Guerra

En esta sección, se presentan algunas cifras que permiten alcanzar dos objetivos. En primer lugar, se ubican las guerras civiles colombianas en el contexto hispanoamericano desde las independencias. En segundo lugar, se caracterizan dichas guerras según criterios de severidad, poder militar y su relación con la construcción del Estado en Colombia. La estatalidad en escenarios de posconflicto (^{Fukuyama, 2005}) permite hacer el giro hacia el estudio de cómo se ha hecho la paz en el país.

Para comenzar esta revisión, se presenta una mirada comparada con Hispanoamérica. Esto permite relativizar y contextualizar las guerras civiles colombianas, pues este no es el único país de la región con una larga historia de conflicto y violencia internos. La Tabla 1 muestra el número de guerras intraestatales ocurridas en los distintos países de Hispanoamérica, según el Correlates of War Project para el período bicentenario (desde 1832). Para este proyecto (^{Sarkees y Wayman, 2010}), las guerras intraestatales son disputas armadas entre dos bandos organizados al interior de un Estado (Gobierno central y un grupo armado no estatal). Esta disputa debe ser por el control del Gobierno, o por problemas regionales o locales, y se expresa violentamente de forma masiva, con un mínimo de 1000 muertes en un año.

La revisión de estos datos muestra que el caso colombiano tiene elementos comparables con los del resto del continente. Por un lado, en el país han ocurrido guerras a la misma razón que en Argentina o México, lo cual matiza su excepcionalidad. Por otro lado, la du- ración promedio de las guerras civiles colombianas es la mayor de Hispanoamérica; esto se debe a la duración excepcional de las dos últimas guerras: La Violencia y el conflicto armado. En general, de las comparaciones internacionales puede deducirse que, a pesar de su recurrencia y duración, las guerras civiles colombianas, típicamente, han sido menos severas (total de muertes en combate) e intensas (muertes en combate por año).

En el caso específico de Colombia, se identificaron diez guerras civiles desde la creación de la República de la Nueva Granada, en 1832, como la unidad política que perduró hasta hoy bajo distintas denominaciones (^{Giraldo y Fortou, 2011}). La Tabla 2 ofrece un listado de estas guerras, acompañado de algunas de sus principales características: fechas de inicio y fin, la severidad o costo humano, y el tamaño estimado de los poderes armados en disputa, con una actualización de las cifras.¹ Se concluye que las diez guerras duraron, en conjunto, 571 meses (casi 48 años), de un total de 184 años de historia republicana, es decir, un 26 % del tiempo total (^{Giraldo y Fortou, 2011}).² En este caso, en vez de dar una cifra única de severidad y ejércitos totales durante las diez guerras civiles identificadas en dicho artículo, se ofrece un rango, delimitado por la cifras mínima y máxima provistas por las fuentes para cada guerra. De esta mane- ra, se incorporan críticas metodológicas, como la de Malcolm ^{Deas (2018)}.

Para el caso de las guerras del siglo xx, estas fueron contiendas más largas que las decimonónicas. En general, fueron más severas (más víctimas), con la excepción importante de la Guerra de los Mil Días. Si bien hubo elementos notables de guerra irregular en varias de las guerras del siglo xix,⁴ el tipo de confrontación dominante (no único) fue de tipo convencional. La Violencia y El Conflicto, en cambio, se libraron principalmente como guerra irregular o guerra de guerrillas.

Una diferencia adicional estriba en que las victorias bloquea- ron el fortalecimiento de las capacidades estatales, mientras que las negociaciones le abrieron camino a la construcción del Estado. Después de cada guerra, el Ejército nacional se vio disminuido, bajó el gasto militar, se permitió el armamento de civiles, se mantuvieron las prerrogativas regionales frente al poder central, el Estado no pudo aumentar su capacidad fiscal y se prolongó la debilidad del aparato administrativo. Estas tendencias cambiaron desde 1990, en coincidencia con los primeros acuerdos para resolver el conflicto armado. La Figura 1 muestra los cambios en la capacidad estatal en Colombia desde 1830. En este caso, se utilizó el indicador compuesto de capacidades nacionales desarrollado por Correlates of War (^{Singer, 1987}), el cual conceptualiza la capacidad estatal de manera similar a la noción de poder infraestructural en ^{Mann (1997a}; 1997b; 2007) e incluye medidas de capacidad coercitiva, producción industrial y urbanización. La línea sólida muestra los cambios en el indicador, mientras que las barras grises indican períodos de guerra civil.

Efectivamente, los datos indican un mayor crecimiento de la capacidad estatal tras las guerras civiles del siglo xx. Además, en el siglo xix, las élites de ambos partidos tenían un fuerte sesgo antimilitar, evidenciado en el desmonte constante del Ejército (^{Deas, 2018}; ^{Moreno, 2014}).⁵ Por ejemplo, varias fuentes coinciden en que, tras la derrota del general Melo en la Guerra Artesano-Militar de 1854, el Ejército central fue reducido drásticamente, quedando solo entre 400 y 588 efectivos (^{Camacho, 2018}; ^{Tirado, 2001}; ^{Safford y Palacios, 2002}). En contraste, ^{Blair (1993)} estima un crecimiento del Ejército tras La Violencia, y ^{Otero Prada (2007)} coincide con la apreciación de un fortalecimiento de la capacidad coercitiva del Estado hacia el siglo xxi y el final del conflicto armado. Así, pese a la impresión de continuidad dada por el número de guerras civiles en el país, hay importantes rupturas.

Fuente: elaboración propia con base en Correlates of War National Material Capabilities Dataset, version 5.0 (^{Singer, 1987})

Figura 1 Capacidades materiales nacionales y guerras civiles, 1830-2012 

Paz

La recurrencia de la guerra en Colombia ha traído consigo el hábito de hacer la paz. Esta es una característica histórica, una tradición siempre disponible cada vez que los gobernantes y los partidos políticos se vieron abocados a lidiar con la oposición armada. Sin embargo, la paz se ha construido por distintas vías: victoria, impotencia, negociación.

Durante el siglo xix la principal vía de acceso a la paz fue la victoria militar. Incluso, en casos como los de las guerras Artesano- Militar y la de las Soberanías,⁶ con el triunfo del bando opositor. También hubo uso de acuerdos y negociaciones, esponsiones,⁷ indultos y olvidos (^{Camacho, Garrido y Gutiérrez, 2018}; ^{Uribe y López, 2008a}; 2008b), además de otras prácticas y discursos pacifistas (^{Cardona y Céspedes, 2017}; ^{Pinzón, 2017}).

Más sólida y antigua que la negociación, ha sido la tradición del perdón y la amnistía. ^{Aguilera Peña (2012)} inventarió cerca de dos centenares de amnistías e indultos, y los agrupó en grandes eventos, de los cuales seis ocurrieron en la etapa republicana. A ellos habría que agregar las amnistías masivas del siglo xxi que cobijaron a más de cincuenta mil combatientes. No faltaron los choques entre quienes propugnaban por la “destrucción de las facciones levantadas en armas”, como José Ignacio de Márquez (1793-1880), y quienes, como Rafael Núñez (1825-1894), predicaron amplio perdón y clemencia (Garrido, 2019). Esta confrontación sigue lozana en el siglo xxi, entre los partidarios de una justicia retributiva más o menos fuerte, como condición necesaria para el tratado de paz, y los que defienden una visión más magnánima y generosa hacia los antiguos guerreros.

La Tabla 3 evidencia esta historia. Para la recopilación de las amnistías se utilizaron dos fuentes principales: las guerras registradas en Correlates of War y el artículo de ^{Aguilera Peña (2012)}, que destaca, de entre 200 momentos de amnistía e indultos en la historia republicana de Colombia, siete en los que se otorgaron perdones no solo a los delincuentes políticos, sino también a los comunes. Partiendo de ambas fuentes, se emparejaron los beneficios jurídicos con su respectiva guerra, y se registró, también, el mecanismo legal utilizado por el Gobierno de la época para cumplir la concesión de perdones a los delincuentes políticos y comunes. Esta información muestra la prevalencia de las amnistías y perdones en el siglo xix.

Las guerras del siglo xx, en cambio, no terminaron con victorias militares clásicas, sino que lo hicieron mediante negociaciones, casi siempre fraccionadas en pactos múltiples. La Guerra de los Mil Días, al menos con tres pactos (Neerlandia, Wisconsin y Chinácota); y el conflicto armado -hasta el presente-, mediante diez acuerdos distintos de paz (seis con guerrillas, dos con paramilitares y dos con milicias urbanas). La curva nacional de aprendizaje de la negociación de paz no fue fácil. De hecho, la solución de la Guerra de los Mil Días y de La Violencia parece haber llegado de la mano del desgaste de los bandos, lo cual puede relacionarse con el concepto de “paz por la impotencia”, planteado por ^{Aron (1985)}.

El caso de La Violencia es aún más claro. En primera instancia, el bloqueo mutuo de los partidos enfrentados y su incapacidad de controlar completamente las fuerzas activas en los campos condujeron a la solución de incluir un tercero: las fuerzas armadas, en cabeza del general Rojas Pinilla. Posteriormente, los pactos de Sitges y Benidorm se justificaron como solución para evitar la prolongación del Gobierno militar y como pacto entre los partidos. La doble transición, a la paz y a la democracia, llegó por la vía de la impotencia.

La Tabla 4 muestra el número de acuerdos de paz firmados en Hispanoamérica, desde 1975, según el Uppsala Conflict Data Program (^{Pettersson, Högbladh y Öberg, 2019}). Pese al número limitado de conflictos durante este período en Colombia (uno), la cantidad de actores involucrados, junto con la duración del conflicto armado, han llevado a un alto número de acuerdos parciales (22 en total). A manera de comparación, en Colombia se han firmado más acuerdos que en Guatemala y El Salvador, y que en El Salvador, México y Nicaragua juntos.

Las negociaciones del conflicto armado, con excepción de la que terminó en 2016 con las FARC, fueron más fáciles que las anteriores de liberales y conservadores. Entre 1989 y 1997, se dieron siete procesos de negociación con distintos grupos insurgentes de izquierda, en una fase que puede denominarse “de paz consentida” (^{Giraldo, 2018}). Fueron procesos breves, casi sumarios, que no suscitaron ninguna oposición significativa entre las fuerzas políticas y sociales del país, a pesar de que implicaron amnistías absolutas, participación política parlamentaria y en el poder ejecutivo, y que se dieron en convergencia con un proceso constituyente.

Otra diferencia crucial entre las paces del siglo xix y las posteriores es la incorporación de los vencidos al ejercicio del poder político. Las paces del siglo xix fueron excluyentes, y la representación política posterior fue acaparada por los vencedores. En este mismo sentido, las guerras de los Supremos, 1851, 1854, Soberanías y 1885 fueron prontamente seguidas por nuevas constituciones, en las que los vencedores intentaban imponer su modelo (^{Camacho, Garrido y Gutiérrez, 2018}). En contraste, las reformas constitucionales del Frente Nacional y la Constitución de 1991 responden más a dinámicas de negociación: en el caso del Frente Nacional, a las “negociaciones de caballeros” de liberales y conservadores agotados (^{Wilde, 1982}); y en el caso de 1991, a una convocatoria nacional amplia y más incluyente con representación de diversos sectores (^{Giraldo y Fortou, 2012}; ^{Uprimny, 2011}).

Desde la finalización de la Guerra de los Mil Días hasta el presen- te, la paz ha sido incluyente, con variaciones de grado, y ha contemplado, expresamente, la participación institucional de las fuerzas políticas que antes habían apelado a las armas. Quizás esto explique que los períodos más largos de posconflicto se hayan dado en el siglo xx.

Conclusiones

Las guerras civiles han sido recurrentes en Colombia y cubren una cuarta parte del tiempo, desde la instauración de la república. La amnistía y el perdón, desde el siglo xix, y la vía negociada de los conflictos armados, durante el xx, han sido rasgos idiosincrásicos de la vida política en el país. La nítida convergencia entre el Estado débil y la guerra civil recurrente invitan a pensar la paz en clave de construcción estatal