Introducción

La Ciudad de México, capital de México, es una de las megaciudades más pobladas del mundo (^{UN-Hábitat, 2022}). Esto conlleva una serie de beneficios para su población como acceso a servicios, oferta de empleo, diversificación económica, actividades recreativas, amplia red de transporte público, vialidades de comunicación con otros puntos dentro y fuera de la ciudad, entre otros. Sin embargo, el tamaño de la población también implica una serie de retos como desigualdad social, pobreza de tiempo y delincuencia, por mencionar algunos.

El presente trabajo se concentra en analizar actos violentos de riesgo criminal o antisocial cometidos por jóvenes, incluyendo porte de armas, pertenencia a pandillas y arrestos, entre otras. Desde 2006, la violencia en México se incrementó exponencialmente (^{Martínez, 2014}); años después, se vivía un ambiente de acumulación de consecuencias y permanecía la violencia (^{Atuesta & Madrazo, 2018}), así como el incremento del consumo de drogas en la población, especialmente, entre quienes viven en precariedad (^{Anderson et al., 2018}). Para 2013, el Plan Nacional de Desarrollo, documento que sintetiza los objetivos y acciones de trabajo del poder ejecutivo durante seis años, señaló como tema prioritario el combate de los delitos mediante estrategias de prevención y contención (^{Inegi, 2015b}).

Actualmente, diez años después, el contexto de violencia y delictividad en México sigue siendo un tema pendiente por resolver: según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), en 2023 se registraron 26112 homicidios dolosos y feminicidios, mientras que, en 2022, se cometieron 27238 (^{SENSP, 2024}); así mismo, como se observa en la Figura 1, mientras a nivel mundial la tasa de homicidios intencionales por cada 100000 habitantes se ha mantenido en aproximadamente 6, en 2020, para México, fue de 29 (^{Banco Mundial, 2023}). En particular, la Ciudad de México tenía en 2015 una tasa de 17 homicidios por cada 100000 habitantes, que corresponde a la fecha más cercana al levantamiento de la encuesta empleada en este artículo. Aunque se ha observado una estabilización del indicador, estar a más del doble de homicidios que la tendencia del resto del mundo es evidencia contundente de la magnitud y pertinencia actual del problema de violencia.

Fuente: Elaboración propia con base en ^{Banco Mundial (2023}), SENSP (2023) y ^{Conapo (2023})

Figura 1. Tasa de homicidios por cada 100000 habitantes de Ciudad de México, México y el mundo, 2015-2023. 

Debido a las complicadas circunstancias, se fortalecieron áreas de investigación y recopilación de información relacionadas con criminalidad y violencia, para lo cual, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) fue una pieza fundamental. En 2014, el Inegi levantó la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) a jóvenes de 12 a 29 años, respondiendo a la definición de la Ley del ^{Instituto Mexicano de la Juventud (1999}), en su artículo 2, habitantes en 47 ciudades estratégicas seleccionadas por la Secretaría de Gobernación del país como las de mayor inseguridad.

Con base en la Ecopred, se elaboró el presente artículo con el objetivo de explorar las dimensiones del control social que viven las y los jóvenes encuestados y si este reduce el riesgo de que cometan algún acto delictivo. Para lograrlo, se emplea un modelo logístico multivariado cuyas variables explicativas se basan en las experiencias reportadas por las personas encuestadas.

Se considera el contexto individual, social y comunitario que caracteriza a las personas declarantes de haber cometido acciones violentas, que van desde tener o portar un arma para defenderse, pertenecer a pandillas, daños a la propiedad de otras personas hasta haber sido arrestadas. Este contexto es considerado como elemento determinante en el comportamiento de las personas mediante un control social formal o informal (^{Cohen, 2012}; ^{Kurlychek, 2014}; ^{Ünal, 2004}).

La juventud representa una particularidad cuando se analiza la violencia: las personas en edades jóvenes pueden ser tanto víctimas como victimarios. La mayoría ha crecido en un contexto cruel, "tenemos la alteración de los espacios públicos que fueron invadidos con decapitados, cuerpos colgantes, empozolados, desollados, empalados o descuartizados" (^{Valenzuela, 2018}, p. 12) como consecuencia del endurecimiento de las prohibiciones de las drogas, ampliando los escenarios de indefensión, miedo, violencia, muerte y suplicio público. El siglo XXI se ha caracterizado por situaciones acentuadas de violencia, provenientes del Estado y del crimen organizado (^{Jiménez, 2005}; ^{Valenzuela, 2018}).

Así mismo, su contexto individual de crecimiento les convierte en un sector etario en constante cambio, en búsqueda de su identidad y conociendo los límites de la sociedad en su conjunto. Incluso, algunas conductas que se consideran desviadas o inmorales podrían no representar valores opuestos a los generalizados en la sociedad y tampoco ser determinantes de la persona en su conjunto, por lo que debemos tener en claro que el hecho de haber tenido conductas de riesgo no hace que la persona sea delincuente; pueden ser acciones explicadas por la búsqueda de emociones, de recompensas que no requieran mucho esfuerzo o de demostrar masculinidad (^{Matza & Sykes, 1961}).

A continuación, el presente artículo busca abonar con un análisis cuantitativo al estudio del fenómeno. En el marco teórico se explica cómo funciona el control social y las características de las personas identificadas como aquellas que tendrían mayor propensión a cometer actos violentos y se plantea la pregunta de investigación. Posteriormente, se explican las variables y métodos empleados para llevar a cabo un análisis estadístico inferencial que permite medir el nivel de influencia que tienen las variables consideradas en el análisis. Los resultados se analizan en detalle en el apartado que lleva el mismo nombre y en la discusión de manera sintética. Por último, en la conclusión se contrastan los hallazgos de investigaciones previas con los del presente artículo y se establece la respuesta a la pregunta de investigación.

Marco teórico

La violencia ha sido estudiada desde posturas diversas debido a la multiplicidad de formas en que se presenta en la realidad y desde la perspectiva desde la cual se aborda. Referirse a las violencias en vez de la violencia ha sido una manera de afrontar la complejidad del fenómeno. Las violencias, así mismo, pueden ser ejercidas por distintos actores, sean individuos, organizaciones o incluso el Estado. Según la perspectiva desde la que se aborde, se acepta o no, que existen fines específicos para ejercerla; desde la teoría de la elección racional, se entiende la toma de decisiones de las personas con arreglo a fines; en contraste, autores como Walter ^{Benjamin (2004}) han cuestionado si siempre se usan medios violentos con fines específicos y conscientes, en muchas ocasiones se desdibuja esta relación (^{Martínez, 2016}).

Así, las dinámicas sociales determinan qué tantos actores se involucran en el ejercicio de la violencia. ^{Barreto (2018}) elabora la idea de violencia en contraposición al poder y afirma que "lo contrario de la violencia generalizada es un escenario de amplio grado de concentración y consenso" (^{Barreto, 2018}, p. 224). La violencia surge cuando hay ausencia de poder, por lo que podemos considerar que un entorno carente de consensos sociales o de inclusión de la persona joven podría impulsar el uso de medios violentos. Por lo anterior, Barreto nos lleva a concluir que una lucha violenta no llevará a la existencia de poder, lo que sí hará poner orden social.

^{Briceño-León (2007}) concibe las violencias como relaciones sociales que no se presentan a nivel individual y que van más allá de un fenómeno grupal. Menciona diversas formas de violencia que afectan hoy en día a las juventudes, entre las que se destaca la desigualdad, la falta de oportunidades laborales y la falta de Estado de derecho. Estas situaciones originan y fomentan que las personas se relacionen de manera violenta con su entorno (^{Briceño-León, 2007}; ^{Jiménez, 2005}).

La violencia es una característica que asumen ciertas relaciones sociales, cuyo rasgo particular es "la producción de daños en, cuando menos, alguna de las partes de la relación, afectando la integridad física, sexual, psicológica y hasta patrimonial" (^{Martínez, 2016}, p. 15) que no tiene necesariamente una carga moral y puede ocurrir en cualquier contexto (^{Jiménez, 2005}). En un sentido más amplio, considerando que el objetivo de estudiar la violencia es evitar sus afectaciones a la sociedad, el artículo incluye elementos que inhiben o motivan a una persona a cometer un crimen (^{Inegi, 2015b}) para sugerir acciones públicas que inciden en esas motivaciones para reducir las acciones violentas.

Para lograr lo anterior, esta investigación se enmarca en los conceptos y preceptos de la teoría del control social, la cual busca entender por qué las personas no cometen actos delictivos o sí los cometen. Busca explicar los factores que inhiben a las personas de cometer actos criminales a pesar de sus deseos, conscientes o inconscientes, y la conveniencia de cometerlos (^{Hirschi, 2017}), en contraste con otras teorías, que procuran explicar el comportamiento criminal, sus causas o los contextos que lo propician (^{Baratta, 2004}; ^{Barrios, 2018}; ^{Cornish & Clarke, 1986}; ^{Jiménez, 2005}; ^{Sampson & Raudenbush, 2004}; ^{Saraví, 2004}).

El control social se entiende como el mecanismo por el cual la sociedad controla el comportamiento de sus miembros, tanto de manera formal (mediante instituciones públicas como la escuela o la policía), como de manera informal (sistema de creencias y valores, respeto hacia las personas cuidadoras o hacia personas de autoridad en general, formas comunitarias de organización); es uno de los intereses principales de los residentes en la comunidad vivir en un ambiente seguro y ordenado, libre de crimen y violencia interpersonal (^{Sampson et al., 1997}). Se considera que es la capacidad que tiene un grupo para regular que sus miembros actúen según ciertos principios deseables sin que sea necesario obligarlos, al ser compartidos por el colectivo, en vez de forzados (Janowitz, como se citó en ^{Sampson, 1997}). El control social se puede ejercer desde distintos ámbitos que interactúan y se complementan entre sí, los cuales se han clasificado en: nivel privado, nivel institucional y nivel público (^{Kurlychek, 2014}) o, según su nivel de afectación, en nivel microsocial, mezosocial y macrosocial (^{Briceño-León, 2007}). Debido a las bondades esquemáticas, a partir de aquí preferimos usar la clasificación considerada por Kurlychek primordialmente, sin dejar de lado las bondades interpretativas de la clasificación de Briceño-León.

Es claro que, para la sociedad, tener un buen control social mejora las dinámicas y procesos que ocurren dentro de ella. Sin embargo, ¿cuál es el beneficio para el individuo? La principal ventaja es que recibirá apoyo para sus fines particulares; mientras que, cuando no hay control social, las personas terminan dependiendo de sus propios medios para resolver problemáticas a cambio de no ceder a los beneficios que implicaría comportarse fuera de lo que se espera.

En términos de Kornhauser (como se citó en ^{Kurlychek, 2014}), cuando hay más control social, formal e informal, hay una mayor cohesión social y las personas logran cumplir en mayor medida con las expectativas generales. En contraparte, una menor cohesión social, que implica menor control social, deriva en menor apoyo entre individuos, menos logros de las metas socialmente impuestas y surgimiento o fortalecimiento de subculturas en forma de pandillas o bandas donde existe mayor apego a sistemas de valores específicos en términos de ^{Cohen (2012}), donde las personas puedan cumplir alguna expectativa, así sea la de grupo que no represente a toda la sociedad. Las diversas formas de control social que influyen sobre el individuo no son constantes, sino que varían a lo largo de su vida, pudiendo presentarse cambios en factores de riesgo en la infancia y la adolescencia, así como eventos que juegan un rol protector como el matrimonio, la obtención de un empleo y la migración, presentándose siempre la posibilidad de actuar de una u otra manera mediante la agencia de cada persona (^{Sampson & Laub, 2005}).

La teoría del control social asume que para algunas personas la sensibilidad moral es importante, mientras que para otras no lo es. Enfatiza en un pensamiento más racional que hace a las personas sentirse libres de decidir seguir, o no, el orden moral, el mismo que depende de la fortaleza del vínculo social (^{Hirschi, 2017}). Estar inmerso en las normas sociales implica dar más importancia a la percepción que la sociedad tiene de cada individuo sobre los pensamientos y reflexiones propios. Sin embargo, esta inmersión social no siempre ocurre de la manera esperada; puede que, con los mismos fines, las y los jóvenes decidan emplear medios no aceptados para acelerar los beneficios, como profundizan ^{Matza y Sykes (1961}). Así, mientras menos le importe a la persona la opinión de la sociedad, o menos apego social tenga, más sencillo será que tome decisiones desviadas de ellas, lo que puede manifestarse como acciones violentas o fuera del esquema de valores aceptado.

En contraposición, ^{DeLisi y Vaughn (2007}) resaltan la importancia de la decisión individual, no determinada por el contexto social, sino por la historia de vida individual. En su artículo, estudian el comportamiento de jóvenes encarcelados y concluyen que el efecto estadístico más importante para haber cometido un delito lo tuvo el índice de autocontrol, el mismo que mide, entre otros aspectos, capacidades autodeclaradas de manejar sus emociones, de enfocarse en objetivos concretos y de resolver problemas.

Pese a existir un sistema de valores relativamente generalizado, las motivaciones morales para apegarse a dicho sistema son heterogéneas entre las y los integrantes de una comunidad; esto no implica que los individuos que deciden actuar fuera de la norma no compartan el sistema de valores, sino que, debido a otras motivaciones y circunstancias, deciden actuar fuera de dicho sistema (^{Hirschi, 2017}) y esto incluye el hecho de que tener autocontrol no necesariamente garantiza que lo usarás para tomar una u otra decisión.

^{Hirschi (2017}) menciona cuatro elementos que vinculan a las personas con la sociedad: apego, compromiso, involucramiento y confianza. Tras una revisión amplia de literatura, ^{Costello y Laub (2020}) identificaron que el apego a los padres había sido la variable más comprobada con impacto sobre la comisión de delitos por parte de los jóvenes, con una reducción de probabilidad de delinquir cuanto mayor apego se tenga a los padres, la cual fue medida mediante tres principales comportamientos: la supervisión, la comunicación cercana y la identificación afectiva. Resulta de mayor importancia la cercanía con sus padres (con mayor énfasis en la madre y en los primeros años de vida), que la pertenencia o no a pandillas. Conceptual izado como apego a los padres, la cercanía de las personas con sus padres, medida por sentir que se preocupan por lo que hacen (^{Costello & Laub, 2020}; ^{Hirschi, 2017}; ^{Hoeve et al., 2012}).

De acuerdo con ^{Berger y Luckman (2003}), los aprendizajes de comportamiento (roles sociales, normas y esquema de valores) se adquieren en el núcleo familiar mediante la socialización primaria y durante la infancia. Una segunda etapa de socialización secundaria ocurre en entornos como la escuela o el trabajo y, aunque resulta de suma importancia, no es considerada tan determinante del comportamiento. En este sentido, si en el hogar existen relaciones agresivas o violentas, las personas tienen mayor propensión a relacionarse de esa manera fuera del hogar, en tanto que durante años no tuvieron referencias para cuestionar dichos comportamientos.

Por su parte, ^{Alvarado (2014a}; ^2014b) destaca la influencia del primer contacto con situaciones violentas en el hogar en personas jóvenes mexicanas, muchas de ellas como víctimas de sus padres y agresoras de sus hermanos. Así mismo, las y los jóvenes que declararon haber vivido relaciones violentas en el hogar no consideraron la violencia cotidiana observada en la comunidad como grave, lo cual, concluye Alvarado, podría ser un reflejo de adaptación a la violencia.

El desapego familiar es abordado por ^{Briceño-León (2007}) como una consecuencia del contexto de globalización y de la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Todo esto sin una correspondiente adecuación de los roles familiares y sociales que procuren el bienestar de infantes y jóvenes; así, se reduce la influencia de la familia en su toma de decisiones.

En el ámbito público e institucional, la socialización secundaria influye en el comportamiento de las personas. Tener pares con relaciones sociales violentas o agresivas genera una normalización de este tipo de relaciones, lo que reduce los obstáculos para que los individuos decidan no replicarlas (^{Andrade & Betancourt, 2008}). En cuanto a evidencia, en un primer estudio, se encontró que 82% de los jóvenes que habían sido detenidos por dos o más actos delictivos tenían al menos un amigo cercano que ya había sido detenido por la policía; este porcentaje es de 34% entre los jóvenes que no cometieron actos delictivos. Sin embargo, en el estudio se concluye que el apego a los amigos pierde relevancia para predecir que se cometa un delito cuando se tiene cercanía con los padres y cuando incrementan las actividades delictivas, incluso si el grupo integra una pandilla; una posible explicación es que las personas hacemos honor a quienes admiramos no mediante la imitación, sino adhiriéndonos a las normas sociales (^{Hirschi, 2017}). En otro estudio, se encontró que las relaciones dentro de las bandas o pandillas suelen ser agresivas, tanto en hombres como en mujeres y existe una normalización de la violencia en un contexto de relaciones igualitarias, sin jerarquías, que les permite resignificar su personalidad (^{Alvarado, 2014b}).

^{Molina (2018}), tras un exhaustivo análisis de estrategias colectivas de prevención del crimen en un municipio colombiano, concluye que es de suma importancia considerar el contexto local en el que ocurre la socialización, para poder comprender con mayor detalle el efecto de la eficacia colectiva. Enfatiza en la importancia de las aproximaciones microsociológicas para entender cómo las acciones individuales se fomentan y facilitan desde la esfera política para responder a diversos problemas sociales. Este tipo de análisis ha mostrado la importancia del comportamiento a nivel individual (^{DeLisi & Vaughn, 2007}). ^{Kessler y Dimarco (2013}), por su parte, analizan las interacciones entre la policía y los jóvenes de barrios fuertemente estigmatizados en la periferia de Buenos Aires, y son los jóvenes y sus territorios caracterizados como conflictivos, potencialmente peligrosos, propensos al crimen, sujetos de hipervigilancia, mientras que se deja en estado de desprotección a los habitantes de la comunidad respecto del crimen que efectivamente ocurre.

Tener muchas actividades cotidianas deja menos tiempo a las personas para involucrarse en situaciones desviadas o fuera de la norma social. Por ello, socialmente, se considera que tener mucho trabajo, estudiantes que tienen actividades extracurriculares y diversos planes, aleja a las personas de situaciones negativas (^{Hirschi, 2017}).

El involucramiento en situaciones violentas suele ser analizado según estrato socioeconómico, aunque aún no hay conclusiones determinantes. En Causes of delinquency, ^{Hirschi (2017}) concluye que no fue posible encontrar evidencia de mayor o menor apego a los padres en las clases bajas (que podría explicar una asociación más fuerte entre pertenecer a familias con padres violentos y cometer actos violentos en familias de estratos bajos en comparación con las familias de estratos altos).

En contraste, ^{Alvarado (2014a}) identificó diferencias relacionadas con el nivel de marginación de la zona donde habitaban los jóvenes de su estudio: en general, jóvenes habitantes de zonas más marginadas habían normalizado la violencia desde el entorno familiar, lo que aquí se entenderá como nivel privado, mientras que los jóvenes de zonas medias se enfrentaron a ella únicamente en contextos de socialización que se identifican en el nivel institucional o público, tales como la escuela y la calle. Esta conclusión, por supuesto, debe tomarse con cautela, pues las personas, en este caso jóvenes, en condiciones de pobreza, marginación y baja calidad de vida en general, están viviendo una violencia estructural, que puede ser generadora de la violencia más allá del entorno familiar.

Aunado a lo mencionado por este autor, se encuentra el planteamiento de que la pobreza no genera violencia; lo que genera violencia es la desigualdad. Los inalcanzables -para la mayoría- estándares de consumo se oponen al bajo poder adquisitivo generalizado. Esta situación impacta de manera negativa en las personas que no logran satisfacer sus necesidades y buscan aceptación y reconocimiento social mediante otros mecanismos (^{Briceño-León, 2007}). La desigualdad social, que tiene como formas de expresión la segregación racial y la socioeconómica (^{Molina, 2018}), como precariedad laboral, marginación, violencia reproductiva, marcos prohibicionistas, etc. (^{Valenzuela, 2018}) es considerada, a su vez, como violencia estructural.

En otro estudio, se encontró que personas pertenecientes a estratos altos estaban más vinculadas a violencia intrafamiliar y violencia en el noviazgo, tanto víctimas como victimarios. Así mismo, se halló que vivir en colonias conflictivas o asistir a escuelas conflictivas tiene más probabilidad de vivir violencia intrafamiliar (^{Frías & Castro, 2011}).

El contexto escolar ha tenido efectos desde diversas perspectivas. ^{Hirschi (2017}) encontró que cuanto menos le preocupe a un niño lo que sus profesores piensan de él, más probable será que haya cometido actos violentos. Según la investigación de Concha-Eastman y Concha (2014), los estudiantes con problemas en la escuela pertenecían a familias con relaciones violentas y, muchas de ellas, con problemas económicos. ^{Alvarado (2014b}) encontró menor arraigo escolar entre jóvenes mexicanos en conflicto con la ley en comparación con quienes no lo estaban, estos últimos afirmaban que el vínculo derivaba de la imposición de los padres. Lo anterior refuerza la idea de que la socialización primaria en la familia puede ser más determinante en el comportamiento que el control social que pudiera provocar la socialización secundaria en la institución escolar.

A nivel institucional, los países latinoamericanos se caracterizan por su baja confianza en las instituciones encargadas de procurar la seguridad pública; situación que ha demostrado estar directamente relacionada con un mayor miedo al crimen (^{Kessler & Otamendi, 2020}). En cuanto a los modelos de acceso a la justicia en la mayoría de los países de la región ante la delincuencia juvenil, estos han transitado, de un enfoque meramente punitivo, a uno centrado en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, esto es un proyecto en curso con variados resultados, teniendo México un régimen mixto (Alvarado & Tenembaum, 2022). En igual sentido, al analizar el acceso a la justicia de los adolescentes en conflicto con la ley en CDMX por el delito de robo, se ha documentado cómo las familias de estos jóvenes enfrentan un mercado del castigo, donde diversas figuras judiciales aprovechan el desconocimiento de los procesos legales, la desesperación ante el encarcelamiento del familiar y la existencia de espacios paralelos al sistema para cometer actos de corrupción, con lo cual se abona la desconfianza generalizada ante los agentes estatales (^{Tenembaum, 2017}).

Por otra parte, al analizar las tasas de personas entre diferentes países, tanto en el sistema de procuración de justicia (tasa de personas en procesos judiciales) como en el sistema de impartición de justicia (tasa de personas encarceladas o en el sistema penitenciario), se ha señalado una menor cantidad de mujeres en el sistema de supervisión criminal, lo que se atribuye a distintos mecanismos de control social que influyen de manera diferencial en cada género (^{Ünal, 2004}). Se considera que, en las sociedades contemporáneas, hay tanto un control social privado o informal, que históricamente siempre ha sido mayor sobre las mujeres en comparación de los hombres, como un control social público, ejercido a través tanto de programas de apoyo y beneficio social para grupos en vulnerabilidad, entre ellos algunas mujeres (madres solteras, en situación de pobreza, entre otros), instituciones psiquiátricas, y el sistema de justicia penal, todo lo cual constituye también una forma patriarcal de control social sobre las mujeres, distinto en forma y magnitud del control social formal ejercido sobre los hombres y expresado tanto en mayores tasas de criminalidad, como de procuración e impartición de justicia en ellos (^{Ünal, 2004}).

En el mismo sentido, ^{Molina (2018}) confirma que el accionar policial puede tener impacto para reducir el crimen. Sin embargo, no es tan determinante cuando la sociedad no tiene confianza en esta institución. La forma más efectiva del actuar policial será cuando acuda a los llamados de emergencia, pero estos llamados solo ocurrirán cuando existan relaciones de cooperación mutua entre sociedad y policía.

Con base en que el contexto social y la integración de los individuos en él determinarán sus acciones, la pregunta guía de la presente investigación es: ¿qué condiciones sociales reducen el riesgo de que las y los jóvenes cometan actos delictivos? Trabajamos con la hipótesis de que tener una ocupación (estudiar, trabajar o tener pasatiempo), un entorno familiar agradable, cercanía con la madre, el padre o algún tutor o tutora (apego), no haber sido víctima de alguna agresión o crimen, no tener amigos con conflictos delictivos, vivir en un barrio donde existe confianza en la policía y tener las necesidades básicas cubiertas en el hogar reducirán el riesgo de que las personas entrevistadas hayan tenido una conducta de riesgo antisocial o criminal.

Datos, variables y métodos

La fuente de datos utilizada en el presente artículo fue la Ecopred 2014 (^{Inegi, 2015b}) que recopiló información de los jóvenes mexicanos de 12 a 29 años en 47 ciudades mexicanas consideradas de alta delictividad. Se utilizó esta encuesta debido a que recopila información adecuada para explorar el tema de conductas violentas y del control social que viven las personas jóvenes; incluye información de la zona geográfica de interés para la presente edición (la Zona Metropolitana del Valle de México, ZMVM) y es la encuesta más reciente de su tipo producida en México.

La muestra de la Ecopred 2014 está conformada por 97850 viviendas, y se pudo aplicar el cuestionario en 84928 hogares, entrevistando a 40366 jóvenes de entre 12 y 29 años, que no eran jefes de hogar y sí sujetos a algún control parental. Para este artículo, se seleccionaron únicamente las encuestas de las dos alcaldías de la Ciudad de México donde se aplicó la encuesta: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, que constituían en 2015 y en 2020 las dos demarcaciones con mayor número de habitantes¹ debido a que otros trabajos de esta revista se centran en la ZMVM.

Se construyeron diversas variables como se detalla más adelante (Tablas 1 y 2) con el fin de medir diversas formas en que el control social y otras características individuales, familiares o comunitarias inciden en la probabilidad de que las personas entrevistadas hayan cometido o no conductas de riesgo, antisociales o criminales. Así mismo, se elaboró un modelo estadístico de regresión logística con el software R, para medir el impacto de la variable de interés, control social, sobre la variable dependiente (haber cometido actos de riesgo criminal o antisocial), controlando por diversas características individuales, del hogar y comunitarias.

Se creó una variable para identificar la presencia de control social en la comunidad mediante las preguntas de la encuesta diseñadas para operacionalizar este concepto. Se utilizaron dieciséis posibles situaciones problemáticas presentes en la colonia o barrio (ruido, daño a autos, viviendas, negocios, consumo de alcohol o drogas en la calle, venta de productos pirata, drogas, riñas entre vecinos o pandillas, prostitución, asalto a personas o casas, negocios o vehículos, presencia de amenazas o extorsiones, uso de armas de fuego) para identificar si en el último año hubo algún tipo de respuesta comunitaria. Se consideró que hubo control social si los vecinos llamaron la atención, si se organizaron para resolverlo o hubo intervención policíaca. La categoría "no especificado o no respondido" indica que la persona entrevistada no indicó que haya sucedido alguna de las situaciones mencionadas.

Como aproximación a situaciones de violencia experimentadas en el entorno familiar, se considera la información reportada sobre la dinámica en el hogar para construir un índice numérico de un ambiente o familiar conflictivo, que suma prácticas de convivencia en el hogar que no permiten la resolución sana o pacífica de los conflictos entre los miembros del hogar, constituyendo en algunos casos actos de violencia física o psicológica (críticas constantes sobre apariencia física, aptitudes, negligencia y gustos, entre otros; después de una pelea evitar dirigirse la palabra; gritarse e insultarse cuando hay discusión; evadirse o evitarse para no pelear; empujarse, pellizcarse o jalonearse bruscamente; peleas tan fuertes que ha habido golpes). Debido a que ambas variables resultan en información redundante, únicamente se conserva la que mide el entorno familiar conflictivo por ser la más significativa en el modelo y corresponder con lo encontrado en la literatura.

Una variable mide las horas de convivencia por día; se construyó considerando el máximo número de horas de lunes a viernes que la persona joven reporta que pasa en promedio conviviendo, ya sea con su padre, con su madre o con el adulto encargado en ausencia de sus padres. El objetivo de generar esta variable es medir la fortaleza del vínculo entre la persona joven con sus progenitores o tutores, al capturar tanto la supervisión y disciplina como la orientación que pueden aportar a los jóvenes.

Para medir la exposición que tienen las personas jóvenes a diversos tipos de conflictos sociales y a conductas de riesgo mediante el comportamiento de sus pares, se emplea una variable que contabiliza las acciones conflictivas que realizan sus amigos. Esta variable fue construida a partir de una serie de preguntas de la encuesta donde se cuestiona sobre amigos que enfrentan situaciones como: padres divorciados, problemas escolares o laborales, abuso de alcohol y drogas, conductas violentas hacia personas o animales, involucramiento en actividades ilegales o antisociales.

La variable de actividades de pasatiempo se construyó a partir de las preguntas sobre actividades cotidianas que realiza el joven cuando no está ni en la escuela ni en el trabajo. Se consideró que sí tienen un pasatiempo cuando declaran realizar al menos una actividad lúdica, cultural o de aprendizaje fuera de la escuela (practicar un deporte al menos tres veces a la semana, asistir a algún curso o taller, ir al cine, leer algún libro que no sea de la escuela o trabajo), el resto se consideró como no tener pasatiempo.

La percepción sobre el desempeño de las autoridades se mide mediante la variable de confianza en la policía, que tiene dos categorías: una de quienes declararon tener mucha o algo de confianza en la policía de su colonia o barrio y otra para quienes afirmaron tener nada o tener poca confianza en la policía. Metodología similar se emplea en los artículos de Alvarado, Díaz y Padilla en este número.

Se consideró también la condición de victimización, si la persona joven había tenido una experiencia de maltrato o un delito en el último año o no. Para esto, se construyó la variable considerando las preguntas sobre victimización en el último año de bullying, violencia física, robo con o sin violencia, amenazas, extorsiones, difamaciones, violencia sexual (abuso sexual o violación).

La variable para captar la existencia y magnitud de las privaciones que sirve para conocer el nivel socioeconómico se generó contando el número de dificultades económicas y materiales en el hogar declaradas por la persona joven. Todas las privaciones aumentaron el valor del indicador, se consideraron las siguientes: no tener suficiente comida, tener deudas, no tener suficiente dinero para comprar ropa y calzado, tener que trabajar todos los días para poder cubrir necesidades, no tener suficiente dinero para divertirse o convivir, sin posibilidad de pagar medicinas y atención médica, no tener dinero para cubrir necesidades escolares, no tener dinero para darse gustos, no tener dinero para dar mantenimiento a la casa en caso de tener vivienda propia o no tener dinero para pagar la renta en caso de vivienda rentada.

Como aproximación a los procesos de socialización secundaria, como la escuela y el trabajo, se generó la variable categórica sobre la condición de actividad escolar o laboral de la persona joven con dos categorías: estudia o trabaja (incluye a quien realiza actividad económica en algún negocio familiar o realiza trabajo doméstico) o no estudia ni trabaja (incluye a incapacitados para trabajar, quienes solo buscan empleo).

Se utilizó la variable sexo como variable de control. Desde su origen, el cuestionario considera solo dos categorías para esta variable, hombre y mujer, por lo que no se consideran respuestas alternativas de personas que en su vida cotidiana declaren algo distinto.

La encuesta incluye un par de preguntas que arrojan información sobre conductas de riesgo, antisociales o criminales cometidas por los jóvenes; considerando esta información, se construyó la variable dependiente del modelo haber tenido conductas de riesgo antisocial o criminal o un contexto que les acerque mucho a ellas. Es una variable dicotómica donde las categorías fueron haber cometido una conducta de riesgo, antisocial o criminal² en los últimos 12 meses o en algún momento a lo largo de su vida: 1) tener o portar un arma para defenderse o para que los demás te respeten, como cuchillo, navaja, pistola; 2) pertenecer o ser obligado a pertenecer a algún grupo para proteger un territorio, protección contra otras personas o ser respetado; 3) realizar grafitis sin permiso, romper vidrios, quemar algo junto a amigos solo por la emoción de hacerlo; 4) tener algún conflicto con la policía que implique haber sido detenido o arrestado o, por el contrario, no haber incurrido en conductas de riesgo, antisociales o criminales al no haber cometido alguna de estas cuatro acciones.

Análisis descriptivo

A continuación, se describen las características de la población de jóvenes estimada a partir de la Ecopred 2014, en las localidades seleccionadas y las variables utilizadas en el modelo (Tablas 1 y 2). A partir de la encuesta, puede estimarse que la población joven entre 12 a 29 años, en ambas alcaldías sería de 615048 personas, con una mayor proporción habitando en la alcaldía Iztapalapa (62,7%) que en Gustavo A. Madero (37,3%).

En cuanto a la edad, en ambas alcaldías, la media estimada está alrededor de los 19,32 años (19,48 para Gustavo A. Madero y 19,22 para Iztapalapa), ligeramente mayor que la edad para el conjunto de ciudades consideradas en la encuesta (18,85 años). La distribución por sexo es prácticamente igual, con 50,2% de mujeres estimadas en comparación de 49,8% de hombres en ambas alcaldías.

No se detectó un ambiente de muchas peleas en el hogar. Solo 6,1 % de las y los encuestados declaró tener conflictos o peleas frecuentes de manera frecuente o muy frecuente con sus tutores, mientras que 9,5% tiene conflictos o peleas con otros miembros del hogar frecuente o muy frecuentemente, la mayoría, con sus hermanos o hermanas, pero también con tíos, primos, abuelos, pareja de madre o tutora, pareja de padre o tutor. Esta variable no se incluyó en el modelo, porque aumentaba el AIC y su incidencia en la variable dependiente era mínima (no resultó significativa en ninguno de los modelos). Caso similar ocurrió al analizar la presencia de acciones disciplinarias violentas; 8,8% de las personas encuestadas declaró que sí ocurren en su hogar, pero no resultó tener impacto considerable en el modelo.

En cuanto a la variable dependiente, esta indica si los jóvenes han incurrido en conductas antisociales, de riesgo o criminales; se estima que un 8% de la muestra de jóvenes ha incurrido en este tipo de acciones.

El ambiente familiar conflictivo tuvo una media de 1,4, siendo 0 el valor mínimo y 6 el máximo. En contraste, para la variable de ambiente familiar armonioso, la media de actividades realizadas en el hogar es de 4,9, siendo 0 el mínimo y 6 el máximo.

El promedio diario de horas de convivencia con la persona cuidadora (madre, padre, tutor o tutora) reportadas, la media es de 6,7 horas, con un mínimo de 0 y un máximo de 17 horas. La media de las privaciones es de 6,3, siendo 0 el mínimo y 9 el máximo posible.

Sobre la proporción de jóvenes que han sido víctimas de algún delito, el porcentaje es importante ya que 4 de 10 jóvenes lo ha sido.

Respecto de los amigos con actividades en conflicto o antisociales, la media es de 1,2 con mínimo de 0 y máximo de 13. En cuanto a los pasatiempos lúdicos o culturales 11,3% no cuenta con ningún pasatiempo de ese tipo.

Respecto de la ocupación, 90,5% de las personas habitantes en las alcaldías de interés declaró estudiar o trabajar; mientras 9,5% declaró que no estudia ni trabaja. Entre esta población, las personas que no estudian ni trabajan consideran a quienes están buscando trabajo. No es sorprendente que se estima que solo 3 de 10 jóvenes confían en la policía local "mucho o algo".

Se estimó que, ante actividades ilícitas, antisociales o de riesgo que pudieron presentarse en el año anterior a la encuesta, hubo en prácticamente la mitad de los casos, alguna medida de control social (46,0%) en la comunidad.

Resultados

Se realizó un modelo de regresión logística debido a la naturaleza de la variable dependiente de tipo dicotómica, utilizando el programa R y el paquete "stats". La variable dependiente es si la persona joven ha cometido algún acto antisocial, de riesgo o criminal (codificado como "1") o no (codificado como "0"). Se probó incluir distintas variables independientes y luego retirarlas con el fin de lograr un modelo con más parsimonia, aunque se conservaron en el análisis descriptivo. El modelo incluye 1651 observaciones debido a que 13 no se incluyeron al tener información faltante en una variable (confianza en la policía). Se buscó observar el efecto de la variable de control social, sobre la probabilidad de cometer actos antisociales el año anterior, aunque no fue significativa. Finalmente, se eligieron variables independientes que capturaron factores de riesgo que intervienen a distinto nivel (individual, familiar, comunitario) desde la perspectiva de la prevención social del delito. Así mismo, se eliminaron variables que, se consideró, restaban simplicidad al modelo con lo cual la medida AIC disminuyó. Se revisó la estadística Factor de Inflación de la Varianza y no se encontró que en ningún caso esta fuera mayor a 1,1. Se presentan los resultados del modelo en la Tabla 3.

Las variables de control incluidas fueron el sexo y la variable que capta privaciones económicas, así como la condición de estudiar o trabajar. Las variables independientes para medir el control social a nivel individual fueron la condición de haber sido víctima de algún crimen y tener actividades de pasatiempo; a nivel familiar, fueron la de horas de convivencia y ambiente familiar conflictivo; mientras que a nivel comunitario fue la presencia de control social, tener amigos en conflicto y tener poca o nada de confianza en la policía local.

Solo las variables de sexo, de victimización y tener amigos que han tenido conflictos o conductas antisociales resultaron estadísticamente significativas con un nivel de confianza de p < 0,01; mientras que la variable de ambiente familiar conflictivo resultó significativa con un nivel p < 0,05. Así, ser mujer tendría un efecto negativo sobre el logaritmo de los momios -1,27 de cometer una conducta de riesgo, antisocial o criminal por parte de la persona joven. Haber sido víctima de un delito, también es estadísticamente significativa, y tiene un efecto positivo sobre el logaritmo de los momios de cometer una conducta de riesgo, antisocial o criminal de 0,614. En cuanto a la presencia de un ambiente familiar conflictivo, que implique violencia física o psicológica, un incremento de una unidad tiene un efecto positivo sobre el logaritmo de los momios de cometer una conducta de riesgo por parte de la persona joven de 0,162. Por su parte, un cambio en la unidad de acciones que inicien conflicto o resulten antisociales por parte de los amigos tendría un cambio de 0,414 sobre el logaritmo de los momios de cometer un acto antisocial, criminal o un delito. De acuerdo con lo esperado, la variable de estudiar o trabajar tuvo un efecto positivo estimado, pero desafortunadamente no resultó estadísticamente significativa. Ninguna de las otras variables resultó estadísticamente significativa.

Discusión

Dentro de las variables estadísticamente significativas, las que responden a la pregunta de investigación, sobre qué condiciones sociales reducen el riesgo de que las y los jóvenes cometan actos delictivos, ser mujer es la que tuvo un mayor impacto en el control de las personas. En el sentido opuesto, haber sido víctima, tener una familia conflictiva y tener amigos que han tenido conductas de riesgo criminal o antisocial redujeron el control social sobre las personas entrevistadas.

El sexo se presenta como una característica diferenciadora en diversas publicaciones (^{Briceño-León, 2007}; ^{Ünal, 2004}; ^{Valenzuela, 2018}). Como muchas minorías, las mujeres se presentan como un grupo con una característica específica que potencia su vulnerabilidad a diversos riesgos, entre ellos, la violencia; pero se sabe que el sector de las mujeres dista mucho de ser cuantitativamente minoritaria dentro de la población total, lo que hace que esta situación se considere prioridad. ^{Valenzuela (2018}) menciona a las personas jóvenes como un grupo con la peculiar característica de ser al mismo tiempo víctimas y victimarios; por el contrario, lo que nos dicen los datos es que esta situación no es generalizable en el caso de las mujeres, pues se involucran con mucha menor probabilidad en actos criminales o de riesgo que los hombres. Esto posiblemente se explica con procesos de socialización en los que las mujeres no cometen delitos como estrategia cotidiana en la vida o eventos disruptivos en el sentido que ^{Matza y Sykes (1961}) describen actitudes juveniles de riesgo normales.

Respecto del estrato socioeconómico, medido aquí mediante la variable de privaciones, no resultó ser significativo para una mayor probabilidad de tener conductas de riesgo, lo que había sido previamente encontrado por ^{Hirschi (2017}). Pero también ^{Frías y Castro (2011}) encontraron que, a mayor estrato socioeconómico, mayor conflictividad entre los jóvenes, que fue el comportamiento que mostró la variable en el modelo (pese a no ser significativa).

En la mayoría de las investigaciones, se refiere al ambiente familiar conflictivo como impulsor de actitudes violentas o criminales en las personas. Aquí no fue la excepción, el ambiente familiar conflictivo incrementa la probabilidad de que la persona haya tenido conductas de riesgo antisocial o criminal. Sin embargo, la cercanía con los tutores no tuvo un efecto significativo ni su valor fue en el sentido esperado (reducción de la violencia).

Se trabajó con la hipótesis de que tener ocupaciones o pasatiempos reduce la disponibilidad de tiempo y, por lo tanto, de exposición para que las personas cometan actos fuera de la norma e, incluso, los mantiene con cierto apego a las personas que forman parte de las instituciones a las que pertenece, por lo que inhibe la decisión del individuo de cometer actos contra lo socialmente esperado. Sin embargo, no fue posible comprobar esta tendencia en las personas encuestadas mediante la variable de ocupación ni mediante la variable de pasatiempo.

La confianza en la policía tuvo el efecto esperado, para quienes confían poco o nada en esta institución hay más probabilidad de que hayan tenido actos de riesgo en comparación con quienes confían mucho o algo, aunque no fue estadísticamente significativa.

La variable de mayor interés, la de control social, resultó no ser estadísticamente significativa. Esto tiene que ver con dos limitaciones metodológicas: por un lado, la variable dependiente, eventos antisociales, se enfoca en situaciones a lo largo de la vida de la persona, mientras que las preguntas sobre control social se refieren únicamente al último año. Por otro lado, el modelo no considera el lugar de ocurrencia del evento antisocial, es decir, pudo haber ocurrido en la comunidad de la persona joven o en un lugar distinto. Una estrategia en estudios que analizan el riesgo de victimización violenta en vecindarios pobres de tres ciudades latinoamericanas, justamente, consiste en considerar los eventos que ocurren en el barrio (^{Manzano et al., 2022}).

Una tercera limitación general en el estudio es no tener una muestra de todas las alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo tanto las de alto como las de bajo nivel delictivo. Esto permitiría comparar el efecto del control social en poblaciones con mayor y menor nivel de delictividad.

Conclusión

La perspectiva teórica del control social es efectiva, no busca criminalizar a las personas con relaciones sociales violentas o con riesgo de serlo por sus situaciones familiares, sociales o estructurales, sino medir el efecto de ciertas características sociales y familiares en la toma de decisiones individuales y racionales.

La hipótesis se cumplió parcialmente. En el nivel individual, haber sido víctima de alguna agresión indica mayor probabilidad de haber tenido el tipo de conductas estudiadas en comparación con quienes no fueron víctimas. La variable de tener un pasatiempo no resultó ser significativa, por lo que se concluye que no es de mucha importancia para inhibir las conductas de riesgo antisocial o criminal.

En el nivel familiar, se comprobó que el ambiente de convivencia conflictivo tiene impacto significativo en provocar las conductas analizadas, lo que fortalece estudios anteriores sobre la importancia de la socialización primaria en las personas, aunque la cercanía con sus padres o tutores, medida mediante las horas de convivencia, no resultó ser significativa.

En el nivel comunitario, la confianza en la policía no fue significativa, pero sí tuvo la dirección esperada; esto podría estar afectado por un sesgo en las respuestas. Tener amistades con conflictos o con relaciones sociales violentas sí fue significativo y en la dirección esperada; es necesario recordar que, en muchas ocasiones, jóvenes que tienen normalizadas actitudes violentas suelen buscar amistades en la misma situación. Así mismo, estas conductas pueden tener una causalidad más compleja, explicada por un ambiente de precarización social que coloca a los individuos en una situación de exclusión que potencia la violencia estructural de la que son víctimas.

La variable empleada para medir el control social tampoco resultó significativa pero sí siguió el resultado esperado (reducir el riesgo de que se haya tenido alguna conducta de riesgo). Debido a la importancia en la literatura, una sugerencia en términos de política pública es fortalecer las medidas de acción comunitaria, sea mediante programas que favorezcan la cohesión social, la cercanía con la policía o la convivencia en general entre vecinos.

Respecto de las variables de control, ni la ocupación/desocupación ni la existencia/ ausencia de privaciones materiales en el hogar resultaron significativas, incluso la variable de privaciones tuvo una dirección opuesta a la esperada; en contraste, el sexo mostró tener un impacto significativo no esperado, pues solo se incluyó como variable de control.

Considerando que el sexo resultó ser la variable significativa con mayor impacto, se deberán tomar acciones en temas de prevención y atención a la violencia con perspectiva de género desde temprana edad. Entre ellas, programas estatales que procuren romper con patrones que refuercen estereotipos de género en el ambiente escolar, fomentar la presencia de mujeres y hombres en áreas de capacitación con razón de sexo distinta a uno. Así mismo, tendrían que fomentar la participación laboral de las mujeres en los hogares de esos niños, niñas y jóvenes (no solo sus madres, sino otras mujeres), talleres de masculinidades para padres e hijos, entre otros.

En particular, deben fortalecerse políticas de prevención que motiven ambientes más armoniosos de convivencia dentro de las familias, con soluciones de conflictos pacíficas y trato respetuoso entre sus integrantes. De igual manera, llevar a cabo acciones orientadas a reducir la convivencia de personas con agresores, mediante esquemas de fortalecimiento de autoestima y promoción de nuevas formas de relacionarse con amistades, compañeros y familiares.

Como para futuras investigaciones, se recomienda seguir realizando ejercicios de recolección de información con temáticas similares a las de la Ecopred, lo que seguirá siendo de suma utilidad para conocer la evolución del fenómeno tras diez años del levantamiento. Así mismo, ampliar la muestra a ciudades donde los niveles delictivos sean relativamente bajos para poder tener grupos de contraste y encontrar más evidencia que ayude a que las ciudades con alta delictividad cambien esa circunstancia.

Los datos con los que se cuenta evidenciaron significativas diferencias entre hombres y mujeres. Esto es un indicio de que personas con divergencias sexogenéricas podrían estar siendo victimizadas de manera particular, por lo tanto, se requiere profundizar desde una perspectiva cuantitativa, en el contexto dentro del cual afecta particularmente la violencia estructural, así como las condiciones sociales e individuales a las personas no heterosexuales que facilitan su involucramiento en conductas criminales o de riesgo.