La ruta de Puerto Rico

La mañana siguiente al golpe, es decir, el 25 de febrero de 1930, el presidente Horacio Vásquez y su esposa Trina Moya, el vicepresidente José Dolores Alfonseca y varios miembros de su gabinete se dirigieron a la Legación de Estados Unidos en busca de asilo diplomático. Después de una conversación con el ministro Charles B. Curtis, de la Legación de Estados Unidos, el presidente Vásquez volvió al Palacio Nacional. A los pocos días, el presidente y Rafael Estrella Ureña, principal jefe de la insurrección denominada "Movimiento cívico", se reunieron en la Legación estadounidense y acordaron una solución constitucional que consistió, principalmente, en la renuncia de Vásquez y de Alfonseca, y el nombramiento de Estrella Ureña como Ministro de lo Interior. Poco tiempo después, el 2 de marzo el Congreso dominicano aceptó la renuncia del presidente y del vicepresidente (^{Vega, 2015}, p. 70).

Hacia el 4 de marzo, Horacio Vásquez, su esposa y J. D. Alfonseca salieron en un barco con destino a Puerto Rico. Al arribar al puerto de San Juan, un grupo de líderes puertorriqueños les dispensó un cálido recibimiento (Herrera Morna, 2008, p. 99). Mientras tanto, en República Dominicana, Estrella Ureña ocupó el cargo de presidente interino (por un corto periodo, marzo-abril de 1930) y llamó a elecciones para el 16 de mayo.

El 17 de marzo el general Trujillo y Estrella Ureña se presentaron como los candidatos oficiales de la Confederación de Partidos, formada por los partidos Republicano, Liberal, Coalición Patriótica de Ciudadanos, Nacionalista y Obrero Independiente. Poco después, la Alianza Nacional Progresista, integrada por el Partido Nacional de Vásquez y del Partido Progresista de Federico Velásquez, anunció las candidaturas de Velásquez y Ángel Morales, abogado y exministro en Washington también del Gobierno de Vásquez, para la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Desde el destierro en San Juan, los representantes del Gobierno derrocado consideraron que era un deber respaldar a los candidatos de la Alianza Nacional en los comicios electorales, por lo cual decidieron volver a Santo Domingo a finales de marzo. Fue un acto muy arriesgado en aquella época, pero el autoritarismo de Trujillo apenas comenzaba.

Durante el proceso electoral la violencia incrementó en el país, en particular en la región del Cibao³ -las persecuciones se prolongaron hasta poco antes de que Trujillo y Estrella Ureña asumieran el poder, el 16 de agosto-. La participación del Ejército fue un componente significativo para la intimidación y el hostigamiento contra la oposición, la cual fue desarticulada mediante la represión de grupos selectivos (^{Cassá, 2015}, p. 31). Los candidatos de la oposición tenían órdenes de aprensión. Por ejemplo, Velásquez fue detenido después de las elecciones bajo la acusación de fomentar una revolución en contra del Gobierno dominicano. Fue liberado al poco tiempo y se le ofreció el Ministerio de Hacienda en el gabinete de Trujillo -una práctica recurrente durante el trujillato, la cual quiso mostrarla como prueba de generosidad hacia los disidentes-. Velásquez no aceptó la oferta (New York Herald Tribune, 1930).

Estoy de acuerdo con Silvia Dutrénit cuando afirma que las coyunturas que alimentan de manera progresiva las corrientes migratorias con sentido político están relacionadas con diversos momentos de represión particularizada en sectores políticos y sociales (Dutrénit, 2008, p. 26). En junio de 1930 se reportaron varios asesinatos de dirigentes políticos, de periodistas y de civiles. Uno de los crímenes más crueles y que más conmocionó a la sociedad dominicana fue el homicidio de Virgilio Martínez Reyna, líder regional horacista, y de su esposa Altagracia Almánzar, quien se encontraba embarazada. Este hecho fue interpretado como una medida para infundir miedo e intimidar a la oposición.⁴ A partir de la segunda semana de junio se registró un flujo mayor de personas que salieron poco a poco rumbo a Puerto Rico. Esta corriente estaba conformada por catedráticos, senadores, diputados, diplomáticos, coroneles, militantes de los partidos políticos y varias familias.⁵

Puerto Rico se convirtió en uno de los principales refugios del exilio dominicano antitrujillista. Cuando se dieron las condiciones, se llevaron a cabo las primeras labores para organizar las actividades en contra del Gobierno de Trujillo. Los personajes que más se destacaron en la isla fueron Federico Velásquez, Ángel Morales, J. D. Alfonseca y Juan B. Pérez, quienes estarían por breve tiempo, así como Leovigildo Cuello. Para este reducido grupo era esencial desplegar todo tipo de propaganda que diera a conocer la situación política y social en República Dominicana. A finales de septiembre de 1930 se creó el Comité Antitrujillista, integrado por Velásquez y su hijo Guaroa, el doctor Cuello y el intelectual Antonio Mirabal. Este esfuerzo solo fue simbólico porque, según Carolina Mainardi, esposa del doctor Cuello, dicho comité no representó una agrupación política organizada (Mainardi, 2000, p. 76).

En diciembre de 1930 Ángel Morales se trasladó a Nueva York, en tanto que J. D. Alfonseca salió rumbo a París, por lo cual ^{Velásquez asumió la dirigencia del exilio. Entre 1931} y 1933 Velásquez sostuvo una correspondencia con Morales, con el propósito de discutir y coordinar las tareas de propaganda y así denunciar la dictadura. Ambos suponían que Trujillo no iba a durar mucho en el poder. El 28 de febrero Velásquez escribió a Morales comentándole que si el Gobierno dominicano era derrocado, se tenía que establecer un Gobierno provisional, de modo que iba a ser necesario elaborar un manifiesto con la finalidad de pedir la cooperación de los elementos de la oposición interna y externa (Velásquez, (1931).

Desde el temprano exilio, Velásquez (instalado en Puerto Rico), Morales y Rafael Ortíz Arseno, excónsul general (desde Nueva York), escribieron sendas cartas al secretario Sumner Welles, a la sazón secretario de Estado de Estados Unidos, informándole sobre la situación dominicana y denunciando los actos de Trujillo. También le solicitaron interceder por ellos ante el Gobierno norteamericano, a fin de que se pronunciara contra el régimen dominicano; sin embargo, el presidente Herbert Hoover (1929-1933) reconoció el Gobierno de Trujillo y de Estrella Ureña en las elecciones del 16 de mayo; además, había adoptado una actitud de no intervención en los países de la región (^{Vega, 2015}, p. 111).

La correspondencia entre Morales y Welles fue mucho más asidua que con otros exiliados, porque se conocían desde 1926, año en que Morales se desempeñó como ministro de la Legación en Washington. Aunque Welles no fue indiferente a la causa opositora dominicana, no asumió una postura oficial en contra de Trujillo. En cambio, Morales le pidió a Welles que ayudara a que los dominicanos pudieran obtener una autorización migratoria para poder vivir en Estados Unidos en calidad de exiliados políticos, y en Puerto Rico sin ser molestados por las autoridades locales (^{Vega, 2013}).

Desde el comienzo, la oposición en el exilio fue el principal recurso de denuncia en contra de Trujillo durante su largo periodo en el poder (^{Roorda, 1998}, p. 104), razón por la cual Trujillo actuó con mano dura para combatirlos por medio de diversas tácticas. Entre tanto, la diplomacia dominicana desempeñó funciones que sobrepasaron su ejercicio. Un rasgo característico fueron los esfuerzos que hicieron los diplomáticos para contrarrestar las críticas en el extranjero. La protesta fue una constante estrategia de presión para llamar la atención sobre los exiliados políticos. Por ejemplo, el 29 de diciembre de 1931, el ministro Arthur Schoenfeld, de la legación de Estados Unidos, reportó que Max Henríquez Ureña, secretario de Relaciones Exteriores de República Dominicana, le narró el contenido de un minucioso informe de 38 páginas, recibido por el presidente Trujillo, relacionado con las actividades de los enemigos en el exilio. El agente reveló que Federico Velásquez se encontraba en Nueva York con el propósito de entrevistarse con Ángel Morales y el vicepresidente Rafael Estrella Ureña, a fin de organizar un movimiento revolucionario contra el Gobierno dominicano (Schoenfeld, 1931). Estrella Ureña había llegado a Nueva York a finales de agosto de 1931 y desde ese momento se incorporó a la lucha antitrujillista. Las desavenencias políticas con el presidente Trujillo a finales de 1930 lo orillaron a anunciar que realizaría un viaje por Estados Unidos y Europa con fines recreativos, pero el motivo fundamental que lo hizo abandonar el país fue el miedo a la persecución o al asesinato.⁶

En ese informe, el agente le recomendaba al presidente tomar medidas con la finalidad de reprimir el conjunto de actividades de los exiliados. Por una parte, impedir la venta de propiedades, ya que el dinero podía utilizarse para costear un movimiento revolucionario; por otro, dar órdenes al representante de la Legación dominicana de denunciar las actividades de los exiliados dominicanos en Estados Unidos y Puerto Rico ante el Departamento de Estado y dar recomendaciones a los funcionarios de la misma Legación de vigilar a Estrella Ureña, a Morales y a Federico Velásquez; finalmente, encargar a los consulados y a las legaciones proporcionar información a la prensa extranjera sobre progresos materiales, desarrollo agrícola, actividades comerciales y culturales, etc. Es decir, aportar todo tipo de información que contribuyera a crear una buena imagen del Gobierno de República Dominicana. Ese personaje estimó que "se podría con ello contrarrestar los informes perversos que dan los revolucionarios a los periódicos extranjeros" (^{Schoenfeld, 1931}).

Este documento confidencial, como fuente, es clave no solo por la información que revela, sino porque permite observar la postura asumida por el presidente Trujillo en lo relativo al combate de las actividades de los exiliados. Representa, además, una muestra de lo que se convirtió en la norma en cuanto al papel de las embajadas dominicanas y su personal, el resguardo de la frontera con Haití, el control de la prensa y la censura de las comunicaciones, el perfeccionamiento de los sistemas de vigilancia, el ejercicio de la coerción, el uso del miedo y del rumor.⁷

Varias de sus recomendaciones fueron puestas en marcha, y si bien se desconoce la identidad del agente, se deduce que el personaje manejaba bien los asuntos en materia de seguridad, porque tuvo la certeza de que cualquier medida "que el gobierno toma es motivo de alarma y de pánico para los revolucionarios en el exterior" (^{Schoenfeld, 1931}). Es decir, el agente consideraba que el Gobierno dominicano podía usar diversos métodos y recurrir abiertamente a la represión para preservar el orden y legitimar los embates en contra de sus enemigos políticos.

Una de las primeras acciones en Puerto Rico fue solicitar la intervención del gobernador Theodore Roosevelt Jr. (1929-1932), con el objetivo de que las autoridades correspondientes investigaran a los exiliados dominicanos. En enero de 1932, René B. Lluberes, cónsul general de República Dominicana en San Juan, reportó a la Policía Insular que el doctor Leovigildo Cuello, residente en Ponce, había adquirido armas para enviarlas a Santo Domingo y así apoyar un movimiento revolucionario. De igual forma, señaló que Federico Velásquez, domiciliado en Santur-ce, alentaba a derrocar al presidente Trujillo mediante una revolución. La Policía puertorriqueña comenzó las averiguaciones. Al cabo de un tiempo el reporte policial concluyó que las aseveraciones del cónsul dominicano no eran consistentes para iniciar un proceso penal. No obstante, la oficina de investigaciones de la Policía Insular y el Consulado dominicano vigilaron las actividades de los dominicanos (^{Monteserin, 1932}).

En 1933, el Gobierno dispuso otras medidas para hacer frente a los ataques de la oposición. En abril, el Congreso aprobó las modificaciones a la Ley 396 sobre delitos contra la paz y el orden público.⁸ El 23 de julio el presidente Trujillo proclamó un llamado a los exiliados para que regresaran libremente al país con garantías constitucionales (Proclama, 1932). El 3 de octubre el Congreso aprobó la Ley 572, por la cual declaraba traidores a la patria y privaba de sus derechos civiles y fuera de la ley a Rafael Estrella Ureña, Federico Velásquez, Ángel Morales y otros por sus declaraciones en la prensa extranjera en contra de "la reputación del gobierno dominicano" (Listin ^{Diario, 1933}). Otro de los embates fue la orden de confiscar los bienes de los exiliados. En razón a lo anterior, una de las dificultades que encontraron los dominicanos cuando emprendieron el exilio fue la falta de recursos económicos.

La labor de propaganda de Federico Velásquez estuvo dirigida hacia medios como el New York Herald Tribune y The New York Times. Además, una publicación denominada J'Acusse se logró imprimir, pero fue muy efímera. Sin embargo, el Gobierno dominicano protestó ante las autoridades puertorriqueñas para que evitaran la distribución de este pasquín, porque estaba "incitando el asesinato del presidente Trujillo" (^{Wilson, 1933}).

En fin, pese a todos sus esfuerzos, Federico Velásquez no logró desarrollar tantas actividades. Murió en el destierro, el 27 de julio de 1934. Poco tiempo después, el exilio en Puerto Rico fue dirigido por el doctor Leovigildo Cuello y otros exiliados.

Haití: presión y permanencia restringida

Otra de las tierras de llegada de este primer exilio fue Haití, país con el cual República Dominicana comparte un historial de confrontaciones políticas y de relaciones diplomáticas tirantes. Su ubicación fue una consideración estratégicamente favorable para la organización de un movimiento revolucionario y la posibilidad de un pronto retorno en caso de que las condiciones políticas en Santo Domingo cambiaran. El tránsito de los exiliados dominicanos se dio a través del cruce de la frontera. Cabo Haitiano y Puerto Príncipe, principalmente, fueron lugares que concentraron una mayor presencia de dominicanos. Sin embargo, se cuenta con poca información de los itinerarios de los exiliados.

Tampoco se conocen cifras oficiales sobre los exiliados que llegaron a este país, menos aún de las otras experiencias. Según un informe de la legación de Estados Unidos en Puerto Príncipe, fechado en 1932, se dijo que 150 dominicanos se encontraban refugiados en Cabo Haitiano (^{Munro, 1932}). En otro documento del mismo año, se mencionó que 200 exiliados estaban refugiados allí, mientras que en Puerto Príncipe se registraba una cantidad de 600 exiliados (Munro, 1932). La cuantificación de los exiliados dominicanos es una de las tantas materias pendientes.

El informe del agente secreto de 1931, también mencionó las actividades políticas de los exiliados, por lo cual los diplomáticos comenzaron a protestar por su presencia en ese territorio. El 7 de mayo de 1932 Dana Gardner Munro, ministro de la legación de Estados Unidos en Puerto Príncipe, envió un informe político al Departamento de Estado en el que mencionaba que el ministro de República Dominicana, el intelectual Federico Henríquez y Carvajal, decía que su Gobierno tenía informes confidenciales en los que se aseguraba que los exiliados dominicanos estaban organizando una revolución y esperaban un desembarco de suministros militares en las costas de Haití. El ministro estadounidense expresó a su par dominicano que debía informarlo al presidente Stenio Vincent para que diera instrucciones a la Gendarmería haitiana de vigilar a los "refugiados dominicanos", y de evitar que el territorio se utilizara con fines revolucionarios en contra de un país amigo. El embajador Henríquez no se mostró conforme, pues argumentó que los informes señalaban "que altos oficiales del gobierno [haitiano] simpatizaban con los revolucionarios y están asistiéndolos secretamente"; asimismo, preocupaba a su Gobierno que cualquier información que se le diera al Gobierno de Haití pudiera ser retransmitida a los exiliados (^{Munro, 1932}).

Entre tanto, el Gobierno dominicano recibió reportes sobre las actividades de los exiliados en San Juan, y sobre cómo Estrella Ureña estaba realizando transacciones en Nueva York para conseguir dinero, con el fin de comprar armas. Por esto, el Gobierno de Trujillo de nuevo resolvió detener la publicidad desfavorable. Renovó la oferta a los exiliados de volver al país y la prensa dominicana difundió que en las cárceles de República Dominicana no había presos por cuestiones políticas, sino por delitos comunes. Los llamados a los exiliados a retornar al país, así como las amnistías, fueron tácticas que se desarrollaron en diversas ocasiones (1931, 1932, 1933, 1935 y 1950) con el propósito de contrarrestar las críticas y exteriorizar una cara diferente del Gobierno dominicano.

Durante 1932 se propagaron rumores acerca de conspiraciones armadas en el norte del país, muy cerca de la frontera, por lo que se recrudecieron las persecuciones. Por consiguiente, Trujillo, a través de sus diplomáticos, presionó al Gobierno de Haití para retirar a los exiliados de su territorio. Dadas las circunstancias, el ministro Munro, quien interpuso la política de "Buena Vecindad", sostuvo una conversación con el ministro haitiano Leger y le enfatizó que hiciera lo necesario para prevenir que los exiliados dominicanos utilizaran este territorio con propósitos subversivos.

A finales de agosto de 1932, el mayor general Clayton B. Vogel, comandante de la Gendarmería haitiana, recibió instrucciones de Lescot de transmitir al Departamento Militar la retirada de los exiliados dominicanos residentes en Cabo Haitiano y Puerto Príncipe hacia la ciudad de Jérémie, localizada en la península suroeste de Haití. El 13 de septiembre, el ministro Henríquez y Carvajal le indicó a Moisés García Mella, embajador en Puerto Príncipe, que mencionara al Gobierno haitiano un acuerdo de trasladar a los exiliados dominicanos a una población no fronteriza (^{Henríquez y Carvajal, 1932}).

Finalmente, a través de un documento, fechado el 22 de septiembre y expedido por la Gendarmería, los exiliados dominicanos residentes en Cabo Haitiano y Puerto Príncipe fueron notificados acerca de su traslado y se les anunció que, de no seguir las indicaciones, tenían que abandonar el país. Asimismo, se les mencionó que tenían prohibido salir de Jérémie sin la autorización del Gobierno haitiano. Con el fin de cumplir con todas aquellas órdenes, fueron advertidos de que cualquier falta al reglamento se reportaría a los cuarteles generales y, por consiguiente, sería motivo de deportación a República Dominicana (Del Comandante de la Guardia de Haití, 1932).

Acorde con el testimonio de Buenaventura Sánchez, residente en Puerto Príncipe, el embajador García Mella persiguió a los exiliados y protegió a los agentes que quisieron atentar contra la vida de los opositores, como fue el caso del líder obrero Valentín Tejada y del general José Daniel Ariza. Debido a esto, varios exiliados enviaron una carta colectiva al presidente Stenio Vincent para denunciar las agresiones de los agentes trujillistas y la interceptación de su correspondencia personal (Sánchez, 2001).

Por todo lo anterior, los exiliados dominicanos no permanecieron por mucho tiempo en Haití. Los exiliados no lograron conseguir empleo -Jérémie era una zona que ofrecía pocas oportunidades de trabajo- y pasaron por una temporada de escasez. Además, al parecer los exiliados estaban convencidos de que la dirigencia antitrujillista, es decir, Velásquez, Morales y Estrella Ureña, no estaban haciendo nada para ayudarlos económicamente. El sentimiento de abandono los desalentó en la lucha contra el Gobierno dominicano (Notas confidenciales para el general, 1931). Varios de ellos aceptaron las garantías que ofreció el Gobierno y volvieron al país. Muy pocos permanecieron en Haití, hasta que lograron cambiar de lugar de residencia.

Cuba: centro de operaciones del antitrujillismo

La isla vecina, Cuba, se convirtió en otra tierra de exilio. Esta isla tuvo una importancia propia, al menos para dos generaciones de jóvenes dominicanos que vieron en las experiencias revolucionarias de 1933 y 1959 dos ejemplos de resistencia para salir de la tiranía en República Dominicana (^{Cassá, 1990}, p. 228). Cuba, de acuerdo con Mu-Kien Sang, significó un verdadero problema para el presidente Trujillo, pues su proximidad geográfica también la convirtió no solo en uno de los refugios preferidos, sino en el centro de operaciones más notable del antitrujillismo (Mu-Kien, 2000, p. 533),⁹ en particular en las décadas de 1940 y 1950.

Hacia 1933 comenzó a registrarse un mayor flujo de dominicanos hacia Cuba. Por entonces, el Gobierno del presidente Gerardo Machado había sido derrocado por el general Fulgencio Batista, el 12 de agosto. El Gobierno provisional quedó a cargo de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada (12 de agosto-4 de septiembre de 1933). La presencia de exiliados dominicanos aumentó en la medida en que despuntó la represión en República Dominicana, así como cuando la situación política cubana permitió su presencia. Los antitrujillistas que llegaron a la isla provenían de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano, San Juan y Nueva York (del Orbe, 1983, p. 16).

La intervención de los diplomáticos dominicanos no fue la excepción en Cuba. Lo que aquí ocurrió es claro ejemplo de lo que apunta Mu-Kien cuando señala:

A lo largo de los 31 años de dictadura, la diplomacia dominicana tuvo que librar muchas batallas. Una de ellas era la de estar atento, por cualquiera de las vías, sobre quiénes eran los aliados, tácticos o estratégicos, del régimen; o quiénes eran sus enemigos. Los primeros eran alentados para mantener su actitud, los segundos debían ser enfrentados de forma directa. (^{Mu-Kien, 2000}, p. 167)

En términos concretos, cuando Trujillo asumió el poder en 1930, las relaciones con el presidente Machado se distinguieron por la cordialidad y la colaboración. La designación de Osvaldo Bazil como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en La Habana contribuyó a sellar un pacto bilateral, con el propósito de acallar a los enemigos políticos del trujillismo. Los primeros movimientos de los líderes del exilio dominicano preocuparon al presidente dominicano. Por ello, el embajador Bazil recibió instrucciones expresas de tratar el asunto de forma directa con el presidente Machado.

Entre 1931 y 1932, el embajador dominicano señaló al Gobierno cubano de tener en Trujillo un aliado confiable e incondicional, lo cual significaba, a su vez, que Machado tendría en el dominicano todo el apoyo requerido para neutralizar a sus enemigos (^{Acosta, 2012}, p. 61). Entre los dos mandatarios quedó pactado un acuerdo que consistió en la entrega de información de inteligencia sobre las actividades de sus respectivos enemigos, además de la censura de la prensa de cada país (Acosta, 2012, p. 62). En el acuerdo también quedó apalabrado vigilar los dos territorios, es decir, hacer todo lo posible por evitar inconvenientes para ambos gobiernos.

El trabajo del embajador no se limitó al espionaje de los exiliados, también se encargó de conseguir, por medio del soborno, la colaboración de los periódicos Mercurio, El Diario de la Marina, El País, El Mundo y, en especial, de El Heraldo de Cuba. Estos periódicos contribuyeron con la promoción del Gobierno dominicano (^{Acosta, 2012}, p. 122). Así, estas tareas, como otras, comenzaron a ser parte del reglamento del servicio exterior dominicano. La propaganda de los exiliados fue un asunto de primer orden, porque las denuncias de los diferentes grupos políticos opacaban la buena imagen que el presidente Trujillo se empeñó en difundir a través de la enorme maquinaria de publicidad del régimen.

A mediano plazo el foco de la lucha antitrujillista se reconcentró en Cuba, se intensificaron las actividades de denuncia y se crearon alianzas de solidaridad. Como en las situaciones anteriores, el ministro Arturo Logroño, secretario de Relaciones Exteriores de República Dominicana, se quejó con el ministro Arthur Schoenfeld, de la Legación de Estados Unidos en Santo Domingo, de cómo "prácticamente todos los exiliados que estaban dispersos por Estados Unidos, Haití y Puerto Rico están concentrados ahora en La Habana y en contacto con líderes cubanos", y preocupaba a su Gobierno los efectos que pudiera causar la campaña antitrujillista en la opinión pública cubana (Schoenfeld, 1933).

En 1934, ya en el poder el Gobierno revolucionario de Ramón Grau San Martín, con Antonio Guiteras al frente del Ministerio de Gobernación y el coronel Fulgencio Batista al mando del Ejército, Rafael Estrella Ureña, quien llegó a La Habana en 1933 proveniente de Nueva York, con la asistencia de algunos exiliados dominicanos y de dos grupos de revolucionarios cubanos y venezolanos, así como con el apoyo de Grau, Guiteras y Batista, impulsó un movimiento insurreccional contra Trujillo. Dicho plan se puso en marcha en la costa de Mariel, al oeste de La Habana, en donde los revolucionarios comenzaron el entrenamiento militar (^{Silfa, 1980}, p. 122). Sin embargo, el proyecto fracasó después de varios meses de desarrollo. Trujillo sobornó a Batista para que retirara el apoyo a los revolucionarios que intentaban llegar a las costas de República Dominicana (^{Acosta, 2012}, pp. 197-198).¹⁰ Después de la experiencia armada, los exiliados dominicanos se desplazaron a distintas ciudades del interior y continuaron realizando algunas actividades políticas que no tuvieron mucha influencia en el medio cubano. El Gobierno de Trujillo dio instrucciones a la Embajada dominicana de vigilar a los exiliados dominicanos y evitar su propaganda.

Eliades Acosta Matos señala que el poco éxito de este grupo no se debió a la represión de Trujillo contra los exiliados, o la falta de apoyo de las autoridades cubanas y la solidaridad de los revolucionarios cubanos, sino más bien a la división y el protagonismo individual (Acosta, 2012, p. 179). Acosta tiene razón cuando señala la ausencia de un movimiento organizado, pero considero que hasta cierto punto fueron efectivas las maniobras de los diplomáticos dominicanos para impedir las actividades. Por otra parte, el razonamiento también sugiere consideraciones acerca del posicionamiento de este primer exilio en torno a la lucha contra el régimen trujillista. En esta primera década se pueden identificar dos tipos de exiliados. Por un lado, la mayoría de los disidentes que abandonaron el país entre marzo y junio de 1930 pertenecía a una generación política formada entre los años del último periodo de la dictadura de Ulises Heureaux (1889-1899) y la intervención norteamericana (1916-1924). Varios líderes, como, por ejemplo, Ángel Morales, Rafael Estrella Ureña, Federico Velásquez y otros, representaban la vieja elite política y abanderaban el antitrujillismo conservador (^{Cassá, 1990}, p. 241). Estos dirigentes tenían la esperanza de que el destierro sería cuestión de meses y el Gobierno de Trujillo pronto sería derrocado con apoyo del Gobierno de Estados Unidos.

Por el otro, el segundo grupo -aquellos que salieron al destierro a partir de 1935- representaba a una generación renovada, formada en los años de la intervención estadounidense (1916-1924) y el periodo horacista (1924-1930), conformada por jóvenes estudiantes y profesionales de distintas tendencias políticas. Las estrategias de lucha fueron distintas a las de la generación anterior. Trabajaron por la unificación de fuerzas -la alianza de los grupos políticos en el exilio- como medio para derrocar al régimen trujillista, aunque esta estrategia no siempre implicó que se alcanzara dicho propósito. Ninguna de las dos etapas estuvo exenta de con tradicciones políticas, divisiones o rencillas personales. Algunos exiliados fueron más protagónicos que otros debido a su oposición individual a la dictadura.

Lo anterior se puede advertir en la nueva emigración de opositores que nutrió las filas del exilio en Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos y abrió otras rutas (por ejemplo, México y Venezuela). De gran importancia fue la llegada, por un lado, de una generación integrada por jóvenes -estudiantes en su mayoría- de tendencia revolucionaria, y, por otro, de médicos, políticos, empresarios y obreros, pues debido a esto las actividades de los antitrujillistas aumentaron de forma significativa.

La difícil fase de unificación antitrujillista

Desde el segundo semestre de 1936 se había dado inicio a la campaña de reelección del presidente Trujillo para su tercer periodo de gobierno (1938-1942). La administración trujillista se mostraba consolidada en el poder, mientras que la oposición política al Gobierno dominicano estaba completamente desarticulada. El ministro de Estados Unidos, Schoenfeld, señalaba que las manifestaciones políticas independientes habían sido eliminadas. Trujillo -explicaba- "sigue siendo el maestro indiscutible en cada fase de la vida pública dominicana". El ministro tenía la opinión de que era "cada vez más evidente la intención del Presidente Trujillo de mantenerse en el poder ejecutivo hasta que su salud se lo permita" (^{Atwood, 1936}).

Sin embargo, uno de los episodios más espantosos de la dictadura trujillista le complicó el panorama al presidente. Entre el 7 y 8 de octubre de 1937 el Ejército dominicano acató la orden ejecutiva de masacrar a gente de origen haitiano que vivía en la frontera noroeste de República Dominicana. Alrededor de 15 000 personas fueron asesinadas a machetazos (Turits, 2002). Este hecho fue denunciado y condenado a nivel internacional, por lo que Trujillo no se reeligió para la presidencia. Durante las negociaciones para resolver el conflicto bilateral entre Haití y República Dominicana, señala el historiador Bernardo Vega, parece que surgió el rumor de que la caída del Gobierno de Trujillo era una posibilidad (Vega, 2013, p. 407). Por esto, un sector del antitrujillismo conservador consideró que era un momento importante para que el Departamento de Estado interviniera en la configuración política del país.

El antecedente de esta idea se puede apreciar en el intercambio entre Morales y Welles. En los primeros meses de 1937, Morales reanudó la correspondencia con Estrella Ureña, quien después de un corto periodo de propaganda política en La Habana regresó a Nueva York. En una carta fechada el 20 de enero de 1937, Morales contó a Welles que Estrella Ureña le había propuesto un pacto político, por medio del cual ambos podían aspirar a la dirección del Gobierno si Trujillo era derrocado. Pero Morales no aceptó el ofrecimiento; sin embargo, consideró -se lo dijo a Estrella Ureña- que era conveniente pactar "la unión de la oposición como medio de hacer más eficaces nuestros esfuerzos contra la tiranía". Acto seguido, Morales explicó que Estrella Ureña había aceptado la propuesta, pero agregaba -en lo que se aprecia la contradicción de Morales-: "Aquí nos tiene usted en una tarea de unificación y organización de la oposición, que seguramente no dará ningún resultado práctico, por la malquerencia de Estrella Ureña, pero que está sirviendo, por lo menos para impresionar a Trujillo" (^{Vega, 2013}, p. 409).

A mediados de mayo, Morales le reiteró a Welles el esfuerzo infructuoso de seguir tratando con Estrella Ureña y, del mismo modo, desaprobó las actividades del joven médico Juan I. Jimenes Grullón, uno de los personajes más sobresalientes de la joven generación de exiliados que abandonó República Dominicana en 1935, quien se encontraba en Nueva York desarrollando tareas de propaganda y redes políticas. Jiménes Grullón fue uno de los dirigentes más activos en el exilio: dictó conferencias, publicó textos contra el régimen, escribió cartas a los medios impresos, estableció vínculos con otros exiliados y fue uno de los máximos dirigentes del primer partido político que surgió en el destierro: el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Hacia 1938, la segunda administración trujillista estaba por concluir; Morales señaló a Welles que consideraba conveniente "una mediación norteamericana", con el propósito de obligar a Trujillo a aceptar la candidatura de la oposición y garantizar la libertad del sufragio. Este intercambio se produjo dos semanas después de la masacre de haitianos. Por el curso de las cosas, Morales confiaba en que Trujillo tenía nulas posibilidades de permanecer en el poder por mucho tiempo, en especial esperaba que interviniera el Gobierno de Estados Unidos. En varias ocasiones así se lo explicó a Welles. Sin embargo, por la correspondencia, se aprecia que Welles nunca asumió una posición concreta.

Por otra parte, desde Ciudad de México surgió la propuesta de celebrar un congreso de dominicanos para evaluar la situación del exilio antitrujillista. El Comité de Amigos del Pueblo de Santo Domingo, una agrupación asentada en esa ciudad e integrada por los dominicanos Ángel Miolán, secretario general, Valentín Tejada, secretario de Relaciones Exteriores -ambos estuvieron exiliados en Haití-, y otras personas, quería organizar un congreso y deseaba invitar a todas las agrupaciones connacionales en el exilio. Jimenes Grullón escribió una carta el 8 de abril a Ángel Morales explicándole aquella propuesta. El primero, como secretario general de la Junta Revolucionaria Dominicana, creada en Nueva York, consideraba que la propuesta del Comité de Amigos podía beneficiar a la unificación de los grupos de exiliados (Jimenes Grullón, 1938).

Es interesante la respuesta de Ángel Morales, fechada el 20 de abril:

Agradezco mucho la deferencia de su invitación, al mismo tiempo que lamento declinarla por las siguientes razones: El congreso, tal como está compuesto, descansaría sobre una base falsa de integración que condenaría sus labores al fracaso y a la esterilidad. La representación por partidos, más consona [sic] con la naturaleza del congreso, excluiría la deseable cooperación de individuos que no se consideran vinculados a dichos partidos y mantendría vivo el espíritu sectario, en pugna con el empeño cardinal de la unificación (...) La representación a base de organizaciones revolucionarias no puede ser tenida seriamente en consideración. (^{Morales, 1938})

Dada la respuesta de Morales, es factible pensar que su actitud se debió a la antipatía que sentía por Juan I. Jimenes Grullón y al desacuerdo de una estrategia de lucha que no estuviera impulsada por él mismo. Incluso, en una ocasión le dijo a Welles que apoyaría "todo plan que libre a la República del vergonzoso régimen actual" (^{Vega, 2013}, p. 427), pero en la práctica no fue así.

Jiménes Grullón, Ángel Miolán, Juan Bosch y otros personajes buscaban la unión de los diferentes grupos en el exilio. Después de la respuesta de Morales, Miolán envío una carta a Juan M. Díaz, dirigente del exilio en Nueva York, comunicándole que se aplazaba el congreso hasta conocer la opinión de toda la oposición. Miolán insistió en la importancia de la reunión, porque:

Ya es tiempo de que el movimiento antitrujillista se disponga a liquidar la etapa de oprobio que vive el pueblo dominicano desde 1930 (...) Para liquidar este estado de cosas (...) sólo hay una salida: LA UNIDAD. Dispersos y distanciados los distintos núcleos, no es posible forjarla (...) La unidad mencionada puede realizarse por medio de un FRENTE POLÍTICO. La diversidad de criterios ideológicos que pudiera existir entre los diversos grupos, no es obstáculo. (Miolán, 1938)¹¹

Como ocurre en las experiencias de los exilios, debido a su heterogeneidad, en este caso se dibujó de inmediato la dificultad de conciliar voluntades a favor de la unión antitrujillista contra la dictadura de Trujillo. Incluso, a partir de los ejemplos anteriores se muestra una característica que va a distinguir al grupo del primer exilio del segundo flujo, me refiero a una actitud personalista y a las estrategias de lucha. Mientras Morales y otros exiliados insistían en la intervención del Gobierno norteamericano para derrocar a Trujillo, otros exiliados hicieron esfuerzos por acercar a las distintas agrupaciones políticas que surgieron en el exilio. A finales de la década de 1930, la cerrazón llevó a un desgaste de la oposición tradicional, situación que dio paso a nuevas fuerzas, en particular de personajes individuales. La corriente de exiliados de la segunda etapa, la generación del 30, renovó las actividades políticas, las labores de propaganda y permitió el tejido de redes políticas y de solidaridad entre dominicanos y otros exilios latinoamericanos. Desde 1938 germinó el propósito de crear un organismo o un frente. Ángel Miolán, Valentín Tejada y otros, desde México, y Juan I. Jiménes Grullón, Juan Bosch junto con otros dominicanos, desde Cuba, impulsaron la celebración de una reunión con la intención de convocar a las dirigencias en el exilio a constituir un frente único. Ese impulso, en el que sin duda incidieron los cambios en la composición del exilio, con una tendencia que adoptó posiciones de izquierda (^{Cassá, 1990}, p. 266), sentó las bases para la formación del PRD. Este esfuerzo de renovación militante estuvo limitado a ciertas posturas individuales, especialmente la de Ángel Morales y un pequeño grupo de sus simpatizantes que llegaron a Puerto Rico durante la primera etapa.

Los recorridos realizados muestran que no se puede hacer un planteamiento general sobre el exilio dominicano, porque no fue un movimiento homogéneo, sino un proceso de exilio cambiante, diverso, en el cual confluyeron distintos personajes, distintas generaciones políticas y distintas formas de organización.