Introducción

La inmigración ha sido abordada desde una perspectiva interdisciplinar y contextual, por eso resulta importante conceptualizar la categoría de migración e inmigración, entre otros puntos emergentes facilitadores de la comprensión de las causas y efectos para el país receptor de estos desplazamientos masivos y lesivos, pero ineludibles en los Estados suramericanos, en cuanto dinamizan el flujo poblacional y generan intercambios culturales, transformaciones, turismo, visualización de las riquezas y deficiencias en cada nación. Consecuente con ello, se hace énfasis en la pertinencia del objetivo: analizar la violencia de género padecida por las mujeres inmigrantes venezolanas radicadas en la invasión Caraquitas, en el barrio El Bosque, Barranquilla, el cual se sustenta en una metodología mixta, en cuanto ofrece la posibilidad de realizar un trabajo de campo para comprender las teorías sobre el rol de la mujer en el movimiento inmigratorio y su revictimización por parte del propio sistema normativo vigente.

En la legislación colombiana no se han diseñado planes de contingencia para controlar oportunamente el fenómeno de la inmigración y la violencia de género contra la mujer. El sistema constitucional cimiento del Estado social de derecho imperante en este país desde 1991 ha sido muy garantista para los sujetos transgresores de bienes jurídicos prevalentes como la vida, la integridad personal, la libertad y la familia, ya sea en el ámbito privado y/o público (^{CPN, 1991}). Aunado a esos conflictos, se suma la flexibilidad del legislador referente a la fijación de penas a los agentes activos de delitos y su débil pretensión de sancionarlos ejemplarmente, por la comisión u omisión de conductas causantes de vulneración de los derechos fundamentales y humanos. Seguidamente, el conflicto histórico e insuperable de inequidad entre el hombre y la mujer, la negación de su empoderamiento y autonomía, la renuncia a rescatar la identidad y el enfoque diferencial (^{Navas, 2020}).

La inmigración (^{OIM, 2019}) se ha interpretado como una señal de alerta para los gobernantes y gobernados, en la medida en que incita a revaluar las políticas públicas, las estrategias de seguridad implementadas para procurar el orden social, el bienestar colectivo, el acceso a servicios básicos para su subsistencia, el respeto por la dignidad humana, la distribución adecuada de espacios y el fomento del empleo (^{Blasco et al., 2020}).

El Estado colombiano ha perseguido la preservación de la seguridad y soberanía frente a los inmigrantes, pero no se ha logrado la meta, por eso las entidades y organizaciones designadas para asumir esa responsabilidad deben supervisar, de acuerdo con su cronograma, la reubicación de esta comunidad en zonas en las cuales no se obstruya la movilidad peatonal, explote la ecología y perjudiquen áreas destinadas para uso exclusivo de entidades oficiales o particulares, y la seguridad de sus funcionarios y usuarios. Asimismo, la aplicación de protocolos rigurosos para evitar arriesgar sus vidas ante delitos ejecutados por los inmigrantes contra ellos, tales como hurto, tentativa de homicidio y un sinnúmero de acciones reprochables e inadmisibles. Sin embargo, los reincidentes incrementan y el gobierno se ve exhortado a moderar el número de ayudas humanitarias suministradas a esta población de inmigrantes y con ese mecanismo, los motiva a retornar a su país de origen y disfrutar de los beneficios que recibirán allá por ser nativos, aunque su supervivencia sea más difícil como en el caso de Venezuela, por la acelerada depreciación de su moneda (el bolívar) (^{Blasco et al., 2020}).

De lo anterior se desprende que las estrategias de protección y seguridad y el respeto de los derechos de las víctimas dependen en mayor medida de la regulación de extranjería que de la normativa para la eliminación de la violencia. Las disposiciones de esta última provocan que la capacidad de decisión sobre la gestión del fenómeno violento se desplace de la mujer-agente al Estado protector, sin que la víctima (independientemente del origen nacional) intervenga de forma activa. En segundo lugar, el temor (fundado) a un proceso de expulsión con la denuncia crea indefensión e inseguridad, y por tanto victimización secundaria. Con todo, de ello no debe inferirse que se pretenda aquí la desjudicialización de la violencia, sino combatir esta victimización y proponer otras medidas para fomentar la autonomía de quienes han visto conculcados sus derechos. (^{Merino, 2017}, p. 122).

Los inmigrantes venezolanos experimentan dificultades recurrentes en Colombia, por estar indocumentados o con permisos muy cortos para trabajar, la imposibilidad de convalidar sus títulos universitarios, la mano de obra calificada, pero renumerada a un precio inferior al salario mínimo legal mensual vigente fijado en este país, la etiqueta impuesta por quienes no comparten su misma nacionalidad y el lastre de la discriminación (^{Navas, 2020}) por ser foráneos, provenientes de un territorio con el que las relaciones diplomáticas están deterioradas y no se comparte la misma ideología sobre la forma de gobierno, los intereses defendidos por los partidos y movimientos políticos, el legislador y sus decisiones, entre otros aspectos cruciales que deben ser valorados para trascender en el análisis de esta realidad que aqueja a muchos Estados.

Infortunadamente, los inmigrantes venezolanos, al permanecer en la ilegalidad, son sometidos a la explotación laboral, amenaza y coacción para desempeñar oficios deshonrosos, conformarse con el dinero recibido como contraprestación de su trabajo, a cambio de no ser denunciados ante las autoridades competentes y repatriados. Aunado a eso, los inmigrantes son obligados a trasladarse a otros lugares en contra de su voluntad, aglomerarse, caminar durante horas por trochas y sin la vestimenta adecuada para protegerse de los efectos producidos por temperaturas muy altas o bajas (^{Samaniego et al., 2020}), a subirse a embarcaciones y vehículos sin mantenimiento, regulación y control tecnomecánica, con el deseo de reiniciar su proyecto de vida en su país de origen.

Si los inmigrantes (^{Unesco, 2020}) no tienen suerte en la travesía emprendida para regresar a su país, porque fueron descubiertos y reportados por las autoridades estatales, mientras efectuaban la compra de documentos falsos o en el momento de ser entregados para su verificación, su privación de libertad sería inminente y ello implicaría el nacimiento de consecuencias jurídicas más gravosas ante las que tendrían que responder. De hecho, el propósito de las autoridades es reducir la impunidad frente a los delitos cometidos, evitar su huida (^{Samaniego et al., 2020}), detener la burla hacia el sistema migratorio y penal colombiano, y encender las alarmas para iniciar operativos que contrarresten hechos similares y no afecten la soberanía del Estado.

No obstante, los individuos inmigrantes (^{Oroza & Puente, 2017}) que hayan decidido continuar en la ilegalidad y ocultarse en zona rural para no ser encarcelados o repatriados y/o víctimas de uno o varios delitos, entre estos el secuestro, violación, trata de personas, extorsión, desaparición forzada, homicidio y/o genocidio, el sometimiento a operativos sangrientos e ilegales por parte de los grupos de limpieza (individuos que actúan al margen de la ley y reciben órdenes de quienes requieren sus servicios para exterminar la vida de una o más personas, a cambio de dinero), inmediatamente pierden las prebendas obtenidas en el país que los acogió y les posibilitó trabajar, acceder a la salud gratuita, comer, tener una vivienda para refugiarse y la posibilidad cercana de reencontrarse con sus familiares, lograr sus expectativas y aspirar a mejorar su calidad de vida.

Los patrones migratorios en la actualidad han cambiado. La migración puede ser de corta o larga duración, temporal o permanente, o consistir en una serie de itinerarios en múltiples etapas, incluido el retorno al punto de origen. A raíz de estas transformaciones, los migrantes bien pueden estudiar en un país, trabajar y criar a sus hijos en otro, y jubilarse en un tercero, además de muchas otras variaciones más. Es por ello que los migrantes y sus familiares viven su experiencia transnacional como una fuente de enriquecimiento personal y de desarrollo donde se acrecientan las oportunidades educativas, laborales y de estilo de vida. Además, se desarrolla el lenguaje y el uso de las tecnologías y se pone de manifiesto la diversidad cultural de las comunidades migrantes y la interculturalidad reinante en el sujeto y su familia. (^{Oroza & Puente, 2017}, p. 15).

En este punto del artículo es menester reafirmar que el objetivo no es estudiar a la población inmigrante en general sino concentrarse en las mujeres (^{Orbegozo, 2009}), por ser victimizadas y esclavizadas, presionadas para casarse, reproducirse y educar a sus hijos, ajustarse a los estereotipos sociales, el paradigma sexista defendido por la cultura androcéntrica y la supremacía del poder masculino (fuerte) respecto al femenino (débil) (^{Larrauri, 2007}); el sufrimiento diario por estar lejos de su familia (padres, hijos y hermanos), el despojo de sus bienes materiales, la renuncia o despido de su trabajo y el abandono al ejercicio de su profesión, entre otros problemas emocionales enfrentados en su estadía en Colombia, en la invasión Caraquitas-barrio El Bosque, Barranquilla.

Las mujeres inmigrantes (^{De Alencar et al., 2013}) han sido víctimas del acceso carnal violento, el tocamiento corporal en sus partes íntimas sin su consentimiento, el deterioro de su calidad de vida y salud, el ser constreñidas, presionadas a silenciarse y recibir los maltratos infligidos para no perder el salario obtenido, ser explotadas sexualmente y sus órganos comercializados mediante el uso de la fuerza y procedimientos ilegales. De igual forma, a las mujeres inmigrantes se les ha forzado a transportar droga en su cuerpo para pagar una deuda adquirida con sus jefes-torturadores y delincuentes por tramitar sus documentos, suministrarles dinero, alimento, vestido para ellas y sus familias, sacarlas del país donde residían con engaños como otorgarles becas para ingresar a academias de baile, teatro y proponerles modelar en reconocidas pasarelas del mundo, desempeñarse como niñeras, organizadoras de eventos políticos y de caridad o cualquier otro tipo de planes atractivos, bien remunerados y en el extranjero, solo por su belleza latina y tener la fortuna de ser halladas por estos cazatalentos, empresarios dispuestos a invertir en la cualificación de su personal (^{Del Rey & Grande, 2017}).

Metodología

El proyecto de investigación desarrollado se sustentó en el tipo de investigación mixta, en cuanto lo integraron componentes cualitativos y cuantitativos, que facilitaron el análisis del fenómeno social inmigratorio de las mujeres venezolanas a Colombia y, en particular, en la invasión Caraquitas, barrio El Bosque, en Barranquilla. En el precitado lugar, las mujeres conviven con sus cónyuges, compañeros permanentes y/o parejas, hijos o desconocidos, con la aspiración de sobrevivir diariamente, a pesar de encontrarse indocumentadas, expuestas a necesidades alimenticias, sin estabilidad laboral, menoscabadas en su integridad y dignidad humana. En consonancia con ello, el enfoque utilizado fue el mixto (cualitativo y cuantitativo) (^{Bonilla & Sehk, 2006}) y por ello, se persiguió direccionar la revisión de las vivencias de estas féminas inmigrantes y sus experiencias al cambiar su hábitat. En cuanto al paradigma, el elegido fue el histórico hermenéutico y el empírico analítico, porque se hizo una reconstrucción e interpretación teórica determinante para la investigación, en conexidad con la valoración de datos y el diseño seleccionado fue el cualitativo-histórico y cuantitativo-cuasi exploratorio.

Respecto a la clasificación general de método, se optó por el inductivo y deductivo, la inspección de los casos específicos para luego estimar los generales. Después, se examinaron los datos cuantitativos que permitieron relacionar primero los hechos globales frente a los particulares (^{Galtung, 1966}). En cuanto a la subclasificación del enfoque se halló en la etnografía², el complemento adecuado para profundizar en el estudio de la inmigración de las mujeres venezolanas a Barranquilla, integrarse con el grupo observado e interactuar con ellas, permear en su quehacer diario, conocer sus percepciones e identificar las características en común.

Referente a los instrumentos y técnicas de recolección de información (^{Galtung, 1966}), se encontró en la observación participante, un medio adecuado de interacción con las mujeres-sujeto de investigación y con la aplicación de las entrevistas semiestructuradas. Se amplió la información adquirida con preguntas abiertas y cerradas, con la finalidad de motivar la espontaneidad, naturalidad y radiográfica completa de esta comunidad. Finalmente, la población favorecida fueron todas las mujeres inmigrantes venezolanas ubicadas en la invasión Caraquitas, en el barrio El Bosque, Barranquilla y la muestra, el 100% de las mujeres victimizadas por su pareja.

Resultados

En este apartado se evidenciaron los resultados totales de la investigación provenientes de las técnicas e instrumentos de recolección de información aplicadas al grupo de mujeres inmigrantes venezolanas, víctimas de violencia por parte de su pareja y las sobrevivientes a este delito durante meses o años.

Primero: la inmigración ha sido imparable desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, en países latinoamericanos, pero sin que ello haya sido interpretado como una regla inmovible, en cuanto en otras partes del mundo, el desplazamiento también se ha desplegado (^{OIM, 2019}). Barranquilla es la segunda ciudad capital, después de Bogotá, con más número de venezolanos residentes que han logrado asentarse con sus familias en la periferia y barrios subnormales por el bajo costo de los servicios y vivienda, la informalidad de su trabajo y sus pocos ingresos económicos (^{OIM, 2019}).

Segundo: las mujeres inmigrantes venezolanas fueron víctimas de violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial³ y/o simbólica por parte de su compañero permanente, cónyuge, expareja, familiar y/o desconocido, a quienes justificaban por ser su marido, el padre de sus hijos, por costumbre, sentimiento de miedo hacia ellos o la esperanza de cambiar esa realidad destructiva algún día. Este resultado proviene de los testimonios de las mujeres lideresas y las respuestas a las preguntas formuladas en articulación con las observaciones participantes realizadas al 100% de la población femenina. Aunado a ello, la citación de las teorías utilizadas para su consolidación.

Tercero: las mujeres inmigrantes venezolanas desconocían el significado y el trasfondo de la perspectiva y el enfoque de género. No dimensionaron los efectos del arraigo a una cultura patriarcal por varios factores, entre ellos, la pobreza y la precaria o inexistente educación, los cuales les dificultan el acceso a un trabajo formal y remunerado de forma justa (^{ONU, 2019}).

Cuarto: las mujeres inmigrantes venezolanas han iniciado su vida reproductiva en promedio a los 13-18 años de edad y son madres de 1 a 4 hijos, con la misma o diferente pareja, y arguyen que sus hijos representan la motivación principal para salir triunfantes en sus proyectos o, por el contrario, los primeros obstáculos para fracasar en su vida. En las mujeres, el inicio a temprana edad de las relaciones sexuales consentidas o producto de la explotación y trata de personas está relacionada con su rol y función como dadoras de vida por naturaleza; las falsas expectativas referente a su paso fronterizo a países como Colombia sin ninguna dificultad, el suministro de recursos económicos para subsistir y pagarles la deuda adquirida con sus abusadores para luego quedar en libertad (^{Unicef, 2018}).

Todo el desarrollo sostenible y todas las sociedades sólidas requieren niñas y mujeres saludables, educadas y autónomas. Una gran base empírica revela que el bienestar de los niños y las niñas depende especialmente de la supervivencia, la protección y las oportunidades de las mujeres. (^{Unicef, 2018}, p. 23)

Quinto: las mujeres inmigrantes venezolanas han sido discriminadas por el hecho de serlo, permanecer en la ilegalidad en un país diferente al de su origen, padecer enfermedades venéreas infectocontagiosas y transmitirlas a sus hijos, por ignorancia, negligencia o carecer de recursos suficientes para invertir en la salud de sus criaturas y la de ella.

(...) Todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones, y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres. La violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras personas-y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público son grandes obstáculos que aún persisten (...). (^{PNUD, 2021}, p. 1).

Sexto: las mujeres inmigrantes argumentan que, al salir de su casa y país, nunca se imaginaron a qué y a quiénes se iban a enfrentar, pero lo hicieron porque anhelaban un porvenir distinto para sus familias, aunque esa decisión les cambió su vida 180 grados, esperan retornar a sus raíces algún día no muy lejano para morir con los suyos (^{López, 2013}).

(...) Como hemos dicho, las mujeres han sufrido un fuerte proceso de desarraigo al dejar atrás sus espacios de origen, todo lo conocido, esperando tener una vida mejor. Se produce un choque con la realidad, una frustración de las expectativas y se encuentran ante unas condiciones de precariedad laboral y de vivienda con las que no contaban. Las conductas adquiridas culturalmente no se transforman únicamente porque las condiciones de vida mejoren. (^{López, 2013}).

Séptimo: las políticas públicas de Colombia deben ser replanteadas, porque no corresponden a las necesidades de las comunidades más vulnerables, y dentro de este grupo se alberga la mujer. Es ineludible que las mujeres inmigrantes se empoderen, reciban acompañamiento psicosocial, atención integral periódicamente bajo parámetros de igualdad. Es ineludible la intervención del Estado; la disminución de la brecha salarial entre mujer y hombre; la implementación de proyectos generadores de empleo y educación para las féminas (^{Equidad de la Mujer, Vicepresidencia de la República, IRI, 2019}).

En la Figura 1 se revelan las respuestas a las preguntas formuladas según el esquema de la entrevista semiestructurada aplicada a las mujeres inmigrantes venezolanas en la invasión Caraquitas-barrio El Bosque, en Barranquilla correspondiente a la primera parte de la muestra analizada. En conjunto con la técnica de recolección de información de entrevista semiestructurada y observación participante, se destacan los testimonios de las tres únicas lideresas identificadas y reconocidas en la población en mención.

Fuente: elaboración de los autores.

Figura 1 La victimización de la mujer inmigrante venezolana⁴ en la invasión Caraquitas-barrio El Bosque, Barranquilla (primera parte de la muestra) 

Discusión

Después de la contextualización del tema, en la explicación de la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación, se aunaron los esfuerzos del grupo académico para socializar los aportes históricos y teóricos relevantes identificados en la edificación del proyecto y su sustento. Del mismo modo, uno de los primeros interrogantes giró en torno a la existencia de una institución internacional y nacional, garante de los derechos de los inmigrantes y sus funciones. Efectivamente, se encontró que la OIM:

(...) fue creada en diciembre de 1951 inició sus operaciones a principios de 1952 como Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas. El 19 de octubre de 1953 se adoptó la Constitución que entró en vigor el 30 de noviembre de 1954. Tras las enmiendas efectuadas a la Constitución el 14 de noviembre de 1989, hubo un cambio de denominación y el Comité se convirtió en Organización Internacional para las Migraciones. El 21 de noviembre de 2013 se suprimió el Comité Ejecutivo. (^{OIM, 2019}, p. 1).

Si bien, la OIM no tiene sede en Latinoamérica, desde marzo del 2019 cuenta con 173 países miembros incluido Colombia. Esta es una cifra con tendencia a modificarse, porque ha convocado a más Estados a integrar ese listado y brindar a los ciudadanos diversas alternativas para recuperar sus sueños de progreso y superación como profesionales, sin sacrificar su vida o la de sus seres queridos hasta el punto de olvidarse de sí mismos, su valor como persona, dignidad y misión como ser humano. A pesar del propósito laudable de estas organizaciones, el acompañamiento hacia los inmigrantes se ha derrumbado en varias ocasiones, cuando no se halla respuesta certera por parte de los aliados estratégicos ubicados en el ámbito nacional, regional y/o local en los departamentos, ciudades y en el área rural, en el momento de identificar rápidamente la presencia de movimientos migratorios e iniciar el trabajo mancomunado de protección a ese grupo de personas.

La costa caribe ha sido uno de los lugares perseguidos por la población migrante por considerarse una zona de oportunidades laborales, con diversidad cultural y riqueza natural, gastronómica, con clima caluroso, pero aceptable, dispuesto a recibir a los extranjeros con amabilidad y buena proyección por su amplio terreno marítimo, fluvial, la infraestructura y el turismo. Ahora bien, en Barranquilla se identificó una de las oficinas de Ministerio de Relaciones Internacionales, ^{Migración Colombia (2019)}, con atención a los migrantes nacionales y extranjeros, cuya misión ha sido asesorarlos sobre su problemática y compartirles de forma didáctica la información requerida para normalizar su estancia y ajustarse a los parámetros legales constitucionales y propios del lugar habitado.

Según el ^{Decreto 4062 del 31 de octubre del 2011}, se creó la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las siguientes funciones:

Parágrafo. Para el ejercicio de las funciones migratorias y de extranjería, la Policía Nacional brindará a Migración Colombia la información necesaria, en especial, la proveniente de las bases de datos de la Oficina Central Nacional (QCN) Interpol y de antecedentes judiciales. Así mismo, Migración Colombia debe brindar la información que requieran las demás entidades públicas para el ejercicio de sus funciones, dentro de los términos establecidos en la ley. (^{Ministerio de Relaciones Internacionales, Migración Colombia, 2019}, pp. 1-2).

Aunque, las doce funciones descritas han sido redactadas con un lenguaje expreso, claro y publicadas en la página web de Ministerio de Relaciones Internacionales, ^{Migración Colombia (2019)}, las mujeres inmigrantes entrevistadas durante la realización de la praxis investigativa desconocían la información divulgada allí, la existencia de una de las oficinas de Migración en Barranquilla, a la cual podían dirigirse para recibir indicaciones oportunas y diligenciar los documentos exigidos para legalizar su permanencia en el país; y las otras instituciones públicas como la Policía Nacional⁵, intervinientes y participantes activos en el seguimiento a los casos de inmigración.

Se incluyeron tres conceptos emitidos por la ^{OIM (2019)} para diferenciar la migración, inmigración y emigración:

La migración se ha clasificado en “(...) facilitada, forzosa, irregular, laboral y ordenada” (^{OIM, 2019}, p. 2). En el caso de la migración forzosa, esta se caracteriza por actos violentos, el acecho, la agresión física y/o mental, el desplazamiento involuntario de un lugar a otro. A diferencia de la irregular que implica no cumplir con las exigencias legales, autorizaciones para ingresar y permanecer en un país; la laboral, se efectúa solo por razones contractuales, asuntos comerciales, negocios, empresas sucursales, divisas y finanzas, y, por último, la ordenada que es la ajustada a la norma y la procedente (^{Ciurlo, 2015}).

En los estudios migratorios se pretende adaptar el término transnacionalismo para ilustrar la movilidad poblacional adscrita a la globalización neoliberal. Según esta visión, las migraciones internacionales están catapultadas por la emergencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, que permiten que los potenciales migrantes, aún en sus lugares de origen, accedan a información sobre el modo de vida y trabajo de las grandes urbes del mundo, que demandan abundante trabajo de los países pobres. (^{Oroza & Puente, 2017}, p. 11).

Respecto a lo enunciado, aunque Colombia ha recibido inmigrantes venezolanos históricamente, su mayor número se ha presentado desde finales de la década de los noventa, por ser fronterizo, la competitividad en Latinoamérica e internacionalmente por la calidad del café y otros productos comercializables, el intercambio de moneda y divisas, su valor, y el bajo costo del transporte público. Sin embargo, el éxodo de mujeres y hombres venezolanos ha sido insostenible para la economía nacional y los índices han aumentado alarmantemente. Ministerio de Relaciones Internacionales, ^{Migración Colombia (2019)} expuso que el número ascendió a: “1.174.742 ciudadanos, de los cuales 695.496 están regulares en el país y 479.247 irregulares. Y el departamento del Atlántico posee 123.191 migrantes, de los cuales 51.971 están regulares y con ese dato ocupa la posición número cinco” (p. 1).

La inmigración de venezolanos a Colombia tiene por causas la hiperinflación sin precedentes, los altos índices de escasez de alimentos y medicamentos, el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de beneficios laborales, la depreciación del bolívar (moneda) y en efecto, el salario disminuido, la extinción de la capacidad de compra de la población, el aumento del número de personas subalimentadas y el progresivo colapso de los servicios públicos por irregulares administraciones (^{OIM, 2019}). Todo lo descrito ha propiciado las condiciones para que cada vez más ciudadanos del país fronterizo se hayan arriesgado a salir de su zona de confort o escasez para aspirar a otras alternativas, y cuando ello ha acontecido, los roles de padre y madre se han invertido, se ha desintegrado la unión y diseminado la premura por conseguir dinero y solventar sus deudas con el paga diario, el tendero, comprar lo mínimo para comer, mas no alimentarse, preparar lo menos costoso en dinero y tiempo (arroz, tubérculos, huevo y fresco royal y/o té de bebida rendida con hielo y agua), pero estos componentes son insuficientes para proveer al organismo humano de lo básico para equilibrarlo y desempeñar sus funciones más elementales (^{OMS, 2020}). En algunas circunstancias específicas, la mujer inmigrante venezolana, en su intención de resolver sus dificultades económicas y amortiguar su crisis integral, ha sido persuadida para desempeñar la prostitución (^{OIM, 2019}). Por ende:

La búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo, el mercado mundial del trabajo, las desigualdades económicas, sociales y demográficas persistentes, las violaciones de los derechos humanos, los cambios ambientales, así como los conflictos y la violencia son impulsores de la migración. Cerca de 214 millones de personas, vale decir, el 3% de la población mundial, de las cuales prácticamente la mitad son mujeres, viven fuera de su país de origen. La migración forma parte integral del proceso de desarrollo. La migración Sur-Sur es casi tan frecuente como la migración Sur-Norte y es probable que aumente en el futuro próximo. (^{ONU, 2012}, p. 46).

Recapitulando, respecto a la mujer inmigrante se hizo énfasis en la presencia de una pluralidad de variables conducentes a la inmigración y la significativa población femenina que ha excedido a la masculina. Según las investigaciones de la ONU y contrario sensu a lo defendido durante décadas, la inmigración ha sido primordial para el progreso de las naciones, porque los movimientos aleatorios ocasionados por ella han propiciado desadaptaciones en los habitantes de los Estados y, así mismo, revaluado la forma de interpretarla (^{ONU, 2012}).

La mujer está entrelazada con el estatus, estereotipo, rol y aporte a la economía de la familia y la sociedad, el ritualismo histórico de desidentificación de la feminidad y cómo debe ser su comportamiento para acreditar su condición femenina (García & Restrepo, 2015). Por ejemplo, en el caso de las mujeres comprometidas, unidas por un vínculo jurídico en sociedades conyugales o unión marital de hecho, estas son castigadas de acuerdo con la moralidad colectiva prevalente, y al migrar de su país de origen con sus hijos han sido calificadas como perversas por abandonar a su compañero y alejarlo de sus descendientes, porque:

A menudo, con la única persona con la que tienen contacto las víctimas es con el propio agresor, del que tienen una gran dependencia emocional. Teniendo en cuenta que el proyecto migratorio a menudo fue una decisión de pareja, la ruptura de la misma se percibe más compleja: se considera que las dificultades económicas y de vivienda, que afectan de forma más abrupta a la población inmigrante, serán más fáciles de afrontar si se permanece en una situación de pareja, aun cuando haya que resistir la violencia. (^{Arnoso et al., 2012}, p. 180).

Pero esos calificativos negativos no varían mucho si las mujeres siguen solteras, sin marido y sin hijos, pues también son tildadas de libertinas, bandidas y mujerzuelas, desagradecidas con el sistema y los beneficios obtenidos en su Estado (^{Almanza-Iglesias & Díaz-Rincón, 2017}).

La victimización de la mujer ha sobrevivido a generaciones como legado indeleble:

En la Primera Guerra Mundial las víctimas civiles representaron el 15% de las muertes, en la Segunda Guerra Mundial fueron el 50%. En las guerras de los años novena fueron más del 80%, la mayoría mujeres y niños. Además de este aumento en el número de muertes, la agresión más extendida que sufren las mujeres que viven en zonas de guerra es la violencia. Es cierto que también son objeto de violación en tiempos de paz, pero es en los conflictos bélicos cuando las violaciones alcanzan su pico máximo. En las guerras ligadas a limpiezas étnicas, violar a las mujeres del bando contrario ha pasado a ser un arma de guerra que se planifica y se lleva a cabo para el logro de objetivos estratégicos. (^{Magallón, 2006}, p. 29).

La antítesis a lo esgrimido señala que ese tipo de pensamientos e ideologías equívocas y ancestrales deben ser reemplazadas por una perspectiva positiva hacia la mujer, entre estas, concebirla como emprendedora, aguerrida, independiente, dispuesta a vencer las fronteras invisibles de la opresión y el silencio, una estudiante en formación o una profesional rastreadora de la excelsitud, integralidad y el conocimiento, sin emplear su cuerpo para ello, sino solo su intelecto, cualidades y aptitudes (^{Almanza-Iglesias & Díaz-Rincón, 2017}).

La familia (^{CPN, 1991}) ha sido el espacio preferente para reivindicar el rol de la mujer como sujeta de derechos, después de ser agraviada por su propio género y el sexo opuesto, principalmente, este último para persuadirla de que es inservible, improductiva y, desde luego, demeritar su labor. La familia ha sido el escenario de disputas entre quien ordena y obedece, como si las relaciones en el hogar estuvieran fijadas por antivalores y no por valores, es decir, por pautas de comportamiento desiguales y denigrantes. En congruencia con lo explicado:

La imagen de las mujeres como víctimas es paralizante y no hace justicia a la diversidad, riqueza y empuje de los grupos de mujeres que se oponen a la guerra y se apoyan en la solidaridad mutua para ofrecer visiones alternativas de la realidad. Oír a las víctimas no equivale a reducirlas a ese papel. Las propias mujeres agredidas no aceptan que les vea solo como víctimas. La mirada victimiza, es reduccionista y reproductora de la mentalidad que subyace en el victimario (…). (^{Magallón, 2006}, p. 41).

A la luz del ordenamiento jurídico penal y procesal penal colombiano (^{Ley 599 del 2000} y ^{Ley 906 del 2004}), la victimización de la mujer inmigrante por parte de un agresor conocido o desconocido, ya sea abuso sexual, acto sexual abusivo, acceso carnal violento, violencia intrafamiliar, lesiones personales, aborto no consentido, secuestro extorsivo, tortura y/o injuria por vía de hecho, entre otros delitos, bajo la modalidad culposa, dolosa o preterintencional representan acciones degradantes, inaceptables e injustificables por las autoridades estatales y la sociedad. Por consiguiente, cualquier tipo de comentarios inescrupulosos e inapropiados, estimulantes y robustecedores de la cultura patriarcal deben ser rechazados de inmediato, al igual si el sujeto pasivo de estas agresiones es una mujer cuyo oficio es la prostitución (^{Pedraza, 2005}), porque:

El trabajo sexual de las mujeres migrantes extranjeras no constituye solo una estrategia económica, sino también un intento de vincularse a un tejido social que no las desea y las invisibiliza. Para estas mujeres subsaharianas, marroquíes, latinas y rumanas, la prostitución es, en muchas ocasiones, la única puerta que se abre cuando las necesidades de supervivencia aprietan. Algunas mujeres que son víctima del delito de la trata de personas con fines de explotación sexual no son escuchadas, ni identificadas adecuadamente, ya que no existen dispositivos de atención especial, tanto a nivel social como sanitario. (^{Ríos, 2014}, pp. 18-19).

El exterminio de la violencia contra la mujer (^{Morell et al., 2018}) ha sido uno de los colofones perseguidos por los movimientos feministas, las organizaciones e instituciones públicas y privadas, conscientes de la asimetría en las relaciones de pareja y en general, entre los sexos opuestos, el misticismo alrededor de esos hechos y la culpabilidad inherente a la mujer desde su nacimiento. Como corolario a esas preconcepciones se han desestimado argumentos refutables a esas afirmaciones, que quizás han inducido a profundas reflexiones. Una de ellas es la pretensión de poder constante y la preservación de ese control de una persona sobre otra.

El segundo mito que, en mi opinión, rodea este tema es que la violencia contra la mujer “no conoce clases sociales”. Debido a que la situación de desigualdad de la mujer y los valores culturales que la refuerzan son el factor fundamental utilizado para explicar la violencia contra la mujer en la pareja, de ello se deriva que cualquier hombre pueda ser un maltratador y cualquier mujer tiene las mismas posibilidades de convertirse en víctima. Al ser el género el único factor de riesgo considerado, toda mujer puede ser víctima “con independencia de su clase social, edad o etnia”. (^{Larrauri, 2007}, p. 33).

La violencia contra la mujer ha sido la consecuencia de la articulación de varios elementos, entre ellos, el escepticismo al denunciar a su victimario, a no ser escuchada e infravalorada su solicitud, ser estigmatizada, perder el contacto con sus hijos, privada de su libertad por imputaciones injuriosas y calumniosas contra su agresor, a no tener pruebas fidedignas y dinero para contratar a un abogado eficiente para demostrar su inocencia y sufragar los gastos de su familia, sin intromisión de su pareja (^{Willers, 2016}).

Con la idea de abundar en la relación entre cultura patriarcal y violencia de género en la pareja, se pasa a explorar el tema de las creencias dado que la experiencia muestra que no es posible realizar cambio alguno sin comprender el sistema de creencias de las mujeres que viven o han vivido violencia de género en la pareja, puesto que estas pueden estar obstaculizando la permanencia en los servicios y la salida de la violencia. (^{De Alencar-Rodrigues & Cantera, 2013}, p. 9).

Simultáneamente a los axiomas indicados, se aseveró que el género en la situación de la mujer ha sido catalogado como símbolo de debilidad manifiesta, una “categoría histórica y cultural” interactuante con el sexo (^{Butler, 2006}, p. 25). Por otro lado, el contexto en el que se han reportado las acciones violentas contra la mujer, también debe ser analizado para no incurrir en posturas minimizantes de los hechos y sus partícipes, la identidad cultural, la tradición religiosa y las teorías de género desde una visión macro sociológica, así como, las penas ejemplarizantes impuestas al hombre victimario, para que el margen de impunidad sea menor y se retorne la confianza en la imparcialidad de los intérpretes de la norma, los operadores de justicia y la praxis del derecho.

La perspectiva de género incluye el análisis de las relaciones sociales intergenéricas (entre personas de géneros diferentes) e intergenéricas (entre personas del mismo género) privadas y públicas, personas, grupales y colectivas, íntimas, sagradas, políticas. Desde esta perspectiva se analizan desde luego las instituciones civiles y estatales, tradicionales, informales y formales, educativas, de comunicación, sanitarias, religiosas, de gobierno, judiciales, así como los tribunales, y todos los mecanismos pedagógicos de enseñanza genérica. Las mismas u otras institucionales son encargadas de lograr el consenso al orden de géneros, es decir, la identificación con su sentido y la lealtad en su defensa. Son de la mayor importancia los mecanismos que en todas las instancias mencionadas o en otras instituciones ejercen la coerción social para sancionar a quienes incumplen con las normas, los deberes y los límites de género. (^{Lagarde, 1996}, p. 15).

La perspectiva de género (^{Marey & Del-Pozo, 2020}) se ha ideado como el cúmulo de percepciones sobre la mujer y el hombre, el engranaje cultural con el sexo y las representaciones simbólicas sociales, en las que el lenguaje como instrumento facilitador de la comunicación entre las personas ha incentivado cambios sustanciales en las creencias populares y la conexidad del tejido social. De igual modo, ha producido disensos y consensos, y la sistematización de pensamientos, pero no la unificación de criterios, en torno a la clase de cualidades que debe caracterizar a una mujer en el ámbito privado y/o público. La perspectiva de género (^{De Alencar et al., 2013}) ha sido entrelazada con la identidad de género, pero esta última alude a la forma de mirarse a sí mismo, presentarse ante los otros y ello es diferente a su sexo biológico. Es por esto que la confusión práctica y no teórica, se ha basado en referirse a la mujer de forma hostil, a histórica y conflictiva, sin la comprensión holística que ello amerita.

El tipo de subordinación y discriminación que da cuenta adecuada de la posición social de las mujeres en las sociedades atravesadas por el sistema sexo/ género de orden patriarcal se encuentra en el origen de las principales fuentes de desigualdad que envuelven la vida de las mujeres inmigrantes: amenaza de la irregularidad, invisibilidad tanto en el espacio privado-doméstico como ámbito también de trabajo, así como del espacio social laboral, sobreexposición a la violencia de género y exclusión de la participación social. La subalternidad que afecta a las mujeres migrantes que caracteriza su posición en el espacio privado-doméstico viene generada, entre otros factores, por sus formas de inserción en el mercado laboral, que, en buena medida se encuentra en ese mismo espacio. Los lugares de participación laboral admitidos para las mujeres son muy reducidos y ello incide de modo decisivo en las mujeres, incluso en las que son autónomas o con hogares monoparentales y de ahí la imagen parcial de empoderamiento que el trabajo comporta. (^{Añón, 2010}, p. 5).

El lenguaje de las mujeres migrantes (^{Creighton, 2013}) en la invasión Caraquitas-barrio El Bosque es despectivo, violento y vulgar, por su ínfimo grado de educación y porque piensan que de esa manera resaltan su subcultura y la vivifican, recuerdan a sus antecesores y se visibilizan entre los que comparten o no sus ritos. Lo anterior evidencia la importancia de educarse (^{Morín, 1999}) y tomar consciencia sobre la necesidad de prevenir la violencia, acceder a otras opciones de vida y no tomar decisiones que causen lesiones irreversibles para sí mismos y los demás. Así, las mujeres de esa población no son conscientes del contenido machista de sus actuaciones, gestos y adagios patrocinados por ellas mismas, y se enorgullecen al ser objeto de miradas lascivas, halagos disfrazados de irrespeto, acoso y movimientos de coqueteo por parte de los hombres, quienes las acorralan, pues según ellos, su vestimenta es sexy, atrevida, insinuante, llamativa e incitadora a actos obscenos.

(...) La perpetuación de modelos androcéntricos y etnocéntricos servirá para continuar construyendo la diferencia y así promoviendo la distancia, el alejamiento de esta concebida otredad. Por tanto, supone un desafío doble; es decir, un cambio de paradigma de la función mediática que implica tanto un tratamiento mejorado del género como un acercamiento intercultural. Siguiendo esta línea, hace falta mucho esfuerzo para actuar contra los estereotipos de género y de etnia/cultura que van contra una representación equilibrada de las mujeres inmigrantes. (^{Creighton, 2013}, p. 23).

De manera análoga a lo esbozado, se incluyeron relatos breves de tres mujeres inmigrantes venezolanas, por ser las principales lideresas-facilitadoras de esa comunidad en la invasión Caraquitas-barrio El Bosque y quienes también fueron víctimas de violencia física, sexual y psicológica. De igual forma, para complementar lo teóricamente aludido.

Desarrollo metodológico

Testimonios de tres mujeres entrevistadas, en la invasión Caraquitas-barrio El Bosque, Barranquilla.

Conclusiones

Primera. La mujer inmigrante (^{ONU, 2019}) venezolana ha sido victimizada y menoscabada en su integridad como persona y dignidad humana por su compañero permanente-familiar y/o desconocido (^{García & Restrepo, 2019}). Asimismo, por el Estado del cual migró y al cual ingresó (Colombia). Es necesario que se comprenda la inmigración como un fenómeno social natural en el cual convergen una pluralidad de alternativas des identificadoras e identificadoras que la autoexcluyen (^{Cea-Merino et al., 2015}).

Segunda. La mujer inmigrante venezolana (^{García & Restrepo, 2019}) ha desconocido la trascendencia de la violencia de género, en la realización de su historia de vida y no diferencia los tipos de violencia e incluso normaliza comportamientos debido a su contexto cultural. Asimismo, la mujer inmigrante tiene posibilidades de experimentar insanidad (^{Santillanes-Allande, 2017}) por los cambios abruptos enfrentados y la dificultad para adaptarse a un nuevo espacio geográfico, costumbres y condiciones sociales o finalmente reintegrarse a su entorno habitual.

Tercera. El rol y estereotipo (^{Larrauri, 2007}) de la mujer inmigrante venezolana han sido alimentados históricamente y preservados desde la perspectiva de la cultura patriarcal. La feminidad y masculinidad (^{Butler, 2020}) han sido conceptos utilizados de forma inadecuada y desde paradigmas dogmáticos recalcitrantes, delimitados a patrones impositivos, tergiversaciones interpretativas de la función biológica en la mujer y el hombre, así como, la postulación de argumentos falaces.

Cuarta. La violencia de género (^{Butler, 2020}) contra la mujer inmigrante es el resultado del ejercicio arbitrario del poder del sexo masculino frente al femenino y ratificar los sesgos estereotipados dominantes; el incumplimiento de los principios constitucionales, ordenamiento jurídico penal y las políticas de prevención con enfoque diferencial (^{Equidad de la Mujer, Vicepresidencia de la República, IRI, 2019}) propias de un Estado social de derecho como Colombia. Por otra parte, la violencia de género (^{Butler, 2020}) es una manifestación de intolerancia, irrespeto, vulneración de derechos y trato inequitativo, excluyente y contra natura, en cuanto simboliza la agresión injustificable e irracional hacia una sujeta de derechos.

Quinta. El nivel de escolaridad e ingresos no exonera a la mujer de ser víctima de violencia de género, porque en todas las clases sociales se han presentado casos de maltrato en cualquiera de sus modalidades (^{De Alencar et al., 2013}). Aunque, si se reconoce que la alfabetización es un factor influyente para que la mujer rechace todo tipo de agresiones contra ella, denuncie a tiempo y se documente sobre el tema para evitar ser víctima o revictimizada por su pareja u otra persona con vínculo o no familiar (^{Toledo, 2014}). En efecto, la academia está obligada a analizar la inmigración en la mujer y visibilizar esa problemática, aportar soluciones al Estado para reivindicar sus derechos y motivar su resiliencia. Cuando la mujer experimenta miedo a la revictimización y aislamiento de sus hijos, no denuncia y tampoco visibiliza las acciones violentas generadas por su agresor (^{De Alencar et al., 2013}).

Sexta. La perspectiva de género ha sido una construcción cultural y social en correlación con la identidad de género (^{Cea-Merino et al., 2015}). A pesar de que esta última sea independiente del sexo biológico del hombre o la mujer. Por lo tanto, el género es una categoría (^{Guerrero & Lledó, 2008}) histórica determinante en la interrelación de los individuos.

Séptima. El lenguaje es un instrumento significante y sexista (^{Guerrero & Lledó, 2008}), coadyuvante del diálogo o el conflicto. Es un medio articulador y al mismo tiempo de desintegración entre el hombre y la mujer. Con el lenguaje se difunde o no el enfoque diferencial y se ratifica la supuesta neutralidad (objetividad e imparcialidad cuestionable característica de la norma) para enmascarar la inequidad (^{Añón, 2010}).

Octava. Es perentorio fortalecer la política migratoria prevalente en Colombia y a nivel regional-departamental aplicar medidas contingentes frente a esa problemática social que ataca también la economía y la seguridad de estos territorios asaltados en su buena fe, cuando acogen con solidaridad y hermandad a los inmigrantes de los países fronterizos y no son rigurosos en los criterios de ingreso y permanencia aplicados a esta comunidad (^{Equidad de la Mujer, Vicepresidencia de la República, IRI, 2019}).

Novena. La inmigración implica estudiar variables independientes y dependientes como el desempleo, la falta de cobertura del servicio de salud y la remuneración injusta a la mano de obra calificada (^{Ciurlo, 2015}), porque de lo contrario, la brecha de género se acrecentará y se limitarán las investigaciones y discursos a los mismos aspectos evaluados en la década de los noventa (^{Equidad de la Mujer, Vicepresidencia de la República, IRI, 2019}).

Décima. La prostitución en las calles y la venta informal de productos varios encabezadas por niñas, adolescentes y mujeres inmigrantes (^{ONU, 2019}) albergadas en la invasión Caraquitas-barrio El Bosque, se ha convertido en una situación insostenible para ellas mismas, para sus hijos y para los ciudadanos barranquilleros, porque es cada vez mayor el número de personas desempeñando esas actividades sin control y expuestas a todo tipo de vejaciones.

Decimoprimera. La diferenciación entre la categoría de migración e inmigración, la identificación de la misión de la OIM y el conocimiento de las funciones de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia facilitaron la comprensión del flagelo de la inmigración en Colombia y en el departamento del Atlántico (^{Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, 2019}).

Decimosegunda. La Policía Nacional es una institución estatal garante de derechos (^{CPN, 1991}) de la población de inmigrantes y su trabajo debe estar articulado con la Oficina de Migración Colombia (^{Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, 2019}) para que los resultados sean eficaces y efectivos.