Introducción

Apenas tres años después de su creación, en 1942, el Instituto de Crédito Territorial (ICT), institución creada por el Gobierno colombiano en el marco de los mandatos liberales de la década de los años treinta, cambió su enfoque original en la vivienda rural para concentrarse en las ciudades. Si bien la nueva prioridad era atender las necesidades de vivienda de las clases populares urbanas, la institución no pudo desconocer las demandas de las clases medias emergentes del país. Con la Ley 29 (¹⁹⁴⁵) se extendieron las facultades del ICT y de los municipios colombianos para otorgar créditos de vivienda para personas de la denominada clase media económica, para entonces definida como aquella conformada por ciudadanos cuyo patrimonio no excediese los $25 000. Además, con la Ley 85 (¹⁹⁴⁶), el ICT adoptó la construcción de viviendas urbanas a una mayor escala, con lo cual fue posible desarrollar proyectos más allá de los sectores populares (^{Sánchez-Holguín, 2018}).

En 1955, el ICT realizó un diagnóstico sobre las condiciones en que se encontraban los proyectos de construcción de viviendas para las clases medias en Colombia. De plano, se argumentó que estas generaban ganancias reducidas y solo en un largo plazo, condiciones que no eran atractivas para los capitales privados, ya que se obtenían mayores ganancias y a más corto plazo en otras inversiones comerciales. Incluso, en este mismo diagnóstico, se propuso que el ICT se enfocara exclusivamente en la vivienda popular y que otras entidades, como el Banco Central Hipotecario (BCH), asumieran, paulatinamente, las necesidades de este tipo de la clase media (^{ICT, 1955}). Por su parte, el arquitecto Germán ^{Samper-Gnecco (1961: 4)} afirmó que el problema era “más grave en la clase media, debido a que su posición y su nivel de vida más elevado que la obrera no le permiten construir ellos mismo sus casas, como tampoco sobre un terreno mal situado, barato y lejano”. A su vez, los directivos de la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) destacaron como logro de su gestión el “haber despertado la conciencia de la necesidad de vivienda en todas las capas sociales” (^{Auqué, 1962}: 7).

En 1969, el propio ICT reconoció que persistían los retos para la solución del problema de la vivienda en Colombia en general, más allá del significativo aporte de los programas de cooperación internacional de los Estados Unidos en la materia. En esta ocasión, se planteó la necesidad de formular una política nacional de vivienda y desarrollo urbano que abarcara no solamente al sector público, pues el sector privado requería mejores incentivos para que su capital se dirigiera hacia la solución de este problema (^{ICT, 1969}). En 1970, un editorial del periódico El Tiempo aseguró que el cambio de enfoque en las políticas de crédito para vivienda del BCH, con miras a favorecer a los usuarios de más bajos ingresos, resultaba perjudicial para la clase media y, por lo tanto, la política del Gobierno nacional debía enfocarse en canalizar, mediante estímulos tributarios y que los bancos, compañías de seguros y entidades de capitalización en general se vincularan en la financiación para la clase media. Si bien, para entonces, el capital privado ya participaba en este proceso, la legislación le imponía límites, pues no se tenían en cuenta aspectos como la depreciación monetaria y la inflación (“^{Vivienda para la clase media”, 1970}).

Además de las principales urbes de Colombia, en ciudades intermedias como Bucaramanga el desarrollo de vivienda para la clase media estuvo marcado por procesos de urbanización con ritmos diferentes, un tanto tardíos y de magnitudes más modestas respecto a Bogotá o Medellín, pero con una concentración temporal e intensidad considerables. A lo largo del siglo XX, Bucaramanga experimentó el mayor crecimiento poblacional de su historia pasando de 51 283 habitantes en 1938 a 112 152 en 1951, casi duplicándose de nuevo para 1961 cuando se registraron en el censo oficial 208 640 personas residentes en su jurisdicción. En medio de estos cambios, la dotación de vivienda enfrentó el agotamiento de los terrenos urbanizables en la meseta de la ciudad y la necesidad de conurbación hacia el sur, con el colindante municipio de Floridablanca (^{Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2015}). Más allá de sus particularidades, esta experiencia se enmarcó en una tendencia señalada tanto a nivel nacional como latinoamericano, pues el intenso crecimiento urbano en la mayoría de los países de la región y el marco de la polarización política derivada de la Guerra Fría llevaron a que el tema de la vivienda fuese central en las políticas públicas de la época.

El caso del barrio Las Terrazas permite caracterizar en detalle la interacción de los múltiples actores que se articularon en la construcción de vivienda para las clases medias. Especialmente, nos interesó indagar por la acción específica del sector privado y los propios sectores pertenecientes a la clase media con el fin de ampliar la perspectiva de los estudios históricos sobre este tema que enfatizan, ante todo, en las acciones de los habitantes de los barrios populares, usualmente pobres, y las instituciones estatales. Consideramos que, entre los diversos y, a veces, contradictorios criterios para definir a las clases medias, la vivienda fue un escenario concreto tanto para la determinación de la acción estatal respecto a estos sectores como para la construcción identitaria de quienes se consideraban parte de esta. A pesar de la existencia de asociaciones gremiales o cívicas de importancia considerable, el escenario de la vivienda fue más específico para la definición de las identidades de las clases medias y formó parte de la pregunta global sobre las condiciones de vida urbana articulada a partir de 1960.

Asimismo, entendemos la experiencia de la vivienda en Las Terrazas como un ejemplo local de lo que ha planteado recientemente la historiadora Amy C. ^{Offner (2019)} respecto a la temprana configuración de una agenda de acción estatal descentralizada, y la participación protagónica del sector privado en programas públicos durante la década de 1960 en Colombia. De la misma manera que la promoción de las clases medias se entendió como la base para una democracia estable, en términos económicos se asumió como ideal el modelo usado para la construcción de viviendas para estos sectores: la balanceada interacción entre actores privados y estatales. En tal sentido, algunos elementos que marcaron la experiencia de este barrio de clase media bumangués, como su construcción a partir del Sistema de Terceras Partes (P3), anticiparon procesos posteriores que marcarían el desarrollo de la vivienda urbana en Colombia con una mayor participación del sector privado y, especialmente, del financiero, como lo fue la implementación de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) en los créditos hipotecarios para la compra de vivienda desde 1972.

Al analizar el caso de Las Terrazas mostramos la manera en que operó concretamente la construcción de un barrio de clase media. Por esta razón, el argumento que guio el artículo es que hubo divergencias significativas entre la forma en que se promocionó este tipo de barrios y aquella en la que efectivamente se construyeron. Como se detalla más adelante, la construcción de barrios para clases medias implicó identificar terrenos mejor ubicados en el entramado socioespacial de cada ciudad, lo que significó costos del suelo más altos; el desarrollo de un sistema de crédito a largo plazo, con mayor riesgo para los agentes inmobiliarios; y, finalmente, la activa participación de la comunidad, pues lejos de encontrar un emplazamiento con todos los servicios y equipamientos prometidos, debieron elevar demandas y realizaron acciones de hecho después de varios años de estar habitando sus casas para lograr elementos tan esenciales como la conexión al sistema de transporte.

La información primaria que soportó el artículo se compone de publicaciones de la época de instituciones públicas de orden nacional y regional (ICT, Universidad Industrial de Santander - UIS), privadas (Asociación Nacional de Industriales, Urbanizadora Urbanas); cartografía que da cuenta del crecimiento de la ciudad desde inicios del siglo XX, la cual se encuentra en el Archivo Histórico Regional de Santander; y una revisión exhaustiva del principal periódico regional, Vanguardia Liberal, órgano de difusión de orientación liberal, pero que se acogió a los principios de moderación política y conciliación nacional característicos de los principales medios escritos en el periodo conocido como Frente Nacional (1958-1974).¹

Aproximaciones a la vivienda y las clases medias

La ciudad es un producto histórico material y simbólico a la vez, pero como producto social dista de ser el resultado único de la voluntad de un grupo o sector dominante de la sociedad, ya que siempre es inacabado, debatido, contestado y, relativamente, incontrolado, aun cuando efectivamente hay actores con mayor poder y capacidad de agencia que otros (^{Harvey, 1990}; ^{Mejía-Pavony, 1997}; ^{Zambrano, 2002}).

Dentro de esta consideración, la vivienda, entendida como un espacio físico y simbólico de carácter familiar para satisfacer muchas necesidades básicas que tienen los habitantes de la ciudad, es un resultado de la manera en que se relacionan diferentes actores y fuerzas sociales que la constituyen (^{Bourdieu, 2002}; ^{Rybczynski, 1987}; ^{Torres-Tovar, 2009}). Ese resultado es heterogéneo social y temporalmente, así, lo que se entiende por vivienda varía dentro de una misma ciudad a lo largo del tiempo y en cada grupo social que la conforma (^{Bourdieu, 2002}; ^{Rybczynski, 1987}). Un estudio reciente mostró cómo la relación entre vivienda, cambio social y cambio urbano fue central en las prácticas institucionales y en los marcos intelectuales de comprensión del cambio social en América Latina a mediados del siglo XX (^{Montoya-Pino; Ramírez-Gómez; Aravecchia-Botas, 2024}). Sus autores señalaron la importancia de la vivienda como un elemento clave en la producción de ciudades y sociedades modernas, y la manera en que intentó gestionarse desde la constitución de la panificación integral.

Los estudios sobre el sector de la vivienda en Colombia han sido emprendidos primordialmente desde sus aspectos macroeconómicos, resaltando los encadenamientos que tiene con el sector de la construcción, el empleo y la demanda agregada, afectando positivamente la economía formal y disminuyendo la presión social en un país cada vez más urbanizado. Sin embargo, como propuso ^{Bourdieu (2002)} para el caso francés, este análisis exclusivamente macroeconómico no tiene en cuenta las relaciones concretas existentes entre el Estado, a través de la política de vivienda, las empresas urbanizadoras y los compradores. El estudio de esas relaciones muestra que la decisión de construir una vivienda y de adquirirla está condicionada por un conjunto de factores culturales e institucionales que desborda la idea de la oferta y la demanda como dos ámbitos independientes.

El tema de la vivienda a nivel global a mediados del siglo XX ha sido estudiado desde la historia urbana, la historia social y otras ciencias sociales como la economía y la sociología, enfocándose en los problemas que han experimentado los habitantes de menores ingresos para insertarse en las ciudades (^{Jaramillo, 2012}; ^{Lewis, 1968}; ^{Torres-Tovar, 2009}; ^{Valenzuela-Gálvez, 1970}). La mayoría de estos habitantes provenía de sectores rurales -en un proceso especialmente violento en el caso colombiano, debido al conflicto bipartidista-, y eran vistos como sujetos que no estaban preparados para una vida moderna. Esta situación se agudizaba con la presencia de Estados incapaces, económica y políticamente, de manera que la mayor parte de los nuevos habitantes procuró autosatisfacer su necesidad habitacional en los llamados barrios marginales y recurriendo a urbanizadores privados que actuaban en el margen de la legalidad, conocidos en Colombia como urbanizadores piratas (^{Muñoz-Neira, 2004}; ^{Torres-Carrillo, 1993}). Estudios más recientes, como el de Susana ^{Romero-Sánchez (2015)} , se enfocaron en entender el papel del Estado y sus agencias como garantes de la provisión de vivienda en la primera mitad del siglo XX. En su investigación, utilizó los ejemplos de Medellín y Bogotá, y resaltó la importancia del arquitecto moderno y el planificador urbano como actores que canalizaban los esfuerzos del Estado para resolver las problemáticas de los grupos de ingresos bajos y medios, debido a las conexiones que tenían con los empresarios de la construcción y los políticos locales. La autora concluyó que la vivienda fue el principal mecanismo de articulación entre instrumentos de modernización política como los programas de crédito y las realidades de la transición rural-urbana en Colombia (^{Romero-Sánchez, 2015}).

Otra forma de abordar el tema de la vivienda a mediados del siglo XX ha sido el de la segregación residencial, es decir, la tendencia a que diferentes grupos, definidos en términos socioeconómicos, habiten partes distintas de la urbe e interactúen al interior de esos sectores (^{Jaramillo, 1999}). José Luis ^{Romero (2001)} , en su texto seminal de la historia urbana de América Latina, señaló que, desde la década de los años treinta, en las principales metrópolis del continente, el crecimiento físico y la abrumadora llegada de nuevos habitantes impulsaron el distanciamiento físico como una nueva manifestación del distanciamiento social, que había comenzado con la consolidación de las burguesías de comienzos de siglo (^{Romero, 2001}). Así pues, a medida que las ciudades crecían, las interacciones entre habitantes de diferente condición socioeconómica disminuían, con lo que se creó la sensación de una ciudad dual: una parte moderna, planificada, controlada por la burguesía; y otra anómica, marginal, pobre y peligrosa. Esta sensación se acrecentó conforme se consolidó la Guerra Fría, sobre todo después del triunfo de la Revolución cubana en 1959 (^{Fischer; McCann; Auyero, 2014}; ^{Peña-Rodríguez, 2010}; ^{Rivera-Páez, 2002}). Los estudios sobre segregación se refieren a ese momento como de segregación a gran escala y, precisamente, una de las variables para su caracterización es la vivienda, pues el distanciamiento socioespacial conllevó a que los diferentes grupos socioeconómicos habitaran de manera particular (^{Sabatini, 2003}).

En el caso de Bucaramanga, se ha avanzado en la comprensión del proceso de urbanización de la ciudad en el siglo XX. Sus primeras décadas han recibido especial atención, pues, en el marco de la consolidación de las elites burguesas, se hicieron los primeros intentos de controlar la expansión fuera del casco histórico, intentando generar nuevas formas de urbanismo para lo que se interpretaba eran nuevos grupos sociales (^{Rueda-Gómez; Álvarez-Fuentes, 2012}; ^{Rueda-Gómez, 2003}; ^{Sevilla-Torres, 2013}). Esta situación es similar a la experimentada en otras ciudades colombianas (^{Chapman-Quevedo; Agudelo-González, 2015}; ^{Felacio-Jiménez, 2011}; ^{Mejía-Pavony, 1997}; ^{Preciado, 2015}) y, aunque los resultados difieren en muchos aspectos, todos comparten el hecho de que el Estado tuvo poca capacidad para ejecutar los planes diseñados y los especuladores urbanos fueron los principales planeadores de la ciudad.

La noción de la clase media como el sector clave para el desarrollo capitalista global emergió conceptualmente en la década de 1950 de la mano con la teoría de la modernización. Los aportes de la historiografía especializada indicaron que es importante entender las clases medias no bajo el modelo de experiencias originales desarrolladas en Europa y Estados Unidos que fueron fallidamente apropiadas en el resto del mundo, sino como formaciones históricas transnacionales que se configuraron a partir de la interacción entre subjetividades, identidades y prácticas en el mundo entero (^{Weinstein; López-Pedreros, 2012}). En el contexto latinoamericano, el estudio de las principales experiencias políticas y urbanas de los países de la región se ha nutrido de la consideración de la clase media como actor protagónico en ambos casos.

En Argentina, la clase media se configuró como parte de la narrativa identitaria nacional y explicación cotidiana de la prosperidad económica del país durante la primera mitad del siglo XX. Más allá de la conformación previa de grupos de profesionales, pequeños propietarios y empleados no obreros, el punto clave en la definición de una clase media urbana argentina fue la llegada al poder de Juan Domingo Perón en 1946, pues en la oposición a este líder se fraguaron elementos identitarios y se posicionó al sector medio como clave para contrarrestar la noción del pueblo peronista (^{Adamovsky, 2009}).

En Perú, el líder político Víctor Raúl Haya de La Torre planteó que las clases medias debían formar parte del modelo socioeconómico de desarrollo nacionalista y antiimperialista; lo cual implicó una alianza multiclase entre trabajadores manuales e intelectuales, y una integración sociorracial. La propuesta política del Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) incorporó a los nuevos sectores en la vida política y abrió una plataforma para las reivindicaciones implícitas de la clase media (participación cívica y autoeducación principalmente). Ser del partido daba a sus miembros una identidad urbana más definida (^{García-Bryce, 2012}).

También, se reconoció recientemente la centralidad de la clase media para los gobiernos posrevolucionarios en México a partir de 1917, y su activo rol en temas urbanos en la ciudad capital del país. Ya desde la década de 1920, y por una clara influencia transnacional, la vivienda propia representaba para la sociedad mexicana seguridad financiera y, al mismo tiempo, estabilidad familiar, por lo cual se le dio apoyo de las cooperativas y se promocionó el cooperativismo como valor indispensable de las clases medias. Los problemas de servicios públicos y el aumento de los alquileres durante este periodo motivaron a las frágiles clases medias mexicanas para convertirse en nuevo actor en la esfera pública y la política popular (^{Eineigel, 2012}).

Por su parte, los estudios sobre las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX en América Latina también han empezado a profundizar en los roles de la clase media. Por ejemplo, en Chile se estableció que las tensiones conducentes al golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en 1973 surgieron, en gran parte, y sin disponer el peso de la influencia de los Estados Unidos, porque la clase media, que era la gran beneficiada con el modelo imperante, se atemorizó con las presiones populares y se mostró dispuesta a utilizar la violencia para defender sus beneficios (^{Sagredo, 2014}). En general, las fuerzas armadas de los países latinoamericanos se organizaron de forma autónoma, respecto a las doctrinas de los Estados Unidos, para hacer frente a la amenaza de la insurgencia comunista. A su vez, los militares fueron autónomos en promover acciones económicas en contra de las masas con el apoyo de élites contrarias al modelo desarrollista y, como estudios recientes en el contexto argentina han establecido, la complacencia de clases medias temerosas del cambio de los entornos reformistas (^{Pettina, 2018}).

Como estudios concretos que relacionaron la clase media con la vivienda para el periodo que nos ocupa, identificamos dos experiencias que abordaron un tema similar. Por un lado, ^{Blanco-Ramos y Porras-Ramírez (2018)} analizaron para el caso costarricense cómo la acción conjunta entre el Estado y el sector privado incidió en la formación de una estructura socioespacial segregada en la cual se promovió el acceso a áreas distantes del centro a grupos medios. El desarrollo de unos estándares de vivienda ligados con la noción de que dichos grupos tenían capacidad de ahorro y requerían cierto estándar de consumo fortalecieron la expansión urbana, la especulación inmobiliaria y la idea de una sociedad más democrática (^{Blanco-Ramos; Porras-Ramírez, 2018}). Por el otro, Sánchez-Salcedo analizó un caso concreto en Cali, Colombia, la urbanización Miraflores, para mostrar cómo el crecimiento urbano y el cambio económico hacia una economía más industrializada y comercial en los años cuarenta del siglo XX, estuvieron ligados con la creación de nuevos sectores residenciales para las emergentes clases medias, alejados del centro de la ciudad, y fueron un factor central en la consolidación de una estructura altamente segregada que planteaba “una clara separación con los barrios para obreros, que también empezaron a construirse en el mismo periodo” (^{Sánchez-Salcedo, 2018: 79}).

Así pues, existe un creciente interés por entender la emergencia y consolidación de clases medias en la región, pero aún queda un largo camino para entender la forma en que la vivienda fue una estrategia de esa intención. Los trabajos de ^{Sánchez-Salcedo (2018)} y ^{Blanco-Ramos y Porras-Ramírez (2018)} señalaron una línea de investigación promisoria para determinar cómo los barrios de clases medias fueron clave en la concreción de estructuras socioespaciales segregadas, una de las características más conspicuas en las ciudades latinoamericanas. En este marco, como se expondrá más adelante, el caso de Las Terrazas en Bucaramanga parece encajar bien en esa tendencia, ya que fue construido en una zona alejada de los barrios populares, aunque nuestro objetivo principal va en otra dirección: comprender los retos y las formas de enfrentarlos que tuvo la construcción de un barrio de clase media.

El contexto de Bucaramanga

Bucaramanga es la capital del departamento de Santander, ubicado al nororiente de Bogotá (ver Figura 1). A pesar de haber sido fundada en 1622, solo adquirió el carácter de capital departamental a finales del siglo XIX, cuando se convirtió en el principal centro de comercio de café y tabaco de la región. Sin embargo, a comienzos del xx, se trataba de una ciudad bastante modesta en cuanto a su extensión física y su tamaño poblacional. Se calcula que para 1918 tenía un poco más de 24 000 habitantes que vivían en unas 150 manzanas (^{Asociación Nacional de Industriales, 1962}).

Fuente: ^{ANDI (1962: 3)}.

Figura 1 Localización de Bucaramanga en Colombia 

Localizada en una meseta, a una altura promedio de 1000 metros sobre el nivel del mar, la ciudad se desarrolló en un marco ecológico retador. De un lado, el material geológico que subyace a toda la meseta es inestable y altamente erosionable; de otro, se encuentra limitada al oriente por montañas de gran envergadura y al occidente por zonas de erosión profunda, conocidas localmente como escarpas. En las primeras décadas del siglo, la ciudad también se estaba limitada al norte y al sur por elementos ambientales: las quebradas Seca y La Rosita, respectivamente, como se puede observar en la Figura 2.

Fuente: ^{Empresa de Desarrollo Urbano de Bucaramanga (s.f.)}.

Figura 2 Extensión del casco urbano de Bucaramanga (1908) 

A partir de la década de 1940, la demanda y acumulación de servicios en la parte central de Bucaramanga promovió el deseo por encontrar zonas residenciales más tranquilas en otras zonas, así, surgieron barrios acomodados como Sotomayor, Bolarqui y Cabecera del Llano. El primer proyecto del ICT en la ciudad fue el barrio Modelo, aprobado en 1942 y construido a lo largo de la década. Para ese momento, las limitaciones de las quebradas Seca y La Rosita habían sido superadas (ver Figura 3), al menos parcialmente, y se empezó a consolidar un incipiente patrón de segregación residencial, ya que, hacia el norte de la ciudad, se habían desarrollado, aunque de forma incompleta, varios proyectos destinados a sectores obreros (^{Sevilla-Torres, 2013}).

Fuente: ^{Empresa de Desarrollo Urbano de Bucaramanga (s.f.)}.

Figura 3 Extensión del casco urbano de Bucaramanga (1953) 

El desarrollo de vivienda para la clase media en Bucaramanga por parte del ICT tiene un primer referente en la construcción del barrio La Aurora, a comienzos de la década de 1950 cuando la ciudad había alcanzado los 150 000 habitantes (^{ANDI, 1962}). Ubicado en las inmediaciones entre las zonas oriental y central de la ciudad, el desarrollo de este barrio estuvo dirigido principalmente a empleados públicos y nuevos profesionales. Según Néstor Rueda, su estilo era muy cercano al de otros construidos por el ICT en Bogotá durante el mismo periodo, como Los Alcázares, Muzú y Quiroga, pues eran viviendas unifamiliares de dos alturas (^{Rueda-Gómez, 2003}). Ahora bien, la experiencia de La Aurora no se replicó en el plazo inmediato en Bucaramanga.

En 1960, cuando la población se estimaba en cerca de 200 000 personas, en la prensa local se relacionaron las dificultades para el desarrollo de vivienda para la clase media con asuntos de infraestructura de servicios públicos. Por ejemplo, un columnista del principal periódico local, Vanguardia Liberal, planteó que las demoras en la extensión de las redes de acueducto, en especial en la zona sur, entre las jurisdicciones de Bucaramanga y el contiguo municipio de Floridablanca, limitaban las posibilidades de construir nuevas viviendas al alcance tanto de las clases populares como de las medias. Los terrenos que sí contaban con este servicio, concentrados en la meseta de la ciudad, resultaban muy costosos para este tipo de iniciativas (“^{Agua, agua”, 1960}).

Debido a estas restricciones que la topografía determinó, para la década de 1960 Bucaramanga tenía uno de los costos más altos para la adquisición de vivienda de todo el país. Además de la migración de origen rural por la violencia bipartidista, la ciudad era un polo de atracción gracias a la demanda de mano de obra en las industrias metalmecánica y de confecciones, a la par del crecimiento en el sector servicios a partir de su configuración como principal eje urbano de la zona nordeste de Colombia, comprendida por los dos santanderes, el sur del Cesar y el occidente de Boyacá, incluyendo las subregiones de Arauca y Casanare (^{Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, 1969}). Para comienzos de esa década, un estudio realizado por la seccional Santander de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) estimó que había un déficit cuantitativo de viviendas acumulado que fluctuaba entre 10 000 y 12 000, número que crecía a razón de 1500 lugares de residencia nuevos cada año, demanda que el sector formal solo alcanzaba a suplir en un 30 %. El resultado era un crecimiento de la vivienda ilegal y de los arriendos. Estos últimos habían aumentado mucho más que el promedio nacional entre 1958 y 1961, haciendo que los costos habitacionales oscilaran entre el 27 % de los ingresos de los hogares de obreros y el 23 % de los de trabajadores de oficina (^{ANDI, 1962}).

En este marco, en 1961 se anunció en la prensa local que la clase media de Bucaramanga contaría con una moderna urbanización desarrollada por el ICT. Se trataba de las residencias Puerta del Sol en los terrenos denominados El Conuco, al suroriente de la ciudad. Con este proyecto, esta sería la segunda capital del país, después del proyecto Ciudad Techo en Bogotá, donde el ICT realizaría construcciones multifamiliares para la clase media. El costo aproximado para cada vivienda era de $2000, y el proyecto contaba, además, con el apoyo financiero del Banco Popular y recursos del Punto IV de los Estados Unidos (“^{Una gran obra realizará el Inscredial en Bucaramanga”, 1961}). Sin embargo, la iniciativa se estancó por dificultades del ICT, seccional Bucaramanga, y la entrega de las primeras unidades se postergó hasta finales de 1963. Durante ese tiempo de retraso, se discutió la posibilidad de que el ICT vendiera los terrenos a constructores particulares, debido a su alta valorización, y utilizara estos recursos para financiar proyectos de vivienda popular. En 1962, el líder sindical de Bucaramanga, Luis Francisco Durán, pidió a las instituciones especializadas en vivienda establecer prioridades y construir para los sectores obreros y las clases medias, pero, al mismo tiempo, dar preferencia a las obras y servicios de los barrios obreros (“^{Vivienda y urbanismo”, 1962}).

Este ejemplo es un buen correlato para el caso de Las Terrazas y sirve para profundizar en las dificultades para construir vivienda para clase media, aún con el apoyo de la Alianza para el Progreso, cuando la responsabilidad no era asumida por un privado y dependía principalmente del gobierno local o del ICT. Reportes del ICT en 1961 indicaban que, a nivel nacional, el déficit de viviendas de la clase media representaba el 26,5 % de la cifra total (238 894 viviendas). Para Bucaramanga, las cifras mostraban un déficit total de 9316 viviendas: 3447 de la clase media, es decir, una tercera parte; y 5869 de la clase obrera, las dos terceras partes restantes (“^{Un déficit de más de 238 894 viviendas hay en el país”, 1961}).

Ahora bien, es importante reconocer que la clasificación de las viviendas clase media en el contexto de la ciudad, en especial en la prensa local, no era unificada más allá de los criterios de institucionalidad. Ese fue el caso del barrio La Victoria, desarrollado como un proyecto de lotes para autoconstrucción, principalmente. Para las autoridades municipales y el propio ICT se trataba de una iniciativa de vivienda popular, pero para periodistas y diversos líderes de la ciudad, su adquisición requería más ingresos económicos que los de un trabajador promedio. De hecho, sus viviendas eran referenciadas en las respuestas del ICT cuando se reclamaban respuestas frente a los problemas de invasiones realizadas por los sin techo en la ciudad. Esto confirma que si bien la clase popular del sector informal y la de los empleos formales (bien fuera en el sector público o privado) compartían una condición similar, en el caso de los segundos, sus condiciones de habitabilidad llegaron a asociarse con las de clases medias (La Victoria), pero eran diferenciadas respecto a las viviendas para sectores medios conformados por profesionales y comerciantes (Las Terrazas).

En este contexto, las alternativas para la vivienda de clase media planteadas desde el ámbito privado tampoco estuvieron exentas de controversias y dificultades. La firma Casa Club, creada en 1957 y afiliada a la recién conformada CAMACOL, con presencia en varias ciudades del país, se mostró como una opción de vivienda industrializada y de carácter masivo para todas las clases, ante las dificultades de los programas oficiales y lo restrictivo de los créditos bancarios. La oferta se ajustaba a las condiciones económicas y exigencias de tipo y ubicación mediante un sistema de sorteos. Sin embargo, para 1965 se registró en la prensa nacional la quiebra de la compañía y las dificultades generadas para los usuarios a nivel nacional.

Por último, es importante cerrar esta sección relacionado este contexto particular con la situación sociopolítica más general, pues, para finales de los años cincuenta, el tema de la vivienda estaba enmarcado en uno más amplio, relacionado con la planeación controlada del crecimiento urbano, para lo cual se había venido desarrollando toda una serie de proyectos urbanos y de interpretaciones académicas que plantearon la necesidad de entender dicha planeación desde una perspectiva integral (^{Montoya-Pino et al. 2024}).

La experiencia de Las Terrazas

El principal análisis en la historiografía urbana de Bucaramanga, llevado a cabo por Néstor ^{Rueda Gómez (2012)} , referenció el caso de Las Terrazas, pero se enfocó exclusivamente en su posición en el proceso general de expansión urbana de la ciudad y desconoció los demás aspectos involucrados. Como señaló el historiador Edward ^{Murphy (2013)} , la vivienda urbana se conecta con actividades cotidianas, formas de producción y consumo, la pertenencia y los derechos ciudadanos, entre otros aspectos. Esto reafirma la necesidad de abordar la cuestión de la vivienda con un enfoque relacional que pueda dar cuenta de las múltiples conexiones del contexto local con el global. En particular, consideramos que para el periodo estudiado se requiere prestarle mayor atención a la articulación de las clases medias con el ámbito transnacional. En línea con esto, según el historiador Abel Ricardo ^{López-Pedreros (2015)} , es necesario entender los programas de desarrollo económico transnacionales, como la Alianza para el Progreso, y su específica traducción en políticas sociales durante el periodo del Frente Nacional en Colombia (1958-1974) como un proyecto en constante negociación que permitió a profesionales de clase media redefinir sus intereses de clase y de género.

En 1962, el ICT y la constructora privada Urbanas, por medio del Plan de Vivienda por Terceras Partes (P3) y con aportes de la Alianza para el Progreso, iniciaron la construcción del barrio Las Terrazas, ubicado en la zona de expansión urbana más activa de la ciudad para entonces: el límite suroriental de la meseta (ver Figura 4). Este barrio fue formulado para los sectores medios, es decir, comerciantes, industriales y profesionales jóvenes, como la misma publicidad de la época lo definió (^{Urbanas, 1965}).

La modalidad de construcción de terceras partes era una de varias opciones que el ICT venía implementando en los últimos años como estrategia para expandir su capacidad de acción y lograr un mayor impacto en la demanda creciente de vivienda, a su vez, era una de las modalidades que incluía la participación directa del sector privado (^{ICT, 1969}). Desde el comienzo, la constructora Urbanas, la más grande y representativa de la ciudad, promocionó las viviendas de Las Terrazas como una gran oportunidad para la clase media económica, pues la cuota mensual del crédito era inferior al costo del arriendo en una residencia de tales características. Además, la publicidad en prensa presentó al nuevo barrio como un proyecto moderno y elegante, en otras palabras, lo quisieron hacer ver como la urbanización más completa (“^{68 viviendas a las terceras partes construirá Urbanas”, 1962}).

Fuente: ^{IGAC (1967)}.

Figura 4 Ubicación del barrio Las Terrazas (1967) 

En 1970, la UIS (¹⁹⁷⁰) publicó los resultados de un estudio encargado por el ICT sobre la vivienda de las clases populares y medias en Bucaramanga. En este estudio, se clasificaron las viviendas del barrio Las Terrazas como unas de las más representativas de los procesos urbanos desarrollados en la ciudad durante el periodo de 1953 a 1963. En la Figura 5 se observa el plano de una de estas en el que se evidencia la destinación de la primera planta para espacios como el garaje para vehículos, la habitación para el personal de servicio doméstico, y el jardín; y la segunda planta para las habitaciones de los residentes; elementos distintivos frente a la vivienda popular.

Se trataba de lotes de, aproximadamente, 120 metros cuadrados, pero con 180 metros construidos, ya que se planearon casas de dos pisos. Se incluyeron tres alcobas principales en el segundo piso más un baño, jardín, zona de ropas y garaje; y otro elemento que no es menor, es que contaba con baño y alcoba de servicio, es decir, se pensó en familias que pudieran costear una trabajadora del hogar. Esto demuestra que el proyecto se dirigió a sectores medios con empleos estables y bien remunerados, tal y como lo demuestra la siguiente cita, donde se exaltó la clase media profesional que componía el barrio en 1965:

con médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, sociólogos, bacteriólogos, ¿qué no se puede hacer en un sector? Les sobran aptitudes y valor humano para dar un poco a los sectores menos favorecidos (...) admiración y simpatía para el privilegiado sector de Las Terrazas, privilegiado no precisamente por su ubicación, sino por el material humano con que cuenta. (“^{Bucaramanga y sus barrios: Las Terrazas”, 1965: 10-11})

Lo anterior se corrobora aún más con una fotografía de las fachadas, pues como se observa en la Figura 6, el lote de la vivienda se complementó con un generoso antejardín que limitaba con el andén. También se evidencia que los materiales de esta parte de las casas distaron de los destinados o característicos de los barrios populares. En este caso, tenemos fachadas y paredes pintadas, marcos de ventanas en hierro, antejardín en piedra tallada y, sobre todo, uniformidad en el modelo de la vivienda.

Fuente: ^{UIS (1970)}.

Figura 5 Plano arquitectónico de las viviendas en Las Terrazas 

Fuente: ^{Urbanas (1965)}.

Figura 6 Fotografía de la fachada de las viviendas en Las Terrazas 

El impacto inicial de Las Terrazas en la discusión local sobre la cuestión de la vivienda fue positivo. El comienzo de las obras, en 1962, fue la oportunidad para resaltar en la prensa local la gestión de Armando Puyana (gerente de Urbanas) y de Fabio Robledo (director nacional del ICT) al integrar los recursos públicos y privados bajo una causa común. En particular, se resaltó el modelo de construcción por terceras partes como una alternativa viable para solucionar el problema de la vivienda de manera definitiva y que, por lo tanto, debería replicarse de forma más constante en la ciudad (“^{En octubre será inaugurado el barrio de “Las Terrazas””, 1962}). Incluso, uno de los líderes de la comunidad de Las Terrazas, Aníbal Palacios, propuso en 1965 “que en el futuro se convierta en el barrio piloto de Bucaramanga, de allí saldrán nuevos sistemas tendientes a lograr que los sectores menos favorecidos salgan del estado actual en que se encuentran” (“^{Bucaramanga y sus barrios: Las Terrazas”, 1965: 10-11}).

Inicialmente, se proyectaron 60 viviendas, pero, al poco tiempo, se registró el aumento en ese número, “gracias a la buena respuesta de las clases medias frente al proyecto” (“^{En las Terrazas”, 1962}). Así, 40 viviendas adicionales del proyecto recibieron financiación complementaria tanto privada, por la compañía Seguros Bolívar, como pública, por el BCH (^{UIS, 1970}). De acuerdo con una publicación posterior del ICT, la inversión total fue de $6 422 668 de la época (^{ICT, 1969}). En todo caso, no debe perderse de vista que la promoción de este proyecto piloto se hizo en los primeros años del Frente Nacional, un periodo en el que tanto los órganos del Gobierno nacional y regional como los principales medios de comunicación buscaron brindar una sensación de estabilidad y comunión política y social, en medio de un clima político agitado en el cual el anhelo de modernización de la sociedad era clave (^{Ayala-Diago, 2008}).

Los llamados a una mayor participación del sector privado en el desarrollo de vivienda para la clase media se volvieron constantes. A mediados de 1962 se desarrolló en Bucaramanga la Mesa Redonda Nacional sobre Vivienda, organizada por la ANDI, que contó con la participación de representantes del sector financiero, gobernantes regionales y el ICT. En este evento, Mario Galán Gómez, entonces directivo de la ANDI, seccional Santander, destacó el papel que podían cumplir las corporaciones privadas de vivienda para canalizar la colaboración de los empresarios a la solución de este problema. Una de sus propuestas fue la inversión de una parte de los impuestos prediales municipales en títulos de esas corporaciones, de modo que se resolviera una de las principales trabas para los constructores privados: el acceso a los recursos financieros (“^{Gran batalla por la vivienda ha empezado en Bmanga”, 1962}).

De los tres proyectos por terceras partes realizados por Urbanas en conjunto con el ICT durante los cincuenta y sesenta, Campohermoso, Victoria y Las Terrazas, solo los dos últimos recibieron recursos de la Alianza para el Progreso. Valga señalar entonces que el interés de constructoras como Urbanas en forjar alianzas con el ICT correspondió a la necesidad de mitigar los riesgos del negocio inmobiliario, y el caso de Las Terrazas así lo demuestra. Los terrenos en que se desarrolló este barrio estaban en una periferia de la ciudad, lejos del centro urbano, visto cada vez más como caótico e inseguro, pero no eran propiamente económicos y su adecuación como zona de expansión urbana para una posterior especulación inmobiliaria requirió inversiones considerables. No en vano, el valor de una casa de Las Terrazas equivalía a 9,7 casas del Barrio Santander o 6,3 de La Joya, proyectos de vivienda popular enteramente desarrollados por el ICT en la ciudad (^{Rueda-Gómez, 2012}).

Conclusiones

El crecimiento urbano de mediados de siglo ha sido documentado como el de más intensidad para la mayoría de los países de América Latina. El cambio hacia una sociedad cada vez más urbana implicó muchas modificaciones en la estructura social de las urbes. Una de ellas, fue la consolidación de lo que se ha denominado clase media o clases medias, un grupo heterogéneo en términos de condición socioeconómica, capacidad de consumo, nivel educativo, composición familiar, origen étnico y regional; pero que fue volviéndose un agente económico y político clave en el marco de los deseos de modernizar las sociedades latinoamericanas, que se transformaron en angustia después del triunfo de la Revolución cubana y el inicio de la Guerra Fría.

Uno de los elementos centrales en la producción de esos grupos medios era el acceso a la vivienda y, en el caso de Colombia, la propiedad de esta que, para la década de los setenta, se consideraba como la “base del empuje cultural y social de las ciudades” (^{ICT, 1979: 3}). La experiencia del barrio Las Terrazas ilustra la forma en que se dio este acceso a la vivienda en una ciudad intermedia, aunque como todo caso tiene particularidades que deben ser adecuadamente señaladas (terrenos muy costosos por sus características físicas, por ejemplo), es indicativo de la distancia que significó satisfacer la demanda de vivienda hecha por un grupo creciente de la población. Además de los costos de un terreno que, aunque periférico, requirió adecuaciones onerosas, el ICT y la urbanizadora privada se volcaron a un barrio modelo para habitantes que fuesen profesionales independientes o asalariados, que podían tener vehículo e, incluso, una persona adicional (seguramente mujer) dedicada las labores remuneradas del hogar. Una vez entregadas las viviendas, los habitantes y la constructora debieron lidiar con problemas que parecían más asociados a asentamientos populares: tener acceso a la red de transporte; contar con infraestructura como parques, escuelas o iglesias; así como el tratamiento al problema de la erosión.

Se espera que este estudio alimente y estimule la realización de otros ejercicios comparables en ciudades del país o de la región para entender cada vez mejor la relación entre espacio y ciudad a partir de la vivienda.