Derecho, economía y colonialismo

El equilibrio antropológico para ^{Campillo (2010)} parte de la interrelación de las esferas constitutivas de lo social. La economía, la política, lo ecológico-ambiental y el derecho, cada uno, conforman mediaciones para comprender la dinámica social. Si bien estas son el cuerpo de las disciplinas científicas, la comprensión fidedigna de lo social involucra la lectura holista generada en el análisis de la interacción que proyecta la permanencia o el cambio del equilibrio.

La lectura de ^{Coronil (2000)} que plantea la trialéctica para el estudio de la dinámica social, posiciona de manera destacada lo que es pensado sobre la tierra-naturaleza. Esto permite escuchar la resistencia que expone manifestaciones de cada una de las esferas que constituyen lo social: la economía (^{Zein-Elabdin 2009}), la política (^{Bensaïd 2001}) y el arte (^{Schwedhelm 2022}), lo que posibilita un equilibrio antropológico alternativo generador de apertura de la historia.

Sin embargo, en el capitalismo contemporáneo, llamado neoliberalismo, el código de la esfera económica es involucrado en el resto de las esferas constitutivas de lo social. A tal grado es su permeabilidad que, para ^{Brown (2017)}, la ciudadanía social como contrapeso del capitalismo a lo largo de su historia, ha mutado en el sujeto capital humano, cuyo razonamiento costo-beneficio es considerado la meta de organización de la sociedad.

En ese sentido, el decreto gubernamental es un acto de agencia proveniente del poder ejecutivo, respaldado por el marco legal que emana de la constitución política, cuya operación recae en la mediación representada por la esfera del derecho. Sin embargo, se vuelve un acto arbitrario que convierte al derecho, así utilizado, en un participante más del régimen político despótico (^{Bodenheimer 2021}).

Al legalizar el reconocimiento ciudadano, sobre todo su dimensión social, el derecho es contemplado como instrumento de defensa de los miembros de la sociedad frente a los actos arbitrarios del Estado. Y también es posicionado respecto a ese otro poder adquirido con la concentración de la propiedad de los medios de producción, organizados en las corporaciones empresariales para evitar el escenario que ^{Bodenheimer (2021)} denomina anarquía. Por ende, desde esta perspectiva, el derecho queda situado entre el despotismo y la anarquía.

En el caso mexicano, en la reforma al artículo 27 de la Constitución realizada en 1992 -una de las principales expresiones constitutivas del neoliberalismo- la tierra fue dirigida hacia el mercado. Esto dio cabida al despojo de la tierra y la violencia ejercida contra personas defensoras del territorio, acentuado con la destitución del apoyo gubernamental al fomento del campo mexicano, lo que gestaba el escenario que ^{Bodenheimer (2021)} califica como anarquía y cuyo sustrato empírico se encuentra en el autoritarismo liberal encabezado por Porfirio Díaz, rehabilitado un siglo después con aquella reforma que busca enterrar el imaginario comunitario de Emiliano Zapata, manifiesto en el reparto agrario.

Aquella figuración del derecho situado entre el despotismo del Estado y la anarquía de la propiedad privada, ^{Bodenheimer (2021)} la explica recurriendo a la misma metáfora del origen del intercambio de mercado: el naufragio, ficción retomada de la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe, en la que el personaje Viernes es puesto ante dos posibles escenarios. En uno, tras ser rescatado por Robinson de una horda de salvajes, de manera voluntaria, Viernes opta por la esclavitud; en el otro, la presencia de un contrato genera una relación social entre iguales. Así, la ausencia de esa figura legal de la modernidad resulta ser el criterio de la existencia de la asimetría y, por ende, bisagra para definir la prevalencia de lo atrasado en lo moderno.

Desde la teoría marxista de González (2006), dicha asimetría más bien resulta disimétrica porque la relación salarial es identificada como la fuente constitutiva del capitalismo y origen de la ganancia que resulta del trabajo impago.

La relación salarial que surge del proceso de acumulación originaria del capital -la crítica a la economía política- expone la metáfora del naufragio como un mito fundacional que, por un lado, oculta el proceso histórico del despojo y, por el otro, describe el reparto colonial como un hecho civilizatorio sobre la bestia, es decir, sobre los otros que son vistos así al no ser parte de la población bajo el resguardo de algún Estado central (^{Derrida 2011}).

Esta lectura devuelve la dialéctica capital-trabajo a la tríada capital/trabajo/tierra. En la llamada fórmula trinitaria expuesta en el tomo III de El Capital, ^{Marx ([1972] 2014)} posiciona la renta de la tierra como precedente de la lógica del capital. De ahí que la borradura de ese proceso, en el análisis de la reproducción social, desemboca en la adopción de la concepción burguesa que considera a la tierra un factor de producción y tergiversa la historia porque la piensa desde la historiografía del capital, siempre además con un devenir lineal y progresivo.

Ese mismo postulado se encuentra en la definición de la democracia que Occidente asoció con la libertad individual. Al fungir como criterio de evaluación para el resto del mundo, su carencia es interpretada como retraso o incapacidad de gestar el proceso civilizatorio, aspecto que ha justificado en diferentes tiempos y espacios el uso de la violencia para lograr su consolidación universal (^{Brown 2017}).

Sin embargo, como lo explica ^{Brown (2017)}, dicha democracia se encuentra en crisis por la pretendida autonomía que guarda respecto a lo cultural y lo económico, cuyo resultado ha sido posicionar como criterio fáctico la etérea libertad individual y no así la distribución del poder que el contenido de la resistencia expresa en términos de la búsqueda de un nuevo equilibrio antropológico.

Entonces, el derecho positivo a lo largo de la historia ha fungido como la fuente escriturada legal de la reducción del otro a la condición de esclavitud y promotor del exterminio de pueblos enteros (Matamoros 2021). Se inscribe en esa barbarie al legitimar los actos de despojo escenificados en el despliegue de la violencia física que operan en un marco incierto sobre lo legal y lo ilegal, en que lo indeterminado se sobrepone al estado de excepción: “relación que liga y abandona lo viviente en manos del derecho” (^{Agamben 2004, 24}).

En la historia mexicana esto está reflejado en el genocidio de pueblos y civilizaciones vernáculas nombradas por Bonfil (1987) en México profundo: una civilización negada. Aunque todavía persisten por su resistencia prolongada y organizada frente al proceso de la acumulación originaria que han suscitado la revuelta y la revolución social, cuyo alcance en el tiempo presente se puede observar en quienes rechazan la extensión de la lógica del capital.

Un segmento de la resistencia actual del sureste de México, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, en la región del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), rechaza la imposición y el despojo socioterritorial, ellos afirman “querer el desarrollo y el progreso” como fines de la modernidad, sin que esto implique la destrucción asociada a la abolición de la vida comunitaria que tiene su soporte en la tierra común.

En la lectura de ^{Deleuze (2017)}, la expansión del capitalismo requiere la desterritorialización y la supresión del papel activo de la tierra, aspecto visibilizado de manera simbólica en los rituales y ofrendas practicadas por los pueblos originarios que rinden reconocimiento a la tierra y a la naturaleza, y que también son parte del programa de actividades políticas cuando la resistencia se encuentra.

Por eso, la diada amigo/enemigo, creada con el estado de excepción, involucra al conjunto de la reproducción social; incluso, como lo expone ^{Antoniol (2021)} en su lectura de Foucault, opera en los tiempos “normales” cuando el Estado participa en el control social por medio de la educación, la salud y el trabajo, con lo que crea entonces una permanente guerra civil.

Esa guerra civil está definida desde la nomenclatura del saber de la economía política, cuya legitimidad ha sido confrontada con el contramovimiento descrito por Polanyi (^{Guizzo y Lima 2015}), o con el rechazo a la expropiación y compra de la tierra que resulta reivindicativa de lo común.

Este contramovimiento que aparece con el discurso y las acciones de la resistencia critica la hipóstasis de la relación salarial que acompaña a la doctrina liberal. Esto devela la presencia permanente de la acumulación originaria del capital, los actos de fuerza y la producción de estigmas para quienes se niegan a ser población.

Los megaproyectos que para ^{Flyvbjerg (2014)} modifican la dinámica de la sociedad asentada en el territorio de recepción; en nuestro caso de estudio, promovido por el decreto gubernamental de noviembre de 2021, genera un estado de excepción que implica que “una idea de guerra de ontologías nos lleva al encuentro colonial y a la idea de incompatibilidad de mundos diferentes, con un Estado como máquina en esencia etnocida e incapaz de convivir con lo que no controla” (^{Clastres 2004}, 81-92, citado en ^{Schavelzon 2016, 90}).

En la lectura de ^{Valim (2018)}, el estado de excepción contemporáneo resulta parcial y constituye la forma jurídica del neoliberalismo. Esto se puede encontrar en el “estado de excepción judicial”, aplicado en algunos países de Latinoamérica para descarrilar gobiernos con discurso de cambio social popular. Y también en el decreto del poder ejecutivo que suspende al poder legislativo y al judicial para monopolizar la orientación del uso de la tierra, así como la propuesta de resolución a la crisis económico-financiera planteada por Javier Milei en Argentina.

Si bien el decreto sobre los megaproyectos tiene un alcance geográfico delimitado a una parte del territorio nacional, su repercusión es nacional y global, al llevar la reproducción social de las generaciones por venir a la lógica del capital. Esto resulta en la confirmación de la Tesis VIII sobre el concepto de historia de ^{Benjamin (2002)}: “el estado de excepción para los oprimidos es la regla, y no la excepción” (115).

Los megaproyectos ejecutados en el caso de México con el respaldo de la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, no revertido por los gobiernos subsecuentes, anulan el campo de acción legal de la resistencia. Esta medida propicia el uso de la violencia, incluyendo la acción paralegal y paramilitar, lo cual reconfigura la práctica social de la vida cotidiana al aislar y reprimir los encuentros colectivos y de organización comunitaria, además de estratificar el reconocimiento ciudadano, puesto que existen ciudadanos de primera y de segunda, como lo expone ^{Stepputat (2005)} en el Perú poscolonial.

A este planteamiento elaborado para explicar el proceso de formación del Estado nación debe añadirse que ahora un segmento de la población carece de ese reconocimiento. Los llamados migrantes sin papeles, que en la región sureste de México transitan y de manera temporal viven y experimentan -al igual que en otras partes del mundo- solidaridad, pero también la fuerza del mercado mundial que impone el razonamiento costo-beneficio en las decisiones microeconómicas, que a su vez los convierte en sujetos laborales que participan en la minimización de los costos laborales y de protección social.

Existen decenas de historias locales en las que uno encuentra al homo ethicus o al homo utilitario como experiencia del migrante sin papeles, aunque de manera estructural esa condición es adquirida, en gran parte, de los países latinoamericanos con la operación del despojo de la tierra (^{Suescún 2017}). De ahí la importancia de construir un verdadero estado de excepción que confronte el estado de excepción promulgado por el soberano estatal.

Desde la posición de lucha, Matamoros (2016) lo expresa de la siguiente manera:

Si la violencia mítica impuesta nos obliga a vivir en la violencia mítica de su derecho, el derecho a la vida digna es legítimamente destructor de ese derecho mítico. Si la primera nos impone fronteras, obligaciones del derecho establecido, la segunda sin límites es destructora de esos límites. (82)

En esa senda del derecho a la vida digna se inscriben pueblos que, desde asambleas regionales, por medio de la participación como concejales y delegados vinculados al Congreso Nacional Indígena (CNI) y al Concejo Indígena de Gobierno (CIG), resisten el embate del Estado mexicano con sus megaproyectos: Tren Maya y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Al mismo tiempo, se encuentran sujetos a procesos judiciales con órdenes de aprehensión, amenazas, hostigamiento y criminalización de la lucha y la protesta social. En ese sentido, la resistencia resulta antagónica al derecho mítico.

El vocero de la asamblea comunitaria de Puente Madera, David Hernández Salazar, y diecisiete habitantes más de dicha comunidad son perseguidos por su participación en el proceso de defensa territorial ante la imposición de un polo de desarrollo industrial que hace parte de la planeación del Corredor Interoceánico del Istmo⁵.

Resulta que el acto de la resistencia critica la violencia. Por ende, la relación del derecho con la justicia solo puede ser buscada en los medios y no en los fines, como lo expresó ^{Benjamin (2002)}:

El derecho natural tiende a justificar los medios legítimos con la justicia de los fines, y el derecho positivo a “garantizar” la justicia de los fines con la legitimidad de los medios para trascender la antinomia, y, establecidos en la definición de criterios recíprocos independientes para fines justos y para medios legítimos, puesto que el problema es la legitimidad de ciertos medios que constituyen la violencia. (168-169)

Justo esto es contrariado por el neoliberalismo que vuelve los medios en fines. El derecho adquiere un carácter técnico que conlleva a un movimiento autónomo que consagra en la reproducción social el orden y la seguridad, al tiempo que sacrifica la justicia (De la Torre y De la Torre 2016).

Esto se puede observar en la propuesta de convertir el derecho en instrumento de la política macroeconómica (^{Listokin 2019}), una vez que la política fiscal escenificada en la austeridad como norma de reproducción social del Gobierno y la política monetaria ejecutada con independencia de la banca central, son incapaces de estimular la demanda agregada durante la fase recesiva del ciclo económico.

Que el derecho sea concebido como instrumento de política macroeconómica, como veremos más adelante, implica la suspensión de todas las normas legales externas al criterio de rentabilidad de la inversión para acelerar la ejecución de los proyectos de inversión, lo que vuelve verificable la doble transformación pensada por ^{Vahabi (2004)} en su análisis de la violencia política. Es decir, en la fase recesiva del ciclo, los problemas que trae consigo el desempleo creciente, la caída del producto global y la reducción del ingreso personal son priorizados con respecto a la percepción de los costos, incluyendo los ambientales; aparecen, entonces, sobredimensionados los beneficios esperados de la inversión. Por ende, además de preguntarse quién realiza el cálculo, importa cuándo es efectuado, ya que el momento condiciona y transforma la dimensión cuantitativa, sobre todo, el poder destructivo que se ejerce durante la fase recesiva del ciclo económico.

Si bien el decreto del poder ejecutivo de México (2018-2024) es un estado de excepción parcial en la geografía del Estado nacional, que involucra la orientación de la tierra-territorio en una región con elevada propiedad social, la permeabilidad de lo económico en los distintos campos que constituyen el universo social se convierte en algo significativo.

En principio, contribuye a la repetición de la historia porque el decreto no se piensa para reorganizar el campo de la economía y su interrelación con las otras esferas. Por el contrario, autoriza y acelera la continuidad neoliberal al desatascar el código de la economía capitalista. El contenido jurídico queda definido por la lógica del capital.

En los términos del jurista Stammler (Noguera 2006), la forma se adapta a la materia, con lo que participa en el derecho del proceso violento que se ejerce contra la disidencia, en particular, durante el proceso de resolución de la crisis económica cuando la lógica del capital reclama para sí el monopolio de la resolución.

Esto refuerza el monismo como cualidad de comprensión del objeto de estudio de cada una de las disciplinas de la modernidad, lo cual confronta la exigencia de justicia por parte del pueblo, en particular, los pueblos originarios, cuyo reconocimiento pone en cuestión al Estado como monopolio de la producción jurídica (De la Torre 2022; ^{González 1998}).

En continuidad con el argumento vertido desde la pluralidad, el decreto gubernamental como un estado de excepción impone la indivisión del campo social. Esto figura en un presente totalitario en los términos expuestos por ^{Balandier (2003)}:

El totalitarismo quiere ser el logro de una historia que ha eliminado todas las caras de la modernidad; su grandeza delirante se proclama por sus acciones sin medida, por sus obras monumentales que ocultan una regresión cualitativa de las relaciones sociales y la cultura. La metáfora de la máquina es la que lo designa mejor: una máquina-mundo en potencia que absorbe el espacio, el tiempo, las fuerzas naturales y sociales, los seres, sacando una parte de sus energías de los que ella excluye, utiliza, consume. Esta relación con la máquina es una relación con lo mecánico, con lo no vivo y, por lo tanto, con la muerte. Es ahí donde se marca la diferencia con las sociedades totales de la tradición que quiere estar en armonía con el mundo, orientadas hacia la puesta en marcha más completa de las fuerzas a la vida, comprendida por la captura vital que el sacrificio efectúa. Son sociedades para la vida, mientras que los totalitarismos modernos se constituyen en sociedades para la muerte. (208)

Megaproyectos como seguridad nacional: el derecho a no tener derechos

El inicio de la construcción de los megaproyectos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se proclama casi de forma simultánea al surgimiento de la pandemia por la covid-19 en 2019⁶. Se concreta, incluso, con manifestaciones de resistencia y de lucha organizada por pueblos y comunidades que arguyen efectos ambientales y sociales de los megaproyectos sobre sus territorios.

Es decir, el contexto de estos megaproyectos se ubica en medio de una crisis de salud e infraestructura de servicios sanitarios. Voceros de organizaciones regionales, como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), denunciaron la ausencia de unidades de cuidados intensivos en los principales hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec, en el marco de la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo (comunicación personal con Beas 2020).

Este hecho impone condiciones de muerte y deroga el derecho a la vida, producto de la ausencia de servicios de salud y, simultáneamente, anula el derecho a la protesta mediante detenciones extrajudiciales que resisten la imposición territorial en la que los pueblos se encuentran defendiendo su forma de vida (^{Zárate 2022}).

La institución de la muerte como destino confronta la vida comunitaria de los pueblos con la historia de tradición, bajo un ejercicio de despojo instituido en temas de seguridad nacional; hecho instaurado a partir del mandato presidencial que, con presencia de mayoría simple en el poder legislativo, no se propuso reformar la hacienda pública, ni modificar la política monetaria. La ruta de reforma ha recaído en aumentar la participación del sector público en la rama eléctrica y petrolera y promocionar el territorio del sureste a través de la inversión en los megaproyectos enunciados.

En ese sentido, la respuesta de la resistencia ha sido contundente. A pesar de la existencia de voces que aprueban la expansión del capital en la región, aquella construyó una propuesta de recorrido territorial con la finalidad de compartir agravios, dolores y exigencias por medio de una caravana que fue nombrada “El sur resiste”.

Durante los meses de abril y mayo de 2023, la caravana recorrió ciudades y pueblos de los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; voces disidentes de procedencia internacional y nacional denunciaron el despojo y ecocidio por la construcción de esos megaproyectos; en ella se captaron denuncias colectivas de rechazo al Tren Maya y al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, respaldadas por la participación de colectivos de investigadores, así como de organizaciones comunitarias.

La adhesión de estos pueblos y comunidades al CNI y al CIG proyecta una participación colectiva que refleja una construcción política popular y comunitaria impulsada desde abajo y a la izquierda (^{Anguiano 2020}). La impronta proviene de la trayectoria de lucha indígena y campesina, que ha denunciado la destrucción de la vida de la región sur-sureste de México, mediante campañas internacionales, al plantear una situación de ecocidio que afecta sobre todo a dos ecosistemas importantes de la región: la selva maya y la selva de los chimalapas.

La documentación de la destrucción del paisaje y de los nichos ecológicos de la selva, zona por donde atraviesan las líneas férreas del Tren Maya, capta el descontento de comunidades como Candelaria y Xpujil Campeche, y destaca un entorno desolador que devela la muerte del hábitat de especies, más allá de lo dicho en los discursos deslegitimadores del poder institucional.

En Candelaria, el descontento del pueblo organizado es por la contaminación del río, cuyo cauce había sido bloqueado para la proyección de la línea férrea del Tren Maya, hecho que además fragmenta territorial y socialmente al pueblo, pues quedan separados por las vías del tren.

La devastación de los ecosistemas es un hecho tangible que expone graves impactos socioambientales a nivel planetario, condensados ya en fenómenos que dan cuenta de la crisis climática como crisis civilizatoria; una muestra de ello es el pueblo de El Bosque, en el estado de Tabasco, que ha sido devorado territorialmente por el incremento del nivel del mar. Hasta el momento del paso de la caravana en abril de 2023, el 90 % de la población había evacuado sus viviendas debido al acelerado incremento marítimo; el otro 10 % de las personas se encontraba en espera de obtener un espacio para habitar.

En Oaxaca, el pueblo de Puente Madera recibió la caravana con antorchas encendidas que representan la energía colectiva con la que defienden el territorio, ante la amenaza de la apropiación y el despojo territorial y, con ello, la desaparición de actividades económicas familiares que son el principal medio de sostenimiento en la comunidad.

El territorio defendido es El Pitayal, tierra que conserva una denominación agraria y jurídica de carácter de uso común, es decir, es una extensión de tierra considerada de uso colectivo y, por lo tanto, no es objeto de enajenación ni de posesión individual. Esta denominación ha permitido que la comunidad desarrolle actividades económicas a pequeña escala, basadas en la elaboración del totopo, alimento tradicional y vital en las relaciones sociales, económicas y culturales de esta región.

El Pitayal es como un “banco”, manifiestan las mujeres de Puente Madera, ya que “de ahí extraemos la leña”, que es el combustible para la cocción de alimentos, y sobre todo para la elaboración del tradicional totopo, como fuente de reproducción de la vida. En este sentido, la defensa del territorio, como espacio colectivo, conduce a nuestro análisis central: en torno al uso de la tierra-territorio como eje de lucha, frente a la vía capitalista-neoliberal, instituida mediante un decreto del poder ejecutivo, que busca desdibujar estructuras comunitarias asentadas en un marco jurídico, producto de luchas agrarias obtenidas durante la Revolución mexicana.

La institución jurídica que avala la imposición mercantil sobre la de uso común, por medio del decreto presidencial, conlleva a la expresión colectiva de la resistencia, que gira alrededor de lo siguiente: “la vida se defiende con la vida, más allá de intereses partidistas y utilitarios que fracturan la organización de los pueblos”.

Estas respuestas están interconectadas en estructuras dialógicas y relaciones sociales cohesionadas a nivel internacional, y proyectan un crecimiento de la resistencia frente a un sistema de poder totalitario, cuya construcción lo identificamos en el decreto de noviembre de 2021, emitido por el ejecutivo federal. Este crea así un estado de excepción y la resistencia interpela esta estructura por medio de la promoción de amparos colectivos.

El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil del estado de Campeche obtuvo la suspensión provisional contra la ejecución del Tren Maya que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a abstenerse a realizar nuevas obras:

A pesar de haber sido catalogado de seguridad nacional al megaproyecto “Tren Maya”, por el presidente de la República, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de mayo de 2023. El día 23 de septiembre, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administración del Decimocuarto Circuito, radicado en Mérida, Yucatán, al resolver la queja 369/2023, concedió a Xpujil Calakmul, Campeche, una suspensión provisional contra la ejecución de las obras del Tren Maya, para que la Sedena se abstenga de realizar nuevas obras.

Lo anterior ocurre porque el Gobierno Federal no garantizó el derecho a la consulta a las comunidades indígenas. Esta suspensión obedece a dos ampliaciones de demanda de amparo indirecto, interpuestas ante el juez primero de distrito en el estado de Yucatán, quien admitió a trámite dichas ampliaciones en contra de diversas autoridades responsables. El juez primero de distrito del estado de Yucatán inicialmente negó la suspensión provisional del acto reclamado, pero inconformes los quejosos interpusieron formal recurso de queja y mediante ejecutoria dictada en sesión extraordinaria de fecha 27 de septiembre de 2023. El Tribunal consideró parcialmente fundado el medio de defensa, revocando así la determinación del juez de origen y procede a conceder la suspensión provisional contra la Sedena. (Comunicación personal con organización en resistencia, septiembre de 2023)

A las acciones de resistencia en el ámbito jurídico se suman otras en el territorio, expresadas en los bloqueos carreteros, marchas, organización de foros, encuentros y talleres motivados para rechazar el uso de la tierra-territorio para la actividad capitalista. Estos actos exponen aquello que ^{Campillo (2010)} denomina lo político o política generalizada, ya que el rechazo a la vía capitalista implica la formación de un nuevo equilibrio antropológico, y así la política restringida en la que participa la sociedad civil empresarial.

La política generalizada atraviesa la distribución de lo sensible y, con ello, desestabiliza la asignación de los lugares, entonces aparece el auténtico significado del pueblo como lo plantea Foucault en la lectura de ^{Velasco (2012)}: los que se niegan a ser población. Y con ello buscan desarreglar todo el sistema, lo cual involucra un trazo histórico no sacrificial de los vivos y los que están por nacer.

Sin embargo, esa política generalizada fue confrontada por el poder ejecutivo de México mediante el decreto, cuya finalidad evidente es acelerar la construcción de las obras al eliminar obstáculos administrativos y jurídicos asociados a las normas ambientales y a la consulta libre e informada a los pueblos originarios, lo que hace posible su participación como un dispositivo de la lógica de inmunización, que para ^{Dişci (2023)} acompaña la institucionalidad en el neoliberalismo.

En la institución del marco jurídico neoliberal, la consulta indígena, respaldada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), surge como un medio que legaliza el despojo; la voz de la resistencia rechaza la consulta indígena porque esta adquiere una figura instrumental en la escala nacional y exime los criterios del convenio internacional: previa, libre e informada.

Asimismo, la resistencia explica que hay una correspondencia con una lógica discursiva definida por criterios utilitarios e instrumentales, guiados por el costo-beneficio, que además se enmarcan en condiciones socioespaciales imprecisas, que no exhiben la verdad de los megaproyectos y tampoco son integrales en las necesidades de las comunidades.

Desde la perspectiva de la resistencia, la consulta además impone relaciones de negociación que fracturan la estructura comunitaria e introducen criterios que individualizan los beneficios, lo que genera un ambiente de competencia por ser incluidos en estos. En dicha resistencia al despojo coexiste una “conciencia campesina con tradición comunitaria de preservar la tierra, hecho sustancial en las demandas devenidas de la intervención de la modernidad” (Matamoros y Zárate 2023, 63), desde la cual se piensa que el hambre y el rezago social pueden ser superados sin el sacrificio sobre la tierra colectiva.

La resistencia también visualiza en esos megaproyectos un neocolonialismo⁷, ya que es creada una estructura de dominación y relaciones de poder en los tres niveles de la esfera gubernamental con los pueblos, en que el decreto en sí subordina al pueblo a la superioridad del Estado, subordina el nosotros al yo encarnado por el presidente de la República y abandona la noción de soberanía radicada en el pueblo.

Una organización asamblearia adherida al CNI y al CIG con larga trayectoria en lucha y resistencia en la defensa del territorio del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lo expresa de la siguiente manera:

La nueva casta desarrollista en el Estado (todos sus actores sin excepción) se lanzaron a cumplir la añoranza colonial española -primero- y el deseo estadounidense -posteriormente- de lograr concretar en el Istmo de Tehuantepec una zona de sacrificio para la acumulación del capital, que entre otras cosas es una afrenta al derecho al territorio por parte del capitalismo y el Estado contra los pueblos indígenas y campesinos. Esta nueva casta desarrollista a lo largo de estos últimos cinco años ha aceptado los mandatos del imperialismo estadounidense -sin disimulos, ni queja-, de concretar una Norteamérica más próspera y posicionada en medio de un cúmulo de turbulencias, comerciales y bélicas, que agitan el panorama internacional. (APIIDTT 2023)

El decreto también genera la estratificación ciudadana. Para Fanon, aquellas

personas que están arriba de la línea de lo humano son reconocidas socialmente en su humanidad como seres humanos con subjetividad y con acceso a derechos humanos/ciudadanos/civiles/laborales. Las personas por debajo de la línea de lo humano son consideradas sub-humanos o no-humanos, es decir, su humanidad está cuestionada y, por tanto, negada. (Parafraseo a ^{Fanon 2010} en ^{Grosfoguel 2012}, 93)

Desde esta mirada, los pueblos originarios son considerados ciudadanos de segunda. El papel que se les asigna es de mano de obra precarizada y, en algunos casos, venta forzada de la tierra. El Estado-capital abstrae entonces los medios de la naturaleza (tierra) que de manera estructural obligan a los pueblos campesinos y pesqueros a integrarse para ser sujetos de la explotación.

El poder gubernamental busca así generar una estructura vertical mediante el decreto. El campo social definido por la explotación que genera el ciclo ampliado de reproducción del capital está soportado en la dominación de clases y razas, que resulta en la subsunción del trabajador equiparado a una máquina o a un buey. Para ^{Popitz (2019)}, esto denota la condición de esclavo que tiene lenguaje, pero no voz, y la inclinación de esa verticalidad a la condición de trabajador, vía la política social y de protección social, introduce la deuda de vida como un regulador social (^{Théret 2019, 2006}).

La resistencia impugna de raíz tal geometría. Es un rechazo a la constitución de la relación salarial. Un rechazo al uso territorial de la lógica del capital, de quienes “históricamente han sido los sin parte, sin nombre, invisibles, los parias de la humanidad; son autores de estallidos, revueltas, rebeliones y de la mayoría de las manifestaciones sociales emprendidas a lo largo del tiempo” (Matamoros y Zárate 2023, 63).

De ahí que su contribución social consista en destruir la formación de esa ontología que da vida a la economía política, al tiempo que genera una especie de vacío para pensar la apertura de la historia; un acto que en la lectura infrapolítica hispanoamericana resulta poshegemónica y que establece desde ahora, como horizonte, una especie de comunismo sucio al no estar construido por la vanguardia (^{Villalobos-Ruminott 2019}).

Los argumentos principales de rechazo a la realización de la inversión en megaproyectos es que traen consigo la devastación ambiental; no se proporciona información de las mercancías que serán producidas; consultas que incumplen el Convenio 169 de la OIT, y el cuestionamiento al Gobierno federal por falta de expansión del gasto social (educación, salud, vivienda) en las regiones, lo que deja a los pueblos en un estado de inasistencia sanitaria, mientras potencia la construcción de infraestructura desarrollista en la que la idea de progreso opera contra el cumplimiento de las necesidades primarias de los pueblos.

De esto deriva la constante alocución de la resistencia sobre querer un progreso que incluya la vida tradicional, lo que lleva a pensar en la idea de progreso en condiciones dialécticas, vinculadas a las necesidades que históricamente han sido producto de la desigualdad social.

Hasta ahora, observamos que la posición del poder ejecutivo de México confronta la postura de la resistencia mediante el decreto para acelerar la construcción de megaproyectos, bajo una fase discursiva que sintetiza y constriñe socialmente, y que busca deslegitimar a la resistencia en una figura conservadora que desestima su política gubernamental.

Con ello, el poder ejecutivo -actor elegido por procedimiento democrático- cierra el canal de resolución del conflicto por medio del decreto, al volver las obras de infraestructura al ámbito de seguridad nacional y al declarar ilegal el disenso generado por la resistencia. Esto muestra la soberanía como acto antidemocrático en el sentido resaltado por ^{Brown (2020)}, a propósito de la aporía de Derrida.

Una respuesta ante ese hecho es que los actores no elegidos de manera democrática: los jueces, quienes desplazan la soberanía popular (^{Álvarez 2015}), participan en el análisis de la constitucionalidad del decreto. Aunque también su participación ha consistido en dictar sentencias en detrimento de la resistencia, como es el caso de Puente Madera, en el que la asamblea ha presentado innumerables pruebas que deberían favorecer la impugnación de una asamblea de comuneros manipulada por parte de autoridades agrarias y políticas.

Estos hechos en conjunto exponen el carácter judicializado que adquiere lo económico como parte constitutiva de lo social, al mismo tiempo que la decisión del poder ejecutivo posiciona la administración militar de los megaproyectos, al nombrar a las fuerzas castrenses: Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, como administradores⁸. El decreto genera así un carácter militarista en el que la violencia surge como medio de coacción para fines del Estado (^{Benjamin 2002}), lo que, en nombre de la seguridad, diría ^{Butler (2022)}, instituye implícitamente la idea de que “hay vidas que valen más que otras” (67).

En medio de este orden impuesto ocurren actos de intimidación y vigilancia a las organizaciones en lucha. La APIIDTT denunció ser objeto de ello durante los primeros meses de 2023. También integrantes de la Ucizoni fueron aprehendidos en abril del mismo año por la Secretaría de Marina, en un campamento que sostenían en la comunidad de Mogoñe, municipio de San Juan Guichicovi, como protesta por el Corredor Interoceánico del Istmo.

A esto debe agregarse la diáspora migratoria en la región sur de México. Los megaproyectos se piensan como contenedores de ese flujo humano que la lógica del capital piensa como stock laboral para producir y servir en el ordenamiento territorial y en la realización del circuito del capital global.

No tendría por qué ser distinto México a otros países del mundo, en donde los aspectos raciales consagran la explotación de unos pueblos sobre otros, y la individualización figurada en la competencia del mercado laboral contribuye a relanzar la tasa de ganancia y no a mejorar las condiciones de vida de la población que habita en la localización receptora de inversiones.

Además de la destrucción de la vida que subyace a la negación del derecho ambiental, de las afectaciones a los ecosistemas y del derecho a la consulta fidedigna a los pueblos originarios, el correlato de ello ha sido el uso del discurso-habla que posiciona una ruta unívoca sobre la organización sociopolítica y económica, lo que es plausible expresar en la lectura de ^{Zambrano (1958)}, realizada por ^{Moreiras (2020)}, como un acto que diviniza al sistema capitalista y no así a la persona.

Por eso, resalta la escucha como fuente de apertura de la historia y de la formación plural del campo social. El oído resulta entonces parte constitutiva de la resistencia, ya que valida aquello que expresa Corradi (1990):

Escuchar como destitución de la naturaleza definitoria y dictadora de nuestra lógica abarcadora es esencial para la vida del pensamiento, de modo que pueda desarrollarse en una sintaxis viva de reciprocidades y pueda resistir la tentación de producir articulaciones (por muy “críticas” o “dialécticas” que sean). Que probablemente se degraden en la esterilidad o monotonía de los juegos de poder. (21)

El acto de escuchar es negado por el decreto gubernamental. Lo cual expresa -sin entrar en profundidad- la postura de Montag (2016) acerca de los subalternos. Estos sí pueden hablar, el problema radica en si son o no escuchados. El decreto gubernamental del presidente mexicano revela que no, al tiempo que busca que su voz sea escuchada en el campo popular.

El decreto utiliza el derecho como instrumento macroeconómico que vuelve indiviso el campo social, ya que suspende las otras dimensiones del derecho con el propósito de acelerar la realización del gasto capitalista, anulando las voces que plantean argumentos distintos al código del orden económico vigente. La pluralidad resulta así suprimida con el decreto, la llamada otredad radical presente en los pueblos originarios que cohabitan el territorio del sur-sureste de México, figurados como medio de producción sin voz, potencial fuerza de trabajo y objeto de política social asistencialista y clientelar.

La reducción del uso de la tierra disponible para los pueblos originarios que trae consigo ese decreto, cierra entonces la posibilidad de generar condiciones de reproducción social a nivel comunitario, incluyendo como soporte la propiedad social de lo económico, y destierra el reconocimiento de la otredad que es una característica del neoliberalismo, como lo expone ^{Sutton (2006)} en su lectura de Baudrillard y Guillaume.

Así, el binomio Estado-capital, figurado en los megaproyectos, revela la ampliación de la política social asistencialista y clientelar, pues ocurre de manera simultánea con la política territorial que arranca, despoja y condiciona la reproducción social al terreno de la lógica del capital y repite la experiencia de esa región con otros megaproyectos (turismo, petróleo y energía renovable), que no han significado el incremento sostenido de las condiciones de vida para las mayorías y sí el despojo y la muerte de la otredad.

Por ende, el control territorial, a la luz de la promoción de los megaproyectos como expresión del capital, representa la política pública que restringe la práctica de una economía que mantiene otro modo de relación con la naturaleza, otro modo de organizar la vida, de enorme relevancia en la actualidad, para pensar en sortear sin sacrificio social el escenario del cambio climático global. Esto posiciona las resistencias campesinas y de los pueblos originarios que defienden la tierra-territorio como una práctica de la “democracia vista como proceso de lucha contra la privatización” (^{Rancière 2012}, 81).

A modo de conclusión

Nuestro análisis en torno a la resistencia a los megaproyectos exhibe la conjunción del totalitarismo-democracia y Estado soberano-neocolonialismo. Esto es plausible porque el decreto visto como un estado de excepción sobre la orientación del uso de la tierra, conlleva al monopolio de la métrica de lo monetario sobre el derecho y suprime el criterio ambiental y la voz disidente que surge de la resistencia. Resulta entonces figurada una forma totalitaria que coexiste con la democracia liberal encarnada en el proceso electoral. Al mismo tiempo que el Estado nacional soberano queda subordinado a la inversión de corporaciones nacionales y transnacionales al ceder territorio para la realización logística en el espacio geopolítico mundial de la lógica del capital, convertida en la senda exclusiva de la reproducción social, lo que se inscribe en mantener la dependencia política y económica de México con los Estados Unidos.

La perspectiva de nuestra discusión revela la profusa ideologización del actual Gobierno mexicano que comunica de manera cotidiana el desmonte del régimen neoliberal en México. Sin duda, un planteamiento erróneo emanado de malinterpretar el pírrico incremento cuantitativo aritmético como un robusto cambio cualitativo, columbrado además por la nula incorporación en el análisis del efecto de la globalización, cuya predominancia por parte de los países hegemónicos e instancias supranacionales condenan a la humanidad, a lo que ^{Carrasco-Conde (2012)} denomina prolongación del presente, debido al abandono práctico y conceptual de la crisis como evento-acontecimiento.

Justo esto busca generar la resistencia: un verdadero estado de excepción ante el terror y horror que la lógica del capital produce como experiencia para la humanidad. La postura de la resistencia refleja que, para superarse, la crisis contemporánea implica la búsqueda de un nuevo equilibrio antropológico, cuya obtención resulta de la defensa de la tierra como un recurso común, y la importancia de escuchar al otro como principio de construcción de una auténtica democracia.

La democracia así concebida está guiada por la distribución del poder, no en el sentido de la representación política, sino del reconocimiento de la pluralidad que propicie una nueva jerarquía entre las esferas constitutivas de lo social y de los valores que organizan la sociedad, cuya condición fundamental consiste en desplazar la acumulación de capital como fin organizador de la economía-mundo. De esto modo, la resistencia es expresión de apertura de la historia que desemboca en la generación de la condición poscolonial.

Pensamos que este análisis resulta próximo a la antropología política que, en la perspectiva de ^{Vincent (2008)}, contribuye “en discernir y dejar al descubierto la política subyacente a las realidades superficiales que buscan entender, en una palabra, la infrapolítica” (2). Aquí, lo político como infrapolítica debe involucrar la discusión sobre lo económico, como lo expresó ^{Rancière (2014)}, si aspiramos aún a la emancipación.