La disolución de la confederación yugoslava es un acontecimiento que sin duda marcó la historia de la humanidad en la última década del siglo XX. Este suceso conllevó a confrontaciones bélicas entre Serbia y algunas de las entidades que conformaban la antigua Yugoslavia. En este contexto, las partes en conflicto cometieron diversa índole de contravenciones al derecho internacional humanitario (DIH), que se vieron reflejadas en masacres, ejecuciones arbitrarias, desaparición de personas, ocultamiento de cadáveres, enterramientos en fosas clandestinas, entre otros. Dichas contravenciones fueron investigadas por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY)1. Para tal efecto, contó con equipos interdisciplinarios y multinacionales de expertos forenses, que incluían: médicos, técnicos criminalísticos, arqueólogos y antropólogos forenses, entre otros. En particular, los arqueólogos y antropólogos forenses aportaron significativamente al esclarecimiento de los hechos, los arqueólogos a partir de la excavación sistemática de sitios de enterramiento y los antropólogos con el análisis minucioso de los restos de las víctimas.
Es cierto que para ese momento el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) habían demostrado la importancia de aplicar la arqueología y la antropología forense en las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. Sin embargo, la forma como se realizaron las investigaciones del TPIY y los resultados obtenidos a partir de las evidencias recolectadas convierten la experiencia del Tribunal en un ejemplo clave de la aplicación de la arqueología y la antropología forense en contextos de violencia masivos, derivados de conflictos armados. Este trabajo mostró cómo se podían poner en uso nuevas perspectivas de abordaje técnicas y metodológicas, así como interpretativas, aplicadas en casos a gran escala.
Este artículo fue escrito en razón de la culminación del mandato del TPIY en el 2017. Tiene el interés de ilustrar cómo la antropología forense contribuye en la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Con este fin, se presenta un balance del trabajo hecho por los arqueólogos y antropólogos forenses en las investigaciones del Tribunal. Fue realizado sobre la base de una búsqueda bibliográfica sistemática que incluyó, entre otros, documentos y archivos que en su momento fueron reservados, pero que hoy ya no hacen parte de la reserva sumarial del proceso y se encuentran abiertos al público. Esto significa que ya no se encuentran incompatibilidades de carácter ético para que dichas fuentes sean retomadas y utilizadas con fines académicos. Asimismo, se acude a información generada a partir de la participación de los autores en dichos procesos. Estos datos tampoco se habían publicado previamente en razón de las reservas éticas, por hacer parte de un proceso judicial internacional.
Para llevar a cabo la argumentación, inicialmente, se presenta una síntesis del conflicto ocurrido en la antigua Yugoslavia, centrándose particularmente en Bosnia y Herzegovina. Luego, se hace un balance de las operaciones forenses realizadas en dicho país y una relación del número de individuos sindicados de cometer los delitos. Posteriormente, se discuten dos aspectos importantes. Primero, la trascendencia que tuvieron las operaciones forenses. Las evidencias aportadas permitieron no solo demostrar lo que el TPIY tipificó como el genocidio llevado a cabo por el gobierno serbio, sino, además, por un lado, la relación entre sitios de ejecución, sitios primarios y secundarios y, por otro lado, lo relativo a la identificación de las víctimas. Segundo, la relevancia de las contribuciones realizadas al Tribunal por profesionales latinoamericanos y el impacto de este trabajo para el desarrollo de la arqueología y la antropología forense en Latinoamérica en las últimas dos décadas.
La República Federativa Socialista de Yugoslavia
Yugoslavia fue unificada por Josip Broz Tito en 1945, a partir de la confederación conformada por las repúblicas de Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia, y las provincias autónomas Kosovo y Voivodina. A pocos años de la muerte de Tito, Slobodan Milošević se convirtió en jefe del Partido Comunista de Serbia. Su discurso nacionalista pro serbio lo catapultó a la presidencia en 1989. Desde esta posición implementó una reforma constitucional, en la que privaba del voto en el congreso a Montenegro y a las dos provincias autónomas (Becirevic 2014; Meyer 1996; Rohde 1997).
Como resultado, en 1990 las repúblicas de Eslovenia y Croacia decidieron separarse, oficializando su escisión en 1991. En 1992 Bosnia-Herzegovina y Macedonia, tomaron el mismo camino. En vista a lo anterior Milošević, argumentando que los serbios tenían el derecho a vivir en un mismo territorio, emprendió campañas militares en contra de Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina (Silber y Little 1996). Según Meyer (1996) el entonces ejército yugoslavo y los paramilitares serbios se dedicaron a conquistar los territorios habitados por serbios en las otras repúblicas. Dichas acciones eran parte de un plan que contemplaba la partición de Bosnia entre Serbia y Croacia, según un ofrecimiento hecho desde el inicio a los croatas. La campaña militar contra Eslovenia fue corta, desarrollándose entre el 26 de junio y el 6 de julio de 1991 (Rohde 1997; Silber y Little 1996). Prácticamente Milošević le permitió independizarse, debido a varios factores. El primero fue la ausencia de serbios en su territorio (Meyer 1996), lo cual no ocurría en los demás territorios de la antigua Yugoslavia (Becirevic 2014; Silber y Little 1996). El segundo fue la ausencia de fronteras terrestres entre Serbia y Eslovenia, lo cual obligaba a los primeros a atravesar Croacia para llegar a Eslovenia, que contó con el apoyo croata. El tercero fue el hecho de que el Eslovenia tenga frontera con dos países miembros de la Organización Tratado Atlántico Norte (OTAN) (Silber y Little 1996). No fue, sin embargo, igual de simple para Croacia, donde el conflicto se extendió por más tiempo.
El conflicto en Croacia
En Croacia la situación fue diferente. De acuerdo con Petricusic (2008), el 16 de marzo de 1991 los serbocroatas autoproclamaron la conformación de la República Serbia de la Krajina y declararon Knin como capital. A la vez, paramilitares serbocroatas, apoyados por el ejército de la antigua Yugoslavia, arremetieron para controlar las fronteras de Croacia con Bosnia y Voivodina, en la denominada Krajina croata. Asimismo, también ocuparon los territorios de Eslavonia, Baranja y Sirmia o Srem (“Montenegro proclama…” 2006), que estaban habitados principalmente por serbios.
En Croacia tuvieron lugar fuertes enfrentamientos con los serbios, que se prolongaron alrededor de seis meses. Con el fin de disminuir las confrontaciones, en septiembre de 1991, la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) impuso un embargo a toda la antigua Yugoslavia. Sin embargo, esta decisión produjo el efecto contrario (Rohde 1997). Con el fin de forzar el cese al fuego en Croacia, en marzo de 1992 la ONU desplegó sus fuerzas de paz. Se calcula que, para ese momento, habrían muerto cerca de 10 000 personas y que los nacionalistas serbios habían ocupado alrededor de un tercio del territorio (Meyer 1996; Rohde 1997; Silber y Little 1996).
Adicionalmente, tanto el presidente croata, como el serbio, tenían como objetivo dividir Bosnia-Herzegovina para crear “la Gran Serbia” y “la Gran Croacia”. Los bosnios quedaron en medio de dicha situación, con pocas armas y sin opciones de encontrar una salida (Rohde 1997; Silber y Little 1996). En este contexto, al nororiente de Bosnia los grupos ultranacionalistas serbios llevaron a cabo una limpieza étnica contra croatas y bosnios (Rohde 1997).
Entre el 1º de mayo y el 4 de agosto de 1995 Croacia lanzó tres ofensivas militares: las operaciones Relámpago, Verano y Tormenta, con las que dio fin a la República Serbia de la Krajina (Gallo 1998; “Montenegro proclama...” 2006). Según Human Rights Watch (HRW), estas operaciones dejaron 526 serbocroatas muertos, 116 de ellos civiles y 200 000 personas desplazadas. Una vez controlado el territorio, el ejército croata destruyó caseríos, ejecutó cerca de 150 civiles y desapareció 110 personas más, todas las víctimas eran serbocroatas (HRW 1996).
El genocidio en Bosnia-Herzegovina
Según Lampe (2019), en 1991 los serbobosnios promulgaron varias regiones autónomas en Bosnia-Herzegovina. Luego, mediante un plebiscito, el 29 de febrero de 1992 esta región se declaró independiente. En respuesta, Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, fue asediada por paramilitares serbobosnios y bombardeada por la artillería del ejército serbio. Posteriormente, las localidades de Zvornik, Foča y Višegrad, mayormente habitadas por bosnios, fueron devastadas por fuerzas conjuntas del ejército serbio y paramilitares serbobosnios. Seis semanas después, los serbios controlaban dos terceras partes del territorio bosnio (Lampe 2019).
De acuerdo con Boghani (2019), Radovan Karadžić, presidente de la República Serbia de Bosnia entre 1992 y 1996, también conocido como “El Carnicero de los Balcanes”, comunicó la creación de un ejército serbobosnio, conformado por fuerzas conjuntas serbobosnias y de la antigua Yugoslavia, que operaba bajo el mando de Ratko Mladić. El precariamente equipado ejército bosnio, con el apoyo de fuerzas bosniocroatas, hicieron frente a los serbios. En 1993 los bosniocroatas, con el apoyo del ejército croata, declararon la conformación de la República Croata de Herzeg-Bosnia, con capital en la ciudad de Mostar (Becirevic 2014; “Los croatas de Bosnia…” 1993).
Debido al número creciente de refugiados bosnios en 1993 las localidades de Srebrenica, Bihac, Gorazde, Sarajevo, Tuzla y Zepa fueron declaradas zonas protegidas por la ONU (Boghani 2019). Su protección se delegó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (Silber y Little 1996). No obstante, el 11 de julio de 1995 una fuerza serbobosnia que superaba los 2 000 combatientes, apoyados por tanques y artillería pesada, se tomó Srebrenica, el último enclave bosnio en la región (Andreas 2008; Rohde 1997).
Lobo (2005) menciona que, a su paso, los serbobosnios tomaron como rehenes a 55 soldados de los cascos azules de procedencia holandesa que estaban a cargo de proteger la zona y sus pobladores y que, dadas las circunstancias, debieron replegarse a su base2. A la vez, 15 000 pobladores de Srebrenica huyeron por las montañas camino a Tuzla, una pequeña ciudad ubicada en territorio bosnio. De acuerdo con HRW (2007) cerca de 30 000 civiles bosnios huyeron hacia la base de la ONU en Potočari, la cual albergaba a 400 cascos azules. Aproximadamente 5 000 civiles, principalmente mujeres y niños, lograron refugiarse dentro de la misma, mientras que el resto se aglomeró a su alrededor (“Cómo fue la masacre…” 2016).
El entonces General Ratko Mladić ordenó sitiar la base de la ONU, demandando la deposición de las armas por parte de los cascos azules y la entrega de los civiles. Los serbobosnios sacaron a mujeres, niños y ancianos en autobuses, mientras que los hombres fueron trasladados a los alrededores, donde fueron ejecutados (Becirevic 2014; Quiñones 2011; Rohde 1997; Silber y Little 1996). Asimismo, las personas que huyeron hacia Tuzla por las montañas fueron blanco de ataques con artillería, a la vez que muchos cayeron en campos que fueron minados por los serbobosnios (Rohde 1997; Silber y Little 1996).
De acuerdo con Lobo (2005) cuatro días después del éxodo, solo 3 000 desplazados arribaron a Tuzla, luego, durante un mes, pequeños grupos fueron llegando. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) este evento dejó más de 8 000 personas fallecidas, de las cuales, muchas cuentan como desaparecidas (Stillhart 2015). Una gran parte de las investigaciones realizadas por el Tribunal se orientaron a recolectar evidencias para probar la comisión de los asesinatos en contra de los miles de civiles desarmados, así como la desaparición de sus cadáveres en fosas comunes, como parte de una política encaminada al genocidio de la población bosnia, de mayoría musulmana, por parte del Gobierno serbio.
De acuerdo con Jugo (2017), la mayoría de las personas que fueron desaparecidas fueron llevadas a campos de concentración, donde permanecieron detenidas hasta su posterior asesinato. Los cadáveres de estas personas, como los de aquellas que fueron asesinadas en distintos eventos a lo largo del territorio bosnio, fueron inhumados en fosas comunes en todo el país. Uno de los más graves eventos de este tipo fue la masacre de Srebrenica. La gravedad de los acontecimientos ocurridos allí obligó a la ONU a tomar medidas contundentes para detener el avance de los serbiobosnios. Esto conllevó a la firma de un acuerdo de paz, conocido como Acuerdo de Dayton (Ohio), en diciembre de 1995 (Quiñones 2021; Silber y Little 1996). Según Lampe (2019) la guerra en Bosnia-Herzegovina dejó más de 2 000 000 de personas desplazadas y más de 100 000 fallecidos. Por su parte, la Misión de Naciones Unidas en Kosovo informó que en Bosnia más de 80 000 mujeres fueron víctimas de violación sexual (UNMIK 2004)3.
La antropología forense en Latinoamérica y su relación con el Tribunal
Antes de continuar con los aportes de la antropología forense a las investigaciones realizadas por el Tribunal, es importante hablar un poco sobre la antropología forense y sus orígenes. El aporte latinoamericano en este campo ha sido clave. En Latinoamérica el desarrollo de esta disciplina se dio de manera importante a inicios de la década de 1980, dado el impacto de las dictaduras y la necesidad de exponer las violaciones a los derechos humanos cometidos por estas.
Si bien de manera inicial la antropología forense estuvo vinculada a la bioantropología y, posteriormente, a la recuperación de evidencias en casos criminales, particularmente en Norteamérica, en Latinoamérica ha tenido un ámbito más amplio, ocupándose de resolver tanto aspectos relacionados con la recuperación y análisis de las evidencias, como con los procesos de identificación de los cadáveres. Asimismo, ha buscado afianzar la relación con las familias de las víctimas y las problemáticas relacionadas con el impacto del conflicto. En este sentido Quiñones (2011), señala que la línea forense responde a problemáticas sociales que se desprenden de la desaparición de personas en diferentes contextos, entre los que se cuentan las guerras y los conflictos armados. Esta es probablemente una de las mayores fortalezas de la disciplina y la que la ha caracterizado en Latinoamérica a partir de los aportes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en este sentido a inicios de los años ochenta (Fondebrider 2015). Dichos aportes fueron claves para consolidar el rol de esta disciplina en otros países del continente, como Guatemala, Colombia, Chile y Perú.
Otro de los aspectos relevantes en la investigación antropológica forense en Latinoamérica corresponde a la recuperación adecuada de la evidencia. Esto significó un cambio importante en tanto antes de la aparición de los equipos forenses, la evidencia era recuperada y analizada por personal no capacitado en el tema, con todo lo que esto conlleva. Según Rodríguez (2010, 1994) los contextos aportan datos relevantes para la identificación de la víctima, a la vez que permiten establecer conexiones con los victimarios. Por lo anterior, es claro que la adecuada recuperación de la evidencia contribuye de manera importante en los procesos. Aporta información relevante para las causas penales. Esto fue un aspecto de significativa importancia en las investigaciones relacionadas con derechos humanos que se realizaron en Latinoamérica.
Con relación al análisis de la evidencia, Quiñones (2015) señala que la antropología forense se ocupa de casos donde el estudio del tejido blando se ve limitado, ya sea por su avanzado estado de descomposición, o por efectos tafonómicos, como en el caso de los restos saponificados, en adipocira o esqueletizados, así como aquellos que han sido sometidos a altas temperaturas. Por lo cual, la principal fuente de información son los tejidos óseos. Su análisis tiene dos objetivos primordiales; el primero es aportar a la identificación de los cadáveres, y el segundo es contribuir desde la antropología a establecer el mecanismo de muerte, con el fin de que, sobre esta base, los médicos logren esclarecer la causa de muerte.
Para alcanzar el primer objetivo, se procura contar con la mayor cantidad de información ante y post mortem disponible, que permita obtener información comparable suficiente. Entre esta se cuenta la obtenida mediante entrevistas a familiares de personas desaparecidas, así como los registros odontológicos y médicos que puedan existir. También incluye la recolección de información biológica con fines genéticos, que permitan su posterior comparación con la información post mortem obtenida a partir del análisis del cadáver (Barreto 2007; Barreto, Parra y Palma 2005; INMLCF 2017, 2009).
El equipo multidisciplinario conformado por profesionales médicos, antropólogos y odontólogos se enfoca usualmente en obtener la mayor cantidad de información post mortem. Con este fin, se establecerá el perfil biológico del cadáver, es decir, su sexo, edad, estatura (Buikstra y Ubelaker 1994; Christensen, Passalacqua y Bartelink 2014). De igual forma, se definirán las características individualizantes que contribuyan al proceso de identificación, tales como cirugías y lesiones (Barreto 2007; Quiñones 2011) sean congénitas o resultantes de tumores, fracturas e infecciones (Cunha y Pinheiro 2006). Finalmente, también se analizarán las características dentales relevantes. Vale aclarar que las muestras que permitan la obtención de dichos perfiles genéticos deberán ser cotejadas con la información ante mortem previamente recopilada.
Por otro lado, la causa de muerte, entendida como la enfermedad o herida que dio lugar al deceso (Adelson y Hirsch 2006), es una tarea que corresponde de manera estricta al médico. Sin embargo, el trabajo interdisciplinario es fundamental, por cuanto es el antropólogo quién se encarga de reconstruir, analizar e interpretar las lesiones perimortem (Christensen, Passalacqua y Bartelink 2014, Komar y Buikstra 2008; Quiñones 2015). Dichas lesiones señalan los distintos mecanismos causantes de la muerte (INMLCF 2017, 2010, 2009; Loe 2009; Téllez 2002). Por lo tanto, son la base para lograr -o no- establecer de qué murió cierto individuo, teniendo en cuenta que no necesariamente todas las lesiones afectan el hueso.
En Latinoamérica varios países contaban con experiencias propias previas en la búsqueda de personas desaparecidas, como es el caso de los equipos forenses que se habían conformado en Argentina (EAAF) y Guatemala (FAFG), y de profesionales de Colombia y Perú (Quiñones 2004). Debido a esto fueron convocados para hacer parte del equipo forense del Tribunal (Fondebrider 2015), lo cual redundó en beneficio de las investigaciones realizadas por esta institución.
Dichas investigaciones forenses hicieron parte de aquellas realizadas de forma más amplia en la antigua Yugoslavia, por el Tribunal, con el fin de investigar los crímenes cometidos durante las confrontaciones por el territorio, con un componente religioso de fondo. Estos crímenes se encuentran catalogados como violaciones al DIH y están descritos en el Convenio de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. En ellos se atentó contra la integridad física y la vida tanto de combatientes como de la población civil. Con el fin de sustentar dichas investigaciones se incluyó como parte fundamental la ejecución de operaciones forenses a gran escala desarrolladas por equipos interdisciplinarios y multinacionales. Los equipos debían incluir antropólogos forenses, quienes, a partir de los procesos de exhumación y análisis de los restos recuperados, aportarían una gran cantidad de material probatorio. Su trabajo contribuiría a mostrar evidencia sobre la comisión de los delitos e incriminaría a los responsables. Dichas investigaciones fueron impulsadas por la ONU, mediante la implementación del TPIY en 1993.
En ese sentido, es clave observar cómo la aplicación de técnicas arqueológicas en escenas del crimen, particularmente en sitios donde yacen restos humanos (Skinner y Sterenberg 2005), garantizó en Bosnia y Herzegovina la documentación y recuperación eficaz de los cadáveres y las evidencias asociadas (Menez 2005; Tuller y Ðuric 2006) y contribuyó a la interpretación del contexto y los hechos allí ocurridos (Hanson, Rizviç y Parsons 2015; Skinner y Sterenberg 2005). De igual manera, los análisis realizados en morgue apoyaron esta información y ofrecieron datos adicionales relacionados con, por ejemplo, el manejo de las evidencias distintas a los cadáveres (elementos personales como pequeños ejemplares del Corán, prendas de vestir, prótesis, entre otras) (Jugo 2017).
Los equipos forenses que operaron al interior de dicha organización se rigieron por la primera versión del Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (UN 1991), mejor conocido como Protocolo de Minnesota. En particular, se basaron en lo establecido en el la sección V referente al “Protocolo modelo de exhumación y análisis de restos óseos” (Quiñones 2021). Las especificidades de los procedimientos de campo y laboratorio se encuentran descritas en detalle por Quiñones (2004). Para los efectos del presente escrito, a continuación, presentaremos una breve reseña del impacto de las acciones antropológico-forenses del Tribunal en Bosnia-Herzegovina.
Antes de darle paso a dicha reseña, vale la pena cerrar esta parte del artículo con la conclusión de que uno de los grandes aportes del trabajo forense del Tribunal al trabajo en Latinoamérica fue ofrecer una mirada interdisciplinaria. En este la antropología forense cumple un rol fundamental en cuanto al análisis, pero también en relación con la interpretación de la evidencia, tanto en campo, como en morgue.
Aportes de la arqueología y la antropología forense a las investigaciones del Tribunal
En vista de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que fueron perpetradas en el territorio de la antigua Yugoslavia por el gobierno serbio, y que se vieron reflejadas en forma de asesinatos masivos; detenciones arbitrarias y sistemáticas; violaciones de mujeres de manera organizada y sistemática; y limpieza étnica (ICTY s. f.), el objetivo del Tribunal se orientó a investigar los hechos, juzgar a los imputados y sancionar a los responsables.
El TPIY estaba compuesto por tres órganos: las Salas de Jueces, la Oficina de Registro y la Oficina del Fiscal. Esta última tenía las funciones de investigar y poner a disposición de los jueces a los presuntos culpables de los delitos imputados (ICTY s. f.). Para tal efecto, contó con un equipo propio compuesto por investigadores, arqueólogos forenses, antropólogos forenses, patólogos forenses, técnicos criminalísticos, entre otros (Quiñones 2004). Además, convocó a organizaciones como el EAAF y la FAFG, así como antropólogos forenses independientes de varios países, para apoyar en sus labores.
El TPIY estuvo vigente hasta el año 2017 y las operaciones forenses realizadas bajo su mandato tuvieron lugar entre 1996 y el 2002 (Steadman y Haglund 2005). Durante este periodo, se calcula que se recuperaron aproximadamente 8 565 cadáveres, los mismos que fueron sometidos a necropsia por el equipo forense del Tribunal (figura 1). Es de mencionar que, con excepción de Kosovo, en el último año las funciones del equipo forense se limitaron a monitorear el trabajo realizado por otras organizaciones, lo que eventualmente implicó la realización de algunas diligencias forenses adicionales, aunque a una escala mucho menor.
Fuente: tabla realizada por Quiñones (2021) con base en datos recopilados de los reportes anuales de ICTY.
Cabe mencionar que los eventos relacionados con el genocidio ocurrido en Srebrenica, entre julio y agosto de 1995, motivaron la necesidad de documentación extensiva de los hechos, desde una perspectiva forense. Esto se hizo con el fin de juzgar a los perpetradores. Incluyó la búsqueda de los sitios, así como la exhumación y el análisis de los cadáveres que en ellos se encontraban (Klinkner 2016). Según Manning (2000) y Tyers (2009), durante las operaciones forenses del Tribunal en Bosnia, llevadas a cabo entre 1996 y el 2000, en relación a las investigaciones sobre lo ocurrido en el enclave de Srebrenica, se hallaron veintiún sitios todos los cuales fueron exhumados.
De ellos catorce correspondían a fosas primarias, ocho de las cuales se encontraban alteradas (Cerska, Nova Kasaba 96 y 99, Lazete -Orahovac-, Pilica, Petkovci Dam, Kozluk, Konjevic Polje 1 y 2, Glogova 1 y 2, y Ravnice). Además, se encontraron siete fosas secundarias (Cancari 3 y 12, Hodžići 3, 4, y 5, Liplje 2, Zeleni Jadar 5) en las que se recuperó evidencia física de diversos tipos, entre ella obviamente cadáveres, pero también elementos geológicos y artefactos que permitieron establecer la relación entre las fosas primarias y las secundarias (Manning 2000; Tyers 2009).
A lo anterior, se suma el hallazgo de ocho sitios de ejecución. Dos de ellos correspondientes a edificaciones: el depósito de Kravica y el sitio de Pilica Dom. Los otros seis sitios más se encontraban al aire libre. Estos son Kozluk, Nova Kasaba, Cerska, Orahovac, la granja militar Branjevo y Petkovci Dam. Se logró confirmar que se trataba de este tipo de sitios dadas sus características, de las cuales podemos hablar a partir de las excavaciones de sitios relacionados con la masacre de Srebrenica. Por ejemplo, Kravica (al igual que Pilica Dom) corresponde a un amplio depósito, que fue utilizado para retener a más de 1 000 hombres entre 15 y 45 años que fueron hechos prisioneros como parte de los hechos relacionados con la caída de Srebrenica. Estos individuos fueron ejecutados masiva y sincrónicamente mediante el uso de armas de fuego y arsenal tipo granadas, que era lanzado a estos sitios. Los cuerpos del almacén de Kravica fueron llevados posteriormente a fosas en Glogova. Luego, las fosas de Glogova fueron alteradas para llevar los restos a una segunda fosa en Zeleni Jadar. En dicho caso solo hubo un sobreviviente.
El almacén permaneció casi intacto hasta el año 2001. En esta fecha fue intervenido por equipos de Naciones Unidas, del cual la autora hizo parte, para corroborar si quedaban evidencias de los hechos. En las paredes, pisos y techos aún se preservaban restos de salpicaduras de sangre ya descompuesta, así como restos de cabello pegados a ellos. Ya no se hallaban restos de elementos balísticos, pero fue posible encontrar el vínculo entre las fosas de Glogova y Zeleni Jadar a partir de los restos de infraestructura que fueron removidos junto con los cadáveres, cuando se intentó su ocultamiento.
En Kozluk, por otra parte, también se halló un sitio de ejecución al aire libre, con 16 cadáveres que tenían lesiones realizadas con proyectiles de arma de fuego in situ. Algunos proyectiles fueron recobrados durante la excavación en la tierra bajo los segmentos corporales, al seguir el rastro de la lesión en la tierra. Los cuerpos se encontraban con las manos atadas a la espalda. En uno de los casos, uno de los individuos parece haber sobrevivido a la ejecución por unos minutos, lo que se infiere al ser hallado agarrando las ramas de la vegetación circundante a su lugar de muerte. Los equipos forenses del Tribunal no alcanzaron a exhumar más de veinte fosas, dadas las dimensiones de cada una de ellas, pero se logró establecer la presencia de restos humanos, así como también si se trataba de fosas primarias o secundarias; que fueron delimitadas (Manning 2000; Tyers 2009).
Uno de los aspectos claves en este caso era lograr establecer si había o no un vínculo entre las fosas primarias saqueadas por los perpetradores, con el fin de esconder la evidencia, y las fosas secundarias e incluso terciarias (Jugo 2017). Esto fue necesario al considerar que las fotografías satelitales existentes y entregadas al Tribunal por gobiernos extranjeros demostraban la alteración a la que los sitios estaban siendo sometidos de forma sistemática (Manning 2000).
Aunque en cualquier excavación arqueológica establecer si una fosa es primaria o secundaria puede ser un ejercicio complejo que derive en muchas explicaciones, lo cierto es que no siempre es un hallazgo de gran relevancia. Sin embargo, en este caso, resultó particularmente importante, por cuanto fue uno de los elementos que permitieron demostrar la intencionalidad, detrás de la acción. Y es que, en este caso, no solo se asesinaron a miles de civiles indefensos, sino que, además, se movieron cientos de recursos estatales para hacerlo. No únicamente para cometer dichos delitos, sino también para ocultar la evidencia. Se utilizó maquinaria pesada para trasladar los cuerpos en camiones desde sitios de ejecución hasta sitios primarios y de estos últimos a sitios secundarios, en un intento de volver a ocultar la evidencia que ya había sido expuesta a través de las imágenes satelitales (Jugo 2017; Srebrenica Memorial Center s. f.).
Tal es el caso del depósito de Kravica (Srebrenica Memorial Center s. f.). Los cadáveres de este sitio posteriormente fueron movilizados utilizando palas mecánicas. En el proceso se destruyó parte de la mampostería y de las puertas del lugar. Luego fueron llevados en camiones a las fosas de Glogova. Estas posteriormente también fueron alteradas por los perpetradores, quienes, otra vez, usando palas mecánicas, movilizaron los cuerpos a fosas secundarias en Zeleni Jadar, como se menciona párrafos arriba. Este es quizás uno de los casos más insignes, en tanto se logró vincular sobre la base de la evidencia forense, tanto los cuerpos, como la evidencia material. Sin embargo, hubo otros casos en los que sucedió algo parecido, como los de Lazete y Hodžići 3, 4, y 5 también relacionados entre sí (Manning 2000; Tyers 2009).
Para el caso de Kravica, Glogova y Zeleni Jadar, se logró, además, durante los análisis de morgue, evidenciar la relación debido al daño generado en los cadáveres post mortem por la maquinaria. Esto se hizo comparando bordes de fracturas. De igual forma, se pudo establecer la uniprocedencia, en unos pocos casos, entre cadáveres y partes corporales que se hallaron en las distintas fosas a partir de los análisis médicos y antropológicos forenses realizados de manera conjunta. Además, se hallaron similitudes entre la composición geológica del terreno del sitio primario con la del relleno del sitio secundario. Finalmente, fue posible observar restos de la mampostería, así como de los elementos eléctricos, provenientes del sitio de ejecución, tanto en la fosa primaria, como en la secundaria, permitiendo establecer la relación entre los sitios. Estas distintas evidencias fueron un indicador importante para señalar que se trató de una acción concertada por parte de los ejecutores, que requería una cantidad considerable de recursos humanos y de infraestructura y que fue orientada a intentar ocultar los crímenes cometidos.
Mover los cuerpos de un sitio a otro utilizando maquinaria pesada es algo que no se ha documentado de una forma tan masiva para ningún otro conflicto. Este modus operandi generó inconvenientes importantes al momento de la identificación dada la dispersión que conllevó de los restos. La defensa de los acusados llegó a sugerir en su momento, que no se trataba de fosas secundarias, sino primarias, de muertos en combate, lo cual fue fácilmente rebatido por la evidencia forense tanto de campo como de morgue, que permitió probar cuándo se trataba de sitios primarios, cuándo de secundarios, y la relación entre los mismos.
El análisis interdisciplinario de los cadáveres permitió obtener información que contribuyó, junto con las labores de campo, no solo a establecer relaciones entre los sitios de ejecución con sitios primarios y secundarios de inhumación. Además, permitió establecer la manera en que muchas de las fosas habían sido elaboradas (y luego alteradas), utilizando maquinaria pesada con este fin. Eso último fue posible debido a las evidencias que se hallaron en los sitios, entre ellas, las huellas de la maquinaria en la tierra y en los cadáveres mismos. Esto facilitó a su vez que se contrastara y corroborara la información obtenida durante las entrevistas realizadas por el tribunal a testigos, así como a sobrevivientes y familiares, en relación a los hechos, a los sitios y tiempos, tal como se habían documentado hasta ese momento (Tyers 2009).
Esta información ayudó a establecer cuáles eran los mecanismos y las causas de muerte. Aportó evidencia con el fin de sustentar los ataques a civiles indefensos, así como también permitió demostrar que se trataba de población musulmana, dados los hallazgos asociados a los mismos, lo que hizo posible, a su vez, describir los crímenes que se cometieron. En ese sentido, se registró la presencia de vendajes en los ojos en 270 casos y ataduras en las manos en la parte posterior del cuerpo en 407 casos (Manning 2000). El análisis de los vendajes y ataduras permitió establecer relaciones entre los cuerpos de fosas primarias y secundarias.
Además, se evidenció la presencia de pequeños ejemplares del Corán dentro de los bolsillos de las prendas de las víctimas, muchas de las cuales correspondían a personas con movilidad disminuida, o con problemas de visión (se hallaron prótesis oculares). A lo anterior, se suma el hallazgo de que muchas personas llevaban varias prendas de vestir puestas, a pesar de que fuera pleno verano. Esto demuestra que eran civiles huyendo y no combatientes como lo alegan, aún hoy en día, los serbios. Asimismo, se hallaron relojes que permitieron inferir fecha aproximada de la muerte, de acuerdo con su mecanismo. Estas fechas eran coincidentes con las fechas en que se denuncia que ocurrieron las masacres relacionadas con la caída de Srebrenica (Manning 2000).
Las necropsias también demostraron, primero, los patrones de daño generados como parte de las lesiones causadas tanto peri como post mortem, segundo, el tiempo aproximado de la muerte y, tercero, en algunos casos la identidad de las víctimas, a partir de las prendas, los documentos y en general los elementos asociados distintos al material de interés legal. Este último aspecto quizás fue el más complejo. Dada la magnitud de los hechos, o bien, muchas familias enteras fueron asesinadas, o bien, muchos sobrevivientes tuvieron que huir fuera de Bosnia en condición de desplazados. Además, muchas familias guardaban la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. Por tanto, no había reclamantes, lo que dificultaba la labor de identificación (Keough, Kahn y Andreievic 2000). Cabe mencionar que, como parte de las labores de morgue llevadas a cabo por el Tribunal, se tomaban muestras a todos los cadáveres con el fin de realizar cotejos de tipo genético. Asimismo, se diseñó una base de datos orientada a almacenar la información post mortem obtenida, como también a almacenar la información relativa a los sitios.
Las labores de investigación forense fueron iniciadas por el Tribunal con el apoyo de Physicians for Human Rights en sus primeras etapas. Luego, de manera independiente, estas fueron continuadas en Bosnia después del año 2003 por la Comisión Internacional para las Personas Desaparecidas (International Comission for Missing Persons, en adelante ICMP, por sus siglas en inglés). Esta comisión había sido creada en 1996 para apoyar a los familiares en la búsqueda. A partir de 2003 encabezaron las labores de identificación de personas desaparecidas en ese país, mientras que el Tribunal realizó tareas de monitoreo (ICTY 2017).
Cabe mencionar que se dedicaron esfuerzos importantes por parte del Tribunal para lograr establecer la identidad de las miles de víctimas, cuyos cadáveres fueron recuperados, algunos de ellos incluso con documentos de identidad asociados a sus prendas. Sin embargo, dada la magnitud de los hechos esta labor fue bastante compleja por lo cual no logró ser finalizada por el TPIY. En ese sentido, la labor realizada en años posteriores por la ICMP fue fundamental para contribuir, por un lado, con el proceso de probar los delitos cometidos y, por otro lado, con ofrecerle un cierre a las familias de los desaparecidos. El trabajo de la Comisión retomó y fortaleció la labor iniciada por Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina (ICTY 2017).
La ICMP intentó de manera inicial acudir a métodos tradicionales como la comparación de la información ante mortem y post mortem. Al hacerlo obtuvo resultados negativos, dado el regular estado de preservación de los cuerpos y la dificultad que entrañaba la comparación a una escala tan grande de una información tan general, como es la que se obtiene a partir tanto de entrevistas a familiares, como de la información obtenida a partir de los análisis de cadáveres mismos.
Cabe acotar, que una de las principales labores de este organismo fue la de ubicar y tomar las muestras de referencia de familiares en todo el mundo. Fue una tarea a gran escala, orientada a identificar los cuerpos hallados en las fosas exhumadas por el Tribunal. Las muestras de ADN se utilizaron además para establecer la uniprocedencia entre los cuerpos de fosas primarias y secundarias. Según Kathryne Bomberger, directora general de la ICMP se calcula que hasta la fecha han logrado identificar alrededor del 70 % de las 40 000 víctimas de desaparición como consecuencia del conflicto. Del mismo modo, calcula que, de las 8 000 víctimas de Srebrenica, han logrado identificar alrededor del 90 % de los cadáveres exhumados desde 1996 en relación al caso (ICTY 2017). De acuerdo con el Srebrenica Memorial Center (s. f.) se calcula que a la fecha se han exhumado 94 fosas comunes tanto en Srebrenica como en sus alrededores. De igual forma, señala que se han identificado 6 900 de las víctimas que fallecieron en los hechos allí ocurridos, y que aún quedan cerca de 1 700 personas desaparecidas. Estas cifras concuerdan con las ofrecidas por la ICMP y el TPIY (ICTY 2017).
Lo cierto, es que el modelo de investigación establecido por el Tribunal marcó un hito importante a nivel de las investigaciones forenses, permitiendo definir pautas de lo que se debe y no se debe hacer en casos de conflicto a gran escala. La mayor enseñanza probablemente sea que el trabajo forense en conflictos de gran escala, como el ocurrido en los Balcanes, requiere de equipos interdisciplinarios con amplia experiencia, lo cual permite optimizar en gran medida las labores a realizar. Asimismo, la infraestructura es fundamental para alcanzar mayores niveles de éxito, considerando que levantar la información, así como procesarla, es una tarea compleja, pero cuyos resultados pueden coadyuvar en aportar material probatorio clave en los juicios contra perpetradores.
En ese sentido, la modalidad de trabajo del TPIY estableció, tanto en campo como en laboratorio, nuevas metodologías de trabajo, que evidentemente dependieron de factores económicos. La capacidad de una institución de tales dimensiones permitió contar con tecnologías novedosas para el momento. Actualmente estas tecnologías han sido mejoradas e implementadas de manera general a proyectos forenses en diversas partes del mundo. Es claro que un elemento clave para la ejecución de proyectos a gran escala radica en contar con los recursos suficientes, así como con voluntad política, con el fin de poder ejecutar las investigaciones en el corto plazo utilizando tecnologías y equipos, tanto técnicos como humanos, que permitan una gran fiabilidad en campo y en morgue.
Asimismo, entre los aportes técnicos, además de los ya mencionados, se cuenta el aprendizaje en la exhumación de fosas con más de 1 000 individuos. Esta es una experiencia que posiblemente ningún equipo forense había llevado a cabo previamente e incluso hasta la fecha son pocas las experiencias a nivel mundial en este sentido. Dicha tarea involucró el uso de tecnologías como la estación total, novedosas en ese momento, para un registro apropiado de la evidencia, además del manejo posterior de la información, como también su adecuada interpretación. Del mismo modo, fue clave contar con espacios de almacenaje temporal aptos para la manipulación y el transporte de cadáveres a gran escala. Esto exigió contar con vehículos refrigerados, dadas las condiciones climáticas de verano al momento de la recuperación, y el estado putrefacto de la mayor parte de los cuerpos. En ese sentido, la experiencia conllevó además aprender a correlacionar de manera adecuada la evidencia a gran escala, no solo a nivel arqueológico, sino además a nivel de análisis de morgue.
Cabe resaltar que, además, las intervenciones realizadas por el TPIY permitieron que se fortalecieran las capacidades, por un lado, de los equipos forenses y, por otro lado, de los forenses independientes, muchos de los cuales lograron vincularse a algunos equipos internacionales, así como a organismos e instituciones en diversas partes del mundo. Este intercambio favoreció el florecimiento de nuevas perspectivas frente a los abordajes forenses en la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, conllevó a la realización de varias publicaciones orientadas, primero, a las labores de laboratorio e identificación (Baraybar y Gasior 2006; Kimmerle y Baraybar 2008; Quiñones 2021, 2011, 2004; Ross y Konigsberg 2002; Warren 2007) y, segundo, a temas relacionados con las investigaciones en campo (Jugo 2017; Skinner y Sterenberg 2005; Steadman y Haglund 2005; Tuller y Ðuric 2006). Estos trabajos, sin embargo, no alcanzan a reflejar en la dimensión suficiente la enormidad del trabajo realizado y de los aportes técnicos, metodológicos y procedimentales llevados a cabo, que bien pueden ser objeto de un libro.
Conclusiones
El conflicto en los Balcanes es uno de los más graves del siglo pasado en lo referente a la comisión de violaciones a los derechos humanos y al DIH. Ante esta situación, se creó el TPIY, con potestad frente a cuatro tipos crímenes: primero, en relación a las violaciones al Convenio de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales; segundo, en cuanto a las violaciones a las Leyes y Costumbres de la Guerra, trazadas por la Convención de la Haya de 1907, que rige la guerra por tierra; tercero, el Tribunal de Nuremberg de 1945 donde se reconocen a la vez los crímenes de guerra; cuarto, en relación al delito de genocidio y los crímenes de lesa humanidad, contemplados por el Tribunal de Nuremberg y por la Ley 10 del Consejo de Control para Alemania, que para el caso de la antigua Yugoslavia tomaron la forma de la mal llamada limpieza étnica en forma de genocidio. Durante el mandato del Tribunal fueron enjuiciadas 161 personas, de las cuales, 90 fueron sentenciadas; de estas últimas 59 ya cumplieron su condena y nueve fallecieron en prisión. Entre ellos Slobodan Milošević, quien en el 2006 falleció en la prisión de la Haya, mientras enfrentaba 66 cargos por crímenes de guerra, incluida la masacre de Srebrenica (Quiñones 2021). El mandato del Tribunal culminó en 2017, en razón de lo cual se liberan todos los documentos al público con el fin de ser consultados y conocidos.
Las investigaciones adelantadas por los equipos forenses del Tribunal aportaron un número significativo de evidencias físicas irrefutables que corroboraban las violaciones al derecho internacional cometidas en forma de masacres, ejecuciones arbitrarias, desapariciones, torturas y genocidio. Hubo dos elementos que permitieron establecer la relación entre sitios de ejecución, sitios primarios y sitios secundarios. El primero fue la adecuada recuperación de las evidencias, por un lado, de los cadáveres, sus posiciones y orientación, como, por otro lado, de los elementos asociados a los cuerpos, como los pequeños ejemplares del Corán en los bolsillos de las víctimas y el hecho de que usaran múltiples prendas de vestir, dado que se encontraban huyendo. El segundo fue el debido registro de la evidencia hallada a partir del uso de técnicas arqueológicas forenses. Estos elementos fueron de mucha ayuda considerando que los sitios de ejecución y los sitios primarios eran coincidentes o estaban muy cerca, como en el caso de Kozluk o Nova Kasaba.
En otros casos, se evidenció que cientos de personas fueron ejecutadas en sitios al aire libre o en edificaciones. Una de ellas fue un almacén en Kravica, desde donde los cuerpos fueron removidos para luego ser trasladados al sitio primario en Glogova 2, el mismo que fue alterado por los perpetradores para trasladar los cuerpos a un sitio secundario en Zeleni Jadar con el fin de ocultar la evidencia. Los análisis de suelos, así como de elementos pertenecientes al sitio de ejecución, fueron coincidentes con los hallados tanto en el sitio primario, como en el secundario. Del mismo modo, se logró en algunos casos, a partir de los análisis antropológico-forenses en morgue, contrastar las fracturas generadas por la maquinaria pesada en los cuerpos que se hallaban en la fosa primaria durante el proceso de alteración, con las partes de cuerpo halladas en la fosa secundaria. Asimismo, se pudo contrastar las ataduras y vendajes, halladas en las fosas o directamente relacionadas con los cadáveres, que indicaban que la población se encontraba indefensa al momento de los ataques. Dichos elementos permitieron vincular la información entre los sitios primarios y secundarios. De igual forma, el Tribunal logró establecer la identidad de algunas de las víctimas. Sin embargo, esta tarea se reforzó posteriormente por otras entidades y continúa hasta la fecha.
Si bien la labor fue interdisciplinaria, pues contó con la participación de médicos que contribuyeron principalmente a establecer causas de muerte y de técnicos forenses que analizaron la evidencia asociada y permitieron establecer una buena parte de estos hallazgos, el rol de los arqueólogos y antropólogos forenses fue fundamental. Uno de los elementos claves en este proceso fue posiblemente la participación de forenses independientes y de equipos multinacionales, algunos de ellos latinoamericanos, con experiencia previa. Otro elemento clave fueron los recursos económicos invertidos para lograr llevar a cabo las investigaciones que permitieron contar con las tecnologías y los espacios apropiados, para lograr los mejores resultados.
A nivel técnico e interpretativo, desde la arqueología, si bien los equipos forenses ya contaban con experiencias previas que aportaron a los procesos, aprendieron el trabajo en sitios masivos, lo cual difícilmente se logra en contextos distintos a los de guerra. En ese sentido, primero, el uso de las entonces nuevas tecnologías, como la estación total, para el registro de evidencia a gran escala y; segundo, el aprendizaje en torno a la interpretación de dicha evidencia en cuanto sitios primarios y secundarios se refiere fueron posiblemente unos de los mayores aportes recibidos por participar en la investigación. De igual forma, fue de gran importancia aprender a reconocer y diferenciar sitios de ejecución y sitios de entierro, que evidentemente señalan problemáticas muy distintas y complejas de abordar. El proceso tomó algunos años para el TPIY, pero continuó posteriormente en cabeza de forenses de la International Comission for Missing Persons (ICMP) que ha logrado que los porcentajes de identificación de las víctimas de la masacre de Srebrenica hayan sido particularmente exitosos (90 % de los casos exhumados). Estos logros contrastan, por ejemplo, con lo logrado en Colombia con los procesos de Justicia y Paz, donde los niveles de éxito en las identificaciones no superan el 50 %. Esto se debe en gran parte por las dificultades en relación a la ubicación de información preliminar y a la cantidad de recursos invertidos para la realización de análisis genéticos, lo cual impacta de manera importante en la identificación de las víctimas del conflicto.
La evidencia forense aportada por los equipos multidisciplinarios conformados por el TPIY contribuyó en este proceso, asegurando justicia para las víctimas de la masacre de Srebrenica. De esta manera, el Tribunal condenó a cadena perpetua a Radovan Karadzic en 2016 y al comandante Radko Mladić en 2017, por crímenes de guerra, genocidio y delitos contra la humanidad (Klinkner 2016; Travis 2021).
A la fecha, los serbios niegan que más de 8 000 personas hayan sido asesinadas en Srebrenica. Según la defensa de los perpetradores, los fallecidos no habrían sido más de 3 000, todos en combate, con lo cual niegan la comisión de genocidio. Dichas sentencias a Karadzic y Mladić hubiesen sido imposibles de no haber contado con la gran cantidad de evidencias que fueron aportadas por la arqueología y la antropología forense. En ese sentido es clave resaltar el aporte de estas disciplinas al éxito de las cortes penales nacionales e internacionales, así como en general aquellos entes encargados de la investigación de graves violaciones a los derechos humanos en el mundo. Su labor permite el acceso a la justicia y a la verdad a los familiares de las víctimas y a las sociedades afectadas por estos delitos.