Introducción
Las sociedades que se caracterizan por reducir las oportunidades a las que pueden acceder los individuos por el simple hecho de poseer una característica particular, racial o de género, afectan su senda de crecimiento económico al implantar rigideces sobre las instituciones sociales que se constituyen como los pilares del crecimiento ecónomoico a largo plazo (Alkire, Meinzen, Peterman, Quisumbing y Seymour, 2013). La igualdad social debe construirse en sinergia con la capacidad de actuar de cada persona, por esto surge el concepto del empoderamiento como la capacidad de cada persona para seguir su proyecto de vida en razón de sus capacidades y talentos. (Anderson y Funnell, 2010; Duflo, 2011). Esta idea se integra con la labor activa del Estado para remover los impedimentos que impiden a los individuos lograr sus potencialidades respetando siempre la igualdad ante la ley. Con mayores niveles de igualdad social los individuos pueden alcanzar los insumos básicos para progresar en la vida, estos impulsarán un círculo virtuoso donde la seguridad económica conlleva un aumento en la inversión de los individuos en capital humano, social y físico, incrementando el desarrollo económico de las sociedades (Al-Haj, 2012).
En Colombia, no obstante, las mujeres localizadas en las areas rurales encuentran amplias dificultades para explotar sus capacidades frenando así el desarrollo integral de los territorios, sin embargo, muchas veces esta realidad queda escóndida, perpetuando el retraso del desarrollo social. Por lo tanto, el artículo estudia las condiciones de la mujer en el área rural de Colombia con seguimiento a un conjunto de indicadores socioeconómicos con ayuda de microdatos censales y de encuestas de hogares. Esto en el afán de buscar y mejorar las políticas actuales que ha impulsado el Estado para mejorar las condiciones de la mujer rural.
1. Dimensiones del empoderamiento
En el inicio de la literatura asociada al empoderamiento de la mujer, Amartya Sen resaltó la falta de oportunidades de las mujeres, especialmente en los países en desarrollo; por ejemplo, en la falta de cuidado de la salud y las insuficiencias de nutrición (Wieringa, 1997). Según esta teoría, la forma en que las poblaciones menos favorecidas pueden llegar a desarrollar sus capacidades es mediante la educación, la participación laboral, la superación de la pobreza y mayor participación política; aspectos que entrevén la contribución de la mujer en la sociedad y sus condiciones económicas (Alkire et al., 2013).
1.1. Educación
El capital humano es la inversión que soporta la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad, no obstante, las mujeres suelen estar sub-representadas en este ámbito, especialmente en los estratos más altos de educación (Agarwal, Humphries, Robeyns, 2005). En Estados Unidos, el 41% de estudiantes en doctorados en ciencias e ingeniería son mujeres, pero representan solamente un 25% de la fuerza laboral dedicada a esta rama (Shapiro, 2013). En el año 2013, en Colombia el 35,8% de estudiantes de doctorados en ciencias eran mujeres1, pero solo un 8% de ellas labora en sectores asociados a la investigación de estas areas del conocimiento2.
Sin embargo, el beneficio que pueden hacer las mujeres es sustancial Sardenberg (2010) apunta a que un año adicional de escolarización primaria incrementa las posibilidades de ingreso de los hogares entre 10% y 20%, y uno de secundaria, 25%. Asimismo, Shah (2011) estimó en US$90.000 millones por año la pérdida económica que implica no educar a las mujeres al mismo nivel que a los hombres. Adicionalmente, hay evidencia que enseña que las mujeres tienden a invertir de mejor manera sus rentas, dedicando más recursos a la salud y al capital humano que sus pares varones, generando externalidades positivas para toda la sociedad. Según los datos expuestos por Price y Asgary (2011), las mujeres invierten hasta 90% de su ingreso, en comparación con apenas 30-40% en el caso del hombre. Igualmente, las mujeres son más generosas, al destinar hasta un 90% de sus ingresos a salud y educación, en comparación con los hombres cuyo porcentaje alcanza del 30% al 40%.
1.2. Mercado laboral
La participación de la mujer en el mercado laboral consiste en permitir que la mujer muestre su verdadero potencial en la contribución social (Lagarde, 2014). Las mujeres integran la mitad de la población mundial, pero en muchos casos constituyen menos de la mitad de la población económicamente activa (Grabe, 2012). Estas disparidades de género van de 12% en las economías de la OCDE hasta el 50% en Oriente Medio y Norte de África (Haase, 2007); en el área rural de Colombia, la tasa de ocupación femenina es del 38% frente al 76% de los hombres y el 58% de las mujeres urbanas3.
Esto puede ser una pérdida de competitividad para las economías, ya que, si se elevara la tasa de participación femenina en la fuerza laboral a los niveles de participación masculina específica de cada país, el PIB se incrementaría en promedio un 5% en Estados Unidos, 9% en Japón, 12% en los Emiratos Árabes Unidos y 34% en Egipto (Lagarde, 2014). Otras afirmaciones que se derivaron del anterior informe muestran que una mayor participación femenina estimula el crecimiento porque incrementa la mano de obra cualificada por causa del mayor nivel de educación de las mujeres (Fletschner y Kenney, 2014). Se desprende, que mejores oportunidades para que las mujeres consigan ingresos, y los controlen, contribuirían a un crecimiento económico más amplio en las economías emergentes.
Sin embargo, el escenario actual de la renta femenina muestra que las mujeres involucradas con el mercado laboral se encuentran ubicadas en ocupaciones temporales de baja remuneración, evidencia reciente enseña que en promedio las mujeres ganan solo tres cuartas partes de lo que gana el hombre, controlando por el nivel educativo y la profesion (Blau 2016; Grabe, 2012; Kabeer, 2012).
1.3. Pobreza
En conjunción con los anteriores resultados, es evidente suponer que las mujeres rurales son altamente vulnerables a los choques económicos por lo que son los principales objetivos de la pobreza y la indigencia en la sociedad. En este sentido, si se conceptualiza que la pobreza es la privación de las oportunidades a los que tienen derecho todos los seres humanos, se reconoce esta como un problema complejo, relacional y multidimensional; correspondiente más a un proceso que a un estadio coyuntural (Arriagada, 2005). Kabeer (1998a) señala que las mujeres son pobres en la medida en que no cuentan con tiempo disponible para buscar las formas más apropiadas de satisfacer sus necesidades, y una proporción importante de ellas carece de ingresos propios. De acuerdo con Duflo (2011), en el mundo las mujeres representan a la mayoría de las personas que intentan sobrevivir con menos de un dólar al día y son más sensibles a caer dentro de este estado durante de las crisis económicas.
Acorde a lo anterior, este artículo estudia la situación pasada y actual de la mujer rural en Colombia comparando las dimensiones que se han enunciado como parte del empoderamiento. A continuación se definen la metodología y la fuente de datos implementados para el análisis.
2. Metodología
Para estudiar cómo el empoderamiento de las mujeres ha evolucionado, se realiza una exploración descriptiva de los datos estadísticos provenientes de los microdatos suministrados por las encuestas de hogares dispuestas por el Departamento Nacional de Estadística DANE.
Se organizan los datos relacionados con los indicadores del mercado laboral: participación y oficios en el hogar; en el sector educativo, acceso a la matrícula y años promedio de escolaridad; tomando los anteriores aspectos como componentes integrales en el proceso de empoderamiento de las mujeres en el área rural de Colombia. Sin embargo, para el tema de los diferenciales salariales, se utiliza un modelo de capital humano tipo Mincer, explicado a continuación.
Modelo de Mincer
Este modelo calcula cúales son los posibles efectos de las características de los trabajadores sobre sus ingresos laborales (Psacharopoulos, 2004). La ecuación de Mincer tiene como variable dependiente el salarios por hora y como variables independientes las características socioeconómicas del trabajador (ecuación 1). Los datos implementados en estos modelos provienen de las encuestas de empleo en forma de logaritmo de la siguiente manera:
Y son los ingresos laborales del individuo
S es el número de años de educación formal completada
Exp son los años de experiencia laboral
L corresponde a otras variables del trabajador.
ε es el término de perturbación aleatoria que se distribuye según una distribución normal.
Siendo estimado el modelo se deben realizar pruebas para la validación de los supuestos de normalidad de las variables, la homocedasticidad, la no colinealidad y la no omisión de variables del modelo; en caso de no cumplirse alguno de los supuestos anteriores se procederá a la re-estimación mediante un modelo de residuos robustos. Los coeficientes (β) estimados se interpretan como el cambio porcentual sobre el salario que ejercen cada una de las características de los trabajadores. El grado de validación del modelo se calcula mediante el porcentaje de la varianza de la variable dependiente que es captada por parte de las variables de control, indicador denominado R2, entre más alto, más efectivo es el modelo en determinar el comportamiento de la variable dependiente.
No obstante, dentro del manejo de los datos mediante encuestas existe un problema implícito nombrado sesgo de selección. Este consiste principalmente en la ausencia de aleatoriedad en la escogencia de los individuos encuestados (Esquivel, 2007; Rivera, 2013). El sesgo aparece dentro de la muestra ya que la presencia aumentada de cierto grupo poblacional desvía las deducciones sobre las variables analizadas hacia las características de dicho grupo. La corrección de Heckman es la forma de corrección más implementada (Rivera, 2013) y consiste en utilizar variables instrumentales que permitan obtener estimadores consistentes en presencia de regresores endógenos. Para esto se calculan de dos ecuaciones. La primera estimación es una ecuación que determina la probabilidad de que el individuo participe en el mercado laboral utilizando como variables independientes los factores que pueden incidir en la elección (Heckman, 1979).
Siendo pi la probabilidad de participar en el mercado laboral, zi es un conjunto de variables que explican la decisión de participar en el mercado laboral del individuo i, φ es un vector de coeficientes, y u son los errores. Después, se incorpora la correcion del sesgo mediante la inclusión de un parámetro lambda (λ), la ecuación final sería del tipo:
3. Resultados
3.1. Educación
En Colombia las tasas de cobertura bruta en educación muestran en la Tabla 1 4. Se presentan tasas similares por genero para ambos géneros dentro de cada área, mostrándose un avance importante para las mujeres en el sector rural a través de las décadas analizadas. En promedio, el 32% de las niñas rurales estaba en el sistema escolar en los años setenta, contra un 82% en 2014. Esto muestra que las mujeres rurales han podido acceder de manera creciente al sistema educativo, aunque en relación con las mujeres del área urbana se observa una diferencia del 5%, dado de que el hecho del trabajo doméstico femenino es más común en el primero.
En Colombia, se puede observar que las mujeres poseen dotaciones de capital humano en promedio mayores que las de los hombres. Una mujer rural promedio tenía 6.91 años de educación contra 5.19 años que un hombre. No obstante, existe una diferencia considerable con sus pares en el área urbana, ya que estas poseen el doble (10.91).
Las anteriores observaciones podrían hacer notar que las mujeres poseen una posición ventajosa en el mercado laboral ya que una mejor cualificación les permitiría acceder a trabajos con mayor demanda de habilidades, por tanto mayor productividad y por ende mayores salarios, pero la realidad es otra.
3.2. Mercado laboral
Los datos para Colombia muestran5 que las mujeres rurales ganan en promedio un 25% menos que sus pares hombres, mientras que en el sector urbano dicha brecha fue en 2014 del 15% (Figura 2). Estos resultados extraídos con el modelo de Mincer son consistentes en términos temporales y apoyan la abundante evidencia de discriminación laboral contra la mujer (Galvis, 2010). Lo anterior se puede explicar dado por el hecho de la mujer de ser madre (Olarte y Peña, 2010) o por la decisión propia de los empleadores al contratar a una mujer (Becker, 1985). Por actividad económica las mujeres rurales Colombianas se ven sobrerepresentadas en las actividades agropecuarias (30%), el comercio de enseres (19.4%) y en los servicios domésticos (12%); sectores señalados por su bajo aporte de valor agregado, productividad y remuneración (Iregui, Melo y Ramírez, 2007).
Ademas las mujeres están en una mayor proporción en el sector informal de la economía (García et al., 2008), sobre-calificadas (Castillo, 2007), desprotegidas y con un ingreso inestable. Según los datos de la Gran Encuesta Integrada del DANE, en 2014 en el campo colombiano cerca del 88% de las mujeres se encontraban en la informalidad contra el 63% de las urbanas. Asimismo, las mujeres acarrean la carga de trabajo no remunerada, la cual no es observada en las estadísticas económicas ni remunerada en los mercados laborales (Hamad y Fernald, 2012).
Según las encuestas de uso de tiempo, las mujeres dedican cerca del doble de tiempo que los hombres a tareas domésticas y cuatro veces más al cuidado de los niños (Ferguson, 2011; Peña y Uribe, 2013; Aguirre y Ferrari, 2014). En especial, las mujeres rurales en Colombia dedican muchas más horas al trabajo y en especial a los no remunerados, tanto en comparación con los hombres como con las mujeres urbanas. En promedio, trabajan un total de 64 horas semanales, mientras que las urbanas 62 horas. Lo anterior se diferencia con el caso de los hombres, quienes trabajan 55 horas en las ciudades y 52 en las zonas rurales (Peña y Uribe, 2013, p 5). Esto se debe a que la mujer rural es la principal encargada de la producción de bienes y servicios para el autoconsumo en el hogar rural. La ONU estima que ellas se encargan de alrededor del 70% de la producción de alimentos para el consumo (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 2009).
3.3. Pobreza
En la Tabla 2 se aprecia que el porcentaje de la población que vive por debajo de dos dólares diarios en una muestra de países de America Latina; este indicador ha venido reducíendose entre 1990 y 20I3 en el área urbana y rural, tanto para hombres como para mujeres. En promedio, el 38% de las mujeres del área rural vivían bajo el lumbral de la pobreza, contra el 35% de los hombres. Colombia es el segundo país con el mayor de nivel de pobreza rural de la muestra, después de México.
En Colombia, las mujeres rurales que son cabeza de hogar siguen estando con niveles de pobreza e indigencia monetaria más altos que sus pares (Figura 3), a la vez que la disminución de la pobreza en la última decada ha sido relativamente más lenta.
El comportamiento de estas dinámicas debe a un crecimiento más lento de sus ingresos reales de los hogares del primer cuantil (2,8%), frente a los 3.2% de los hombres, resultado que es reflejo de la dinámica anteriormente señalada del mercado laboral. (Ver Tabla 3)
Fuente: Cálculos del autor con base en los datos para la medición de pobreza monetaria y la desigualdad. DANE. Años 2002 a 2014.
También, dentro de esta dimensión cabe resaltar la situación de desigualdad y de marginación a la que queda relegada la mujer (Alkire et al., 2013). La desigualdad en las rentas en el campo colombiano se ha venido reduciendo lentamente en el periodo de 2002 a 2014 cuando bajó del 0.52 al 0.46. Según las estimaciones logradas por medio de la metodología de Lerman y Yitzhaki (1985) los cambios más importantes en la desigualdad en la última década fueron logradas por el aumento en los ingresos del trabajo. Esto quiere decir que se podría llegar a una mayor equidad en la renta total si se lograse una mejor distribución en el mercado laboral para las mujeres. Por cada punto porcentual adicional de crecimiento en los ingresos salariales bajo el patrón de distribución actual, la desigualdad se puede reducir en promedio cerca del 4,66% (Ver Tabla 4).
Fuente: Cálculos del autor con base en los datos para la medición de pobreza monetaria y la desigualdad. DANE. Años 2002 a 2014.
En las sociedades más desiguales también se observan niveles más bajos de satisfacción y menor movilidad intergeneracional. Una desigualdad excesiva puede dificultar el empoderamiento de las personas, al mismo tiempo que impide un crecimiento económico sostenido. Por esta razón, las políticas que combaten la desigualdad excesiva del ingreso son beneficiosas para todos. Por ejemplo, a las políticas de estímulo del gasto en salud y educación, las políticas activas del mercado laboral y las prestaciones relacionadas al empleo.
4. Conclusiones
Los datos en Colombia muestran que las mujeres alcanzan los mismos o más altos niveles educativos que los hombres, sin embargo, no tienen representación en las tasas laborales o en los puestos de decisión dentro de la sociedad, donde solo el 20% del Congreso se integra por mujeres. Además, las mujeres rurales en Colombia ganan solo tres cuartas partes de lo que gana el hombre, incluso en la misma profesión y con el mismo nivel educativo. Las mujeres están sobre-representadas en el sector informal y en actividades económicas con bajo valor agregado. Ademas, dedican el doble de tiempo que los hombres a tareas domésticas, y cuatro veces más tiempo al cuidado de los niños. Lo que conlleva menores ingresos laborales y una menor capacidad de incrementar sus rentas totales para salir de la pobreza.
Por esto, el empoderamiento de la mujer rural colombiana pasa por las manos de la política económica la cual puede ser una causa del cambio estructural frente a los fenómenos de exclusión social. En éste sentido, la mejora de la situación de la mujer comienza con un mejor acceso a la atención de la salud y a la enseñanza y la preparación. Esto significa brindarle a la mujer un acceso más amplio al crédito, de modo que pueda desprenderse de la dependencia del hogar y generar proyectos empresariales propios. En algunos casos se puede promover el empoderamiento por la vía legislativa; por ejemplo, evitando que las leyes de propiedad y sucesión discriminen en contra de la mujer. En Latinoamérica, algunos países ya han emprendido programas que impulsan el empoderamiento de la mujer latinoamericana tales como la red de mujeres emprendedoras promovido por el Banco Mundial, y los programas de transferencias condicionadas que permiten a las mujeres, especialmente a las rurales, realizar labores fuera de sus hogares. Se necesitan también más políticas que favorezcan a la mujer en el mercado laboral tales como licencia por maternidad y paternidad financiada con fondos públicos; cuidado infantil bueno y asequible.
Se ha observado que estos tipos de política dan resultado. En Brasil, gracias a las políticas a favor de la familia y de las políticas de maternidad, se logró incrementar la participación de la mujer de 45% a 60% en dos décadas, lo que ha llevado a su economía a ser primera en Latinoamérica con un mercado interno capaz de absorber una mayor producción nacional. Suecia tiene una de las tasas de participación femenina más altas del mundo, en gran medida porque invierte fuertemente en el cuidado infantil y en la educación precoz, y concede gran importancia a la flexibilidad del trabajo y la licencia por maternidad y paternidad (Lagarde, 2014).
Finalmente, el verdadero empoderamiento consiste en brindar al individuo las capacidades para su realización personal a través de la libertad, dignidad y oportunidad. Es necesario apoyarse en políticas, instituciones y modalidades de cooperación internacional para impulsar estos fenómenos.