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Keeping track of nuclear arsenals -you’d think that be more critical to world security. But it’s not. No, nine out of ten war victims today are killed with assault rifles and small arms -like yours. Those nuclear weapons sit in their silos. Your AK-47, that’s the real weapon of mass destruction...
Niccol, Andrew, writer and director.
The Lord of War.
Introducción
Investigaciones indican que, en Colombia, de cada tres armas de fuego solo una es de procedencia legal, y que alrededor de un 80 % de las armas que entran al país proceden del mercado ilegal (Urrutia et al., 2009). En efecto, el contrabando de armas es un negocio multimillonario que representa grandes intereses y poderes varios, al tiempo que es la actividad que causa más muertes.
El tráfico de armas, municiones y explosivos en el país se encuentra asociado con grupos armados ilegales y el crimen organizado transnacional, debido a que los principales receptores de este lucrativo negocio son los grupos guerrilleros, los narcotraficantes y las bandas criminales locales.
Asimismo, una investigación adecuada sobre el tráfico de armas debe hacer mención no solo a los grupos que poseen armamento ilegal, sino también a las causas que llevan a que una sociedad como la colombiana busque armarse por cuenta propia, ya sea porque no se siente protegida por las fuerzas de seguridad del Estado, o porque los elevados índices de pobreza y exclusión social dejan las puertas abiertas a la delincuencia menor como única alternativa a la supervivencia.
Con relación a lo anteriormente expuesto, se considera que Colombia es uno de los países con los índices de muertes por armas de fuego más altos, y que el 80 % de las muertes violentas generalmente ocurren en los grandes centros urbanos, no precisamente como consecuencia del conflicto armado. Este fenómeno ha sufrido algunos cambios en los últimos años, debido a la transformación de las dimensiones de la violencia en el marco del proceso de paz y al desarrollo de las estructuras criminales.
Por lo tanto, el tráfico de armas responde a un problema de orden multicausal, producto de una dinámica que requiere un estudio de las dimensiones tanto rurales como urbanas del fenómeno. Al mismo tiempo, estos cambios en la naturaleza del conflicto demandan un análisis de esas nuevas dinámicas, así como de sus respectivas características.
En ese sentido, el presente trabajo pretende explicar, en primer lugar, los orígenes y destinos del tráfico de armas en Colombia, realizando una distinción entre la dimensión rural y la dimensión urbana del fenómeno; en segundo lugar, se examinan las razones por las cuales la sociedad colombiana decide adquirir armas de fuego; en tercer lugar, se analizan las causas actuales de la problemática para, luego, realizar un estudio de las nuevas dinámicas del conflicto; por último, se concluye con las posibles medidas de prevención y control de estas actividades ilegales ligadas al tráfico de armamento. Desde un punto de vista metodológico, el abordaje será deductivo, con un enfoque de tipo cualitativo y datos cuantitativos, con niveles de análisis descriptivos y explicativos, empleando fuentes secundarias.
El origen del tráfico de armas en Colombia
La procedencia del armamento ilegal es variada y comprende a cuarenta naciones del mundo, de las cuales se destacan, según las incautaciones realizadas por la Dijin1: Venezuela, Chile, Ecuador, Rumania, Sudáfrica, Egipto, Israel, Polonia, Hungría, República Checa, Bélgica, Bulgaria, Rusia, Corea del Norte, Alemania, China y Estados Unidos (Carrillo, 2017).
Al momento de abordar la problemática del tráfico de armas en Colombia, debemos tomar en consideración la existencia de un conflicto armado que ha sabido perpetuarse por más de cincuenta años y que es una de las principales causas del ingreso ilegal de armas de fuego al país en zonas rurales. Se trata de un enfrentamiento que sigue generando las más severas violaciones a los derechos humanos y que se encuentra a la espera de una resolución por parte de toda la sociedad colombiana en su conjunto.
El segundo factor relevante es el ascendente rol del crimen organizado y de los diferentes grupos armados ilegales, directamente relacionados con el tráfico de drogas.
Por último, la violencia armada en Colombia solía ser principalmente un fenómeno urbano. Las tres ciudades más grandes del país concentraban casi el 80 % de los homicidios a manos de la delincuencia común y de particulares, generando situaciones de violencia aisladas que diferían del contexto de violencia armada que tiene lugar en las zonas rurales.
Cada uno de estos factores difiere en los actores involucrados y en la demanda de tipo de armamento. Mientras que los grupos insurgentes e ilegales exigen una mayor cantidad de armas de alto calibre, el armamento demandado por la delincuencia común es de menor poder de fuego y su tráfico se realiza de forma fragmentada (Aguirre Tobón, 2011). De esta manera, podemos distinguir el fenómeno del tráfico de armas en sus dimensiones rural y urbana.
La dimensión rural: El tráfico de armas largas se vuelve muy rentable en países como Colombia, debido a que los grupos insurgentes y los grupos criminales organizados llevan a cabo las actividades delictivas en zonas rurales y apartadas, donde tienen lugar los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado (Sánchez Calderón, 2018).
El armamento ilegal del que se proveen las organizaciones armadas en la región proviene de fuentes diversas. La clasificación que realiza la Policía sobre el ingreso de grandes cantidades de armas se basa en distintas generaciones (Carrillo Galvis, 2017):
La primera generación, denominada “génesis”, surge con el crecimiento de las guerrillas como consecuencia de la revolución cubana.
La segunda generación, de “rotación”, se debe al armamento que ingresó al país proveniente de los conflictos centroamericanos sostenidos por grupos como la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador.
La tercera generación, también denominada del “tráfico gris”, se encuentra vinculada al comercio de armas de fuego que ingresan al país de manera legal, pero que en el proceso cambian de manos, terminando en poder de los grupos armados ilegales.
La cuarta generación, renombrada como de “renovación técnica bélica”, se origina con la adquisición de una cantidad pequeña de armas sujetas a una modificación ajustada al gusto y predilección de los grupos armados ilegales. En el caso de las Bacrim2, prefieren una imagen de mayor letalidad que les confiere un poder superior.
Las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contaban con unos 30 000 guerrilleros fuertemente armados. Con el acuerdo de paz entre sus líderes y el gobierno de Juan Manuel Santos, se procedió a la entrega de un gran número de esas armas dentro del marco de la misión de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia.
Los modelos de armas más utilizados por la guerrilla fueron provistos por un dinámico mercado ilegal conformado por actores varios (BBC Mundo3):
Una de las hipótesis es que gran parte de los AK-47 fueron traídos a Colombia desde la Unión Soviética a través de Cuba, como parte del apoyo que se brindaba a los grupos revolucionarios en la contienda bipolar. Otra de las hipótesis que se manejan es que esos fusiles entraron por Centroamérica, como producto de las guerras civiles que se produjeron en El Salvador y Nicaragua.
El Fal, de origen belga, nació a mediados de los años cincuenta, convirtiéndose paradójicamente en el rifle militar más utilizado en el mundo no comunista durante la década de los sesenta. Luego, durante la revolución popular sandinista en 1979, miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional utilizaron rifles Fal, de los cuales un gran número tuvo como destino en los ochenta a los guerrilleros de las FARC.
El RPG es un lanzagranadas propulsado por cohete desarrollado por los soviéticos en los sesenta, de bajo costo, fácil maniobrabilidad, larga durabilidad y un alcance máximo de un kilómetro. El mismo fue introducido a Colombia en números reducidos, como excedente de los procesos de paz de El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Fusil estadounidense semiautomático de largo alcance (dos kilómetros), utilizado por francotiradores por su amplia efectividad. Se han incautado fusiles Barret a manos de integrantes del Frente 29 de las FARC en el suroccidente del país. Gracias a sus aplicaciones especiales con mira telescópica, puede realizar disparos certeros a más de 1500 metros, atravesando chalecos antibalas y materiales de construcción de un edificio, camiones y aeronaves del ejército colombiano.
El MPiKM es un rifle de asalto proveniente de Alemania Oriental. El mismo llegó a las FARC gracias a los nexos internacionales y los recursos generados por el negocio del narcotráfico, algo que les permitió establecer contactos con los traficantes de armas en los años ochenta.
Como se puede apreciar, los tipos de armamento mayormente utilizados en el conflicto armado son los rifles de asalto y los lanzagranadas. Los primeros tienen un porcentaje de letalidad mayor al de las lesiones ocasionadas por lanzagranadas; mientras que los incidentes con explosivos tienden a ser inversamente proporcionales, causando un número mayor de lesiones (Aguirre et al., 2006).
La dimensión urbana: la comunidad internacional ha prestado especial atención a la creciente incidencia que tienen las armas cortas y ligeras en los hechos de violencia en los centros urbanos, los cuales se ven traducidos en altos índices de criminalidad a nivel mundial. Estos son los efectos de una industria que genera miles de millones de dólares al año en todo el mundo, debido a que se trata de armas de fácil distribución, que no requieren de mantenimiento especializado y cuyo costo es relativamente bajo (Nucci, 2011).
Estas armas son fáciles de adquirir en el centro de Bogotá, a tan solo unas pocas cuadras de la residencia presidencial, la Casa de Nariño, uno de los lugares más custodiados del país. Es decir, son armas que se venden al menudeo y que son utilizadas para atracar en los semáforos, para el robo de automóviles, para asaltar casas habitadas y para los asesinatos por encargo. Este mercado constituye un fenómeno de características urbanas que está matando más gente que la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo (Revista Semana, 2010).
Las estructuras delincuenciales que operan en las grandes ciudades encuentran más atractivo el mercado de las armas cortas, debido a que resultan fáciles de ocultar a plena vista. Al mismo tiempo, las armas ilegales que tienen como destino los grandes centros urbanos son las que, hasta hace solo algunos años, solían tener mayor impacto letal en las estadísticas.
En efecto, en la actualidad las grandes ciudades tienen una menor participación en las tasas de homicidios. Mientras que en la década de los ochenta los centros urbanos de más de 100 000 habitantes generaban hasta un 70 % de los homicidios en el país, en los últimos años se redujo a un 45 % (Perea, 2020). Esto se debe en gran medida a determinadas políticas implementadas a mediados de los noventa para reducir la violencia en las grandes metrópolis, por medio de inversiones en infraestructura y equipamiento.
En el caso puntual de Bogotá, se llevaron a cabo campañas de desarme de la población civil por medio de las llamadas “jornadas de desarme voluntario” y de los programas de recolección física de armas a cambio de bonos navideños (Nucci, 2011).
Sumado a estas acciones, se realizaron inversiones en infraestructura urbana y en la recuperación del espacio público, con amplios resultados de desarrollo y la consecuente reducción de los índices de violencia (Aguirre y Restrepo, 2010).
A pesar de esta reducción en los indicadores de inseguridad en la capital durante los últimos años, la utilización de armas de fuego para cometer delitos es cada vez más frecuente. Por ejemplo, durante el primer cuatrimestre del 2021, de los 317 homicidios cometidos en Bogotá, el 60 % fueron llevados a cabo con armas de fuego (Veeduría Distrital, 2021).
En la ciudad de Cali, aunque se lograron disminuir los niveles de violencia por medio de las políticas públicas de control de armas, los índices actuales volvieron a ser preocupantes. Como muestra de esto, durante el año 2019 Santiago de Cali ocupó el puesto número 26 entre la lista de las ciudades más peligrosas del mundo, con una tasa de muertes violentas equivalente a 45 por cada 100 000 habitantes (Seguridad, Justicia y Paz, 2020). Asimismo, en el análisis sobre las tasas de homicidios que posee la ciudad sobresale la utilización de armas de fuego, a pesar de las restricciones a su porte existentes a la fecha (Suárez Rodríguez, 2021).
En el caso de Medellín, desde el año 2004 se han emulado los esfuerzos llevados adelante por la ciudad de Bogotá en cuestión de campañas de concientización sobre el uso de armas. Con el denominado plan de desarme se buscó lograr un alto grado de movilización social en contra de las armas, centrándose el interés en desincentivar el uso de las mismas en la población civil y no en la mera recolección (Nucci, 2011). Es decir que la estrategia estaba focalizada en un aspecto pedagógico y de educación ciudadana en contra del porte y tenencia de armas de fuego a manos de la población. Al mismo tiempo, se consolidaban los espacios de diálogo y de reflexión como respuestas a las situaciones de conflictos sin recurrir al uso de las armas.
En concreto, estos programas lograron ciertos avances en la disminución de las tasas de homicidios, pero deben ser entendidos conjuntamente con las negociaciones llevadas a cabo con los grupos armados, producto del proceso de desmovilización, desarme y reinserción (Aguirre y Restrepo, 2010). No obstante, a partir del año 2008 el índice de homicidios en Medellín volvió a aumentar, generando una respuesta de porte de armas entre la población con la finalidad de contrarrestar la nueva oleada de violencia (Nucci, 2011).
En todos estos periodos donde se produce una escalada en el número de homicidios, la utilización de armas de fuego en los centros urbanos se ha acercado al 90 % de los casos (Policía Nacional de Colombia, 2021). A pesar del aumento circunstancial en las tasas de homicidios y el empleo de armas de fuego, no se ha vuelto a los índices extremos de criminalidad propios de los años ochenta.
Causas por las que la sociedad colombiana decide armarse
Las formas de violencia homicida en Colombia se encuentran divididas en tres dimensiones: la asociada al crimen organizado y la delincuencia común, la relacionada con el conflicto armado o la violencia política, y la relacionada con la convivencia y la conflictividad social.
Las amenazas que genera la criminalidad se asocian a los homicidios no vinculados al conflicto armado, las lesiones comunes y el hurto a personas. El conflicto armado, por otra parte, genera muertes y heridos civiles en enfrentamientos y ataques. Ambos tipos de violencia recurren a acciones como el secuestro y la extorsión, y son causa de fenómenos como el desplazamiento y la desaparición forzada (Durán et al., 2009).
Con respecto al conflicto armado, la mayoría de las muertes se presentan en áreas rurales aisladas y municipalidades con población menor a cincuenta personas por kilómetro cuadrado (Spagat y Restrepo, 2005). Cuando se producen enfrentamientos entre dos grupos armados, las bajas tienden a ser combatientes, mientras que en los ataques premeditados las bajas suelen ser civiles4.
La mayoría de los crímenes cometidos contra civiles han sido perpetrados por grupos paramilitares, que buscaban intencionalmente el asesinato sistemático de personas sospechosas de colaborar con los grupos guerrilleros (Aguirre, 2006). Al mismo tiempo, hay que tomar en consideración que muchos de estos grupos paramilitares fueron promovidos, organizados y financiados por el mismo Ejército colombiano, convirtiendo a las fuerzas de seguridad del Estado en estrechos colaboradores de acciones ilegales y de graves violaciones de los derechos humanos (El Espectador, 2022).
Por otro lado, el 80 % de las muertes violentas en Colombia no se producen como consecuencia del conflicto armado, sino por el crimen organizado, la delincuencia menor y los altos niveles de conflictividad social que se ven traducidos en reacciones violentas y conflictos interpersonales (Nucci, 2011). Son estos indicadores de violencia los que miden el nivel de inseguridad y los principales móviles que llevan a que una sociedad como la colombiana decida armarse.
Otro indicador de relevancia que se convierte en un móvil de las sociedades para querer adquirir armas de fuego es el nivel de credibilidad y confianza hacia los organismos de seguridad. Del 64 % de las víctimas de hechos violentos encuestadas en ciudades como Bogotá, solo un 37 % decidió radicar la denuncia ante las entidades competentes, mientras que el 63 % de los casos restantes no fueron puestos en conocimiento de las autoridades (Veeduría Distrital, 2021). Esto es una señal de que, hoy en día, la ciudadanía no ve en los uniformados un elemento de seguridad y confianza en la lucha contra la inseguridad.
Según encuestas recientes, un 86 % de las personas sostiene que los niveles de inseguridad han empeorado significativamente. Esta lectura se presenta sobre todo en los estratos 1, 2 y 3, con un 36 % de los delitos cometidos con armas de fuego. Sumado a esto, un 54 % de los encuestados afirma que es fácil acceder a un arma de fuego, y un 36 % considera que portar un arma para defensa personal es justificable. En ambos casos, prevalecen los encuestados de los estratos más vulnerables 1, 2 y 3 (Veeduría Distrital, 2021).
Estos indicadores, relacionados a las tres formas de violencia homicida, explican, en parte, por qué la sociedad colombiana se inclina por adquirir armas de fuego con la finalidad de dar respuesta a los elevados niveles de inseguridad en los centros urbanos y las zonas rurales.
Estado actual de la situación del tráfico de armas
En la actualidad, el mercado de armas en Colombia sigue estando lleno de oportunidades y los incentivos para que el mismo crezca no son pocos, debido al aumento significativo del mercado ilegal y el fácil acceso a las mismas por parte de la sociedad civil, los grupos armados y el crimen organizado.
Efectivamente, el país sigue presentando altos índices de violencia asociados al uso de armas y mucho de ello se debe al aumento del tráfico ilegal. De acuerdo con la base de datos estadísticos del Banco Mundial, Colombia se ha mantenido durante los últimos 23 años como uno de los países con mayor número de homicidios en la región (World Bank Database, 2018). Asimismo, conforme a los datos brindados por la Policía Nacional, más del 70 % de los homicidios registrados en el país en el 2021 fueron perpetrados con armas de fuego (Policía Nacional de Colombia, 2021).
A esto se suma el aumento de la oferta de armas largas en las grandes ciudades, un mercado que pertenecía exclusivamente a las zonas rurales donde el conflicto armado se desarrolla. En efecto, este fenómeno se explica por varias razones: primero, por la fuga de armamento relacionado a casos de corrupción en las Fuerzas Armadas; segundo, como consecuencia del proceso de paz y dejación de armas de las FARC, principal organización y cliente de los traficantes de armas; y tercero, por el monopolio de la entrada de droga hacia los Estados Unidos logrado por los carteles mexicanos, que pagan la droga con armas de alto calibre (Ávila, 2019).
El fusil Galil y la corrupción en las Fuerzas Armadas
El gran número de fusiles Galil5 entregados por las FARC a la ONU como parte del acuerdo de paz (El Tiempo, 2019) constituye una prueba de los casos de corrupción existentes hacia el interior de las Fuerzas Armadas, dado que este mismo fusil, producido por Industria Militar Colombiana (Indumil) desde el año 2010 conjuntamente con sus municiones, tenía entre sus destinatarios a miembros de la guerrilla.
De acuerdo con declaraciones hechas por el senador de las FARC, Carlos Antonio Lozada, esto se debía a ciertos elementos corruptos de la Fuerza Pública (El Espectador, 2021). Por consiguiente, la producción lícita de armas en Colombia también ha contribuido a aumentar el poder letal de los grupos armados informales y las bandas criminales.
A pesar de estos hechos, Indumil posee altos estándares de marcaje y rastreo del armamento militar que se produce, lo cual ha permitido el seguimiento de los casos en los que tienen lugar filtraciones de armamento (Aguirre y Restrepo, 2006). Por lo tanto, en la actualidad, la fuga de armamento a manos de las Fuerzas Armadas no se puede considerar como un canal frecuente de provisión de armas hacia los grupos disidentes y organizaciones criminales.
El proceso de paz y su influencia en el tráfico de armas
El proceso de dejación de armas, por el cual se produce la recolección y registro de las armas en poder de la guerrilla, ha estado en manos del Componente Internacional de Monitoreo y Verificación a cargo de la ONU (Sánchez Calderón, 2018).
A pesar de que la misma ONU procedió a la destrucción del armamento entregado en su momento por las FARC, muchas de las caletas en manos de los guerrilleros nunca fueron recuperadas. En otras palabras, esto da a entender que el número de armas entregadas a la misión representa un porcentaje menor al declarado.
Además, según datos suministrados por el Ejército, de 1027 caletas pertenecientes a las FARC, solo fueron ubicadas 920, 41 de ellas vacías, mientras que el resto nunca fue encontrado debido a la inexactitud de la información provista por los grupos armados (El Tiempo, 2019).
Como resultado de esto, un gran número de armas se ven redireccionadas hacia organizaciones ilegales que terminan impulsando la violencia y las actividades criminales en los grandes centros urbanos.
El caso más patente es el del cartel de ‘Los invisibles’, que opera en las ciudades de Bogotá y Cali. Sus líderes han comercializado fusiles y armas de gran calibre, debido a la violencia que existe en las zonas rurales, y que no es usual en las grandes metrópolis. Los atracos llevados a cabo en la ciudad de Bogotá con fusiles Galil ac son un claro ejemplo de este fenómeno (El Tiempo, 2019).
La cocaína como moneda de cambio en el tráfico de armas
La variedad de armamento sofisticado encontrado en poder de la guerrilla, de acuerdo con los reportes militares, confirma un hecho que ya se sabía de antemano: el involucramiento de los carteles mexicanos y brasileros en el tráfico de armas hacia Colombia.
Son los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y “los Zetas” (en el caso de México), y el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho (en el caso de Brasil), los que están pagando los cargamentos de cocaína con armamento moderno (El Tiempo, 2019).
Según las autoridades colombianas, este tipo de trueque es muy común debido a que la coca es una mejor moneda de pago para los traficantes de armas que el efectivo. La ventaja yace en que se hace más difícil rastrear el origen de un kilo de cocaína que de cualquier billete (Infobae, 2019).
De esta manera, los grupos armados se ven provistos de fusiles de asalto de manufactura estadounidense como el M-4, el M-16 y el AR-15 (el rifle más vendido en EEUU), así como ametralladoras M-60 y fusiles Colt para francotiradores, con mira telescópica y un alcance de 1200 metros de distancia (Infobae, 2019). Se trata pues de material bélico de características poco usuales para la guerrilla, de acuerdo con lo observado por expertos en el área.
Esta disponibilidad de armas, como consecuencia del desarme de las FARC y la presencia de carteles mexicanos y brasileros involucrados en el tráfico de armas, produjo no solo que los precios del mercado ilegal bajaran exponencialmente, sino también que llegasen con mayor facilidad armas de alto calibre a los grandes centros urbanos.
¿Nuevas dinámicas del conflicto?
Por otro lado, el exponencial crecimiento de la producción de cocaína en Colombia se ha traducido en un aumento de la oferta interna de drogas. Como resultado de esta expansión del mercado, se han multiplicado los enfrentamientos y disputas por las zonas y rutas de comercialización de drogas entre las organizaciones criminales, generando una mayor demanda de armamento de procedencia ilegal.
Estos hechos se ven traducidos en un cambio en la dinámica y la naturaleza del conflicto armado y la forma en que el mismo se manifiesta, dado que hoy, las dinámicas del conflicto se fragmentan en múltiples actores y agendas diferentes (Perea, 2020).
Es decir que se ha pasado de organizaciones de alcance nacional, con un relativo grado de cohesión, a un número variable de grupos con influencia local y regional. Las distintas facciones disidentes de las ex FARC son una muestra de este fenómeno en el que los oligopolios sobre el narcotráfico y las economías ilegales son cosas del pasado. Actualmente, se encuentran operando un conjunto de redes compuestas por actores diversos con acceso a variados tipos de rentas (Fundación Ideas para la Paz, 2017).
Este proceso de fragmentación de las organizaciones criminales encuentra explicación en el cambio generacional y actitudinal de sus integrantes, jóvenes delincuentes dispuestos a romper con las estructuras jerárquicas y tradicionales propias de los antiguos carteles (Sampó y Quirós, 2018). Por un lado, tal fragmentación ha llevado a que las organizaciones criminales varíen en su tamaño y las formas en que se ven administradas; por otro lado, se presenta un proceso de diversificación en sus actividades, sumándose al tráfico de drogas otros negocios por demás rentables, como el contrabando de armas.
Sumado a esto, como actor dentro de las dinámicas del conflicto debemos mencionar a Venezuela, dado que los hechos de violencia registrados en la frontera con Colombia incentivan aún más este fenómeno de fragmentación de grupos y de agendas involucradas. Los enfrentamientos acontecidos en el departamento de Arauca son una muestra de este cruce entre diferentes grupos guerrilleros y actores estatales, debido a la acentuada porosidad de sus fronteras y a la declarada enemistad existente entre ambos países.
El accionar de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el lindante estado venezolano de Apure toma lugar ante la ausencia de cooperación existente con el régimen de Nicolás Maduro (Pardo, 2022). En efecto, los enfrentamientos por el control de las rutas del narcotráfico, sumados a la corrupción en las filas de la Fuerza Armada Venezolana, llevarían a especular con la posibilidad de que estos grupos ilegales terminen por adquirir armamento sofisticado como los misiles tierra-aire Manpads de fabricación rusa (McDermott, 2019).
Soluciones y medidas de prevención al tráfico de armamento
El tráfico de armas en Colombia se ve favorecido por la posición geográfica del país, así como también debido a las condiciones físicas de sus fronteras. De hecho, las extensas costas de Colombia representan una ventaja estratégica única, debido a que funcionan como un puente entre Centroamérica y América del Sur (Camargo Fonseca, 2019). Sumado a esto, el deficiente control que ejercen las autoridades del país sobre sus fronteras terrestres explica la carencia de factores institucionales que les permitan coordinar una política limítrofe de orden integral (Linares, 2019).
En particular, el escenario de postconflicto colombiano pareciera incentivar aún más el negocio del tráfico de armas y demás actividades relacionadas, debido a la proliferación de grupos armados ilegales (Acuña, 2021). Esto sucede sobre todo en los departamentos fronterizos, donde se hace más evidente tanto la ausencia institucional del Estado colombiano como la falta de estrategias conjuntas con los países de la región por medio de la cooperación internacional.
Por la naturaleza transnacional del crimen organizado, se debe instar a los gobiernos de los países vecinos a trabajar de forma mancomunada. En particular, la implementación de medidas conjuntas en las zonas fronterizas permitirá cumplimentar el proceso de desarme de los grupos desmovilizados, identificando las ubicaciones exactas de los arsenales escondidos en caletas aun no registradas (Sánchez Calderón, 2018).
Entre las estrategias que deben formar parte de los mecanismos de cooperación internacional se destacan: la recolección y destrucción de armas de fuego; la elaboración y establecimiento de un programa de desarme; un registro detallado de las armas en circulación en cada país; la obligatoriedad de la huella balística para los importadores; la implementación de programas de sensibilización; el intercambio constante de información entre los países sobre el tráfico de armas; y la participación de la sociedad civil (Ardila, 2012).
Programas de desarme, recolección y destrucción de armas
Al identificarse como principal causa de la violencia y del aumento en los índices de criminalidad a la proliferación de armas pequeñas y ligeras, se ha procedido a la adopción de políticas de desarme voluntario.
Por medio de una estrategia de incentivos para que los ciudadanos adopten un comportamiento menos violento, las campañas de desarme deben realizarse en coordinación y cooperación con entidades pertinentes, como el Departamento de Control y Comercio de Armas, Indumil, la Iglesia católica y la Policía Nacional (Veeduría Distrital, 2021).
Una iniciativa que ha tenido buenos resultados es la llevada adelante por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Armas por desarrollo”, la cual se centra en acciones de recolección y destrucción pública de armas, con la participación conjunta de los gobiernos locales (Nucci, 2011).
Los programas de recolección física de armas a cambio de bonos navideños también han sido experiencias positivas. En dichas campañas, el Departamento de Control y Comercio de Armas se encarga de fundir las armas recibidas y convertirlas en objetos simbólicos como instrumentos musicales (Nucci, 2011). Otra de las políticas exitosas implementadas en los centros urbanos de Cali y Bogotá fue la restricción al porte de armas de fuego por parte de la población civil, logrando una baja significativa del 14 % en la tasa de homicidios en ambas ciudades (Aguirre y Restrepo, 2010).
Por último, los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) en situaciones de postconflicto, a pesar de su alto grado de complejidad al momento de ser implementados, han logrado reducir los niveles de violencia de manera significativa (Aguirre, 2006).
Implementación de programas de sensibilización
El desarrollo y la implementación de programas de seguridad basados en cambios culturales han logrado un impacto real y de larga duración sobre los hechos de violencia armada en los centros urbanos. Estos programas deben ir acompañados por campañas pedagógicas, una participación ciudadana activa que autorregule la cultura de los ciudadanos sobre el uso de armas, y de la acción coordinada e integrada entre entidades de orden nacional, regional y local (Veeduría Distrital, 2021).
Mediante la instalación de diversos talleres de comunicación orientados a prevenir y revertir la violencia e inseguridad en las zonas urbanas, se busca derribar una serie de mitos existentes en relación con la tenencia de armas:
El mito de que cargar un arma de protección garantiza la seguridad personal en aquellos contextos donde el Estado no ejerce el control; por el contrario, el porte de armas aumenta la posibilidad de muerte del portador.
El mito de que la prohibición de las armas termina por desproteger a la gente que las usa legalmente y favorece a los criminales, promoviendo un mercado ilegal. Realmente, las políticas de control de armas demuestran ser exitosas en la disminución del tráfico y dificultan la adquisición de armas por parte de criminales.
El mito de que las políticas de desarme se deben a que los Estados quieren someter a la ciudadanía. Por el contrario, las políticas de desarme sobre la población terminan por mejorar el nivel de institucionalidad de los gobiernos democráticos, garantizando la seguridad de sus ciudadanos.
En definitiva, todos estos mitos centrados en reducir la violencia por medio del ejercicio de acciones más violentas terminan por ser contraproducentes e ineficaces en el corto y largo plazo, al estar fundamentados en concepciones equivocadas. A ello se suma que el 80 % de las muertes violentas en Colombia no se presentan por el conflicto armado, sino por las reacciones violentas de ciudadanos armados, y que casi la mitad de homicidios a nivel mundial se producen por conflictos interpersonales, no por hechos delictivos comunes.
Sistema de control, marcaje y rastreo
Colombia cuenta con una estricta regulación y sistemas avanzados de control, marcaje y rastreo de las armas de procedencia legal que circulan en el país.
De acuerdo con estudios de caso, la mayoría de los actos criminales se llevan a cabo con armas y municiones de procedencia ilegal (Aguirre, 2006), lo cual se justifica por los elevados estándares de rastreo del armamento militar y de defensa personal que posee Indumil.
Además, Indumil también posee un registro complementario de los bienes que son vendidos a las diferentes fuerzas de seguridad del Estado. Este registro permite dar respuesta a requerimientos de rastreo como parte de los procesos judiciales que involucran un arma o munición fabricada por la empresa (Aguirre y Restrepo, 2006).
Implementación de la norma internacional BASC
El sector empresarial relacionado con el comercio internacional de armas ha desarrollado la norma BASC6, una herramienta valiosa que ayuda a evitar el comercio ilícito, contribuyendo a la seguridad internacional y evitando el tráfico de armas (Camargo Fonseca, 2019).
Esta alianza entre sector privado, gobiernos, organismos de control fronterizo, autoridades de control y organizaciones internacionales ofrece asistencia a las empresas en la gestión de control y seguridad a través de la cadena de suministros en diferentes países, con la finalidad de combatir fenómenos de contrabando, terrorismo, tráfico de drogas y tráfico de armas (Business Alliance for Secure Commerce, 2022).
La implementación de esta norma permite determinados procesos de control y seguridad, para que los cargamentos no sean contaminados con armamento ilícito (Camargo Fonseca, 2019). En consecuencia, las empresas se ven dotadas de una mayor reputación en el exterior al mejorar sus prácticas, al mismo tiempo que se genera una mejor imagen de los países donde estas certificaciones son adoptadas, demostrando un compromiso expreso con los estándares de seguridad propios del comercio internacional.
Programas de cooperación y de intercambio de información
Colombia participa activamente de importantes espacios de cooperación internacional centrados en el control del tráfico de armas. Dentro de estos espacios se encuentra el “Programa de acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos”, suscrito en el marco de la ONU.
Dicho programa, vigente desde el año 2001, se encarga de desarrollar herramientas operativas para mejorar el intercambio de información tanto a nivel regional como internacional. Dentro de estas herramientas se encuentra la entrega periódica de un informe de cumplimiento, en el que los países miembros notifican sobre los avances realizados para la consecución de los objetivos propuestos (Naciones Unidas, 2001).
Es más, el informe contiene datos sobre el número de armas confiscadas o destruidas, las rutas y técnicas del tráfico ilícito, e información sobre los sistemas nacionales de marcado de armas que permiten a las autoridades de otros países identificar al fabricante con su respectivo número de serie, con la finalidad de poder rastrear cada arma (Naciones Unidas, 2001).
De esta manera, por medio de tales mecanismos de cooperación se generan procesos de rutinización que contribuyen a consolidar prácticas habituales y un comportamiento previsible entre los Estados (Ardila Castro y Pinedo Herrera, 2013).
En efecto, debido a que el crimen organizado no puede ser combatido unilateralmente, los países deben renunciar a la utilización de la frontera como un espacio donde los nacionalismos e identidades se ven resaltados, causando mayores niveles de distanciamiento y tensión (Linares, 2019).
Solo si existe una iniciativa regional con miras a combatir al crimen organizado, la posibilidad de supervivencia de las organizaciones criminales se reduce considerablemente y los costos de relocalización de las mismas hacia otros Estados aumentan a un grado tal que esta alternativa resulta inviable (Sampó y Quirós, 2018).
Conclusión
El tráfico de armas, al igual que otras formas en las que se manifiesta el crimen organizado, tiene una capacidad de adaptación y transformación constante que se ve sujeta a las dinámicas nuevas del conflicto en la actualidad. Como consecuencia de estas dinámicas, el contrabando de armas surge como un fenómeno de orden multicausal que requiere un correcto análisis de sus dimensiones geográficas y sociales, desde sus orígenes hasta la actualidad, para poder arribar a las diferentes soluciones y medidas preventivas que den respuesta a la problemática.
De esta manera, el mercado ilegítimo de armas en Colombia debe ser entendido en sus dimensiones rural y urbana, y en relación directa con los diferentes tipos de violencia que se presentan en cada ámbito. En el rural, los grupos criminales, ilegales e insurgentes siguen demandando armamento con mayor capacidad de fuego, mientras que en los centros urbanos el mercado no solo demanda armas cortas y ligeras, sino que se ha extendido al armamento de mayor calibre.
Estos cambios en las variables del contrabando de armas se encuentran relacionados con nuevos móviles que surgen como resultado de la dinámica propia del conflicto armado. Esto es, el mismo proceso de paz ha generado una sobreoferta del mercado ilegal de armas, con la consecuente baja en los precios y una mayor disponibilidad de armamento que tiene como destino, incluso, a las grandes ciudades. Al mismo tiempo, los casos de fuga de fusiles de Indumil, sumados a la provisión de equipo sofisticado a manos de los carteles mexicanos como producto del intercambio de armas por cocaína, son hechos que han contribuido al aumento del tráfico ilícito de armas.
Por otro lado, entre las nuevas dinámicas del conflicto que actúan como incentivos al desarrollo del mercado ilegal de armas, se debe mencionar el incipiente proceso de fragmentación de organizaciones criminales y grupos insurgentes. En ese sentido, el crecimiento exponencial del negocio de la cocaína ha contribuido a la proliferación de los actores involucrados en el crimen organizado y a la diversificación de sus agendas y actividades delictivas. Por otra parte, la alta porosidad a la que se ve sujeta la frontera con Venezuela hace que estos grupos armados y organizaciones criminales puedan actuar con total impunidad ante la ausencia de cooperación y de políticas conjuntas de control fronterizo.
En definitiva, al realizar un análisis de las diferentes causas que llevan al desarrollo del mercado ilegal de armas, haciendo hincapié tanto en las dimensiones geográficas como sociales del fenómeno, se buscó resaltar las experiencias exitosas que lograron desincentivar el porte de armas. Desde la implementación de programas de ddr en el postconflicto, pasando por los programas de sensibilización, desarme, recolección y destrucción física de armas en los grandes centros urbanos, se han logrado avances significativos en la reducción de los niveles de violencia.
Asimismo, se hace indispensable resaltar la importancia de la cooperación y la implementación de iniciativas conjuntas con los Estados vecinos, debido a la naturaleza transnacional del crimen organizado. Para ello, los programas de cooperación e intercambio de información llevados adelante en el marco de la ONU son una herramienta fundamental al momento de combatir tanto el tráfico ilegal de armas como a las organizaciones criminales.
Para concluir, debido a que los altos índices de homicidios se deben a hechos de conflictividad social, las estrategias no solo deben enfocarse en la restricción al porte de armas, sino en las raíces que dan origen a las diferentes dimensiones de la violencia. Es decir, se trata de considerar la implementación de políticas transversales e integrales que tengan en cuenta la promoción del desarrollo y el empleo como alternativas a las economías ilícitas, en un contexto generalizado de pobreza estructural y marcada desigualdad social.
