Institución, gestión y hegemonía: ámbitos políticos del patrimonio arqueológico

Los debates permanentes de la arqueología se orientan hacia la explicación de la funcionalidad de la ciencia en la actualidad, tanto en el aspecto social como en el político y económico. Así, desde Latinoamérica se han propuesto varias corrientes teóricas que persiguen este propósito, como es el caso de las arqueologías social, comunitaria y pública, que trascienden los planteamientos conceptuales y metodológicos hasta reformularse en un ámbito directo con la política y la economía y generar un vínculo con el patrimonio arqueológico. Este patrimonio es conceptualizado como la síntesis simbólica de valores identitarios de una sociedad que los reconoce como propios (^{Iniesta 1991}), y también como el acontecimiento o materialidad que “remite a las relaciones que los pueblos y sus élites tienen con su pasado; los discursos que los estados y sus gobiernos construyen sobre la memoria, la identidad y la historia local o nacional” (^{Armenta 2009, 7}), es decir, existe una ambivalencia entre lo político público y el uso social local.

En este escenario se propone la arqueología pública como una perspectiva teórica, conceptual y práctica que, entre varios de sus enfoques, considera aspectos como el vínculo de la ciencia con la sociedad (presente), la circulación y apropiación del conocimiento arqueológico, el patrimonio y la autoridad del arqueólogo frente a otros sujetos sociales (^{Salerno 2013}). Estas características plantean una particularidad que recae en las problemáticas del patrimonio, en los procesos de materialización, la interdisciplina, la interacción con la comunidad y la sociedad (^{Criado-Boado 2010}). Por ello, entre los presupuestos de la arqueología pública están, por ejemplo, entender la ciencia “como una actividad social, situada, y que tiene lugar en múltiples contextos (históricos, políticos, económicos e institucionales)” (^{Salerno 2013, 9}), y para este propósito hay que comprender y relacionar los fundamentos epistemológicos y ontológicos.

Con base en los argumentos expuestos, en la lógica de la arqueología se construye la categoría de lo público, expresada como espacio de “disputa de significados mediante el cual se establecen fronteras sociales a partir de la representación dicotómica público/privado” (^{Salerno et al. 2016, 11}), principalmente, cuando se plantea desde las relaciones institucionales e individuales. Esta dimensión pública de la arqueología delimita los contextos de participación social y política, en términos de clasificación y organización social. Entonces, la dicotomía queda en evidencia en los instrumentos legales, jurídicos y administrativos, tomando como punto de partida la Constitución de la República del Ecuador.

Así, se dispone de dos tipos de documentación. Por un lado, aquellos que refieren directamente al plano legal, normativo, como son la Constitución, el COOTAD, la Ley de Cultura, los reglamentos y ordenanzas y, por otro lado, documentos como los planes nacionales del Buen Vivir, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Integral de Gestión del Patrimonio, entre otros. Estos documentos definen el patrimonio arqueológico asociado al manejo político estatal, partiendo de leyes y normas que buscan la protección y usos de este. De esta forma, existe la promulgación de políticas públicas, en términos de territorialidad y delimitación patrimonial, en que lo público adquiere sentido como espacio de interacción de la sociedad y también del ámbito estatal (^{Merriman 2004}).

En este caso, la normativa legal y las políticas patrimoniales del Ecuador se conectan con otros instrumentos e instancias internacionales vinculadas con convenciones ratificadas por el Estado. Por ello, es necesario analizar críticamente estas categorías y su aplicación en la práctica, ya que, pese a que la política estatal reconoce a los sitios arqueológicos como tales, no existe un sentimiento de apropiación, identificación y uso de las áreas arqueológicas por parte de las comunidades locales.

Ahora bien, los instrumentos legales institucionales del patrimonio cultural y arqueológico en el Ecuador existen desde mediados del siglo XX, sin embargo, para este estudio se contemplan los documentos producidos durante los últimos dieciséis años, a partir de 2007, con el escenario político coyuntural de propuesta constitucional y, de 2008, con el robo de la Custodia de Riobamba⁴, que desembocó en un decreto de emergencia cuyo objetivo fue registrar los patrimonios del Ecuador (material, inmaterial, mueble, inmueble y documental). Estos acontecimientos cimentaron las bases para un cambio de concepción y tratamiento del patrimonio cultural y arqueológico debido a la cantidad de recursos económicos asignados y las políticas generadas.

En este contexto legal se reconocen entradas de análisis como saberes, identidad, ancestralidad, cultura, memoria, pasado e interculturalidad, relacionadas con el componente arqueológico. Por ejemplo, en la Constitución de la República del Ecuador se plantea el tema de identidad con base en una construcción y concepción de elementos, tanto naturales como culturales, bajo la lógica de paisaje y población, es decir, un territorio y sus representaciones en infraestructura como museos, documentos, objetos (2008). También, sobre la ancestralidad, el territorio es justificado como unidad geográfica e histórica y dimensionado desde los ámbitos natural, social y cultural, productos de un legado ancestral.

Asimismo, en la Ley de Cultura del Ecuador (2016), el patrimonio arqueológico se plantea en función del patrimonio cultural nacional. Aquí se reconocen: sitios arqueológicos prehistóricos y coloniales (yacimientos, monumentos, fortificaciones, edificaciones, cementerios y otros); objetos arqueológicos (osamentas y fósiles, utensilios de piedra, cerámica, madera, metal, textil y otros), prehistóricos y coloniales. Además, las áreas arqueológicas son concebidas como el espacio o yacimiento “que contiene restos de estructuras, vestigios de culturas y presencia humana, y suelos de ocupación hallados mediante prospección de superficie y subsuelo” (11). De acuerdo con esto, las construcciones y elaboraciones patrimoniales recurren a conceptos expresados en el conocimiento disciplinar y académico al elaborar discursividades en función del tiempo y el espacio como mecanismos de identificación y pertenencia. De igual manera, se establecen otros hitos legales sobre esta situación (figura 3).

También, en la mencionada Ley de Cultura, en su artículo 51, el patrimonio arqueológico está considerado dentro del ámbito cultural tangible, conceptualizado como “los elementos materiales, muebles e inmuebles, que han producido las distintas culturas del país y que tienen una significación histórica, artística, científica o simbólica para la identidad de una colectividad y del país” (2016, 11). En este sentido, el patrimonio arqueológico, además de valorar los vestigios dejados por culturas anteriores, permite apropiarse de esta y construir historias para relacionarlas con el legado de generaciones anteriores. Aparentemente, la implementación del término significación da la posibilidad de pensar e incluir procesos sociales e individuales, en que los ecuatorianos conciben y crean sus patrimonios, no obstante, son precisamente estos quienes han sido distanciados de tal proceso.

Sin duda, lo expuesto hasta el momento deriva a instancias e instituciones encargadas del manejo patrimonial. Así, el COOTAD plantea la autonomía en función de competencias y capacidad de emitir políticas públicas territoriales por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), en función de la preservación, mantención y difusión del patrimonio cultural:

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines […]. Cuando el patrimonio a intervenir rebase la circunscripción territorial cantonal, el ejercicio de la competencia será realizado de manera concurrente, y de ser necesario en mancomunidad o consorcio con los gobiernos autónomos descentralizados regionales o provinciales. (Asamblea Nacional 2010, 75)

Las competencias sobre el patrimonio cultural son asignadas a los GAD municipales y parroquiales que, a su vez, podrán gestionar el patrimonio con otras instancias y niveles de gobierno, mediante convenios. Aquí se debe recalcar que, según la Ley de Cultura (2016), el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) será el ente encargado de administrar y gestionar el patrimonio arqueológico y, en el artículo 69 menciona que:

El INPC podrá delegar la gestión de los sitios, zonas o áreas arqueológicas o paleontológicas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados o de Régimen Especial, las instituciones públicas o privadas, instituciones académicas o educativas nacionales o extranjeras domiciliadas en el país y las comunidades, siempre que para ello medien condiciones formales y técnicas que aseguren su conservación, para lo cual deberá emitir la normativa interna correspondiente. (14)

La tendencia de los entes gubernamentales e institucionales es pensar y proponer la administración de sitios arqueológicos y su uso social y productivo a partir o en función del turismo (Asamblea Nacional 2010). Por ello, en el Plan de Ordenamiento Territorial de Sígsig se da un tratamiento al componente arqueológico bajo la lógica de atractivos naturales y culturales: “La infraestructura levantada en el cantón Sígsig es de sesenta registros de atractivos turísticos culturales, entre sus principales tenemos: centros culturales, iglesias, parque arqueológico y quintas” (PDyOT 2015, 78). Bajo esta noción son considerados bienes culturales aquellos que constituyen “una garantía para el desarrollo de la actividad turística que está proyectada a ser una fuente de ingresos significativos en el cantón” (INPC 2014, 22).

Entre los sitios naturales y culturales se proponen, como propicios para el turismo, bajo la concepción del pasado y la memoria (figura 4): Cueva Negra de Chobshi, Castillo de Dumapara, Shabalula, Fasayñán, Ayllón, el centro cantonal, el Museo Municipal, las playas de Zhingate, el Festival de la Manzana, el cerro Huallil, los cerros Negro y Matanga, las playas del río Santa Bárbara y las minas de Infiernillos, así como los ríos Molón y Altarhurco.

Fuente: afiche cortesía de Hernán Morocho, Ecuador, 2023.

Figura 4. Afiche promocional sobre próximas actividades en Sígsig 

En el 2014 se propuso el Proyecto de Manejo Integral del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial del cantón Sígsig, bajo la tutela del INPC, Regional 6. El proyecto se enfocó en reconocer el estado actual de los bienes patrimoniales del cantón e inventariarlos, mediante la actualización del registro en el 2008. Así, las investigaciones debían caracterizar los patrimonios, detectar los riesgos que los amenazan y, a su vez, establecer el patrimonio cultural como un elemento de sustentabilidad cantonal por medio del plan de manejo, que se llevó a cabo en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal (POT).

Una de las principales limitantes para la elaboración de este tipo de documentos es la reducida participación de los actores locales. La orientación metodológica propuesta para desarrollar los planes o proyectos de gestión del patrimonio cultural se sustenta en paradigmas organizacionales que funcionan bajo una dinámica administrativa-empresarial. Al respecto, lo que se valora es el registro, es decir, la parte cualitativa, que no implica mayor involucramiento de la sociedad local, pero sí una prioridad de conocer cuánto hay y cómo está para saber cuánto se necesita.

De modo repetitivo y recurrente, en el PDyOT (2015) se habla de un patrimonio cultural vinculado al conocimiento ancestral de un territorio y tiempo específico -como se mencionó-, el cual es “resultado de todo un proceso histórico de articulación de las formas de producción, los modos de vida y las relaciones que establecen los individuos con la naturaleza y con los demás seres humanos” (93). Esta argumentación es sustancial pues, en cierta medida, el patrimonio trasciende la materialidad hasta tener en cuenta las significaciones, resignificaciones y representaciones sociales, pasando por la conformación de paisajes, aunque, nuevamente, no sean considerados los actores locales y agentes que viven, piensan y le dan significado al patrimonio arqueológico.

Sin duda, tanto la arqueología pública como las “otras” arqueologías (contractual, por ejemplo), se enmarcan en el contexto y giro conceptual de la arqueología tradicional -o visto de manera tradicional-, en la que la ciencia se conectaba directamente con la prospección, la excavación y la inferencia de acontecimientos a partir de la materialidad. En la actualidad, la arqueología y los arqueólogos ponen en escena la relevancia de las investigaciones “en relación a la formación de las identidades culturales o también sobre el impacto de la civilización humana en nuestro espacio vital” (^{Vogt y Linstädter 2019, 6}). En definitiva, los ejes de discusión de la arqueología pública y que se expresan hasta el momento en los instrumentos legales y normativos se sintetizan en: a) la exclusión de la gente en la construcción y presentación del patrimonio cultural, b) la falta de reflexión en las implicaciones socioeconómicas y políticas que conlleva el estudio o conservación de un sitio arqueológico para las comunidades próximas, c) la nula o escasa comunicación con la gente para la cual se desentierra y explora diariamente el pasado (^{Dansac 2012}, en ^{Salerno 2012}).

Cartografías participativas: los actores dibujan y viven el territorio

Las CP se centran en hacer visible la dialéctica entre los actores locales, sus elementos naturales y culturales más relevantes del territorio, y su vínculo con la visión que tienen los investigadores sobre el espacio, con el fin de plasmar este conocimiento en información cartográfica y descriptiva (^{Pájaro y Tello 2014}). La dinámica de las cartografías participativas se enfoca en la comunidad como encargada de hacer los mapas, porque es la que conoce mejor su territorio, sus relaciones sociales, potencialidades, conflictos y límites.

Las CP en América Latina suelen enmarcarse en el movimiento crítico de investigación acción participativa (IAP), que fue desarrollado por el investigador colombiano Orlando ^{Fals Borda (2000)}, aunque precedida por Paulo Freire, gracias a su trabajo sobre la educación liberadora (^{Habegger y Mancila 2005}). La IAP tiene como objetivo generar un conocimiento liberador y situado, es decir que parta de lo comunitario y consensuado, y que sean los mismos actores locales los que expliquen su realidad desde un enfoque sistémico. Al respecto, ^{Smith (2003)} menciona que la intervención local consolida estrategias de cambio (procesos de transición) y promueve la toma de decisiones, todo esto destinado a alcanzar transformaciones en beneficio de la comunidad a nivel local, y en niveles superiores cuando se conecta con experiencias similares (redes).

El enfoque teórico metodológico de las CP surgió, según ^{Bryan (2011)}, en la década de 1970 como una herramienta utilizada por las comunidades nativas indígenas de Canadá y Estados Unidos para la defensa de sus territorios. A partir de la década de 1990, pero con mayor énfasis en los últimos veinte años, las CP han sido aplicadas con más fuerza por comunidades indígenas y campesinas en América Latina, y puntualmente en el Ecuador, para monitorear impactos ambientales (^{Sletto et al. 2013}). De la mano de los sistemas de información geográfica, organizaciones ambientales han creado un repositorio de información socioambiental georreferenciada, especialmente para la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, el trabajo del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y el Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo (2017) es un claro ejemplo del aporte de la geografía radical latinoamericana que deconstruye totalmente el sentido de lo que se tenía entendido por cartografía, e incluye no solo las representaciones e interpretaciones de los territorios, sino que crea herramientas que denuncian los efectos que tienen las actividades mineras y petroleras sobre el cuerpo de las mujeres indígenas, quienes están en primera línea de defensa contra el extractivismo (^{Zaragocin y Caretta 2021}).

Al integrar puntos de vista actuales y el saber local en la interpretación de paisajes históricos a través de la cartografía participativa, los estudios arqueológicos adquieren una mayor riqueza y relevancia (^{Álvarez, Greco y McCall 2019}), sin embargo, ^{Byrne (2008)} señala que la arqueología ha priorizado el uso de mapas convencionales, es decir, aquellos que se construyen desde una mirada occidental, lo que ha reforzado la idea de que los sitios arqueológicos pertenecen exclusivamente a sociedades antiguas, sin tener en cuenta que las poblaciones actuales entienden, incorporan y usan estas evidencias materiales en su vida diaria. También, los gobiernos locales por medio de los PDyOT usan bases cartográficas técnicas que entienden y dividen el territorio en unidades fragmentadas de paisaje (^{Palacios 2017}), donde le dan más importancia a la geografía física del lugar y encasillan el patrimonio cultural en una lista de tradiciones folclorizadas. Por lo tanto, el patrimonio es representado de manera estática y no se consideran los conocimientos y saberes, ni las conexiones emocionales o los usos que las comunidades actuales les dan a estos paisajes.

Al retomar lo mencionado, el trabajo que la geografía crítica latinoamericana está llevando a cabo para visibilizar los conflictos que se generan en torno a la explotación inadecuada e intensiva de la tierra-agua está vinculado, igualmente, con el derecho de los pueblos campesinos e indígenas para manejar su patrimonio cultural. Dentro del contexto de América Latina, diversos actores sociales y políticos han planteado reclamos relacionados con la propiedad y pertenencia cultural del patrimonio arqueológico. Por lo tanto, paulatinamente se ve una producción arqueológica de la región latinoamericana que está apostando por reintegrar la dimensión humana en las investigaciones espaciales en la arqueología gracias al uso de las CP. Como mencionan ^{Álvarez y McCall 2019}, los estudios de la arqueología del paisaje no se limitan tan solo a analizar la vida de las personas que construyeron y habitaron los paisajes del pasado, sino que también buscan incorporar las perspectivas y conocimientos de las comunidades actuales que viven, usan y modifican estos paisajes, no obstante, ha sido un reto para esta ciencia descubrir herramientas que faciliten el proceso de nuevas interpretaciones y resignificaciones del patrimonio arqueológico.

Siguiendo los estudios de ^{Álvarez y McCall 2019}, existe una amplia variedad de herramientas disponibles para llevar a cabo el proceso de las CP. Algunas van desde métodos más tradicionales como la creación de mapas mentales o croquis graficados, hasta el uso de cartas topográficas y fotografías aéreas. De igual manera, se incluye el uso de nuevas tecnologías como dispositivos y aplicaciones móviles, que permiten flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones y necesidades locales. Sin embargo, cabe mencionar el trabajo de las cartografías disidentes y críticas que incluyen por ejemplo el mapeo cuerpo-territorio para visibilizar la violencia en territorios feminizados, empobrecidos y marginalizados.

Para este estudio se trabajó mediante croquis graficados de modo libre o también conocidos como mapas mentales, que son herramientas útiles y sencillas de aplicar con aquellos grupos que tienen una primera aproximación a dicha temática, en este caso, al patrimonio arqueológico. La actividad se desarrolló con talleres en áreas comunales (figura 5). En primera instancia se utilizó un papelote (papelógrafo), que distinguió los límites de un territorio, ya sea de todo el cantón como de sus parroquias. Este mapa base coadyuvó para que los participantes conectaran sus experiencias, percepciones y usos que tienen y le dan al patrimonio, en especial el arqueológico. En esta indagación, la CP se aplicó a estudiantes de colegio, profesores y otros actores locales, así como presidentes de juntas parroquiales y líderes de organizaciones comunitarias. Las edades estaban entre los catorce y los setenta años, con la finalidad de recuperar y comparar una variedad de criterios.

Fuente: fotografía de Miguel Angel Novillo Verdugo, cantón Sígsig, Ecuador, 2022.

Figura 5. Taller de cartografía ejecutado en la Unidad Educativa 16 de Abril 

También se registraron las reflexiones entre los actores por medio de audios y tomas fotográficas del taller, lo cual fue vinculado con la indagación de las imágenes del espacio graficado. El análisis consistió en sistematizar las memorias de cada uno de los talleres a través de la transcripción de audios, para, más adelante, incrustar las imágenes elaboradas por la población y generar algunas interpretaciones por parte de los investigadores.

En un sentido más amplio, las CP (figura 6) se formularon en lugares de constante afluencia de habitantes, bien para cumplir actividades educativas o administrativas del ordenamiento territorial. Así, mediante la conformación de grupos de trabajo (cinco personas) se realizaron talleres con sesiones aproximadas de dos horas, aplicadas en jornada laboral (de lunes a viernes). Al final de cada cartografía se designó un representante del grupo, quien explicó cada elemento dibujado. De igual manera, se establecieron categorías de análisis a partir de la saturación de información.

En cambio, la técnica de la entrevista tuvo las siguientes características: primero, se hizo una identificación (mapeo) de actores en cada una de las localidades, por su experiencia: actividad laboral (agricultura) y vínculos con temas históricos, estos actores han llegado a conformar colecciones de bienes arqueológicos. Segundo, se aplicó la entrevista cuya duración promedio fue de una hora por actor, con preguntas abiertas precedidas por un guion. Tercero, se realizó la transcripción de entrevistas y la formulación de categorías de acuerdo con el criterio de saturación de la información. Los tiempos aplicados a las entrevistas, generalmente, se efectuaron los días sábado y domingo, pues los habitantes disponen de tiempo libre para cumplir con actividades distintas al trabajo diario.

El ingreso a las localidades, desde el primer momento, fue a partir de la socialización del proyecto en las instituciones educativas y gubernamentales. En este se expusieron los objetivos y las características de la investigación, lo que permitió la firma de compromisos y acuerdos interinstitucionales. De igual manera, la propuesta fue analizada por un comité de bioética, que solicitó que se trabajara con la firma de consentimientos informados. Teniendo en cuenta los acuerdos y los consentimientos, se decidió mantener el anonimato de los entrevistados (decisión de los autores) debido a que se identificaron situaciones como minería y huaquería⁵ que pueden traer consecuencias negativas para dichos actores.

Este planteamiento metodológico permitió identificar las representaciones de los actores acerca del patrimonio arqueológico, es decir, esos signos, que en su mayoría caracterizan a los paisajes en gráficos y palabras. Además, entender cómo y por qué las personas tienen una valoración distintiva de ciertos elementos, no solo arqueológicos sino también naturales, que están vinculados con sus memorias locales e identidad cultural. Y, finalmente, comprender el significado de dichos elementos en el marco social de los territorios.

Agua, oro y minería: discurso social del patrimonio arqueológico

En los apartados anteriores se establecieron los ámbitos legales y normativos que rigen el patrimonio arqueológico, basados en documentos oficiales e institucionales. Además, se establecieron conceptos y pautas en función de la arqueología pública y las cartografías participativas, en el sentido de que estas permiten la identificación de las percepciones y significaciones que los pobladores de Sígsig le asignan al denominado patrimonio. Así, la institucionalidad del patrimonio, a nivel jurídico y normativo, plantea términos elaborados como saberes, ancestralidad, memorias, etc., mientras que en el plano de las percepciones son recurrentes las relaciones de la arqueología con temas, principalmente, sobre el agua, el oro y la minería.

Entonces, las percepciones suceden a nivel cognitivo, y esta es una valoración mental y esquemática de la realidad, de los recursos tangibles e intangibles. Esta percepción puede ser entendida desde la interacción y la disposición. La interacción permite observar cómo se perciben las personas mutuamente y se orientan a partir de ciertas expectativas construidas socialmente (figura 7). La percepción contribuye a establecer formas sociales de vínculos y experiencias afectivas mutuamente condicionadas (^{Sabido 2016}). Sobre la disposición, es la tendencia a percibir de una manera y no de otra.

Fuente: fotografía de Miguel Angel Novillo Verdugo, cantón Sígsig, Ecuador, 2022.

Figura 7. Cartografía que representa los componentes naturales y culturales percibidos por las mujeres del Museo Comunitario de Chobshi 

Por otro lado, los significados sociales vistos con una perspectiva subjetiva hacen referencia al proceso de objetivación en el que “los sujetos construyen significaciones sobre los objetos” (^{Hall 1997, 6}). Se encuentra en un nivel cognitivo, en el que los significados son parte del conocimiento cotidiano, y son indispensables para la sociedad, dado que allí se materializan las diferentes significaciones sobre el mundo social y material, desde las cuales se posibilita el entendimiento, la comunicación y la acción social de los sujetos (^{Cano 2018}).

De este modo, las percepciones y significados que los pobladores de Sígsig, Jima y Güel establecen, a manera de relación entre los sitios arqueológicos y su entorno, deviene en la naturaleza y sus componentes. Aquí resalta el oro, asociación que se manifiesta en mitos, cuentos y creencias, a partir de las llamadas huacas y quemas. Las huacas se representan como lugares mágicos, místicos, en los que el temporal puede cambiar de un momento a otro (de sol a lluvia intensa), y causan miedo en quienes transitan por estos lugares. En cambio, las quemas son llamas que se encienden periódicamente (en general, el Viernes Santo), estas se prenden y apagan. En los lugares donde se localizan las huacas y las quemas existe la creencia de que hay oro, por ello, muchos huaqueros y buscadores de tesoros deciden excavar en los sitios.

Otra representación social que se transmite generacional y oralmente, en función de la percepción, se refiere a una acción de antropomorfismo, en el que las huacas toman forma de mujer. Esta, casi siempre, se asocia con el agua, pues se encuentra en las lagunas bañándose y peinando su largo cabello con un peine de oro; en cuanto se acercan las personas, se desvanece mientras deja caer su peine. Las personas que hallan este objeto se enriquecen, según los relatos:

La señorita Anita Malla Zhunio fue nieta del último cacique de Jima, Juan Crisof Tomo Zhunio. Un día, caminando por la cordillera, se fue a los pajonales con sus borregos a pastar en los campos. Pasó por una laguna, que nunca se seca por más verano que sea. La señorita estaba junto a los borregos y [en] una de esas vio en la laguna que algo emergía de adentro y hacía olas. Ella se asustó, cuando de pronto salió una doncella de su interior, vestida de chola cuencana, con pollera, sombrero y collares, todo brillante: era la huaca que estaba con el peine. La huaca se peinaba y cuando vio a la señorita se espantó y botó su peine a un lado. Luego se sumergió en el agua. Al cabo de este acontecimiento, la señorita agarró el peine de oro que la huaca arrojó al lado. Desde allí, quedó muy rica, y por supuesto, sus descendientes, hasta el día de hoy. (Anónimo, comunicación personal, abril de 2023)

Asimismo, las montañas son relacionadas con adoratorios, fortalezas y lugares de enterramiento. De ahí que las personas encuentran osamentas, tiestos y objetos arqueológicos íntegros en estos sitios. Inclusive, una imagen clara de los espacios y la presencia de oro reposa en el centro poblado donde, presumiblemente, hay enterramientos con grandes tesoros debajo de las viviendas. Además, prevalece la idea de que el Estado les “va a quitar” cualquier bien u objeto que sea encontrado a causa de la perturbación del suelo y subsuelo (en función de las ideas que surgen de la política y las leyes culturales).

El oro y los imaginarios que se vinculan a este son significativos, pues determinan enfermedades como el llamado antimonio. Las personas adquieren esta enfermedad, generalmente en el momento en que están extrayendo enterramientos u objetos arqueológicos. A esta creencia se le acompaña con otras narrativas que hablan de la desaparición de los objetos de oro encontrados, cuando estos son realizados por mujeres o por personas que fallecen debido al antimonio: “[…] la chica atrapó una mandarina de oro. La puso en su seno y fue a casa; la chica murió de antimonio […]. Encontró una bolita de oro, la enterró y ahora que sacan para vender hay solo un hueco” (anónimo, comunicación personal, marzo de 2023).

Todo esto permite comprender cómo las percepciones definen, casi siempre, representaciones culturales entendidas como esquemas mentales. Estas se crean, individual o socialmente, gracias a un proceso de contacto de los sentidos con los elementos culturales y una organización dentro de nuestra mente: “nos permite dar sentido al mundo mediante la construcción de un conjunto de correspondencias o una cadena de equivalencias entre las cosas -gente, objetos, eventos, ideas abstractas, etc.- y nuestro sistema de conceptos, o mapas conceptuales” (^{Hall 1997, 6}).

Es un proceso que genera un sentido común de esos elementos culturales, es decir, comprendemos en colectividad esos esquemas mentales y es gracias al lenguaje, que nos permite comunicarnos con otros individuos: “depende de la construcción de un conjunto de correspondencias entre nuestro mapa conceptual y un conjunto de signos, organizados o arreglados en varios lenguajes que están por, o representan esos conceptos” (^{Hall 1997, 6}).

Bajo este esquema se presenta el agua. Los vínculos del agua con los sitios arqueológicos y la arqueología se producen con base en mitos e historias, pensamientos mágicos y ceremonias, en función de ríos y lagunas, elementos fundamentales e indispensables para sociedades que practican la agricultura, como Sígsig. Aquí, los mitos de origen y las huacas predominan (^{Novillo et al. 2023}). Esta particularidad es vista y utilizada con un discurso de conservación de fuentes y contaminación:

Y otra cosa es también que la gente conozca los paisajes que tiene nuestro Sígsig, los páramos que tiene, que debemos cuidar, porque ahorita mucha gente, muchos mineros están metidos por la parte de allá, y es de arriba de donde baja el agua para el Sígsig, porque el agua no sube, baja. (Anónimo, comunicación personal, febrero de 2023)

En territorios campesinos e indígenas como Sígsig, la población local depende de los bosques, ríos y lagunas para producir sus alimentos. Por lo tanto, son las propias comunidades, las que, desde antes de la colonia española, han gestionado el uso y acceso al agua mediante los sistemas de canales de riego y las juntas de agua potable. Las juntas de agua son espacios comunitarios que favorecen la cohesión social. Por medio de minkas⁶ y asambleas comunitarias, la población del Sígsig está vigilando sus páramos y fuentes de agua constantemente con la finalidad de que estos lugares estén libres de actividades contaminantes y así garantizar el uso y acceso de este recurso a toda la población local. Entonces, existe una íntima relación entre los actores locales y el agua, lo que les ha permitido estar más expuestos a encontrar bienes arqueológicos (conocidos por sus pobladores como tiestos o entierros de antiguos). En varias entrevistas, los presidentes y técnicos de las juntas han manifestado haber encontrado restos arqueológicos por motivo de sus controles regulares a los sistemas de agua. Aquí han señalado que prefieren no llevarse los entierros a su casa por el respeto que tienen por sus antiguos.

Otras percepciones sobre la minería, según los actores sociales, hablan de un dominio de las técnicas mineras, dado que la región donde se encuentran los cantones actuales de Sígsig y Chordeleg son conocidos por el trabajo en oro, con una actividad de joyería considerada entre las más importantes del país. Así, los entierros con grandes cantidades de oro (tumbas quintaleras), las huacas y las quemas son explicadas desde lo “antiguo”, lo “ancestral” de la actividad minera: “al río vamos con nuestra bateita a minar, a sacar el oro, para comer; en tiempos difíciles de verano, obligados tenían que ir al río; el río que le da de comer, le dé el orito y el sustento” (anónimo, comunicación personal, mayo del 2023).

En la actualidad, el recurso hídrico también significa luchas y conflictos que principalmente están ligados a la minería ilegal. Según un estudio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales del Ecuador (ARC), en el 2019, el GAD provincial de Azuay receptó una serie de denuncias por minería ilegal, sobre todo, en el cantón Sígsig. Las autoridades provinciales, junto con comuneros, hicieron un recorrido por las orillas del río Santa Bárbara e identificaron al menos once puntos de explotación minera ilegal y campamentos con trajes de buceo, lo que indica que los mineros explotan el oro en aguas represadas para remover material por donde las máquinas no logran tener acceso (“La fiebre del oro…” 2023). A través de las cartografías participativas, y por medio de entrevistas, se identificó una constante preocupación por los efectos que la minería está causando actualmente en su territorio. Las personas del Sígsig no son ajenas a la explotación del oro y están conscientes de los conflictos ambientales y sociales que acarrea esta actividad, inclusive se preocupan por las consecuencias de la minería sobre el paisaje y el turismo.

¿Qué pasa si entran acá arriba los mineros? Nos acaban todos estos cerros ¿nosotros qué vamos a tomar agua sucia? Claro, agua sucia, y después nosotros no vamos a tener agua, imagínense, de acá de Río Negro, la gente ¿hacia dónde llevan el agua? Es a Gualaceo donde llevan ¿por qué? Porque por allá ya están quedándose sin agua […], pero ahí vamos a proteger el ambiente, iremos a cuidar, no hagamos esto de que la gente, los mineros vengan y nos destruyan todo […] si la gente no conoce arriba dice, no pues ¿en dónde será ese Ayllón, en dónde será ese Molón, en dónde será ese Quillao? En cambio, si la gente viene, se conoce, se hace por ejemplo un video promocional la gente dice ve, bonito este paisaje, vamos allá y hay que ayudar a cuidar. (Anónimo, comunicación personal, enero de 2023)

Una actividad alternativa, que deviene de la significación de los sitios, objetos, bienes y materiales arqueológicos, es el turismo. Este permite cuidar y proteger la naturaleza, siempre y cuando sea gestionada y puesta en práctica por los propios habitantes de los sitios:

Le dije, si vamos para arriba, si vamos a quedarnos de camping, qué hacemos, llevamos, nosotros llevamos dos cocineras, las chicas ya ganan, vamos nosotros ya tenemos un ingreso, van los dueños del caballo, tienen su ingreso, vamos al mercado, tiene su ingreso la señora del mercado. (Anónimo, comunicación personal, febrero de 2023)

En este sentido, la actividad turística en torno a la naturaleza y la cultura se presenta como panacea frente al devastador desarrollo de la minería, tanto artesanal como a gran escala. Sobre la propuesta del turismo comunitario, en Güel el componente arqueológico es vital, pues en este territorio se localiza el cerro Fasayñán y la laguna de Ayllón:

Primero sería la historia, la idea es incluso hacer unos pequeños trípticos que se lleven como recuerdito de aquí y luego pues sigue contando la historia y lo que está ahí y puede haber hasta fotos e irles indicando dentro del folletito mismo lo que hemos encontrado de lo que hay, el tema de las huacas arriba. (Anónimo, comunicación personal, enero de 2023)

Para terminar, es importante reconocer el significado de cuidado, protección y conservación de los restos materiales y de los sitios arqueológicos, a pesar de las actividades diarias que implican perturbación de espacios para las actividades agrícolas o de construcción, sean viales o de vivienda. También, puede parecer contradictorio el tema del agua y su conservación (tema minero).

Conclusiones

Esta investigación tuvo dos objetivos, por un lado, identificar las percepciones, los significados y las resignificaciones que los habitantes de las localidades de Sígsig, Güel y Jima le asignan al patrimonio arqueológico y, por otro, explicar el modo como se entiende y usa dicho patrimonio desde el ámbito institucional, normativo y legal, frente al uso que los habitantes hacen. Entonces, se desprenden varias reflexiones que denotan divergencias entre el uso político y el uso social, con lo que queda claro que los sentidos de pertenencia y de interpretación difieren entre las dos instancias.

Así, un primer elemento que define los vínculos de los sitios arqueológicos con la memoria y la significación de los lugares es la oralidad. Esta es transmitida generacionalmente hasta que se convierte en un vehículo de creencias y de educación no formal que, inclusive, alcanza hasta los ámbitos y escenarios escolares. De ese modo, los relatos orales se fundamentan como verdades y hechos objetivos en la sociedad, es decir, se constituye como un conocimiento más, que tiene la misma importancia que la historia oficial. Por ello, los actores locales han establecido un nexo con la sociedad y, como tal, son reconocidos como autoridades históricas y discursivas, cuya voz se concibe como real o la representación de la realidad pasada.

Un segundo elemento se refiere a las percepciones de los pobladores, las cuales giran en función de lo mágico. El oro y los tesoros son vistos como un objetivo para mejorar la economía (rural y campesina). Es un incentivo que los lleva a recrear historias como las quemas y las huacas, por ejemplo; son historias que motivan a buscar el preciado tesoro. Estos relatos son transgresores de la realidad y, a su vez, están cargados de juicios de valor y lecciones de vida que, en cierta medida, precautelan el cuidado de los sitios arqueológicos, como es el caso del temor que produce el llamado antimonio.

En este punto sobresalen los llamados huaqueros, quienes en el transcurso de su vida han extraído objetos arqueológicos de forma ilegal. Aunque, se debe reconocer que la mayoría de estos son personas de edad avanzada, y sus actividades las realizaron antes de que existiera todo un sistema legal y normativo, por ende, imponer unas leyes o creer que estas son retroactivas es ilegítimo. Por ello, se debe establecer un compromiso de trabajo local, con implementación de estrategias que reviertan los sentidos de los pobladores, y que sea funcional y útil en el presente.

Un tercer elemento se corresponde con la desconexión que existe a nivel de la política cultural con el conocimiento social. Lo político se configura como mecanismos de control, vigilancia y poder, que excluye a los pobladores de las decisiones que se toman a nivel micro, aunque, hace algún tiempo, se conformaron asociaciones y grupos que están incidiendo en el sistema administrativo. El conocimiento y uso social de los sitios arqueológicos debe entenderse y proponerse en función de la práctica y vitalidad que los pobladores recrean sobre el pasado que, inclusive, transgrede el conocimiento académico.

De igual manera, cuando se plantean percepciones, significados y resignificaciones, casi siempre estas se constituyen en un sistema de valores y compromisos en el que también permea el aspecto económico. Así, el objetivo de dinamizar o activar la localidad implica necesariamente una recreación total y, en algunos casos, un secuestro de los bienes patrimoniales locales en beneficio de grupos económicos concretos. Sin duda, el patrimonio cultural y natural puede -y debe- ser rentable, pero, desde la rentabilidad social y ambiental, partiendo de la propia lógica local que ha acabado por definir el valor de un elemento determinado como bien. La materialización de la arqueología y los sitios arqueológicos se convierte en una ficción que desempeña varios papeles, como, por ejemplo, la recreación de una realidad basada en elementos fantasiosos, expuestos en diferentes tiempos, personajes y espacios.

Finalmente, es necesario hablar de lo indisoluble del patrimonio arqueológico en relación con el patrimonio inmaterial y al patrimonio natural. En este estudio quedó en evidencia todo un sistema de creencias y valores asignados a la materialidad, a partir de los elementos naturales y su transmisión oral. Estas narrativas reafirman la transversalidad de los patrimonios y su prevalencia en el medio rural. La oralidad manifiesta las resignificaciones del patrimonio arqueológico y ahí pierde sentido lo institucional y legal. Ese es el punto de controversia y problema entre los ámbitos y su nula correspondencia. Posiblemente, el ejemplo más claro de esta desconexión se haga notoria en la actitud de los pobladores frente a cualquier decisión institucional que, casi siempre, es vista como punitiva, sancionadora y que busca un beneficio unilateral.