelo neoliberal produjo un incremento en las desigualdades sociales (^{Curiel, 2013}).

Asimismo, en dicho contexto, diversos colectivos afrodescendientes, indígenas y feministas comenzaron a implementar nuevas herramientas organizativas y estrategias para combatir las implicancias del modelo neoliberal que traía un recrudecimiento de las violencias y discriminaciones. Las redes de articulación nacional, regional e internacional, fueron una nueva forma de encuentro y confluencia entre las organizaciones y movimientos preexistentes con el propósito de hacer frente al avance de las políticas neoliberales (^{Agudelo & Lemos Igreja, 2014}; ^{Curiel, 2007}; ^{Lao-Montes, 2009}). Una de ellas fue la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) surgida en 1992 en República Dominicana en el marco de la celebración del I Encuentro de Mujeres Negras de América Latina y el Caribe. Como uno de sus principales objetivos, dicho espacio de articulación política se proponía luchar contra las diversas violencias y discriminaciones que las mujeres negras de la región debían enfrentar, comprendiendo al racismo, al sexismo, a la sexualidad y a la pobreza de manera imbricada (^{Busquier, 2022}).

Tomando como punto de partida el nacimiento de dicha red de articulación, en este escrito propongo abordar una de las definiciones políticas más importantes que impulsó la RMAAD. Ésta se vincula con el modo en que la RMAAD entendía el cruce entre las categorías de género, raza, clase y sexualidad y cómo esto afectaba puntualmente las realidades de las mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe. En investigaciones anteriores indagué sobre los diversos eventos políticos y sociales que propiciaron el nacimiento de la RMAAD en 1992, entre los que se destacan, en primer lugar, las reformas constitucionales y el auge del neoliberalismo multicultural antes señalado. Segundo, los festejos impulsados por diversos Estados latinoamericanos en 1992 «celebrando» la llegada de los europeos a América en 1492, los cuales desataron una serie de movilizaciones por parte de los colectivos afrodescendientes e indígenas. Por último, los debates sostenidos en el interior de los feminismos, particularmente en la celebración de los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe desde 1981, donde diversos grupos de mujeres afrodescendientes e indígenas se ocuparon de denunciar las violencias raciales que debían enfrentar en el interior del movimiento feminista (^{Busquier, 2022}).

En esta oportunidad, me centraré específicamente en recuperar tres de sus iniciativas más importantes: el reclamo por la inclusión de la variable étnico-racial y de sexo en los censos², su visión sobre el trabajo doméstico remunerado, el cual en su mayoría es ocupado por mujeres racializadas, y el reconocimiento, acceso y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres afrodescendientes. Para ello, en un primer apartado, analizaré en qué consistía la perspectiva interseccional adoptada por la RMAAD, es decir, qué entendía por interseccionalidad y cómo esto afectaba las realidades de las mujeres negras de la región. Esto permitirá indagar, en los siguientes apartados, las tres iniciativas antes mencionadas las cuales tenían como propósito principal combatir el entramado de opresiones en nuestra región.

En cuanto a la estrategia metodológica seleccionada para llevar a cabo esta investigación de carácter empírico, me basé en entrevistas en profundidad realizadas a siete activistas de la RMAAD durante el 2019 y en documentos escritos tales como boletines oficiales, declaraciones y balances publicados en la página web de la organización³. Por último, es importante señalar que este escrito se enmarca en una investigación mayor donde se llevó a cabo la reconstrucción de la trayectoria política de la RMAAD desde sus orígenes hasta el 2019, momento en que se realizó el trabajo de campo mencionado, incluyendo sus reivindicaciones más importantes, sus debates y tensiones internas y cómo los diversos eventos políticos de las últimas décadas permearon en sus definiciones e iniciativas políticas.

«Una compleja telaraña de intersecciones»: el entramado de opresiones según la mirada de la RMAAD

La raza no es ni más mítica ni más ficticia que el género -ambos son ficciones poderosas-. (^{Lugones, 2008, p. 94} )

En este apartado abordaré una de las definiciones políticas principales de la RMAAD, esta es, cómo entendía la intersección entre las categorías de raza, género, clase y sexualidad. Esta mirada interseccional estará presente de manera transversal en sus definiciones políticas, declaraciones y líneas estratégicas de intervención a lo largo de su trayectoria política.

En términos generales, la interseccionalidad propone que racismo y sexismo no pueden ser pensados de manera fragmentada debido a que éstas son las variables estructurantes de las desigualdades y discriminaciones presentes en la sociedad. Estas variables se fusionan y se co-constituyen como «hechos» biológicos en el entramado social naturalizando y reproduciendo las desigualdades económicas, raciales y de género (^{Stolcke, 2000}). Clase-raza-género conforman una matriz de dominación donde se produce una clasificación social y se genera una idea particular de lo que es ser «mujer negra» (^{Hill-Collins, 2000}). A su vez, la interseccionalidad también opera como una teoría crítica ante el feminismo blanco poniendo en evidencia la necesidad de incorporar la variable racial en las luchas feministas y la variable de género en las resistencias antirraciales. Las mujeres negras, a partir de sus experiencias en función de su raza, género y clase, emplean esa condición de «otredad» como punto de partida para llevar adelante un activismo que cuestione la hegemonía racista, clasista y de género (^{hooks, 2004}).

Mara ^{Viveros Vigoya (2016}) agrega que la perspectiva interseccional, además de contemplar las imbricaciones producidas entre las múltiples opresiones a la hora de entender las singularidades de las mujeres negras, también puede ser pensada como un espacio donde las diversas posturas feministas puedan confluir en luchas conjuntas o en diferencias que las separen. El desafío radica en pensar estas posturas o teorías contextualizadas en un lugar y un espacio determinado para evitar caer en una despolitización de la interseccionalidad y en una pérdida de su mirada crítica (Viveros Vigoya, 2016; Parra & ^{Busquier, 2022}).

En ese sentido, la RMAAD se posicionó críticamente sobre el lugar que debían ocupar las mujeres negras en el contexto latinoamericano y caribeño. Al respecto, Ana, una de las entrevistadas, enunciaba⁴:

El racismo y el sexismo determinaban que las mujeres afro estuvieran en la pirámide social, en el escalón más bajo, que la situación era muy grave, que los indicadores mostraban que había un déficit muy importante en términos de trabajo, de salud, de educación, que las mujeres afro ocupaban las periferias de las ciudades, que de alguna manera la situación social y económica a la que estábamos insertas éramos reproductoras de pobreza y de exclusión social, por lo cual nuestros reclamos tenían que ver también con generar acciones y políticas que fortalecieran y empoderaran los procesos de las mujeres afro. (Ana, uruguaya, 2/5/2019)

Una mirada interseccional sirve para desentrañar cómo se conjugan las desigualdades sociales y cómo estas se enlazan entre sí de manera múltiple, variada y recíproca (^{Platero, 2012}). La interseccionalidad cuestiona aquella imagen de un sujeto mujer universal que no contempla las especificidades que atraviesan las mujeres racializadas en tanto deben enfrentar diversos tipos de violencias y discriminaciones producidas por «la intersección dinámica entre el sexo/género, la clase y la raza en unos contextos de dominación construidos históricamente» (^{Viveros Vigoya, 2009}, p. 68). Vale decir que, en el contexto latinoamericano y caribeño, la lucha contra el régimen de poder que organiza a la sociedad a partir de los roles de género binarios (varón/mujer), no podrá concretarse sino es a partir de una visión antirracista, descolonial y anticapitalista (^{Espinosa Miñoso, 2016}).

En los documentos escritos de la RMAAD pueden encontrarse menciones a la interseccionalidad de manera literal o, en otros casos, existen otros modos de nombrarla como referencias a los entramados que se producen entre las categorías antes señaladas, la superposición o la multiplicidad de identidades. Por ejemplo, en un documento producido en el 2010 la RMAAD explicaba que la discriminación y la violencia hacia las mujeres afrodescendientes tenían que ver con «una compleja telaraña de intersecciones»:

La discriminación contra las mujeres, más que un agravante de los efectos del racismo hacia las afrodescendientes, es la expresión de una compleja telaraña de intersecciones que traen consigo exclusiones …. Llamamos la atención a la complicidad con las estructuras hegemónicas que se da al asumir las identidades como otredad, como lo extraño, como lo que no es normal. Esa complejidad hace que tejamos la telaraña como trampa y no como la casa que nos alberga con todas nuestras identidades, que nos da protección y nos permite tener fuerzas para retar a su vez las exclusiones. Hay que reconocer la multiplicidad de identidades que conforman a su vez la identidad de ser mujeres afrodescendientes. (2010b, p. 5, resaltado propio)

En otras palabras, las discriminaciones que deben afrontar como mujeres no generan una violencia mayor cuando se la combina con la de raza, sino que, por el contrario, forman parte de un sistema de opresiones que operan de manera conjunta en el mismo entramado social. Además, la RMAAD proponía que las mujeres afrodescendientes no debían autopercibirse como «la otredad» ya que eso fomentaría aún más las exclusiones que debían resistir por parte de los sectores hegemónicos. La apuesta radicaba en aceptar esas particularidades como parte de su identidad para luchar, desde ese lugar, contra las opresiones y violencias. Reconocer esa multiplicidad de experiencias dentro del feminismo afrodescendiente haría posible no privilegiar una experiencia por sobre otra, sino entender a éste de manera plural y heterogénea:

Somos personas con nacionalidad, raza, etnia, determinada capacidad física o sensorial, orientación sexual, identidad de género, identidad generacional y cualquier otra identidad, todas a la vez … Las personas idealmente deberíamos poder vivir con todas las identidades a la vez de una manera holística que nos permita ver la riqueza de la diversidad que somos cada quien, como personas completas, complejas y sanas. (^{RMAAD, 2010b, p. 8})

En esta «compleja telaraña de intersecciones» puede verse cómo se producen los entrecruzamientos de las diversas opresiones donde ninguna de estas es determinante ni predominante, sino que, por el contrario, actúan imbricándose en un mismo nivel produciendo desigualdades, violencias y discriminaciones. Además, según la mirada de la RMAAD, adoptar esta postura sobre la multiplicidad de experiencias incentivaría a un cambio epistemológico en la forma de ver, por ejemplo, a los derechos humanos. En una de sus publicaciones expresaba que, si bien reconocía que en los últimos tiempos se había adquirido una cierta perspectiva de género por parte de los organismos internacionales junto con una incipiente mirada hacia las problemáticas de los colectivos afrodescendientes, esto no se veía reflejado en el caso particular de las mujeres afrodescendientes donde ambas problemáticas deberían ser debatidas de manera articulada:

Por lo que hablar de los derechos humanos de las mujeres negras, de las afrodescendientes, es hablar del espacio necesario de identidad desde donde abordan la búsqueda de sus derechos como mujeres. Por esa razón hemos hecho gran énfasis en este escrito en el tema de las intersecciones étnico raciales y de género (^{RMAAD, 2010b, p. 34}).

En este punto resulta interesante mencionar que esta postura de pensar las realidades de las mujeres negras desde una perspectiva interseccional también iba dirigida hacia el feminismo blanco, ya que uno de los aportes principales de la creación de la RMAAD era que se abordara de manera particular las vidas de dichas mujeres y los alcances del racismo en sus vidas. Ante esto, Dora en su entrevista exponía:

Esto tiene que ver, además, con un cuestionamiento al feminismo hegemónico de la región, es decir, muchas de nosotras estábamos muy metidas en el movimiento feminista y siempre el tema del racismo, generalmente, nunca se abordaba. A lo máximo que hemos llegado era a realizar algunos talleres organizados por nosotras mismas, porque nunca las blanco-mestizas asumieron el tema del racismo ni todavía hoy lo asumen dentro de sus prioridades políticas. (Dora, dominicana, 17/1/2019)

Las críticas hacia el feminismo blanco por no incorporar la variable racial en sus agendas provienen de varios años antes, cuando grupos de feministas negras de los Estados Unidos y de Brasil en la década del sesenta del siglo pasado, comenzaron a cuestionar a las organizaciones feministas blancas. Estos cuestionamientos ayudaron a visibilizar el lugar secundario que ocupaban las mujeres negras en el interior del colectivo de mujeres. A su vez, estos cuestionamientos disputaron la idea de que el género es la única categoría determinante para explicar la opresión de las mujeres, lo cual impedía construir una propuesta política consistente que les permitiera abordar a todo el colectivo de mujeres contemplando sus pluralidades y heterogeneidades. Ante esto, Marta comentaba:

El movimiento imperante es el movimiento feminista blanco y entonces por supuesto imponía las agendas. Siempre el tema del racismo, el tema de la mujer negra, se relegaba, entonces cuando muchas de nosotras discutíamos para retomar todo eso con más fuerza y más prioridad, siempre había divergencias en ese sentido. (Marta, dominicana, 3/5/2019)

Adoptar una mirada interseccional para entender las singularidades de las mujeres negras no solo iba dirigida hacía el colectivo de mujeres blancas, sino también a la aplicación de políticas públicas impulsadas por el Estado que apuntaban hacia un sujeto mujer pensado desde la universalidad que no consideraba las particularidades de los diversos colectivos de mujeres. En un boletín informativo publicado en el 2015 la RMAAD expresaba:

El concepto de interseccionalidad cuestiona las categorías dominantes del debate político y, por tanto, los espacios de marginación y privilegio que estas generan. De igual modo, el análisis de las políticas públicas nos permite reflexionar sobre qué espacios de poder/visibilidad y de marginación/ocultación existen, por ejemplo, en las políticas de igualdad cuando se habla de la categoría mujer como un universal. (^{RMAAD, 2015b, p. 26})

La RMAAD se definía, entonces, como un espacio de articulación que buscaba combatir las opresiones producidas por el racismo, el sexismo y la pobreza exigiendo a los Estados y a los colectivos feministas que incorporasen en sus perspectivas y en sus agendas una mirada hacia las intersecciones y sus efectos en la producción y reproducción de desigualdades sociales. A su vez, entendía que las causas de dichas desigualdades eran históricas y provenían de una estructura socioeconómica que favorecía una distribución desigual de las riquezas y la violación recurrente de los derechos humanos básicos en lo que se refiere al acceso a la salud, la educación y la vivienda para determinados sectores de la población.

Esta postura de la RMAAD se apoya, de algún modo, en el planteo propuesto por ^{Lugones (2008}) en relación con la idea de que género y raza son co-constitutivos e indisolubles. A su vez, va más allá de esta premisa, sostiene que es necesario concebir a dichas categorías de manera situada y dinámica para así poder comprender críticamente las relaciones de poder que expresan. Para transformar esas relaciones de poder, se torna necesario adoptar una estrategia coalicional de las mujeres negras que promueva la resistencia a partir de una práctica política concreta (^{Lugones, 2005}). La RMAAD, en este marco, puede ser pensada como una herramienta coalicional en tanto permitió no solo una articulación y un encuentro entre mujeres negras, sino que a su vez llevó adelante alianzas estratégicas con otros movimientos sociales que también se encuentran afectados por las discriminaciones producidas por la raza, la clase, el género y la sexualidad.

La centralidad de la interseccionalidad en los planteos de la RMAAD se manifiesta en tres iniciativas concretas desarrolladas por ésta: la inclusión de la variable étnico-racial y de sexo en los censos, su visión sobre el trabajo doméstico remunerado y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, iniciativas que desarrollaré a continuación.

«La cuestión de los censos es una cuestión técnica, pero también es una cuestión ideológica y política»⁵

Hacia finales del siglo XX, los colectivos afrodescendientes e indígenas impulsaron diversas iniciativas exigiendo que se incorporara la variable étnico-racial en los censos llevados a cabo por los Estados latinoamericanos y caribeños. Esto tenía que ver con una preocupación central por parte de esos colectivos que buscaban poner en discusión la idea de una nación homogénea que invisibilizaba y ocultaba las diferencias raciales y, por consiguiente, la existencia del racismo de manera estructural en todos los ámbitos como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, etc. Ante esto, en el año 2000 se incorporó la variable étnico-racial en la planilla de los censos en diversos Estados de la región. Sin embargo, estos datos no permitieron visualizar la situación real de las poblaciones afrodescendientes e indígenas ya que no se emplearon los mismos criterios en todos los países, lo que impidió generar datos generales a nivel latinoamericano y caribeño (^{Paixão, 2016}).

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela fueron los que incorporaron la variable étnico-racial en los censos del 2000. Colombia y Nicaragua lo hicieron en el 2005 y El Salvador en el 2007. Es importante señalar que, de este grupo de países, Cuba fue el único que no contempló un campo específico para el colectivo de personas indígenas, sino que el indicador estaba dirigido únicamente hacia las personas afrodescendientes. Por el contrario, en el caso de Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, dentro de la variable étnico-racial contemplaron a ambos colectivos (Schkolnik & Del Popolo, 2006 en ^{Paixão, 2016}).

Debido a la poca precisión en sus variables e indicadores, los datos obtenidos sobre las poblaciones étnico-raciales carecían de rigurosidad por lo que algunos autores, como ^{Antón et al. (2009}) basaron sus estudios en datos oficiales y en otros no oficiales extraídos de investigaciones realizadas por movimientos sociales, ONG y agencias de cooperación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otras. Estas investigaciones concluyeron que, a finales de la década del ochenta, la población afrodescendiente ascendía a 146.084.651 de personas, siendo un 29,2 % de la población total, cifra que luego fue adoptada por las organizaciones afrodescendientes (^{Paixão, 2016, p. 129} ). Sin embargo, más recientemente, en un estudio realizado por Paixão (2016) a partir de datos estadísticos obtenidos de los diversos países de la región de la ronda de censos del 2000, la cifra total de la población afrodescendiente correspondía a 126,3 millones de personas, lo que representaba un 20,5 % sobre el total de la población de la región.

Ante esto, la RMAAD acompañaba los reclamos por la inclusión de la variable étnico-racial en los censos. Sumado a ello, proponía que, a la hora de analizar dichos datos, éstos se articularan y relacionaran con los obtenidos a partir de la variable de sexo, la cual sí se encontraba incorporada en los censos. Por ejemplo, en cuanto a la situación laboral y al ingreso económico, según ^{Bello & Paixão (2009}), las cifras que indicaban una disminución sobre el acceso a la educación por parte de las personas afrodescendientes se encontraban entrelazadas con el escaso acceso al mercado laboral y el ingreso económico recibido, lo que se agravaba aún más cuando se trataba de mujeres afrodescendientes. En el caso de Ecuador en el 2003, la relación entre la tasa de desempleo entre varones y mujeres afrodescendientes era de 12,7 para el primer grupo y de 17,1 para el segundo (^{Bello & Paixão, 2009}).

Respecto a este tópico, Ana en la entrevista hablaba puntualmente del caso de Uruguay y cómo fue llevada adelante esta iniciativa de visibilizar la realidad de las mujeres negras a través de los censos, la cual luego fue extendida al resto de la comunidad afrouruguaya:

Había una fuerte invisibilidad estadística de la situación de las mujeres. No casualmente nosotras iniciamos de alguna manera el conteo, la producción estadística, con el diagnóstico de la mujer afro. Luego se hizo una cuestión más general, se expandió más hacia los varones …, en el 2011 tuvimos una producción de datos que nos permitió ver la realidad de nuestro colectivo. Los primeros datos siempre estaban vinculados a la situación de las mujeres afro. (Ana, uruguaya, 2/5/2019)

Impulsar un sistema de indicadores correspondía a una estrategia necesaria para llevar adelante una medición sobre los niveles de exclusión y pobreza de las mujeres negras. Esto también permitía vislumbrar la efectividad y la real aplicación de las políticas públicas promovidas por el Estado dirigidas hacia dichas mujeres junto con la realización de un diagnóstico sobre su situación a nivel regional y local. De allí partía la RMAAD para afirmar que «la cuestión de los censos es una cuestión técnica, pero también es una cuestión ideológica y política» (^{RMAAD, 2009, p. 12}). La ideología estadística hace referencia a los criterios políticos, culturales e ideológicos que se ponen en juego a la hora de seleccionar y formular las variables que se incluirán en, por ejemplo, un registro censal. A su vez, dichos criterios juegan un papel fundamental a la hora de analizar los datos obtenidos, su interpretación y su posterior legitimación ante el conjunto de la sociedad. Es decir, todo el proceso de recolección de datos, y no solo su análisis, se encuentra permeado por un componente ideológico poniendo en cuestión el supuesto carácter neutral de los datos cuantitativos (^{Otero, 2006}).

En otra declaración publicada en el 2014, la RMAAD hacía referencia a la necesidad de implementar políticas públicas que respondan a las necesidades de las mujeres afrodescendientes de la región:

Que los Estados inviertan recursos en la producción sistemática de datos estadísticos que incluyan indicadores étnico-raciales, sexo, género y procedencia geográfica, tanto en los censos como encuestas y cualquier estudio que se use para el diseño de políticas públicas, planes y programas. Esto permitirá evaluar su impacto en la situación de los y las afrodescendientes en general. (^{RMAAD, 2014, p. 70})

Dicho de otra manera, la escasa información con la que contaban los Estados sobre la situación de las poblaciones afrodescendientes en general y de las mujeres negras en particular, impedía una correcta elaboración y aplicación de políticas públicas específicas hacia dicho colectivo. La RMAAD partía de los estudios realizados donde se había incorporado una perspectiva de género para evidenciar las desigualdades existentes en las mujeres y los varones y cómo la pobreza impactaba de forma más elevada sobre las primeras. Sin embargo, la ausencia de la variable étnico-racial en estos datos impedía observar cuáles eran las implicancias en la vida económica de las mujeres afrodescendientes. Sobre esto, manifestaba la importancia no solo de incorporar las variables de sexo y étnico-racial, sino que, a su vez, la necesidad de analizarlas desde una perspectiva interseccional:

El uso en los últimos años de indicadores étnico-raciales ayuda a la obtención de datos más concretos y reales sobre las condiciones de vida, la situación económica, política y social de los pueblos y personas afrodescendientes. … el uso de la perspectiva de género se ha generalizado, aunque aún falta más compromiso real con su uso en el diseño de políticas públicas, presupuestos estatales y planes de acción afirmativa. Surge la necesidad y el reto de la interseccionalidad, hacer intersecciones entre la perspectiva étnico racial y la de género para poder hacer visibles las particularidades de las mujeres afrodescendientes e indígenas. (^{RMAAD, 2010b, p. 33})

De esta manera, la ausencia de la variable étnico-racial y de sexo corresponde a una cuestión ideológica y política, más allá de sus implicancias como dato estadístico. Su incorporación no solo hace posible visibilizar cuáles son las desigualdades y violencias que este conjunto de la población enfrenta en cuanto al acceso a la salud, educación, vivienda, trabajo, etc. Sino que, a su vez, posibilita el diseño y la aplicación de políticas públicas, planes y programas que busquen reparar aquellas desigualdades.

Considerar la incorporación de la variable étnico-racial y de sexo en los censos como una cuestión ideológica y política tiene que ver, además, con la posibilidad de contrarrestar los efectos de la invisibilidad estadística y promover el autorreconocimiento y empoderamiento de, en este caso, las mujeres negras. En otras palabras, según la RMAAD: «si no estamos, no existimos» (^{2015a, p. 31}). La visibilización del dato estadístico facilita la apropiación y resignificación de una identidad propia que luego podrá ser traducida en una colectiva, lo que llevará a pensar luchas y resistencias conjuntas articuladas a partir de una agenda de demandas que contemple las particularidades de dichas mujeres. Al mismo tiempo, la delimitación de una identidad colectiva, junto con la visibilización de sus problemáticas concretas y sus demandas específicas, conllevaría a generar alianzas y estrategias conjuntas con otros movimientos sociales para resistir a aquellas desigualdades y discriminaciones comunes y exigir la creación y la puesta en marcha de políticas públicas para combatirlas.

Mujeres afrodescendientes y el trabajo doméstico remunerado

Otro de los indicadores empleados para evaluar las desigualdades y discriminaciones tiene que ver con el trabajo. Partiendo desde allí, en este apartado desarrollo el posicionamiento de la RMAAD sobre este aspecto centrándome en el trabajo doméstico remunerado⁶. En términos generales, este trabajo (sea remunerado o no), se enmarca dentro de las tareas de cuidado que culturalmente fueron atribuidas a las mujeres, lo que limita su reconocimiento como un trabajo (^{Pérez Orozco, 2009}). Esto quiere decir que el trabajo doméstico corresponde a aquellas actividades que, realizadas en el ámbito del hogar, resultan necesarias para el bienestar y la supervivencia de sus miembros.

Se trata de un trabajo que en América Latina y el Caribe es ocupado mayoritariamente por mujeres, cifra que según la Cepal es del 94 % para el 2020 (^{Valenzuela, Scuro & Vaca Trigo, 2020}). A su vez, cabe destacar que es una de las actividades laborales que cuenta con una de las mayores tasas de informalidad, lo que se traduce en un escaso acceso a seguridad social, bajos salarios, extensas jornadas laborales, dificultades para la sindicalización de sus trabajadoras y un alto nivel de incumplimiento de las normativas laborales vigentes⁷. Pese a que en los últimos años pueden observarse algunas mejoras en cuanto a las condiciones laborales, los ingresos de las trabajadoras domésticas continúan en su mayoría cercanos a la línea de pobreza (^{OIT, 2010}).

La alta tasa de informalidad y el incumpliendo de las normativas laborales tiene que ver, fundamentalmente, con que históricamente fue una actividad asociada de manera «natural» al rol predeterminado de las mujeres, lo que conlleva a una invisibilización de dichas tareas y a la imposibilidad de considerarlo como un trabajo dentro del sistema productivo debido a que mayoritariamente es ejercido en el ámbito privado (^{Borgeaud-Garciandía, 2018}; ^{Molinier & Legarreta, 2016}). Esta naturalización e invisibilización es lo que profundiza las dificultades para su reconocimiento en términos gremiales y la ausencia del Estado en la regulación y el cumplimiento de las legislaciones vigentes (^{Arango Gaviria, 2011}). Esta invisibilización y falta de regulación agravan las formas de explotación y violencia laboral hacia quienes ejercen esta actividad (^{Magliano, 2018}).

Es importante señalar que, en el contexto latinoamericano y caribeño, el trabajo doméstico remunerado es en su mayoría ocupado por mujeres afrodescendientes, indígenas y migrantes, lo que obliga a pensar dicha actividad desde una mirada interseccional. Según los datos recabados en ocho países de la región (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá) en la ronda de censos del 2010, el 63 % de lxs trabajadorxs domésticxs remuneradxs correspondían a personas afrodescendientes (^{Cepal, 2018}). Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el trabajo doméstico remunerado se encontraba ocupado en un 21 % por mujeres afrodescendientes, mientras que la cifra para las trabajadoras no afrodescendientes era del 10,2 %. Lo mismo ocurría en el caso de Costa Rica donde el primer grupo estaba representado en un 15,5 % y el segundo en un 11,1 %. Por último, en el caso de Brasil, las mujeres afrodescendientes que se desempeñaban en esta actividad correspondían al 13,4 % mientras que el resto de las trabajadoras al 9,2 % (^{Cepal, 2018}).

La interseccionalidad brinda una mirada compleja y dinámica para analizar la forma en la que funciona el mercado de trabajo y los procesos de segregación laboral hacia quienes ejercen el trabajo doméstico remunerado, como es el caso de las desigualdades establecidas por la nacionalidad entre migrantes y nativos, o por la raza entre mujeres blancas y afrodescendientes. A su vez, lleva a desarmar las miradas universales sobre lo que es ser una trabajadora doméstica remunerada y cómo se ponen en juego las diversas formas de inserción laboral, condiciones laborales, salarios, etc., dentro del mismo grupo (^{Magliano, 2015}).

Reflexionar sobre el trabajo doméstico desde una mirada interseccional también convoca a problematizar sobre el modo en que operan las diferencias raciales y de explotación entre mujeres. Centralmente, esto se debe a que con el aumento de la inserción de las mujeres en el mercado laboral en las últimas tres décadas se produjo un incremento en las demandas de cuidado de grupos como niños, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos, etc., lo que generó un aumento en las desigualdades sociales en tanto solo las familias con mayores ingresos pudieron contratar a otras mujeres para ocuparse de las tareas de cuidado de manera remunerada. Mientras que estas últimas, no contaron con las mismas posibilidades para responder a dicha demanda sobre las tareas de cuidado (^{Valenzuela, Scuro & Vaca Trigo, 2020}).

Históricamente, las mujeres afrodescendientes e indígenas fueron ubicadas en el lugar de servidumbre y como responsables de las tareas domésticas debido a las estructuras históricas coloniales y esclavistas constituidas en el continente latinoamericano y caribeño desde el siglo XV (^{Stolcke, 2017}; ^{Pineda, 2018}). Estas tareas no solo incluían las actividades domésticas en las casas de los amos, sino que también implicaban la producción de artículos de la vida doméstica y el cuidado de las personas, como la crianza de los hijos de sus esclavistas. A cambio de ello, no recibían ningún tipo de remuneración económica más que vivienda, alimentación y vestimenta. A pesar de la abolición de la esclavitud, esto se tradujo en nuestras sociedades contemporáneas como prejuicios y estereotipos los cuales se resignificaron y reestructuraron formando parte del sentido común (^{Pineda, 2018}).

La esclavitud y la servidumbre sentaron las bases de ciertas jerarquías sociales a partir de la idea de raza y del género, las cuales pueden visualizarse en la construcción estereotipada que existe sobre quiénes ejercen el trabajo doméstico remunerado (^{Gonzalez, 1983}). De esta manera, a aquellos trabajos comúnmente feminizados como las tareas domésticas, deben contemplar en el análisis la dimensión racial. El foco en esta dimensión permite dar cuenta de las escasas opciones de empleo con las que cuentan algunos grupos de mujeres, los cuales se distinguen por la falta de regulación y precariedad (^{Arango Gaviria, 2011}). La perpetuación generacional de estas trayectorias laborales puede pensarse desde el concepto de «neo-servidumbre», en el sentido que aún perduran rasgos y condiciones serviles a pesar de la existencia de las legislaciones vigentes antes mencionadas (^{Arango Gaviria, 2011}).

En este marco, la RMAAD expresaba: «muchas mujeres afrodescendientes, a base de estereotipos, se emplean en el trabajo doméstico, con las peores condiciones» (^{RMAAD, 2010a, p. 3}). Además, agregaba que dentro del mercado laboral las mujeres afrodescendientes experimentan en sus vidas cotidianas desigualdades y discriminaciones raciales y de género cuya base se encuentran en la persistente división sexual y racial del trabajo. Esto se explica por los persistentes mecanismos de segregación laboral presentes en las sociedades contemporáneas, que condicionan el acceso a determinados tipos de trabajos a partir de criterios económicos, culturales, políticos y sociales (^{Magliano & Mallimaci Barral, 2021}):

El sistema capitalista ha incorporado a las afrodescendientes como mano de obra, con poco valor, al mercado laboral y a la producción, basándose en la división sexual del trabajo, en los estereotipos de género, en la subordinación femenina y en las desigualdades raciales y de clase …. La discriminación étnico-racial y de género son constitutivas de la pobreza, la exclusión y de la perpetuación de las desigualdades sociales históricas. (^{RMAAD, 2010a, p.} 3)

La discriminación racial y de género resultan entonces variables centrales que determinan o limitan el acceso al mercado laboral. Por ejemplo, según datos de la Cepal, en el 2005 en Colombia la tasa de desempleo de las mujeres afrodescendientes era del 8,3 % y el de las no afrodescendientes del 6,4 %. En Panamá en el 2010 las cifras eran de 10,3 % para el primer grupo y de 8,6 % para el segundo. Por último, en países como Brasil (2010) y Uruguay (2011), la brecha se amplía aún más: en el primero la tasa de desempleo de las mujeres negras era del 12,4 % y de 8,1 % para las no afrodescendientes y en Uruguay del 12,5 % y del 8,4 % respectivamente. Asimismo, si se comparan las tasas de desempleo entre varones y mujeres las cifras delatan que, por ejemplo, en el caso de Argentina en el 2010, si bien existía una escasa diferencia entre los dos grupos de mujeres antes señalados, la tasa de desempleo para los varones correspondía al 4,5 % y para las mujeres al 8,5 % (Cepal, 2018). En relación con esto, la RMAAD expresaba:

En el TDR Trabajo Doméstico Remunerado se identifican además de los sesgos de género, los de clase, etnia y raza, dando paso a la articulación de los elementos de la trenza de dominación. Mediante esta articulación se naturaliza y racializa la posición de ciertos grupos sociales como destinados a servir mientras otros aparecen como dignos de ser servidos. (^{RMAAD, 2010b, p. 21})

Ante esta situación, la RMAAD buscaba denunciar y visibilizar dicha situación exigiendo al Estado el cumplimiento de ciertos requisitos necesarios para mejorar la situación laboral de estas trabajadoras:

adecuación salarial de la fuerza laboral femenina, sin discriminación alguna, lo que permitirá reducir las brechas basadas en etnia y género … Que los Estados implementen un sistema de seguridad social equitativo y sin discriminación étnico-racial y de género, que garantice los derechos de las trabajadoras afrodescendientes y aseguren que los/as empleadores/as cumplan con sus obligaciones, en el marco de las normativas laborales establecidas. (^{RMAAD, 2010a, pp. 6-7})

Es por ello que las denuncias por el incumplimiento de las políticas públicas es una de las reivindicaciones que emergió con mayor fuerza en las declaraciones de la RMAAD donde, al igual que con los censos y la visibilidad estadística, entendía que a la hora de hablar de trabajo doméstico remunerado resultaba fundamental reponer una mirada interseccional que articule las variables de género y raza. Junto con ello, la RMAAD sostenía que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos era otra de las problemáticas que atravesaba a las mujeres negras y que, al igual que el trabajo doméstico remunerado, debía ser problematizado desde una mirada interseccional. En el siguiente apartado me abocaré a las iniciativas impulsadas por la RMAAD en relación con esta problemática.

Derechos sexuales y reproductivos: el acceso a una salud sexual integral para las mujeres afrodescendientes

Los reclamos impulsados por los colectivos feministas y las disidencias sexo-genéricas, desde la segunda mitad del siglo XX, sobre la autonomía de los cuerpos, la libertad sexual y el cuestionamiento hacia el rol predeterminado de las mujeres como reproductoras, recorrieron tres momentos principales. En sus comienzos, los reclamos se orientaron hacia la consolidación de la democracia, ya que algunos países de la región se encontraban transitando o dando fin a regímenes dictatoriales. En un segundo momento, las luchas se articularon en torno a la problemática del VIH/sida, la salud sexual y la disidencia sexual. Tercero, a comienzos del siglo XXI, estas reivindicaciones se tradujeron en el impulso por el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos en el marco del proceso que llevó a la instalación de los derechos humanos y la ampliación de la ciudadanía (^{Viveros Vigoya, 2006}). La garantía del efectivo cumplimiento de estos derechos por parte de los Estados pretende alcanzar la autonomía física de las mujeres y «la capacidad de tomar decisiones de forma libre e informada sobre su vida, su cuerpo y su sexualidad» (^{Cepal, 2018, p. 51})⁸.

Al mismo tiempo, la conquista de los derechos sexuales y reproductivos como tales constituye un cambio social y político en relación con las formas en las que se controla y se regula la sexualidad (^{Vaggione, 2012}). En ese sentido, la lucha por la obtención y el cumplimiento de dichos derechos se constituye como un punto de confluencia de diversos grupos sociales que buscan llevar adelante «estrategias de empoderamiento colectivo, de articulación política y de trabajo emancipatorio» (^{Mattio, 2015}).

Es por ello que a la hora de considerar estos derechos es importante entender que la sexualidad forma parte del complejo entramado de relaciones de poder que, como el género, la raza y la clase se encuentra en la base de preocupaciones de la RMAAD. Al igual que con el trabajo doméstico remunerado, la función de reproductoras de mano de obra que se les adjudicaba a las mujeres negras e indígenas también provenía de las estructuras históricas asentadas en el sistema esclavista. Junto con ello, las mujeres africanas y afrodescendientes debieron enfrentar todo tipo de abusos sexuales y violaciones por parte de los conquistadores.

En el período colonial, según señala ^{Pineda (2018}), esto tenía que ver con dos funcionalidades puntuales. En primer lugar, permitía a los colonizadores demostrar su dominación ante los conquistades ya que, según su mirada patriarcal y androcéntrica, apropiarse de «las mujeres de los conquistados» serviría como una estrategia de desmoralización. Segundo, las violaciones también operaban como un instrumento de repoblación ante las altas cifras de mortalidad de los esclavos y, por consiguiente, la provisión, reproducción y masificación de la mano de obra esclava. Esto se tradujo en la caracterización de las mujeres africanas y afrodescendientes como portadoras de un cuerpo con una sensualidad exacerbada y capaz de satisfacer todo deseo sexual (^{Pineda, 2018}). Al mismo tiempo que se las sexualizaba, las mujeres afrodescendientes eran despojadas de su género y eran tratadas de igual manera que los esclavos varones en lo que respecta al trabajo que debían realizar y a los castigos y violencias que cotidianamente recibían (^{Davis, 2005}).

Las violaciones y abusos sexuales durante el periodo colonial operan, no solo como las bases de las jerarquías raciales y de género, sino que a su vez naturalizan y habilitan una sexualidad exacerbada como elemento constitutivo de las mujeres negras. Esta caracterización logró instalarse a lo largo del tiempo como un estereotipo y un «atributo» de dichas mujeres el cual las presentaba ante el conjunto de la sociedad como las mejor capacitadas para realizar cualquier tipo de acto sexual, atributo negado y prohibido a las mujeres europeas y sus descendientes pertenecientes a las clases sociales dominantes (^{Pineda, 2018}). Estos estereotipos lograron perdurar hasta nuestros tiempos e instalarse dentro de los discursos sociales en los medios de comunicación, en las artes visuales como el cine y en el discurso cotidiano como una característica particular que configura a las mujeres negras.

En este marco, los reclamos y reivindicaciones de la RMAAD sobre la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de una sexualidad plena se orientaban a la adopción de diversas iniciativas. Entre ellas, proponía la instauración de una educación sexual de calidad, la distribución de métodos anticonceptivos, el acceso al diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la planificación familiar, entre otras. En relación con esto, expresaba:

No podemos hablar de empoderamiento económico de las mujeres sin la protección y reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mismas. Esto está íntimamente relacionado a la división sexual del trabajo y el uso del tiempo de las mujeres. En el caso de las mujeres afrodescendientes el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva integral, así como a la más amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluido el acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento para el VIH/SIDA son áreas de gran preocupación. Debe garantizarse también el acceso a los servicios de salud de calidad y al aborto legal y seguro, como condición necesaria para la reducción de la mortalidad y morbilidad maternal. (^{RMAAD, 2010b, p. 37})

Para lograr el cumplimiento y el acceso a dichas políticas públicas, junto con la incorporación de la variable étnico-racial articulada con la de sexo en los censos, la RMAAD también exigía la recolección de datos sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres afrodescendientes. Por ejemplo, en relación con el VIH/sida y cómo esto afectaba de manera particular a las mujeres afrodescendientes, según datos publicados en un boletín de la RMAAD producido en el 2012, reflejaban que en Paraguay se había producido un incremento de las infecciones del 100 % y en Jamaica del 31 % (^{RMAAD, 2012, p. 31}).

Otras cifras alarmantes son las correspondientes a la mortalidad materna. En el caso de Brasil, para el 2011 contaba con una alta diferencia entre mujeres afrodescendientes y no afrodescendientes: 44,5 por 100.000 para el primer grupo y 23,4 por 100.000 para el segundo (Paixão y otros, 2011 citado en ^{Cepal, 2018}). Al respecto, la RMAAD enunciaba la necesidad de que: «los Estados desarrollen programas para proteger la salud integral, sexual y reproductiva de las mujeres afrodescendientes, así como fomentar el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos» (2010a, p. 7). Las exigencias hacia el Estado sobre el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos también incluían la posibilidad de llevar adelante una planificación familiar, el acceso y uso a métodos anticonceptivos y al aborto seguro y gratuito. Sobre esto, en la misma declaración la RMAAD señalaba:

Que debe garantizarse el acceso a los servicios de salud de calidad y al aborto legal y seguro, como condición necesaria para la reducción de la mortalidad y morbilidad maternal. Igualmente, a las adolescentes y jóvenes afrodescendientes debe brindárseles las oportunidades que les permitan tomar decisiones libres, responsables e informadas en todos los ámbitos que afectan la calidad y trayectorias de sus vidas, especialmente los relacionadas con el ejercicio de su sexualidad, garantizándoles el acceso a la educación en sexualidad, a información sobre todos los métodos anticonceptivos y el acceso a los de su elección. (^{RMAAD, 2010a, p. 5})

Otra de las preocupaciones de la RMAAD que se desprende del punto anterior, tenía que ver con los embarazos adolescentes. Problemática que se agravaba aún más cuando se incorporaba la variable étnico-racial en el análisis de los datos estadísticos. Por ejemplo, tomando el caso de Uruguay en el 2017, mientras que el porcentaje de embarazos adolescentes de mujeres no afrodescendientes era de 9,1 %, en el caso de los afrodescendientes era del 15,4 % (Cepal, 2018). Otras cifras ofrecidas en un documento de la RMAAD del 2012 decían lo siguiente:

Las mayores brechas relativas en desmedro de las jóvenes afrodescendientes se encontraban en el Ecuador, país donde la maternidad adolescente afrodescendiente era un 44 % mayor que en el resto de las jóvenes; en el Brasil y Colombia resultó un 30 % más elevada, y finalmente, en Costa Rica y El Salvador las diferencias resultaron algo menores, sobre todo en este último país. (^{RMAAD, 2012, p. 30}).

Esto, a su vez, traía como consecuencia una alta tasa en el abandono de la escolaridad y, por consiguiente, disminuían las posibilidades de acceso a trabajos formales por parte de dichas mujeres. A su vez, también hacía hincapié que, para el cumplimiento y la garantía de estos derechos, era necesario contar con un Estado laico que no se opusiera a la educación sexual y a la libertad sexual y de género. Sobre esto, en un documento elaborado en el 2012 la RMAAD advertía:

Recordemos que los derechos sexuales y derechos reproductivos se pueden ejercer únicamente en un Estado laico, con justicia económica, justicia de género y justicia sexual. Estas condiciones no siempre están presentes en las democracias latinoamericanas y caribeñas y aun cuando lo estuviesen, el acceso a las mismas no siempre es posible para grupos excluidos como las mujeres afrodescendientes. (^{RMAAD, 2012: 29})

Esta justicia de género y justicia sexual a la que hace referencia la RMAAD puede ser pensada en conjunto con la idea de justicia reproductiva recuperada por ^{Radi (2019}), la cual entiende a la salud reproductiva como parte de la justicia social. En este punto, la cuestión del derecho al control de natalidad y a la posibilidad de planificar embarazos adquiere relevancia en tanto esto será posible solo si se contemplan las variables raciales, de clase y de nacionalidad (^{Davis, 2005}). En estudios anteriores indagué cómo en el caso puntual de las mujeres afrodescendientes, portorriqueñas, chicanas, indígenas y migrantes en el contexto de la década del setenta en los Estados Unidos el Estado llevó adelante gran cantidad de esterilizaciones forzosas con el objetivo de realizar un control poblacional selectivo a partir de criterios raciales, coloniales y de clase, mientras que las mujeres blancas de las clases media y alta eran instadas a reproducirse y elevar la tasa poblacional (^{Busquier, 2020}).

El concepto de justicia reproductiva fue impulsado por el feminismo negro de los Estados Unidos en la década del noventa para cuestionar el modo en que las intersecciones de las diversas opresiones afectaban de manera particular a la integridad corporal de las mujeres negras. Esta dimensión no era contemplada en las agendas del feminismo blanco que se centraba fuertemente en la reivindicación de la legalización del aborto, dejando de lado otras problemáticas como el acceso a una salud sexual integral y a los anticonceptivos, la mortalidad infantil y materna, la prevención y la detección temprana de las infecciones de transmisión sexual y sus tratamientos, los embarazos adolescentes, entre otras (^{Radi, 2019}; ^{hooks, 2017}). Justicia reproductiva, entonces, amplia el conjunto de derechos sexuales y reproductivos que deben ser atendidas para mitigar las desigualdades que afectan a determinados colectivos de mujeres, tal como sucede con las afrodescendientes.

Reflexiones finales

El propósito principal de este escrito fue analizar una de las definiciones políticas principales adoptadas por la RMAAD la cual tenía que ver con el enfoque interseccional, lo que les permitía no solo visibilizar las realidades de las mujeres negras de la región contemplando sus heterogeneidades, particularidades y singularidades, sino que a su vez la RMAAD llevaba a cabo iniciativas y estrategias políticas que buscaban contrarrestar los efectos de las desigualdades y las violencias en el marco de las políticas multiculturales y el avance del neoliberalismo. Esta mirada compleja y multidimensional sobre las realidades que enfrentan las mujeres en la región estuvo dirigida a la necesidad de incorporar en los censos la variable étnico-racial articulada con la de sexo, algo que, desde la mirada de la RMAAD, significaba superar aquella invisibilidad estadística sobre el colectivo de mujeres negras que impedía la adopción de medidas puntuales para mitigar las situaciones de pobreza, falta de educación y de acceso a la vivienda.

En segundo lugar, la cuestión del trabajo doméstico fue otra de las preocupaciones centrales de la RMAAD, ya que se consideraba que las bases estructurales de dicha actividad se nutren del racismo y sexismo en el marco de la reproducción del sistema capitalista. De allí la recurrente demanda a los Estados de la implementación de un sistema de seguridad social que garantice el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras afrodescendientes y el respeto de las normativas vigentes por parte de sus empleadores.

En tercer lugar, es importante destacar la relevancia que se le otorgó a la problemática de los derechos sexuales y reproductivos. En la II Asamblea General realizada en el 2014 en Montevideo, Uruguay, se expresó la preocupación por combatir el racismo presente en el sistema de salud que limitaba la autonomía reproductiva de las mujeres junto con el acceso a una educación sexual de calidad, a métodos anticonceptivos y al aborto legal, seguro y gratuito. Asimismo, resultó interesante saber que la RMAAD entendía que, para garantizar el cumplimiento de estos derechos, era necesario promover la participación política de las mujeres negras en instituciones estatales. Asunto que podrá ser indagado en futuras investigaciones.

Luego de tres décadas de políticas multiculturales impulsadas por diversos Estados latinoamericanos y caribeños que pretenden atender a las demandas de los movimientos sociales, sobre todo de los colectivos indígenas y afrodescendientes, es importante remarcar que los desafíos del presente radican en continuar visibilizando cuáles son los anclajes históricos y políticos de las desigualdades raciales y de género en nuestra región. Iniciativas impulsadas por movimientos sociales como las llevadas a cabo por la RMAAD pueden ser pensadas como una importante contribución a la hora de poner en evidencia no solo los andamiajes históricos de las desigualdades, sino también los intersticios y entrecruzamientos posibles entre estas desigualdades y cuáles son las estrategias posibles para combatirlas.