Introducción

En la subregión del Pacífico sur colombiano se encuentra ubicado el distrito de Buenaventura¹, considerado el territorio más grande de la región pacífica por su extensión: cerca de 6785 km. Habitado principalmente por población afrodescendiente², y debido a su cercanía a Panamá, países de la zona pacífica de Asia y ciudades del este de los Estados Unidos, este lugar se ha convertido en el puerto más importante de Colombia en términos geoestratégicos. Por ello, Buenaventura es una de las ciudades más importantes del Pacífico³, para el desarrollo de las economías comerciales nacionales y regionales.

A pesar de su importancia, la inversión en infraestructura portuaria y los volúmenes de comercio que allí se mueven no se han traducido en un impacto positivo en la calidad de vida de la población de Buenaventura. Según cifras reveladoras de ^{Semana (2017)}, el 36% de los habitantes tiene alguna necesidad básica insatisfecha. La pobreza en este lugar representa el 66,5%, una cifra mayor al índice de pobreza a nivel nacional que equivale al 49%.

Buenaventura no solo es el puerto más importante para la economía nacional, sino que, además, es un territorio clave en la cadena de producción del narcotráfico, ya que garantiza la intermediación y conexión con rutas que se dirigen a Centroamérica y México. La presencia de muchos actores armados en Buenaventura se relaciona con el hecho de ser un punto que une norte y sur del Litoral Pacífico y es la fase final de un corredor que conecta rutas de producción de droga desde los departamentos de Tolima y Cauca. Por eso, los escenarios de violencia han aumentado como consecuencia de las transformaciones de las dinámicas del conflicto armado, a pesar del contexto de posa cuerdo, y de las economías del despojo que allí tienen lugar. Mientras el puerto maneja el 51 % de actividades portuarias a nivel nacional, su población vive en condiciones de extrema pobreza y debe afrontar la presencia de distintos actores armado ilegales que buscan controlar sus territorios continentales, fluviales y marítimos.

Es así como Buenaventura se ha convertido en una ciudad en disputa entre intereses del Estado, actores armados, empresa privada y diversos agentes económicos, donde la utilización de la violencia ha sido una constante para lograr algún tipo de hegemonía. En este sentido, es necesario reconocer la multiplicidad de actores y procesos que desencadenan la producción de la violencia en este territorio y que interactúan, implícita o explícitamente, para su mantenimiento (^{Vinasco-Martínez, 2019}). En medio de estos contextos de disputa territorial y de violencia persistente, los y las habitantes del puerto no deben ser vistos únicamente como actores pasivos, pues las realidades de las violencias pueden ser más complejas, debido a que implican interacciones, tensiones y constantes transformaciones. Estas relaciones se hacen más evidentes en sectores históricamente marginados, donde las desigualdades socioeconómicas se convierten en un escenario favorable para el ejercicio de diversas formas de violencia que impactan de diferentes formas y en grados variables a su población.

Como forma de visibilizar estas interacciones de la violencia en Buenaventura, el objetivo de este artículo es analizar la manera en que los órdenes sociales se reconfiguran en el contexto actual de posacuerdo a partir de 1) la aparición de nuevos grupos ilegales que se vinculan a actividades ilícitas y 2) las estrategias de negociación cotidiana que realizan las mujeres afrodescendientes de Buenaventura con algunos de los actores armados que infligen violencia. Dado el escenario de posacuerdo actual en Colombia, estas situaciones muestran la necesidad de analizar las tensiones y contradicciones que emergen entre diferentes formas de gobernanza aplicadas en Buenaventura: por un lado, aquellas propias de la seguridad en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado; y, por otro lado, aquellas propias de las comunidades y que se relacionan con los procesos de construcción de paz propia o, como lo hemos denominado, desde abajo.

Este artículo se sustenta en un trabajo etnográfico que consistió en la realización de entrevistas a profundidad a hombres y mujeres jóvenes, afrodescendientes y habitantes de la región, durante el año 2018 y el primer semestre de 2019. Para ello se realizó un acercamiento con diversos actores, con el objetivo de entender la forma en que las personas han sido impactadas por la violencia, cómo la interpretan, confrontan y negocian con ella. A través de ello, se busca comprender la manera como se reconfiguran los órdenes sociales en la localidad. De manera transversal, el desarrollo del trabajo de campo que sustenta gran parte de la investigación requirió el desarrollo de un protocolo de seguridad y consideraciones éticas sobre la manera en que se manejaría la información, es decir, conservar el anonimato de los y las entrevistadas. Por lo tanto, algunos nombres de las personas aquí mencionadas han sido cambiados para proteger su identidad, por cuestiones de seguridad tampoco se mencionan los barrios que habitan.

Buenaventura: lógicas del desarrollo y despojo

En Buenaventura, la combinación de patrones históricos de segregación racial, espacial, pobreza y la presencia de nuevas dinámicas urbanas de actores armados -especialmente del paramilitarismo- han producido importantes grados de violencia contra jóvenes y mujeres (^{Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2015}). Mientras la principal preocupación del Gobierno y de los empresarios regionales es expandir el puerto para atender nuevas oportunidades de inversión de cara al comercio con las economías asiáticas, los escenarios de violencia han aumentado como consecuencia de las transformaciones de las dinámicas del conflicto armado y de las economías del despojo que allí tienen lugar.

Desde finales del siglo XX, luego de que se promulgara la Constitución Política de 1991, dos aspectos políticos y económicos son claves para comprender las dinámicas sociales y económicas del caso de Buenaventura: primero, la configuración de las sociedades portuarias encaminadas a la expansión del proyecto portuario a partir de su privatización con la Ley 1.ª de 1991; segundo, la aprobación de la Ley 70 de 1993, que reconoció derechos territoriales y políticos especiales a comunidades negras (^{Valencia, 2013}). En el caso de Buenaventura, estos dos procesos dieron lugar a las tensiones sociales, puesto que las políticas económicas guiadas por el proyecto de expansión portuario y los proyectos locales autónomos de las comunidades no están articuladas. Son tensiones que se han manifestado de una forma articulada en un contexto marcado por el recrudecimiento de la guerra, que en el Pacífico colombiano ha estado relacionada con el extractivismo que ha marcado los procesos económicos y sociales de la región (^{Escobar, 2010}).

Buenaventura se proyecta como unos de los puertos más importantes de Latinoamérica⁴. Como se señala en el CONPES 3342 de 2005, gran parte del auge de inversiones en la ciudad obedece a la necesidad del comercio internacional, lo que se materializa en profundas transformaciones para la configuración urbana, sin traducirse en bienestar para el total de su población. La expansión portuaria genera la mayor parte del capital para los actores privados nacionales e internacionales: el 83 % de participación en la Sociedad Portuaria la tienen empresarios, controlada principalmente por el Grupo Parody, Grupo Harinera del Valle, TCBuen y Grupo Portuario S. A. En cambio, el sector público (Alcaldía de Buenaventura y Ministerio de Transporte) tiene el 17 %. Vale la pena resaltar que estos actores privados no habitan en la región y generalmente no reinvierten en ella, produciendo un espacio social fracturado y desigual (^{Valencia; Silva; Moreno, 2016}).

Es necesario recordar la privatización de la empresa Puertos de Colombia (Colpuertos) en 1993, pues tuvo importantes impactos sociales y económicos en Buenaventura. Además de flexibilizar el mercado laboral, la privatización de las actividades portuarias transformó los fuertes lazos que existían entre la comunidad y el puerto. La privatización del puerto creó un circuito económico que desvinculó a la comunidad y, sobre todo, a las actividades productivas propias de la población afrodescendiente. Este nuevo circuito comenzó a incluir todas las actividades portuarias, así como los bienes y servicios relacionados con estas: hoteles, estaciones de gasolina, ferreterías, empresas constructoras. Fue así como en el mismo municipio -distanciado de este circuito portuario- se formó un circuito económico local centrado en actividades como la pesca, la agricultura y el pequeño comercio, labores que poco a poco perdieron la relación directa con el puerto (^{Valencia et al., 2016}).

Aunque la actividad portuaria en Buenaventura da cuenta del crecimiento económico nacional, las condiciones de vida de sus pobladores sobresalen por la precariedad. Aquella parte que no se encuentra económica e institucionalmente incluida en la zona del puerto ha venido enfrentando marcados procesos de exclusión social, económica, política y cultural. Por ejemplo, en varios ejercicios de cartografía social que realizamos, los participantes resaltaron que la Sociedad Portuaria tiene todos los servicios públicos, mientras el resto de la población no tiene acceso a agua potable o alcantarillado ni existe un hospital con condiciones idóneas para atender a la población.

También cabe señalar el caso de las comunidades afrodescendientes de Buenaventura que habitan lugares potenciales para el desarrollo de actividades económicas. Estas comunidades han sufrido por décadas procesos de despojo; es decir, han sido desterradas violentamente dentro de la ciudad por los diferentes actores que están asociados al desarrollo de economías legales e ilegales. Varios proyectos portuarios en Buenaventura, como la expansión de TCBuen, han sido realizados sin el consentimiento o la participación de la comunidad, incluso generando amenazas a líderes sociales que denuncian esta situación⁵. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (^{CIJP, 2015: 14}),

actualmente, los desplazamientos intra-urbanos e intermunicipales, las desapariciones forzadas, amenazas, homicidios, la violencia sexual y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes se relacionan también como prácticas criminales vinculadas a la necesidad de liberar el territorio previsto en los planes de infraestructura del Distrito.

Es así como, para cierta parte de la población afrodescendiente del puerto más importante del país, la lógica del desarrollo económico es precisamente lo que la está desplazando y lo que la está matando, porque, como expone la periodista Rossih ^{Amira (2017)}, “el desarrollo en Buenaventura es sinónimo de muerte, de desplazamientos, de masacres, de despojo”. Es un desarrollo que ha traído despojo en medio de la disputa de diversos actores armados en la región.

Aun así, vale la pena resaltar que, a pesar de tanta violencia, existen distintas apuestas que, desde las organizaciones comunitarias, enfrentan la violencia y demuestran la capacidad de resistencia y resiliencia de estas comunidades. Además, cabe mencionar que el distrito de Buenaventura quedó incluido dentro del Plan de Desarrollo con enfoque Territorial del Pacífico Medio. La zona PDET Pacífico Medio se compone por cuatro municipios costeros: Buenaventura, Guapi, López de Micay y Timbiquí, por lo que esta situación pone en mayor evidencia las tensiones entre el recrudecimiento de la violencia y las apuestas de construcción de paz, como lo veremos a continuación.

Actores armados en Buenaventura: la persistencia de la violencia

Con relación al desarrollo del conflicto armado, Buenaventura inició cambios significativos desde finales de la década de 1990 con la llegada de las FARC-EP a la zona rural y, posteriormente, con la irrupción del paramilitarismo encabezado por el Bloque Calima. Estas transformaciones las podemos sintetizar en tres momentos de acuerdo a la hegemonía del actor armado ilegal en la región.

El primer momento corresponde a la década de los noventa, cuando las FARC-EP se establecieron en el casco urbano de Buenaventura con el frente urbano Manuel Cepeda Vargas. Con su llegada a la ciudad, estas fuerzas armadas crearon células de milicianos en algunos barrios, particularmente en lugares muy empobrecidos. La incursión de este grupo guerrillero obedecía al fortalecimiento territorial de su ejército y a la ampliación de los mecanismos de financiación a través de diferentes acciones: cobro de impuestos a estupefacientes que salían del puerto, extorsiones y secuestros, entre otras actuaciones que iban en contra de las élites económicas tradicionales vallecaucanas y de las que emergieron del narcotráfico⁶ (^{CNMH, 2015})

El segundo momento se caracteriza por la incursión paramilitar del Bloque Calima⁷, instaurando a su paso un régimen de terror. Los paramilitares lograron establecerse en la zona continental de la ciudad, particularmente en la Comuna 12. Este territorio fue de gran interés por ser un importante punto estratégico para la movilización de la droga en el país. La incursión paramilitar se dio en alianza con narcotraficantes, y élites políticas y económicas locales, con la intención de disputar el control territorial a las FARC-EP y proveer seguridad y justicia privada a empresarios legales e ilegales que necesitaban resguardar sus flujos de capital en el puerto (^{Valencia et al., 2016}).

Los paramilitares, además, tuvieron vínculos con políticos e hicieron tratos con agentes del Estado -especialmente con miembros de la fuerza pública-, lo cual les permitió obtener información de inteligencia, coordinar conjuntamente incursiones y contar con apoyo logístico en el transporte, generando el afianzamiento de un control territorial y poblacional dentro de la ciudad (^{CNMH, 2015}; ^{Buenaventura, la “joya”…, 2013}). De 2000 a 2005, ocurrieron varias masacres en la parte urbana de Buenaventura (ver Cuadro 1), en su mayoría cometidas por los paramilitares del Bloque Calima. Solo una de ellas se le atribuye a las FARC-EP, en los barrios La Campiña y La Dignidad de la Comuna 12.

El tercer momento, que va del año 2005 hasta 2016, se distingue por el establecimiento de nuevas estructuras de bandas criminales (conocidas como Bacrim), tras la desmovilización del Bloque Calima, en 2004, y del Frente Pacífico, en 2005. El primero de ellos fue fallido, pues gran parte de los integrantes fueron asesinados y otros se vincularon a grupos asociados al narcotráfico y la nueva criminalidad organizada para seguir delinquiendo en la ciudad (^{CNMH, 2015}; ^{Espinosa, 2011}; ^{Gisbert; Pinto; Sulé, 2015}).

Durante este período, la violencia en Buenaventura se incrementó y expandió por los barrios y comunas. Es de destacar, por ejemplo, el surgimiento de la banda criminal local denominada La Empresa, que tenía lazos con Los Rastrojos. Este grupo estuvo integrado, inicialmente, por exmiembros del Bloque Calima, exguerrilleros e integrantes de diversos grupos delincuenciales del territorio. El surgimiento de La Empresa fue producto de una relación entre narcotraficantes y comerciantes locales. En 2012, emergieron Los Urabeños o Clan Úsuga, quienes entraron a Buenaventura con la intención de tomar la hegemonía del control de la ciudad, expandiendo así su radio de acción (^{McDermott, 2014}) y desencadenando una guerra contra La Empresa, un conflicto en el que la comunidad quedó inmersa (^{Guerra por el oro…, 2014}; ^{Buenaventura, la “joya”…, 2013}).

En los últimos años, tras el proceso de desmovilización de las FARC-EP, la llegada de nuevos actores armados ilegales y el reacomodo de los existentes han producido un aumento de la violencia, al igual que procesos de negociación entre dichos actores. De acuerdo al informe realizado en 2017 por la Fundación Ideas para la Paz, sobre Buenaventura, esta reconfiguración de la presencia de actores armados ilegales se evidencia con la llegada del Clan del Golfo y el ELN a la zona rural del municipio, principalmente por el norte, en lugares como Juanchaco, La Barra y Ladrilleros, que se ha traducido en fuertes desplazamientos desde el Litoral de San Juan. Pero también es de resaltar la presencia de nuevos grupos herederos de las Bacrim (como Gente del Orden o las denominadas Guerrillas del Pacífico) que han llegado para disputa actividades relacionadas con el microtráfico, lo cual ha producido nuevas normas de control social, confinamiento, aumento de amenazas, extorsión, desplazamiento y despojo en zonas estratégicas de los barrios del puerto.

Vemos, entonces, que contrario a lo que se proyectaba, en el contexto de posacuerdo, los actores armados siguen mutando y han continuado alimentándose de las economías ilegales a través de un vasto portafolio criminal: narcotráfico, microtráfico, extorsiones, lavado de activos, contrabando, tráfico de armas, cultivos ilícitos y minería criminal. La reacomodación de las nuevas bandas criminales en la región tiene una profunda relación con el narcotráfico, así:

el nuevo mapa de grupos armados ilegales se define entonces a través de alianzas y transacciones que disputan el dominio de economías ilegales y de regulación de bienes públicos, reconformando poderes narco-paramilitares que mantienen nexos con las dinámicas que originaron y mantuvieron la presencia del Bloque Calima en el puerto. (^{CNMH, 2015: 121})

El tamaño desbordado de la economía criminal que mueven estos grupos, así como la disputa por el territorio y el dominio de zonas de desarrollo portuario, establecen todo un despliegue de múltiples formas de violencia (ver Cuadro 2), haciendo de Buenaventura la ciudad con el mayor número de desplazados, desaparecidos y asesinados en Colombia (^{Buenaventura, la ciudad…, 2014}). Como lo plantea Oscar ^{Almario (2004)}, en este territorio existe un nuevo modelo económico en el que se entrelazan algunos elementos del extractivismo del pasado junto con prácticas ilícitas, delincuenciales y paraestatales, articulando así las demandas del capital transnacional. En este extenso territorio, el posacuerdo parece ser una nueva etapa de la confrontación armada, más focalizada y criminalizada. Se trata, además, de un reacomodo de actores armados, de una reconfiguración del orden social: las comunidades deben hacer frente a los procesos de tercerización de la violencia, donde deben negociar y hacer frente a los actores armados y, de igual manera, promover incesantes esfuerzos de construcción de paz, sobre todo aquellos que se crean desde abajo.

El conflicto en Buenaventura se ha ido concentrando cada vez más en la zona urbana, como resultado de esta hibridación de intereses estatales y privados, grupos armados y redes criminales, en la cual gran parte de la comunidad ha quedado inmersa en lo que Ulrich ^{Oslender (2004)} denominaría geografías de terror, y que han dejado de paso una cadena de homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, violencias contra la mujer, reclutamientos de jóvenes, fragmentación del espacio urbano, movilidad restringida, etc. Estas geografías de terror han transformado a ciudad en paisajes de miedo, zozobra e inseguridad, sumados a la desestructuración del tejido social y de la vida cotidiana de la población. Como expone Darina (comunicación personal, 26.10.2019), “el conflicto armado aquí ha venido irrumpiendo en la familia, ha hecho que se separe[n] muchos lazos de amistad, de hermandad, de compadrazgo: muchas cosas han generado esas violencias”.

Aquí queremos resaltar que Buenaventura es un epicentro para el desarrollo de muchas de las dinámicas del conflicto armado y el desplazamiento en el país. Durante el recrudecimiento de este conflicto, que vivió el país a finales de la década del noventa, a la ciudad llegaron 8452 familias (48 090 personas) en situación de desplazamiento forzado (CNMH 2015). Sumado a lo anterior, la mortalidad en la ciudad de Buenaventura, en los últimos 14 años, es un asunto que ha cobrado relevancia en el desarrollo de investigaciones académicas y de defensores de derechos humanos. La ubicación geoestratégica del puerto ha sido un elemento clave para el control de las rutas del narcotráfico a través de las cuales se envían al exterior drogas y armas, así como para la siembra de coca y la participación en actividades como la minería. Estos han sido algunos de los elementos determinantes en el proceso de ruptura social que vive la comunidad.

Orden social y violencia urbana en contextos locales

En términos generales, la literatura sobre la violencia urbana en América Latina se ha enfocado en la relación entre pobreza y criminalidad (^{Salazar, 1991}). Algunos teóricos, distanciándose de esa asociación y del discurso de una cultura de la violencia, han planteado perspectivas alternativas, como la masculinidad predatoria (^{Penglase, 2009}), el énfasis en procesos de urbanización acelerados (^{Camacho; Guzmán, 1990}; ^{Del Olmo, 2000}) o en los cambios generacionales y económicos regionales (^{Nagle, 2008}; ^{Rubio, 1997}). Aunque este artículo no está planteado en oposición a los modelos interpretativos anteriores, busca crear una apuesta que incorpore múltiples dimensiones de la violencia urbana: no solo a víctimas y victimarios, sino también las transacciones y negociaciones entre estos; es decir, indagar por la reconfiguración de órdenes sociales en lo local.

Como producto histórico, la violencia es inacabada, ambigua, difusa y heterogénea. Cambia en el tiempo y en el espacio, y produce un orden social especifico. Para ^{Camacho y Guzmán (1990)}, la violencia puede entenderse como un elemento de estructuración del orden social, que comprende una multiplicidad de actores, intereses, recursos e instituciones que pueden estar o no acogidos por la legalidad. En otras palabras, las violencias que se despliegan en las ciudades latinoamericanas tienen actores, formas y componentes variados y multicausales. Por lo tanto, ciudad y violencia no pueden estudiarse de forma independiente, pues ambas han estado vinculadas históricamente.

Para comprender los matices que logra la presencia de grupos armados en un espacio determinado, resulta necesario plantear los tipos de relaciones que se constituyen entre quienes habitan un territorio con alta presencia de actores armados y violencia. Por esta razón, el presente análisis se sustenta en la noción de orden social, que ^{Bobea (2017: 78)} presenta como “el conjunto de normas implícitas y explícitas que regulan la interacción entre individuos en una comunidad o localidad dada, a partir de normas preestablecidas y compartidas por la colectividad”.

Si bien la pretensión del orden social es que sea aceptado, internalizado y legitimado por los grupos sociales, esto no significa que se desconozcan las diversas formas de resistencia y negociaciones (^{Pegoraro, 2003}). Al igual que la violencia, el orden social no es fijo ni inmutable, pues también se trasforma o altera. En este sentido, las interacciones que se dan entre los diversos actores moldean formas de habitar el territorio y de negociar con las violencias. Para ^{Valencia y Vinasco (2019)}, el orden social que se conforma en una localidad en particular depende de las personas que allí habitan, así como de sus prácticas cotidianas y el poder que ejerzan sobre él. ^{García, Guzmán, Aramburo, Rodríguez y Domínguez (2014)} se refieren a los órdenes locales como un conjunto de patrones estables y acuerdos intersubjetivos que regulan la interacción entre los diferentes actores que componen una sociedad y un determinado lugar.

Estos acuerdos que surgen orientan la vida cotidiana de los actores en lo que respecta a sus relaciones sociales, económicas, políticas y simbólicas. Además, en contextos atravesados por la guerra o el conflicto, violencia y orden no pueden verse por separado, debido a que la violencia es un factor decisivo en el surgimiento y mantenimiento del orden social. Por lo tanto, la violencia también puede ser entendida como un mecanismo o una manera de ejercer la autoridad o poder; de ahí que esta represente una forma de ordenamiento social que no necesariamente es destructivo. como expone ^{Arjona (2009)}, en zonas de guerra o conflicto no se puede pensar que reina la anarquía o existe un desgobierno; al contrario, en la mayoría de estas áreas algún tipo de orden emerge.

Con base en las reflexiones teóricas del feminismo negro contemporáneo (^{Collins, 1999}; ^{Crenshaw, 1991}), en nuestro análisis tenemos en cuenta las categorías raza, clase social y género como ejes estructurantes de la experiencia urbana. En este sentido, pensar la reconfiguración de órdenes sociales nos obliga a problematizar su relación con la raza, el género y la clase. En un contexto empobrecido y racializado como el de Buenaventura, un análisis sobre violencia urbana y el orden social necesita evidenciar las profundas desigualdades sociales, exclusiones raciales y de género, y la relación con patrones estructurales de vulnerabilidad a la pobreza y las segregaciones espaciales.

Reconfiguración de órdenes sociales: el outsourcing criminal

En Buenaventura, y paralelo al proceso de configuración de las Bacrim en 2005, el escenario del narcotráfico ha tenido una importante expresión en el microtráfico, que ha significado la disputa del espacio por parte de los diversos grupos que pretenden ampliar su dominio en los barrios, como forma de aumentar sus ingresos y que tiene relación con la diversificación del fenómeno. Esto ha tenido por consecuencia que los narcotraficantes se incrusten en el tejido social y económico de la ciudad. Ya no se trata de estructuras al margen de la ley, sino de empresarios que controlan el tráfico ilegal de drogas en los vecindarios más pobres, pero también manejan grandes redes financieras, prestan dinero a tasas de usura e invierten en negocios inmobiliarios (^{Salazar, 2015}).

Asimismo, la condición de vulnerabilidad de los jóvenes con pocas posibilidades de empleo e inclusión social aumenta la posibilidad de que sean reclutados para las acciones delincuenciales. En síntesis, en el contexto de los barrios empobrecidos y desiguales de las ciudades, la presencia de las Bacrim se materializa a partir de relaciones subcontratadas con diferentes bandas delincuenciales, lo cual les da gran flexibilidad, pues combinan un núcleo jerárquico con extensas redes criminales. De esta manera, se ahorran el esfuerzo y desgaste de someter a quienes localmente ya dominan el territorio, empleándolos por la vía del consenso para administrar el miedo, y operar mecanismos de control y vigilancia a la población civil (^{Pérez; Montoya, 2013}).

La criminalidad, entonces, se presenta como una estrategia de sobrevivencia por parte de algunas personas, principalmente una mayoría juvenil, que tienen una condición de vulnerabilidad con pocas posibilidades de educación, empleabilidad e inclusión social, situación que desencadena que sean reclutadas para las acciones o servicios delincuenciales o criminales, como lo expone una joven bonaverense:

Podemos ver cómo en nuestros contextos hay muchos grupos armados en los barrios. Esos niños van creciendo con esa ideología que esa es la oportunidad de ellos ya sea pa conseguirse unas zapatillas, así sea pa conseguirse una camisa, por la falta de oportunidad y la desigualdad social que vive hoy en día Buenaventura, porque no es que Buenaventura no tenga plata, es que los dineros se concentran en las mismas familias. (Karen, comunicación personal, 15.09.2018)

No obstante, también se debe tener en cuenta que muchos jóvenes ingresan a estos grupos por tener un poder no solo económico, sino también simbólico; es decir, sentirse poderosos y respetados por el resto de su comunidad. Este relato nos permite evidenciar que la ilegalidad en esta región representa una oportunidad laboral para algunos habitantes. De esta manera, la población -principalmente los jóvenes- se vuelve víctima y victimaria al mismo tiempo. Según la ^{Cámara de Comercio de Buenaventura (2017)}, para el año 2016 se presentó una tasa de desempleo de 62 %, una cifra alarmante si se compara con la tasa nacional para ese mismo año que fue de 9,2 %.

Durante los últimos años, los jóvenes han sido el principal objetivo estratégico de los nuevos grupos armados y bandas criminales que se disputan los negocios ilícitos en la región. Estos grupos utilizan a hombres y mujeres jóvenes para conformar milicias y sostener sus economías ilegales; los reclutan algunas veces a través de la coerción o de ofrecerles oportunidades laborales y pagarles el suficiente dinero para que logren cubrir sus necesidades. La oferta de trabajo es variada: campaneros o informantes, sicarios, jíbaros (expendedor o distribuidor de drogas), prostitutas etc., como lo expone un joven:

Los grupos al margen de la ley siempre les ofrecen plata. Entonces muchos jóvenes por la situación económica se retiran del colegio para buscar un sustento para su familia entonces lo que hacen es eso, vincularse. Un integrante de un grupo le puede dar $300 000 pa que le lleve un producto de un lugar a otro, entonces los jóvenes lo toman, que por más que quieran, la necesidad los obliga a meterse al tema del microtráfico. Se vuelven mulas internas. Por eso le digo, los jóvenes se vuelven las víctimas y los victimarios al mismo tiempo. (Joven líder social, comunicación personal, 27.10.2018)

Estas estructuras delincuenciales o criminales organizan y dan coherencia, bajo su lógica coercitiva, a las prácticas desesperanzadoras y dispersas de hombres y mujeres jóvenes que han sido históricamente marginados y excluidos del país. Algunos jóvenes dan sentido a su experiencia urbana por medio de la agencia criminal y, de una u otra forma, desafían el orden social establecido por el mismo Estado (^{Alves, 2017}). Incluso, se puede pensar que el involucramiento de algunas personas a grupos armados ilegales puede ser una estrategia de resistencia o acción política contra el Estado, como lo expone una joven:

Lo más mínimo que se debe garantizar a una población es el derecho al agua, y no lo tenemos. Aquí hay personas que duran varios días sin agua. Entonces aquí la gente de ver tanta marginalidad, tanta pobreza y pese a tanta riqueza que tenemos en el puerto, hay muchas personas que se están llenando como de rencor, de odio y también por eso es que se meten a diferentes grupos al margen de la ley para combatir al Gobierno y eso es un aspecto importante. (Joven bonaverense, comunicación personal, 19.05.2019)

Otro asunto a resaltar es que se transforma la manera de actuar de los grupos ilegales. Si bien en un inicio la presencia de los actores era directa, hoy encontramos que muchos jóvenes son contratados por grupos mediados por la delincuencia organizada. Los jóvenes pandilleros abandonaron una forma de actuación que implicaba fuertes vínculos con su territorio y reglas simbólicas asociadas a la amistad, y pasaron a un tipo de violencia instrumental, en la que los jóvenes son contratados por una estructura criminal organizada y jerarquizada que ejerce control y poder local. Estos grupos armados no son fijos ni homogéneos; al contrario, varían en el tiempo y en el espacio, y la comunidad debe acomodarse y adaptarse al grupo existente. Para una joven líder social, ha existido una transformación en los actores ilegales: “Anteriormente sí establecían reuniones con la comunidad, pero de un tiempo para acá ya no se ve más eso, ya no…”. De igual forma, como expone ella misma, ha habido un cambio generacional en los jefes⁸ debido a que:

Anteriormente sabíamos que el jefe era un señor, una persona respetada por todos los miembros de ese grupo armado, pero hoy por hoy el jefe puede tener entre 14, 15 y 20 años. Ya no importa la edad, sino como esa confianza que la otra persona encargada vea que cumpla con los requisitos para adquirir esa responsabilidad de gobernar, de mandar todos los otros integrantes de la organización. (Leidy, comunicación personal, 11.08.2018)

Otro líder social también explica cómo esta figura surge y cómo se trasforma:

Hay muchos jóvenes que no han decidido tomar esa vida, les tocó, por necesidad. Pero cuando entran a ese mundo, ellos deben mantenerse y mantenerse muchas veces es pasar por encima del otro. Si tú eres el que manda, tienes que buscar respeto, y el respeto es la muerte. La única forma que te respeten es matar a una persona, que todo el mundo se entere que fuiste tú, entonces eso le da estatus y eso va posicionando, ya lo vuelve jefe de una cuadra, si no del barrio o la comuna. Son los que después ponen las leyes en el sector. (Joven líder social, 9.11.2018)

Por otro lado, encontramos que las relaciones que se entretejen entre la comunidad y las bandas delincuenciales son diversas y pueden variar sustancialmente. La interacción también cambia si eres hombre o mujer, como lo exponen dos lideresas sociales, quienes sienten que les ha tocado vivir el conflicto y la violencia de un modo diferente, sobre todo cuando el cuerpo de la mujer es trasgredido, sea de forma directa o indirecta, con el acoso verbal y sexual:

No siento como esa tranquilidad de poder andar por el barrio libremente. Siempre dicen: “es que la cosa es con los hombres”, pero sabemos que la mujer también se ha visto muy afectada. Ellos quieren tener el control absolutamente de todo, hasta de las mujeres del territorio y, pues, de esa manera sí fui víctima, porque fui perseguida por esos jefes de manera incómoda. Era difícil salir a la calle y evitar que esa persona me llamara o yo poder caminar libremente y que él hiciera caso omiso a que yo iba pasando. (Leidy, comunicación personal, 11.08.2018)

Con unas hijas mujeres en medio de un conflicto armado, en un territorio donde se nos volvió casi inseguro todo, nos tocó huir del territorio. Estábamos siempre llenas de temor, nos acosaban verbalmente con términos sexuales. (Flor, comunicación personal, 16.06.2018)

Algunos integrantes de la comunidad pueden acoger, como expone ^{Bobea (2017)}, actividades y funciones asumidas por actores armados ilegales en el barrio, mientras estos retribuyan con algún servicio, por ejemplo, seguridad y orden interno. Sin embargo, mientras algunas personas sienten que se está ofreciendo algún tipo de servicio a la colectividad, otras sienten, al contrario, que son grupos violentos que generan muerte y sentimientos de miedo, zozobra e inseguridad. Las interacciones entre uno y otro actor fomentan también estrategias de resistencia, adaptación y negociación por parte de la comunidad afectada. Por ejemplo, para algunos integrantes de la comunidad, estos actores pueden ayudar a sus amigos o familiares, ofrecen algún servicio o un bien a la comunidad, como protección y orden interno. Así lo exponen dos habitantes:

Ellos son los que ayudan al barrio en diferentes aspectos, cosas que la administración local no hace. Ellos le solucionan problemas de alcantarillado, ellos junto con la comunidad buscan la forma de pavimentar. Entonces cuando la policía entra a los barrios a buscar a esos personajes, la comunidad se opone, porque independientemente que sean malos, ayudan a solventar un poco la vida de todos los habitantes del barrio: les dan seguridad, cosa que la policía no hace, mantienen el barrio tranquilo, nadie se mete con las personas del barrio por orden del jefe. (Joven líder social, comunicación personal, 27.10.2018)

Uno a veces utiliza acá otros mecanismos de justicia como son los jefes, entonces si hay un problema pa qué uno llama un policía que no le va a resolver nada a uno. Entonces si un jefe es aliado o amigo de uno, uno le comenta qué problema tiene y él resuelve. Por ejemplo, si alguien le debe un dinero, uno busca el jefe para que vaya y cobre ese dinero: “Ve, mirá, Julano me debe un dinero, arréglame ese problema”, o sea, uno quiere seguir todo lo que dice la ley y la norma, pero en nuestro contexto no se presta, ¿ya?(Olivia, comunicación personal, 31.03.2019)

Como se puede evidenciar, los jefes en Buenaventura son, en su mayoría, jóvenes. Esta figura tiene un significado particular, ya que son considerados las personas que tienen un alto cargo y mando dentro de la estructura criminal que se encuentra en los barrios, que en ciertos casos ofrecen algún tipo de servicio a la comunidad. La modificación de las prácticas delincuenciales resulta fundamental para entender las dinámicas actuales de la violencia en la ciudad. Las nuevas generaciones son contratadas para hacer actividades de venta de drogas, extorsión y asesinatos selectivos, obedeciendo a unas estructuras más amplias, a cadenas de mando que muchas veces tienen su origen fuera de la localidad.

Esto nos lleva a reflexionar sobre la transformación de órdenes sociales, ya que los jóvenes rápidamente se integran en redes criminales con organizaciones de mayor peso, lo que evidencia la incorporación de una lógica tercerizada dentro de la estructura definida en la cadena productiva de economía de la droga. Esto significa nuevas formas de vinculación a la delincuencia y la ilegalidad. Esto puede ser definido como un modelo de outsourcing criminal: la integración de los jóvenes que demuestran mayores capacidades para delinquir a redes criminales que mantienen el negocio de la droga y sus actividades asociadas, a través de una estructura con jerarquías en la que dichos jóvenes representan el último -y más vulnerable- eslabón de la cadena productiva de la droga (^{Valencia; Vinasco, 2019}).

Paz desde abajo: negociando la violencia desde la agencia afrofemenina

Para entender cómo se configura el orden social es necesario no solo conocer cómo una determinada comunidad colabora, obedece o se somete a los dictámenes establecidos por un grupo armado, sino también analizar las resistencias, disputas y negociaciones que se establecen (^{García, 2011}). De ahí la importancia de resaltar las estrategias que desarrollan un grupo de mujeres afrodescendientes de Buenaventura para contrarrestar los efectos de las violencias en sus vidas, barrios y comunidades. Entendemos estas acciones como formas de construir una paz desde abajo desde la agencia afrofemenina. Esta perspectiva de la paz concibe a los sujetos como protagonistas de su propia realidad y entiende a la comunidad como tejedora de sus procesos. Para ^{Cruz y Fontan (2014: 136)}, la paz desde abajo:

Se configura en el reconocimiento del otro y en el tejido social propio de un país, de una región; una paz que se crea en las mismas familias y personas, pero que no deja de lado el contexto, la cultura y las tradiciones.

Si bien las problemáticas que presenta Buenaventura atraviesan a la mayoría de la población, en esta región se entrelazan diversos factores de vulnerabilidad -determinados por género, raza y condición social- que exponen particularmente a las mujeres al sufrimiento de algún tipo de violencia de género (asesinato, violencia sexual, desaparición, etc.), impartida por actores armados -que en algunos casos son sus mismas parejas o compañeros sentimentales-. Por ello, es muy importante resaltar que las mujeres negras bonaverenses han sido víctimas directas o indirectas de las violencias que experimentan en su territorio: destierro, muerte, desempleo, exclusión, etc., hechos que no permiten que puedan gozar plenamente de su ciudad. Aunque Buenaventura es una geografía depresiva como evidencia del abandono del Estado, también es un territorio donde una mayoría afrofemenina reinventa su vivir urbano. Este es un espacio de reafirmación de identidad y de construcción de paz, una paz que se entreteje desde abajo, es decir, corresponde a una paz local y con enfoque territorial (^{Sinisterra-Ossa, 2020}).

Las mujeres negras en Buenaventura tienen limitado al pleno goce de sus derechos y son víctimas de múltiples formas de exclusión y violencias. Frente a esta situación, se han organizado para ejercer resistencias y reexistencias. Allí, las mujeres afrodescendientes han encontrado estrategias para habitar este tipo de contextos hostiles; han creado sus propias dinámicas de negociación, modos de transitar y experimentar el territorio, formas de interactuar con los actores armados y desarmados violentos, normas implícitas o explicitas sobre cómo actuar ante el peligro, y han creado tácticas de sobrevivencia, como la ley del silencio o permanecer calladas frente a lo que pasa a su alrededor, hacerse amigas de los actores armados, conseguirse un padrino o establecer algún tipo de relación sentimental o sexual con el jefe del barrio para conseguir autoprotección y sentirse seguras (^{Sinisterra-Ossa, 2020}). Otras, en cambio, ejercen la prostitución o entran en el mundo criminal para poder sobrevivir (microtráfico, robos, etc.). Así, cada mujer crea su propio mapa mental del peligro y con él trata de resignificar estratégicamente el territorio. Las estrategias que ellas realizan permiten comprender que el establecimiento del orden social en lugares con altos índices de violencia no solo depende de los actores armados, sino también de los demás habitantes, quienes encuentran sus propias lógicas de actuación alrededor de las violencias.

Estas experiencias han generado que las mujeres negras no sean solo víctimas, sino sujetos políticos. Desde sus cuerpos racializados, las mujeres han sido resilientes y agentes empoderadas a través de acciones que han posibilitado la construcción de una paz desde abajo. A través de su agencia, las mujeres se han organizado de diferentes formas, con el fin de desarrollar estrategias de oposición ante las múltiples formas de dominación. Son acciones destinadas a contrarrestar las violencias en sus vidas. En este sentido, de ese ciclo de violencias en las que han estado inmersas, nacen redes de mujeres negras que promueven la resistencia a través de procesos de denuncia, reconstrucción de la memoria, reapropiación y defensa de su territorio, etc.

Una de las estrategias de resistencia fue la ocupación de las calles durante el paro cívico bonaverense, en el año 2017, por parte de las mujeres que expresaron su descontento por no vivir en una ciudad digna. Las mujeres de este lugar no gozan plenamente del derecho a la ciudad; es decir, poder usar, disfrutar y transitar libremente la ciudad, además de poder acceder a un conjunto de servicios urbanos que son fundamentales: agua, vivienda, salud, educación, seguridad, entre otros.

Otra de las iniciativas por parte de las mujeres del territorio es la campaña contra la violencia de género Alza la Voz, que tiene el propósito de facilitar el diálogo entre diferentes actores de la comunidad (armados y no armados) para que se comprometan con la no violencia y la equidad de género. De igual forma, el arte urbano ha sido otro de los pilares de la estrategia de resistencia en Buenaventura. Algunas organizaciones de mujeres han apoyado procesos organizativos de jóvenes para la creación de un movimiento artístico que posibilite generar conciencia a través de la música. Entre estos grupos se encuentran: Memoria Urbana, liderado por un grupo de jóvenes que tratan de hacer memoria en sus canciones, y Fundación Tura Hip Hop, un movimiento que resiste la violencia de Buenaventura a través de la música. Estas acciones que desarrollan las mujeres han posibilitado que jóvenes del territorio logren empoderarse y encontrar otras oportunidades que el mismo Estado no les ha brindado (^{Sinisterra-Ossa, 2020}).

En este lugar, las mujeres negras, mediante diversas estrategias de resistencia, se enfrentan a actores armados, narcotraficantes, paramilitares y policías, que en conjunto trazan fronteras de muerte para ellas y muchos jóvenes negros. También las mujeres se enfrentan a despojos y destierros violentos, producto del ordenamiento territorial y de proyectos de expansión portuaria establecidos por el Gobierno y empresas transnacionales, los cuales desalojan a las poblaciones de sus territorios para implantar sus modelos de desarrollo. Los feminicidios, estereotipos, falta de oportunidades educativas y explotación laboral son otras de las violencias cotidianas a las que se enfrentan las mujeres negras en este territorio. Estas violencias ejercidas contra ellas son un ejercicio sistémico y múltiple de interseccionalidad, que tiene un vínculo directo con el lugar histórico que patriarcalismo, capitalismo y racismo han dado a los cuerpos negros y femeninos.

Es importante entender que las zonas marginales de las ciudades colombianas son laboratorios de resistencia y resiliencia (Ortiz, 2013; ^{Riaño, 2000}). En consecuencia, hay que evidenciar la paz que construyen las mujeres negras en sus vidas y territorios, pero también señalar que esto conlleva algunos desafíos en el contexto de posacuerdo. Uno de ellos es entender la zona urbana de Buenaventura como productora de violencias que no se reducen al conflicto armado. Además, se debe pensar la paz desde y hacia la ciudad, así como desde y hacia las mujeres. La paz desde abajo se entreteje colectivamente y va encaminada a la justicia no solo social, sino también racial y de género. En este escenario, las mujeres negras han creado todas unas geografías de oposición y negociación con las violencias y actores que las oprimen; al contrario del discurso y narrativas hegemónicas que las muestran como víctimas pasivas, las acciones y prácticas que ellas desarrollan demuestran que son sujetos activos.

Algunas reflexiones finales

En medio del contexto de posacuerdo y de transición que está viviendo Colombia, el país enfrenta el recrudecimiento de la violencia y la reconfiguración de grupos armados en diferentes regiones. Uno de los principales retos de este escenario es la necesidad de entender las nuevas dinámicas de los grupos armados en las ciudades, la estructura organizada del microtráfico y su capacidad de diversificación, así como la lógica del outsourcing criminal, aspectos que hacen difícil su desarticulación por parte de la autoridad estatal.

Buenaventura, como una de las ciudades con mayor índice de violencia del país y como corredor estratégico del narcotráfico, es un escenario propicio para el análisis de la violencia urbana y la forma como sus habitantes negocian e interactúan con ella. Como ya se ha sustentado, el análisis de la violencia en esta ciudad pasa, necesariamente, por el reconocimiento de las dinámicas locales-regionales, que dan forma al negocio de la droga, así como por las maneras en que interactúan el narcotráfico, la delincuencia y las dinámicas sociopolíticas de la ciudad, como estructura interrelacionada productora de un orden social propicio para la expansión del microtráfico y el poder ejercido por los actores armados involucrados en la comercialización de la droga, durante varias décadas.

En el caso colombiano, la violencia urbana ha permanecido sumida en el silencio. Las ciudades colombianas presentan una violencia fragmentada e intensa que se debe analizar con atención. Son violencias que tratan de construir un orden social y urbano en contextos racializados, en los cuales la respuesta estatal ha sido transformar las geografías de la pobreza en zonas fuertemente militarizadas. En esta región, es muy difusa esa línea que separa el mundo legal e ilegal, dado que constantemente se entremezclan, interactúan y colaboran entre sí temporalmente (^{Schultze-Kraft, 2019}).

La reestructuración del orden social en Buenaventura se hace notorio a partir de la reconfiguración de las estructuras criminales regionales y nacionales, lo que conlleva al ingreso de nuevos actores en lo local y sus disputas por el negocio del microtráfico. Dichos actores ya no son grupos de jóvenes enfrentados entre sí por el territorio y dedicados a la delincuencia común, sino jóvenes reclutados por bandas criminales para realizar actividades de microtráfico, sicariato y extorsiones. Esto demuestra una lógica de tercerización de la violencia (outsourcing criminal) y, por ende, la capacidad de las estructuras del narcotráfico para transformarse y diversificarse, manteniendo el poder en la ciudad (^{Vinasco-Martínez, 2019}).

En este punto, resulta importante resaltar aportes como los de ^{Penglase (2009)}, quien señala que la reconfiguración de órdenes sociales también está ligada al establecimiento de representaciones, símbolos, y formas de interacción y negociación que repercuten profundamente sobre los significados y sentidos prácticos que las personas emplean en su vida cotidiana. Como lo vimos en este artículo, los análisis sobre la relación entre violencia urbana y narcotráfico deben prestar atención a las localidades y los discursos de sus habitantes, pues en ellos se pueden encontrar claves para entender la forma como operan las estructuras criminales y sus mecanismos para permanecer y reconfigurarse, a pesar de los esfuerzos estatales por combatirlas. Las voces de los sujetos en las localidades permiten visibilizar las consecuencias del microtráfico y la manera en que los ciudadanos hacen frente a la violencia que genera.

Por lo tanto, Buenaventura constituye una geografía de la violencia, pero también de la resistencia. En este sentido, es importante identificar prácticas cotidianas de construcción de paz que se desarrollan desde la base, como es el caso de las mujeres negras: una paz que se construye desde las propias experiencias y desde la propia existencia de ellas. Construir paz desde abajo en Buenaventura implica poner en cuestión las geografías del poder (el control del territorio físico y corporal) donde se manifiestan otras guerras urbanas cotidianas, lo que significa una definición de paz que va más allá de su dimensión negativa (ausencia de conflicto bélico) e incorpora la paz positiva -o la ausencia de violencia estructural- como eje estructurante de la posguerra (^{Galtung, 1969}; ^{Lambourne, 2004}).

Para los y las participantes del proyecto que da origen a este artículo, construir la paz desde abajo implica una variedad de aspiraciones que les posibiliten ejercer sus derechos de ciudadanía: “sitios más seguros”, “más empleo y oportunidades”, “que uno sea tratado de igual”, “que la policía no entre con atropellos en la comunidad”, “más naturaleza (o sea más áreas verdes)”, “más educación”, “menos conflicto”, “justicia y verdad”. En diálogo con la literatura sobre paz positiva/paz negativa, uno de los hallazgos más importantes ha sido la identificación e interpretación de prácticas cotidianas de construcción de paz que transcienden los modelos liberales, y que recogen la particularidad de las experiencias de los grupos más vulnerables marcados por las variables de género, clase, raza y etnia.

Finalmente, es necesario incorporar la experiencia paradigmática de la población, no solo en términos de su victimización absoluta como blanco de la violencia, sino también en términos de sus aportes a la paz en el contexto urbano colombiano. Así, el orden social que se trata de instaurar en este territorio no es fijo ni inmutable, al contrario, puede ser cuestionado, destruido, transformado o recreado de diferentes maneras. Es un proceso de interacción y de negociación entre diferentes actores.