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Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad

Print version ISSN 1909-3063

rev.relac.int.estrateg.segur. vol.16 no.2 Bogotá July/Dec. 2021  Epub Dec 31, 2021

https://doi.org/10.18359/ries.5743 

Artículos

Reacciones, retos en seguridad y nuevos roles de la fuerza pública en pandemia: caso de Barranquilla, Colombia*

Reactions, Security Challenges, and New Roles of the Security Forces in a Pandemic: The Case of Barranquilla, Colombia

Reações, desafios em segurança e novos papéis da força pública en pandemia: caso de Barranquilla, Colômbia

María Fernanda Molinares Torresa 

a Abogada de la Universidad del Norte, Barranquilla, y magíster en Derecho con énfasis en investigación de la Universidad Icesi, Cali. Analista e investigadora del Observatorio de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Barranquilla, Barranquilla, Colombia. Correo electrónico: mfmolinares@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8438-3875


Resumen:

La pandemia por COVID-19 ha traído retos a todos los países en diferentes aspectos. La labor preventiva, articulada y armónica entre diferentes instituciones y el compromiso de la comunidad son fundamentales para contrarrestar la propagación y los efectos del virus. A partir del análisis de documentos e informes sobre la situación y la respuesta a nivel mundial y regional frente a la pandemia, el manejo de la seguridad en la región y la disposición de sus fuerzas públicas, el estudio del caso colombiano y las acciones implementadas en la ciudad de Barranquilla, se evidenciará cómo la cooperación internacional, la prevención e intervención social, el trabajo articulado entre diferentes entidades e instituciones y sus niveles, el compromiso y el buen comportamiento de la ciudadanía son indispensables y han sido la clave para que la situación de contagios y las olas de estos en esta ciudad no se hayan salido totalmente de control.

Palabras clave: cooperación internacional; fuerzas de seguridad; intervención; pandemia; prevención; seguridad

Abstract:

The COVID-19 pandemic has brought varied challenges to all countries. Preventive, coordinated, and harmonious endeavors between different institutions and the community’s commitment are essential to counteract the spread and effects of the virus. The analysis of documents and reports on the situation and response to the pandemic globally and regionally, security management in the region and the use of security forces, the study of the Colombian case, and the actions implemented in Barranquilla will show how international cooperation, prevention, and social intervention, collaborative work between different entities and institutions and their levels, the citizens’ commitment and good behavior have been fundamental to keep contagions and waves under control in this city.

Keywords: International cooperation; security forces; intervention; pandemic; prevention; security

Resumo:

A pandemia ocasionada pela COVID-19 vem trazendo desafios a todos os países em diferentes aspectos. O trabalho preventivo, articulado e harmônico entre diferentes instituições e o compromisso da comunidade são fundamentais para neutralizar a propagação e os efeitos do vírus. A partir da análise de documentos e relatórios sobre a situação e a resposta em nível mundial e regional ante a pandemia, a gestão da segurança na região e a disposição de suas forças públicas, o estudo do caso colombiano e as ações implementadas na cidade de Barranquilla, é evidenciado como a cooperação internacional, a prevenção e a intervenção social, o trabalho articulado entre diferentes entidades e instituições, e seus níveis, o compromisso e o bom comportamento da cidadania são indispensáveis e são a chave para que a situação de contágios e as ondas destes nessa cidade não tenham saído totalmente do controle.

Palavras-chave: cooperação internacional; forças de segurança; intervenção; pandemia; prevenção; segurança

Introducción

Lo que se ha vivido en esta pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 (llamado así por razones geopolíticas, ya que no alude a ningún lugar o grupo humano particular) ha producido efectos sociales, económicos y políticos que se extenderán por mucho tiempo. Esta crisis que, si bien dejó de lado razones geográficas, económicas, sociales, políticas, ambientales o climáticas para dar una lección a todos y todas por igual, se agrava en algunos contextos por la existencia de factores de riesgo y condiciones de vulnerabilidad social.

Esta pandemia ha planteado un reto de enormes proporciones para el mundo en general y en particular para América Latina y el Caribe. Los modelos de desarrollo de los países de esta región ya enfrentaban graves limitaciones estructurales, elevados niveles de desigualdad e inseguridad, poco crecimiento económico, altos niveles de informalidad y de pobreza, etc., que se han exacerbado por esta crisis sanitaria.

Los indicadores sanitarios, económicos y sociales utilizados para hacerle seguimiento al desarrollo de los países durante la pandemia han arrojado cifras que no se hubieran podido prever. La incertidumbre ha sido total, sobre todo, por la magnitud del problema y sus efectos en el tiempo. ¿Qué tanto ha afectado y seguirá afectando esta situación a los países? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar antes de poder volver a la normalidad? ¿Cuáles son las mejores acciones para contrarrestar los efectos de esta pandemia? Responder a estos interrogantes ha sido una tarea titánica que se agrava por la falta de conocimiento que se tiene sobre el virus, su alcance y sus dinámicas tan cambiantes.

Esta crisis ha llevado a los Gobiernos de la región a tomar medidas drásticas para contener la propagación del virus e intentar, en la medida de lo posible, mitigar el impacto y hacerles frente a los efectos que este virus está causando y que afecta diferentes ámbitos. Los sistemas de salud, la economía, el comercio y la libre circulación han sido algunos de los sectores y derechos que se han visto más afectados y que la comunidad, pese a sus necesidades económicas, ha tenido que soportar.

Las acciones de los Gobiernos se han enmarcado en una suerte de reacción frente a la emergencia, lo que los ha llevado a redefinir planes, redistribuir recursos y reorganizar las acciones y funciones de sus fuerzas públicas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020) estas acciones “se están llevando a cabo sobre la base de procesos de prueba y error” (p. 1). Todos los esfuerzos se han centrado en dotar y reforzar las capacidades de los sistemas de salud, brindar ayudas a las personas más afectadas por la imposibilidad de realizar sus actividades económicas diarias y evitar el colapso de los sectores comerciales por las restricciones que se han impuesto.

Al ser este un fenómeno imprevisto, los estudios que se empezaron a realizar a mediados del año 2020 han analizado las respuestas de los países y de las regiones frente a la crisis en ámbitos sanitarios, económicos, sociales, etc., y las consecuencias que estas han producido en las relaciones con otros Estados. Al no tener antecedentes con los que se pueda comparar esta situación, y la necesidad de dar respuestas inmediatas, hacen muy difícil evaluar si las acciones tomadas son las correctas o si la situación se podría abordar mejor de otra manera. A estos documentos se suman instrumentos guías, de recomendaciones y de aspectos a priorizar en cuanto a acciones a tomar frente a esta pandemia. En ese sentido, se resaltan los liderados por la CEPAL, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los países de Asia fueron los primeros en reaccionar frente al virus. Las acciones insuficientes de China han desencadenado tensiones con EE. UU. y países de Europa. América Latina, por su parte, ha sorteado las dificultades gracias al apoyo y asistencia humanitaria de estos y aprendiendo de sus errores.

Colombia, así como la mayoría de los países, ha tenido que valerse de disposiciones legales restrictivas y limitantes en cuanto a la circulación, el cierre de algunos sectores y acciones lideradas por su fuerza pública, que ha tenido que asumir nuevos roles y tareas para evitar la propagación desmedida del virus. Lo anterior ha requerido que no solo las labores de la Policía Nacional se diversifiquen, sino que el Ejército haya tenido que disponer de militares para asistir las necesidades en las ciudades y, además, con los pocos recursos que le quedan, hacer frente a los retos de las nuevas dinámicas delictuales ocasionadas por la pandemia. Estas labores, además, han demandado el compromiso y el autocuidado de la comunidad, sobre todo, con el cumplimiento de las restricciones de sus derechos fundamentales y la gran afectación que estas causan a su economía y vida cotidiana.

Por lo anterior, y a partir del análisis de documentos académicos, oficiales y de prensa, este artículo tiene como propósito reflexionar sobre las diferentes respuestas globales y regionales frente a la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, haciendo especial énfasis en las nuevas tareas de la fuerza pública en Colombia y las medidas político-legales y sociales adoptadas en la ciudad de Barranquilla, los retos que esta crisis ha supuesto en materia de seguridad y el papel que han asumido la fuerza pública y la comunidad en esta labor. Lo anterior permitirá evidenciar cómo la prevención, la intervención social, el trabajo articulado entre diferentes entidades y el compromiso de la ciudadanía han sido claves para que, dentro de lo posible, la situación no se haya salido de total control. Para lograrlo, se iniciará con un análisis global y la reacción de algunos países de América Latina y el Caribe frente a la pandemia. Seguidamente, se analizará el impacto que ha tenido la pandemia y los retos que ha traído en materia de seguridad. En un tercer momento, se analizará la situación y el panorama de la pandemia en Colombia y el rol que ha desempeñado la fuerza pública en el manejo de esta crisis. Lo anterior dará pie para reflexionar sobre las acciones puntuales desarrolladas en la ciudad de Barranquilla, para contrarrestar los efectos de estas y la importancia del papel de la comunidad en esta lucha. Finalmente, se compartirán algunas conclusiones.

Pandemia global: lo que nadie pudo prever

El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo grave (SARS). La cepa de coronavirus (2019-nCoV), que tuvo su primer brote en Wuhan, China, a finales de 2019, no se conocía previamente. El 31 de diciembre de 2019, la OMS recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en esta ciudad. A principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró oficialmente este virus como una pandemia.

Las acciones tomadas contra este fenómeno han sido más una reacción que un proyecto diseñado y organizado; entendible, considerando que ningún ejercicio predictivo hubiera logrado considerar la magnitud de la pandemia que atravesamos. Si bien se pensó que China podría controlar la amenaza y que este virus no traspasaría las fronteras -o, por lo menos, no a la velocidad y extensión que lo hizo-, la situación llegó a los niveles que hoy se conocen. Las acciones de los países, instituciones locales y organismos internacionales han respondido a varios intereses, entre ellos, contener la propagación y la expansión desmedida del virus y mitigar los efectos, sobre todo económicos, que han ocasionado las restricciones impuestas.

Las respuestas regionales han seguido la misma trayectoria de la propagación del virus, de Asia a Europa, hasta África y América Latina. Partiendo de lo establecido por Malacalza y Hirst (2020), se puede establecer que estas acciones se han visto enmarcadas en tres procesos distintos, pero articulados. Unas relaciones y conversaciones en el marco de fuertes tensiones, por ejemplo, entre EE. UU. y China, y entre este y otros países de la región1. Un segundo proceso está relacionado con las actividades coordinadas entre los Estados sobre políticas y acciones colectivas, que han ido desde el diálogo intergubernamental, hasta las prácticas de intercambio de información, negociaciones de financiamiento, etc. Por último, también se encuentra la cooperación entre gobiernos y empresas a través de la asistencia humanitaria o del financiamiento internacional.

En Europa, esta crisis evidenció mucho más algunas de las tensiones que se venían gestando desde hace tiempo. Por un lado, la crisis de la Unión Europea como paradigma de la integración regional ya debilitado desde la concreción del Brexit, la división entre el norte y el sur del continente y la marcada influencia económica y tecnológica de China en la región. Por otro lado, las tensiones entre EE. UU. y China profundizaron las divisiones entre los países europeos y generaron respuestas individuales y desarticuladas a la contingencia que venía tomando fuerza2. Las acciones tomadas, por ejemplo, por países europeos (España, Francia, Alemania, entre otros) de apertura total cuando los picos de contagios han disminuido y luego la necesidad de cierres totales por el aumento desmedido de casos los han mantenido en un constante cierre/apertura que ha afectado fuertemente sus sistemas de salud. Estas diferencias entre las medidas de algunos países generaron y exacerbaron las tensiones en sus relaciones. Sobre todo, considerando que, mientras unos países cerraban sus fronteras, limitaban los ingresos aéreos, declaraban cuarentenas estrictas, otros promovían las primeras acciones de reactivación generando olas de contagios que colapsaron los sistemas de salud y que ocasionaron cantidades de muertes alarmantes. Estas experiencias han sido aprendizajes para otros países.

El caso del continente africano es alarmante. Sumado a todo lo que trae consigo la propagación del virus SARS-CoV-2 en términos sanitarios, sociales y económicos, los países de esta región ya se enfrentan a dificultades caracterizadas por los conflictos armados que se mantienen vigentes, los altos niveles de pobreza, el alto número de personas que solicitan refugio y los pocos recursos con los que se cuenta para atenderlos, el hacinamiento, los servicios básicos de poca calidad, la falta de acceso a agua potable y saneamiento, la inseguridad, entre otras condiciones.

Las acciones lideradas por la OPS, oficina regional de la OMS y la red de vínculos que esta creó con otras instituciones y centros de investigación científica de la región, como la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) en Brasil y el Ministerio de Salud de Argentina, la han posicionado como un referente regional en cuanto a información técnica, intermediación en compra de insumos, gestión de testeos y respuestas institucionales. En este sentido, y debido al gran avance de este virus, se buscó la reactivación de varios organismos y la consolidación de redes de cooperación internacional, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común del Sur (Mercosur), entre otros3.

Según Peñafiel-Chang et al. (2020), muchos países de América Latina tuvieron que afrontar la pandemia

[c]on varios talones de Aquiles, entre ellos el endeudamiento, la crisis migratoria venezolana, la creciente desafección popular tras los estallidos sociales, elevados niveles de corrupción, la desaceleración y estancamiento económico acumulado desde el 2013, la fuga de capitales, la devaluación de las monedas y sobre todo la carencia en infraestructura sanitaria. (p. 2)

En este sentido, y aprendiendo de los errores de otras regiones, pese a que hubo acciones rápidas de contención del virus, lo que redujo inicialmente la tasa de infección, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) (2020, 11 de noviembre), hubo

[d]iversos factores sociales y económicos que obstaculizaron la contención del virus (los altos niveles de informalidad, la falta de protección social y la limitada infraestructura sanitaria) [e] hicieron que la situación en la región fuese más crítica que en otras partes del mundo. (p. 2)

Pese a esos esfuerzos, en mayo del 2020, la OMS declaró a América Latina como epicentro de la pandemia por COVID-19. Lo anterior generó reacciones y acciones de diferentes países y organizaciones internacionales y la necesidad de respuestas armónicas y estructuradas.

Latinoamérica y el Caribe reaccionan

El principal sector de atención por parte de los Estados fue el sector sanitario. Los Gobiernos aumentaron la capacidad de sus sistemas de salud para hacer frente a esta crisis y facilitar el acceso de todos sus ciudadanos. Entre las medidas que se han adoptado, se encuentran la puesta a disposición de camas adicionales en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) (Colombia y Perú4), la construcción de hospitales de emergencia en tiempo récord (Argentina), la capacitación de profesionales de la salud para prestar servicios en las UCI (Brasil y Chile5), entre otras acciones.

Sumado a lo anterior, mientras el Gobierno chino y algunas empresas privadas, como Alibaba y Tencent, han apoyado a países como Bolivia, México, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Ecuador, Chile, Panamá y Guatemala, el Gobierno de EE. UU. ha hecho lo respective con Colombia. Además de estas ayudas, los Gobiernos locales han tomado decisiones drásticas para prevenir y contener los estragos de la propagación de este virus, que ya era inminente en este continente. Algunas de estas acciones están relacionadas con las restricciones en los ingresos de ciudadanos o sus cuarentenas estrictas, cierres de aeropuertos, toques de queda, entre otras. La efectividad o no de estas medidas ha dependido también de factores sociales, económicos y de la capacidad de disponer de la fuerza pública para garantizar su cumplimento.

Según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) (2020), las medidas adoptadas por los países para hacerle frente a la propagación del SARS-CoV-2 y los efectos de este han dependido en gran medida de la regulación interna y las causales o los escenarios para declarar una y otra6. Es interesante analizar el momento en el que cada país adoptó una u otra medida, porque esto determinó las acciones que el Gobierno ha podido tomar y la forma en la que ha podido disponer, entre otros recursos y aspectos, de su fuerza pública. En este sentido, las primeras medidas que adoptaron los Estados durante febrero y marzo del 2020, cuando todo se inició, fueron las siguientes:

  • Febrero: los días 3, 5 y 10, los Gobiernos de Brasil, Chile y Honduras declararon emergencia sanitaria.

  • Marzo: el día 5, Guatemala declaró estado de sitio; el 11, Perú y Ecuador decretaron emergencia sanitaria, mientras que Colombia y Argentina lo hicieron el 12. El 13, Panamá y Venezuela decretaron estado de emergencia y Uruguay declaró emergencia sanitaria; el 14, El Salvador declaró estado de emergencia (antes de confirmarse el primer caso en el país) y el 15, Perú declaró estado de emergencia y aislamiento social obligatorio (siendo el primer país de la región en adoptar esta medida). Costa Rica y Ecuador se sumaron al estado de emergencia el 16 y Paraguay optó por la declaratoria de emergencia sanitaria. El 17, mientras Colombia decretaba estado de emergencia, Ecuador y Venezuela tomaban medidas de aislamiento social obligatorio. Los Gobiernos de República Dominicana y Chile7 (el día 19 de marzo) y Brasil (el día 20) fueron los últimos en declarar el estado de emergencia en sus países. Entre el 21 y el 29 de marzo, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Panamá, Colombia y Paraguay tomaron la medida de decretar el aislamiento social obligatorio. Fue hasta el 30 de marzo que México declaró la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio.

Estas declaratorias han tenido un fuerte impacto en los sistemas de salud, el sector económico y productivo, la educación y la seguridad. Por ejemplo, los Gobiernos han podido expedir decretos y otras disposiciones, sobre todo en materia económica, para regular la situación, sin que estas tengan que ser aprobadas o “controladas” por el órgano encargado de realizar dicha labor. Desde esas declaratorias -y a la fecha- estos sectores y su recuperación han sido una prioridad en la mayoría de estos Estados. El caso de Brasil llama mucho la atención porque, según muchos medios -e incluso otros Gobiernos de la región y del mundo- el país no se ha tomado en serio esta pandemia en cuanto a las medidas que se debían tomar para contenerla. El mensaje que ha enviado el presidente Jair Bol- sonaro a sus compatriotas ha sido de incredulidad y total despreocupación por los efectos del virus. Al no establecer restricciones importantes cuando era necesario, el sistema de salud colapsó, ubicándolo como uno de los países con más muertes en el mundo y agudizando otras problemáticas sociales, como la pobreza y el desempleo.

Tantos han sido los cambios requeridos, que incluso la fuerza pública también ha tenido que alterar su agenda y sus funciones para cumplir con las necesidades de esta coyuntura y seguir cumpliendo sus labores, como se verá a continuación.

Seguridad: uno de los grandes retos de la pandemia

Los nuevos conceptos de seguridad que tomaron fuerza a inicios del siglo XXI han dejado de ubicar únicamente al Estado en el centro de las políticas públicas y le han dado un lugar a la persona o al ciudadano. Este cambio de enfoque ha permitido analizar aspectos que van relacionados con la amenaza y no solo con el delito para enunciar así la dualidad objetivo-subjetivo de la seguridad. Lo anterior, sumado a la necesidad de considerar la multicausalidad que rodea las problemáticas de seguridad y que se manifiestan de manera diferente, teniendo en cuenta características culturales, sociodemográficas, económicas y hasta geográficas (Acero, s.f.), situación que se ha agravado con la crisis sanitaria, no solo en términos objetivos, sino también del sentir de la ciudadanía. Los cambios sustantivos en las prioridades de la gestión de la seguridad en las ciudades ha sido una de las grandes consecuencias imprevistas de la pandemia y de la crisis social y económica que esta ha ocasionado (Tudela, 2021, 17 de febrero). En este sentido, no es exagerado establecer que el panorama de la seguridad en América Latina y el Caribe se ha transformado de manera definitiva o, al menos, durante un largo tiempo. Teniendo en cuenta que muchos países han restringido la movilidad de las personas, lo que afecta y modifica la rutina de sus actividades y de sus estilos de vida, también las circunstancias que facilitan la comisión de delitos han sufrido alteraciones. Con respecto a esto, Tudela (2021, 17 de febrero) considera que

[...] [l]a frecuencia, la incidencia y los patrones de actividad criminal varían sin obedecer las inferencias razonables que surgían de las teorías más recurridas: la teoría de la elección racional y de las oportunidades para el delito. Las circunstancian propicias han cambiado, los blancos “atractivos” (víctimas y los bienes más apetecidos en el mercado ilegal e informal) no son los mismos y las motivaciones de los delincuentes tampoco. (párr. 4)

Estas nuevas restricciones han alterado dinámicas importantes relacionadas con el goce y el ejercicio pleno de los derechos y las libertades de las personas, así como la dinámica de ocurrencia y modalidades de varios tipos de delitos. Las tasas de homicidios, la violencia doméstica, los robos y hurtos en viviendas y en establecimientos públicos, los delitos informáticos, entre otros, han tenido variaciones o se han visto inmersos en nuevas dinámicas. Por ejemplo, en Colombia, según las cifras más recientes del Centro Cibernético de la Policía Nacional, los delitos informáticos presentaron un aumento del 59% en el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior, debido a que la pandemia impulsó en los colombianos el uso de las operaciones digitales (Portafolio, 2020, 15 de septiembre). Por su parte, “la violencia sexual e intrafamiliar y las amenazas se redujeron durante los meses de mayor grado de confinamiento en el país” (Castillo et al., 2020, 7 de septiembre, párr. 1), lo que encuentra sentido debido a que las mujeres, quienes son en su mayoría las víctimas, estaban conviviendo con su agresor y debían seguir haciéndolo. En otros países, la situación fue similar: “según datos hechos públicos recientemente por el Ministerio de Interior, la criminalidad ha descendido en España durante el confinamiento un 73,8%” (Balcells, 2020, 6 de mayo, párr. 1).

En Colombia, las medidas de confinamiento obligatorio generaron una reducción del promedio diario de homicidios a nivel nacional (cercano al 48%), pasando de un promedio diario de 27.7 homicidios por día entre el 6 y el 24 de marzo de 2020 a 14.3 entre el 25 de marzo y el 2 de abril del mismo año (Universidad de los Andes, 2020, 5 de mayo). En este sentido, la Policía Nacional (2020, 20 de diciembre) informó que, en materia de lesiones personales, hubo una reducción del 37% y del 46% en las diferentes modalidades de hurto para el año 2020.

Como bien establecen Huaytalla y Nureña (2020, julio), en tiempos previos a la pandemia, la atención de las autoridades estaba en combatir los delitos convencionales (robo, hurto, homicidio, entre otros); sin embargo, la emergencia sanitaria ha hecho necesario considerar las nuevas manifestaciones de estos y las nuevas necesidades en materia de seguridad (violencia de género, crimen organizado y la ciberdelincuencia). Ahora la atención ha sido trasladada también a los problemas de control y seguridad desencadenados por la pandemia, lo que en la práctica significa tareas adicionales y distintas para los agentes de seguridad. Por ello, los miembros de las instituciones que conforman estas fuerzas han sido convocadas a asistir en tareas subsidiarias. En este sentido, como señala RESDAL (2020):

mientras la defensa nacional es la misión principal de las fuerzas armadas acorde a los mandatos constitucionales y/o legales de los diferentes países, las misiones subsidiarias son aquellas en las que el Estado hace una de las capacidades instaladas en una fuerza armada y las pone al servicio de la comunidad. Asistencia en caso de desastres y apoyo al orden público han sido regularmente parte de las actividades de las Fuerzas Armadas en toda la región. (p. 2)

Así como el comportamiento de los delincuentes -y, por ende, los delitos- ha cambiado significativamente, las fuerzas de seguridad y sus labores se han visto alteradas, no solo por las nuevas dinámicas delincuenciales y la respuesta a estas, sino también por la necesidad de brindar apoyo en otros sectores. La labor realizada por la RESDAL (2020) brinda información sobre algunas labores desempeñadas por las fuerzas de seguridad o defensa en el marco de estas nuevas dinámicas pandémicas regionales. Por ejemplo, evidencian actividades relacionadas con la adecuación de espacios para la instalación de centros sanitarios, de distribución de alimentos y de agua potable a las comunidades, la protección de las fronteras, la repatriación de ciudadanos, el transporte de productos de primera necesidad, así como insumos médicos, entre otras. En países como Argentina, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay, miembros de la fuerza pública han contribuido en la elaboración de mascarillas y de equipos de protección, así como de alcohol en gel; en Brasil han brindado apoyo en las campañas de donación de sangre y en Venezuela han apoyado las labores de desinfección de calles y de lugares públicos.

En Colombia, por ejemplo, las Fuerzas Militares tuvieron que redistribuir sus recursos humanos para brindar apoyo a las autoridades locales de policía en las labores de control y de vigilancia del cumplimiento de las normativas restrictivas establecidas para la contención de la propagación del virus y siguieron cumpliendo con sus funciones. La fuerza pública ha colocado nuevos puestos de control, ha realizado labores de patrullaje para verificar el cumplimento del aislamiento y el toque de queda, ha brindado protección a centros comerciales y zonas fronterizas, y ha difundido información de prevención, entre otras actividades. Todas estas labores se han encaminado a garantizar no solo la salud, sino también la seguridad de las personas.

Colombia y los nuevos roles de las fuerzas de seguridad en época de pandemia

Si bien antes hubo sospechas sobre posibles casos de contagio del virus que se descartaron, el 6 de marzo de 2020, en la ciudad de Bogotá, una joven de 19 años procedente de Milán, Italia, fue el primer caso confirmado por las autoridades. El 9 de marzo de 2020 se confirmaron dos casos más de personas procedentes de España y hasta el 12 de marzo de 2020 se confirmaron otros 12 casos. Ese día, las autoridades declararon la emergencia sanitaria y suspendieron todos los eventos públicos en los que participaran más de quinientas personas e implementaron medidas destinadas a evitar que los cruceros atracaran en cualquier puerto nacional.

El 17 de marzo de 2020, tras el aumento exponencial de casos, el presidente Iván Duque decretó el estado de emergencia y el aislamiento obligatorio para adultos mayores de 70 años. El 25 del mismo mes se decretó el aislamiento preventivo obligatorio o confinamiento, inicialmente pensado por 19 días, pero que se extendió debido a la velocidad de los contagios. El 17 de abril del mismo año se dio a conocer el decálogo del denominado aislamiento preventivo obligatorio colaborativo e inteligente como una nueva etapa de la cuarentena.

El 4 de mayo del 2020 se extendió la cuarentena por dos semanas más, pero se inició un plan de apertura para sectores como la manufactura y la construcción. El 28 del mismo mes se prorrogó el aislamiento hasta el 1 de julio y, luego, varias veces más hasta el 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre se levantaron las restricciones y se reabrieron moderadamente los aeropuertos. El 25 de noviembre, el Ministerio de Salud y el presidente Iván Duque extendieron el aislamiento selectivo hasta febrero de 2021, para mitigar la propagación de la pandemia durante las celebraciones de fin de año. Pese a esto, algunos Gobiernos locales han mantenido, hasta la fecha, algunas restricciones. El 18 de febrero del 2021 se iniciaron las vacunaciones según el plan y la prioridad diseñados por el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud.

Debido al aumento de casos producidos por la llegada de la tercera ola al país, a mediados de marzo de 2021, los mandatarios han tenido que reevaluar las medidas implementadas hasta el momento, suspender los pilotos de apertura de algunos sectores y endurecer otras medidas para evitar la propagación del virus, que ha ocasionado el colapso de muchos centros asistenciales.

Según Rut Diamint (2020), a inicios de la pandemia, el presidente Iván Duque aumentó la presencia militar en las ciudades y desplegó cerca de 87 000 efectivos como apoyo para cumplir con las políticas diseñadas para combatir la propagación del virus. Estas medidas involucraron no solo los diferentes cuerpos de la Policía Nacional, sino también a los de las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea). Estos “nuevo roles” fueron asumidos por las demás fuerzas de seguridad en la mayoría de los países como refuerzo a las labores de las autoridades de Policía. Una de las dificultades de esta decisión fue que las fuerzas del orden tuvieron que dedicar sus activos y poco personal humano ya no solo a combatir la delincuencia y sus nuevas modalidades (como los delitos cibernéticos), sino también a las tareas de protección de la ciudadanía frente al COVID-19, y, en el caso de Colombia, combatir la delincuencia guerrillera y urbana y hacerles frente a las acciones establecidas por estas organizaciones, como los toques de queda, las prohibiciones de acudir a los establecimientos de salud, entre otros retos.

Según el Ministro de Defensa (Presidencia de la República, 2020, 24 de marzo), dentro de las acciones de la fuerza pública para acompañar y proteger a la población durante la emergencia por el COVID-19, además de las labores de vigilancia en ciudades y puestos de control en vías del país (en las que se realizarían acciones de prevención y sensibilización para evitar el contagio), en marzo del 2020 se dispuso que miembros de la Policía Nacional y del Ejército realizaran caravanas de seguridad para garantizar el abastecimiento de las ciudades. Sumado a ello, cerca de 9000 policías fueron asignados a planes de control y vigilancia en hospitales, supermercados, terminales de transporte, plazas de mercado, aeropuertos y entidades financieras, con el fin de garantizar el orden y la seguridad, así como para realizar actividades de verificación en hoteles y zonas de afluencia turística para confirmar que se estuvieran acatando las restricciones, medidas que se mantienen a la fecha.

Entre otras acciones, en abril de 2020, ingenieros militares instalaron un puente de 60 metros sobre la vía García Rovira-Curos en el departamento de Santander para permitir el transporte de víveres en esta zona del país. Cuando se inició el confinamiento, la Fuerza Aérea Colombiana había transportado más de 23 toneladas de canastas alimentarias para la población infantil de los municipios de Bahía Solano y Nuquí (Chocó), Leticia (Amazonas) y Puerto Leguízamo (Putumayo). En ese momento, la Armada Nacional había entregado mercados y agua potable para adultos mayores y población vulnerable en diferentes regiones del país, 96 mil galones de agua potable y 2860 mercados a las comunidades de territorios insulares en las islas de Tierrabomba e Islas del Rosario (Cartagena, Bolívar) beneficiando a cerca de 15 mil personas, y 18 mil litros de agua potable a los habitantes de la isla de San Andrés. Sumado a lo anterior, la Fuerza Aérea, al igual que la Policía Nacional, ha realizado misiones de perifoneo aéreo sobre diferentes ciudades y municipios para suministrar información preventiva sobre el COVID-19.

El apoyo en las medidas de restricción se enmarcó, por ejemplo, en las labores de acompañamiento a la ciudadanía durante el aislamiento preventivo. En ese sentido, la Policía Nacional llevó a cabo 1366 actividades lúdicas en sectores residenciales para animar con ejercicios a los ciudadanos que permanecían en sus casas. Sumado a esto, a través de campañas en redes sociales como #ColegioEnCasa se ofrecieron clases de álgebra, música, inglés, educación física, matemáticas y yoga a los jóvenes y a la población en general, además de las más de 156 actividades para brindarles protección y alimentos a los animales que se encontraban en las calles.

En diciembre del 2020, la fuerza pública había entregado más de 7 millones de mercados y 14 millones de litros de agua a comunidades vulnerables en medio de la pandemia y por la temporada de huracanes en el país. En este sentido, según el ministro de Defensa, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR) diseñó y construyó 200 kits hospitalarios, la Industria Militar de Colombia (INDUMIL) fabricó cerca de 200 camas hospitalarias y 200 000 litros de gel antibacterial y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional confeccionó 1 000 000 de tapabocas, 4600 batas, 460 overoles y 42 000 gorros desechables. Sumado a lo anterior, aproximadamente 1171 hombres y mujeres pertenecientes a la Policía Nacional y a la Defensa Civil habían contribuido a la reconstrucción del archipiélago de San Andrés y Providencia tras el paso del huracán Iota, transportando entre el archipiélago y el interior del país cerca de 587 toneladas de carga (“Así fue el papel”, 2020, 26 de diciembre).

Durante el transcurso de la pandemia y de los confinamientos, a nivel nacional y local, se han tomado diferentes medidas, lideradas por el trabajo en conjunto entre diferentes instituciones, Alcaldías locales, Oficinas y Secretarías para la Seguridad, Salud y Desarrollo Económico en articulación con la Policía y el Ejército, como se vio anteriormente. A continuación, se analizarán las acciones y los programas adoptados en la ciudad de Barranquilla. Se eligió esta ciudad porque, pese a haber sido la primera del país en alcanzar el pico de contagios, debido a la actividad de la fuerza pública, la gestión de las autoridades y el autocuidado de la comunidad, ha podido hacerle frente a esta crisis e incluso brindar apoyo a otras ciudades.

Barranquilla: la primera en alcanzar el pico y su reacción

En junio del 2020, Barranquilla fue la primera ciudad en alcanzar el pico de contagios, una vez logró superar esta situación, se convirtió en un ejemplo para el resto país. Las buenas gestiones de la administración y del equipo interdisciplinario formado para abordar esta contingencia han permitido que, hasta marzo del 2021, la ciudad atendiera en sus centros de urgencias, servicios de hospitalización y unidades de cuidados intensivos no solo a los habitantes de la ciudad, sino también a 4683 pacientes procedentes de otras regiones del país, de los cuales, 3687 correspondían al departamento del Atlántico, y 996 pacientes a otros departamentos. Un total de 2054 eran positivos para COVID-19 (Alcaldía de Barranquilla, 2021, 7 de marzo). Sumado a esto, se pudo brindar asistencia a personas afectadas por otras emergencias regionales ocurridas durante el 2020, por ejemplo, el accidente ocurrido en Tasajera, Magdalena8. Dados los bajos índices de ocupación UCI a finales del año 2020 e inicios del 2021 en la ciudad, el Gobierno local decidió prestar veinte ventiladores a la ciudad de Bogotá para hacerle frente al segundo brote que se vivía en la capital del país.

Por medio de diferentes decretos y resoluciones9, siguiendo siempre los lineamientos del Gobierno Nacional, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins y su equipo asesor han establecido distintas medidas para ayudar a prevenir y controlar la propagación del virus en la ciudad. Las acciones puntuales que se han implementado han sido las siguientes:

Legales

  • Pico y cédula: restricción de la circulación y del ingreso a establecimientos comerciales y a entidades bancarias según el último dígito del documento de identidad. Esta medida se ha intercalado entre números pares e impares, y se ha implementado con uno o dos dígitos, dependiendo de la gravedad de la situación (Decreto 0411, 2020, 1 de abril).

  • Toques de queda (Decreto 0427, 2020, 25 de abril): restricción de circular libremente por las calles o permanecer en lugares públicos. Aquellos establecidos en la ciudad de Barranquilla han variado dependiendo de ciertas circunstancias, por ejemplo, se han establecido desde las 6 p. m. de un día hasta las 5 a. m. del día siguiente o durante todo el fin de semana (6 p. m. del viernes a 5 a. m. del lunes). La administración, de manera preventiva, en aras de evitar aglomeraciones y contagios, ha establecido toques de queda en fechas especiales como lo han sido Halloween (Decreto 0766, 2020, 30 de octubre) y Semana Santa.

  • Ley seca (Decreto 0447, 2020, 7 de mayo): prohibición del expendio y consumo de bebida embriagantes, mayoritariamente establecida para los fines de semana, sobre todo aquellos en los que también se aplica toque de queda.

  • Permisos de circulación: a través de la plataforma TRUORA las empresas y los trabajadores independientes solicitaban un permiso para poder circular por la ciudad con el fin de realizar sus labores durante el confinamiento estricto, independientemente de la medida de pico y cédula. Este sistema se empezó a implementar el 23 de mayo de 2020 y estuvo vigente hasta la flexibilización de las medidas. Con esta, las autoridades podrían verificar en tiempo real si una persona que se encontraba en vía pública y argumentara estar entre las excepciones, efectivamente estaba o no habilitada (Caracol Radio Barranquilla, 2020, 24 de mayo).

  • Cercos sanitarios: en junio de 2020, durante la etapa de aislamiento selectivo, la Alcaldía Distrital, en cabeza de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército, instauró esta estrategia para contener, prevenir y evitar la propagación del virus en las cuadras de los barrios en los que se evidenciaban mayores contagios. Estos cercos se instalaron por periodos de catorce días en diferentes barrios de las cinco localidades de la ciudad. También se ubicaron Puestos de Mando Unificados (PMU) en el suroriente de la ciudad para acompañar a la ciudadanía, prevenir la realización de eventos y evitar aglomeraciones. 64 integrantes de la fuerza pública, con grupos de 16 policías y 14 soldados, realizaron control y regulación en cada uno de los 9 cuadrantes establecidos (Alcaldía de Barranquilla, 2020, 4 de julio).

Sociales:

  • Patrullas COVID: son una estrategia de trabajo de quince patrullas en las que se moviliza personal especializado de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, la Policía Metropolitana de Barranquilla y el Ejército Nacional. Estas patrullas, que funcionan desde el 4 de mayo de 2020, han sido fundamentales para la ciudad en su lucha contra el COVID-19. Durante la época de asilamiento obligatorio estricto y hasta la fecha se encargan de prevenir las aglomeraciones, velar por el cumplimiento de los decretos e imponer comparendos por violaciones a estos, verificar que quienes circulen lo hacen respetando el pico y cédula o que, en su momento, tuvieran permiso de circulación; igualmente, velan por que los establecimientos comerciales y las obras de construcción cumplan las medidas de bioseguridad por parte de establecimientos comerciales y las obras de construcción. Entre el 4 de mayo y el 31 de octubre de 2020 se hicieron 1166 visitas y 127 operaciones en locales comerciales de las cinco localidades de la ciudad. En estas se impusieron 406 comparendos (multas) y se dispuso el cierre de 268 establecimientos por no cumplir con las medidas de bioseguridad y por no contar con los permisos para su funcionamiento (Penso, 2020, 7 de noviembre) Sumado a lo anterior, se encargaron de hacerles seguimiento a los pacientes con sospechas de coronavirus y a los que están en proceso de prueba para evitar que salieran y pusieran en riesgo al resto de la población (Alcaldía de Barranquilla, 2020, 4 de mayo). El principal patrullaje que realizan es “el preventivo, que se realiza con el fin de identificar y neutralizar posibles violaciones a las normas, partiendo de un diagnóstico de seguridad ciudadana y comportamiento de la población” (Alcaldía de Barranquilla, 2020, 4 de mayo, párr. 11). Hasta el momento, aún están funcionando y siguen cumpliendo muchas de estas labores, sobre todo cuando se decretan toques de queda y ley seca.

  • Caravanas por la seguridad: en una labor conjunta entre la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana de la misma ciudad se desarrollan caravanas por las cinco localidades. Como parte del personal que participa, se encuentran también promotores de convivencia, funcionarios de la secretaria de salud y miembros de la fuerza pública. Las caravanas se empezaron a realizar tras la finalización del aislamiento selectivo y obligatorio para acompañar el inicio de la nueva etapa de aislamiento inteligente y reapertura económica y como apoyo a las patrullas COVID, para garantizar la seguridad y la sana convivencia.

Ahora bien, así como las acciones y restricciones adoptadas por la administración de la ciudad de Barranquilla y, en general, del resto del país, permitieron en mayor o menor medida contener la propagación del virus, estas medidas también trajeron consecuencias negativas. La afectaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos, así como a su salud mental debido al encierro, el cierre del sector de servicios y comercio por más de un año y la consecuente pérdida de empleos, la imposibilidad de que el sector de trabajadores informales e independientes, que subsisten de sus ingresos diarios, pudieran salir, fueron solo algunos retos. Lo anterior generó que, además de los retos propios de la crisis sanitaria, las administraciones locales y el Gobierno nacional tuvieran que suplir las necesidades básicas de las familias que se sostienen con estos ingresos suministrándoles recursos y alimentos. Es importante mencionar que muchas personas no percibían los riesgos de una pandemia hasta antes de 2020, la gente no suele preocuparse por los riesgos de los cuales no se tiene memoria o registro local (Sandoval et al., 2020). Este virus llegó y tomó a todos por sorpresa y no dio mucha cabida para prepararse. Las implicaciones de esta crisis a niveles económicos, políticos, sociales y de salud mental, y la magnitud de estos, aunque se sabe que son grandes, se desconoce qué tanto lo serán.

Por lo anterior, y considerando la situación coyuntural, si bien el papel de las autoridades es fundamental, así como el compromiso de la comunidad, el trabajo armónico entre ambas es indispensable. En ese sentido, y como bien establecen Sandoval et al. (2020) “la confianza en las instituciones mejora la resiliencia de las personas, aun cuando estas se encuentren en condiciones de vulnerabilidad” (p. 49). La labor articulada de las instituciones es necesaria para que la comunidad, en medio de todo el caos ocasionado por el virus, confíe en que sus autoridades están tomando las mejores medidas para protegerlos y que las restricciones impuestas no tienen otra intención más allá de protegerlos.

Sumado a todo esto, y como bien ha manifestado la CEPAL (2020) “la acción más importante para enfrentar el COVID-19 es la contención de la expansión del virus mediante el autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social” (p. 2). Todas estas acciones dependen no solo de las autoridades, sino también del comportamiento y compromiso consciente y responsable de la comunidad para preservar su vida y cuidar a las personas que la rodean. Las autoridades, a través de disposiciones preventivas, no pueden controlar esta crisis solas, el rol de la comunidad para el cumplimiento de las indicaciones y las restricciones establecidas es indispensable, de modo que la crisis sea superada y se puedan enfrentar los nuevos retos que nos deja.

En la ciudad de Barranquilla se promovió el teletrabajo y la salida de una persona por núcleo familiar para comprar alimentos o realizar otras diligencias. Pese a las ayudas del Gobierno nacional y local, los niveles de desempleo e informalidad hicieron difícil que muchas personas se quedaran confinadas en sus casas. Aunque para muchas personas el confinamiento no era una opción y debían salir de sus hogares a trabajar, el uso correcto del tapabocas y el distanciamiento social fueron imperativos y las autoridades velaban por el cumplimento de estas pautas. La obediencia de estas indicaciones permitió, por ejemplo, que no se presentara un segundo pico de contagios en la ciudad.

Conclusiones

Ni siquiera aquellos países considerados desarrollados estaban verdaderamente preparados para afrontar los retos que esta pandemia ha traído. Países como España y Francia han estado en una constante apertura o cierre total que ha ocasionado como resultado más contagios, debido a la velocidad con la que intentan volver a la normalidad tras superar un pico de contagios. Los países de América Latina han tenido que sumarle a las dificultades económicas, sociales y políticas que ya enfrentaban las dificultades propias de esta crisis sanitaria. En países como Brasil, el mal gobierno, que no ha considerado establecer restricciones, lo ha posicionado como uno de los países con más muertes por causa del COVID-19.

Las acciones que unos y otros países han tomado han fortalecido y debilitado las relaciones entre ellos, como ocurrió entre China y EE. UU., y han dejado grandes lecciones para otros países, sobre todo, en cuanto a la necesidad de trabajar de manera conjunta, coordinada y armónica para poder superar esta pandemia. Estas son algunas lecciones aprendidas tras ensayos y errores.

Las medidas de estado de sitio o estado de excepción, estado de emergencia, emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio han permitido que los Gobiernos alteren los planes de trabajo, redistribuyan recursos y dispongan de las medidas y medios que consideren necesarios para hacerle frente a esta crisis. Las respuestas tardías o inoportunas de los Gobiernos han ocasionado, por ejemplo, el colapso total de los sistemas de salud y de los servicios fúnebres en algunos países. Por ejemplo, un grupo de expertos australianos del Instituto Lowy concluyó que Brasil es el país con el peor manejo de la pandemia de COVID-19 en el mundo. Según el estudio, el resultado se debe específicamente a la gestión de Jair Bolsonaro, quien minimizó la gravedad del virus e hizo caso omiso a las recomendaciones de la OMS (France 24, 2021, 3 de febrero). En este y otros países, ni siquiera con el apoyo y las nuevas tareas de la fuerza pública se ha podido controlar la expansión del virus y el comportamiento de la comunidad.

Así como la economía, la movilidad y el sector de la salud se han visto afectados fuertemente por esta pandemia, la seguridad, en lo que se refiere a delitos (reducciones significativas de unos tipos y aumentos de otros) y otras necesidades, ha llevado a que se disponga, por ejemplo, de que la fuerza pública y de seguridad realice tareas diferentes y adicionales a las que suele realizar. En este sentido, la elaboración de implementos médicos ha sido una constante en los países de la región. En Colombia, por ejemplo, la ayuda en zonas remotas del país en cuanto al traslado de alimentos y el patrullaje en las diferentes ciudades ha sido una función principal en esta coyuntura.

Barranquilla, la primera ciudad que alcanzó el pico de contagios en el país, ha dispuesto de medidas importantes para contener y prevenir los contagios desbordados y el colapso de su sistema de salud. Estas medidas evitaron, por ejemplo, que sufriera un segundo pico de contagios desmedido. Toques de queda, ley seca, pico y cédula y cercos sanitarios han sido algunas de las medidas, aplicadas también en la mayoría de las ciudades de Colombia. Adicionalmente, las patrullas COVID y las caravanas por la seguridad han sido una apuesta de la administración de Barranquilla para estar más cerca de la comunidad, reconociendo que esta, con su compromiso y su autocuidado, es una parte clave para poder superar este reto.

Si bien es pronto para realizar evaluaciones sobre si las medidas tomadas han sido o no las mejores o si se hubieran podido tomar otras, se ha hecho lo mejor que se ha podido con la información y los recursos con los que se ha contado. La experiencia de otros países (Brasil, España, entre otros) permiten sugerir la manera en la que Colombia ha manejado la crisis ha sido buena, reconociendo que estas restricciones han traído consecuencias económicas y efectos en la salud de las personas, cuyos efectos seguiremos sintiendo por un largo tiempo. El respeto y acatamiento de las recomendaciones de organismos expertos como la OMS y la reapertura y el levantamiento de restricciones de manera gradual responde a las tasas de contagios y muertes por COVID-19 y no solamente a la necesidad de reactivación económica. De la misma manera, las nuevas labores y roles de las fuerzas públicas han aportado enormemente al manejo inmediato de la crisis; el apoyo y los controles en el cumplimiento de las restricciones establecidas, el apoyo a los establecimientos, la respuesta a las nuevas dinámicas delincuenciales, entre otras, han sido fundamentales. Las consecuencias a mediano y largo plazo que deja la pandemia aún se desconocen. Esta crisis trae aprendizajes así como retos constantes diarios para todos. Los Gobiernos de los diferentes países, las autoridades de todos los niveles y la comunidad deben seguir trabajando juntos para hacerles frente a las dificultades que se presentan en todos los sectores, hacer balances de las acciones y las medidas que se han tomado, analizar los errores cometidos y aprender de ellos. La pandemia aún no se ha superado y solo se podrá superar si todos los actores trabajan juntos.

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1 Tanta fue la tensión que se registró tras el primer brote de esta cepa que China tuvo que iniciar una serie de acciones de cooperación internacional para mitigar la creciente desconfianza de sus países vecinos, quienes la consideraban irresponsable en el manejo del -en ese momento- brote. Esta “diplomacia de las mascarillas” que iniciaron incluía, como primeras acciones, el envío de mascarillas y kits de testeo a Corea del Sur e Irán, los países más afectados.

2Tantas fueron las divisiones y las malas relaciones que se han dado en la región que, en marzo del 2020, cuando España acudió a los demás miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de los 29 países miembros, solo 7 (Alemania, Estonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, República Checa y Turquía) le brindaron ayuda.

3Se resaltan las acciones de la CEPAL, en especial, la solicitud para levantar las sanciones económicas impuestas a Cuba y Venezuela y el llamado al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que otorgara un alivio de deudas a los países de renta media. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) activó un fondo de 12 000 millones de dólares, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aportó 1900 millones para un plan de contingencia regional del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) puso a disposición una línea de crédito de emergencia de 2500 millones de dólares. Según, Malacalza y Hirst (2020), la comisión europea contribuyó con 918 millones de dólares, acompañada por préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 325 millones y el bloque de países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) pidió la suspensión de sanciones internacionales y anunció un desembolso de 15 000 millones en préstamos.

4Países como Perú, en medio de la preocupación generada por la capacidad y precios, realizaron acuerdos con clínicas privadas para aumentar la cantidad y disponibilidad de camas.

5Chile, a través del Decreto N.°356, ordenó a las clínicas aumentar la capacidad de camas UCI en 20% y en 100% en un mes.

6Para ampliar sobre las normativas vigentes en los países de la región sobre los estados de excepción, su denominación, causas y trámite, consultar: RESDAL (2020) y OECD (2020, 11 de noviembre).

7Pese a que Chile fue uno de los últimos países en tomar medidas para contener el virus, ha sido uno de los casos exitosos en cuanto a procesos de vacunación en América Latina y el mundo.

8El 6 de julio 2020, un camión cisterna que transportaba gasolina hacia la ciudad de Barranquilla se volcó en el corregimiento de Tasajera (Magdalena). Algunos habitantes intentaron saquear el camión y se presume que, debido a las manipulaciones, el vehículo explotó causándole la muerte a 45 personas y dejando a 19 heridas, que fueron trasladadas en su mayoría a la ciudad de Barranquilla.

9Al 10 de abril 2021, se habían expedido 44 decretos y 9 resoluciones. Para consultar estas disposiciones véase: Alcaldía de Barranquilla (2021, 6 de mayo). Decretos durante la emergencia. https://www.barranquilla.gov.co/salud/coronavirus/decretos-durante-la-emergencia-coronavirus-barranquilla

* Artículo de investigación

Cómo citar: Molinares Torres, M. F. (2021). Reacciones, retos en seguridad y nuevos roles de la fuerza pública en pandemia: caso de Barranquilla, Colombia. Revista De Relaciones Internacionales, Estrategia Y Seguridad, 16(2), 61-76. https://doi.org/10.18359/ries.5743

Recibido: 24 de Abril de 2021; Aprobado: 02 de Septiembre de 2021; Publicado: 31 de Diciembre de 2021

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