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Introducción
La historia de las ciudades comenzó a establecerse como un campo disciplinar con mayor claridad y precisión a partir del siglo XIX, alcanzando su mayor desarrollo hacia mediados del XX (Almandoz, 2003), concentrando su atención en las ciudades capitales de los estados nacionales. Como subdisciplina historiográfica, se dedica al estudio de las ciudades, especialmente, del “orden cronológico de lo que había sucedido en ellas desde su fundación. (…) Enseguida, el contenido privilegia el inventario de lugares, edificios, personajes y momentos especiales” (Martínez; Mejía, 2021: 12).
Asimismo, Landa (2020) agregó que la historiografía urbana se dedica al estudio de la historia de las ciudades y su proceso de urbanización, análisis que se complementa con otras perspectivas que se encuentran relacionadas tales como los aspectos arquitectónicos, arqueológicos, demográficos, socioeconómicos, urbanístico, etc., propios del desarrollo y funcionamiento de las urbes a nivel global (Almandoz, 2003; Almandoz; González, 1996; Ibarra, 2021).
En dicho contexto disciplinar, Rojas (2003: 10) señaló que las ciudades pueden ser consideradas como una “entidad histórica susceptible de ser abordada y analizada desde los métodos y presupuestos teóricos propios de la historia, (…) una valiosa clave de comprensión en el momento de indagar sobre profundas dinámicas históricas a nivel social, político, económico y cultural”, describiendo así aspectos relevantes para dimensionar el objeto de estudio de la historia urbana, descritos a continuación en la Figura 1.
Fuente: elaboración propia basada en Landa (2020) .
Figura 1 Formas del conocimiento del objeto de estudio de la historiografía urbana
Respecto a lo anterior, Landa (2020: 265) señaló que dichas perspectivas “permiten interpretar la naturaleza compleja de sus objetos de estudio, bien sea la ciudad, el proceso de urbanización y el urbanismo como disciplina, lo que además demuestra el carácter esencialmente heterogéneo y múltiple de este subcampo del conocimiento”.
Por su parte, la incidencia económica de la minería en América Latina es un hecho histórico muy relevante para diferentes países latinoamericanos como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, México y Perú, que encontraron en dicho sector industrial un pilar fundamental para su desarrollo y crecimiento económico en las últimas décadas. No obstante, otros países como Argentina, Ecuador o Venezuela también registran índices de importancia media que inciden en sus respectivas economías nacionales, especialmente en lo relativo al impacto de la minería en el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país, por ejemplo, en el caso venezolano (Viana, 2018).
Hacia finales de la década de los noventa y comienzos del nuevo milenio, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó algunos informes para analizar el panorama minero en la región, especialmente desde la perspectiva del creciente aumento de la atracción de altos volúmenes de inversión extranjera directa como consecuencia del proceso de liberalización de las economías latinoamericanas, la eliminación de las barreras de entrada para capitales externos, la modernización de los regímenes jurídicos de concesiones mineras, mayor seguridad otorgada a los derechos mineros y los avances productivos mediante cambios tecnológicos, entre otros factores (Sánchez; Ortiz; Moussa, 1999).
Así, el impacto de las reformas implementadas en el sector minero latinoamericano durante la década de los noventa, incidió directamente en la competitividad mundial y en el posicionamiento de los países mineros de la región en los mercados internacionales (Azamar, 2018; Horta-Gaviria; García-Rodríguez, 2022), tanto en lo relativo a su mayor participación como productores mundiales y captación de inversiones extranjeras, así como al aumento de sus exportaciones (Sánchez-Albavera; Lardé, 2006).
Sin embargo, algunos especialistas plantearon que el creciente extractivismo minero en Latinoamérica estaría relacionado, históricamente, con la implementación del modelo de acumulación económica desarrollado durante la conquista del continente americano hace más de 500 años (Hadad, 2020), teniendo en cuenta que, “entre [los años] 1503 y 1660, con base en datos de los Archivos de las Indias, el saqueo representó una extracción, tan solo de metales preciosos, del orden de unos 185 mil kilos de oro y unos 16 millones de kilos de plata” (Delgado-Ramos, 2010: 17).
Actualmente, a consecuencia del intensivo extractivismo minero desarrollado durante siglos en América Latina, principalmente por parte de empresas trasnacionales, surgieron diferentes reacciones ciudadanas, plasmadas mediante movimientos sociales, que desplegaron acciones colectivas en contra de los efectos y consecuencias negativas que dicha modalidad capitalista tiene para la sociedad, especialmente a nivel medioambiental (Martínez-Espinoza, 2018; Svampa, 2019).
Según el mapa de conflictos mineros, elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, s.f.), actualmente se registran 284 conflictos en la región, en los cuales México (58), Chile (49) y Perú (46) concentran el 54 % del total de los casos, registrando un aumento de conflictos comparado con lo expuesto para el año 2017 en el estudio de la conflictividad en el sector minero latinoamericano (Sánchez, 2017).
En dicho contexto, algunos estudios describieron el creciente interés de la ciudadanía latinoamericana por participar más activamente en la gobernanza de los recursos naturales de sus territorios, particularmente, aquellos relacionados con la minería de cobre en países como Chile, Ecuador y Perú (Poveda, 2021).
Lo anterior ha permitido analizar la evolución de este fenómeno económico durante las últimas décadas, desde el ámbito académico, desarrollando investigaciones que identificaron algunos paralelismos latinoamericanos relevantes para estudiar diferentes casos regionales: 1) auge de la minería trasnacional; 2) apoyo institucional a nivel jurídico, administrativo, tributario y político para su desarrollo; 3) apropiación territorial para la extracción extensiva de metales y minerales; y 4) conflictividad emergente con actores locales y movimientos sociales (Martínez-Espinoza, 2019).
En América Latina, uno de los países ampliamente protagonista del modelo extractivista minero es Chile (Uribe-Sierra; Panez-Pinto, 2022), que durante gran parte de su historia ha vinculado su desarrollo económico con la industria minera (Gajardo, 2007), lo que ha provocado en las décadas más recientes la reacción negativa de diferentes tipos de actores locales de la sociedad (Maillet et al., 2021), particularmente de las comunidades indígenas (Cuadra, 2014; Romero-Toledo, 2019). Este tipo de conflictividad se repite también en otros países latinoamericanos (Eschenhagen; Baca, 2014).
En el contexto descrito anteriormente, el presente artículo intentó responder a las siguientes preguntas de investigación desde la perspectiva del caso de la historia de Antofagasta: ¿cómo se fueron constituyendo históricamente las localidades mineras en América Latina?, ¿cuáles fueron los intereses socioeconómicos y políticos del Estado boliviano que promovieron el poblamiento original de Antofagasta a mediados del siglo xix?, ¿cuáles fueron las condiciones socioeconómicas relacionadas con el poblamiento de Antofagasta entre los años 1860 y 1879?
De acuerdo con lo anterior, el propósito fundamental del artículo fue analizar los aspectos económicos, políticos y sociales relacionados con la historiografía urbana del poblamiento de la zona costera del desierto de Atacama durante la segunda mitad del siglo XIX, relativos a la configuración del territorio minero de Antofagasta entre los años 1860 y 1879.
Para lograr dicho objetivo, se desarrolló un análisis documental de diferentes referencias bibliográficas relacionadas con el caso estudiado, considerando un análisis de contenido de tipo cualitativo, utilizando una perspectiva deductiva para guiar la comprensión de las circunstancias relacionadas con el crecimiento urbano de Antofagasta, mediante el uso de construcciones conceptuales, según lo señalado en la Figura 1, para identificar las principales circunstancias históricas que estuvieron involucradas con la fundación de dicha ciudad como localidad minera latinoamericana, especialmente en cuanto a los aspectos sociales, económicos y políticos relevantes para ser analizados desde la historiografía urbana. Además, para responder a la pregunta sobre los aspectos comunes observados en el caso de estudio como localidad minera, se utilizó la propuesta de paralelismos latinoamericanos frente al extractivismo minero elaborada por Martínez-Espinoza (2019) .
Desarrollo
Un concepto central para el análisis realizado en el presente trabajo está relacionado con el reconocimiento de las localidades mineras que han surgido históricamente en América Latina desde su proceso de colonización, y que se entienden como territorios en los que:
Sus habitantes, en alta proporción, se dedican a labores vinculadas con la minería, agregándose que los ingresos de dichos pueblos derivan en buena parte de la industria minera y destacándose además que en algunos casos se consideran pueblos mineros o vinculados a la minería a aquellas localidades en las cuales, si bien no existen trabajos, faenas o explotaciones mineras, éstos se ven afectados por las obras o por los impactos generados por la minería, como ocurre con el caso de los puertos de embarque de los concentrados. (Ruiz, 2003: 10)
La articulación de las localidades mineras latinoamericanas con la división político-administrativa de cada país, conllevó al establecimiento de diversas formas de institucionalidad de carácter subnacional tales como ayuntamientos, municipios, cabildos, distritos u otras formas de organización local, instancias encargadas de gobernar y gestionar los asuntos públicos relacionados con las necesidades sociales de los habitantes en sus respectivos territorios, coordinando esfuerzos y recursos con las autoridades regionales, federales o nacionales, según cada país, así como con los actores privados y la sociedad civil para desarrollar los procesos de urbanización de cada territorio minero, transformándose en un antecedente relevante para los estudios historiográficos de cada ciudad.
Además, otras nociones relevantes en el contexto historiográfico analizado son los conceptos de extractivismo y neoextractivismo, que también exponen elementos relevantes para comprender el desarrollo histórico de la minería en América Latina y su impacto en la historiografía urbana de las localidades mineras en las últimas décadas (Heredia, 2023). En el primer caso, las actividades extractivas son de carácter intensivo para satisfacer las demandas globalizadas del mercado, identificando al extractivismo como “un tipo de apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o la alta intensidad, donde la mitad o más son exportados como materias primas, sin procesamiento industrial o procesamientos limitados” (Gudynas, 2018: 62).
En cambio, el neoextractivismo se refiere a una variante del extractivismo clásico mediante la cual el Estado interviene aplicando una política fiscal redistributiva que impone una mayor carga tributaria a las empresas extractivas, habitualmente en beneficio de las localidades mineras, regulando con requisitos más exigentes para la obtención de permisos y concesiones mineras, por ejemplo, la aprobación de estudios de impacto ambiental (Delgado-Ramos, 2010; Hadad, 2020; Martínez-Espinoza, 2018).
En virtud de lo expuesto, un primer antecedente relevante en el contexto del proceso histórico de poblamiento de la ciudad de Antofagasta entre los años 1860 y 1879 se relacionó con la fundación de la misma, hecho que, según Panadés-Vargas y González-Pizarro (1998) , ocurrió el 22 de octubre de 1868, hito que se encuentra directamente ligado con las concesiones de exploración y explotación minera entregadas por el gobierno de Bolivia a los empresarios chilenos José Santos Ossa y Francisco Puelma como parte de su política de Estado que tenía, entre otros propósitos, alcanzar un mayor poblamiento de los territorios costeros del desierto de Atacama, así como el descubrimiento y puesta en marcha de proyectos para explotar sus recursos mineros, dando inicio a un proceso de extractivismo en la zona costera del país.
No obstante, los primeros rastros históricos de personas habitando en la zona durante la segunda mitad del siglo XIX fueron atribuidos por algunos historiadores a Juan López (Arce, 1997; Bermúdez, 1966; Cruz, 1966; Panadés; González, 1998; Recabarren, 2022), un chileno oriundo de Copiapó quien, hacia finales del año 1866, comenzó a residir en el sector denominado por él como Peña Blanca para explorar la existencia de posibles yacimientos mineros. Dicho sector también sería conocido como La Chimba, hasta denominarse oficialmente Antofagasta.
Asimismo, según los antecedentes expuestos por diferentes historiadores, el 25 de enero de 1872 se reconoció como la fecha de la fundación de la municipalidad de Antofagasta (Arce, 1997; Panadés; González, 1998; Recabarren, 2002), poco más de tres años después de la fundación de la ciudad, acontecimiento histórico que estuvo precedido por diversos aspectos que configuraron un contexto social, político y económico específico, fuertemente relacionado con la explotación y exportación de los recursos minerales existentes en el departamento Litoral de Cobija en Bolivia, lo que hizo necesaria la creación de dicha instancia gubernamental subnacional para apoyar la administración estatal a nivel local en ese territorio.
Esta decisión administrativa tuvo como principal propósito atender más eficiente y eficazmente las diferentes necesidades que tenía la creciente población que comenzaba a instalarse en aquella zona, atraída fundamentalmente por la posibilidad de trabajar en los diversos proyectos mineros implementados allí, específicamente la minería de plata y la explotación del salitre, y más adelante, los yacimientos de cobre.
En el contexto descrito anteriormente, la iniciativa empresarial privada mantuvo un rol fundamental tanto en la fundación de la ciudad de Antofagasta como en su desarrollo urbano posterior, debido a que comenzaba a transformarse en un importante polo de desarrollo económico y social, convirtiéndose rápidamente en un territorio minero de importancia durante el último cuarto del siglo XIX, lo que atrajo a la zona no solamente a los capitalistas extranjeros, sino que también sedujo a una creciente cantidad de personas proveniente mayoritariamente de Chile buscando nuevas oportunidades laborales, y aprovecharon la escasa población boliviana en el litoral antofagastino en dicha época (González-Pizarro; Lufin-Varas; Galeno- Ibaceta, 2015).
Contexto histórico
Aspectos económicos
Uno de los antecedentes económicos relevantes relacionado con el contexto que precedió a la fundación de la ciudad de Antofagasta y su posterior consolidación como localidad minera, fue la creación de la primera empresa que operó en la zona denominada Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama:
Antofagasta, cuyo nombre está inspirado en Antofagasta de la Sierra, localidad ubicada en la Puna de Atacama y donde el dictador Melga- rejo poseía una hacienda, emergió por iniciativa privada a partir de una empresa chilena, la Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama, que será conocida posteriormente como Melbourne, Clark y Cía. (1869), primero, y Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (1872), después, donde participarán capitales ingleses. (González-Miranda, 2009: 10)
Dicha empresa se relacionó con la exploración y explotación de los yacimientos salitreros descubiertos por una expedición liderada por el chileno José Santos Ossa en el sector de Salar del Carmen, enmarcada a partir de una primera concesión de explotación minera otorgada por el Gobierno boliviano en 1866, privilegio que fue ampliado, de manera exclusiva, por 15 años en 1868, otorgando a la mencionada empresa el derecho para la explotación y exportación del salitre en el desierto de Atacama (Panadés; González, 1998).
Respecto a José Santos Ossa, nacido en la ciudad de Huasco en Chile en 1827, fue descrito por algunos historiadores regionales como un viajero empedernido que, desde muy joven, comenzó a relacionarse con la actividad minera, explorando asiduamente el desierto de Atacama en la búsqueda de nuevos yacimientos mineros para su explotación (Recabarren, 2002).
Las concesiones gubernamentales bolivianas antes mencionadas, dieron lugar más tarde a la participación de nuevos inversores contactados Santos Ossa, abriendo la oportunidad para que capitalistas británicos como Anthony Gibbs decidieran invertir en dicha empresa, fundando posteriormente una nueva sociedad empresarial denominada Melbourne Clark y Cía. el día 19 de marzo de 1868, que fue la encargada de liderar los inicios de la naciente industria salitrera en Antofagasta (González-Pizarro, 2018).
Así, el descubrimiento de yacimientos salitreros y, posteriormente, la instalación de una empresa de explotación y exportación de dichos recursos mineros, se transformaron en una poderosa condición económica para atraer una importante cantidad de personas interesada en trabajar en la minería del salitre, así como a otros empresarios dispuestos a invertir en la zona para prestar servicios a la minería, lo que transformó paulatinamente la ciudad de Antofagasta en un importante polo de desarrollo económico. Estas inversiones extranjeras dieron vida, más adelante, a una vigorosa industria salitrera por varias décadas (González-Miranda, 2011).
Pero los yacimientos salitreros no fueron los únicos en importancia en el departamento Litoral en Bolivia previo a la fundación de Antofagasta , debido a que también se desarrolló un importante polo industrial relacionado con la minería de plata a través del descubrimiento y explotación del yacimiento de Caracoles en 1870, por parte de una expedición liderada por el chileno José Díaz Gana y el francés Enrique Arnoux de Riviére, transformando a la naciente ciudad en la principal entrada y salida portuaria de dicho mineral, en desmedro de otras tres opciones portuarias existentes en la zona en aquella época: Cobija, Mejillones y Tocopilla (Bermúdez, 1966; Bravo, 2000; Cruz, 1966; Donoso, 2021). La situación portuaria planteada anteriormente no fue una decisión de menor relevancia porque, como describieron algunos historiadores, el puerto de Cobija -ciudad fundada a finales de 1825, inicialmente denominada Lamar (Bermúdez, 1966)- era el elegido por el Gobierno de Bolivia para embarcar y desembarcar las cargas desde y hacia el interior del país. Sin embargo, las pretensiones bolivianas de consolidar a Cobija como la principal alternativa portuaria en el sur de Atacama debieron enfrentar el bloqueo peruano, una serie de epidemias y un terremoto que, finalmente, mermaron de manera importante a su población, a lo que se sumó la creación de nuevos puertos en Tocopilla, Mejillones y Antofagasta (Vargas, 2019).
Por lo anterior, la elección de Antofagasta como primera opción portuaria para apoyar el funcionamiento de los proyectos mineros de plata y salitre antes señalados, estuvo basada en satisfacer los intereses económicos de las empresas instaladas en la zona, sobre todo por la mayor cercanía con dicha ciudad, lo que permitió reducir los costos de tiempo y desplazamiento que implicaban las demás alternativas, hecho que, finalmente, fue apoyado por las autoridades bolivianas a partir de la decisión de fundar la ciudad, puerto y municipalidad de Antofagasta, respectivamente.
Aspectos sociales
El caso del poblamiento de Antofagasta posee algunas características distintivas que son importantes de considerar para analizar los aspectos que están relacionados con dicho fenómeno social (González-Miranda, 2009). Lo anterior, debido a que este “es el caso típico de un poblamiento espontáneo. En el desierto es difícil fundar pueblos; son las personas las que, atraídas por circunstancias especiales, se agrupan en determinados territorios, la fundación es posterior” (Recabarren, 2002: 27), describiendo de esa manera lo ocurrido en muchos de los asentamientos humanos en el desierto de Atacama (Panadés; Ovalle-Ortiz; Rojas-Herrera, 1995).
Considerando lo que plantearon diversos historiadores regionales, existe un importante consenso historiográfico en relacionar el poblamiento de Antofagasta con la figura de Juan López como su primer habitante (Tellez, 2013), quien habría comenzado a residir de manera más permanente en la zona hacia finales del año 1866, y que proporcionó un importante apoyo logístico a la expedición hacia el sector de Salar de Carmen, liderada por José Santos Ossa, donde se encontraban los yacimientos mineros (Arce, 1997; Bermúdez, 1966; Cruz, 1966; Panadés; González, 1998; Recabarren, 2002).
De acuerdo con esto, uno de los aspectos destacados como condicionante social de la fundación de Antofagasta fue el rápido proceso de poblamiento acontecido en el sector de Peña Blanca o La Chimba, pues, a finales de 1868, “ya era posible visualizar una población cercana a las 100 personas” (Panadés; González, 1998: 59), mientras que en mayo de 1871 se contabilizaron alrededor de 300 habitantes (Cruz, 1966).
Algunas investigaciones historiográficas describieron la composición de la población que arribó a la ciudad en sus primeros años:
principalmente de cargadores del puerto, carreteros, carpinteros, operarios en diversas construcciones, peones ocupados en servicios de acarreo de materiales, unos pocos empleados de la Compañía Salitrera y algunos comerciantes, a los que debe agregarse la gente de paso al interior. (Bermúdez, 1966: 61)
Esto evidencia que los inicios de la ciudad de Antofagasta estuvieron relacionados con la conformación de un creciente campamento minero que fue demandando, en el mediano plazo, diferentes tipos de servicios, infraestructura y ordenamiento público.
Sin embargo, el rápido crecimiento de la población en poco más de tres años registró a comienzos del año 1872 alrededor de 3000 habitantes (Contador, 2011), como preámbulo del explosivo aumento demográfico que pocos meses después alcanzó los 6000 habitantes en abril del mismo año (Cruz, 1966), teniendo como principal razón la atracción de mano de obra demandada por los proyectos mineros que se estaban desarrollando en dicho territorio: “La primera fase del poblamiento de Antofagasta se debió esencialmente a las actividades salitreras” (Bermúdez, 1966: 51), cuyo principal promotor fue el empresario chileno José Santos Ossa, como se había mencionado previamente.
Además, otra característica demográfica importante del proceso de poblamiento de Antofagasta estuvo relacionada con la gran cantidad de personas de nacionalidad chilena que masivamente se trasladó al desierto de Atacama (González-Pizarro, 2023):
La población chilena, en su mayoría proveniente de Copiapó, invadió prácticamente la zona, a partir de mediados del siglo XIX y sobre todo después del descubrimiento del mineral de Caracoles, fortaleciendo el dominio económico sobre Atacama. La fuerte emigración chilena al litoral boliviano se debía fundamentalmente al estado [crítico] de la minería en Copiapó. (Bravo, 2000: 25)
Por ejemplo, según lo expuesto por la Sociedad Nacional de Minería (1898: 160), en su Boletín núm. 18 del 30 de junio, respecto del impacto económico y social del inicio del funcionamiento del mineral de Caracoles en el territorio, indicó que: “atrajo al litoral una población de 20 000 almas en un corto espacio de tiempo. Prosperó la industria i el comercio, i el territorio tuvo vida propia”, lo que para algunos historiadores fue una situación similar a lo acontecido con la fiebre del oro en California (Barros, 2015).
El rápido y exponencial poblamiento en la zona costera del desierto de Atacama, se transformó en un aspecto muy relevante para justificar la necesidad de concretar la fundación de la municipalidad de Antofagasta en el año de 1872, como principal expresión de la presencia más permanente de servicios públicos en dicho territorio, que permitieran ordenar el desarrollo urbanístico de la naciente ciudad.
De acuerdo con esto, el desarrollo de la infraestructura urbana debe considerarse en este análisis, ya que acompañó el creciente proceso de poblamiento del lugar, situación que siempre estuvo vinculada a la concesión de exploración y explotación minera otorgada en 1866 a José Santos Ossa y Francisco Puelma, estableciéndose que los empresarios concesionarios: “se obligaban contractualmente a construir y habilitar la caleta que más tarde tomó el nombre de Antofagasta” (Bravo, 2000: 23).
Investigaciones historiográficas como la de Bermúdez (1963: 206) confirmaron y detallaron el cumplimiento de dicha obligación: “La Sociedad Exploradora de Ossa, Puelma y Lama, instaló una pulpería y viviendas improvisadas para trabajadores en 1868, habiendo ya construido un pequeño muelle”, observándose en este último aspecto los cimientos de la actividad portuaria que, más adelante, caracterizó también a la ciudad de Antofagasta, situación que fue oficializada vía decreto del Gobierno boliviano el 8 de mayo de 1871 cuando “La Chimba y Tocopilla fueron declarados puertos abiertos al comercio de todo el mundo” (Bermúdez, 1963: 211).
La estrecha interacción entre las necesidades derivadas del funcionamiento de la empresa minera y las necesidades sociales generadas a partir de la creciente población que arribó hasta Antofagasta en búsqueda de trabajo y fortuna, se tradujo en la realización de diversas obras relevantes en el lugar: “los primeros trabajos se dirigieron al arreglo del camino por la quebrada San Mateo; la construcción de viviendas para los obreros y barracas para el almacenamiento de las provisiones y útiles; la instalación de la máquina resacadora de agua” (Cruz, 1966: 83), dando cumplimiento a las obligaciones contenidas en las concesiones mineras otorgadas por el Gobierno boliviano a los empresarios chilenos (Calvo, 2009). Asimismo, para la historiografía urbana fue de interés el proceso de urbanización de la ciudad (Landa, 2020), lo que para el caso de Antofagasta se relacionó, por ejemplo, con la construcción de las primeras calles y edificios de importancia que “abarcaban toda la extensión de la ribera del mar, desde el barrio Bellavista hasta la fábrica de Orchard (…) utilizaron los terrenos a orillas del mar, donde se instalaron empresas de carretas, máquinas condensadoras de agua” (Cruz, 1966: 97). Además, el primer plano de la futura ciudad data del año 1868 y fue obra de don José Santos Prada. En el mapa se destacaron, entre otros aspectos, que:
En la planta de la población esta delineado el terreno de los señores Melbourne Clark y Cía., y el de 17 manzanas, más la plaza principal, manzanas que formaban las calles Bolívar, Sucre, Lamar, Ayacucho, Maipú, Washington, San Martín, Caracoles y Santa Cruz. (Arce, 1997: 86)
Finalmente, es importante señalar que dicho proceso de mapeamiento estuvo relacionado con el remate o subasta de terrenos en La Chimba, realizado el 12 de diciembre de 1868 por parte del Gobierno boliviano, que se transformó en la base urbanística que permitió plasmar el ordenamiento territorial necesario para consolidar el proceso de fundación de la ciudad de Antofagasta (Arce, 1997; Bermúdez, 1966; Cruz, 1966; Panadés; González, 1998).
Aspectos políticos
Un primer hecho político que debe destacarse con relación a la fundación oficial de la ciudad de Antofagasta, más allá de los primeros poblamientos de la zona descritos anteriormente, fue la ceremonia oficial con la participación de las autoridades políticas bolivianas que ocurrió el 22 de octubre de 1868:
El gobierno [boliviano] autorizaba a la Prefectura de Cobija para dar fundación oficial a la pequeña villa de La Chimba, y con este fin se trasladó a ese lugar una comisión de funcionarios, formada por el Prefecto don José R. Taborga; el Fiscal del Partido, don Abdón Senén Ondarza; el Notario de Hacienda de Cobija y el Tesorero de Mejillones. (Bermúdez, 1963: 209)
Sin embargo, el rápido crecimiento de la población de Antofagasta comenzó a provocar algunos problemas sociales que requirieron la intervención política de las autoridades bolivianas, por ejemplo, los primeros hechos delictivos registrados en la ciudad, lo que demandó la administración de justicia y la prevención policial (Cruz, 1966). En un estudio sobre los orígenes históricos de Antofagasta se describió lo anterior:
Antofagasta crecía en tumulto y desorden. Con cerca de tres mil habitantes, carecía de alumbrado público y prácticamente de servicio policial, lo que convertía las noches antofagastinas en un caos de fiesta brutal y de aventura sangrienta. Tenían gran auge los juegos de azar, que se practicaban incluso en la calle pública, y las casas de diversión llama- das chinganas funcionaban toda la noche con su música y canto y la algarabía del jolgorio. (Bermúdez, 1966: 85)
Según lo expuesto por algunos historiadores regionales, el 25 de enero de 1872 ocurrió el segundo hecho político de relevancia para la historia de la ciudad de Antofagasta desde el inicio de su poblamiento cuatro años antes, materializado a través de la convocatoria para efectuar un Cabildo Abierto realizada por el subprefecto del departamento de Cobija, doctor Manuel Buitrago, para constituir las bases políticas necesarias para la conformación de la futura organización municipal de la ciudad (Arce, 1997; Bermúdez, 1963; Cruz, 1966; Panadés; González, 1998; Recabarren, 2002).
De esta manera, el primer Cabildo de Antofagasta contó con la asistencia de 150 vecinos que decidieron nombrar al primer Cuerpo de Agentes Municipales, integrado por nueve miembros (Arce, 1997), ninguno de ellos de nacionalidad boliviana, algunos europeos y, en su mayoría, chilenos (González-Miranda, 2009). Una vez constituida dicha instancia administrativa, durante el primer año de funcionamiento de la municipalidad de Antofagasta, se desarrollaron algunas tareas relevantes para apoyar el funcionamiento de la ciudad y la atención las necesidades más importantes de sus habitantes, entre las que se destacaron: “preferentemente del aseo, alumbrado y tantos otros servicios que con verdadera urgencia reclamaba la nueva población” (Arce, 1997: 114).
En complemento de lo anterior, otras investigaciones señalaron que, gracias a la independencia otorgada por la legislación municipal de Bolivia, la municipalidad de Antofagasta desde sus inicios “mantuvo el alumbrado público, estableció el orden, fundó la Junta de Beneficencia, escuelas públicas, servicios sanitarios, paseos y diversos establecimientos para el servicio de la comunidad” (Bermúdez, 1963: 212-213).
Pero, sin lugar a dudas, una de las prioridades que la población local demandó a la municipalidad recientemente instalada se relacionó con el orden público, especialmente, “de los establecimientos de diversiones públicas, fijando horarios de cierre en las noches; se decretaba la prohibición de los juegos de azar y se establecían también los valores de las patentes que los negocios debían cancelar para poder funcionar” (Panadés; González, 1998: 73).
Lo anterior, quedó respaldado por la aprobación del Reglamento de Establecimientos de Diversiones Públicas que restringió el funcionamiento de “salones ópticos, billares, palitroques, cafés y hoteles (...) dispuso que ni en casas, ni en las calles se podrán practicar juegos de azar. Una sentencia de muerte para los tahúres” (Recabarren, 2002: 29).
Por último, es importante destacar que el Cuerpo de Agentes Municipales de la ciudad de Antofagasta, presididos por Félix García Videla (Cruz, 1966), contó con la autonomía y poder emanado de la legislación boliviana de aquella época para tomar las decisiones e implementar las acciones necesarias para el ordenamiento territorial y adecuado funcionamiento de la naciente urbe mediante el dictado de ordenanzas, cobro de impuestos y nombramientos de funcionarios (Recabarren, 2002).
Paralelismos latinoamericanos en el sector minero
Una vez identificadas las principales condiciones económicas, sociales y políticas relacionadas con el contexto histórico de la fundación de Antofagasta, como ejemplo de un territorio relevante para el análisis historiográfico de la minería en América Latina, resulta interesante examinar las responsabilidades o roles que tuvieron los Gobiernos nacionales y las entidades gubernamentales subnacionales a nivel local, tales como los ayuntamientos o municipalidades, en la implementación de proyectos de extractivismo minero en su territorio.
Para esto, se plantea como esquema de análisis los aspectos comunes o paralelismos latinoamericanos que, históricamente, pueden observarse respecto de las principales condiciones, procesos y consecuencias de la implementación del extractivismo minero en América Latina, que se han ido consolidando durante décadas (ver Figura 2).
Sin embargo, también es posible utilizar dicha perspectiva para reconocer algunos de los principales aspectos historiográficos que son útiles para comprender cómo fueron constituyéndose las principales localidades o territorios mineros existentes actualmente en los diferentes países latinoamericanos, reconociendo elementos comunes para analizar la conformación de las ciudades en dichos contextos territoriales.
Fuente: elaboración propia basada en Martínez-Espinoza (2019) .
Figura 2 Paralelismos latinoamericanos sobre el extractivismo minero
Auge de la minería trasnacional
Como fue señalado previamente en este artículo, durante el período estudiado entre 1860 y 1879, la instalación y desarrollo de las empresas mineras en el departamento del Litoral de Cobija en Bolivia, particularmente para la exploración y explotación de yacimientos mineros en el Salar del Carmen en el desierto de Atacama, estuvo directamente relacionada con dos concesiones otorgadas por el Gobierno boliviano a los empresarios chilenos José Santos Ossa y Francisco Puelma, situación precedida por la firma un tratado de límites entre Bolivia y Chile, celebrado el 10 de agosto de 1866 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (1866), y que puso fin a varios años de incertidumbre y conflictos limítrofes entre ambos países.
En dicho contexto, se gestionó la primera concesión minera que dio origen al establecimiento de la ciudad de Antofagasta, “mediante una gestión realizada por don Francisco Puelma, asociado a Ossa, ante el representante del gobierno de Bolivia, Puelma y Ossa pasaron a ser concesionarios de una extensión que comprendía cinco leguas cuadras de terrenos salitrales” (Bermúdez, 1966: 53). A continuación, se identifican aspectos relevantes de ambas concesiones otorgadas a dichos empresarios (ver Cuadro 1).
Cuadro 1 Aspectos relevantes de concesiones de exploración y explotación del Salar del Carmen
| Concesión año 1866 | Concesión año 1868 |
|---|---|
| Otorgada el 18 de septiembre de 1866 | Otorgada el 5 de septiembre de 1868 |
| Explorar y explotar los depósitos de salitre o de bórax existentes en la zona. | Privilegio exclusivo por 15 años para la So- ciedad Exploradora del Desierto de Atacama para explotación, elaboración y libre expor- tación del salitre en la zona. |
| Posesión y goce de terrenos en los que se descubran los depósitos por una extensión de cuatro leguas cuadradas en la quebrada de San Mateo y cinco leguas cuadradas en el Salar del Carmen, con desembocadura en caleta La Chimba, con la condición de habitar dicho sector. | Privilegio para establecer una vía carretera de 30 leguas de largo desde la costa al inte rior, derechos por 15 años. Incluía explotación de salitre, bórax, sal, cal, azufre, y excluía oro, plata y cobre. |
Fuente: Bermúdez (1963: 203).
Los inicios del poblamiento y posterior fundación de la ciudad de Antofagasta estuvieron estrechamente vinculados con el otorgamiento de ambas concesiones que entregaron a los empresarios la responsabilidad de habitar y urbanizar la zona, esto tuvo consecuencia, posteriormente, en la consolidación de dicha ciudad como alternativa portuaria para las producciones mineras de Salar del Carmen y Caracoles (Panadés; González, 1998; Recabarren, 2002).
Apoyo institucional
Un antecedente relevante para identificar las facilidades administrativas y ven- tajas tributarias relacionadas con el apoyo institucional para la instalación de la industria minera en Antofagasta está relacionado con el primer tratado de límites entre Bolivia y Chile, firmado por ambos países el 25 de agosto de 1866. Una de sus características importantes es que no fijó únicamente el límite territorial en el desierto de Atacama en el paralelo 24° de latitud meridional desde el litoral del Pacífico hasta los límites orientales de Chile, sino que reconoció la soberanía boliviana sobre Antofagasta por encima de las pretensiones chilenas.
Además, estableció las condiciones de exploración y explotación de los depósitos de humano existentes en la costa, mediante concesiones otorgadas por cada país, estableciendo la repartición del 50 % de los productos provenientes de la explotación de los depósitos de dicho producto en Mejillones y de otros existentes entre los paralelos 23° y 25°.
Las disposiciones del tratado de 1866 evidenciaron las simplificaciones administrativas y ventajas tributarias relacionadas con el desarrollo de la minería en el desierto de Atacama, que adquirieron gran trascendencia para la fundación de Antofagasta. Sin embargo, luego de que fuera ratificado por los respectivos Gobiernos de ambos países, el 8 de enero de 1873 se firmó un convenio ajustado para dar cumplimiento a los acuerdos contemplados en el tratado en mención.
Apropiación territorial
Uno de los impactos ambientales que fue posible observar en el caso estudiado tiene relación con el consumo de agua, el cual fue demandado tanto para el funcionamiento de las empresas mineras que se instalaron en la zona costera del desierto de Atacama en el departamento Litoral de Cobija, Bolivia, así como por la creciente población que se trasladó a vivir en Antofagasta para trabajar en las faenas mineras. Dicha problemática estuvo presente desde que el chileno Juan López comenzó a residir permanentemente en la zona: “de la misma urgencia es la solución del problema del agua potable. López viene a encontrarla en las faldas de Cerro Moreno, en vertientes que allí existen” (Bermúdez, 1966: 44).
En línea con esto, el desafío crucial para los expedicionarios fue, literal- mente, obtener agua en el desierto para el funcionamiento empresarial, pero también para consumo humano: “el agua era traída del Cerro Moreno, oficio en que se había especializado el chango López, y también de Cobija (…) las aguadas de la quebrada San Mateo, por ser salobres, sólo servían para la bebida de los animales” (Cruz, 1966: 83). Sin embargo, dichas opciones fueron completamente insuficientes para satisfacer la demanda existente del recurso hídrico, razón por la cual se buscaron diferentes alternativas de solución:
El repentino aumento de población y el número considerable de animales que se traían día a día, hicieron que fuese insuficiente la producción de la única máquina condensadora que existía, y que era la que, hacía ya un tiempo, había instalado la Empresa Salitrera; y a fin de poder sub- sanar, en parte, esta gravísima situación, se apeló al recurso de que se había echado mano en los primeros tiempos, y que, montada la máquina a que aludimos, se abandonó por innecesario; esto es, traer agua en los vapores, como fue necesario hacerlo, desde Valparaíso y Caldera. Por su parte, la empresa salitrera puso a disposición de los dueños de animales sus pozos de la quebrada de Mateo para que mezclasen esta agua salobre con agua potable y de esa manera aliviar un poco tan aflictiva situación. Algunos dueños de minas y empresarios de carretas (…) que ya se habían radicado en la Chimba, (Antofagasta), comprendieron que era de urgente necesidad la instalación de otras condensadoras y al efecto, con la rapidez que las circunstancias lo exigían, pidieron las máquinas y sus correspondientes accesorios para montarlas sin demora. Así fue como en poco tiempo hubo 3 condensadoras más, que vinieron a salvar la aguda crisis porque atravesaba la población. (Arce, 1997: 106)
Como se evidenció, la instalación de la industria minera en Antofagasta requirió de importantes inversiones y esfuerzos logísticos para resolver la vital problemática del acceso al agua, aspecto común y distintivos de la mayoría de las faenas mineras a nivel mundial a lo largo de la historia, pero que, para el caso estudiado, dichas dificultades se vieron acrecentadas notoriamente por las características propias de escasez hídrica en el desierto de Atacama.
Conflictividad emergente
La ocurrencia de conflictos no estuvo ausente en el caso de la fundación de Antofagasta como territorio minero, aunque en esta oportunidad no fueron los conflictos ambientales los que caracterizaron dicho proceso, sino que se trató de un conflicto de tipo político-diplomático entre Bolivia y Chile, situación que, finalmente, transitó hacia el enfrentamiento bélico por la soberanía territorial entre ambos países, en la disputa por el dominio del desierto de Atacama durante la segunda mitad del siglo XIX (Donoso, 2022).
Entre los años 1879 y 1884 se desarrolló la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana. Dentro de las causas que originaron el conflicto se destacaron dos: primera, el 6 de agosto del año 1874 se firmó el segundo tratado de límites boliviano-chileno que, en complemento del firmado en 1866, estipuló que las personas, industrias y capitales chilenos esta- rían exentos del pago de impuesto por 25 años, pero en el año 1878 el Gobierno boliviano solicitó a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (de capitales británico-chilenos) el pago de 10 centavos por quintal de salitre exportado, lo que originó la protesta de la empresa ante el Gobierno de Chile respecto de la exención tributaria antes señalada (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, 2014). Segunda, el 1 de febrero de 1879, el Gobierno boliviano, encabezado por el presidente Hilarión Daza, decidió dar por terminado el contrato con dicha empresa salitrera, iniciando un proceso de nacionalización del salitre.
Ambos hechos marcaron la antesala de la ocupación de Antofagasta por parte del Ejército chileno el 14 de febrero de 1879, lo que representó la primera acción militar en el desarrollo de dicho conflicto bélico (Carrier, 2013; González-Pizarro, 2010), que tuvo importantes consecuencias para Bolivia (Guerra, 2013).
Conclusiones
La conformación histórica de las localidades mineras en América Latina registra sus inicios como expresión capitalista durante la época colonial, instancia en la que se produjeron los primeros procesos extractivos en la región, que tuvieron continuidad y se consolidaron a partir de la independencia de los países latinoamericanos durante el siglo XIX, transformándose en el XX en el principal sector industrial que contribuyó al PIB y a la balanza comercial positiva de un número importante de economías nacionales.
Lo mencionado, otorga relevancia al análisis de las principales condiciones sociales, políticas y económicas relacionadas con la historiografía urbana, vinculada con los procesos de poblamiento de las localidades mineras latinoamericanas, con el propósito de comprender su evolución histórica hasta transformarse en importantes polos de desarrollo económico y social a nivel regional y mundial. En dicho contexto, el caso de la ciudad de Antofagasta aporta algunos antecedentes para lograr dicho objetivo investigativo, destacando la gran relevancia que alcanzaron las concesiones de exploración y explotación minera en el desierto de Atacama, otorgadas por el Gobierno boliviano durante la segunda mitad del siglo XIX, que provocaron un importante fenómeno migratorio de miles de personas interesadas en insertarse en el naciente proceso productivo minero, que abrió paso a una serie de iniciativas empresariales y de servicios a la minería de la industria extractivista este territorio que perdura hasta nuestros días.
Además del rápido crecimiento demográfico de la naciente ciudad de Antofagasta, que constataron diferentes análisis historiográficos, también se observó la gran injerencia que tuvieron las obligaciones explícitas, incluidas por el Gobierno boliviano en las concesiones mineras, para que las empresas se comprometieran a realizar obras públicas que sentaron las bases para la fundación de la ciudad como una localidad minera y, posteriormente, configuraron el contexto histórico relacionado con la creación de la municipalidad de Antofagasta como instancia gubernamental para resolver algunas de las externalidades negativas del proceso minero, fundamentalmente aquellas asociadas con la planificación del desarrollo territorial de la ciudad, la urbanización y el orden público, entre otras necesidades propias de la urbe.
Asimismo, fue posible reconocer en los antecedentes vinculados con el desarrollo histórico de la ciudad de Antofagasta como localidad minera, la configuración de los cuatro paralelismos latinoamericanos considerados como criterios de análisis del funcionamiento de la industria extractivista en el sector minero en la región, utilizados para orientar las investigaciones historiográficas que puedan desarrollarse sobre la historia de otros territorios con las mismas características.
De acuerdo con esto, la historiografía urbana de Antofagasta evidencia que la existencia de concesiones gubernamentales bolivianas otorgadas a los empresarios chilenos, que autorizaron las acciones de exploración y explotación de los yacimientos mineros existentes en el desierto de Atacama, establecieron las condiciones básicas para iniciar la industria extractivista minera en dicho territorio durante la segunda mitad del siglo XIX, específicamente en la zona del Salar del Carmen, lo que se tradujo en la posterior fundación de la ciudad, su municipalidad y el puerto, entre otros hitos urbanísticos relevantes para su historia.
Lo anterior, se complementa con la existencia de un claro apoyo institucional de Bolivia hacia el desarrollo de actividades mineras en el desierto de Atacama, materializado en una serie de medidas gubernamentales como el otorgamiento de ventajas tributarias, pero también de aquellas de carácter administrativo: reconocimiento oficial de la condición portuaria de la ciudad y fundación de la municipalidad en Antofagasta, relacionadas con el ordenamiento político y urbanístico del territorio de la naciente urbe.
Dentro de los otros paralelismos de la minería latinoamericana identificados en la historiografía urbana sobre la fundación de Antofagasta en el siglo XIX, se observa una incipiente apropiación territorial relacionada, fundamentalmente, con la instalación de empresas de plantas destiladoras de agua para satisfacer la necesidad de recursos hídricos por parte de la creciente población que arribó a la zona, como expresión de una importante migración laboral hacia dicho territorio minero.
A esto se sumó el recrudecimiento de la conflictividad diplomática respecto a la disputa territorial entre Bolivia y Chile por los yacimientos mineros existentes en la zona, que más adelante contextualizó la Guerra del Pacífico (Tapia-Figue- roa, 2021), por el control de la industria salitrera en el desierto de Atacama, y se tradujo, entre otras consecuencias, en la pérdida de la soberanía de dichos territorios por parte de Bolivia y la consecuente imposibilidad de contar con una salida al mar.
Finalmente, en lo relativo a limitaciones y proyecciones de este estudio, en el caso de las primeras se encuentra el uso exclusivo de fuentes secundarias para analizar los paralelismos historiográficos entre los territorios mineros latinoamericanos, transformándose en una proyección fundamental de esta investigación la revisión de dichas categorías de análisis en fuentes primarias relacionadas con la historia de Antofagasta o relativas a cualquier otro territorio minero sobre el que se desee indagar.
