Introducción

Todas las esferas de la vida social sufrieron impactos derivados de la pandemia de la covid-19. Es por ello que los esfuerzos científicos no se deben limitar al entendimiento de las repercusiones en la salud humana, sino que debe existir una gama amplia de esfuerzos analíticos que aborden todas las aristas que la pandemia terminó afectando. Las coyunturas provocadas por el virus pueden establecer razones para ser pesimistas; sin embargo, el virus ha tratado de decirnos cómo debemos actuar ante situaciones similares, las cuales irremediablemente llegarán si no cambiamos los modelos de desarrollo, Estado y sociedad; en ese sentido, esta pandemia debe permitirnos ver alternativas de actuación en todas las direcciones (^{Sousa Santos, 2020}). Por lo anterior, el presente documento se construyó con el fin de recopilar, organizar y evaluar los cambios ocasionados en la seguridad y la convivencia por causa de la emergencia sanitaria y su tránsito a la emergencia social, ocurrida en Colombia con ocasión de la pandemia de la covid-19. Para eso, se enfatizó en el estudio de los hechos en un estadio temprano, en particular desde la confirmación del primer caso del coronavirus en el país, que conllevó la adopción de medidas de las autoridades locales y del orden nacional, en marzo de 2020.

El objetivo del documento es establecer los impactos tempranos en la seguridad en Colombia en contextos de emergencia social. País en el cual, en un escenario preliminar, se dieron variaciones significativas, por cuanto las medidas adoptadas por las autoridades se manifiestan radicales y sin precedentes históricos contemporáneos. Para ese propósito hemos indagado sobre ¿cómo se comportaron los delitos del homicidio y el hurto, los saqueos a establecimientos comerciales, la emergencia carcelaria, los delitos informáticos, las acciones de los grupos armados ilegales y la violencia intrafamiliar, en el contexto temprano de la pandemia de la covid-19 en Colombia?

Nos enfocamos en la etapa inicial de la pandemia, ya que partimos de que los primeros días en este tipo de coyunturas se presentan determinantes para la construcción de planes y políticas de acción, preparaciones institucionales y la adopción de medidas de parte de la población general, aunado a la expectativa generalizada y aterradora que se construyó socialmente sobre los impactos que generarían una potencial crisis económica (hoy confirmados) y las afectaciones psicológicas en los individuos, alimentada por prolongados periodos de confinamiento (^{Slavoj, 2020}). En esos términos, este trabajo es de gran provecho para los determinadores de políticas de seguridad de todos los niveles: nacional, departamental, local, así como para las oficinas de análisis del delito de organismos de seguridad del Estado, investigadores del conflicto armado, investigadores y analistas de seguridad ciudadana y contravencional y analistas de política pública que buscan comprender las reacciones e impactos en grupos sociales en escenario de coyuntura. Así mismo, es herramienta funcional para investigaciones de nivel internacional que busquen contrastar los impactos en países de rentas altas sin conflictos armados activos, frente a uno de renta media con varios conflictos armados activos, como Colombia.

Sobre este particular han sido casi inexistentes las investigaciones desarrolladas; de manera que las publicaciones sobre este tema escasean (respecto a los impactos en los comportamientos delictivos en las primeras etapas de la pandemia), y los registros de prensa y de instituciones estatales son las principales fuentes. Sobre lo publicado hasta este punto sobresale lo hecho por la Fundación Ideas para la Paz (Garzón, 2020), en que se hace un análisis de los impactos tempranos de la covid-19, centrado en particular sobre la acción de los grupos armados ilegales que operan en el territorio; los impactos humanitarios en la población más vulnerable, así como migración, fronteras y movilizaciones por causa de esta situación. Así mismo, el informe construido por la Jurisdicción Especial para la Paz (Jurisdicción Especial para la Paz, 2020), el cual se concentra en analizar las acciones bélicas de grupos armados organizados (GAO) y residuales (GAOR) en medio de la pandemia; la disminución en los homicidios de líderes sociales, la amenaza a la población y el asesinato de los excombatientes de las FARC; por supuesto, este organismo de justicia transicional se enfoca en particular en lo que refiere a sus comparecientes y las víctimas, lo que constituye su fuero natural y legal. Por su parte, la Universidad de los Andes, por intermedio de su Facultad de Economía, presentó una nota macroeconómica sobre el crimen en tiempos de coronavirus y cuarentena (^{Alvarado y Mejía , 2020}), en la cual expone un análisis del crimen a partir de registros oficiales de la Fiscalía General de la Nación, particularmente sobre hurto y homicidio.

De manera que lo publicado hasta este punto conjuga varios indicadores de impactos a la seguridad y la convivencia del país, ya que, a diferencia de lo expuesto en otras publicaciones, se intentó presentar un panorama con una vocación global con un método de estudio inductivo. En esos términos, se analizaron las particularidades generales del coronavirus en un país con al menos cinco conflictos armados internos abiertos (^{CICR, 2018}); el fenómeno de hurto a establecimientos comerciales; las afectaciones en contextos urbanos de las ciudades más pobladas del país, como de las localidades periféricas más afectadas por las dinámicas actuales de violencia del conflicto; la estafa virtual; motines en las cárceles; la acción de los grupos armados organizados en diferentes regiones del país; violencia intrafamiliar, entre otros, que guardan relación con, o son consecuencia de, la pandemia.

Ahora bien, es claro que una pandemia global es un evento de poca recurrencia y por lo tanto las acciones encaminadas a su atención no suelen estar comúnmente regladas o contempladas en los documentos formativos de los uniformados; sin embargo, es necesario que se contemple la necesidad de adoptar mecanismos de análisis para conocer, estudiar e interiorizar cambios en los organismos policivos, militares y políticos para poder atender coyunturas sociales como la propiciada por la pandemia de la covid-19, en particular en lo que refiere a confinamientos generalizados y restricciones a la movilidad, ya que esto altera ostensiblemente las formas de relacionamiento social y por ende la propensión a la comisión de ciertas actividades delictivas y el desestímulo de otras.

Esto adquiere mayor sentido si se tiene en cuenta que este evento global dejó al desnudo las relaciones contradictorias. Por un lado, la desigualdad social para enfrentar catástrofes, y los medios asimétricos que tienen los diferentes sectores de la sociedad para tramitar estas crisis, poniendo a un gran número de personas en apuros para satisfacer sus necesidades humanas esenciales. Por otro lado, y aunque parezca contradictorio, la necesaria correlación e interconectividad social y económica que experimentan las sociedades y los Estados, producto de varias décadas de acelerada globalización.

De manera que, si bien en el presente documento nos planteamos un entendimiento focalizado en la situación de seguridad, no hemos sido ajenos a los cambios en las sociedades y en las estructuras sociales que fueron trastocadas en medio de la pandemia y en cuyo caso la seguridad y la convivencia pueden ser causa o síntoma de una sociedad que soporta y encuentra caminos de resiliencia. Lo cual adquiere más sentido a la luz de los planteamientos de entidades como la Cepal, quien ha llamado a la construcción de un modelo de desarrollo que garantice mejor la redistribución de la riqueza en pro de las minorías sociales y grupos vulnerables (^{Cepal, 2020}), lo cual en muchos sentidos se extiende a un espectro más amplio, como lo es la relación de bienestar social y crimen (Hernández, 2021), lo que por cuestiones de extensión no abordaremos en este documento, pero que somos conscientes se entrelazan y correlacionan.

Así entonces, se estima conveniente que se puedan entender y formalizar los protocolos y medidas de acción para estimular algunas medidas oficiales, y que se concentren en áreas en las que en escenarios convencionales no habría un mayor peligro, es decir, cuando cambia la escena social, estimamos que debe darse también un cambio en las formas y dinámicas delincuenciales, criminales y demás acciones contrarias al código de policía; como es natural, las sociedades no son estáticas y por ello las autoridades y las instituciones deben comprender que diferentes contextos exigen diferente métodos y medios de desenvolvimiento, máxime en sociedades complejas, donde los crímenes se manifiestan por medios físicos o virtuales. Es allí donde radica la importancia del estado permanente de análisis y reconstitución de los modelos de política pública, de gerencia pública y de doctrina de policía (si se quiere, extensivo al componente militar) en los que se correlacionen la acción y la escena social.

De manera que para este objetivo nos hemos propuesto hacer una revisión de la información consignada en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, ya que es la fuente de registro más confiable frente al delito; en ese sentido, se independizó y filtró la información en las categorías de homicidio, lesiones personales, hurto a personas y hurto a comercio. En un primer escenario ese ejercicio de análisis cuantitativo se proyectó sobre las cinco ciudades más pobladas del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena), en las cuales buscamos patrones de comportamiento social. En un segundo momento buscamos un elemento de contraste al ampliar la perspectiva a las diez ciudades más pobladas del país.

Este proceso cuantitativo fue complementado con la revisión de otras esferas de acción particulares, tales como la incidencia de la covid-19 en un país con un conflicto armado no internacional y sus implicaciones en la adopción de medidas relacionadas con los grupos armados ilegales; implicaciones carcelarias, particularmente mediante la revisión de reportes oficiales; panfletos en zonas de conflicto y relación de fuentes de prensa. Así mismo, tuvimos en cuenta los registros consignados en fuentes oficiales como el CAI Virtual de la Policía Nacional, la Línea Púrpura 155 y el Observatorio de Mujeres de la Presidencia de la República como base para el análisis y niveles de denuncia sobre violencia intrafamiliar.

Todas estas variables fueron analizadas en tres momentos temporales fijos: (a) Primer caso de covid-19 confirmado en Colombia; (b) Inicio de las primeras medidas locales de aislamiento social; (c) Inicio del aislamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional. De esa manera pudimos determinar un rango de análisis fijo que facilitara la comparación de resultados e identificar el impacto de la pandemia en un contexto temprano y como reacción a las medidas políticas adoptadas. Esta conjunción de análisis de fuentes primarias y secundarias nos llevó a construir un documento con vocación de investigación empírica original.

Resultados

El comportamiento delictivo en Colombia es un asunto del que se puede tener más o menos certeza por cuanto la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional generan un reporte periódico de la evolución estadística del crimen y el comportamiento delictivo en el país (^{Bello, 2008}) (Revista Criminalidad, 1973-1990), y aunque se deben tener en cuenta el subregistro y la no denuncia, es posible acceder a la información; sin embargo, en tiempos de coronavirus su uso fue restringido, por cuanto se concentró para la toma de decisiones de las autoridades civiles (^{Minjusticia, 2020}).

Así, al intentar conocer el comportamiento delictivo en Colombia en el marco de la covid-19, notamos que en las ciudades más pobladas de Colombia se registran las mayores concentraciones delictivas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena). En ellas, en un mes convencional, sin covid-19, los fines de semana suelen ser los días de mayor intensidad contravencional y delictiva, respecto a los delitos contra la vida (homicidios y lesiones personales).

Como se puede evidenciar en la figura 1, existe un impacto diferencial con relación a la adopción de medidas excepcionales por parte de las autoridades, que tuvieron un impacto significativo en los índices de homicidio en las ciudades principales; los registros de la segunda semana del 2020 fueron los más significativos.

Fuente: construcción propia con base en información de Siedco (2020).

Figura 1 Comparación de los hechos de homicidio entre las ciudades más pobladas, posterior al primer caso confirmado de covid-19 en Colombia 

En ellas, en 2019 se presentó una diferencia de un 26.4 % a la baja frente al 2020, lo que evidencia un desplome a partir de las medidas de aislamiento, con una tasa de homicidios alucinante: cero muertos. Es importante considerar que la comparación apegada al calendario puede ser engañosa, ya que cualquier elemento extraordinario puede presentar una modificación de la estadística, lo cual incita a una falsa conclusión.

Ejemplo de ello es que justo antes de la entrada en vigor de las medidas restrictivas del 20 de marzo ya se registraba una disminución en las ciudades principales, en las que se bajó de 128 homicidios a 106. Para el caso de las ciudades intermedias la mengua no es tan clara, ya que disminuyó de 25 a 23 homicidios, un 8 % menos (Figura 2 y 3).

Fuente: construcción propia con base en información de Siedco (2020).

Figura 2 Comparación de los hechos de homicidio entre las principales ciudades e intermedias, posterior al primer caso confirmado de covid-19 en Colombia 

Fuente: construcción propia con base en información de Siedco (2020).

Figura 3 Comparación de los hechos de hurto a personas entre las ciudades más pobladas, posterior al primer caso confirmado de covid-19 en Colombia 

Para el caso del hurto, en términos generales, la disminución fue de 51 % en el 2020 frente al 2019, al pasar de 11 222 a 5 504 casos. En ello, para el 20 de marzo de 2020 ya el hurto experimentaba una disminución del 34.5 %, de 7 830 hurtos en 2019 a 5 126 en 2020. Se aprecia que se intensificó la tendencia decreciente a partir de las medidas gubernamentales por la covid-19. Así mismo, en la curva descendente a lo largo de todo marzo de 2020 se distingue el nivel de impacto a partir del punto B, no en contravía de la tendencia sino acentuándola. Nótese que en el caso de marzo de 2019 la tendencia, al igual que en el caso del homicidio, presenta una perspectiva irregular atada más a la dinámica de los días laborales y los de descanso.

El repunte que se registró entre los días 23 y 25 de marzo está relacionado con el fin de las medidas que determinaron las autoridades locales sobre el aislamiento y cómo empataron con la cuarentena nacional obligatoria fijada por decreto presidencial, lo que desencadenó una salida masiva de personas para el reabastecimiento de víveres (^{El Tiempo, 2020}).

Como se aprecia, se valoran los registros de hurto en las ciudades principales e intermedias, en que en las tres fechas de análisis extremo, 7, 16 y 26 de marzo, existe una regularidad cierta, contrario al 2020 cuando se manifestó una reducción del 34.8 %. Tras el anuncio de la cuarentena, la reducción siguió el camino de las principales ciudades con 51.5 % menos; en números generales, 1 159 hurtos denunciados en 2019 frente a 562 para 2020 (figura 4).

Fuente: construcción propia con base en información de Siedco (2020).

Figura 4 Comparación de los hechos de hurto a personas entre ciudades principales e intermedias, posterior al primer caso confirmado de covid-19 en Colombia 

Saqueos a establecimientos comerciales en varias ciudades del país

En este contexto singular, la tensión se vuelve la norma, por lo que necesidades como el abastecimiento de víveres y de insumos de protección sanitaria se transforman en puntos de tensión crítica, en particular en un país como Colombia donde la informalidad laboral ronda el 48 % (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2020), lo que condiciona que los ingresos monetarios son de generación diaria, sin pagos periódicos ni prestaciones sociales del sector formal.

En ese sentido, los supermercados y centros de acopio fueron blanco de alto interés entre los sectores más necesitados que, ante la zozobra, la vulnerabilidad y las limitaciones de la Fuerza Pública, derivaron en vandalismo y criminalidad, con ataques en 18 de los 32 departamentos de Colombia.

Estas acciones estuvieron motivadas desde ocho sectores sociales: 62 de origen comunitario, 14 promovidos por migrantes extranjeros, 11 por delincuencia común, seis de transporte irregular (mototaxismo), cuatro de delincuencia común promovida por migrantes extranjeros, tres por vendedores informales, dos de vendedores informales extranjeros, y uno de delincuencia común: pandillismo. Las redes sociales y grupos de WhatsApp fueron el principal canal para convocar las acciones vandálicas y saqueos; el principal argumento de justificación fue la ausencia de medidas efectivas de las autoridades para proveer víveres a los más pobres y el rumor de un posible desabastecimiento (^{Semana, 2020}).

Así mismo, estos canales de comunicación sirvieron para convocar a falsas entregas de ayudas humanitarias, con lo cual generaron frustraciones que se canalizaron en intentos de saqueos masivos (^{Caracol Televisión, 2020}) y que se registraron en zonas como Bogotá (donde cerca de 600 personas se reunieron a esperar promesas de ayudas que no llegaron), Risaralda, Valle del Cauca y Sucre (^{Caracol Televisión, 2020}). Esto motivó que almacenes de grandes superficies, como Tiendas Ara, tomaran medidas adicionales para la protección física y evitar robos en sus instalaciones (Pulzo, 2020) (figura 5).

Fuente: construcción propia con base en información de Siedco (2020).

Figura 5 Comparación de los hechos de hurto a comercio entre las cinco ciudades principales, posterior al primer caso confirmado de covid-19 en Colombia 

Pese a lo anterior, frente a la especulación sobre el posible aumento en los hurtos colectivos a comercios (^{Policía Nacional de Colombia, 2020}), y con el precedente de la convulsión social del 21 de noviembre de 2019 en Colombia, cuando las protestas sociales que se generaron en todas las ciudades del país desembocaron en el toque de queda en lugares como Bogotá y Cali en 2019 (Gómez, 2020), se dio una reducción superior al 72 % al pasar de 1981 casos a 547, para el periodo 2019 -2020, y teniendo en cuenta que el primer caso corroborado de covid -19 en Colombia fue el 6 de marzo, aunque en el mundo ya se registraban cerca de 102 000 contagios confirmados (Johns Hopkins University, 2020) y que en Colombia experimentara un riesgo moderado, en varios sectores sociales existió un temor sobre la magnitud del problema y sus repercusiones y, quiérase o no, esto afectó la seguridad, ya que el miedo y el pánico se transforman en catalizadores de violencia (^{Van Swaaningen, 2005}) (figura 6).

Fuente: construcción propia con base en información de Siedco (2020)

Figura 6 Comparación de los hechos de hurto a personas y hurto a comercio entre las cinco ciudades principales 

Por su parte, en cuanto al hurto a comercios y a personas, hubo una variación de la intensidad delictiva patrimonial en las ciudades densamente pobladas, pero no de su dinámica, es decir, los picos bajos de hurto se concentraron en los fines de semana, particularmente en los días domingos (8, 15 y 22 de marzo), lo que evidencia que la dinámica de exposición social y su vulneración a la seguridad no fue revertida por la pandemia. Así mismo, se observó una tendencia uniforme, incluso en la convergencia de las medidas de confinamiento decretadas por autoridades locales y nacionales.

Sobre estas coincidencias, en lo que refiere a lesiones personales, se observó una disminución permanente e ininterrumpida en el promedio de las principales ciudades: Barranquilla, Medellín, Cartagena, Bogotá y Cali. Estos datos adquieren variaciones cuando se particularizan; para el caso de Bogotá, no hay un comportamiento regular con tendencia de descenso, sino que presenta aumento y disminución en el reporte diario; los datos indican que se dieron cinco casos el 20 de marzo, 11 el 21, nueve el 22, tres el 23, siete el 24, cuatro el 25 y cero casos el 26. En esto, la mayor reducción porcentual se dio en la ciudad de Medellín al bajar de 367 a 233 casos de lesiones personales; en las otras cuatro ciudades se dio un descenso significativo (Siedco, 2020) (Figura 7 y 8).

Fuente: construcción propia con base en información de Siedco (2020).

Figura 7 Comparación de los hechos de lesiones personales entre las cinco principales ciudades en Colombia 

Fuente: construcción propia con base en información de Siedco (2020).

Figura 8 Comportamiento de los homicidios, lesiones personales, hechos de hurto a personas y hurto a comercio entre las cinco principales ciudades en Colombia. 

Tal como se aprecia, en los primeros cuatro días, después del punto A, se presentaron los mayores picos en los indicadores: en homicidio hubo 17 casos en los días 7 y 8 de marzo; en lesiones personales fue el 8 de marzo; en incidencia patrimonial fue el 9 de marzo con 45 casos; para el de hurto a personas fue de 584 el día 6 de marzo.

Así mismo, los impactos son diferenciados entre las afectaciones económicas por hurto (personas y comercio) y los impactos en la integridad humana (homicidios y lesiones personales). La reducción porcentual de casos frente al homicidio, en las cinco principales ciudades, fue de un 33 % y en lesiones personales del 46 %.

En la misma vía, entre el punto A y el punto C, los días en los que se presentó un repunte delictivo fueron los fines de semana; el domingo 8, domingo 15, sábado 7 y sábado 21 de marzo fueron los de mayores casos reportados. Así, en los últimos cuatro días del periodo de estudio -23, 24, 25 y 26 de marzo- se dio un incremento en los indicadores delictivos; sobresalió el caso del homicidio que a partir del lunes 23 presentó un quiebre, ya que desde el 19 de marzo tuvo una estrepitosa caída en los indicadores. Si bien nunca se recuperan los niveles previos y en todo caso son inferiores a lo acaecido en el 2019, desde el día 23 se dio una curva de ascenso, cuyo lugar más crítico es Cartagena, que en un solo día, 25 de marzo, tuvo tres homicidios, rompiendo un record de más de ocho días con cero homicidios.

Grupos armados ilegales como actores de control social frente a la covid-19

El contexto colombiano crea desafíos singulares para las autoridades y para la acción policial, ya que a los retos tradicionales para el mantenimiento del orden público y el cumplimiento de la cuarentena se suma el problema de los grupos armados organizados (GAO), estructuras residuales de las extintas FARC-EP, delincuencia organizada y el crimen trasnacional (^{Cajiao y Cuesta, 2017}), cuya principal fuente de financiación son los recursos ilícitos del narcotráfico (^{Torrijos, 2018}) y que permiten casos como el presentado en el departamento del Meta, donde una patrulla de carabineros atendió un llamado por supuestos casos de covid-19 de ciudadanos ecuatorianos (^{BluRadio, 2020}), y allí, en un caso de perfidia (^{CICR, 1977}), fueron emboscados y asesinados.

Esta situación se ha manifestado de diversas maneras, ya que las formas y dinámicas del conflicto armado no internacional colombiano permiten que estas organizaciones configuren focos de interés, sobre todo, anclado al control de zonas geográficas del territorio nacional (^{Pacheco, 2020}). Ejemplo de lo anterior es que en el departamento de Nariño un carro de misión humanitaria fue atacado por el GAO Oliver Sinisterra, por causa de un toque de queda ilegal implantado para el control del coronavirus, en el cual se ocasionó la muerte del conductor del vehículo y el paciente que transportada (^{Semana, 2020}).

En esta dirección, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un panfleto que tituló “Orden urgente a toda la población nacional” en el que sobresalen apartados como:

(…) el gobierno nacional ni regional ni ustedes mismos no han querido tomar cartas en el asunto, al parecer no alcanzan a dimensionar la gravedad de lo que puede llegar a ser la PANDEMIA que está invadiendo toda la aldea global (…) Las personas que sean portadores de virus COVID 19, y no se hayan autoaislado y anden propagando dicha enfermedad, tendrán su castigo revolucionario (…) (^{Caracol Radio, 2020}).

De igual manera, el Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa estableció sus propias acciones de coerción armada con un panfleto que tituló “Alerta máxima” emitido el 22 de marzo de 2020 y que menciona: “(…) el Ejército de Liberación Nacional hace un llamado a hacer caso a todas las advertencias ante el COVID 19 (…)”. Entre las acciones que prohibieron están: “Entidades bancarias abstenerse de cobrar cuotas (…) prestamistas o gota gotas parar sus cobros hasta el día 30 de marzo con fines (que) las personas (que) subsisten del diario vivir puedan hacer sus compras (…)”, y amenaza: “El no hacer caso (…) las suyas (vidas) serán las (que) rendirán cuentas ante el ELN”.

Así entonces, en términos generales los actores armados mantuvieron en plena normalidad sus acciones ilegales, en particular el ELN, al que por razón de la pandemia le fue solicitado por varios sectores sociales un cese de actividades, entre ellos, el presidente de la Comisión de la Verdad Francisco de Roux (De Roux, 2020), por lo cual declararon un cese unilateral de fuego (Figura 9).

Fuente: ELN (2020).

Figura 9 Cese al fuego unilateral del ELN. 

Por su parte, los grupos residuales de la exguerrilla de las FARC en San Andrés de Tumaco (Nariño) difundieron un panfleto firmado por el Frente Oliver Sinisterra, en el cual mencionan:

(…) Hacemos este llamado para advertir y concientizar de que no estamos preparados por si el virus llegase a esta zona por lo cual nos veremos obligados, persona que se encuentre fuera de su casa a partir del horario anunciado anteriormente será objetivo militar (…) por la pandemia causada por el Corona Virus - COVID 19, DECRETAMOS…; Cierre total de peluquerías, billares, cantinas, estancos, ferreterías, ventas de celulares y electrodomésticos, almacenes, ventas ambulantes, insumos agrícolas; los restaurantes y ventas de comida solo se le permitirá su venta a domicilio. Las estaciones de servicio o bombas de gasolina, solo podrán distribuir combustible de 06:00 AM hasta las 12 del mediodía, durante los lunes, miércoles y sábados. Las tiendas y depósitos solo podrán abrir de 6:00 AM a 12:00 del medio día durante los días lunes, miércoles y sábados (…) (^{Vivanco, 2020}).

Esto también operó en el departamento de Antioquia, donde circularon dos panfletos firmados por la organización Libertadores del Nordeste (L.D.N-EP); en ellos se refiere a la emergencia de la covid-19.

En este escenario, y teniendo en cuenta que en Colombia el posacuerdo con la guerrilla de las FARC no dejó un contexto en paz, sino que operan ilegalmente varios grupos armados organizados, que ejercen control regional y glocal (^{Pantoja, Pérez y Pacheco, 2018}), y que por intermedio de los panfletos los grupos armados ilegales crean control social, en los que generalmente establecen un saludo, exaltan la importancia de la pandemia, buscan imponer acciones de control y culminan con una amenaza, atributo común con los de las FARC y el ELN. El paisaje del control social criminal lo completan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Frente Edwin Román Ruiz Velásquez), quienes a través de ese mismo medio indicaron que:

(…) por motivos de protección a nuestros campesinos de nuestros municipios no deseamos que ninguna persona dentre ni salga de los lugares donde se encuentran ya que no queremos que esta pandemia se extienda (…) A partir de la fecha 22 de marzo hasta el 13 de abril abra (sic) toque de queda todo el que esté deambulando en las calles será sancionado y multado (...) (Figura 10).

Fuente: archivo del autor. (Esta copia fue allegada a los investigadores directamente de la zona desde donde se emitió el panfleto, por parte de la comunidad).

Figura 10 Panfleto Autodefensas Gaitanistas de Colombia 

Por su parte, el Bloque Córdoba de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (conocido por la institucionalidad colombiana como GAO Clan del Golfo) difundió amenazas como esta:

(…) exigimos acudan a nuestro llamado de buena manera o nos veremos obligados a actuar en contra de los que estén desacatando esta orden (…) A partir del día 23 de marzo a las 7:00 PM hasta el día 13 de abril a las 7:00 PM del año 2020. Habrá toque de queda obligatorio en todo el departamento (…) vamos a tomar medidas y a tener personal monitoreando en los diferentes sectores para que se dé cumplimiento a las normas y protocolos establecidos por el estado y las entidades de salud (…)

Por último, se registró un comunicado, en redes sociales, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que en virtud de la emergencia sanitaria determinaron un cese al fuego: “unilateral de operación ofensivas en todo el territorio de Colombia en donde hacemos presencia” de “carácter indefinido por causa del Covid-19” (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 2020).

Indicativo es que se mencione que hacen un alto en el camino para que se cumpla el aislamiento y atendiendo “(…) al llamado de las Naciones Unidas, numerosas Organizaciones Sociales del país y muchos dirigentes políticos (…) para dedicar todos los esfuerzos de la sociedad a combatir el flagelo del coronavirus (…)” (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 2020).

En Colombia, pese a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, quienes fueran el principal grupo armado ilegal (^{Alto Comisionado para la Paz, 2016}), se mantienen acciones de persistencia (^{Ministerio de Defensa, 2018}), que frente a calamidades como la covid-19 toman una connotación diferente, y que frente a otros países tiene serias implicaciones en la vida de las personas y termina siendo un factor de agravamiento.

La estafa virtual, un campo de acción criminal en la cuarentena

Otro escenario de afectación a la seguridad y la convivencia, está en el uso de herramientas, modos y medios diferentes a los indicadores convencionales como el hurto o las lesiones personales, sin embargo, con el aumento general de las telecomunicaciones, los aplicativos webs, la universalización del celular y la naturalización de las aplicaciones bancarias, gubernamentales y demás dispositivos informáticos, han creado nuevos canales de reproducción del crimen.

Esto obligó a la creación de una unidad especializada de la Policía colombiana para el combate y persecución de estos delitos (^{Observatorio del Cibercrimen, 2020}) por medio de la cual se ha registrado un aumento inusitado de la actividad delincuencial en las redes sociales, blogs, sitios web, chats, entre otros (Figura 11).

Fuente: construcción propia basada en la información del CAI virtual de la Policía Nacional.

Figura 11 Evolución de los delitos cibernéticos en un lapso de 50 días 

Según los reportes, en cinco periodos de diez días desde el 25 de febrero hasta el 14 de abril de 2020 se evidenció que, desde el reporte del caso cero de covid-19 en Colombia, la estafa virtual marcó un descenso sostenido en los delitos cibernéticos del 15 %, 25 %, 36 % y 25 %, pasando de 146 casos a 44, lo que en términos totales es una disminución bruta del 70 %.

En este mismo periodo se evidencia que el comportamiento de la suplantación de sitios web para capturar datos personales es contrario, es decir, registra un aumento generalizado, desde el 6 de marzo al 14 de abril, del 113 %. Así, desde las medidas de confinamiento nacional, la extorsión por medios cibernéticos aumentó sustancialmente, con un aumento entre los periodos del 26 de marzo al 4 de abril y del 5 al 14 de abril del 131 %, pues pasó de 19 a 44 casos (Figura 12).

Fuente: construcción propia basada en la información del CAI virtual de la Policía Nacional.

Figura 12 Evolución de las modalidades delictivas en un lapso de 50 días 

Así mismo, se evidenció una disminución general en las modalidades delictivas de estafa por compra y/o venta de productos y servicios por internet, que se redujo en el 62 %; y suplantación de identidad, que registró una disminución del 61 %. Es probable que la reducción en casos de estafa se dé por la baja en los ingresos de las familias o por las advertencias de prevención repetitivas dadas desde los medios de comunicación.

Tienden a desaparecer modalidades delictivas como la “carta nigeriana”, la cual consiste en tratar de ilusionar a la víctima con una fortuna inexistente y persuadirla para que pague una suma de dinero por adelantado (^{Centro Cibernético de la Policial, 2020b}), y el smishing, que trata de métodos de engaño para obtener información personal confidencial o estafar a alguien mediante servicios de mensajes cortos - SMS (^{BBC World, 2017}); modalidades que tienen como elemento común el ataque a la ingenuidad de las víctimas y, en algunos casos, la posibilidad de contar con dinero disponible.

Los delincuentes parecen explorar nuevas modalidades como el grooming, estrategia utilizada por un adulto para ganar la confianza de un menor a través de internet con fines sexuales (^{CAI Virtual Policía Nacional, 2019}), y la ingeniería social, así como la sextorsión que pasó de no registrar ningún hecho en los primeros 20 días del mes, a ser la segunda modalidad más usada según los ciberincidentes, con 67 casos entre el 5 y el 14 de abril.

La modalidad que evidencia mayor crecimiento es el phishing, modalidad delictiva que busca la obtención de datos privilegiados, especialmente de cuentas bancarias, por medio del envío de correos electrónicos falsos (^{Centro Cibernético Policial, 2019}); con un registro aproximado de 26 casos, lo que representa un 8.6 % del total de los 302 hechos registrados del 6 al 15 de marzo, pasó a ser la modalidad de mayor uso con 67 casos, 23,7 % del total de los 282 casos del último periodo de estudio.

En ese sentido, la ciudadanía es la más afectada por los delitos cibernéticos al agrupar porcentajes entre 60 y 68 % del total de hechos registrados, seguido por el sector Gobierno, que pasa de tener 16 casos en el periodo del 6 al 15 de marzo a 43, un aumento del 1 68 %. Por su parte, la afectación contra el sector educación desaparece, debido a la suspensión de clases; similar situación ocurre con el sector industrial, que tiende a disminuir, ya que pasa de 19 casos a 3, un 85 % menos.

Así mismo, en el marco del aislamiento preventivo obligatorio, se dan cambios vertiginosos en los niveles de afectación de los delitos cibernéticos, así: ciudadanos (-32 %), financiero (-67 %), industrial (-80 %) y tecnología (-43 %); y un aumento importante en los menores de edad (+220 %) y los medios de comunicación (+260 %) (^{Centro Cibernético de la Policía Nacional, 2020a}) (Figura 13).

Fuente: construcción propia basada en la información del CAI virtual de la Policía Nacional.

Figura 13 Evolución de los sectores más afectados por cibercrímenes 

La violencia intrafamiliar, una gran preocupación

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer informó que recibieron más de 2 301 llamadas, de las cuales, 219 corresponden a casos de violencia intrafamiliar, a la línea 155 que brinda orientación psicosocial y jurídica a las víctimas de violencia, con un aumento del 51 % en las llamadas frente al mismo período en 2019. Algo similar sucedió con la “línea púrpura”, dispuesta por la Alcaldía de Bogotá, cuyas llamadas se triplicaron entre el 20 y el 26 de marzo (^{Vicepresidencia, 2020}), teniendo en cuenta que hubo 1091 solicitudes al WhatsApp y 1207 a la “línea púrpura”; 178 corresponden a denuncias por violencia; el 48 % de las denuncias corresponden a violencia psicológica, el 22 % a la física y el 20 % a la económica (^{Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2020}).

Según un reciente informe de ^{ONU Mujeres (2020)}, “(…) cuando en un contexto de violencia familiar la tensión en los hogares crece, el riesgo aumenta junto con las estrategias de autoaislamiento y cuarentena. Los informes sobre algunas de las comunidades afectadas indican que el covid-19 está causando estas tendencias (…)”.

Se encontró que en Colombia en el año 2019 se recibieron 1201 llamadas efectivas (en promedio 52 diarias), mientras que en el periodo comparable de 2020 se recibieron 2965 (en promedio 128 diarias), es decir que el número de llamadas aumentó en 147 %.

En el periodo de estudio se evidencia que en definitiva las mujeres reportan muchos más casos de violencia; en este caso, en la línea 155 en promedio el 93.4 % de las llamadas efectivas recibidas fueron realizadas por mujeres, mientras que el restante 6.6 % fue por hombres. La disminución en las llamadas no efectivas pasó de un 87 % en la semana en que comenzó el aislamiento preventivo obligatorio a un 68 % entre el 2 y el 6 de abril de 2020 (^{Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2020}). Las grandes ciudades fueron las que más se comunicaron con la línea 155 para denunciar violencia intrafamiliar, ya que en marzo de 2019 se recibieron 856 comunicaciones, que representaron el 71 % de las llamadas efectivas, mientras que en 2020 se recibieron 2 238, lo que equivalió al 75 % de las llamadas efectivas.

De esta información se puede decir que en este lapso de 23 días en 2020, bajo condiciones atípicas, aislamiento preventivo, el número de llamadas a la línea 155 que reportaron violencia intrafamiliar creció en 1382, lo que representa un incremento del 161 %. Las únicas categorías que expresaron un descenso en 2020 respecto a 2019 fueron: amenazas, que pasaron de 55 a 52; inasistencia alimentaria, que reportó dos llamadas en 2019 frente a una en 2020; y acoso laboral, que pasó de seis llamadas a cero (^{Observatorio de Mujeres de la Vicepresidencia, 2020}) (Figura 14).

Fuente: construcción propia con información tomada de ^{Observatorio de Mujeres de la Vicepresidencia (2020)}.

Figura 14 Comportamiento de la violencia intrafamiliar de acuerdo a reportes en la línea 155 

Tal como se observa en la tabla 1, la cuarentena modificó las dinámicas de los registros o denuncias de hechos de violencia intrafamiliar en la línea 155. En 2019 se evidencia que las denuncias sobre estas violencias se presentan especialmente los días lunes o siguientes a los fines de semana con festivo: martes 26 de marzo, 48 casos; lunes 1 de abril, 55 casos; lunes 8 de abril, 54 casos; y lunes 15 de abril con 40 casos; lo que no necesariamente indica que en esos días se hubiesen presentado las agresiones, teniendo en cuenta que es probable que las víctimas (mayoritariamente mujeres) hubiesen esperado salir de los entornos de agresión familiar que normalmente se dan durante los fines de semana y hubiesen denunciado los hechos, es decir, cuando inicia la semana laboral. Para el año 2020, en el marco de la cuarentena, los picos de las denuncias hechas en la línea 155 no son los días lunes; por el contrario, se registran más hechos durante los fines de semana: viernes 27 de marzo, 113 casos; sábado 4 de abril, 113 casos; y sábado 11 de abril, 123 casos.

Tabla 1 Llamadas efectivas a la línea 155 discriminadas por fechas y hechos 

Discusión

Hasta este punto se presentó la información recopilada y observada en aspectos concretos que afectaron la seguridad y la convivencia en Colombia por causa de la covid-19; se indica que el análisis de los hechos delictivos debe hacerse de forma independiente, ya que no es posible establecer una generalidad por las tipologías, características y modos en los que ocurre cada hecho, lo que no hace posible un análisis o trato simétrico.

Para el caso de los homicidios, se venía reportando una disminución representativa en las principales ciudades antes de la aparición del coronavirus, 17.1 %; sin embargo, las medidas adoptadas por las autoridades representaron una disminución sustancial superior al 32 % en los casos entre 2019 y 2020.

Frente al hurto que se registra en las principales ciudades de Colombia, el aumento fue entre 10 y 15 puntos porcentuales que, en términos generales, es la intensificación de una tendencia que ya se venía consolidando, previo al primer caso confirmado de covid-19. En esto se manifiesta un importante aumento, en particular posterior al 20 de marzo, con un repunte significativo el día 24 de marzo, lo cual se relaciona con el permiso otorgado para el reabastecimiento de las personas y las excepciones de movilidad de la Presidencia (^{Presidencia de la República de Colombia, 2020}), lo que indica que se vivieron con mayor intensidad las restricciones en los simulacros locales frente a las disposiciones nacionales.

En efecto, la seguridad y la convivencia son especialmente sensibles a las medidas gubernamentales, ya que, frente al punto bisagra entre el simulacro y el aislamiento obligatorio, permitió entrever que la criminalidad en delitos como el hurto, el homicidio y las lesiones personales crece cuando hay pleno uso de las libertades sociales; contrario a lo que se ha planteado en diferentes medios de comunicación (“Nación”, ^{El Tiempo, 2020}; Herrera, 2020; “Judicial”, ^{El Espectador, 2020}) en los que se alerta sobre el aumento en las lesiones personales por estar en confinamiento en casa.

Así, los impactos se presentan menos intensos en los delitos contra el patrimonio y más en lo que refiere a afectaciones en las personas; el aislamiento social restringe, pero la interacción humana no desaparece; por el contrario, aumenta o al menos la intensidad de los encuentros es más alta. En ese sentido, se presentaron continuidades y aumentos en las lesiones personales o en violencia intrafamiliar.

Para el caso de las áreas de impacto económico, se logró una disminución más pronunciada, por cuanto el hurto requiere de un ejercicio social libre en el que los delincuentes puedan tener facilidades de movilidad (^{Rivas, 2005}) y puedan escabullirse en el medio de la interacción social cotidiana; al limitarse esta, también se limita el número de delincuentes y de víctimas, por lo menos en un escenario de corto tiempo; quizá con el paso de los días y amparados en el relajamiento de las medidas de aislamiento esta situación cambie, entre otras razones, porque el paso de los días ayuda a que se incumbe un deterioro en las condiciones económicas, y esto incentive las protestas sociales en el reclamo de asistencia estatal, lo que es óbice para que se aumenten las acciones contravencionales.

Por lo anterior, aun en un contexto de cuarentena, no se rompe la tendencia en que los mayores repuntes o registros delictivos se presenten los fines de semana en cuanto a homicidio, lesiones personales, hurto a comercio y hurto a personas, lo que implica que las contravenciones están ligadas a dinámicas de comportamiento social cíclicas, es decir, que se reproducen con relación a un modus operandi y de sociabilidad, si se quiere repetitiva, y no tanto en virtud de las acciones o determinaciones gubernamentales. Por ello los fines de semana suelen ser, en la idiosincrasia colombiana, un momento en el que se incrementa el consumo de alcohol y con ello las contravenciones; para el caso de marzo de 2020, esta situación no se altera, sino que se reproduce.

Respecto a las cárceles del país, y sin contar los problemas asociados al hacinamiento, es notorio resaltar que en la primera semana de marzo no se habían reportado muchos contagiados y el número de muertes era casi nulo; sin embargo, en las cárceles ya se contabilizaban varios muertos, lo cual indica que el mal manejo del pánico puede ser más letal que una alerta de pandemia. Esto es importante por cuanto indica que se deben mejorar los protocolos de trasmisión de información a todos los sectores sociales, para evitar el temor y la desesperación.

En adición, en lo que refiere a protocolos de seguridad se da una actualización frente a situaciones que perturben el orden público a gran escala, sobre todo lo que se relaciona con el oportunismo para promover las fugas en cárceles y en las URI.

De igual manera, y teniendo en cuenta las particularidades del país, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, se mantienen las acciones armadas y la persistencia de los GAO y las disidencias; calamidades como la covid-19 toman una connotación diferente al usar la pandemia como una forma de acción política, militar y táctica.

Las acciones armadas de los grupos guerrilleros, GAO residuales y de narcotraficantes han puesto el lado más deshumanizado del conflicto, sobre todo acudiendo al engaño y la perfidia, infracciones al DIH en que el GAO ELN y otros grupos han establecido discursos y retóricas que intentan emular el discurso estatal, actitud que tiene una doble connotación en cuanto pretende tomar una actitud de señorío y control local con un discurso pretencioso; en segundo término, hay una voluntad expresa por imponer acciones que sean consecuentes con la realidad y la coyuntura, lo cual opera con un estrecho sentido de búsqueda permanente de vigencia en la opinión, incluso si esto significa la conjugación de un discurso revolucionario del siglo pasado con un hecho contemporáneo como la pandemia mundial.

Llama la atención que los panfletos se den en consonancia con las medidas decretadas por la Presidencia y que hay un sentido de uniformidad o apego a las directivas presidenciales, es decir, la pandemia conllevó que se lograra consenso sobre la necesidad de aislamiento, así esto significara la confluencia de criterios entre adversarios.

Sobre esto, es importante hacer hincapié en que no es lo mismo sobrellevar una pandemia en un escenario de conflicto interno, en el que se dan enfrentamientos con GAO con alta capacidad de presencia territorial, poder de fuego y zonas de influencia social. Por lo tanto, el valor analítico que presenta estudiar el caso colombiano frente a otros países latinoamericanos y del orbe está en que los impactos y dinámicas son diferenciales.

Esto llevó a observar que las autoridades civiles y policiales deben actualizar sus manuales de acción en todos los frentes, ya que los datos aquí aportados ponen en evidencia que los delincuentes adaptan sus mecanismos de robo y estafa con sorprendente flexibilidad, y que, en el curso de pocos días u horas, según sea la coyuntura, se adaptan y embaucan a la población; por ello, los protocolos y formas de acción deben tener el mismo nivel de flexibilidad, en particular en lo que refiere a ciberseguridad.

Lo anterior hace necesario fortalecer las acciones de prevención, no solo de mitigación, por cuanto hay escenarios en los que los hechos cambian con tanta rapidez que, si no se tienen protocolos claros, aumenta el riesgo de propagación del pánico, la violencia y en general la crisis.

Por su parte, los escenarios de saqueo a establecimientos comerciales se presentan particulares, por cuanto en su manifestación más temprana indican el mal de una sociedad altamente desigual, en la cual, ante una cuarentena, los impactos de estas medidas se concentran en los subsidios y asistencias gubernamentales para la población y el manejo macroeconómico. Diferencial es el hecho que en ciudades en las que la desigualdad se concentra en cinturones de pobreza, los primeros objetivos considerados legítimos son los supermercados.

Si bien hoy es claro que en el país, con el paso de los días y la evolución de la cuarentena, no se manifestó una crisis general o sistémica de los espacios urbanos, y que las autoridades lograron persuadir e imponer el control general, fue en los primeros días en los que se manifestaron con particular intensidad los saqueos y robos a establecimientos de comercialización de alimentos y bienes de primera necesidad, es decir, el impacto temprano en la seguridad de estos hechos podría ser estructuralmente superior que los de mediano y largo alcance.

Los nuevos escenarios de control social implican retos al servicio de policía, al observar que los niveles de estrés y tensión ciudadana provocan un alto número de hechos de violencia contra los servidores públicos. Los días de transición en las medidas o niveles de control social registran cambios generales en los índices delictivos provocados o facilitados por la incertidumbre ciudadana, que normalmente es canalizada con compras compulsivas, realización de trámites bancarios o administrativos.

Conclusiones

Una vez revisada la información a la luz de las fuentes oficiales y públicas a las que hemos tenido acceso, es posible establecer que en los contextos de fuerte irrupción o constreñimiento de la movilidad social y/o confinamiento se registran consistentes impactos en los registros delincuenciales y contravencionales, como manifestación de un cambio en la forma en que se expresan los delitos y las conductas sociales, vistas desde diferentes perspectivas: lo delictivo, lo familiar, el conflicto no internacional colombiano y escenarios concretos como los cibercrímenes y las cárceles.

De manera que las políticas y protocolos deben diferenciar entre escenarios tempranos, de mediano y largo alcance, por cuanto las psicologías sociales de las crisis experimentan diferentes momentos, retos e intensidades. En ello, este tipo de documentos coadyuvan en el análisis de las políticas y protocolos para la atención de situaciones de confinamiento, de cara a escenarios futuros que deriven de calamidades, reincidencia de pandemias, toques de queda prolongados o estados de emergencia sanitaria.

Los comportamientos delictivos son sensibles a la formulación de políticas de restricción de movilidad o de coyunturas sociales; es por ello que los impactos en la disminución delictiva son generalizados, pero las tendencias de comportamiento no se afectan. Es decir, a pesar de que se evidencia una menor intensidad en los delitos, estos guardan las dinámicas de manifestación, los hurtos principalmente en los días laborales intrasemanales y los delitos contra la vida (homicidios y lesiones personales) durante los fines de semana.

La intensidad en los impactos de los comportamientos delictivos cambia de acuerdo al entorno; en las ciudades intermedias son más intensos estos impactos y se evidencian reducciones más radicales. Situación que se podría explicar debido a que en estos espacios los niveles de control y posibilidad de verificar el cumplimiento de las medidas de confinamiento por parte de las autoridades son más altos y existen mayores niveles de empatía o de acatamiento de las disposiciones gubernamentales, aunado a mecanismo de veeduría ciudadana.

Así, las grandes ciudades registran reducciones significativas, en menor medida o intensidad, frente a las ciudades intermedias; es probable que esto ocurra debido a que en los escenarios densamente poblados las posibilidades de control son limitadas. En los municipios periféricos y con registro vigente de conflicto armado interno no se registran los mismos impactos en la reducción delictiva en sus zonas rurales ante las instrucciones de las autoridades locales, regionales o nacionales. Los efectos se ven en mayor medida cuando median los grupos armados ilegales para fungir como actor de control social.

Por su parte, las redes sociales sirven como el canal de comunicación más utilizado para coordinar actividades colectivas de falsos beneficios o ayudas, en el marco del confinamiento. Las frustraciones generan escenarios de caos, que implican actuaciones represivas de la policía. Por ello, los primeros escenarios de afectación comercial, respecto a las acciones de vandalismo o intenciones de saqueo, se dan en las tiendas de descuento duro.

La afectación sobre los establecimientos comerciales se da principalmente a las tiendas de descuento duro, no así a los almacenes de cadena y grandes superficies, teniendo en cuenta que tradicionalmente se ubican en áreas comerciales o centros comerciales con mejores niveles de seguridad; similar situación se da en el caso de las microtiendas de barrio. Así entonces, en un estadio temprano son los supermercados de tamaño intermedio ubicados en los barrios más vulnerables los que requieren una atención primaria.

En términos geográficos, en las ciudades se ve que la prevención adoptada por los ciudadanos permite que, ante situaciones inminentes de emergencia sanitaria o social, los delitos tiendan a disminuir antes de la adopción de medidas de restricción a la movilidad.

Frente al cibercrimen, en tiempos de pandemia, los medios virtuales son la plataforma delictiva predilecta para la búsqueda de dinero. Los delitos más sofisticados como la estafa tienden a disminuir, mientras los que implican recompensas económicas directas, como la extorsión, aumentan vertiginosamente. Por otra parte, los delincuentes expertos en delitos informáticos tienden a volcar sus esfuerzos criminales en la suplantación de sitios web para capturar datos personales.

A diferencia de la percepción generalizada, los ciberincidentes reportados por la Policía Nacional reflejan que los hechos de afectación de forma general marcaron un descenso considerable desde el caso cero de la covid-19, medidas locales de restricción o el aislamiento preventivo obligatorio. Sin embargo, parecen reinventarse criminalmente y ajustar sus mecanismos delictivos. Las campañas de prevención tienen efectos iniciales en la población adulta; sin embargo, en escenarios de confinamiento e hiperconexión virtual, se establecen escenarios de vulnerabilidad para los menores de edad, que empiezan a registrar mayores niveles de afectación.

Los deseos sexuales parecen ser aprovechados para dinamizar y modificar las dinámicas criminales cibernéticas. Los adultos se involucran en la red en búsqueda de servicios sexuales, resultando víctimas de la sextorsión, de modo que es la ciudadanía el sector más afectado por los delitos cibernéticos. Frente a los delitos de violencia intrafamiliar, es posible establecer que se materializan los fines de semana y que, en su comportamiento habitual, son denunciados los primeros días laborales (lunes y martes); lo anterior, buscando estar en escenarios sin presencia permanente del núcleo familiar, dinámica que no es trastocada por escenarios de confinamiento, para lo cual es necesaria la creación de planes y políticas especiales para su tratamiento.

En términos generales, es posible establecer que, en estos escenarios de emergencia sanitaria y social, el comportamiento del crimen en las primeras dos o tres semanas termina siendo trascendental, por lo cual es necesario que, a partir de este tipo de informaciones, se creen, actualicen o modifiquen las formas de acción y los protocolos para la toma de decisiones.

Todo este contexto enfatiza en la necesidad de profundizar los análisis y correlación de la política criminal con la política social, en la vía de la reconfiguración institucional propuesta por la CEPAL, particularmente en términos de poder construir políticas de acción que relacionen variables evidentes como crimen y pobreza, o proyecciones de riesgo y mitigación, bajo la perspectiva de vulnerabilidad económica¹.