De la seguridad nacional a la seguridad ciudadana

Entender el devenir de las agendas de seguridad que se han emprendido en América Latina en los últimos años es un ejercicio bastante complejo, ya que es necesario contemplar la diversidad regional, geopolítica, económica y social que se encuentra en toda la región. No obstante, existen unas dinámicas que permiten identificar tendencias y presupuestos a partir de los cuales se diseñan las propuestas y se realizan los proyectos que buscan disminuir los delitos y contravenciones que aquejan a las poblaciones. En América Latina y el Caribe, se reconocen cada vez más las limitaciones de los enfoques sancionatorios de la justicia penal en materia de prevención del crimen (^{Muggah, 2016}; ^{CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, 2014}).

Luego de que terminara el periodo conocido como la Guerra Fría (que generó una inestabilidad política en diferentes regiones del mundo como resultado del conflicto mantenido entre los países dominantes del sistema capitalista y del sistema comunista por cerca de medio siglo), las formas de garantizar la seguridad de los territorios a nivel nacional sufrieron un cambio de perspectiva. En América Latina, las transformaciones sociales y políticas abrieron la posibilidad de emprender nuevas propuestas para renovar el sistema de seguridad interna (Rojas, 2000). Por un lado, fue evidente la necesidad de generar procesos que permitieran la creación de redes de ayuda y cooperación, principalmente, entre países pertenecientes a una misma región o bloque geográfico: "Tomar esta oportunidad significa que los países de América Latina, en particular los sudamericanos, salen de un marco conceptual de carácter geopolítico autorreferente" (Rojas, 2000). Por tanto, en América Latina,

Las políticas de seguridad ciudadana también abarcan una serie de actividades que buscan mejorar la seguridad general, prevenir la violencia y reducir los delitos. Entre éstas, el rediseño, renovación y repotenciación de espacios urbanos; la creación de empleos específicos; la existencia de programas de formación y generación de empleo; intervenciones educativas e intervenciones en escuelas para jóvenes en riesgo; actividades para la primera infancia y de apoyo a los padres; así como mediación formal e informal para reducir las tensiones intragrupales en situaciones altamente volátiles, entre otros. (^{Muggah, 2017})

Este cambio es reforzado por las dinámicas propias de la globalización y la masificación de las nuevas tecnologías de información (TIC), por medio de lo cual se hizo posible formular mecanismos y diseñar propuestas en las que se diversificaran las agendas políticas y se incluyeran nuevas perspectivas de seguridad.

Las intervenciones que se han implementado rápidamente, tomando como modelo los programas de América del Norte y Europa occidental, tienen pocas probabilidades de éxito. Esto obedece a que la dinámica actual de la región está conectada a factores históricos, políticos, económicos y socioculturales profundamente arraigados, que incluyen la desigualdad, la impunidad, la poca institucionalización de las entidades del Estado, así como la normalización de la violencia. (^{Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2017})

Así, fue posible pasar del concepto de "seguridad nacional", basado en la protección de los territorios por medio de las fuerzas estatales, al de "seguridad ciudadana", conforme al cual se propone un cuidado desde y por el individuo, en el que priman sus necesidades y bienestar.

Desde mediados del siglo XX, América Latina estuvo enmarcada en preceptos de inestabilidad política, económica y social, principalmente por las características de los gobiernos que se estipularon bajo medidas autoritarias, elitistas o populistas. En este contexto, las dictaduras y las revoluciones sociales se establecieron de manera continua en diferentes países de la región. Es hasta finales de la década de los ochenta que se inicia un proceso de nueva democratización, junto con diferentes acciones que promovieron procesos de paz en los territorios. Ambos aspectos generaron nuevas dinámicas en los gobiernos y las políticas propuestas (^{Kurtenbach, 2001}).

En los últimos años, por tanto, se ha promovido la idea de fortalecer la conformación de un bloque que ubique la región dentro del contexto global como un conglomerado de naciones con capacidad competitiva Si bien esta perspectiva se ubica especialmente en el sector económico, las acciones y programas atraviesan transversalmente las diferentes dinámicas que se establecen en los países de la región, lo cual se evidencia en las trasformaciones del cambio de perspectiva de la seguridad. En efecto,

los países latinoamericanos han experimentado delitos de carácter transnacional, como el tráfico de personas, armas, drogas ilícitas y terrorismo, los cuales rebasan su capacidad y contribuyen a la confusión entre las funciones que le competen a las agencias civiles y militares encargadas de proporcionar seguridad. (Amaya, 2015)

En consecuencia, "impartir justicia y mantener el orden público son dos actividades de gran impacto en la percepción de seguridad y en el logro de mantenimiento de la paz" (^{Ramos, 2015}).

Las acciones emprendidas en favor de la disminución de los riesgos, actos violentos, delitos y contravenciones de los territorios, involucran propuestas que se encuentran dirigidas a disminuir efectivamente estas situaciones, al tiempo que se proponen emprender acciones que generen un impacto positivo en la credibilidad, legitimidad y confianza respecto a las instituciones que se encargan de velar por la seguridad nacional. "La evolución del concepto de seguridad, al igual que sus interpretaciones, propicia nuevas y mejores prácticas, con un enfoque complejo que permite no perder de vista el potencial de las dimensiones humanas" (^{Palacios & Sierra, 2014}). En este sentido, la seguridad ciudadana es entendida como

La preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales [...]. [Así mismo] no temer una agresión violenta, saber respetada la integridad física y, sobre todo, poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y poder circular tranquilamente por las calles sin temer un robo o una agresión. (^{Arriagada, 2002})

En otras palabras, se establece que esta forma de seguridad es una construcción social entendida como una práctica cultural, ya que implica poder implementar formas igualitarias en la estructura y las relaciones sociales, en las que se entiendan los espacios como un bien común de todos los ciudadanos. Es desde esta perspectiva que se puede entender que los diferentes problemas y conflictos sociales, tales como el desempleo, el hambre, la pobreza, el deterioro ambiental, la represión política, la falta de oportunidades, la criminalidad, la drogadicción y la violencia, pueden ser percibidos como amenazas a la seguridad ciudadana. Según 448 líderes de opinión y periodistas de catorce países de América Latina y el Caribe, dentro de los principales problemas que asediaron la región en 2018 están la corrupción y la inseguridad, dado el aumento de violencia criminal de manera potencial en estos países, como lo muestra la figura 1.

Fuente: Ipsos (2018)

Figura 1 Problemas en Latinoamérica en 2018. 

En la actualidad, el tema de seguridad se encuentra inserto en las agendas de los gobiernos de la región de manera prioritaria; las políticas establecidas por varios de los gobiernos de la región incluyen planes en seguridad, con el fin de que sean eficaces a corto plazo y sostenibles en el tiempo (^{Rolland, 2008}). Los diferentes desafíos por los que atraviesa la región, junto con las nuevas amenazas ocasionadas por los procesos locales y de globalización, generan la necesidad de promover y desarrollar diversas formas de pensamiento y propuestas institucionales para garantizar la seguridad en los territorios a nivel local y nacional. En este sentido, entre las nuevas propuestas emprendidas se cuentan las siguientes:

Las dimensiones básicas de la seguridad referidas al uso de la fuerza, como a los nuevos aspectos, derivados de la interconexión global, en donde las consecuencias de los fenómenos económicos de la globalización inciden en la vida de millones de seres humanos. Todo esto nos impulsa a cambiar los enfoques y los mapas interpretativos de las relaciones internacionales y de seguridad. (^{Rojas, 2003})

Las nuevas perspectivas buscan generar mayores grados de confianza en los entes encargados del cuidado y la protección de los ciudadanos, es decir, el cuerpo de la policía, cuyo principal objetivo es velar por la seguridad y el bienestar de las comunidades. En este sentido, se trata de una transformación que abarca diferentes dimensiones, por lo que se estipulan nuevos mecanismos en las formas de protección y los mecanismos de seguridad. A partir de estos planteamientos, se implementaron en diferentes países nuevos modelos de seguridad basados en los principios de la policía comunitaria, en los que se busca involucrar a las comunidades en los procesos que garanticen bienestar en los territorios, siendo acordes con los presupuestos y objetivos de la seguridad ciudadana.

Políticas de seguridad y aplicación del modelo de policía comunitaria en Latinoamérica

La seguridad ciudadana se entiende como una estrategia emprendida por los gobiernos de la región latinoamericana para fortalecer el Estado, las acciones de los gobiernos y las instituciones encargadas de la seguridad de las comunidades. Es por ello mismo que se emprenden diferentes acciones encaminadas a la prevención de la violencia y delitos, con la mayor participación de la sociedad civil en tales planes y proyectos. En este sentido, las políticas de seguridad y defensa se establecen en un panorama de transformaciones desde apuestas políticas e institucionales relacionadas con una reestructuración de los Estados respecto a las formas de gobierno y los principales objetivos de su gestión. Sin embargo, en América Latina, la confianza de los ciudadanos hacia las políticas de seguridad es baja, como se muestra en el estudio realizado por Barómetro de las Américas (figura 2).

Fuente: ^{Cepal (2018)}

Figura 2 Nivel de confianza en las políticas de seguridad de cada país. 

En este sentido, como lo muestran las cifras, la articulación de las políticas de seguridad y defensa de cada país con las diferentes propuestas que se establecen en América Latina generan un sistema de seguridad multilateral en el que es factible encontrar una agenda de seguridad común, puesto que prevalecen las apuestas políticas de incidencia de las instituciones para generar un trabajo conjunto y articulado con los ciudadanos.

La región, entonces, ha enfrentado uno de los retos más importantes en materia de política de seguridad, ya que ha ampliado las posibilidades de participación por parte de las poblaciones. Esto se evidencia en la preocupación de un desarrollo humano integral, en el que las comunidades tengan la capacidad de generar e incidir en procesos sociales que beneficien las formas de gestión propuestas por las instituciones (^{Kurtenbach, 2001}). Todo lo anterior, teniendo en cuenta las estadísticas de la percepción de la inseguridad en el entorno local y el coste del crimen en la economía por subregiones, con base en el PIB de 2014 a nivel latinoamericano.

Fuente: ^{Hernández (2019)}

Figura 3 Percepción de la inseguridad en el entorno local y coste del crimen en la economía por subregiones. 

Algunas de las propuestas más importantes de seguridad en la región se ubican en la lógica de propiciar nuevos mecanismos en las formas de gestión de la policía: se establecen planteamientos diversos que conllevan una nueva forma de entender y propiciar la seguridad en las ciudades. En este sentido, de identifican propuestas de trabajo articulado entre la institución y la población, con el propósito de cumplir con los objetivos de mejorar las condiciones de seguridad, conseguir mayores niveles de convivencia ciudadana, generar procesos con resultados a corto y largo plazo y mejorar la confianza de la población en la policía y demás instituciones encargadas de garantizar la disminución de delitos y actos violentos para mejorar las percepciones de seguridad. "La ausencia de controles institucionales efectivos propicia la consecución de hechos violentos. La inoperancia de los sistemas judiciales acrecienta la falta de credibilidad de la población en la institucionalidad vigente, incluyendo también a la policía" (^{Reyna & Toche, 2017}).

Uno de los ejemplos más representativos de la aplicación del concepto de seguridad ciudadana en América Latina es el modelo de Policía de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en Colombia, junto a la reforma en la gestión de sus funciones, en donde se establecen mecanismos de participación de los habitantes del territorio y se establecen mayores grados de confianza entre la sociedad civil y la institución. Se trata, en este caso, de una confianza de carácter práctico, que se construye y permanece vigente mientras se mantienen la interacción y el intercambio, de modo que la relación entre participación ciudadana y legitimidad no es automática ni unidireccional (^{Moreno, 2015}).

Participación comunitaria en los nuevos modelos de gestión policial

Las nuevas perspectivas abarcan mecanismos en los que se promueve un trabajo articulado de la policía con la población, se trata de generar mecanismos que susciten y garanticen la participación ciudadana en favor de la disminución de los delitos y la prevención de riesgos. La participación comunitaria en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política (^{Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009}).

Desde comienzos del siglo XXI, la participación de las comunidades en la prevención de los delitos y las contravenciones ha tenido un lugar primordial en las políticas públicas de diversos países de América Latina. Esto ha sido así, principalmente, por una falta de credibilidad en las acciones efectivas por parte de instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos (^{Dammert, 2003}). A esto se le suma una tasa elevada de índices delictivos, un miedo creciente por parte de las poblaciones sobre los riesgos a que están expuestos.

Las políticas que giran en torno al tema tienen como objetivo disminuir los delitos y contravenciones que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes. Esto se hace a través de la potencialización y articulación de las relaciones entre la policía y la comunidad: los habitantes de los territorios adquieren un papel fundamental en las políticas diseñadas con ese fin, por lo que se da un cambio de paradigma, ya que no se habla de seguridad pública sino de seguridad democrática o seguridad ciudadana. Por ende,

La participación ciudadana en las políticas públicas ha sobrevivido a intentos fallidos y se continúa prescribiendo, estimulando y fortaleciendo es porque en la democracia, los gobiernos no deben actuar de manera unilateral y aislada. Están obligados a rendir cuentas y a permitir, salvo en situaciones excepcionales de seguridad nacional o de desastres naturales, que los ciudadanos (ya sea de manera individual u organizada) participen en la formulación, desarrollo y escrutinio de las políticas. (^{Arellano & Blanco, 2013})

En la práctica, esto tiene diferentes implicaciones, ya que deben generarse procesos en los que se incentive la participación ciudadana para el diseño y formulación de las políticas y el mejoramiento de las relaciones y grados de confianza con la policía. Sin embargo, esto no se evidencia en todos los países de igual manera, ya que en algunos se queda en el plano discursivo e ideológico, mientras que en otros se han puesto en marcha planes y acciones que buscan alcanzar tales objetivos.

La confianza en el gobierno y sus instituciones es necesaria para lograr que los ciudadanos cooperen con éstas, articulen sus demandas y se apeguen a la ley. Sin embargo, el fenómeno de la legitimidad es una auténtica caja negra difícil de desentrañar. Por una parte, la confianza es necesaria y depende de que los ciudadanos consideren que el gobierno tiene en cuenta sus intereses. (^{Fung, 2016})

Recogiendo los planteamientos anteriores, se puede concluir que la participación ciudadana tiene tres objetivos principales. El primero es mejorar y fortalecer las relaciones de la policía con los habitantes de los territorios, de manera que se restituya la confianza que permita el trabajo conjunto y se emprendan acciones para disminuir los delitos y mejorar las condiciones de bienestar de las comunidades. Se busca que estas últimas sean capaces de respaldar las acciones de la policía, al tiempo que esta apoya los proyectos emprendidos por las poblaciones, los cuales buscan mejorar las condiciones de los territorios.

El segundo objetivo tiene que ver con el fortalecimiento de las redes sociales que existen, de manera que logren constituirse como un capital humano en favor de la seguridad y la diminución de delitos y contravenciones en los territorios. Esto quiere decir que no es solo una articulación de las comunidades con el trabajo de la policía, sino que los mecanismos deben funcionar en doble vía. La policía debe tener la capacidad para insertarse positivamente en las acciones desarrolladas y ejecutadas por las comunidades. Es así que el capital social se convierte en una estrategia principal para prevenir las acciones de violencia y disminuir los riesgos de seguridad que atentan contra las poblaciones.

El tercer objetivo se relaciona con la capacidad de autonomía y decisión por parte de las poblaciones para tener procesos propios que respondan a sus necesidades y requerimientos en materia de seguridad y bienestar. En otras palabras, se proponen ejercicios de participación descentralizados, lo cual les otorga a los habitantes del territorio la capacidad de ejercer un papel activo en la planeación, formulación e implementación de las estrategias que promuevan la seguridad e incidan en una disminución de los delitos.

Cuerpos como la Policía Nacional de Colombia y la Policía Federal de México pretendieron lograr estos tres objetivos más allá de lo discursivo no solo para lograr lo planteado, sino para disminuir la desconfianza que tiene la ciudadanía en la institución. Con respeto a esto, en Colombia se creó el programa Comunidades Seguras y en Paz, que se enfoca en lo preventivo en convivencia y seguridad, de esta manera se fortalece el capital humano para prevenir delitos, contravenciones y asegurar el territorio a través de un compromiso personal. Asimismo, la Policía Federal de México articula la participación de la comunidad a través del Centro de Atención Ciudadana y afianza, a través de distintos programas, la vinculación de la sociedad y la dignificación del servicio policial.

Si bien en América Latina el concepto y la estrategia de la policía comunitaria de prevención y disminución de los delitos ha tomado fuerza desde hace pocos años, a nivel mundial no constituye un fenómeno nuevo, ya que se ha implementado en diferentes partes del mundo con el objetivo de generar mecanismos de respuesta positivos a los problemas generados por los abusos de poder, la falta de efectividad policial y las dudas que giran alrededor de su legitimidad. Por lo tanto, cada país responde a un proceso propio en el que va generando ciertas condiciones que le permiten responder a las necesidades para implementar los mecanismos de seguridad convenientes.

A partir de la década de 1980 empezó un debate general sobre el papel de la policía y de la comunidad en la prevención de la criminalidad. [...] La necesidad de reforma se hizo más evidente debido a la evidencia de un accionar corrupto y violento de miembros de la institución policial, [...] que no solo involucraba cobros indebidos por parte de los agentes policiales, sino también la comisión de otros delitos. (^{Dammert, 2003})

Sí bien, cada país propone un modelo para la implementación de las estrategias de seguridad teniendo en cuenta el modelo de policía comunitaria, existen unos presupuestos básicos que se repiten en los diferentes países de Latinoamérica (^{Vanderschueren et al., 2004}):

De la misma forma en que los modelos de gestión y aplicación de la estrategia de la policía comunitaria varían de un país a otro, los resultados que se encuentran también son diversos, sin embargo, se puede establecer que

Allí donde se ejecutan estos programas, se ha aumentado la confianza pública en la policía y la ciudadanía expresa interés en una relación más estrecha. Menos claro es que dichos planes impliquen una disminución del abuso policial y que, en términos de resultados respecto de la disminución del temor y de la victimización, sean concluyentes (^{Vanderschueren et al., 2004})

Esto quiere decir que si bien los esfuerzos realizados por parte de la policía generan un acercamiento efectivo con la comunidad y los resultados positivos parecen evidentes, esto no se traduce inmediatamente en una vía de cambios institucionales ni de forma de gestión por su parte.

Policía comunitaria y propuestas de acercamiento efectivo a la población

Como se ha visto hasta ahora, en el siglo XX los modelos tradicionales de seguridad y las formas de gestión de la policía primaron en la gran mayoría de países de América Latina, proponiendo acciones que se enmarcaron en lo nacional y en el territorio antes que en el bienestar de las poblaciones. Sin embargo, desde comienzos del siglo XXI las agendas políticas de seguridad han estado orientadas hacia la implementación de nuevas modalidades, las cuales tienen que ver con las formas en que las instituciones encargadas de la seguridad de los ciudadanos prestan sus servicios. En este sentido se debe

entender a la policía comunitaria como una filosofía, una manera de pensar, una manera de sentir y obrar que deben tener los policías más próximos a la comunidad y que está basado en un buen trato al público, una mayor eficiencia y mejores servicios policiales. No es una policía dentro de otra policía, es la esencia del trabajo policial. (^{Yépez, 2014})

No obstante, los resultados obtenidos por medio de la aplicación de los modelos de la policía comunitaria pueden cambiar teniendo en cuenta las especificaciones, características, dinámicas y prioridades de cada país en donde se desarrollan, por lo que se trata, entonces, de evidenciar un panorama general que permita dar cuenta de los procesos emprendidos en toda la región. En este sentido, en toda Latinoamérica se tiene una proyección política frente a las funciones de la policía comunitaria, que se encuentra orientada hacia la resolución efectiva de los conflictos, la justicia restaurativa y las acciones preventivas frente a los delitos y las contravenciones. De manera general, se puede firmar que "en muchos países del mundo, a través de su implementación, se han logrado descensos importantes en las tasas de criminalidad a lo largo de la última década, como así mismo una importante relación de colaboración de la policía con la comunidad" (^{Montbrun, 2002}).

Sin embargo, es importante entender si estos nuevos modelos policiales que toman cada vez mayor fuerza en Latinoamérica pueden ser entendidos como una manera eficaz de construir confianza en la ciudadanía hacia el aparato policial en la práctica o si tal efectividad no va más allá de los discursos. Es necesario tener presente que la transformación efectiva abarca diferentes dimensiones, tales como la articulación con las comunidades, las formas de resolución de los conflictos y el cambio organizacional interno, a partir de lo cual se estipulan nuevos mecanismos en las formas de protección y los mecanismos de seguridad:

La aplicación progresiva de programas de policiamiento comunitario se explica porque constituye una estrategia cuyos principios coinciden con los que guían el proceso de reforma del Estado en América Latina. En otras palabras, razones de tipo económico y político llevan a predicar cambios en la administración del Estado que buscan que ésta sea más cercana y que rinda cuentas ante el ciudadano, que descentralice funciones hacia los gobiernos locales y que flexibilice sus principios de funcionamiento. Estos cambios cuando se trasladan hacia la organización policial sintonizan adecuadamente con algunos conceptos de la policía comunitaria. (^{Frühling, 2009})

Existen diferentes experiencias que le apuestan a poner en marcha planes y programas en los que se promueven los modelos de los procesos comunitarios¹, no obstante, hay debilidades en las formas de evaluación y control para medir la efectividad de las propuestas y de las nuevas formas de gestión del cuerpo de la policía. Hace algunos años, los procesos de medición sobre los efectos los programas en relación con las percepciones de seguridad y la disminución de los delitos no eran del todo confiables, ya que hacía falta la promoción de metodologías y estrategias que permitieran una comparación real en los territorios antes y después de entrar en ejecución las nuevas propuestas de seguridad (^{Frühling, 2003}).

Gracias a las evaluaciones de la Cepal en cuanto a "violencia criminal y seguridad ciudadana", se han definido nuevos retos y propuestas que se han implementado más recientemente, con formas de evaluación que generan procesos y cambios estructurales dentro del cuerpo de la policía y en las formas de entablar relaciones con las comunidades. Al respecto, se puede afirmar que, a partir de la aplicación y ejecución de los programas de policía comunitaria, hay una respuesta efectiva por parte de la institución frente a las demandas y los requerimientos crecientes por parte de las poblaciones. Esto quiere decir que las evaluaciones y análisis realizados se mantienen en un rango positivo de efectividad respecto a sus planes, acciones y proyectos. "La información disponible indica que allí donde se ejecutan estos programas se incrementa la confianza pública en la policía y la ciudadanía expresa interés en una relación más estrecha con ella" (^{Frühling, 2003}).

A pesar de la afirmación anterior, no es posible mantener la misma validez y efectividad frente a los resultados obtenidos en cuanto a la organización interna y el trato de la policía hacia las comunidades. Para que esto sea posible, es necesario iniciar un proceso alterno que se emprenda de manera prioritaria y permita alcanzar las metas y proyecciones esperadas. Por otra parte, uno de los principales aportes obtenidos por medio de la aplicación de los modelos de policía comunitaria en Latinoamérica tiene que ver con las formas de gestión formuladas a través de un nuevo sistema de valores interno, el cual propone una disminución entre los grados y rangos de jerarquías.

Frente a estos nuevos cambios, se propone un policía que trabaje bajo una perspectiva de trabajo comunitario y orden público, con personal capacitado para diseñar diferentes soluciones estratégicas y tener capacidad de respuesta para enfrentar los actos violentos, criminales y delictivos que se presentan en los territorios. Sin embargo, la efectividad del plan no solo requiere un cambio en las formas de gestión por parte del cuerpo de policía, sino que es necesario instaurar nuevos mecanismos, con una inversión importante de capital y recurso humano, es decir, con condiciones otorgadas por parte del Estado para hacer posible su aplicabilidad (^{Salamanca, 2004}).

Las reformas propuestas también incluyen procesos de sensibilización con las comunidades, a partir de los cuales sea posible superar las restricciones y barreras de orden cultural, en donde suele primar la desconfianza hacia las instituciones en la resolución de los conflictos y problemas de los habitantes del territorio. A pesar del balance positivo de las experiencias, como se ha mostrado a lo largo del artículo, se reconoce que la mayoría de las propuestas instauradas en Latinoamérica responden a pruebas piloto, es decir que aún se encuentran en un estado constante de formulación, evaluación y reformulación teniendo en cuenta las evaluaciones y los primeros resultados arrojados. Así mismo, al estar en estado de implementación, los modelos propuestos no abarcan todo el cuerpo de la policía ni se instauran de igual medida en todo el territorio nacional, por lo que tienden a darle prioridad a las comunidades con mayores índices delictivos y contravenciones (^{Frühling, 2011}).

Siendo así, se establece que los mecanismos propuestos para incentivar y mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad suelen establecerse bajo principios episódicos y esporádicos, generando falta de continuidad en los procesos y en el mejoramiento de la credibilidad y confianza por parte de los habitantes de los territorios hacia el cuerpo de la policía. Es así que tampoco se logran establecer y articular procesos de larga duración, a partir de los cuales sea posible generar un impacto positivo en la disminución de los delitos, crímenes y contravenciones plenamente identificadas.

Por otra parte, los diferentes estudios realizados sobre seguridad ciudadana en la región no establecen indicadores efectivos frente al cambio cultural y de gestión en la policía, por lo que únicamente se establecen mediciones frente a lo que sucede cuando están en los territorios, lo cual no genera un impacto en la estructura y organización interna de la institución. Se puede concluir, además, que existe una preocupación por parte de la ciudadanía para organizarse y mejorar la seguridad de los territorios, sin embargo, hace falta mayor organización en los espacios en los que se trabaja, de manera que se realicen y ejecuten nuevas propuestas que conlleven mejoría en la seguridad e incrementen la confianza en las instituciones.

Aplicación del modelo y desafíos en América Latina

A partir del análisis realizado de los modelos de policía comunitaria en América Latina, se evidencia, en general, la preocupación y los esfuerzos de los gobiernos por instaurar mecanismos que aumenten las percepciones de seguridad y disminuyan los delitos y actos violentos que atentan contra el bienestar de las comunidades. Los mecanismos apuestan por mejorar las relaciones del cuerpo policial con las comunidades, de forma que se generen acciones, programas y proyectos en conjunto. El objetivo, por lo tanto, es lograr que los habitantes se apropien de las acciones emprendidas para mejorar las condiciones de seguridad y disminuir los actos delictivos de los territorios.

Sin embargo, la voluntad política no resulta suficiente para generar resultados positivos a partir de la implementación de los nuevos modelos; al contrario, es necesario efectuar mecanismos que promuevan la ejecución de los modelos a corto y largo plazo, entendiendo que la confianza y la legitimidad institucional se basan en acciones continuas desde las cuales las comunidades se sientan respaldadas y apoyadas. En este sentido, los cambios emprendidos atraviesan diferentes dimensiones de la estructura y organización social, ya que es importante y necesario realizar transformaciones en los actores involucrados dentro del proceso: el gobierno, las instituciones y las comunidades. Siendo así, resulta evidente e imperioso promover mecanismos de participación, a través de los cuales las poblaciones se involucren en los procesos y sean ellas mismas las que ejecuten los ejercicios de evaluación y las propuestas para mejorar y superar las debilidades encontradas. Así mismo, se requiere continuidad por parte de los gobiernos, para que las propuestas puedan trascender los espacios y tiempos de su ejecución.

Los modelos presentan cuatro características básicas que son flexibles y se ajustan a las necesidades, requerimientos y dinámicas de la población de cada país (Müller, 2012). La primera es la prevención del crimen basado en la comunidad, en donde la institución policial hace presencia efectiva en los territorios, es decir, se hace visible y accesible a los habitantes del territorio para responder a sus requerimientos y necesidades. En este escenario se busca que las comunidades sean capaces de identificar a la policía como un actor clave en la prevención de los delitos y conflictos que se presentan: se trata de generar mecanismos que permitan establecer lazos y vínculos de confianza entre los habitantes y la policía, para trabajar articuladamente.

La segunda característica es la reorientación del patrullaje, con la cual se propone establecer una conexión profunda con la comunidad, gracias al accionar efectivo e inmediato de la policía. La tercera se basa en aumentar la rendición de cuentas, con el fin de mejorar los procesos de evaluación y control. La última constituye una de las más importantes, ya que se trata de un proceso que concluye en la descentralización del mando; esto quiere decir que la institución policial debe tener la capacidad y autonomía para generar acciones y mecanismos dependiendo de las características y especificidades propias del territorio en el que se encuentre. A partir de la ejecución de los modelos bajo estos principios y presupuestos se pueden reconocer resultados en común, entre los cuales se destacan los siguientes (^{Frühling, 2004}):

El modelo se proyecta como una propuesta con resultados favorables. No obstante, para obtener una aplicación efectiva que trascienda los discursos, es necesario promover mecanismos que tengan en cuenta un ejercicio de planificación, diagnóstico y trabajo continuo con las comunidades. Por lo tanto, el tiempo de ejecución no debe estar ligado a los periodos de los gobiernos de turno. La ejecución de un modelo de policía comunitaria en cada país responde a unas necesidades específicas, por lo que no se relaciona con un ejercicio de formulación y aplicación fácil e inmediato; esto es así, ya que las experiencias e iniciativas emprendidas en otros espacios con resultados exitosos y eficaces no garantizan los mismos resultados en latitudes diferentes. Siendo así, la adopción de nuevas estrategias y formas de gestión en el cuerpo de la policía necesitan de una evaluación previa para realizar los ajustes que sean necesarios.