Introducción

La interacción entre las relaciones civiles-militares y la economía de defensa en la República del Perú presenta un panorama complejo y multidimensional, que resulta esencial para entender la estabilidad y el desarrollo de la nación de cara al futuro. Este artículo se centra en explorar esta interacción a través de varios enfoques metodológicos y teóricos, que incluyen una revisión documental exhaustiva del contexto peruano y la aplicación de técnicas de los estudios de futuro.

Para comenzar, la revisión documental se enfoca especialmente en el Libro Blanco de la Defensa, un documento clave que detalla las estrategias y políticas de defensa del país (^{Ministerio de Defensa de la República del Perú, 2006}). Además, se examinan las cifras más relevantes en cuanto a la asignación presupuestaria, lo que permite identificar tendencias y prioridades en el gasto de defensa. Esta investigación se centra particularmente en el Ejército del Perú, dado que es la fuerza con mayores activos, como lo señala el Balance militar sobre Perú del International Institute for Strategic Studies (^{IISS, 2024}). Esta revisión proporciona un marco de referencia sólido sobre cómo el Perú gestiona sus recursos defensivos y las prioridades que establece en su política de defensa.

A nivel teórico, se lleva a cabo una revisión de los estudios en economía de defensa y sobre las relaciones civiles-militares, con el fin de comprender cómo se asignan y gestionan los recursos económicos en el ámbito de la defensa y cómo interactúan las autoridades civiles y militares en este proceso. La economía de defensa, en particular, ofrece una perspectiva sobre la eficiencia y eficacia del gasto en defensa, mientras que el estudio de las relaciones civiles-militares permite entender las dinámicas de poder y de cooperación entre estos dos actores fundamentales.

Para complementar el análisis documental y teórico, se aplica el método Delphi, una técnica de consulta a expertos, que permite recoger y analizar las opiniones de asesores y oficiales del Ejército del Perú mediante la aplicación de un cuestionario con drivers previamente establecidos para identificar posibles escenarios futuros para la defensa del país. Estos escenarios se construyen con base en los sectores estratégicos prioritarios, el comportamiento del porcentaje del PIB asignado a la defensa, las principales amenazas reconocidas, la inversión del presupuesto asignado y las alianzas estratégicas importantes para el Estado peruano.

Los resultados obtenidos mediante el método Delphi, en el marco de los estudios de futuro, proporcionan una visión prospectiva y estratégica sobre cómo podría evolucionar la defensa en el Perú en los próximos años, lo que permitiría además anticipar y planificar mejor las políticas de defensa, pero también ofrecer un diálogo de cooperación más preciso entre los actores civiles y militares.

Este artículo contribuye al conocimiento académico sobre la interacción entre las relaciones civiles-militares y la economía de defensa en el Perú, y ofrece un horizonte práctico de posibilidades para los responsables de la formulación de políticas en este sector. Al integrar la revisión documental, el análisis teórico y la consulta a expertos, se presenta una visión holística y bien fundamentada que puede servir como base para futuras investigaciones y para el diseño de estrategias de defensa más efectivas y coherentes con las necesidades y realidades del Perú.

Contexto

La República del Perú es un país latinoamericano cuyos cambios en el Gobierno central hacen de su historia un caso importante en el estudio de las relaciones civiles-militares. Como analizan ^{Betancur-Montoya y González-Martínez (2022)}, la presidencia del Perú se ha destacado ampliamente en cuanto a su tipología, sus alianzas en política exterior y su influencia desde y hacia las Fuerzas Militares. Estos autores recorren la historia del Perú, en la cual resaltan la dictadura del General Velasco Alvarado en la segunda mitad del siglo XX, que estableció alianzas con la antigua Unión Soviética. Así mismo, sobresale el gobierno de Alberto Fujimori, reconocido como uno de los dictadores de finales del siglo XX, quien guardó una relación cercana con las Fuerzas Armadas, logrando una sinergia que se reflejó en la derrota de Sendero Luminoso (^{Miron et al., 2023}), un grupo insurgente-terrorista predominante de la región.

En este siglo, Perú ha retornado a la democracia sin abandonar el sentido de importancia de la seguridad nacional, lo cual se refleja en su Libro Blanco de la Defensa -algo con lo cual cuentan pocos Estados latinoamericanos (^{Quintero-Cordero & Forero-Garzón, 2018})- y en su política de seguridad y defensa nacionales.

El Libro Blanco tiene varios aspectos que llaman la atención, porque denotan una conciencia respecto a la seguridad multidimensional, una concepción de la seguridad que no solamente se enfoca en la guerra y en la protección de las fronteras, sino que incluye aspectos como el crecimiento económico, el involucramiento de la sociedad en la seguridad y la defensa, y la visión del Estado como un todo en el que se deben articular todas las entidades y partes del sistema político para lograr los intereses de la nación.

Así las cosas, el Libro Blanco del Perú se establece como una forma de generar confianza a nivel doméstico e internacional, en el que se define un sistema para la solución de controversias teniendo en cuenta la seguridad hemisférica, regional, subregional y vecinal. De la misma forma, reconoce los desafíos de la globalización y las tensiones que esta genera con intereses étnicos y nacionales; y proyecta al país en su geopolítica, reconociendo factores claves para el éxito económico y la prosperidad, e identificándolo como un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico y con presencia en la Antártida.

Por otro lado, reconoce la Política de Seguridad y Defensa como una política de Estado, es decir que no depende de los cambios presidenciales, sino que debe mantenerse como una prioridad para cualquier gobierno. A esto se suma que la seguridad se ve como el resultado de un esfuerzo diplomático, económico, militar y social, donde se establece que "toda persona natural y jurídica está obligada a participar en la Defensa Nacional" (^{Ministerio de Defensa de la República del Perú, 2006}, p. 62).

También establece el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, integrado por el Consejo de Seguridad Nacional, el Sistema de Inteligencia Nacional, el Sistema Nacional de Defensa Civil, y los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales. Al respecto, se destaca la labor del Consejo de Seguridad Nacional, ya que no solamente está a cargo de la Política de Seguridad y Defensa y de las directivas al respecto, sino también de los requerimientos presupuestales necesarios para la seguridad y defensa, y las adquisiciones de equipamiento militar de carácter estratégico. Este consejo está integrado por el presidente de la República; los ministros de Relaciones Exteriores, del Interior, de Defensa, de Economía y Finanzas y de Justicia; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; el presidente del Consejo Nacional de Inteligencia y el presidente del Consejo de Ministros.

Finalmente, el Libro Blanco del Perú también establece en su capítulo noveno los recursos económicos para la defensa nacional. Allí se encuentra que el Perú concibe la seguridad y la defensa como un bien público puro, lo cual se abordará más adelante en el marco teórico. Así mismo, se establece la necesidad de asignación de recursos del presupuesto nacional para cubrir gastos fijos y variables, siendo estos últimos dependientes de las amenazas a las que se enfrente el país. Además, se establece el Fondo de Defensa Nacional con tres finalidades: 1) "Adquisición de equipamiento destinado a la modernización de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional"; 2) "Repotenciación y renovación tecnológica del equipamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional"; y 3) "Reparación y mantenimiento del equipamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional" (^{Ministerio de Defensa de la República del Perú, 2006}, p. 137).

Dado que el Libro Blanco es uno de los documentos más importantes en la seguridad y la defensa de cualquier país, lo antes descrito refleja que el Perú es un país consciente de su realidad geográfica, de sus retos y de cómo enfrentarlos. También demuestra una actitud sensata respecto a la inversión que se requiere para tener un país seguro. Sin embargo, aunque esto se puede afirmar respecto a sus lineamientos, también es necesario revisar las cifras. La Figura 1 muestra el gasto en defensa del Perú como porcentaje del producto interno bruto (PIB), desde el 2018 hasta el 2022, según los datos del ^{Banco Mundial (2024a)}.

Como se puede observar, el gasto en defensa oscila entre el 1,15 % y el 1,2 % del PIB, lo cual no es muy representativo, pero sí le ha permitido estar entre los primeros diez países de Latinoamérica con mayor personal militar activo tanto en 2022 como en 2023 (^{IISS, 2023}, p. 364; ²⁰²⁴, p. 396). Por otro lado, aunque se aprecia un pico en el 2020, este fue el año de la pandemia del covid-19, así que es necesario tener en cuenta que la cifra es respecto al porcentaje del PIB. Por ello, se hace indispensable observar en términos reales cuánto se asignó al sector defensa. La Figura 2 muestra el gasto en defensa del 2018 al 2020 en miles de millones de dólares corrientes.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ^{Banco Mundial (2024a)}

Figura 1 Gasto en defensa como porcentaje del PIB. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ^{Banco Mundial (2024b)}

Figura 2 Gasto en defensa en miles de millones de dólares corrientes. 

Al contrastar ambas gráficas, se evidencia que, a pesar de que en términos porcentuales en el 2020 hubo un incremento, en términos de dólares corrientes se presentó una baja tanto en ese año como en el 2021, lo cual guarda relación con el estancamiento económico sufrido a nivel global por la coyuntura de la pandemia. También se observa que en el 2022 se dio el mayor nivel de gasto, con 2,85 miles de millones de dólares, que corresponde al 1,15 % del PIB, lo cual indica un crecimiento de la economía peruana para este periodo.

Así, se puede concluir que, en cuanto a la asignación presupuestal al sector defensa en el Perú, se ha dado un esfuerzo por mantener el porcentaje del PIB asignado, lo cual garantiza estabilidad en el funcionamiento del sector. Esto es coherente con lo establecido en los lineamientos expuestos.

Marco teórico

La economía de defensa es un campo de estudio transdisciplinar que utiliza herramientas de las ciencias económicas y de los estudios en defensa y los estudios de paz, para establecer una agenda de investigación sobre el aporte del PIB en los gastos en defensa para el sostenimiento del personal militar, el mantenimiento de infraestructura, la investigación y el desarrollo, y la adquisición de capacidades, equipamientos y tecnología militar. Así mismo, se interesa por la relación que tiene la economía de defensa con el crecimiento económico de un país, en el costo de oportunidad que puede tener el rubro asignado a la defensa, y cómo se desarrollan las economías en tiempos de guerra y de paz.

De acuerdo con ^{Sandler y Hartley (1995}, p. xi), la economía de defensa estudia también los actores que participan en el sector de la defensa, tanto los tomadores de decisiones como los contratistas y las empresas que ofrecen sus servicios; los arreglos institucionales que se dan para las diversas adquisiciones de defensa, y la investigación al respecto. De esta forma, la economía de defensa intenta comprender el funcionamiento complejo de cómo se mueve la demanda, la oferta y la protección de los intereses nacionales, en relación con los bienes y servicios necesarios para cumplir la misión del Estado de proteger su soberanía, su población y su territorio.

Por otro lado, las relaciones civiles-militares estudian la interacción entre el gobierno civil y la sociedad con las Fuerzas Militares (^{Feaver, 1996}; ^{Huntington, 1957}; ^{Janowitz, 1960}). En su agenda de investigación incluyen aspectos como el control democrático; la observación del cumplimiento de las Fuerzas Militares a su misión constitucional; la legitimidad mutua que se otorgan los estamentos civiles y militares; la eficiencia militar en contraste con el control civil, y los roles que cumplen las Fuerzas Militares en el Estado.

Para las relaciones civiles-militares también son de interés los roles que se otorgan a los entes que tienen a cargo la administración de la fuerza del Estado. Por ello, en ocasiones se estudia también a la policía, sobre todo cuando se da el fenómeno de su militarización en respuesta a algunas amenazas, cuando adquiere instrucción y capacidades militares. Esto se da sobre todo en Estados que tienen que enfrentar las mafias y el narcotráfico.

Con ello en mente, la economía de defensa guarda una estrecha relación con las relaciones civiles-militares en el Estado social de derecho, en cuanto es la autoridad civil quien define las prioridades de seguridad en el Estado; autoriza la forma en la que las amenazas se mitigan, y asigna el presupuesto a las entidades que se encargan de ello. De esta forma, el estamento civil puede ejercer control sobre las Fuerzas Militares a través de los recursos que les asigna, pero también definiendo cómo pueden utilizarlos.

Por tanto, si el estamento civil no cuenta con una clara comprensión de las necesidades de defensa, el presupuesto asignado puede ser insuficiente, lo que puede exponer la soberanía nacional a amenazas provenientes tanto del entorno externo como el doméstico. Por otro lado, sin embargo, un presupuesto sin control civil puede tener otros efectos, como el surgimiento de dilemas de seguridad en las regiones o a nivel global, y problemas de eficiencia económica del país. Por estas razones, las relaciones civiles-militares son claves para comprender la economía de defensa de cualquier Estado.

Al respecto, ^{Duncan (2013)} plantea una serie de preguntas aplicables al estudio de la economía de defensa y las relaciones civiles-militares, en relación con las políticas de seguridad nacional: ¿Qué significa tener la cantidad óptima de defensa y cuáles son los problemas fundamentales del análisis estándar? ¿Cuáles son los acuerdos institucionales necesarios para lograr continuamente un nivel eficiente de seguridad? ¿Cuáles son las influencias que conducen de un acuerdo más eficiente a uno menos eficiente? Y ¿cómo evitar las distorsiones institucionales de esa influencia?

Estas preguntas se basan en la premisa de que la seguridad es un bien público, dado que cumple con las dos condiciones definidas por ^{Samuelson (1954)} para considerar un bien como público: la no exclusión y la no rivalidad (^{Duncan, 2013}). La no exclusión se refiere a que, cuando un bien público es producido, ninguna persona perteneciente a la sociedad puede ser excluida de su goce; por ejemplo, si se realizan los gastos de defensa para que una ciudad esté segura, todos los ciudadanos de esa ciudad deben poder disfrutar de la paz y la tranquilidad conseguidas, sin importar si han pagado o no por ella. Por otro lado, la no rivalidad significa que el bien puede ser utilizado por una persona sin que se disminuya la cantidad del bien ofrecido; esto también aplica a la seguridad y al gasto en defensa, pues, una vez hechas las adquisiciones en defensa, las personas pueden gozar de la seguridad sin que al "usarla" disminuya.

Esto se relaciona con la definición clásica del Estado moderno, según la cual la seguridad y la defensa son la principal responsabilidad del Estado y la razón de su existencia (^{Cujabante-Villamil et al., 2023}). Como lo expresa ^{Duncan (2013)}, sin el Estado no sería viable que las personas se pudiesen organizar para defenderse de las amenazas contemporáneas, por lo que la seguridad y la defensa son un paradigma de los bienes que debe ofrecer el Estado como una condición sine qua non para existir y sobrevivir con legitimidad.

Al respecto, es importante aclarar que tanto las políticas de seguridad como los presupuestos de defensa responden y se construyen en torno a las amenazas reconocidas y percibidas por el Estado. ^{Sandler y Hartley (1995)} estudian cómo funciona la economía de defensa en países que enfrentan amenazas no convencionales, respecto a lo cual destacan varios aspectos, como los incentivos y desincentivos para participar en actividades como revoluciones, insurrecciones, insurgencias, actividades terroristas, etc. Así mismo, establecen que se requiere conocer cómo funcionan las economías criminales. Esto ha sido retomado por otros autores de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos (^{Gilman et al., 2013}; ^{Miklaucic & Naím, 2013}; ^{Williams, 2013}), quienes analizan cómo la globalización ha sido aprovechada por actores al margen de la ley, y por qué sus lógicas económicas deben ser conocidas para enfrentar este tipo de amenazas.

Por su parte, ^{Uttley (2018)} propone que en las adquisiciones de defensa se debe tener en cuenta dónde se compra, qué se compra y cómo se compra lo que se requiere. Estas preguntas son esenciales para mitigar la tensión entre las adquisiciones de defensa y la eficiencia económica, es decir, para evitar el dilema guns vs. butter (^{Coutts et al., 2019}), o que las adquisiciones de defensa representen un costo de oportunidad perjudicial para el Estado en cuanto a la oferta de otros bienes públicos como la educación y la salud, esenciales para el desarrollo.

En cuanto a dónde se compra lo que se requiere para la defensa, el estudio de ^{Uttley (2018)} señala la importancia de salvaguardar la soberanía del país. Esto es fundamental, dado que no todos los Estados pueden producir lo que se requiere. De hecho, divide en tres niveles las economías de defensa de los Estados en el sistema internacional. En el primer nivel se encuentran aquellas economías como la de Estados Unidos, con capacidades industriales y tecnológicas para producir bienes y servicios de defensa para sí mismos y para otros Estados. En el segundo nivel, están economías emergentes como la de China o Brasil, que cuentan con algunas tecnologías e industrias propias, suficientes para algunas amenazas. Y en el tercer nivel están economías como la de México y Nigeria, con poca tecnología e industria para producir armas y equipos militares. Se considera que el Perú está en este nivel, ya que cuenta con ciertas empresas de defensa como la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) y el Servicio Industrial de la Marina (SIMA), pero que no son autosuficientes para la seguridad nacional.

Así, los países del tercer nivel deben tener presente a qué países y empresas compran sus equipos y armamento, teniendo en cuenta que el conocimiento de estos equipos es esencial en el teatro de operaciones y que el mantenimiento puede representar un incremento de gastos, sobre todo si no se cuenta con condiciones de igualdad en las negociaciones. El sistema de alianzas también es indispensable, para evitar comprar armas y equipo de un actor que pueda llegar a ser un adversario, lo que podría perjudicar la seguridad del Estado.

Ahora bien, para analizar lo anterior, sin dejar de lado las relaciones civiles-militares y su considerable impacto en las decisiones que se toman en torno a la economía de defensa, es necesario tener en cuenta los actores relevantes en la toma de decisiones, sus intereses, los factores del entorno que pueden influir en los resultados finales y la relación entre dichos actores y el entorno para producir un resultado específico (^{Kuehn & Lorenz, 2011}).

Finalmente, en un Estado democrático se debe responder a un espectro amplio de amenazas manteniendo coherencia no solo con los estándares internos, sino también con los establecidos a nivel global de los cuales se forma parte (^{Bruneau & Matei, 2008}). En el caso de Perú, se siguen las directrices de la ONU y del sistema interamericano de defensa. Por lo tanto, los roles de las Fuerzas Militares y las asignaciones que se les confieren para cumplir su misión constitucional deben alinearse con los principios democráticos y de libertad. En otras palabras, es necesario reconciliar la existencia de un estamento militar lo suficientemente fuerte para responder a las amenazas reconocidas por el gobierno civil, pero también lo suficientemente subordinado a este, que ha sido legítima y legalmente constituido (^{Huntington, 1957}; ^{Janowitz, 1960}). Es decir, se debe buscar una armonía entre la seguridad y la libertad.

Metodología

Desde la perspectiva de los estudios de futuro, existen incertidumbres y riesgos a largo plazo de diversa índole que requieren respuestas efectivas y bien fundamentadas para apoyar la toma de decisiones en las instituciones. Las tipologías de incertidumbre incluyen la estatal o ambiental percibida, de efecto y de respuesta, según la clasificación de ^{Milliken (1987)}, y abarcan desde problemas de largo plazo hasta riesgos de gran escala. Esto subraya la importancia de contar con herramientas, ya sean simples o complejas, para anticipar y preparar respuestas adecuadas ante los desafíos futuros, y reforzar la gobernanza anticipatoria, entendida como la regulación de "los procesos de toma de decisiones colectivas para problemas y desafíos que aún no existen a nivel de realidad tangible en la actualidad" (^{Fuerth, 2009}).

Para esta investigación, se hizo uso del método Delphi, cuyo propósito es recopilar y acercar las opiniones de expertos mediante el análisis y la reflexión sobre un problema previamente definido (^{Varela-Ruiz et al., 2012}), con el fin de identificar probabilidades lineales. Este es un método semicuantitativo, ya que aplica principios matemáticos para cuantificar la subjetividad, los juicios racionales y los puntos de vista de expertos y conocedores (^{Cañizares & Suárez, 2022}), en aras de establecer la probabilidad de ocurrencia en el tiempo de un evento futuro.

Cabe plantear la pregunta de si existen relaciones directas no estudiadas entre un tipo de incertidumbre colectiva y los procesos de gobernanza anticipatoria (^{Melo-Rodrigues, 2023}). Es posible que se pretenda atender aquellos eventos, actos y decisiones derivados de la insuficiencia de información crítica, que permitan las relaciones entre actores y gestores, y, a su vez, entender su carácter en los procesos desarrollados por los actores hacia la construcción de lo público, considerando los resultados y comprendiendo que "es una constelación de participantes con la intención y la capacidad de actuar en el sistema global" (^{Dussouy, 2010}, p. 142).

En el dinámico campo de los estudios de futuro, el método Delphi emerge como una herramienta crucial para explorar futuros potenciales mediante el consenso de expertos. Aplicado en el contexto del Ejército del Perú, este método permite discernir y categorizar futuros posibles que pueden impactar significativamente la economía de defensa. A través de encuestas Delphi, la tabulación de datos y el análisis cualitativo, se logra una comprensión sistemática de las tendencias emergentes y las posibles disrupciones que podrían configurar el panorama en los próximos años.

Así las cosas, en esta investigación se implementó una encuesta, a partir de la cual se identificaron drivers, que definen el comportamiento actual y potencial de la ejecución, y el core o foco central donde se centran los recursos, acciones y operaciones de los aspectos relevantes de economía de defensa asignados al sector, en especial al Ejército del Perú. El análisis se realiza según los cuartiles, las frecuencias teóricas, la mediana, la variación, la media aritmética y la desviación, aplicando la técnica de arquetipos o la construcción de cuatro posibles escenarios de futuro, determinados por su madurez de crecimiento continuado, colapso, disciplina y transformación. Se diligenciaron formatos independientes por cada asesor y oficial del Ejército del Perú. Sus resultados se usaron para identificar y valorar los drivers.

Resultados

Discusión

Conclusiones

De acuerdo con los resultados, se puede esperar que el Perú se mantenga en un aumento prudente del porcentaje del PIB asignado a las Fuerzas Militares, generando también una autogestión de recursos por medio de la inversión y el fortalecimiento de sus recursos.

Al contrastar la opinión de los expertos con la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 (^{Ministerio de Defensa del Perú, 2022}), se concluye que la subversión y el terrorismo, y el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos son las dos principales amenazas a la seguridad y a la defensa. Al respecto, en las Figuras 3 y 4 se muestra el comportamiento de estas amenazas según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ^{INEI (2022)}

Figura 3 Acciones terroristas registradas del 2018 al 2022. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ^{INEI (2022)}

Figura 4 Droga ilícita decomisada de 2015 a 2022 en kilogramos (kg) 

Se observa que, aunque los ataques terroristas relacionados con la subversión han disminuido desde 2020, la cantidad de kilogramos de droga incautados ha aumentado precisamente a partir de ese mismo año. Esto concuerda con la respuesta de los expertos, quienes identifican como principales amenazas el narcotráfico, el terrorismo internacional, la subversión y el crimen organizado transnacional, asignando un menor puntaje a otro tipo de amenazas de carácter tradicional, como la disputa territorial y la seguridad fronteriza. Incluso otras amenazas consideradas desde la seguridad hemisférica, como la estabilidad social, y factores medioambientales, como el cambio climático y los desastres naturales, reciben menos atención. No obstante, se evidencia una creciente conciencia sobre las emergencias humanitarias y la infraestructura crítica, ya que los expertos las consideran un sector estratégico.

Por otro lado, se evidencia un fortalecimiento de la cooperación en el entorno regional en Perú, lo cual ya ha sucedido en regiones como el Amazonas. Tal como expone ^{García-Pinzón (2018)}, Brasil, Colombia y Perú conforman una región transfronteriza donde se enfrentan problemas comunes, como la falta de control institucional en los territorios y la falta de articulación entre el gobierno central y las regiones. Asimismo, en esta zona convergen los intereses de los países mencionados, ya que la región amazónica es rica en recursos naturales y tiene un alto potencial para el turismo. Finalmente, los Estados comparten amenazas comunes, como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la presencia de actores ilegales.

Por ello, la zona transfronteriza requiere una respuesta basada en la cooperación regional, ya que no puede ser abordada desde la visión tradicional de un Estado soberano, algo que también se aplica a las principales amenazas que enfrenta el Perú. Esta situación se complica por la desarticulación entre el gobierno y la población de las regiones, lo que dificulta la cooperación. En este contexto, se necesitan respuestas coordinadas, combinadas e interagenciales, que no solo incluyan a las entidades nacionales, sino también una planificación conjunta con otros países vecinos. Este enfoque está alineado con el interés de Perú en evitar una carrera armamentista en la región (^{Flemes & Nolte, 2010}).

Esto también refleja la cautela del Perú en cuanto a sus adquisiciones de defensa, lo cual se ve reflejado en la ubicación de sus alianzas. Estas están marcadas por el pragmatismo y la diversidad, ya que el Perú mantiene diversas alianzas, incluyendo a Estados Unidos, pero también a China, Rusia, países de la Unión Europea como Francia y España, y Brasil. En este sentido, resultan interesantes los acercamientos de Perú con China, como expone ^{Ramírez-Bullón (2021)}, quien destaca la compra de equipos y diversas donaciones por parte de China para apoyar al Perú en situaciones humanitarias.

De la misma forma, los expertos favorecen la modernización de equipos y tecnología en el Perú, lo cual se relaciona con lo establecido en el Libro Blanco, donde se señala lo siguiente: "En términos económicos, la Seguridad y la Defensa Nacional se define como un bien público intangible, necesario fundamentalmente para garantizar la Independencia, la Soberanía y la Integridad Territorial del Estado, fijados en la Constitución Política del Estado" (Ministerio de Defensa de la República del Perú, 2006). Es evidente, por tanto, que detrás de la inversión en defensa se encuentran amenazas significativas, como el narcotráfico y el crimen organizado transnacional (^{Villalba-García, 2022}). Para enfrentarlas, se requieren Fuerzas Armadas con capacidades amplias, lo que exige una adaptación y modernización constante de equipos, tecnología y capacidades operativas. Estos elementos son fundamentales para enfrentar desafíos cambiantes y emergentes, tanto en escenarios de crecimiento continuo como de transformación, con el fin de mantener la competitividad del país.

Así, se evidencia la importancia de una planificación estratégica sólida, en la que la inversión en capacidades tecnológicas y operativas, junto con la colaboración efectiva a nivel nacional e internacional, contribuyen al fortalecimiento de la defensa y seguridad del Perú en un entorno global dinámico y desafiante. La gestión estratégica y la disciplina financiera se presentan como factores críticos tanto en el presente como en el futuro del Ejército del Perú, dado que una administración eficiente y prudente de los presupuestos asignados es fundamental para asegurar la sostenibilidad y la efectividad operativa.

Finalmente, se establece la necesidad de fortalecer las estrategias proactivas ante amenazas complejas, combinando medidas de seguridad tradicionales con enfoques innovadores y colaborativos, mediante integraciones multidimensionales que impulsen la resiliencia, el fortalecimiento de capacidades, las alianzas regionales y el desarrollo de capacidades de inteligencia y respuesta rápida. Es esencial implementar estrategias de resiliencia institucional y adaptabilidad que integren capacidades de respuesta operativa, flexibilidad para ajustar procesos, procedimientos y prioridades, de acuerdo con las condiciones políticas, económicas y de seguridad cambiantes.