Introducción

Durante los últimos años del siglo XX, los países se han preparado para afrontar los compromisos sociales a ser cumplidos en el siglo XXI derivados de los acuerdos globales celebrados en las Naciones Unidas en la década de los 90. En septiembre del 2000, de los 189 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 147 firmaron un nuevo compromiso mundial para el desarrollo y sostenibilidad cuya expresión política quedó reflejada en la Declaración del Milenio (^{Naciones Unidas, 2005}). Esta iniciativa estableció un conjunto de 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuantificables que esperaban ser cumplidos en el 2015. No obstante, estos carecían de definiciones técnicas claras y política de desarrollo paralela que permitieran implementarlos, tal como señala (^{Lozano et al. 2011}), las metas fijadas se establecieron a partir de supuesto sin evidencias, y basándose en el desarrollo económico y social mundial observado durante las décadas del 70 y del 80, asumiendo que estas tendencias se sostendrían por lo menos 25 años más, asimismo, a sólo cuatro años de terminar el periodo diseñado, se evidenció que los ODM no son alcanzables por la mayoría de países firmantes, particularmente para los países pertenecientes al continente africano, sin que ello signifique que su trayectoria e impulso no hayan mejorado.

Por lo anterior, en el año 2012, se llevó a cabo la conferencia Río + 20, en donde los Estados miembros de la ONU acordaron establecer un grupo de trabajo intergubernamental para diseñar nuevos objetivos de planeación. De estos ejercicios surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como sucesores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En enero de 2016, los ODM fueron reemplazados por los ODS y surgió una nueva agenda a 2030 para el cumplimento de las metas de desarrollo sostenible, previamente aprobadas por 193 Estados miembros de Naciones Unidas en el año 2016 (Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, s. f., 2014). Esta nueva acción global para transformar el mundo con base en el concepto de desarrollo sostenible adoptó 17 objetivos y 169 metas, estableciendo los ODS como la herramienta de planificación y seguimiento para los países para los próximos 30 años (^{Organización de Naciones Unidas, 2015}).

En los mencionados objetivos, el Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental», planteado inicialmente en los ODM, abarcaba el recurso hídrico en la meta de Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento». El cumplimiento al 2015 en Colombia fue del 84% de acuerdo al CONPES 3918 (^{Departamento Nacional de Planeación, 2018}). Posteriormente, en los ODS se definió el objetivo N°6, exclusivo para el recurso hídrico (^{Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010}), el cual busca «Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos»; incluye ocho metas y once indicadores enfocados a temas como: calidad del agua, accesibilidad universal y equitativa, saneamiento e higiene adecuada, uso eficiente del recurso hídrico, protección de los ecosistemas relacionados con el agua, tratamiento de aguas y tecnologías, participación de las comunidades con la gestión del agua y el saneamiento.(^{Naciones Unidas, 2018}).

El objetivo n.° 6, según (^{Flórez, 2016}), se convierte en un eje transversal para el desarrollo sostenible y la implementación de los demás ODS. (Ver Tabla 1).

Desde 2016 se avanza en la implementación del programa de Cooperación para la Mejora de Prestadores de Agua y Saneamiento (COMPASS) que busca analizar y mejorar la productividad de las empresas prestadoras del servicio de agua y alcantarillado (Vivienda, s. f.), con el objetivo de garantizar que los servicios de agua y saneamiento lleguen a las poblaciones que más lo necesitan. Para ello, se modificó el rango de consumo básico y se actualizaron las necesidades de subsidio para la población de los estratos uno, dos y tres, tal como se señala en la Resolución (CRA) 750 de 2016 (^{Departamento Nacional de Planeación, 2018}). Si bien, Colombia ha realizado esfuerzos para dar cumplimiento a las metas propuestas en el ODS N°6, todavía no se alcanzan los porcentaj es esperados, por ende, es necesario analizar si los mecanismos, estrategias y demás instrumentos implementados están orientados al cumplimiento de este objetivo, asimismo, identificar las debilidades y oportunidades de mejora que se podrían desarrollar para cumplir con las metas planteadas.

Materiales y métodos

Resultados

El Conpes es el Consejo Nacional de Política Económica y Social que asesora al gobierno, define las políticas públicas del modelo de Estado, estableciendo lineamientos sobre el manejo económico y el desarrollo social y ambiental, coordina los planes de inversión pública, presupuesto nacional, crédito y cooperación internacional, entre otras funciones. Sus decisiones quedan consignadas en un documento que se denomina Conpes, y su implementación les corresponde a los gobiernos nacional, departamental y municipal. Lo preside el presidente de la República y la secretaría técnica la ejerce el Departamento Nacional de Planeación. En ese sentido en Colombia se estableció el Conpes 3918, considerado una hoja de ruta para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en el país, dado que, establece los indicadores para cada meta planteada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la Tabla 3 se muestra cómo se encuentran distribuidos los indicadores para cada meta, asimismo, presenta a través de una escala de colores el cumplimiento parcial de Colombia en el año 2018 frente a cada indicador. Las metas 6, 7 y 8 del ODS N° 6, no establecen porcentaje de cumplimiento a 2018 y 2030 para los indicadores propuestos, en ese sentido que el logro de las metas se establece de acuerdo con información consultada en entidades públicas.

Se encontró que a nivel nacional todavía no se alcanzan coberturas al total de la población, especialmente en las zonas rurales, evidenciando un acceso desigual al agua potable con respecto a la zona urbana, siendo para el año 2018 según lo reportado por el Departamento Nacional de Planeación de un 71,5 % para el área rural y 98,0 % para el área urbana, lo cual demuestra una brecha grande entre estos dos sectores, lo cual puede estar relacionado con las dimensiones sociales y económicas propias del desarrollo de infraestructura básica, tal como se muestra en la Figura 1, en algunas de las regiones más apartadas del país, como los son el Chocó y la Guajira se presenta uno de los porcentajes más altos de índice de pobreza multidimensional:

29,9 % para el área urbana, 59,6 % área rural y 34,1% urbano, 72,5% rural respectivamente, lo cual coincide con que son de los departamentos que cuentan con el más bajo porcentaje de acceso a agua potable.

Fuente: elaboración propia con datos del DANE

Figura 1 Porcentaje de hogares con acceso a acueducto vs. índice de pobreza multidimensional 

Con relación al porcentaje de población con acceso a métodos de saneamiento adecuado, se identifica que, así como en el acceso al agua potable, para el saneamiento básico la dinámica es similar, dado que en las áreas rurales el acceso a alcantarillado es inferior con relación a la cabecera municipal.

Asimismo, hay regiones del país en donde la cobertura de alcantarillado en las zonas rurales (resto) se encuentra por debajo del 50 %, y en San Andrés y Providencia se cuenta con el acceso más baj o a este servicio (ver Figura 2), esta falta de cobertura conlleva a disminuir la calidad de vida en las regiones y aumentar los índices de pobreza, lo cual se aleja del cumplimiento de las metas establecidas para el ODS n.° 6

Fuente: elaboración propia con datos del Censo nacional 2018 - DANE

Figura 2 Porcentaje de hogares con acceso alcantarillado 

En los indicadores de calidad del agua influye la cantidad de sistemas de tratamiento de aguas residuales que se implementen las diferentes zonas del país, dado que estos sistemas permiten aumentar el porcentaje de aguas residuales tratadas (STAR). De acuerdo con el Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 2014-2017, (^{Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2018}), las regiones con mayor cantidad de STAR son la Andina, seguida de la región Caribe, situación que puede obedecer a que son las que presentan mayor concentración de población, sumado a que cubren las principales capitales y centros urbanos del país, en áreas residenciales, comerciales, de servicios e industriales. Estas dos regiones representan cerca del 80% de la concentración de STAR del país.

Figura 3 Cantidad de STAR por regiones 

Otros de los factores a los que se enfrenta en cumplimiento del ODS N°6 es aumentar el uso eficiente del recurso hídrico en todos los sectores, y se estableció como indicador el índice del uso del agua (IUA) que estima la presión por la demanda ejercida por el ser humano al recurso hídrico, a partir de seis rangos: critico, muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo, en 316 subzonas hidrológicas en condiciones hidrológicas promedio, se relacionan a continuación por región:

Figura 4 Índice de uso de agua, subzonas hidrográficas por categoría 

Se encontró que la información que alimenta el indicador que mide el porcentaje de subzonas hidrográficas con condiciones muy altas o críticas de presión por demanda del recurso hídrico, se establece a partir del Índice de Uso de Agua (UIA), no obstante, el Estudio nacional del agua 2018 establece un sistema de indicadores hídricos en un esquema de dos grupos, donde se evidencia que los indicadores de presión se componen por más variables, por ende, este indicador carece de información puesto que no tiene en cuenta los demás indicadores planteados en el estudio.

De otra parte, el indicador relacionado con la productividad hídrica de acuerdo con la cuenta ambiental y económica de flujos de agua, estima valores hasta el 2017, por ende, no es posible establecer el porcentaje de cumplimiento a 2018. Adicionalmente se evidencia que la presión que ejerce la economía sobre el recurso hídrico está aumentando, lo que conlleva a que el peso por litro disminuya y no se logre el cumplimiento de la meta. Es preciso indicar que el indicador no tiene en cuenta la actividad productiva de explotación de minas y canteras (DANE 2019), ni proporciona un análisis a nivel regional.

Respecto a los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas -Pomca, a 2019 se encuentran aprobados treinta y cinco e implementado un Pomca en la Cuenca río Aburrá sur, Cuenca Río Amagá-Sinifaná y la Cuenca río Aburrá (Corantioquia, 2018), lo anterior de acuerdo con la información reportada en cada una de las corporaciones autónomas regionales. Por otro lado, en el Reporte nacional del agua se reportan formulados 22 Pomca y 11 se encuentran en implementación, y el sector medio ambiente del Fondo Adaptación registra 46 Pomca (Ministerio de Ambiente, 2019), no obstante, no se evidenció información relacionada con la implementación de los mismos. Lo anterior, conlleva a determinar que si bien se establecieron políticas para el ordenamiento del agua, las mismas no están siendo implementadas como es el caso de los Pomca dado que, en la actualidad únicamente se cuenta con un plan implementado y si no hay ordenamiento del recurso no es posible garantizar que el mismo se utilice de manera adecuada.

De otra parte, se necesita de la cooperación internacional y de la comunidad en general en términos de inversión monetaria y de recursos físicos para implementar estrategias que ayuden al cumplimiento del ODS N°6, no obstante Colombia cuenta con indicadores formulados pero no se tienen metas de cumplimiento e información consolidada y específica para su seguimiento, por ende, a través del modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), se identificó la información disponible a noviembre de 2019 para evaluar el cumplimiento (ver Tabla 4).

Discusión

Después de revisar y analizar la información recolectada se determina que una de las principales dificultades que afronta Colombia para alcanzar el cumplimiento del ODS n.° 6 es reducir la brecha del acceso a servicios de acueducto y alcantarillado entre las zonas urbanas y rurales, asimismo, contar con datos unificados con los cuales sea posible realizar un seguimiento eficiente al cumplimiento de cada uno de los indicadores, dado que el Ministerio de Ambiente, el DANE, el DNP y el SUI, presentan informes con datos que difieren entre sí, por lo cual es conveniente coordinar conceptos y metodologías, así como adecuar los procedimientos contables, para facilitar el acceso y comprensión de la información (Magin y Contreras, 2006).

De otra parte, se establece que algunos de los indicadores propuestos no exponen la realidad del país, por ejemplo: la meta 1 está relacionada con el acceso del 100 % de la población al agua potable y actualmente se cuenta con un dato a nivel nacional mayor al 95 %, no obstante, se identificó que hay zonas rurales en donde este porcentaje no alcanza el 50 % y para el servicio de alcantarillado la situación es similar, asimismo, uno de los indicadores planteados para la meta 4 relacionado con el Índice de uso del agua no contempla la totalidad de los indicadores de presión por uso del agua establecidos en el Estudio nacional del agua 2018. Adicionalmente, el indicador planteado para la meta 6 se enfoca en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua, bosques, montañas, humedales, ríos, acuíferos, lagos y no propone otros alcances como los establecidos por la UN-Water en la «Guía para el monitoreo integrado del objetivo de desarrollo sostenible. Metas e indicadores mundiales» (^{Naciones Unidas, 2017}), del indicador «Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua a lo largo del tiempo», el cual consiste en identificar la extensión espacial, cantidad de agua y calidad de los ecosistemas relacionados con el agua. Dicho indicador propuesto por la UN-Water, es factible de aplicar en Colombia, debido a que se tienen instrumentos como la Política Forestal (Plan Nacional de Desarrollo Forestal) (^{Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2000}), Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (Pngibse) (^{Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012}), Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas (PNR) (^{Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015}) enfocadas a la conservación de los ecosistemas y junto con los institutos de investigación se puede establecer la meta de medición de este, indicador tal como la de los ecosistemas a recuperar en cantidades, extensión, condiciones de estructura, calidad y funcionamiento.

Considerando que la información disponible para dar cumplimiento a la meta 7 del ODS n.° 6 es limitada, se propone adicionar un indicador que mida las inversiones económicas realizadas en torno a la cooperación internacional para el agua limpia y saneamiento, así como establecer medidas de reporte al indicador planteado de volumen de la asistencia oficial mediante el SIIF u otro, y que sean publicadas en la página web de los ODS Colombia para su conocimiento por la ciudadanía. Asimismo, respecto a la meta 8, se recomienda implementar medidas de reporte a la página web de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Colombia del DNP de las políticas y procedimientos operacionales para la participación de las comunidades locales en la gestión del agua, desarrolladas por las diferentes dependencias administrativas nacionales.

Finalmente es importante resaltar que si bien la información debe ser unificada y consolidada, actualmente Colombia cuenta con entidades competentes para realizar la recolección de los datos y sistemas de información adecuados para analizar los mismos.

Conclusiones

El análisis realizado permite evidenciar que es importante que para la recolección de la información que alimenta cada uno de los indicadores se establezca una sola variable de medición y una única fuente de información, dado que se encontraron diversas fuentes con información diferente para un mismo dato, adicionalmente se deben mantener los datos actualizados, pues es alarmante que a la fecha de este articulo (octubre de 2019), para medir el porcentaje de agua residual que es tratada solo se cuente con datos hasta el año 2017. Aunque no haya uniformidad en la información, Colombia posee instrumentos adecuados para hacer seguimiento al cumplimiento de las metas planteadas, pero las acciones implementadas deben extenderse a las zonas rurales dado que son las que más alejadas se encuentran del cumplimiento, debido a que también están relacionados con los más altos niveles de pobreza, lo que conlleva a tener infraestructura deficiente para la implementación de obras de acueducto y alcantarillado.

Aunque se tenga de referencia la agenda 2030 y los objetivos se establecieron a nivel mundial, Colombia debe priorizar los indicadores según sus necesidades y herramientas, para así fortalecer y orientar metodologías adecuadas para optimizar los recursos y obtener mejores resultados, como por ejemplo enfocarse en las zonas rurales sin desatender los centros urbanos.

De otra parte, se propone que la información disponible en la plataforma del DANE relacionada con el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible se presente con la información soporte con la cual se alimenta los indicadores de cada objetivo, es decir, que se indique la ruta exacta en donde se pueden encontrar los datos recolectados. Asimismo, se propone coordinar con las demás entidades nacionales los mecanismos para que ellas reporten periódicamente los avances de cada meta, junto con los soportes que acrediten dicha información y sea de conocimiento público.

Por otro lado, es importante que se realice una revisión de los indicadores, estrategia de reporte y consolidación de la información de los indicadores propuestos para el cumplimiento de metas, dado que, si bien Colombia ha implementado políticas y modificado normas, no está alcanzando los porcentajes propuestos, debido a que de los 14 indicadores planteados para las 8 metas del ODS N°6, únicamente uno (1) alcanza el porcentaje establecido para la meta de 2018, diez (10) no alcanzan la meta y tres (3) no establecen meta de cumplimiento. Por lo cual, se concluye que el ODS N°6 no cumple con la meta propuesta para 2018.

En consecuencia, es necesario que las políticas y normativa implementadas para el cumplimiento del ODS No. 6 sea más efectiva y eficiente, empezando por abastecer a las zonas más vulnerables y estableciendo un orden para la recolección y análisis de información