Inseguridad urbana y sus efectos: percepción de los jóvenes

Urban Insecurity and its Effects: Perception of the Youth

Roxana Vuanello^*

^*Doctora en Psicología. Profesora adjunta, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina. grvuan@unsl.edu.ar

Resumen

Entre los derechos humanos básicos, reconocemos la seguridad como un aspecto que en la actualidad despierta preocupación personal, institucional y social por su deterioro. El objetivo en esta investigación radica en explorar la situación de los jóvenes ante la inseguridad urbana, por conocer que primariamente estos actores son sindicados como autores de la criminalidad, y queda relegada su victimización.

En este sentido, se trabajó con adultos: para indagar cuáles eran las representaciones sociales sobre el papel de los jóvenes en materia de acciones delictivas, y con jóvenes: sobre su situación de víctimas de delitos, los efectos producidos y sus estilos de afrontamiento, a partir de la administración del Cuestionario de Inseguridad Urbana (CIU). Se complementó esta información con resultados sobre la construcción personal y social del miedo, acerca de la probabilidad de ser víctima de delitos, vivenciada por un grupo de jóvenes de una escuela de la ciudad de San Luis, ubicada en una zona periurbana.

Las muestras las constituyeron adultos y jóvenes de diferente sexo, estos últimos pertenecientes al nivel secundario y universitario, quienes fueron comparados con pares de diferentes localidades en la última etapa de investigación.

Las conclusiones obtenidas se asocian con el papel de las instituciones, la incidencia de los medios de comunicación en la proliferación del sentimiento de inseguridad urbana que presentan quienes no han sido víctimas de delitos, la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a sus pares del sexo masculino y la necesaria participación del Estado en el reconocimiento de los jóvenes como potencialmente vulnerables ante el delito.

Palabras clave: criminalidad, menores, delitos, víctimas, inseguridad urbana (fuente: Tesauro de la política criminal latinoamericana - ILANUD).

Abstract

Among basic human rights, we recognize security as a condition that currently awakens social, institutional and personal preoccupation owing to its deterioration. The objective of this research is to explore the youths' standing before urban security.

In this sense work was carried out with adults to find out what the social representations were regarding the youths' role in criminal activities; and with youths regarding the standing of crime victims, the effects of the said crimes and the way the victims faced them, after carrying out the Urban Insecurity Survey (CIU for its Spanish acronym).

This data was completed with the results from their personal and social construction of fear before the probability of their becoming a victim, as experienced by youths from a San Luis school located in the city's nearby suburbs.

Samples were taken from male and female adults and youths, the latter high school and college students, who were compared with peers from different districts at the last stage of the research.

The conclusions reached are associated to the institutions' role, the mass media's incidence in the proliferation of such a sense of urban insecurity shown by those who have not been victims of any crime; the women's higher vulnerability in comparison to their male peers; and the necessary participation of the State to acknowledge the youths as a potentially vulnerable group before crime.

Key words: criminality, minors, offenses, victims, urban insecurity (Source: Thesaurus of Latin American Criminal Policy - ILANUD).

Introducción

A partir de la teoría de las representaciones sociales surgió la necesidad de investigar acerca de la participación de los jóvenes ante los delitos contra la propiedad de la capital de la provincia de San Luis, desde la visión que los adultos, referentes de su zona de residencia, poseen sobre ellos.

Se entiende por representaciones sociales el conocimiento que se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamientos que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social... conocimiento socialmente elaborado y compartido (Jodelet, 1986: 473).

Son mecanismos que organizan la manera de interpretar la realidad y permiten vislumbrar la existencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y preceptos que orientan la conducta, tanto en su dimensión individual como colectiva. En términos de su precursor, toda representación social está compuesta de figuras y expresiones socializadas. Es una organización de imágenes y de lenguaje, porque recorta y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en comunes (Moscovici, 1961).

La tradición criminológica indica que las miradas hacia los jóvenes implicados en la criminalidad contra la propiedad están sesgadas y son mayoritariamente orientadas a hacer prevalecer su participación como autores del delito, tanto a través de la conducta particular como desde la formación de bandas y/o subculturas delincuenciales. La condición de inimputabilidad que la edad les otorga en su calidad de menores ante la ley, ha favorecido su participación en acciones antijurídicas, tanto desde su propia intencionalidad como a partir de la explotación de delincuentes mayores que se benefician por este especial carácter que se les confiere. No obstante, no solo este es el lugar que pueden ocupar.

En tal sentido, a partir del estudio de diferentes modalidades de la violencia que los alcanza en su rol de víctimas, surgió la inquietud de explorar las construcciones colectivas, que en términos de creencias, supuestos, expectativas y motivaciones compartidas (Ibáñez, 1988) tienen en la comunidad de un barrio de la ciudad de San Luis, hacia su población juvenil. Asimismo, estimar su propia percepción hacia la delincuencia, diferenciando la inseguridad real por haber vivenciado un hecho, del miedo a lo que pueda acontecer, valorando la incidencia individual y colectiva.

San Luis, una provincia de Argentina

San Luis se ubica en la región centro-oeste del país, lo que favorece su intercambio comercial e industrial con el resto de las localidades. Limita al este con Córdoba, al sur con La Pampa, al oeste con Mendoza, al noroeste con San Juan y al norte con La Rioja. Su población, según datos del Indec (proyección del año 2001), registra en la actualidad una cifra aproximada de 447.150 habitantes.

Desde 1982 se puso en práctica una política de promoción industrial que modificó sus características económicas, que en esa época se basaban en la agricultura y ganadería como sectores productivos, con importante cantidad de población asignada al sector público provincial y a la universidad existente hasta entonces como único espacio educativo superior. A partir de los cambios generados por el sector industrial, la provincia toda se vio inmersa en un creciente y radiante momento de diversificación comercial, durante el cual expandió sus productos hacia el resto del país y a nivel internacional, circunstancia que le imprimió un movimiento diferente al estilo provinciano propio de un lugar del interior de nuestro país. Sobre todo de la mano del turismo, como otra de las actividades favorecidas por políticas a manos de la familia gobernante, desde el retorno de la democracia en 1983.

Con el advenimiento de la democracia (1983), cuando el gobierno de esta provincia es ejercido por uno de los miembros de la familia que ocupa el poder político desde entonces hasta la fecha, se ha mostrado una imagen de este contexto provincial como libre de problemáticas sociales. Esto es, de analfabetismo, pobreza, desocupación.

Respecto de la última, las ofertas laborales estuvieron dadas por programas de promoción industrial que favorecieron a ciudadanos de este medio y de zonas aledañas. Sin embargo, a partir del 2003, quienes constituían parte de la población sin trabajo, por quedar fuera del espacio industrializado, o bien porque estaban a cargo de trabajos informales y a destajo, se visibilizaron. Esto fue a partir de ser convocados por el Estado provincial a formar parte de un Plan de Inclusión Social que comenzó a implementar, a efectos de paliar la recesión imperante de aquel momento.

Al año siguiente se inició un proyecto político para paliar la crisis de seguridad provocada por la criminalidad en ascenso, a partir de la creación del Programa de Seguridad Comunitaria. En el mismo se crearon los roles y funciones destinados a quienes se llamarían protectores comunitarios, encargados de efectuar recorridos en las calles a modo de protección. Este control público se realiza por la sola presencia de quienes cuentan con libretas, donde consignan los movimientos de los habitantes, situación que en múltiples ocasiones es valorada por los mismos como de vigilancia y hasta de sospecha de poder sumar elementos para favorecer conductas desviadas de la norma.

Esta información recabada se debe transmitir a los mediadores comunitarios, quienes ante comportamientos sospechosos dan aviso a las fuerzas policiales para que actúen desde la prevención y/o represión del crimen.

En los primeros años, y debido al carácter innovador de las medidas, se implementaron en determinadas zonas, consideradas más "calientes", en razón de su potencialidad delictiva.

Uno de estos primeros barrios donde se llevó a cabo el plan de seguridad comunitaria fue el seleccionado para la investigación que se relata en este trabajo, desde la presunción de que esta elección había estado definida por sus particulares índices de inseguridad, en razón de la mayor ocurrencia de delitos.

Acerca de la disminución de la seguridad urbana. Impacto en la subjetividad y en lo social

La conducta de las personas desde una mirada social es considerada una respuesta a las condiciones del entorno físico, y en especial a las demandas relacionadas con la supervivencia, con los imperativos sobre dónde y cómo vivir, afrontar las situaciones conflictivas, y el modo de utilizar los recursos.

Variables de personalidad y variables ambientales constituyen los recursos de una persona y cumplen el papel mediador entre la enfermedad (estrés) y tanto la salud física como psicológica. De allí la necesidad de alcanzar una mirada conjunta y recíproca de la relación sujeto-medio, para evaluar cómo los cambios sociales pueden constituirse en facilitadores de estrés.

Al respecto, y por entender que la violencia no es un fenómeno espontáneo sino el producto de una sociedad caracterizada por la desigualdad y la exclusión, la posibilidad y/o la real pérdida de la seguridad genera efectos con potencialidad de riesgo de enfermedad, así como de producir distintas pérdidas, entre las que se cuentan las relaciones interpersonales, que se ven teñidas por la desconfianza y la incertidumbre.

El contexto sociohistórico desde el cual se parte para conocer la situación actual está orientado a analizar las transformaciones sociales acontecidas a finales del siglo pasado. A partir de la década de los noventa, Latinoamérica toda se vio envuelta por problemáticas propias de la vulnerabilidad social a partir del repliegue de la acción del Estado, por el deterioro de los hábitos tradicionales de organización social. La globalización económica y las políticas que acrecentaron las diferencias sociales originaron mayores índices de pobreza. La precariedad del mercado laboral por la mayor flexibilidad, el empleo informal o de baja productividad desvalorizó el capital humano y fue cerrando posibilidades de desarrollo. Se creó así el entorno propicio para que la violencia y la criminalidad se acentuaran y se tornaran como fenómenos de mayor visibilidad. Tanto este aumento de la violencia como de las conductas delictivas desarrollaron en la población un sentimiento de inseguridad marcado, ya sea desde las experiencias reales de victimización, como de aquellas que se perciben y constituyen miedos nuevos, miedos a los otros, a lo conocido y desconocido.

De esta manera se fue vulnerando la seguridad, considerada como uno de los derechos humanos básicos que posibilitan una vida digna y protegida para los individuos y que los Estados deben promover a través de sus instituciones. Se define su marco disciplinario en "...el derecho que tienen las personas, las comunidades y las regiones de vivir seguras y de prosperar en paz..." (Domínguez Lostaló, 1999: 13).

Los procesos de rápida modernización y mercantilización han provocado vacilación ante los cambios, que dejan por fuera del sistema social a una importante cantidad de personas. El entorno se vuelve intimidante y factible de provocar daño, realidad que se torna tangible cuando la violencia es incentivada por la amplia cobertura de los medios de comunicación masiva.

En palabras de Saín (2002), la seguridad pública se convirtió en un problema de relevancia política cuando se hizo presente en la opinión pública, debido a la creciente sensación de inseguridad existente en la población.

De tal forma, se constituye en una problemática que produce efectos individuales y colectivos, en cuanto provoca altos costos económicos, desacredita las instituciones, desfavorece los procesos de inversión y altera las vinculaciones interpersonales cuando ganan espacio el miedo y el desengaño.

Como tal, la pérdida de la seguridad ante la delincuencia es factible de provocar transformaciones en el orden individual y limitar el accionar social e institucional en lo colectivo, favoreciendo aún más el aislamiento y el individualismo propio de ideologías neoliberales.

Entre sus consecuencias, que pueden ir desde la pérdida y daños de bienes hasta las lesiones físicas y psicológicas, e incluso la muerte, se pueden encontrar respuestas propias de una percepción de la vulnerabilidad, paralización temporal, aturdimiento, sentimientos de soledad, angustia, entre otros signos. Efectos que se pueden extender a la familia y a los vínculos interpersonales de la víctima. Reacciones que dependerán de la gravedad del hecho, el rol y función de la víctima, su edad, las circunstancias en que tuvo lugar el mismo, así como si el autor es conocido o no. Sin embargo, el daño y sus secuelas estarán también relacionados al papel de las instituciones de administración de justicia, cuyo rol es fundamental en la recuperación de la dignidad y la humillación que acompaña a la víctima posterior al delito sufrido.

A su vez, el "miedo al delito", entendido como la construcción social de sentirse y saberse víctima sin serlo, debido a ser testigo de situaciones criminales en el medio, va minando la credibilidad en los recursos personales, así como en la confianza de obtener la protección de los organismos estatales, lo que posibilita respuestas propias de un daño; es una escala similar a quienes sufren los hechos de manera experiencial.

Más allá de los registros estadísticos, así como los publicitados acerca de la actualidad delictiva, que en múltiples lugares no resultan fieles a lo que acontece en la realidad (cifra negra de la delincuencia), interesa aquí producir un acercamiento para la comprensión de este fenómeno social que afecta y perturba en grado creciente a la población, en particular a los adolescentes y jóvenes por sus características distintivas. La juventud se define como período del ciclo vital humano que se inicia en la adolescencia, por factores biológicos relacionados con la edad, y que finaliza de acuerdo con factores sociales propios de cada momento sociohistórico (Agulló, 1977).

Las características evolutivas del adolescente y de los jóvenes, por los roles sociales que les son asignados, ponen de relieve su particular vulnerabilidad, en cuanto no pueden percibir el peligro, no pueden defenderse ni solicitar ayuda y, principalmente, se encuentran desprotegidos por las instituciones (Marchiori, 2005). Evidencian, en consecuencia, una mayor permeabilidad a la influencia de diferentes fuentes de violencia del contexto social.

Los cambios sociopolíticos acaecidos en nuestro país generaron transformaciones en los vínculos sociales e institucionales; de tal manera, la escuela, como organización socializadora fundamental en el desarrollo de las poblaciones jóvenes, se transformó en una caja de resonancia de las distintas situaciones de violencia. "Por ser la escuela un lugar en el que la población aún confía y valora, se depositan en ella desde conflictos familiares hasta dificultades económicas, laborales, de salud, alimentación y seguridad" (Abad, 2002). Demandas que superan, en ocasiones, los objetivos y posibilidades reales de instituciones educativas.

La institución educativa, así como el contexto, en su condición de espacios de desarrollo de estos actores sociales, despiertan miedos y perplejidad en tales sectores sociales, puesto que demandan poner en ejercicio recursos personales y grupales, que les permitan sentirse más resguardados ante el sentimiento de inseguridad que manifiestan. Recursos que pueden no poseer por su estado vulnerable, en tanto seres en evolución.

Objetivos

• Examinar las representaciones sociales y atribuciones causales de un grupo de adultos sobre los jóvenes en su relación con actividades delictivas¹.
• Analizar la percepción de inseguridad que experimentan los jóvenes ante el contexto comunitario y el escolar².
• Reconocer el impacto generado en jóvenes afectados por el delito, como también ante la posibilidad de serlo (inseguridad real e inseguridad subjetiva) y el afrontamiento ante la violencia delictual.

Metodología

La investigación ha sido de tipo exploratorio y comparativa a partir de una muestra total de adultos de ambos sexos, conformada por 144 padres y personas de la comunidad barrial, pertenecientes a la zona de influencia del centro educativo de un barrio periurbano de la ciudad de San Luis. A ellos se les entregó un cuestionario, creado con fines específicos, el cual se aplicó en forma individual.

La muestra de jóvenes estuvo conformada por 77 mujeres y 41 varones, asistentes al nivel polimodal de la misma institución escolar, a quienes se aplicó, en forma individual, un cuestionario creado con base en los objetivos propuestos.

Se integró este estudio con la información obtenida a partir de anteriores experiencias relacionadas con la situación de los jóvenes frente al delito. Momento en que se investigó sobre personas con edades comprendidas entre los 16 y 24 años, de la ciudad de San Luis, que hubiesen sido víctimas de algún delito contra la propiedad. A este grupo y al control (formado por 125 jóvenes no víctimas) se les entregó el CIU (Cuestionario de Inseguridad Urbana) (Vuanello, 2002)³.

Este instrumento fue construido como material que supliera la ausencia de herramientas de medición específica. Durante un segundo momento se amplió la muestra a 922 jóvenes, en edades similares a las trabajadas, a efectos de validar desde lo metodológico dicho instrumento⁴.

En una tercera etapa se conformó una muestra de jóvenes de edades similares a las trabajadas anteriormente, constituyendo un grupo de 200 individuos, con distinta procedencia geográfica, a fines de evaluar la incidencia de la variable lugar de residencia en el estudio de la inseguridad y su relación con los jóvenes.

Resultados

En relación con las representaciones de adultos sobre los jóvenes

Los resultados fueron subdivididos en dos muestras diferenciadas por sexo, en donde prevalecían las respuestas que identificaron a los jóvenes en su condición de víctimas de delitos (33 hombres y 69 mujeres).

En relación con cuáles eran las causas que favorecían alcanzar ese carácter, en la muestra de varones, el 78,78% atribuyeron el ser víctimas al consumo de alcohol y drogas; el 75,75%, porque pueden ser patoteados por otros jóvenes. Consideraron, además, la falta de asistencia a las escuelas, así como la ausencia de formación laboral rápida (43%), como factores predisponentes a sufrir acciones delictivas.

En el caso de la muestra de mujeres, el 68,11% señalaron que los jóvenes son víctimas por falta de control policial, y además porque el Estado se ocupa poco de ellos, mientras que el 43,47% marcaron que algunas veces son víctimas por no concurrir a las escuelas, y 36,23% por tener demasiado tiempo libre.

Al identificar, en menor número, la factibilidad de que los jóvenes sean autores de actos antijurídicos, un 70% de los hombres y un 62,31% de las mujeres sostienen que los jóvenes no son arrestados por ser menores para la ley penal y esta condición favorece la ilegalidad.

En relación con la percepción de inseguridad de los jóvenes ante los contextos comunitario y escolar

Se indagó acerca de la posibilidad de que los alumnos experimentaran inseguridad en la escuela (cuadro 1), es decir, respecto del miedo a ser víctimas de algún delito en este contexto. Al respecto, cabe destacar que los mayores porcentajes correspondieron a aquellas percepciones que indicaban que, en su mayoría, los jóvenes no sentían demasiado temor a las diversas situaciones que viven en la cotidianeidad de la vida escolar. No obstante, aunque en menor medida, existían situaciones generadoras de inseguridad que identificaban como el temor a recibir agresiones emocionales (54% las mujeres y 34% los varones) y al temor a que les roben algunas de sus pertenencias (46% los varones y 43% las mujeres). A su vez, alrededor del 18% de los varones percibían como otras fuentes de inseguridad las agresiones físicas y el miedo a que algún grupo los obligue a realizar involuntariamente alguna acción no deseada. La situación de sentirse amenazados revestía mayor importancia para el grupo masculino y tenía presencia, aunque menor, para las mujeres.

Al explorar el grado de inseguridad que las mujeres y varones sentían en el contexto comunitario (cuadro 2), se pudo apreciar que las situaciones que les provocaban mayor temor a sufrir un daño son las que remiten al hecho de que se les acerque un grupo de jóvenes desconocidos (73% para el grupo femenino y 63% para los hombres), a que la casa en que viven quede sin gente (73% y 61%, respectivamente) y ambos grupos, en un 73%, presentaban temor a la pérdida de sus pertenencias, tales como medios de movilidad.

Un dato que se tornó relevante sobre situaciones investigadas, tales como ir al boliche bailable, andar solo por la ciudad, salir en auto, salir con pertenencias que puedan ser sustraídas, indicó que la mitad de los jóvenes sentían miedo en tales momentos, lo cual indica que un número importante de jóvenes perciben su inseguridad en el medio.

En relación con la exploración de la inseguridad objetiva y subjetiva que presentan los jóvenes, su afrontamiento y efectos provocados

Frente al delito, los jóvenes demostraron la necesidad de disminuir el impacto emocional provocado cuando el hecho acontece, así como cuando era percibido en calidad de amenaza, apelando para su afrontamiento a la búsqueda de apoyo social. Esta resultó ser una estrategia muy utilizada en las etapas evolutivas en estudio. Además, trascendió como relevante ante la desprotección vivenciada o apreciada, ya que además de favorecer las conductas sociales, de cohesión, han podido, a partir del grupo, reducir sus comportamientos de riesgo y sentir que alcanzaron a tener control cognitivo a nivel de sus creencias personales.

Durante esta primera etapa se comenzó a dibujar una realidad, que demostraba con mayor vulnerabilidad a las mujeres y a los jóvenes de menor edad, quienes ante la percepción del peligro o su concreción, elegían evitar las situaciones estresantes a nivel cognitivo o bien a partir de conductas que significaran el alejamiento de los estímulos generadores de temor. Si bien estas reacciones pudieron significar mayor protección, también se las evaluó como posibles limitaciones a prácticas propias de una edad donde prima la libertad y la aventura como fuentes de conocimiento.

Durante esta experiencia también se trabajó con grupo control (no víctima), que fue evaluado ante las diferentes situaciones que se consideraron relacionadas con el tema en estudio al construir el CIU. Resultó importante encontrar que, a pesar de no haber sufrido delitos, presentaban altas puntuaciones ante contenidos intimidantes de revictimización por posibles nuevos hechos, lo que indicó la fuerza de la amenaza que los hace víctimas en sus creencias, aun sin serlo directamente.

Las circunstancias y lugares significados como peligrosos, el abandono de medios de transporte, el contacto con personas desconocidas, portar dinero, sentirse observado, andar solo/a por la calle, al salir de una fiesta o un boliche en la madrugada, movilizarse sin pagar (hacer dedo), conocer los delitos que se producen y cuando se imaginan la posibilidad de un asalto en el lugar donde se encontraran, fueron aspectos que preocupaban más a la franja etaria de 17 a 19 años, que se presentó como la más vulnerable.

Fue interesante advertir que a este grupo (no víctima) le afectara más la idea de sufrir un delito que a quienes ya habían vivido esa experiencia. Este resultado aportó material para reafirmar que el sentimiento de inseguridad involucraba a estas personas en estados anticipatorios, lo que indicó el impacto del aprendizaje vicario, producto de la observación de acontecimientos ocurridos a otros, tanto en la constitución como en el sostenimiento de este estado.

A partir de los datos aportados por los participantes de la muestra de jóvenes que no habían sido víctimas de situaciones delictivas y presentaban miedo a su exposición por la inseguridad percibida, se detectaron dimensiones que se evaluaron como constituyentes del sentimiento de inseguridad⁵.

Cuando se amplió la muestra a fines de validar el instrumento creado para medir inseguridad urbana (CIU), algunas de las principales conclusiones a las que se llegó explicaban cómo percibían la criminalidad como fenómeno "naturalizado", entendiendo que debían aprender a convivir con sus consecuencias, tanto a nivel personal como grupal. Al analizar la incidencia de la variable edad, se corroboraron resultados que indicaban cómo los menores (17 a 19 años) elegían negar situaciones de riesgo para confrontar su vulnerabilidad a manera de no comprometerse afectiva y cognitivamente. Los de mayor edad confiaban en poseer capacidades personales a modo de protección, que no recibían de las instituciones legitimadas (policía, justicia) para brindársela.

La vulnerabilidad al estrés se notó acrecentada en el grupo de mujeres, quienes apelaban a ayudas externas ante el miedo al delito o frente a los efectos de su victimización.

Además de las reacciones, se estudiaron las situaciones que les producían inseguridad, para analizar variables del entorno que resultaran amenazantes. En este aspecto, evaluaron como peligroso la calle, el barrio, el boliche o su propia casa, sin encontrar algún espacio de mayor seguridad. Depositaban su confianza en la presencia de otros como apoyo social, más que en el medio en el que se encontraran. Al generalizar esta percepción a todos los lugares en donde mayormente desarrollan sus hábitos, se percibían como presa fácil, alimentando sentimientos de amenaza y riesgo.

A posteriori, se llevó a cabo una nueva etapa, en la que se buscaba indagar si existía alguna incidencia del lugar de procedencia como medio de evaluación de la influencia de las diferentes condiciones sociales, como factores diferenciales en la percepción y vivencias acontecidas ante la criminalidad.

De esta población se establecieron submuestras, tanto desde su procedencia originaria y foránea (provincias argentinas de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, entre otras) como de su carácter de víctima y de no víctima.

Se partía de la idea de que la ciudad de San Luis revestía características de mayor seguridad en el marco comparativo urbano, según datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censo), que indicaba que la tasa de delincuencia en esta provincia había sido de 258,6 cada mil habitantes (en el último registro del 2005), lo que la constituía en una de las jurisdicciones con menor criminalidad del país.

Esto significaba que se podía encontrar mayor cantidad de víctimas y de jóvenes con inseguridad subjetiva en lugares de mayor concentración poblacional, y más amplios movimientos comerciales e industriales, como lo representan algunas de las provincias de donde provienen muchos de los estudiantes que conformaron esta muestra.

Al analizar los resultados y comparar los grupos victimizados de San Luis y de otras provincias, surgieron diferencias significativas entre sexos en todas las variables que correspondían al sistema afectivo, denotando que estos jóvenes se sentían inseguros, con miedo y preocupaciones. En todos los casos, fueron las mujeres quienes resultaban más afectadas, ratificando su mayor vulnerabilidad en relación con anteriores estudios citados.

Al observar los resultados de quienes no habían pasado por situaciones delictivas, comparando los grupos de San Luis y de otras provincias, fue altamente relevante que también en las mujeres su sistema afectivo se veía comprometido ante la amenaza que representaba la posibilidad de serlo. La excepción de diferencias significativas en las respuestas, de acuerdo con el género, se dio solo en la preocupación que despertaba esta amenaza, con mayor presencia en los varones. Una vez más, los datos indicaban la mayor indefensión del grupo de mujeres.

La presencia de similares reacciones emocionales ante quienes habían vivido experiencias reales de victimización y quienes percibían su riesgo, planteaba la importancia del sentimiento de inseguridad, que resultaba equiparable a la evidencia empírica.

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en razón de lo que les ocurría a los jóvenes con diferentes lugares de procedencia, de tal manera que se consideró que la variable en estudio no aportó una incidencia directa en la percepción de la criminalidad.

La dificultad de conocer cifras reales de criminalidad, así como la rápida diseminación de los hechos delictivos, que ocurrían tanto a nivel nacional como internacional, resultaron datos dignos de considerar. Uno porque no permitía saber si la criminalidad aumentaba o no y el otro porque alimentó el miedo al delito más allá de lo que cada medio representara para sus habitantes. De esta manera, se observó que quienes viven la realidad puntana se encontraban dentro de un entorno informativo conformado por canales televisivos, medios radiales y gráficos que provienen sobre todo de la capital de la república, alimentando su condición de vulnerabilidad, más allá de los hechos reales que pudieran suscitarse en esta provincia.

Este dato fue analizado en el marco del número de jóvenes que denunciaron haber pasado por victimizaciones directas de hechos criminales, ya que el grupo de San Luis representó un 61% de la muestra de jóvenes víctimas (cuyo número total fue de 99), lo que reveló un crecimiento del delito respecto de administraciones anteriores de este cuestionario. Razón por la cual fue viable pensar que las estadísticas oficiales no conformaban datos cercanos a la realidad, dado que además de nutrirse de hechos denunciados, suelen utilizarse como herramientas de control político.

Conclusiones

A partir del conocimiento de cómo percibían los adultos las situaciones de los jóvenes frente al delito, el primer dato relevante estuvo relacionado en considerar la situación de vulnerabilidad ante el delito en los jóvenes, más que su responsabilidad personal. A partir de allí se observó una marcada diferencia en las atribuciones causales que realizaban hombres y mujeres para explicar el fenómeno de victimización en los jóvenes. Se evidenció la tendencia de las mujeres a ubicar en un locus de control externo la razón de por qué los jóvenes son víctimas, y que radicó básicamente en la ausencia o falta de control de los organismos del Estado. Mientras que los hombres asignaban un locus de causalidad en la propia víctima, manifestando que es el consumo de alcohol y drogas, así como la propia indefensión de los jóvenes por la agresión del grupo de pares, que los hace proclives a ser sujetos de victimización.

En relación con estas respuestas y considerando qué pensaban los jóvenes sobre su situación de riesgo en los contextos educativo y comunitario de la zona investigada, a partir de un análisis comparativo surgió con meridiana claridad que la escuela era percibida como un ámbito que origina mucha menos inseguridad que el medio externo. Las razones de esta información darían cuenta de que la misma resulta percibida por los jóvenes de la muestra como el lugar que "alberga" a sus alumnos con recursos suficientes para atender sus distintas demandas, a partir de la regulación y cuidado de la convivencia educativa como soporte básico de seguridad.

Sin embargo, acorde con el incremento de la violencia en las escuelas, resultó congruente con este dato de la realidad, que los alumnos hubiesen encontrado algunas fuentes de inseguridad en su contexto escolar. Al respecto, las que acusaron un porcentaje significativo fueron las que se correspondían con la sustracción o robos de las pertenencias y la de ser víctima de agresiones emocionales. Esta última armonizaba con las características socioafectivas de los jóvenes, quienes al estar en plena búsqueda de su identidad y construcción personal se mostraban particularmente sensibles a las percepciones que los demás tienen de sí, máxime cuando esos otros son sus propios pares.

En el contexto comunitario también existía el temor, en mayor medida, a la pérdida de pertenencias. La diferencia entre ambos contextos estaba dada por la aparición, en este último, del temor al contacto con jóvenes desconocidos. Dicha circunstancia obraría como un factor restrictivo a la posibilidad de apertura del ámbito relacional entre pares, con todas las limitaciones que de esto se deriva (solidaridad, aceptación de la diversidad, integridad social, etc.).

Se analizaron estos resultados en un espacio caracterizado por la presencia de personas que cumplían funciones de protección, por su participación en el Plan de Seguridad Comunitaria como apoyo a los organismos policiales. Transcurridos varios años desde su implementación y desde experiencias directas de evaluación realizadas con los vecinos involucrados, se conocía que los mismos sienten un alto temor por el control y la vigilancia de los protectores comunitarios, a quienes consideraban poco aptos o sin la capacitación suficiente para cumplir tan alta función. Todo ello se traducía en opiniones negativas hacia estas políticas gubernamentales, sobre todo por la comisión de hechos delictivos que se continuaban produciendo en zonas protegidas.

Desde esta perspectiva, fue clara la diferencia entre las estadísticas oficiales y la sensación de inseguridad que manifestaba la gente por entender que nada había cambiado desde la implementación del programa.

Resta analizar la información obtenida sobre lo que les acontecía a los jóvenes frente al delito y al miedo de ser víctimas. Tales resultados dieron cuenta de la conmoción emocional que acompañaba a los jóvenes como impacto de la criminalidad, lo cual vulneró su sensibilidad y dejaba abierta la posibilidad de instalación de sintomatología de estrés traumático en este orden.

La generalización de la criminalidad subjetiva, que en estas muestras no respondía a las diferencias sociales del lugar de procedencia de los mismos, representó una problemática difusa y multiplicada, que hacía rehenes a los jóvenes y aumentaba su vulnerabilidad, que parecía transmitirse con un impacto propio de una epidemia que podía desencadenar respuestas estresantes que enfermen a los individuos.

De tal modo, la pertenencia a estos grupos favorecía la existencia de un aprendizaje directo (inseguridad objetiva) como vicario (inseguridad subjetiva) y se aumentaba por la incidencia de la menor edad y al género femenino, con un claro predominio afectivo y ciertas dificultades orgánicas en sus reacciones ante el delito real o percibido.

Apelar a ayudas sostenidas en sus creencias religiosas significó la falta de confianza y credibilidad en otras respuestas, tales como la que debe brindarles la policía en calidad de organismo estatal, como encargados de la seguridad de los individuos. Esta institución ha pasado como desapercibida o mal conceptuada por parte de los jóvenes en todas estas investigaciones.

Las situaciones donde deben manejarse solos, sin el apoyo de sus pares o de otros significativos, reforzaban su situación de miedos aprendidos en edades donde la aventura y el conocimiento de nuevas prácticas se encuentran supeditados a estas circunstancias sociales que condicionan el aprendizaje de roles de mayor autonomía.

La indiferenciación en respuestas de jóvenes víctimas y no víctimas dieron cuenta de la existencia de un colectivo humano que no discriminó ante los hechos delictivos reales, sino que percibían su propia debilidad y falta de certezas en una sociedad que no genera respuestas probables de mejorar su seguridad, al menos en un futuro inmediato.

Todas estas conclusiones llevaron a observar el riesgo de "hipotecar" nuestras nuevas generaciones en cuanto puede imponer limitaciones a la propia libertad de los jóvenes y condicionar sus hábitos sociales, como también llegar a producir efectos factibles de instaurar traumas.

Reconocer la victimización de estos grupos significa superar la idea estereotipada de considerar el delito juvenil como un indicador de la criminalidad, avanzando en paradigmas criminológicos que amplíen esta mirada sesgada, que en ocasiones sirve solo a efectos de fundamentar argumentos más represivos, como la mayor severidad de penas o la disminución de la edad de punibilidad.

Registrar su rol de víctimas y/o su factibilidad de serlo pretende alcanzar respuestas institucionales que se generalicen al resto de la población, donde el desarrollo de políticas sociales y sanitarias públicas eficaces sea una de las dimensiones de tener en cuenta al diseñar programas que devuelvan a las personas la posibilidad de gozar de uno de sus derechos básicos: la seguridad.

Estos factores personales deben, a su vez, estudiarse en el marco situacional, donde las escasas posibilidades de cobertura de necesidades, entre ellas la educación y el trabajo, así como las grandes inequidades que conforman nuestro tejido social, se suman a la selectividad y criminalización de organismos de control social formal que los sindica como autores, dejando de reconocer su papel de víctimas, disminuyendo el marco garantista de sus derechos.

La preeminencia que tiene el tema de la seguridad en el campo de los fenómenos sociales y jurídicos emergentes en estas últimas décadas reclama una respuesta desde los organismos gubernamentales y civiles, por ser un contenido que atenta contra todo desarrollo democrático y sobre todo afecta la calidad de vida individual y grupal de los habitantes y de los jóvenes tal como se demuestra en este trabajo.

Notas

¹Resultados obtenidos con el equipo de investigación "Derechos Humanos, Control Social y Sectores Vulnerables", Línea A, Universidad Nacional de San Luis, años 2006-2009.

²Ídem.

³Resultados pertenecientes a la Tesis de Maestría en Psicología Clínica, Orientación Cognitivo-Integrativa, año 2002, Roxana Vuanello.

⁴Resultados pertenecientes a la Tesis Doctoral en Psicología de la autora, Roxana Vuanello. Año 2006.

⁵Ver "Un nuevo instrumento de evaluación psicológica: el Cuestionario de Inseguridad Urbana (CIU)", Revista Interdisciplinaria de Psicología y Ciencias Afines, Buenos Aires, 2006, pp. 17-46.

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