El contexto del problema: Narcotráfico en México

Se calcula que la venta de drogas representa entre un quinto y un tercio de las ganancias para los grupos delictivos transnacionales en el mundo (UNODC, 2017). A manera de ejemplo, basta pensar en los mercados de drogas en la red oscura, los principales tienen un valor de al menos 315 millones de dólares en ventas anuales, y es importante considerar que la expansión de los mercados de drogas en línea a las redes sociales y las plataformas populares de comercio electrónico sugiere además que su accesibilidad se está ampliando (UNODC, 2021).

En México, la historia del tráfico de drogas se remonta al siglo pasado, pero la política nacional que impulsa su combate frontal es reciente. La "Guerra contra el narcotráfico", política vigente durante los sexenios presidenciales de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (20122018) generó una ola de violencia en todo el país, con mayor severidad en los estados y ciudades que representan territorios en disputa para el narcotráfico. La captura de algunos traficantes, la militarización de varias ciudades y todos los operativos policiacos, no llevaron a la disminución ni del tráfico, ni de la oferta. Por el contrario, a partir del 2006 se observó un cambio en el modelo criminal, pues además del narcotráfico, el crimen organizado diversificó sus actividades hacia delitos de otra índole, como el secuestro y la extorsión (^{Valdés, 2017}).

Si bien, cualquier lugar donde existe el consumo de sustancias ilegales requiere necesariamente de la participación del narcotráfico, éste puede ser entendido al menos desde dos puntos de vista que vale aclarar: como un delito realizado por el crimen organizado, que trae consigo consecuencias sociales como la violencia y la inseguridad pública; o bien, como un fenómeno cultural con influencia en la construcción de procesos de identidad y cultura local (narcocultura). Como delito realizado por grupos del crimen organizado, el narcotráfico abarca el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales. Al igual que otros delitos del crimen organizado (como la trata de personas o las extorsiones), se trata de una transgresión sistemática, planificada y coordinada de la ley, cuyo objetivo es obtener ganancias económicas o la dominación para apropiarse de mercados y territorios útiles para la producción y distribución (de drogas ilegales), y cuya eficacia estará en función del grado de violencia, intimidación o corrupción ejercidas (^{Enríquez, 2020}).

Desde el punto de vista cultural, el narcotráfico es un fenómeno diverso y complejo. A manera de ejemplo, pensemos en tres estados del norte de México: Sinaloa, Tamaulipas y Baja California. En Sinaloa el narcotráfico ha sido incorporado a las prácticas sociales cotidianas y forma parte de su cultura, se expresa en lo que escuchan (narcocorridos), se ponen, se compran o usan las personas. El narcotráfico ha llegado al emblema, constituyéndose incluso como un elemento que conforma la identidad (^{Moreno, Burgos, & Valdez, 2016}). A diferencia de lo que sucede en Sinaloa, en Tamaulipas el narcotráfico representa una actividad delictiva que no solo incluye el tráfico de drogas, sino extorsiones, desapariciones y otros delitos de alto impacto. La incorporación de los jóvenes al narcotráfico se ve limitada cuando lo perciben como una actividad ilegal y construyen su identidad en contraposición a él (^{Almanza, Gómez, Guzmán, & Cruz, 2018}). Mientras que en Sinaloa se observa una mayor aceptación y en Tamaulipas un mayor rechazo; en Baja California lo que prevalece es la ambivalencia, pues el narcotráfico es considerado como "un trabajo ilegal" (Gómez & Almanza, 2021); es decir, un objeto ética, cultural y legalmente aceptable (trabajo) pero también reprochable (ilegal).

El narcotráfico genera diversos posicionamientos éticos que van desde su incorporación en la cultura (como en Sinaloa) hasta su rechazo social (como en Tamaulipas), pasando por una ambivalencia donde el grado de aceptación-rechazo depende del nivel de cercanía cotidiana con el narcotráfico (actividades como cultivo, manufactura, distribución y venta) y sus actores (narcotraficantes, dealers, narcomenudistas, sicarios); así como de sus dinámicas locales (violencia e inseguridad). El caso de Tamaulipas resulta emblemático, debido al nivel de violencia alcanzado con la "guerra contra el narco", pues lejos de minimizar la violencia, ésta se incrementó y alcanzó niveles nunca vistos. Si bien, desde tiempo atrás se sabía de la existencia de una relación o pacto entre los gobernadores y políticos con el crimen organizado (^{Flores, 2013}), dicha relación evolucionó al grado de convertirse en una simbiosis o tratarse de los mismos actores: "narcogobernadores" (^{Padgett, 2016}). Este amalgamamiento llegó a niveles inusitados, al grado de no poder distinguirse unos de otros, dejando a sus habitantes en el desamparo (^{Aguayo, 2017}). El narcotráfico requiere de condiciones geográficas, políticas, económicas y socioculturales que permitan su instauración. Pero no solo eso:

…el narco es una forma de vida, arraigada en (y propulsora de) ideas, sensaciones y quehaceres que lo vuelven una cuestión compleja. No satisface una sola necesidad, sino múltiples. No cumple un mandato cultural, sino diversos. No desafía una forma de ver la realidad, sino varias. No se reproduce en función de unos pocos individuos demencialmente agresivos y codiciosos, sino de un amplio conjunto social que simultáneamente condena la industria de la muerte "Narcoinfierno" pero admira el paraíso de los placeres "Narcolandia" (^{Christiansen, 2016}, pág. 130).

El narco (como fenómeno cultural y como forma de vida), para existir, requiere de los narcos (personajes que realizan actividades vinculadas con el tráfico de drogas), y de sus principales víctimas: las personas que consumen drogas. Desde esta perspectiva, "nunca ha sido tan decisivo vigilar oportunamente la demanda y la oferta de drogas en todo el mundo" (UNODC, 2017, pág. 32), pero atendiendo a sus particularidades locales. En este sentido, vale la pena preguntar ¿Cuáles son las consideraciones éticas que debemos tener al hacerlo? ¿Cuáles son las mejores estrategias metodológicas? El objetivo de este trabajo es analizar las implicaciones ético-metodológicas del estudio del consumo de drogas en comunidades con narcotráfico, a partir de experiencias previas de investigación en una de las regiones con mayor presencia de narcotráfico, violencia y consumo de drogas en México: la frontera norte.

Notas ético-metodológicas derivadas de experiencias de investigación en dos entidades del norte de México

Lo que inició como un proyecto de investigación acerca del consumo de drogas en comunidades con narcotráfico, nos llevó a la postre, a una reflexión e investigación más amplia sobre el narcotráfico, a partir de la perspectiva de usuarios de drogas, personas en rehabilitación, personal de salud que atiende adicciones, instituciones y centros de rehabilitación, y otros actores comunitarios. Las investigaciones a las que hacemos referencia en este artículo, se llevaron a cabo entre enero de 2015 y diciembre de 2017 en Ciudad Victoria, Tamaulipas; ubicada al nororiente de México, caracterizada por altos índices de violencia e inseguridad asociada al narcotráfico; y de junio de 2018 a enero de 2020 en los municipios de Mexicali, Ensenada y Tijuana, en Baja California; ubicada en la región noroccidental de México, donde también hay presencia de narcotráfico, pero con menores índices de violencia e inseguridad que en Tamaulipas. Es decir, tomamos la experiencia de una entidad en la que las investigaciones al respecto eran prácticamente inexistentes; y otra, en la que el panorama y los referentes de investigaciones previas eran más extensos. Prueba de ello son las 62 publicaciones científicas relacionadas con drogas, que se realizaron del 2013 al 2018 en Baja California, lo que representa el 40% de las publicaciones de ese periodo a nivel nacional (^{Beltrán, 2019}).

En la experiencia de investigación en Tamaulipas, el objetivo fue explorar las dinámicas del consumo de drogas en jóvenes, sus vínculos con el narcotráfico, los servicios de tratamiento y las barreras de acceso a éste. En la investigación de Baja California, se exploraron los significados y experiencias relacionadas con el consumo de drogas y el narcotráfico en adolescentes y jóvenes de las comunidades locales. La reflexión del presente artículo versa sobre algunos aspectos éticos y metodológicos básicos, para estudiar el consumo de drogas en comunidades con narcotráfico; considerando las dinámicas del crimen organizado en cada comunidad.

La elección de cierta estrategia metodológica está permeada por la cuestión ética (^{Rodríguez et al., 2020}). En este caso, la orientación metodológica de ambas investigaciones (Tamaulipas y Baja California) fue cualitativa, debido a que el objetivo estuvo encaminado a comprender las experiencias de las personas en sus comunidades, a partir de sus propias perspectivas. Como señala ^{Gibbs (2014)}, la investigación cualitativa pretende enfocarse al mundo de "afuera" (donde suceden el consumo de drogas y el narcotráfico); y entender, describir e incluso explicar estos fenómenos desde el "interior", analizando las experiencias de las personas y grupos, así como sus interacciones y comunicaciones. Este enfoque resulta idóneo para investigar temas sensibles como la violencia o el crimen; debido a que es flexible y se enfoca en comprender las experiencias subjetivas y las interpretaciones de los participantes (^{Liamputtong, 2007}). Para ^{Ascencio (2018)}, en los últimos años la investigación cualitativa ha adquirido gran relevancia, particularmente en México, donde la violencia y la inseguridad son temas prioritarios en las agendas de investigación, sin que los investigadores cuenten con estrategias para el trabajo de campo, o capacitación para enfrentar realidades de violencia, conflicto y horror. Los métodos cualitativos representan una valiosa herramienta en este sentido.

En ambas experiencias, el primer paso consistió en identificar a los jóvenes (estudiantes universitarios), usuarios de drogas (jóvenes y adultos) e instituciones participantes (escuelas, centros de atención primaria, clínicas de internamiento y comunidades terapéuticas); y hacer las gestiones necesarias para realizar el trabajo de campo. Vale señalar que la "identificación de los participantes" no es una decisión inocente o desinteresada, sino que, responde a la necesidad de contar con actores que poseen la información necesaria para responder a la pregunta de investigación, y cuya participación no represente riesgos para sí mismos, su entorno o los investigadores. En el caso de Tamaulipas, probablemente hubiera sido más interesante contactar directamente con usuarios de drogas en sus comunidades (y no a través de instituciones como los centros de atención). Sin embargo, se tomó la decisión de realizar entrevistas al interior de las instituciones debido al clima de violencia e inseguridad en el espacio público, pues ante un evento de violencia (las balaceras son comunes), es necesario resguardarse. Por otro lado, es importante mencionar que aunque en la etapa de "identificación de los participantes", consideramos acercarnos a instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, optamos por omitir su participación a fin de no "llamar la atención" o alertar sobre la presencia de investigadores interesados en estudiar el consumo de drogas y el narcotráfico, pues no sabíamos y a la fecha no sabemos con certeza el nivel de involucramiento de las autoridades con el crimen organizado. Resulta evidente que éste no podría operar con impunidad sin contar con la complicidad (permisión, participación directa u omisión) de las autoridades y fuerzas de seguridad, por lo que decidimos no acudir a ninguna figura o institución de seguridad, ni a los medios de comunicación; en el caso de éstos últimos porque no logramos identificar un solo medio local que cubriera noticias de este tipo. Como menciona ^{Correa-Cabrera (2021)}, el primer obstáculo al que los investigadores se enfrentan al intentar hacer investigación en Tamaulipas es el silenciamiento a los medios de comunicación por parte no solo del crimen organizado, sino del Estado mexicano.

Para entrar a campo, en Tamaulipas nos acercamos a las instituciones (escuelas, centros de atención primaria y clínicas de internamiento) mediante oficios provenientes de una universidad pública que nos presentaba como parte de su personal docente. Así, logramos entablar un primer contacto con los directivos de las instituciones y tras presentarles el proyecto de investigación, iniciamos el trabajo de campo con jóvenes universitarios y con personal de salud del área de adicciones. Los participantes se seleccionaron mediante el muestreo intencional por criterio (^{Patton, 1990}), los requisitos para ser incluidos fueron: tener más de un año de vivir o trabajar en la ciudad, aceptar participar en la investigación, edad (jóvenes) y ocupación (personal del sector salud que atiende adicciones). El acceso a usuarios de drogas en tratamiento fue posible en una segunda etapa y fue el personal de salud en cada institución quien se encargó de seleccionar a los participantes. En este caso, además de cumplir con ciertas condiciones sociodemográficas y clínicas (sexo, edad, tiempo de vivir en la ciudad, tiempo de estar en tratamiento), la selección se realizó considerando que los participantes no pertenecieran a grupos del crimen organizado y que aceptaran participar en la investigación. Cabe señalar que cuando los usuarios de drogas realizan actividades relacionadas con el narcotráfico, poseen información sobre personas, grupos y autoridades involucradas, lugares donde se realizan estas actividades y, sobre todo, enfrentamientos entre grupos rivales, desapariciones forzadas, extorsiones y otros delitos, que, por seguridad, los investigadores no debemos conocer. A manera de ejemplo, para entender el contexto de Tamaulipas, vale comentar que en una clínica de internamiento habían sufrido un atentado directo (balacera), por parte de miembros del crimen organizado que buscaban a un "enemigo" que se encontraba interno en la clínica; mientras que en un centro de atención primaria el personal de salud había tenido que encerrarse durante horas, a causa de balaceras en la colonia.

En Baja California, la estrategia para contactar a los participantes fue similar, nos acercamos a las instituciones mediante un oficio que nos presentaba como personal docente de la universidad pública estatal, pero a diferencia de Tamaulipas, el acceso a jóvenes, usuarios de drogas y personal de salud fue inmediato. El muestreo también fue por criterio y éste respondió a cuestiones como sexo, edad, ocupación (estudiante o personal de salud), tiempo de vivir en la ciudad, tiempo de laborar en la institución, y desde luego, aceptar la invitación a participar en la investigación.

El trabajo de campo tanto en Tamaulipas como en Baja California consistió en realizar visitas a las instituciones, particularmente a las escuelas, clínicas de atención, centros de internamiento o comunidades terapéuticas donde realizamos observación, entrevistas individuales y grupos focales. En ambos escenarios (Tamaulipas y Baja California), previo a la obtención de datos, se les explicó a los y las participantes el objetivo de la investigación y se leyó conjuntamente el consentimiento informado, del cual destaca el compromiso de mantener su anonimato, confidencialidad de la información (entendida como el uso de ésta sólo con fines académicos y de investigación), y la naturaleza de su participación: voluntaria, libre y revocable. En este punto, aunque coincidimos con ^{Izcara & Andrade (2018)} cuando afirman que el consentimiento informado escrito amenaza el anonimato y la confidencialidad, además de generar un estrés innecesario en los participantes; optamos por llevarlo a cabo, a fin de que los participantes tuvieran presente en todo momento los aspectos antes mencionados (anonimato, confidencialidad y participación), así como los datos de contacto (correo electrónico) de los investigadores, para comunicarse en caso de tener alguna duda con respecto al proyecto, e incluso para mantener la opción de retractar su participación. La intención de fondo con el consentimiento no es proteger a los investigadores, sino que los participantes se sientan seguros y tranquilos al aceptar participar.

El consentimiento fue informado y no firmado. Es decir, no se les pidió la firma, sino que escribieran una señal (una cruz o cualquier garabato), la palabra "sí", "acepto" o la frase "acepto participar". Fuimos enfáticos en el carácter libre, voluntario y revocable de su participación, les mencionamos que si había alguna pregunta que no desearan contestar podían expresarlo (decir "paso"), y que podían retirarse de la entrevista en el momento que lo desearan, incluso a posteriori, es decir; podían retractar su participación (siempre que ésta no hubiera sido ya incluida en alguna publicación). Hasta la fecha ningún participante ha escrito a los investigadores con este fin.

Consideramos que uno de los aspectos que ha favorecido la participación (particularmente en Tamaulipas), tanto de jóvenes estudiantes, usuarios de drogas, familiares y el personal de salud; es saber que su identidad está protegida (anonimato) y que la información que proporcionan solo se usa con fines académicos o de investigación (confidencialidad). Paradójicamente, aunque el periodo de trabajo de campo fue mayor en Tamaulipas (3 años), fue más difícil alcanzar la saturación teórica. Mientras que, en Baja California, aunque la fase de trabajo de campo fue menor (año y medio), el número de entrevistas y grupos focales fue mayor, lo que facilitó alcanzar en menor tiempo dicha saturación.

Al tratarse de investigaciones cualitativas, la sistematización, análisis e interpretación, se realizó a la par del proceso de obtención de datos. Para el caso de la investigación realizada en Tamaulipas, los investigadores decidimos no publicar datos que pudieran poner en riesgo a los participantes (lugares de consumo, métodos de obtención de las drogas, etc.). En el caso de Baja California, también decidimos omitir algunos datos, pero pensando en no estigmatizar a ciertas escuelas

donde se detectaron prácticas de consumo al interior de los planteles y la participación de jóvenes en actividades de narcomenudeo. Como criterio de ética y calidad (^{Gibbs, 2014}), el análisis de datos siempre se realizó mediante la triangulación de investigadores y toda vez que se concluyó con la transcripción de las entrevistas, los registros en audio fueron eliminados.

En cuanto a la confidencialidad de la información y la comunicación o publicación de resultados, lo que consideramos oportuno decir o callar, responde directamente a decisiones consensuadas entre los investigadores, con la encomienda de publicar sólo aquello que representa un aporte al campo de conocimiento y no pone en riesgo la integridad de los participantes. En algunas ocasiones verificamos la información con éstos, a fin de publicar sólo aquello con lo que se sienten cómodos y seguros. En contextos locales, los residentes son los expertos, son ellos quienes conocen la información sensible, los lugares, las situaciones y los personajes que representan riesgo, aprender de ellos y de cómo gestionan la inseguridad podría considerarse una guía para los investigadores. Cabe señalar que aun cuando los participantes autorizan la difusión de la información, si el equipo de investigación detecta que esto implica riesgos, es una decisión ética mantener en resguardo o eliminar dicha información.

En ambas experiencias empleamos diseños flexibles de investigación, que nos permitieran adaptarnos a las condiciones particulares de cada comunidad. Entre las principales estrategias de obtención, análisis e interpretación de datos que utilizamos, se encuentran los estudios narrativos, de representaciones sociales, la teoría fundamentada y el análisis crítico del discurso. La dimensión ética es parte esencial de las investigaciones cualitativas, particularmente durante la planificación y obtención de datos, al determinar qué, cómo, cuándo, dónde y con quién hacer/observar/preguntar, y qué no. De ahí la importancia de precisar los objetivos de la investigación, los instrumentos y técnicas de obtención de datos, las características deseables en los investigadores y los escenarios plausibles. Adicionalmente, contar con la revisión y aprobación de un comité de ética resulta fundamental. En nuestro caso, en la investigación de Tamaulipas contamos con la revisión y aprobación de un comité de ética local con experiencia in situ; mientras que, en la investigación realizada en Baja California, el estudio fue aprobado por el Departamento de Posgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Baja California.

Como hemos señalado, una parte medular que implica la toma de decisiones éticas y metodológicas es la fase de trabajo de campo. Al respecto, en todo momento, frente a nuestros participantes y en los escenarios donde realizamos nuestras investigaciones, fuimos transparentes con respecto a quienes somos (investigadores), nuestras intenciones (hacer investigación que abone al conocimiento científico sobre determinado fenómeno social), y los objetivos específicos de nuestra investigación; aun cuando ello implicó "perder" entrevistas, participantes y escenarios de estudio, como cuando se nos pidió entrevistarse con un "líder del crimen organizado", para "pedirle permiso" de ingresar (realizar observación y entrevistas) en la colonia en la que lleva a cabo sus actividades ilícitas (narcotráfico).

Tanto en Tamaulipas como en Baja California, la estrategia privilegiada para la obtención de datos fue la entrevista. Como señala ^{Querales (2018)}, en la entrevista cada pregunta que realizamos lleva al entrevistado a conectar con el entramado de sentimientos que la persona ha ido elaborando alrededor de los sucesos. Lograr un diálogo reflexivo al respecto, es posible sólo en una situación de confianza y cuando los participantes tienen claridad sobre el uso y la utilidad que tendrán los resultados de la investigación. Por ello, las entrevistas estuvieron a cargo de investigadores con experiencia en temas relacionados con el crimen y la violencia, y con entrenamiento clínico. A fin de comenzar con un tópico neutro o menos amenazante, iniciamos las entrevistas explorando el tema del consumo de drogas. Nos dimos cuenta de que éste lleva de forma natural a explorar los modos de obtención, los espacios de consumo, el rol y caracterización de los dealers, los halcones y otros actores; y la dinámica específica del narcotráfico en cada localidad.

Hablar de narcotráfico en Tamaulipas siempre remite a violencia, corrupción e impunidad; mientras que, en Baja California se observa una ambivalencia con relación a la naturaleza del narcotráfico y las motivaciones de los narcotraficantes. Una decisión importante versa sobre la posibilidad de audiograbar la entrevista, tomar notas de lo más relevante durante ésta, o bien; registrar lo que esté al alcance de la memoria una vez que se ha concluido y el investigador está fuera del escenario de estudio. Cada una de estas alternativas tiene ventajas y desventajas. La decisión final depende del riesgo que representa grabar o tomar notas. Aunque para nosotros fue posible audiograbar la mayoría de las entrevistas, cuando detectamos situaciones o personas de riesgo decidimos no grabar e incluso llegamos a cancelar alguna entrevista.

Tanto en Tamaulipas como en Baja California, cada entrevista se realizó mediante citas programadas y confirmadas con los participantes. ^{Sandberg & Copes (2013)} proponen tener un plan establecido para informar a colegas y personas cercanas, dónde y con quién están los investigadores al ir a campo; ubicar personas y lugares a donde ir en caso de encontrarse en riesgo, e identificar las situaciones que ameritan que se llame a la policía o alguna otra figura encargada de la seguridad. Dependiendo del escenario, también puede resultar útil portar una identificación que avale al investigador como docente de alguna universidad.

Durante la fase de trabajo de campo, resultó productivo mantenernos abiertos e identificar temas emergentes. Aunque no todos estos temas pudieron ser explorados posteriormente, ya que no nos pareció pertinente prolongar demasiado los períodos de permanencia en campo. En temas que no han sido suficientemente explorados o cuando su naturaleza ilícita los hace permanecer ocultos, las comunidades y escenarios de estudio pueden resultar fascinantes; en estos casos, es posible que el equipo de investigación no sepa cuándo parar la fase de campo, o no quiera terminarla debido a que pretende obtener información que va más allá de las preguntas iniciales de investigación. Al respecto, la saturación teórica en el análisis de datos y la seguridad fueron los indicadores que usamos para dar por terminado el trabajo de campo.

Otro tema importante, que no solo tiene implicaciones éticas y en la calidad de la investigación, sino que requiere un proceso metodológico específico; es la validez de la investigación. En nuestras investigaciones gestionamos la validez mediante cuatro aspectos recomendados por ^{Gibbs (2014)}. El primero es la triangulación de investigadores (^{Denzin, 1978}) durante el proceso de análisis e interpretación de los datos. El segundo es la validación del entrevistado, que si bien no la realizamos a posteriori (mediante la revisión de la transcripción por parte del participante, ya que por seguridad solo los investigadores tuvimos acceso a los audios y las transcripciones de las entrevistas), la realizamos durante cada entrevista, verificando constantemente si entendimos correctamente lo que el participante quiso decir. El tercero es el método de comparaciones constantes intra y entre casos, para procurar la uniformidad y precisión en la creación, identificación y aplicación de códigos; y para buscar explícitamente diferencias o variaciones en el corpus de lo que se ha codificado. Finalmente, el cuarto aspecto de la validez remite a los datos, es decir, hacer públicos los datos en forma de citas de las notas de campo y de las entrevistas realizadas, lo que hicimos en las diversas publicaciones derivadas de estas experiencias de investigación, siempre manteniendo el anonimato de los participantes y evitando proporcionar datos que permitieran identificar escenarios o situaciones específicas.

En la última fase de investigación, al publicar los resultados es primordial incluir las perspectivas del grupo estudiado lo más fielmente posible, y reconocer que el equipo de investigación es responsable de la interpretación, pero siempre a partir del material primario del que dispone (^{de Souza, 2017}). Los criterios consolidados para reportar investigación cualitativa, propuestos por ^{Tong, Sainsbury & Craig (2007)} representan una guía útil para reportar aspectos relevantes en tres dominios: equipo de investigación y flexibilidad; diseño del estudio; análisis y resultados. Así mismo, la lista de verificación de diez preguntas para ayudar a dar sentido a una investigación cualitativa (Programa de habilidades de evaluación crítica [CASP], 2018) considera tres cuestiones generales al evaluar un estudio cualitativo: validez del estudio, resultados, utilidad local de los resultados. En nuestra experiencia estas guías han sido sumamente útiles.

Hacia una ética situada y la conformación de comités de ética locales

Los riesgos locales asociados a la investigación social en comunidades con crimen organizado no pueden gestionarse a partir de una ética y metodología homogéneas. Como menciona ^{Zavala (2012)}, el estudio del narcotráfico implica la construcción de un marco conceptual diverso y complejo, que permita abordar las diferentes dimensiones que comprende. Su naturaleza ilícita enfrenta a los investigadores a una serie de cuestionamientos y dilemas éticos acerca del trabajo directo con personas involucradas en actividades delictivas, o bien, con informantes clave en comunidades con crimen organizado.

Estos dilemas éticos a los que hacemos referencia son de naturaleza contextual y situacional (^{Maldonado, 2014}). Por ello, antes de llevar a cabo una investigación en comunidades con narcotráfico, es necesario conocer dicha comunidad: su cultura, creencias, tradiciones y prácticas locales. El desarrollo de una ética situada (^{Abad, 2016}) parece la estrategia idónea que permite diferenciar entre lo que es pertinente hacer y lo que no. Por ejemplo, en comunidades con violencia es difícil realizar investigación directa con usuarios o traficantes de drogas, sin embargo, en otros contextos ha sido posible contar con la participación de usuarios de drogas como parte del equipo de investigación (^{Souleymanov et al., 2016}), así como en iniciativas de reducción del daño (^{Marshall, Dechman, Minichiello, Alcock, & Harris, 2015}).

Como menciona ^{Santi (2016)}, somos los investigadores quienes obedeciendo a intereses científicos buscamos a ciertos participantes con características particulares en contextos determinados. Por ello, cuando en el contexto de la investigación surgen situaciones que implican riesgo, es en los investigadores en quien recae la responsabilidad ética, pues la situación de riesgo no se habría dado si el investigador no la hubiese propiciado (a través de su investigación). Así, el investigador es el principal responsable de prever en la medida de lo posible los riesgos, y de prevenir los daños potenciales derivados de la investigación. El desarrollo de una ética situada, el uso de diseños flexibles, así como la revisión del protocolo por parte un comité de ética local (con experiencia in situ), son tres medidas esenciales en pro de la seguridad.

Las respuestas a los problemas locales suelen ser situacionales, dependen de la naturaleza de la investigación, de las características de los investigadores y participantes, así como de la pregunta de investigación (^{Sandberg & Copes, 2013}). Los comités de ética con experiencia in situ poseen la ventaja inherente de conocer las particularidades del contexto histórico, social, político, económico y cultural en que se desarrollará la investigación. Esta información privilegiada constituye la base para el desarrollo de una ética situada en la que aspectos como anonimato, confidencialidad y consentimiento informado, se adecuen al contexto de los participantes, más que a los intereses y comodidad de los investigadores.

De acuerdo con ^{Santi (2015)} uno de los objetivos de los comités de ética es proteger de daños y riesgos innecesarios a los participantes de una investigación. Sin embargo, se suele pensar que los riesgos y daños derivados de participar en una investigación social serán mínimos e incluso inexistentes. Definitivamente éste no es el caso con fenómenos que trastocan la vida y prácticas sociales de las comunidades, como sucede con el consumo de drogas y el narcotráfico. En este caso, se debe proceder con cautela y evaluar cada una de las decisiones antes (elaboración del protocolo y diseño de la estrategia metodológica), durante (trabajo de campo, sistematización, análisis e interpretación de datos cualitativos) y después de la investigación (elaboración de reporte de resultados y difusión de los mismos); procurando en todo momento la seguridad de los investigadores, de los participantes, de las instituciones y de las comunidades participantes.

Para la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT, 2009) las universidades deben conformar comités de ética locales y desarrollar protocolos de ética de la investigación que procuren el bienestar de los participantes y el aporte científico, dejando de lado los exhaustivos mecanismos burocráticos de manejo de riesgos, que en el fondo lo que buscan es proteger los intereses de las instituciones y no necesariamente los de los participantes. Una de las labores de estos comités es verificar que los procesos de consentimiento informado reflejen el conocimiento adecuado de los participantes y sus entornos (^{Bell & Salomón, 2012}). Además, sería ideal la conformación transdisciplinar de estos comités.

La creación de comités locales de ética beneficia no sólo a los participantes, sino a los investigadores que requieren someter a dictamen sus propuestas de investigación, porque cuando los comités desconocen la realidad social local, es posible que realicen recomendaciones inadecuadas para el contexto, que aprueben protocolos cuyos costos o perjuicios superarán los beneficios, o que rechacen protocolos relevantes para el contexto social. Su utilidad radica en valorar qué aspectos del equipo de investigación, del diseño del estudio, de los escenarios, de los participantes y de los hallazgos, son pertinentes revelar y cuáles no. Por nuestra parte, hemos discutido y analizado minuciosamente los aspectos que es seguro reportar y los que no. Las decisiones las hemos tomado en conjunto y para el caso de las investigaciones que aquí referimos, una ética situada puede definirse como una ética que protege, tanto a investigadores como a informantes, y que nos mantiene a salvo de la violencia que genera el narcotráfico.