Casos de investigación criminal: tipología del crimen

Criminal Investigation Cases: Crime's typology

BG. (r) Guillermo León Diettes Pérez^*

^*Presidente, Academia Colombiana de Historia Policial. Bogotá D.C., Colombia academiah.egsan@policia.gov.co

Resumen

Este artículo reseña, de forma sucinta, tres homicidios de trascendencia; ya que por la connotación de las victimas, modos de operar y autores, tuvieron alto impacto para la vida pública nacional e internacional. También se evidencia la oportuna intervención de la Policía Nacional para el esclarecimiento de los hechos punibles.

Palabras clave: investigación policial, homicidio, extorsión, captura, allanamiento (Fuente: Tesauro de Política Criminal Latinoamericana - ILANUD).

Abstract

This paper briefly presents three significant homicides since the impact the victims, modus operandi and perpetrators had was of high relevance for public life at national and international levels. Also, the timely action of the National Police in order to clear up the offence is presented.

Key words: police investigation, homicide, blackmailing, arrest, search warrant (Source: Thesaurus of Latin American Criminal Policy - ILANUD).

El homicidio del vicepresidente de la empresa Mazda

Los hechos que se describen a continuación correspondieron al homicidio de un ciudadano de origen japonés que ocupaba el cargo de vicepresidente de la empresa Mazda, multinacional dedicada al ensamble y venta de automotores en Colombia. El caso ocurrió la noche del viernes 24 de enero de 1992, cuando se comunicó a la central de radio de la Policía Nacional de Colombia sobre movimientos sospechosos de una patrulla policial evadida.

Luego de varias verificaciones hechas por policías, se logró establecer que dos miembros de una patrulla se encontraban fuera de su jurisdicción y, simultáneamente, un ciudadano japonés era trasladado al Hospital Simón Bolívar, al norte de Bogotá, con graves heridas producidas por arma de fuego. Llamó la atención que la víctima demostró temor cuando fue auxiliado por los uniformados.

Esa misma noche, en la Estación de Policía Servitá, eran indagados de manera aislada estos policías que se encontraban fuera de su lugar de facción. De acuerdo con las conjeturas del señor Brigadier General, Guillermo León Diettes Pérez, que para la fecha era el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se logró establecer un vínculo entre la patrulla sospechosa con el caso del herido.

Con el fin de salvaguardar la integridad física de la víctima, el señor Brigadier General dispuso reforzar los servicios de seguridad en el hospital e impartió órdenes para impedir cualquier acceso hacia la víctima.

El caso revistió tal trascendencia que a la mañana siguiente la difusión en los medios de comunicación fue notoria.

Esclarecimiento de los hechos

La investigación que la Sección de Policía Judicial e Investigación (Sijín) de la Policía Metropolitana de la Bogotá -hoy día Seccional de Investigación Criminal- desarrolló logró establecer la secuencia de los hechos, así:

La noche del 24 de enero de 1992 la víctima estuvo cenando con otro ejecutivo de la empresa Mazda en el restaurante Hatsuhana, tradicional sitio de encuentro de los japoneses, ubicado al norte de la capital colombiana.

Aproximadamente a las 9:15 salió en el automóvil Mazda, color verde, de placas BAY 007, valorado en dieciséis millones de pesos, y se dirigió hacia las instalaciones de la compañía en el centro de la ciudad (zona industrial de la calle 13 con carrera 38), pues al parecer debía recoger unas llaves para posteriormente regresar a su residencia en el norte de Bogotá.

Cuando el extranjero recorría la calle 72 con carrera 7ª fue abordado por los asaltantes que pretendieron despojarlo de su vehículo. El ciudadano japonés opuso resistencia, lo cual originó que los delincuentes le propinaran cuatro impactos de bala en el abdomen y en el brazo derecho. Sometido a indefensión, los mismos asaltantes lo trasladaron hacia la Autopista Norte, lo abandonaron cerca de la calle 200 con carrera 7ª, donde una patrulla de vigilancia de la Policía lo localizó y lo trasladó de inmediato al hospital Simón Bolívar. Posteriormente fue trasladado a otra clínica, donde falleció el día 10 de febrero de 1992.

La investigación comenzó, como antes se dijo, con los interrogatorios que se hicieron inicialmente a los dos agentes en las instalaciones de la Estación Servitá y prosiguió por parte del personal de la Sijín. Posteriormente, se realizaron pruebas de balística a los dos revólveres que los agentes portaban, se pudo establecer que habían sido disparados recientemente y coincidieron con un proyectil encontrado en el cuerpo de la víctima. Finalmente, se cotejaron las huellas dactilares de los policías y se comprobó que correspondían a los asaltantes.

Con base en los interrogatorios y las pruebas técnicas, los agentes no pudieron negar su participación en el crimen y confesaron la ayuda de un particular, que también fue capturado por la Policía y puesto a órdenes de las autoridades.

Este insuceso generó una serie de consecuencias negativas en las relaciones bilaterales colombojaponesas.

Castigo ejemplar

De acuerdo con el procedimiento señalado por el Código de Justicia Penal Militar, la Policía Nacional convocó, en el mes de abril, un Consejo de Guerra, en el cual los agentes fueron hallados culpables de los delitos de homicidio, peculado, hurto y abandono del puesto y condenados a treinta años de cárcel.

Por su parte, quien colaboró con los ex agentes fue procesado por los mismos hechos en y recibió una condena de 24 años.

Para finalizar, es importante destacar que la misma institución policial llevó a cabo la investigación para esclarecer los hechos punibles y sancionar a los responsables.

El Collar-Bomba

El caso conocido como "collar-bomba", el primero que se comete bajo esta modalidad y del cual se tenga noticia hasta ahora, afectó a una familia campesina que residía en un municipio del departamento de Cundinamarca, Colombia. Este hecho sucedió el 15 de mayo de 2000.

La víctima de este episodio corresponde a una campesina objeto de extorsión. Lo paradójico de este hecho es que la labriega no contaba con recursos patrimoniales suficientes que la hicieran potencial blanco de este delito.

Los hechos

Aproximadamente a las cinco de la mañana del día de los sucesos, tres individuos se presentaron en la residencia de esta familia campesina a la que exigieron la suma de quince millones de pesos a cambio de su vida. Como no tenía disponible esa suma, los asaltantes procedieron a colocar en el cuello de la víctima un artefacto con explosivos a manera de collar. Dejaron además un casete con instrucciones y un plano de su estructura, junto con otros elementos en un maletín.

Familiares y vecinos de la señora la trasladaron de urgencia a las instalaciones del Batallón Sucre en Chiquinquirá en busca de elementos adecuados para quitarle el artefacto. Unidades del Ejército asumieron el caso pero a eso de las ocho de mañana requirieron los servicios de los miembros de la Estación de Policía Chiquinquirá que, a su vez, solicitaron a la Policía Judicial de Tunja el envío de un técnico en antiexplosivos.

Entre tanto, la víctima fue trasladada a un sitio denominado "Venta de Conejo", ubicado en la avenida de circunvalación que de Chiquinquirá conduce al municipio de Muzo.

Efectivamente: un Subintendente de la Policía procedente de Tunja, tal como se observó en los noticieros de televisión y las filmaciones existentes, intentó desactivar el artefacto colocado en el cuello de la campesina con una segueta para cortar los tubos de plástico, mientras otro compañero refrigeraba con agua la acción para evitar que el calor de la fricción originara una explosión. En este ejercicio participaron conjuntamente algunos policías y miembros del batallón.

El explosivo

El collar-bomba, efectivamente, resultó ser la unión de unos codos de tubería plástica, que en su interior tenían una combinación de R1, nitrato de amonio, antimonio, azufre, aluminio en polvo, clorato de potasio, fósforo rojo, papeles periódico y de aluminio, junto con unos sistemas de activación (eléctrico, químico y mecánico).

La explosión

Era alrededor del mediodía cuando se creía que iba a culminar con éxito la tarea emprendida, pues el Subintendente logró desarmar la primera parte del collar, sacó el mecanismo y un polvo del componente. De un momento a otro y ante la mirada atónita de algunos curiosos explotó el collar-bomba, causó la muerte de la víctima -portadora del collar- y la del Subintendente de la Policía. También produjo lesiones de carácter permanente a un Sargento Primero del Ejército y a dos soldados voluntarios.

La investigación

La Dirección de Policía Judicial dispuso una comisión del Grupo de Homicidios, para que asesorara a la Fiscalía General y adelantara las acciones pertinentes con el fin de esclarecer los móviles del hecho delictivo.

Como casi siempre ocurre en estos casos, las primeras hipótesis y las mismas actividades de los delincuentes hicieron presumir que se trataba de una acción de células urbanas de las FARC. Sin embargo, el trabajo profesional y paciente de los investigadores de la DIJIN poco a poco fue desvirtuando esta idea.

Otras posibles causas se orientaban hacia unos problemas entre dos familias vecinas y amenazas por diferencias entre ellas, incluyendo sindicación de actividades de brujería para subsanar las mismas disputas entre ellas.

Después se informó a los investigadores que la víctima y otro de sus vecinos pertenecían a la junta comunal de la vereda y discutían acaloradamente sobre el cuidado y orientación del acueducto que servía al vecindario.

Se supo que la portadora del collar había solicitado a su hermana el préstamo de un revólver pues tenía miedo de que unos ordeñadores, de su propia finca, le pudieran hacer algún daño debido a actitudes sospechosas que estaban demostrando hacia ella.

Los investigadores encontraron que un empleado de la finca obtuvo clorato de potasio, nitramón, azufre y pólvora para abrir un supuesto pozo séptico. Asimismo, se conoció que la noche anterior al día de los hechos este empleado se encontraba en compañía de un reconocido experto en el manejo de explosivos.

Al recibir testimonios de varias personas y efectuar allanamiento a la vivienda del sospechoso, quedó en claro que este sujeto quería obtener una pistola de plástico, similar a una que se había encontrado en la casa de la víctima, junto al casete de las amenazas y la extorsión. También se halló un pasamontañas semejante al utilizado por los delincuentes cuando colocaron el collar-bomba a la extorsionada, según lo indicó un testigo cercano.

En el proceso adelantado por los investigadores policiales se comprobó que el sospechoso tenía historial delictivo: se le sindicaba de hurto, hurto agravado y calificado, concierto para delinquir. Las labores investigativas e indicios analizados por los miembros de la Policía se lograron obtener mediante:

18 testimonios

25 inspecciones judiciales en talleres de mecánica y ornamentación

9 capturas realizadas

18 líneas telefónicas interceptadas

2 filmaciones de seguimientos cumplidos

1 arma de fuego incautada

32 pruebas realizadas, incluyendo espectrografías de voces

Epílogo

Como conclusión de la tarea investigativa, es importante destacar:

Se esclareció la verdad del caso conocido como "el collar-bomba" y que causó la muerte de una campesina y de un miembro de la Policía Nacional, así como las lesiones de un sargento y dos soldados del Ejército Nacional.

Igualmente, se descubrió la conexión con otra banda de delincuentes, que además habían sido los causantes de los homicidios de otras personas de la región.

Se ubicaron exactamente los talleres en donde se fabricó el artefacto "collar-bomba", al igual que los sitios donde fueron adquiridos los explosivos.

En resumen, se produjo la captura de 9 individuos que fueron entregados y puestos a órdenes de la Fiscalía.

Se determinó que se trató de un caso de extorsión planeado por grupos de delincuencia común y no de subversión, como inicialmente se planteó como hipótesis.

El homicidio de Monseñor Isaías Duarte Cancino

Un prelado de carácter

Entre los jerarcas de la Iglesia Católica colombiana, monseñor Isaías Duarte Cancino se dio a conocer como un gran orador y, sobre todo, un hombre de carácter que nunca perdió actualidad por sus permanentes pronunciamientos acerca de temas de la vida nacional, su participación en el Sermón de las Siete Palabras en la Semana Santa que año tras año se transmitía por las principales cadenas de radio y televisión y, sobre todo, duras palabras contra el narcotráfico y los grupos armados que generan, en parte, la violencia nacional. En hechos sin precedentes, excomulgó a los guerrilleros del ELN responsables del secuestro de unos feligreses que asistían a misa a la iglesia La María en 1999.

Años más tarde un jefe paramilitar, hoy desmovilizado, se atrevió a acusar a Monseñor Duarte Cancino ante la Fiscalía de hacer parte de un grupo asesor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Breve semblanza

Monseñor Duarte nació en la ciudad de San Gil (Santander) el 15 de febrero de 1939; adelantó estudios secundarios en Bucaramanga y luego abrazó la carrera religiosa iniciándose en el Seminario de Pamplona (Norte de Santander) y cursando Teología en Roma (Italia). En la Pontificia Universidad Gregoriana de la capital italiana obtuvo su licenciatura en Teología Dogmática.

Al recibir su ordenación sacerdotal fue incardinado a la Diócesis de Bucaramanga; designado vicario cooperador de la Catedral de la Sagrada Familia en Bucaramanga y luego profesor en el Seminario Mayor de Pamplona, inicia posteriormente su recorrido por varias parroquias, entre las cuales destacamos las del Espíritu Santo y la Catedral de Bucaramanga, Girón y Málaga. Ejerce nuevamente la docencia en el Seminario Mayor de Bucaramanga donde además, y en forma simultánea, se destaca como Vicario Pastoral de la Arquidiócesis. El 10 de abril de 1985 fue nombrado obispo titular de Germania de Numidia y Auxiliar de Bucaramanga, y fue consagrado para su alta dignidad eclesiástica el 17 de junio de 1986.

Cuando la jerarquía eclesiástica decide crear la Diócesis de Apartadó en el Urabá antioqueño, Monseñor Duarte Cancino es nombrado el 18 de junio de 1988 como su primer Obispo. Finalmente, el 19 de agosto de 1995 Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, quién decide nombrarlo como Arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, en reemplazo de Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, que es trasladado a Bogotá.

Es allí, en Cali, donde manos criminales, en un hecho que consternó al país y al mundo católico, asesinan a tan ilustre prelado en las primeras horas de la noche del 16 de febrero del año 2001, cuando cumplía con su misión apostólica.

Los hechos

Como ya se dijo, Monseñor Isaías Duarte Cancino cumplía su labor y ya era muy conocido por sus permanentes pronunciamientos y sus exigencias a la feligresía a su cargo. Recorría permanentemente las parroquias de su jurisdicción y había organizado unos apoyos a las comunidades necesitadas, entre ellas a unas de las comunas de Santiago de Cali.

El 16 de marzo de 2002 Monseñor Duarte Cancino presidía la celebración de una misa solemne como marco de una ceremonia de matrimonio colectivo (un poco más de cien parejas) en la parroquia El Buen Pastor, ubicada en la carrera 261 con diagonal 71 A del barrio Ricardo Balcázar de Cali. Al terminar el oficio religioso, aproximadamente a las 8:30 de la noche, dos sicarios esperan la salida del obispo Duarte Cancino y lo acribillan a balazos al momento en que abordaba su vehículo frente a la iglesia. Los testigos afirman que los delincuentes huyen en una motocicleta hacia otro barrio de Cali.

La noticia, naturalmente, se difunde de inmediato por los medios de comunicación a toda Colombia y al mundo.

La investigación policial

Unidades investigativas iniciaron una serie de actividades en la ciudad de Cali y, a medida que iban arrojando resultados, se desplazaron a otros municipios del Valle del Cauca, los departamentos del Viejo Caldas, Meta y la ciudad de Bogotá.

Lo primero fue tratar de localizar a los testigos de los hechos, entre los cuales estaban algunos asistentes a la ceremonia religiosa, feligreses a la salida de la iglesia y curiosos que se encontraban frente a la parroquia. Seguidamente se hizo el acopio de los videos tomados en el matrimonio colectivo; se hicieron retratos hablados de los sicarios y con base en las primeras declaraciones obtenidas se pidió a la Fiscalía autorizar la interceptación, rastreo y verificación de teléfonos relacionados con los primeros sospechosos.

Pacientemente se fueron descartando algunos testimonios considerados contradictorios o señalados como "no ciertos". Averiguaciones posteriores facilitaron la retención de algunos individuos que, sometidos a reconocimiento en pruebas judiciales, fueron señalados como los autores materiales del crimen de Monseñor Duarte.

Finalmente, se pudo establecer que los individuos conocidos en el mundo delictivo con los apodos de "El Calvo" y "El Córtico" fueron los encargados de disparar y dar muerte al señor Arzobispo de la ciudad de Cali. Estos sujetos también fueron reconocidos como pertenecientes a una banda bien organizada y dedicada al sicariato a sueldo, como empleados de las llamadas -también en el argot popular- "oficinas de cobro" de la delincuencia organizada y con algunas vinculaciones de las bandas de narcotraficantes.

Señalados asesinos

El trabajo final de la Policía arrojó los siguientes resultados:

Captura, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de dos sujetos. También se comprobó que "El Calvo" se había fugado, el día del magnicidio, del establecimiento carcelario El Ferrocarril ya que había sido capturado por la Policía por porte ilegal de armas y bajo la sindicación de hurto calificado y fuga de presos por las fiscalías de Riofrío y Tuluá, Departamento del Valle.

Uno de los sicarios, al momento de ser capturado, portaba un revólver 38 largo marca Ruger, y una motocicleta marca Yamaha, placas LTK-86, cuyo sistema de identificación figuraba solicitado por hurto. Otro delincuente cuya captura se hizo efectiva por la Policía se acogió al beneficio de sentencia anticipada. A los capturados se les acusó de homicidio agravado en concurso con los delitos de porte ilegal de armas y rebelión.

Todos los registros fílmicos, fotográficos, allanamientos, seguimientos, reconocimientos y medidas de aseguramiento hechas efectivas por el personal de la Policía fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, junto con todos estos delincuentes, y sirvieron de soporte para la judicialización y esclarecimiento de execrable crimen.