Introducción

Las conductas tipificadas como delito en la adolescencia son parte y producto de la sociedad en la que ocurren (^{Thompson y Bynum, 2016}), por lo que sus consecuencias en la dinámica social (^{Nas, Orobio De Castro y Koops, 2005}) merecen la atención de la comunidad científica para favorecer una mayor comprensión sobre los factores de riesgo a considerar, a fin de que los organismos sociales cuenten con el fundamento apropiado para prevenir su reproducción. El presente trabajo recopila 21 años de investigación a nivel internacional sobre los factores relacionados con conductas tipificadas como delito en la adolescencia, se rescatan estudios realizados en América Latina. Esto, como un intento por comprender y explicar las razones que llevan a los jóvenes a transgredir las normas de convivencia establecidas en el contexto social en que se desenvuelven.

Tradicionalmente, la niñez ha sido concebida como un periodo vital exento de responsabilidad jurídica, mientras la adolescencia supone un dilema legal en términos del tratamiento a tener ante la transgresión de las leyes establecidas (^{Thompson y Bynum, 2016}), debido a que durante este periodo vital coexisten atributos de la infancia y de la adultez. La adolescencia, por tanto, se concibe como un periodo vital de transición, enmarcado por diversos cambios a nivel físico, cognitivo y social, que son necesarios para afrontar las posteriores vicisitudes que conlleva la adultez (^{Blakemore y Mills, 2014}; ^{Cohen y Casey, 2014}).

Para la Organización Mundial de la Salud (^{OMS, 2018}), la adolescencia corresponde al periodo vital entre los 10 y los 19 años de edad, cuyo inicio está determinado por aspectos biológicos relativamente universales, y su culminación varía según el contexto cultural y socioeconómico del individuo. La ^{OMS (2018)} también señala diversos riesgos a los que se ven enfrentados los adolescentes, como el consumo de drogas, las prácticas sexuales de riesgo o los problemas de adaptación social, a pesar de los significativos logros que alcanzan, como el aumento en su rendimiento cognitivo a consecuencia de los cambios en los sustratos neuronales involucrados en el desarrollo de las funciones ejecutivas (^{Davidson, Amso, Anderson y Diamond, 2006}; ^{Diamond, 2013}) y la regulación emocional (^{Vink, Derks, Hoogendam, Hillegers y Kahn, 2014}) que se presentan a lo largo de la adolescencia hasta la adultez temprana.

Considerando la naturaleza singular de la adolescencia, a partir del siglo XX se ha venido conformando un marco legal que responsabiliza legalmente por sus conductas a los jóvenes mayores de siete años, aunque no de manera plena como en el caso de los adultos (^{Thompson y Bynum, 2016}). De este modo, la expresión de conductas tipificadas como delito durante la adolescencia se establece como un fenómeno complejo en el que confluyen la comisión de conductas tipificadas como delito según el marco legal de algún gobierno y la concepción de una población que tiene la peculiaridad de no ser objeto de responsabilidades jurídicas plenas (^{Young, Greer y Church, 2017}).

En el ámbito internacional, el registro y la comparación estadística de las conductas tipificadas como delito perpetradas por adolescentes representa una tarea laboriosa que puede derivar en conclusiones imprecisas, dado que los criterios para registrar el fenómeno suelen variar significativamente de país a país. Pueden encontrarse variaciones por la naturaleza de los centros de atención a los menores infractores, razón por la que muchos países no cuentan con registros precisos del número de menores encarcelados, debido, en parte, a que la estimación de la cantidad de niños y jóvenes privados de la libertad se complica por la existencia de diferentes tipos de centros de privación de la libertad para ellos,incluyendo prisiones para adultos y refugios de menores (^{Human Rights Watch, 2016}). Por otra parte, existe también variabilidad en la definición de las conductas tipificadas como delito en la adolescencia según el código penal de cada país. Esto se hace evidente entre los países de América Latina. En Argentina, la edad mínima para ser penalmente responsable son los 16 años, en Colombia, Chile, Paraguay y Perú, dicha edad se establece en los 14 años, mientras en Bolivia, Brasil, Canadá, México, Uruguay y Venezuela, 12 años (^{Child Rights International Network, 2019}). Tal como varía la edad mínima de la responsabilidad penal, también varía la aplicación de sanciones según la edad y la tipificación de las conductas que realizan los adolescentes, por lo que es preciso revisar ampliamente cada sistema penal para adolescentes.

A pesar de las dificultades que conlleva la comparación entre países, es posible tener un panorama general del fenómeno de la delincuencia juvenil en América Latina, al revisar como ejemplos concretos los cuatro países más poblados de la región. En Brasil, la cifra de adolescentes en conflicto con la ley presentó una tendencia ascendente en los años comprendidos entre el 2004 y el 2015, se pasó de 13,489 a 26,868, con un leve descenso en las cifras correspondientes al año 2016, cuando se presentaron 26,450 registros, según datos reportados en el Anuario Brasilero de Seguridad Pública (^{Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2018}). En México, el número de adolescentes infractores ha venido en aumento desde el año 2008 (^{Azaola, 2015}). El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó en el año 2015 el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (reporte quinquenal), según el cual, para tal año, 8,483 menores de 18 años (93% hombres) habían sido ingresados al sistema penal por violación a la ley, de los cuales 7,774 eran procesados por primera vez, y 709 al menos por segunda vez. Se estima que del total de menores infractores en 2015, 4,331 fueron privados de la libertad (^{INEGI, 2015}).

En Colombia, desde la implementación en 2007 del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), la cifra de menores ingresados a este sistema presentó un aumento anual progresivo, comenzando con 4,018 en 2007, hasta los 30,843 en el año 2013, seguido de una continua disminución anual hasta los 9,156 en 2018 (^{Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2018}). Se estima que, del total de adolescentes incluidos en el SRPA, el 88.2% corresponden a hombres. Para el caso de Argentina, en el año 2018 fueron reportadas 2,193 intervenciones en los juzgados Nacionales de Menores, a partir de las cuales se imputaron cargos a 1,501 menores; de estos, 1,155 fueron imputados por una sola causa, 320 por entre dos y cinco causas y 26 por seis o más causas. Se estima que, del total de menores imputados, el 86,1% fueron hombres.

Estas cifras de menores vinculados en los sistemas de justicia en América Latina adquieren mayor gravedad ante el panorama de intervención llevado a cabo por las autoridades, donde se prioriza el tratamiento punitivo por la vía legal, sin que se realice algún tipo de intervención preventiva (en los ámbitos cognitivo y social) de la recurrencia de faltas a la ley (^{Azaola, 2015}).

Buscando estar en coherencia con las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), en lo que a investigación, formulación de normas y coordinación se refiere (^{Organización de las Naciones Unidas -ONU-, 1990}), el presente estudio documental intenta responder a la cuestión ¿cuáles factores de riesgo y protectores se conjugan y propician en un adolescente la expresión de conductas tipificadas como delito? Para el análisis teórico de esta problemática se eligió el modelo ecológico desarrollado por ^{Bronfenbrenner (1987)}, y la adaptación de dicho modelo al fenómeno de la delincuencia juvenil realizada por ^{Frías Armenta, López Escobar y Díaz-Méndez (2003)}. ^{Bronfenbrenner (1987)} plantea que el ambiente ecológico en el que se desarrolla y desenvuelve un individuo está compuesto por un conjunto de sistemas interrelacionados que se organizan en diferentes niveles según la cercanía al individuo, donde cada nivel contiene sucesivamente al otro (macrosistema, exosistema, mesosistema y microsistema). Este modelo permitió describir el fenómeno de las conductas tipificadas como delito en la adolescencia, considerando los factores de riesgo y protectores predisponentes de conductas delictivas en los sistemas más cercanos al individuo, y también los de su contexto más general.

El macrosistema corresponde a las formas de organización social, los sistemas de creencias sociales y los estilos de vida que se configuran en una cultura determinada (^{Bronfenbrenner, 1987}; ^{Frías Armenta et al., 2003}). Se refiere al contexto global en el que se encuentran inmersos los otros tres sistemas. Afecta al sistema de valores de un individuo de manera indirecta, por medio de situaciones con las que éste no interactúa cotidianamente, como la organización política, el sistema de creencias y las pautas culturales de su país (^{Frías Armenta et al., 2003}). Desde este nivel se favorecería la manifestación de conductas delictivas, por ejemplo, debido a las características de la sociedad en que se vive, como las carencias económicas, la segregación social, y demás limitantes para acceder a servicios públicos, como educación o salud, entre otros (^{Hein, Blanco y Mertz, 2004}). Para ejemplificar lo anterior, de acuerdo con ^{Hoskins, Del Cid, Pérez Gualdron y Tolou Sham (2019)}, un factor de protección para la aparición de conductas tipificadas como delito en la adolescencia enmarcado en el macrosistema, corresponde al estatus generacional de los adolescentes hijos de migrantes latinos en Estados Unidos, como bien reporta ^{Tapia (2015)}, aquellos menores nacidos en el extranjero y llevados por sus padres a dicho país presentan significativamente menos contactos con el sistema de justicia juvenil, en comparación con aquellos nacidos en Estados Unidos.

El exosistema incluye las instituciones mediadoras entre los niveles cultural e individual. Este sistema afecta el entorno de desarrollo del individuo, pues incluye disposiciones formales e informales como la estabilidad de ingresos económicos en la familia, el vecindario, las redes sociales, el sistema educativo, los medios de comunicación y el nivel de institucionalidad ejercida por el estado al que se pertenece (^{Bronfenbrenner, 1987}; ^{Frías Armenta et al., 2003}). Un ejemplo de un factor que propiciaría la aparición de conductas tipificadas como delito en la adolescencia desde el exosistema estaría dado por la exposición a la delincuencia en el contexto social, pues esto favorecería la normalización de los actos delictivos mediante la exhibición de modelos acordes a este tipo de conductas, tal como señalan ^{Bobbio, Lorenzino y Arbach (2016)}. En contraste, un ambiente escolar que propicia en el adolescente la sensación de seguridad, de protección por parte de sus docentes y cercanía con todos los miembros de la comunidad educativa, constituye un factor protector para la aparición de conductas tipificadas como delito en la adolescencia (^{Wilkinson, Lantos, McDaniel y Winslow, 2019}).

Por su parte, el mesosistema, que se basa en la interacción entre más de dos microsistemas, involucra directamente al individuo desde ámbitos como el escolar, el familiar, el laboral y el social. Por tanto, el mesosistema comprende durante la infancia la interacción, por ejemplo, entre la familia y la escuela; y en la adultez, entre familia y el trabajo (^{Bronfenbrenner, 1987}; ^{Frías Armenta et al., 2003}). En este caso, el grado de monitoreo y coordinación entre la familia y escuela en favor del desarrollo integral del adolescente, puede concebirse como un factor protector (cuando se ejerce cabalmente) o de riesgo (ante su ausencia) ^{Hoskins et al. (2019)}.

Ahora bien, en el nivel más próximo del desarrollo del individuo, se encuentra el microsistema. En ese nivel se incluyen las relaciones más inmediatas establecidas en la cotidianidad del individuo, la familia es referida como la mejor representación de este, aunque también se incluye el grupo de amigos (^{Bronfenbrenner, 1987}; ^{Frías Armenta et al., 2003}). Un ejemplo de la influencia de este sistema sobre la manifestación de conductas tipificadas como delito en la adolescencia, es una historia familiar enmarcada por actos fuera de la norma, que son tomados como adecuados (como la idea de robar por necesidad). Así, la delincuencia pasa a ser para el individuo una conducta adaptativa, priorizando la resolución de problemas (como los financieros), mediante la expresión de conductas que pueden no estar acorde con la Ley (^{Izaguirre y Calvete, 2017}; ^{Pettit y Mize, 2007}). Congruentemente, en la literatura se describen algunos ejemplos de factores estresantes en el entorno familiar que han demostrado incidir sobre la expresión de conductas tipificadas como delito en adolescentes, tales son los problemas financieros (^{Paalman, Domburgh, Stevens y Doreleijers, 2011}), la separación parental (^{Dare y Mallett, 2009}), el maltrato infantil (^{Barrett, Katsiyannis, Zhang y Zhang, 2014a}; ^{Hughes, Busch, Zagar, Grove, y Arbit, 2009}), la violencia intrafamiliar (^{Zagar, Grove, Busch, Hughes y Arbit, 2009a}) y los antecedentes delincuenciales dentro del grupo familiar (^{Cropsey, Weaver y Dupre, 2008}). Por otra parte, ^{Lõsel y Farrington (2012)} describen algunos factores de la dimensión individual que fungen como protectores, como inteligencia por encima del promedio, baja impulsividad, baja ansiedad, actitud prosocial y alto rendimiento académico.

Finalmente, las diferencias individuales, factor no incluido en el modelo ecológico expuesto, son un factor que es preciso considerar, pues interactúa de manera activa con el contexto social en un ciclo de retroalimentación mutua (^{Izaguirre y Calvete, 2017}; ^{Pettit y Mize, 2007}). ^{Hughes, et al. (2009)} señalan que los diversos eventos y situaciones adversas del contexto se encadenan con las características personales, fundiéndose en múltiples manifestaciones que afectan el adecuado desarrollo personal. El modo en que un individuo codifica, interpreta y evalúa la información que provee su contexto, propicia la configuración de una postura particular hacia el acato de las normas sociales y la interacción con los otros (^{Pettit y Mize, 2007}). Al respecto, ^{Barrett et al. (2014a)} señalan que la actitud de normalización hacia la violencia y el consumo de drogas por parte de los adolescentes se correlaciona positivamente con la manifestación de actos delictivos. También se ha descrito que el estado no óptimo del desarrollo cognitivo puede ser una variable favorable para la exteriorización de actos delictivos, pues restringe el adecuado desenvolvimiento del individuo a la hora de interactuar con otros, como se daría ante un bajo rendimiento en cognición social (^{Arango, Montoya, Puerta y Sánchez, 2014}; ^{Galán, Choe, Forbes y Shaw, 2017}; ^{Vilariño, Amado y Alves, 2013}), así como en la planeación y estimación de las consecuencias de los propios actos, por ejemplo, ante el déficit en el funcionamiento ejecutivo (^{Zagar et al., 2009a}; ^{Zagar, Busch, Grove, Hughes y Arbit, 2009b}) .

En consideración de lo expuesto, este estudio se plantea el objetivo de describir los factores de riesgo y de protección para la manifestación de conductas tipificadas como delito durante la adolescencia. Para ello se analizaron los hallazgos de estudios empíricos que examinaron múltiples factores incidentes en el fenómeno de la delincuencia juvenil a nivel internacional.

Método

Se revisaron artículos empíricos publicados en español e inglés en las bases de datos Scopus y Redalyc entre enero de 1998 y junio de 2019. Para la búsqueda de los artículos objeto de análisis, se emplearon los siguientes descriptores: "predictors OR risk factors OR protective factors" AND "juvenile delinquency OR youth delinquency OR adolescent delinquency". Dichos descriptores debían estar incluidos en el título o el resumen de los documentos. La selección de las bases de datos obedece a su extensa cobertura de revistas científicas producidas a nivel internacional, y en el caso concreto de Redalyc, porque agrupa estudios desarrollados en o sobre América Latina.

Los artículos seleccionados en función del objetivo planteado cumplieron los siguientes criterios de inclusión: ser artículos empíricos de corte cuantitativo; considerar una muestra de adolescentes que abarcara las edades entre 11 y 18 años quienes hubiesen realizado alguna conducta que implicara la infracción a la Ley penal del país en que se desarrollara el estudio; tener un diseño que permitiera la asociación entre alguna variable explicativa con la manifestación de conductas tipificadas como delito en la adolescencia, como variable criterio. Por otra parte, se excluyeron de la revisión los artículos descriptivos; estudios enfocados en el análisis de la reincidencia, la delincuencia como autoreporte o la severidad del crimen como variable criterio; y estudios centrados en conductas delictivas muy específicas (por ejemplo, la consideración exclusiva de la agresión sexual). El desarrollo del presente trabajo se basó en la guía Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Mete-Anelyses, (PRISMA) (Moher, Liberati, Tetzlaff y Altman, 2010) que busca orientar a los investigadores en el proceso de desarrollo y reporte de revisiones sistemáticas y metaanálisis. El empleo de la guía PRISMA conlleva la realización de un diagrama de flujo que comprende cuatro fases que orientan el proceso de selección y descarte de las unidades de análisis. La Figura 1 esquematiza el proceso desarrollado.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1 Procedimiento de selección de las unidades de análisis. 

Resultados

De los estudios incluidos, cuatro fueron desarrollados en América Latina, específicamente en Chile, Argentina, Colombia y Brasil. La mayoría de estudios seleccionados se realizaron en los Estados Unidos (25). Los restantes estudios se desarrollaron en Países Bajos (2), Inglaterra (2), Portugal (2), Alemania (1), Australia (1), Finlandia (1), India (1), Nigeria (1) y Nueva Zelanda (1). Según el año de publicación de los artículos incluidos, es posible observar que los años con mayor frecuencia de publicación fueron 2017 (7), 2012 (6) y 2009 (5). Por otra parte, entre los años 2000 y 2004, al igual que en el año 2018, no se identificaron artículos publicados que cumplieran los criterios de selección establecidos.

De los 41 estudios identificados, 21 fueron de tipo transversal y 20 de tipo longitudinal. La tabla 1 muestra las principales características de los estudios seleccionados y sus resultados estadísticamente significativos sobre los factores de riesgo o protectores sobre las conductas tipificadas como delito en adolescentes.

Discusión

Los resultados descritos en esta revisión sistemática confirman la naturaleza compleja del fenómeno de la manifestación de conductas delictivas durante la adolescencia. Tanto en los factores de riesgo como en los de protección identificados, se observa la influencia de factores personales y de los contextos familiares, escolares y sociales. La tabla 2 presenta un resumen esquemático de los factores de riesgo y de protección identificados, según la categorización empleada desde el modelo ecológico de ^{Bronfenbrenner (1987)} y la consideración de las diferencias individuales.

Se identificaron 48 factores relacionados de manera significativa con la manifestación de conductas tipificadas como delito en la adolescencia. De estos, 33 son de riesgo y 15 son protectores. Lo anterior podría indicar, en congruencia con lo expresado por ^{Farrington y Ttofi (2011)}, que, en la investigación sobre las conductas delictivas en la adolescencia, los factores de riesgo son estudiados con mayor frecuencia que los protectores.

Ahora bien, el 65% de los artículos seleccionados, describen al menos dos factores de riesgo o de protección de las conductas tipificadas como delito en la adolescencia, lo que sugiere que este fenómeno podría ser una consecuencia de la influencia combinada entre diferentes tipos de variables. ^{Valdenegro (2005)} propone un modelo explicativo de interacción entre variables que propician la manifestación de conductas tipificadas como delito en la adolescencia para el contexto chileno. A partir de este, el autor señala la importancia de abordar las conductas tipificadas como delito en la adolescencia como un fenómeno cuyo origen no está supeditado exclusivamente al individuo y en el que convergen e interactúan múltiples contextos ecológicos socialmente determinados.

En este orden de ideas, las experiencias adversas en la niñez, originadas en el grupo familiar, el contexto comunitario o el contexto escolar, pueden contribuir directa (generación explícita de motivos para delinquir) o indirectamente (gestar alteraciones psicológicas o neuropsicológicas que mengüen la capacidad de discernir del individuo) en la ejecución de conductas delictivas en la adolescencia o la adultez, tal como se encuentra referenciado ampliamente en la literatura (^{Basto-Pereira et al., 2016}; ^{Cropsey et al., 2008}; ^{Robertson y Walker, 2017}; ^{Zagar et al., 2009}). La variable de riesgo identificada con mayor frecuencia fue el antecedente de maltrato infantil, referido en 14 de los estudios seleccionados, la cual se enmarca dentro del microsistema.

La alta frecuencia del maltrato infantil como factor incidente en las conductas tipificadas como delito en la adolescencia suscita interpretaciones explicativas entre los investigadores que abordan el tema. ^{Barrett et al. (2014a)} consideran que el perfil psicológico de los padres (con rasgos como la impulsividad y la impaciencia) y las pautas de interacción con sus hijos (contextos enmarcados por la falta de empatía, la coerción y el rechazo) impactarían altamente en el desarrollo de un perfil delincuencial de los menores. ^{Robertson y Walker (2017)} sugieren que los menores que experimentan situaciones de maltrato pueden externalizar problemas de regulación emocional que limitarían la calidad de su interacción con pares y adultos, en contextos que en principio serían favorables para su desarrollo tanto personal, como escolar. Lo anterior supondría una barrera para alcanzar el éxito académico, el desarrollo de habilidades sociales y el establecimiento de un grupo de apoyo favorable. Por su parte, ^{Lemmon (2006)} sostiene que, aunque el maltrato infantil no distingue entre niveles socioeconómicos, la pobreza suele generar un ambiente que favorece su aparición y mantenimiento. A su vez, un contexto socioeconómico bajo puede conllevar un entorno de desorganización social que acarrea otros factores de riesgo, que potenciarían la manifestación de conductas delictivas en los menores, como el consumo de drogas, el fracaso escolar y el embarazo adolescente.

Consistentemente, diversos estudios asocian la interacción entre variables del microsistema y el exosistema con la manifestación en los niños y adolescentes de trastornos psicológicos. ^{Green et al. (2010)} refieren que los entornos familiares disfuncionales en la infancia que incluyen situaciones problemáticas dentro del grupo familiar como presencia de enfermedades mentales de los padres, abuso de sustancias psicoactivas, criminalidad, violencia, maltrato infantil y negligencia, se asocian de manera importante con problemas de salud mental, como trastornos del estado del ánimo, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas, trastorno disruptivo de la conducta, entre otros, a lo largo de la vida. ^{Moore, Silberg, Roberson Nay y Mezuk (2017)} concluyen que el estado socioeconómico bajo, una relación poco cercana con la madre y la aplicación severa de la disciplina parental, aumentan la probabilidad de presencia y persistencia durante la infancia y la adolescencia del trastorno disruptivo de la conducta. En la misma línea argumentativa, ^{Hughes et al. (2009)} reportan una asociación positiva entre el historial de maltrato psicológico, físico o sexual en la infancia, con la manifestación de un bajo rendimiento del funcionamiento ejecutivo en la adolescencia. A su vez, ^{Solovieva, Torrado, Maravilla y Rivas (2017)} relacionan el estado socioeconómico bajo, el poco apoyo comunitario, un entorno familiar desestructurado y conflictivo, y la ausencia de preparación y motivación para las actividades académicas por parte de adultos cercanos, con la manifestación del TDAH.

En suma, lo anterior sugiere que los factores de riesgo para la manifestación de conductas tipificadas como delito en la adolescencia, descritos en los resultados aquí presentados dentro de la dimensión personal, tales como las características de personalidad, de regulación emocional y de funcionamiento cognitivo, tendrían como trasfondo la inestabilidad de los contextos familiares y sociales. Este supuesto, antes de restar responsabilidad individual en las conductas delictivas perpetradas durante la adolescencia, plantea la necesidad de redistribuirla, integrando en el entramado de elementos que forjan la conducta delictiva precoz, a la familia y a las instituciones sociales y políticas. Al respecto, ^{Malvaso et al. (2017)} mencionan que los servicios de justicia juvenil no suelen contemplar en sus programas de intervención, o al menos no como foco principal, las consecuencias sobre la salud mental de las experiencias adversas durante la infancia. En este orden de ideas, la intervención enfocada exclusivamente en limitar la manifestación de conductas delictivas de los adolescentes, aislándolos de su entorno social natural, aunque parecería resolver el problema inmediato, solo toca la capa superficial del fenómeno sin que se impacte la raíz del mismo.