Desarrollo sostenible y objetivos del milenio

El concepto de desarrollo sostenible surge de la preocupación de la comunidad internacional por los efectos del desarrollo económico y social sobre el ecosistema natural, esta preocupación toma mayor fuerza en las últimas décadas del Siglo XX. La Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo en 1972 marcó el inicio del movimiento ambiental mundial y reconoció la interacción entre las dimensiones económica, social y ambiental señalando la relación del desarrollo para la supervivencia de la especie humana y generando un proceso de toma de conciencia a escala mundial, que puso en foco la estrecha relación existente entre el desarrollo el económico y el medio ambiente (^{Bebbington, Russell y Thompson, 2017}) destacando que los factores ambientales debían ser parte integral de las estrategias de desarrollo de las naciones.

La Declaración de la citada Conferencia proclamó que la humanidad entera es tanto obra como artífice del medio que la rodea, el cual le brinda el sustento material y la oportunidad para lograr su crecimiento intelectual, moral, social y espiritual. Tanto el medio natural como el creado por el hombre mismo, son esenciales para su bienestar y el goce de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida (^{Gómez y Díaz, 2013}).

En 1983, las Naciones Unidas crean la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, que fue integrada por diferentes actores internacionales del ámbito científico, político y social; y dirigida por la primera ministra de Noruega, Gró Harlem Brundtland, por su trayectoria y liderazgo en temas ambientales. El trabajo de esta comisión fue publicado en 1988 bajo el título de "Nuestro futuro común" y conocido popularmente como informe Brundtland (Toro, 2007). El informe señala que la sociedad debe modificar sus hábitos y estilo de vida para evitar que la crisis social y la degradación del ecosistema natural se extiendan de manera irreversible (^{Ramírez, Sánchez y García, 2004}; ^{Naciones Unidas, 2012}).

Uno de los mayores aportes del informe Brundtland fue la definición del concepto de "Desarrollo sostenible" (^{Bermejo, 2014}), como un avance frente al término de desarrollo sustentable que es asumido como el que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades (^{Artaraz, 2002}); en cambio, el desarrollo sostenible posee tres dimensiones: sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social (^{Liu, Adams, Cote, Geng, and Li, 2018}). En ellas, se destacan dos conceptos fundamentales, en primer lugar, las "necesidades", referidas a las necesidades esenciales de los pobres a los que debería otorgarse prioridad preponderante; en segundo lugar, la idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización social entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras (^{Paniagua y Moyano, 1998}).

El informe Brundtland (ONU, 1987) propició la generación de acuerdos entre los gobiernos de algunas naciones y el concepto de desarrollo sostenible se ha convertido en el referente obligado al que se suman la mayoría de las naciones y sus gobiernos. A partir de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro en 1992) conocida como la "Cumbre de la Tierra", se planteó "La Agenda 21" un marco de referencia mundial para orientar el proceso de desarrollo acorde con los principios de la sostenibilidad (^{Sandoval y Liévano, 2012}). En ella se legitimó, oficializó y difundió ampliamente el concepto de sostenibilidad, subrayándose que el desarrollo sostenible debía ser una expresión que no faltara en los discursos políticos o académicos, a sabiendas de que quienes la enuncian por lo regular ignoran cuál es su significado y nunca harán ningún esfuerzo por convertir esas palabras en realidad tangible (^{Ramírez et al., 2004}).

En el año 2000, 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas se comprometieron a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que se han convertido en la agenda de trabajo de los diferentes países para comprometerse con el logro de ocho desafíos del desarrollo humano. Según el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo humano es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran (PNUD, 2016).

La Declaración del Milenio recoge ocho retos referentes a la erradicación de la pobreza, alcanzar la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la reducción de la mortalidad infantil y materna, combatir el avance del VIH/ sida, el sustento del medio ambiente y fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo. Cada Objetivo contempla una serie de metas, cuantificables mediante unos indicadores concretos (PNUD, 2016).

En septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, junto con un gran número de actores de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, entablaron un proceso de negociación abierto, democrático y participativo, que resultó en la proclamación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estableciendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son una herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo plazo constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo, educación y evaluación (Naciones Unidas-CEPAL, 2016; ^{Unesco, 2017}).

Iniciativas europeas de sostenibilidad ambiental

Europa fue pionera en la adopción de iniciativas para la protección del medio ambiente. Cabe destacar que en el año 2013 la Comisión Europea publicó el Libro Verde, una estrategia multinacional referida a la regulación del uso de residuos de plásticos en relación a su impacto ambiental. En este documento se presentaron "posibles respuestas a los desafíos que plantean para las políticas públicas los residuos de plásticos, que en aquella época no estaban tratados de manera específica en la legislación de la UE sobre residuos" (p. 3). Prueba de ello es que en este documento se resalta que los residuos de plásticos no están tratados de manera específica por la legislación de la UE, a pesar de su creciente impacto ambiental. Solamente en la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases, se incluye un objetivo específico de reciclado para los envases de plástico (p.8).

Conviene recordar que ya en 2008 el Parlamento Europeo había establecido las bases para un nuevo planteamiento en materia de gestión de los residuos, "Bajo la normativa 2008/98/CE que estableció la responsabilidad ampliada del productor y describió los elementos determinantes e innovadores que pueden contribuir a una producción sostenible teniendo en cuenta el ciclo de vida completo de los productos" (^{Comisión Europea, 2013}, p.12).

Las normativas de regulación ambiental en Colombia: el caso de la gestión de residuos

Trasladándonos al contexto de Colombia, conviene recordar que desde comienzos de la década de los 80 comenzaron a producirse regulaciones ambientales que sitúan a nuestro país en una situación relevante en el contexto latinoamericano.

En la tabla 1 se sintetizan un conjunto de normativas que de manera directa e indirecta han venido contribuyendo a la regulación ambiental en Colombia. Su extensión en el tiempo es prueba de que los distintos gobiernos e instancias legislativas han tenido una continua preocupación por promulgar leyes cuyo objetivo final es favorecer la protección ambiental.

Tabla 1 Compendio legislativo regulador de iniciativas de protección ambiental en Colombia. 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2004).

Como máximo órgano de planeamiento y coordinación de políticas ambientales, el Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia ha venido elaborando diversos informes en cuyo contenido se ha venido haciendo referencia a políticas ambientales, planteando en dichos informes recomendaciones a los distintos gobiernos del país. No obstante, conviene resaltar que ya en el año 1998, el Ministerio del Medio Ambiente redactó un documento denominado Política para la gestión integral de residuos, en el que se subraya la necesidad de reducir la cantidad o peligrosidad de los residuos generados, reduciendo en cinco años un 30 % su disposición final a través de la recuperación y el desecho en sistemas de disposición final adecuados (^{Ministerio de Medio Ambiente, 1998}).

Diez años más tarde, en 2008, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través el informe Conpes 3530, presentó los lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. Esta nueva normativa definió los criterios para la optimización de las estrategias relacionadas con la prestación del servicio público de aseo, desde los componentes financiero, técnico, legal, institucional, ambiental y comercial (DNP, 2016, p. 10).

Cinco años después se promulgó el Decreto 2981 de 2013, de la Presidencia de la República de Colombia, en el que se reglamentan las actividades principales y complementarias del servicio público de aseo y señala la obligatoriedad para los usuarios de realizar la separación en la fuente. Igualmente, el citado decreto indica que los municipios han de elaborar y mantener actualizado un Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el ámbito local o regional (DNP, 2016, p. 12).

Conviene resaltar que es el Ministerio de Salud y Protección Social el primer organismo que promulgó en 2012, mediante la Resolución 4143, el reglamento técnico sobre requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. En el mismo, se regulan igualmente, los requisitos del uso de materiales plásticos reciclados, aspecto especialmente relevante en el trabajo que nos ocupa.

Dos años más tarde, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2004) publicó la denominada Guías ambientales para el sector plásticos. En su contenido se resalta la necesidad de adoptar una Política de Producción Más Limpia. Tras esta denominación se aclara que tal estrategia persigue:

Alcanzar la sostenibilidad ambiental en el sector productivo, prevenir y minimizar los impactos y riesgos para los seres humanos y para el medio ambiente, garantizando la protección ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad empresarial a partir de la introducción de la dimensión ambiental en los sectores productivos, como un desafío a largo plazo. (P. 26)

En el mismo documento se resalta que el Gobierno Nacional de Colombia puso en marcha en 2014 el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el que se plantean los siguientes objetivos a cumplir:

Dos años más tarde, un nuevo informe Conpes (3874) define los lineamientos de la política nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Estos lineamientos se vertebran en cuatro ejes estratégicos:

Gráfico 1 Vertebración de los ejes de la gestión integral de residuos sólidos en Colombia 

Esta amplia regulación legal que en materia ambiental existe en Colombia permite impulsar acciones y programas de educación ambiental en los ámbitos educativos formales, no formales e informales. Pensamos que las legislaciones deben ser conocidas, asumidas, e interiorizadas por la ciudadanía. Tales procesos permiten que dicha ciudadanía transforme sus hábitos ambientales corrigiendo aquellos que inciden negativamente en la sostenibilidad y protección ambiental.

La educación ambiental es, por ello, el marco más idóneo para que niños, jóvenes y adultos en los distintos entornos de aprendizaje en los que participan conozcan la esencia básica de estas normativas legales y reflexiones sobre sus implicaciones personales y comunitarias para adquirir actitudes que se traduzcan en hábitos de respeto, protección y conservación de los entornos naturales y urbanos. Desde esta perspectiva, plantearemos en páginas posteriores un original programa de educación para la recogida selectiva de envases plásticos que permita a las entidades que los reciben reciclar y, por tanto, aprovechar tales envases, disminuyendo la posibilidad de que sean abandonados en entornos naturales y urbanos, produciendo una contaminación difícilmente solucionable.

Es posible por tanto desde la educación ambiental crear hábitos preventivos que en nuestro caso, se basarán en el ejercicio de la recogida selectiva como fórmula para evitar la expansión de tales agentes contaminantes.

Fundamentos de la educación ambiental

La apropiación del concepto de sostenibilidad requiere que se emprendan procesos de educación ambiental, lo que implica centrar la mirada en la génesis y evolución de dicha categoría formativa.

Desde finales del siglo XX, el continuo menoscabo del ambiente, gracias a la Revolución Industrial cimentada por Occidente, se ha erigido como un problema de recurrente interés (^{Martínez, 2010}). Por tanto, la integración de la problemática ambiental en la educación se hace inevitable, de acuerdo con lo expresado por ^{Molano (2012}, p. 2), pues es deber combatir el conformismo cognitivo y cognoscitivo, aunque "existe un conformismo más difícil de afrontar que estos: el conformismo cultural. Las huellas culturales traen consigo paradigmas, que se "normalizan" y eliminan discusiones sobre los conceptos básicos de los que están hechos".

Es así que la noción de educación ambiental comienza a tener resonancia como alternativa a la visión desarrollista de la sociedad durante la "Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente", Estocolmo-1972; durante el encuentro, este tipo de educación fue asociada al "ecodesarrollo", que alude a la pertinencia de establecer la participación ciudadana en la conservación del ambiente; todo ello, con el fin de hacer una utilización más adecuada de los recursos naturales por el ser humano, para la obtención de un beneficio más perdurable en el tiempo (^{Macedo y Salgado, 2007}).

Esto es EA (Educación Ambiental) al servicio de una ecociudadanía, o sea, el ser responsables colectivamente respecto a los sistemas de vida y acoger competencias para involucrarse de manera eficaz en los espacios de decisión y acción concernientes a los asuntos socioecológicos (^{Sauvè, 2014}). De este modo, la sociedad y sus miembros esperan un gran protagonismo de las instituciones educativas, lo que plantea a los centros de formación la vinculación del conocimiento a los aspectos de la vida cotidiana que promuevan en los educandos una conciencia determinada por el interés, preocupación y vigor; "para instaurar un ser humano que compendie, en su línea de pensamiento, a las generaciones que comparecerán en el futuro (^{Cantú-Martínez, 2014}, p. 48).

En esta misma línea, ^{Guier, Rodríguez y Zúñiga (2002)} definen la Educación Ambiental como vinculante a cualquier espacio educativo que conduce a la formación de personas conscientes de su realidad y del sistema ecológico global al que pertenecen. "Es una herramienta que permite promover la relación de la interdependencia entre aspectos económicos, políticos, sociales y ecológicos en la sociedad" (Mazzini y De Senzi, 2012, citados en ^{Mejía Cáceres, 2016}, p. 359). Así mismo, el profesor Augusto Ángel Maya (1998) establece los fundamentos teóricos de la problemática ambiental y sus repercusiones en los paradigmas científicos y en la formación universitaria, con miras a introducir en los currículos diversos aspectos educativos relacionados con las actuales preocupaciones sociales y ambientales: los derechos humanos, la paz, la democracia, las relaciones interculturales, la solidaridad humana y el desarrollo (^{Sauvé, 1999}).

Por eso, la misión institucional que soporta las responsabilidades formativas de las universidades desde una perspectiva de impacto social debe dialogar con los principios y criterios de la Constitución Política, el Sistema Nacional Ambiental (SINA), la Política Ambiental, la Ley 115 de Educación, el Decreto 1743 de 1994, estos dos últimos son preámbulo de la Política Nacional de Educación Ambiental y la Ley de Educación Ambiental, que transversaliza las anteriores y está en concordancia con las directrices de la Unesco en la materia.

El escenario normativo traza el desafío de avanzar hacia una comprensión más profunda de las dinámicas ecosistémicas, sociales, culturales, económicas, espirituales y políticas mediante un proceso de educación para la participación social, aspectos que la Política Nacional de Educación Ambiental del año 2002 promueve dentro de sus criterios: la interdisciplinariedad, la interculturalidad y la intersectorialidad. Incluir la dimensión ambiental como un deber, sobre todo en los niveles educativos básico y medio, ha estado asociado a los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), que están amparados en el Decreto 1743 de 1994 reglamentario de la Ley General de Educación 115/94 (^{Velásquez, 2009}, p. 41). Tal condición sitúa la educación ambiental como eje transversal en el marco de los currículos y los Proyectos Educativos Institucionales para que contribuyan a la solución de la problemática ambiental particular de una localidad o región (^{Torres, 1996}). Monclús y Sabán (1999, citados en ^{Moreno, 2004}) plantean tres posibilidades para permear todo el currículo: primero, que los temas transversales se plantean como contenidos que aluden a situaciones de actualidad y en los que urge tomar posiciones personales y colectivas; segundo, son contenidos asociados a valores y actitudes que posibiliten condiciones a los alumnos para construir sus juicios ante conflictos sociales, sobre los cuales adopten conductas basadas en principios axiológicos que sean asumidos de forma racional y libre; y en tercer lugar, los contenidos han de desplegarse dentro de las áreas curriculares.

Además, surge de la inquietud compartida por ^{Torres (2014)} acerca de la posibilidad de construir de manera colectiva un PRAU, o sea, un proyecto educativo ambiental universitario que sea el eje transformador de las dinámicas formativas, investigativas y de proyección de la universidad, que precisa que la dimensión social del conocimiento se ponga a prueba en la solución real de problemas que involucren lo social, lo natural y lo cultural, desplegando el conjunto de técnicas y medios investigativos de que dispone la institución de educación superior, como lo es la investigación científica: "El objetivo de la Educación Ambiental (EA) es desarrollar ciudadanos con criterios de sustentabilidad, esperando que el entorno donde residen muestre mejores niveles de cuidado ambiental" (^{Muñoz-Cadena, Estrada-Izquierdo y Morales-Pérez, 2016}, p. 37).

Por otra parte, como resultado de la Carta de la Tierra (en Río 1992), la década de 1997 a 2007, vio emerger la Educación para el Desarrollo Sostenible, (EDS), que de acuerdo a Naciones Unidas (2005) es un proceso educativo que promueve el desarrollo humano (crecimiento económico, desarrollo social y la protección del medio ambiente) de una manera incluyente, equitativa y segura. En este panorama la EDS es asumida como una alternativa más deseable que la EA, al ser considerada esta como reduccionista, anacrónica e ineficaz frente a los retos de la globalización económica y de la irrupción de la "sociedad del conocimiento", por lo que resulta necesario permear con ella los medios masivos de comunicación, la familia, los negocios y la fuerza de trabajo. Los defensores de la EDS ven en esta alternativa una respuesta integral acorde con nuestro tiempo, por cuanto la EA se ocupa de los problemas ambientales que dependen de las actividades humanas y sus efectos sobre el medio ambiente, se centra en la biodiversidad y tiene un contexto local y global; mientras la EDS aborda integralmente la protección del medio ambiente, el uso eficaz de los recursos naturales y el mantenimiento del ecosistema, vela por una sociedad que funcione bien y una economía sólida, se preocupa en la diversidad cultural, social, económica y biológica y deberá partir y aplicarse en los contextos económico, social, cultural y ecológico local, pero sin desconocer los contextos regionales, nacionales y mundiales (^{Lukman y Glavic, 2007}).

Las Naciones Unidas han definido el decenio 2005-2014 como Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), y ponen en manos de la Unesco su puesta en marcha. Ambas instituciones reconocen que la EDS no se orienta hacia un solo foco de atención, sino que comprende 15 ámbitos tan disímiles como la paz, la salud, la urbanización sostenible, el sida o la economía de mercado. En razón de esta amplitud, la EDS no aspira reemplazar ninguno de los movimientos educativos contemporáneos, sino constituirse en una invitación a todos ellos (como educación para la salud, para la interculturalidad, para el consumo responsable, para la paz) "a fin de que incorporen la dimensión de la sostenibilidad" (^{Villaverde, 2009}, p. 195).

Una propuesta no experimental para una educación ambiental

El abordaje metodológico del presente artículo se basó en la aplicación de enfoques cualitativo-cuantitativos, con un diseño de investigación no experimental y corte bibliográfico, lo cual, siendo una investigación explicativa en el contexto de la Educación Ambiental, posibilitó, en su primera fase, reconocer elementos que permitan -a los grupos de investigación universitarios- identificar los elementos centrales para desarrollar estrategias educomunicativas para la separación de residuos potencialmente aprovechables en pro de la sostenibilidad, inicialmente en el Valle de Aburrá- Colombia, más avanzar hacia una cultura del cuidado integral, para así transitar por senderos de responsabilidad y compromiso social de quienes lideran la investigación universitaria en Colombia. Las técnicas utilizadas: revisión documental, matriz de triangulación, complementadas con conversatorios entre los investigadores para avanzar en la interpretación con múltiples voces desde la ingeniería ambiental, la educación, la comunicación y la empresa.

Las categorías de búsqueda son: sostenibilidad, impactos ambientales y caracterización de los residuos, estrategias educomunicativas, experiencias exitosas y ciudad educadora desde el tema ambiental. Para tal búsqueda se hace uso de las bases de datos Ebscohost, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Scielo (Scientific Library Online), Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal), Dialnet, Biblioteca Virtual Minambiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y Elsevier, entre otras. En ellas se buscan más de 200 artículos y luego de depurarlos se hace la interpretación y análisis de información con 35 de ellos.

De la educación ambiental a una educación para el desarrollo sostenible

La educación ambiental se reformula para convertirse en la educación para el desarrollo sostenible, que integra visiones de tipo económico, social, cultural y ecológico en el marco de problemáticas situadas en contextos asumidos como ecosistemas.

El desarrollo debe comprenderse entonces como:

Una capacidad que está fuertemente condicionada por los entornos económico, político, social, cultural y ambiental en los que se desarrolla; por ello, para garantizar la ampliación de las capacidades del ser humano y una mejora en su calidad de vida, la definición de las políticas debe incorporar tanto las necesidades individuales como las potencialidades colectivas en beneficio de la libertad. (^{Picazzo, Gutiérrez, Infante y Cantú, 2011})

La legislación colombiana promueve una visión integral de desarrollo sostenible.

En Colombia, la legislación que regula el manejo de los residuos sólidos da cuenta de un enfoque intersectorial ya que depende del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de otros organismos tales como los ministerios de Salud y Protección social, el de Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Educación. Este enfoque intersectorial favorece la formulación, aplicación y valoración de lineamientos para el manejo de estos residuos desde una visión más integral de desarrollo sostenible en tanto reconoce su complejidad.

La educación y la comunicación son procesos fundamentales para un desarrollo sustentable

Al recordar que:

La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza. (ONU, 1948)

Cobra sentido la articulación de las políticas medioambientales con los currículos, en todos los niveles y formas de educación, desde preescolar hasta la universidad. Tal articulación puede favorecer que las concepciones ambientales se conviertan en hábitos, desde la adopción de valores, comportamientos y conductas medioambientales, teniendo en cuenta que:

Las opciones que una persona tiene dependen grandemente de las relaciones con los otros y de lo que el Estado y otras instituciones hagan. Deberíamos estar particularmente preocupados por esas oportunidades que están fuertemente influenciadas por las circunstancias sociales y las políticas públicas. (^{Sen y Dréze, 2002}, p. 6)

La educomunicación, articulación entre la educación y la comunicación, ha creado un nuevo campo, tal como lo define De Oliveira (2004) "un campo de diálogo que moviliza grandes estructuras e identifica movimientos que se articulan para garantizar su especificidad: la recepción calificada, la educación popular y la articulación colectiva para el cambio social" (p. 194).

Siguiendo a ^{Castro, 2011} y a ^{Cebrián, 1998}, las estrategias educomunicativas promueven la gestión en red de todos los recursos comunicativos y organizacionales cuyas aportaciones contribuyen y promueven el cambio social, propician construcciones simbólicas nuevas, consciencia, conocimientos y actitudes determinadas como autoexpresión de una ciudadanía participativa. Planteamientos que dialogan con los propósitos de la EDS.

Como epílogo, los autores resaltan cómo la educación para el desarrollo sostenible, EDS, deberá tener en cuenta las contribuciones del mundo empresarial, de la universidad, de las organizaciones y asociaciones, y de las administraciones públicas competentes, favoreciendo en lo posible la participación de estas instituciones en los diseños, desarrollos y evaluación de programas de largo aliento. Programas con especial incidencia en el necesario apoyo institucional y financiero de los mismos.