La magnitud de la redefinición de misiones

Determinar los roles naturales de las fuerzas armadas debería ser sencillo, dado que su propósito inicial es claro: disuadir y defender. Sin embargo, el debate sobre la redefinición de sus actividades rompió con esa tradición de reminiscencias prusianas y amplió el espectro de sus roles. ^{Pion-Berlin y Arceneaux (2000}) desarrollaron una taxonomía basada en dos variables: alcance y ubicación (Figura 1).

Fuente: ^{Pion-Berlin y Arceneaux (2000}, p. 418)

Figura 1. Misiones y operaciones. Alcance y ubicación. 

Para ^{Pion-Berlin y Arceneaux (2000}), las misiones centrales de las fuerzas armadas serían las restrictivas-externas, y se podría aceptar el crecimiento hacia las expansivas-externas. Sin embargo, señalaron que las misiones internas se estaban creciendo en ambos alcances; hecho que no les preocupaba demasiado mientras los militares, en el ámbito de la gobernanza, continuaran siendo meros ejecutores de las decisiones. Los problemas surgirían si asumían el papel de quienes toman las decisiones.

^{Pion-Berlin (2004}), además de destacar las misiones de seguridad externa (como las operaciones de mantenimiento de la paz, la vigilancia fronteriza y la lucha contra el tráfico de armas y personas), comprobó que este marco era más amplio al verificar que las áreas de potencial intervención militar crecían hacia el ámbito interno, incluyendo misiones de seguridad pública y desarrollo (acción cívica, desastres naturales, medio ambiente, reducción de la pobreza). Las misiones de seguridad interna, especialmente en América Latina, continuaron aumentando, integrando operaciones contra el narcotráfico, seguridad pública (combate del crimen común y organizado, contrainsurgencia, contraterrorismo, orden público) y estabilidad de los espacios públicos (^{Pion-Berlin et al., 2012}; ^{Pion-Berlin, 2016}).

Por otro lado, ^{Dandeker (2000}), al analizar la redefinición de misiones en el extranjero, advirtió que las fuerzas armadas tradicionalmente cumplían un rol, pero que este podía ampliarse hasta tres: a) garantizar la protección y seguridad del territorio, incluso en ausencia de amenazas; b) asegurar contra amenazas externas al Estado o a sus aliados; y c) contribuir a intereses de seguridad más amplios, como el mantenimiento de la paz y la estabilidad internacional. Esto, en última instancia, coincide con los cuatro tipos de misiones que actualmente desempeñan las fuerzas armadas: defensa, seguridad interna, respuesta a desastres naturales y programas sociales (^{Pion-Berlin, 2016}).

La redefinición de roles de los ejércitos inicialmente tenía como objetivo expandir las misiones de seguridad externa de restrictivas a expansivas. No obstante, comenzaron a surgir otras misiones, incluidas el desarrollo, la seguridad interna y la asistencia en desastres, lo que condujo al surgimiento de fuerzas armadas polivalentes y, en última instancia, a un proceso de militarización.

Ha habido un resurgimiento de la militarización desde el comienzo del siglo XXI, incluso en países como la mayoría de los europeos, donde los militares enfrentaban una crisis de opinión pública, descrédito, falta de aceptación o legitimidad. Parte de esta recuperación se atribuye a nuevas misiones humanitarias, respuestas de emergencia, entre otras (^{Kernic, 2023}).

En definitiva, todas las administraciones enfrentan la necesidad constante de modernizarse y, a menudo, de reinventarse; después de todo, los dos mayores temores de cualquier burocracia son caer en la obsolescencia o la esterilidad, lo que ^{Martínez (2020}) ha identificado con las metáforas del farolero o del ascensorista. El problema es que, con este impulso por la modernización, se activan dos mitos que no soportan la falsación empírica: el mito de la eficacia -los militares pueden hacer todo y hacerlo bien- y el mito de la eficiencia -cualquier función atribuida a los militares será impecable económicamente y más rentable para el tesoro-. Esto, según ^{Martínez (2020}), puede derivar en roles igualmente metafóricos, como el de veterinarios -intrusión profesional, con militares actuando como bomberos, policías, entre otros-, y el de espantapájaros -tantas misiones indebidas los desactualizan en términos de equipamiento y entrenamiento para el verdadero rol que deberían desempeñar: la defensa-.

La perspectiva pragmática

Existe una perspectiva pragmática que, reconociendo los cambios en los entornos de seguridad y la ausencia de conflictos convencionales, aboga porque las fuerzas armadas asuman misiones distintas de las tradicionales. De hecho, en situaciones extraordinarias y graves de origen natural o antropogénico, como terremotos, inundaciones, epidemias o incendios, el Estado está autorizado a utilizar cualquier recurso disponible -público o privado- para abordar la crisis.

Cuando los medios del Estado para resolver la situación están desbordados, resultan inadecuados o inexistentes, también es legítimo recurrir, de manera auxiliar o complementaria, a otro recurso estatal que puede no ser plenamente competente en ese asunto, pero que puede cooperar con cierto grado de eficacia. Una posibilidad específica es el uso de los militares, convocados debido a sus capacidades logísticas y su distribución territorial en todo el país, entre otros factores. Bajo esta lógica, en resumen, "donde se supone que deben desplegarse las fuerzas armadas, no se necesitan. Donde se necesitan, no se supone que deban desplegarse" (^{Pion-Berlin, 2016}, p. 18; trad, propia).

Algunos de los argumentos utilizados a favor de esta expansión del papel militar (^{janowitz, 1960}; Benitez Manaut, 2005; ^{Pion-Berlin, 2016}) pueden resumirse en la idea de que las fuerzas armadas deben tener un propósito dual, de forma que sean valiosas tanto en tiempos de guerra como de paz. Según esta noción, que las fuerzas armadas se dediquen exclusivamente a las misiones de disuasión y defensa es un lujo que solo pueden permitirse las naciones acomodadas.

Por ello, además de su rol auxiliar, mediante el cual son convocadas en tiempos de urgencia extrema, ya sea por demanda social o por falta de capacidad del Estado para gestionar ciertas crisis de manera efectiva, también se activan para necesidades no urgentes, pero igualmente relevantes, como abatir el dengue, desparasitar poblaciones, proteger el medioambiente, reconstruir caminos e infraestructuras viarias básicas, o repartir material escolar y/o médico. Además, en ocasiones las ineficiencia, la corrupción y la complicidad con el crimen dentro de ciertas fuerzas policiales, es una razón por la que también se activa al ejército para suplirlas.

Se estima que las fuerzas armadas poseen capacidades organizativas y logísticas sólidas. Su ethos inherente de lealtad, jerarquía y obediencia facilita su adaptabilidad y uso en contextos no convencionales. Además, las fuerzas armadas destacan por su versatilidad, ya que pueden asumir diversas tareas más allá del combate, demostrando resiliencia y adaptabilidad frente a circunstancias adversas. Su tamaño y distribución territorial les permiten abordar problemas a nivel local, enfrentar organizaciones más grandes y responder rápidamente a crisis nacionales, incluso en escenarios no bélicos.

Por el contrario, otros autores han expresado sus preocupaciones sobre el papel expansivo de los militares dentro de la nación (^{Desch, 1999}; Goodman, 1996; Serra, 2002; Alda Mejías, 2012; Jaskoski, 2012; Müller, 2013; Solmirano, 2016; ^{Pion-Berlin & Martínez, 2017}): la reforma y modernización de las fuerzas armadas debería priorizar la especialización en asuntos militares, particularmente la agresión militar externa, en lugar de asuntos sociales, económicos o policiales. Descuidar funciones esenciales conduce al rechazo dentro de las filas militares. Sin embargo, las fuerzas armadas pueden aceptar misiones no tradicionales si les reportan beneficios como el mantenimiento de su fuerza operativa, presupuestos incrementados o influencia política.

No obstante, si las soluciones temporales se convierten en permanentes, pueden surgir desafíos para la gobernanza democrática. Participar en misiones más allá de su alcance tradicional no solo arriesga securitizar las agendas sociales, sino también militarizar la respuesta. Estas misiones implican una incursión en ámbitos ajenos a sus roles tradicionales y, en consecuencia, invaden las responsabilidades de otras instituciones, lo que puede generar una disfuncionalidad en la agencia responsable. En definitiva, basta mirar a la historia para constatar los peligros que las misiones militares en el ámbito interno representan para las relaciones civiles-militares.

Cambios en las amenazas a la seguridad nacional

La seguridad se estructura alrededor de una tríada incuestionable: agente hostil (amenaza), bien a proteger (material o inmaterial) y cobertura (modos y medios para responder). La transformación del sistema político internacional y de las sociedades ha provocado que tanto las amenazas como los bienes y derechos a proteger sean diferentes, mientras que las herramientas (cobertura) utilizadas para proporcionar seguridad siguen siendo las mismas (los ejércitos), lo que ha llevado a que estas ya no sean tan efectivas o hayan dejado de ser válidas en algunos contextos.

Los sistemas de gobernanza de seguridad nacional han identificado una multiplicidad de amenazas, en las que se observa una clara expansión de los temas clasificados como tales. La Tabla 1, que muestra el análisis de las estrategias de seguridad nacional -o documentos político-estratégicos análogos- de diversos países y organizaciones occidentales, evidencia cómo, además de las amenazas tradicionalmente contempladas -relacionadas con la seguridad y defensa-, otras están ganando cada vez más espacio en las agendas de seguridad, junto con nuevas amenazas emergentes.

Sin embargo, estos cambios profundos no necesariamente han ido acompañados de una transformación en los actores, sino de la adaptación de herramientas tradicionales como las fuerzas armadas. Por lo tanto, los debates sobre cómo responder a este nuevo panorama no han desafiado la inercia institucional, sino que han asumido que las fuerzas armadas -en virtud de su logística, organización o capacidad de despliegue, entre otras razones- pueden ser un mecanismo de respuesta inicial o incluso estructural a muchas de estas amenazas.

Muchas de estas misiones pueden comprenderse en términos de desafíos vinculados al cambio climático, la seguridad energética, los flujos migratorios y amenazas no beligerantes de terceros, entre otros (Tabla 1). Por supuesto, la ayuda humanitaria y la respuesta a emergencias civiles han sido incluidas expresamente entre estas nuevas tareas.

Securitización y emergencias civiles

La idea de securitización implica la construcción de ciertos temas u objetos como "amenazas de seguridad" (^{Buzan et al., 1998}). La teoría de la securitización destaca el papel del lenguaje, la retórica y el discurso en la definición de las amenazas, en lugar de centrarse exclusivamente en condiciones objetivas o capacidades materiales. Esencialmente, la securitización consiste en presentar un tema u objeto particular como una amenaza existencial para un referente, como el Estado o la sociedad, justificando así la adopción de medidas o políticas extraordinarias para abordarlo. Una vez que un tema es catalogado como "de seguridad", la eliminación de la inseguridad y el restablecimiento del orden se convierten en prioridades absolutas, relegando a un segundo plano las causas profundas del problema.

En el contexto de las emergencias civiles, las dinámicas de securitización implican la narrativa de que ciertos eventos naturales o emergencias civiles representan una amenaza existencial que requiere una respuesta militarizada, o que las fuerzas armadas son una de las mejores herramientas disponibles para abordar estas crisis. Las dinámicas de securitización actuales, que están redefiniendo las políticas de gestión de emergencias civiles, tienen importantes implicaciones para los procesos de militarización (^{Brzoska, 2009}; ^{Giovanello & Spray, 2012}; ^{Frenkel, 2019}; ^{Conteh-Morgan, 2019}; ^{Pereira & Raju, 2020}).

Además, si las agendas sociales y de desarrollo se securitizan dentro del sistema político, no solo se convertirán en problemas de seguridad temas tradicionalmente no relacionados con esta, como la pobreza, la miseria o el analfabetismo, sino que la militarización de la seguridad, ya prevalente, podría extenderse a cuestiones económicas y sociales.

En resumen, el concepto de CMR trasciende el principio básico del control civil al abordar el rol y las funciones que desarrollan las fuerzas armadas dentro del sistema político, así como sus áreas potenciales de competencias y responsabilidades. A medida que el contexto de seguridad ha evolucionado, también lo ha hecho el rol de las fuerzas armadas. Inicialmente, se buscó expandir las misiones de seguridad externa, pero pronto surgieron otras tareas, como el desarrollo, la seguridad interna y la asistencia en desastres, lo que condujo a la creación de fuerzas armadas multitarea y a un aumento en los procesos de militarización. Este resurgimiento se ha observado incluso en países europeos donde las fuerzas armadas enfrentaban un importante desprestigio.

Las amenazas a la seguridad nacional han cambiado con el tiempo, incorporando problemas como el cambio climático y la seguridad energética, ante lo cual las fuerzas armadas, gracias a sus capacidades logísticas, se consideran una herramienta eficaz para enfrentarlas. Sin embargo, existen preocupaciones sobre el riesgo de que la expansión de roles militares dentro de la nación lleve a la securitización de agendas sociales y a la militarización de la seguridad, usurpando funciones de otras instituciones y generando potenciales disfunciones.

Todo este entramado conceptual y de políticas -redefinición de roles, cambios en las amenazas, procesos de securitización de la agenda social y la configuración de un ejército multitarea- actúa como facilitador de una creciente militarización, cuyas causas estructurales se teorizan en el siguiente apartado.

Militarismo

Una explicación inicial es que la militarización de la ayuda humanitaria y la respuesta a desastres ocurre porque el sistema político se caracteriza por ser militarista. Este enfoque prioriza el uso de las fuerzas armadas como la solución principal a los problemas, destacando su poder militar, su hardware, su organización y, en definitiva, su operatividad y tecnología (Kraska, 2007, p. 503).

Por militarismo se entiende aquí la perversión en las relaciones civiles-militares, donde el militar no solo se siente autónomo del poder político, sino que considera que toda la vida política debe estar sometida a su control (^{Lleixá, 1986a}; ^1986b) o, al menos, a su rol moderador (^{Stepan, 1971}). En los sistemas actuales, el militarismo como poder político militar en su forma pura es casi imposible de desarrollar. Sin embargo, puede manifestarse en formas derivadas, como el pretorianismo (^{Perlmutter, 1969}; ¹⁹⁷⁷; ^{Haro Ayerve, 2015}) o el "poder moderador" (Stepan, 1971), donde, aunque los militares no estén a la vanguardia del poder político, ninguna decisión se toma sin su aquiescencia.

En este sentido, la militarización de las emergencias civiles no es el preludio del advenimiento del poder político-militar, sino su consecuencia. Es un ejemplo de cómo el militarismo y la producción de seguridad son co-constitutivos (^{Mabee & Vucetic, 2018}). ^{Diamint (2022}, p. 36) destaca el impacto perjudicial de este tipo de empoderamiento militar, que genera momentos de militarismo donde los uniformados ejercen una influencia significativa sobre la toma de decisiones políticas, normalizando su participación en los asuntos del Estado. Esto no implica de hecho que las fuerzas armadas asuman automáticamente este rol, ya que pueden no considerar tales riesgos o amenazas como propias de sus competencias. Sin embargo, es un mecanismo que se activa de manera recurrente ante emergencias civiles, justificándose en la responsabilidad política que detentan y en los mitos de su supuesta eficacia para cualquier actividad y su eficiencia derivada de su talante austero.

De manera similar, este predominio de los militares en el gobierno y la política en general puede corresponder a una sociedad que lo desea, que busca fuerzas armadas fuertes y poderosas no solo para defenderse, sino también para gobernar el país y abordar los problemas de la ciudadanía. Esto refleja una sociedad que prioriza el instrumento de resolución de problemas sobre el carácter democrático de dicha opción. En el caso de América Latina, es evidente cómo, en promedio, alrededor de un tercio de la población en el conjunto de la región está a favor -o no tiene nada en contra- de soluciones autoritarias, siempre que perciban que sus problemas están siendo resueltos (^{Latinobarómetro, 2023}).

De igual modo, estas situaciones se reflejan en casos de militarismo en amplias regiones como el Medio Oriente o el sudeste asiático, donde los regímenes autoritarios, militaristas o pretorianos asumen la gestión de emergencias civiles como parte de sus ocupaciones cotidianas (^{Visweswaran, 2013}; ^{Abrahamsen, 2018}). Algunos estudios han señalado que los procesos de respuesta militar en estas coyunturas, tanto en regímenes democráticos como autoritarios, han exacerbado condiciones y problemas preexistentes en la gobernanza democrática del sector de la seguridad (^{Croissant et al., 2023}). En el caso particular de América Latina, envuelta en un proceso general de militarismo (^{Diamint, 2015}), no se observa una relación directa entre la preocupación por el cambio climático y su militarización ex profeso (^{Santos et al., 2023}). Sin embargo, casos como el de Venezuela (^{Jácome, 2011}) o Guatemala (^{Bueno & Martínez, 2024}) sí serían indicativos del militarismo como impulsor de la militarización en este sector de políticas.

Militarización discursiva

^{Kuehn y Levy (2020}) distinguen entre "militarización material" y "militarización discursiva". La primera, que miden a través de golpes de Estado, se refiere a la influencia militar en la formación y disolución de gobiernos, así como al peso relativo de los recursos militares en la sociedad. De hecho, "grandes segmentos de la literatura parecen equiparar el control civil con la presencia de un comandante supremo civil y la ausencia de intervención militar abierta" (^{Kuehn, 2008}, p. 871; trad, propia), aunque "la ausencia de golpes no es suficiente para el control civil" (^{Croissant et al., 2010}, p. 954; trad, propia). En este sentido, el concepto de Kuehn y Levy parece estar estrechamente relacionado con la noción clásica de militarismo.

En contraste, la militarización discursiva desarrolla una narrativa que legitima y justifica el uso de las fuerzas armadas en áreas de seguridad que no son tradicionalmente de su dominio. En este caso, la militarización promovida desde el gobierno implica la intensa y extensa utilización de la capacidad de fuerza de los militares en tareas que no son estrictamente de su responsabilidad, pero para las cuales han sido legitimados. Este uso de la fuerza militar, en última instancia, lleva a que las fuerzas armadas se conviertan en la herramienta preferida para abordar todo tipo de amenazas a la seguridad pública.

La militarización discursiva es, por tanto, un proceso incremental de legitimación y justificación del uso de la fuerza militar. No se trata simplemente de que los ejércitos asuman un número creciente de roles y misiones, sino de reconocer que esta herramienta de seguridad -y sus procedimientos- se considera la más adecuada entre las disponibles para el Estado para abordar ciertos problemas de seguridad pública que, por su complejidad y magnitud (terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, entre otros), requieren una respuesta más contundente que la ofrecida por los cuerpos policiales.

No hay objeciones significativas a su uso -en ocasiones indiscriminado- por parte de las autoridades políticas, ni tampoco se observa una protesta relevante por parte de la ciudadanía. Tanto las autoridades políticas como la sociedad perciben su empleo como adecuado y beneficioso, lo cual se alinea con estudios que subrayan el prestigio y la confianza depositados en los militares.

Chile proporciona un ejemplo de esto, donde la respuesta a emergencias civiles en la última década ha estado acompañada por el despliegue de las fuerzas armadas junto con los carabineros en tareas de orden público. Este esfuerzo se originó en un contexto de desborde policial ante el vandalismo y pillaje que siguieron al terremoto y tsunami de 2010. No obstante, algunos estudios argumentan que su uso recurrente desde entonces tiene como objetivo mejorar la imagen y legitimar las actividades de estas instituciones (Figueroa, 2022). En contraste, esta controversia no se presenta en Italia, donde los militares participan en emergencias civiles estrechamente relacionadas con la seguridad (^{Mazziotti, 2024}).

Administración comodín

En un escenario de gobernanza precaria y estructuras estatales débiles, la existencia de una estructura militar significativa, que no está modernizada ni redimensionada, ni comprometida en actividades defensivas, lleva a que se utilice como una herramienta comodín del gobierno para una amplia variedad de actividades muy diferentes. No se trata, por tanto, de un escenario de control directo o indirecto del poder por parte de los militares, sino de una democracia frágil, con poca fortaleza institucional y administrativa.

En estos casos no se trata de misiones que buscan atajos hacia el "orden", sino de actividades a gran escala, ya sea por volumen, espacio o dificultad de acceso. Así, las fuerzas armadas son utilizadas por su capacidad logística, rápida movilización, versatilidad y movilidad, así como por su espíritu de servicio y su supuesta eficacia urbi et orbi. El personal militar no es visto prioritariamente como una administración de defensa, dado que este no suele ser el tipo de misión que se requiere; en la mayoría de los casos, son percibidos como una administración multifacética y obediente, valorada por elementos como su tamaño, adaptabilidad, versatilidad, jerarquía, disciplina, disponibilidad, reacción rápida y despliegue territorial. Por lo tanto, los gobiernos no los tratan tanto como una institución armada, sino como una "administración comodín", término acuñado por ^{Jenne y Martínez (2022}).

El problema, en este caso, es que se genera un efecto perverso: según ^{Jenne y Martínez (2022}, pp. 74-77), aunque el ejército no es el único responsable de la falta de capacidad civil en toda América Latina, ha sido un obstáculo, entre otros factores, para el desarrollo de Estados capaces de proporcionar servicios básicos. Además, esta dinámica se ve alimentada por la misma debilidad del Estado, que crea condiciones favorables para el despliegue militar interno. La gran mayoría de América Latina refleja este tipo de escenario, donde la debilidad estatal es compensada por el abrumador trabajo de las fuerzas armadas, que también participan en labores de ayuda humanitaria y respuesta a catástrofes. La Tabla 3 ilustra esta dinámica.

Khakiwashing inverso

Se ha identificado una última causa relacionada tanto con la comprensión de las amenazas como con la percepción de las fuerzas armadas. Por un lado, las amenazas convencionales para las cuales los ejércitos fueron originalmente establecidos se perciben como menos relevantes. Por otro lado, el rechazo social hacia la institución militar se mitiga mediante la redefinición y diversificación de sus roles, asignándoles actividades no relacionadas con su función defensiva tradicional, pero con un impacto social significativamente positivo, como es el caso de las emergencias civiles. Esto genera un escenario en el que la militarización se da incluso sin la presencia de un sistema político militarista, una estructura estatal débil o una legitimación específica para el uso de la fuerza militar en lugar de otras capacidades estatales.

En este caso, la militarización de ciertos sectores, como la gestión de emergencias civiles, ocurre debido a la intención de disminuir -o incluso de erradicar- la "naturaleza militar" de las propias fuerzas armadas, una paradoja que, no obstante, ilustra estas dinámicas más allá de explicaciones sencillas. Estos son ejércitos de los cuales se espera que dependan menos del uso de la fuerza en las múltiples tareas que se les asignan.

Esta singularidad no es captada por conceptos como desecuritización (^{Waever, 1995}) o desmilitarización (^{Møller & Cawthra, 2019}). No se puede hablar de desmilitarización porque no implica la retirada de las fuerzas armadas de áreas que tradicionalmente controlaban. Tampoco se puede hablar de desecuritización, ya que ello implicaría reclasificar como no securitizados asuntos que en su momento fueron securitizados, pero que podrían y deberían haberse resuelto de otras maneras. En cambio, el término propuesto apunta a un proceso de reducción del componente bélico de las fuerzas armadas, donde los militares no se enfocan en el combate, sino en otros tipos de misiones. En estas, las plataformas militares clásicas son reemplazadas por materiales civiles, bajo la premisa de que las primeras no son necesarias e incluso pueden representar un gasto supérfluo.

Si las emergencias se beneficiaran del prestigio asociado a que los militares se encargaran de ellas, se podría hablar de khakiwashing (término que condensa ese supuesto lavado de imagen haciendo referencia al habitual color caqui de los uniformes de la milicia), parafraseando fenómenos como el pinkwashing (^{Blackmer, 2019}) o el greenwashing (^{de Freitas Netto et al., 2020}). Sin embargo, en este caso no son los militares quienes ayudan a otros a limpiar su imagen, sino que son ellos mismos quienes mejoran su imagen accediendo a actividades de otros sectores que gozan de un enorme prestigio social; de ahí la idea de un proceso inverso.

Por supuesto, la institución castrense también participa en tareas de emergencias, protección del medio ambiente o bienestar social para mejorar su imagen. No obstante, la clave no radica únicamente en que estas funciones proyecten una imagen más amigable, sino también en la ambición política de erosionar su inmanente naturaleza guerrera. Se trata de un proceso de reducción o eliminación encubierta de misiones de alto componente bélico, con el fin de "edulcorar" la milicia y, por esta vía, mejorar su imagen social. En consecuencia, los militares son equipados y formados para otras misiones, mientras su adiestramiento guerrero es relegado.

Este fenómeno puede identificarse en el caso de la Unidad Militar de Emergencias de España, una unidad militar dedicada a la protección civil (^{Martínez & Bueno, 2023}; Bueno & Martínez, 2024). Esta capacidad militar específica fue creada dentro del Ministerio de Defensa de España en 2005 y ahora constituye una parte integral del sistema de protección civil español. Como resultado, se ha reducido el componente militar de una parte de las fuerzas armadas españolas, aunque, paradójicamente, estas funciones han sido militarizadas. La creación de esta unidad responde, por un lado, a la necesidad de mejorar la imagen de las fuerzas armadas españolas reduciendo su componente militar y, por otro, a la percepción de que los ejércitos convencionales son una reliquia del pasado.