Antioquia a finales del siglo XIX

Como bien lo enuncia la historiografía y lo pone en evidencia la lectura de las fuentes documentales, para mediados del siglo XIX Colombia era, sobre todo, un país rural, configurado por una estructura económica eminentemente agrícola en la que los núcleos urbanos, esencialmente pequeñas localidades, conformaban centros comerciales, administrativos y artesanales al servicio de los grupos humanos cercanos. De acuerdo con la revisión de los censos de la época, el investigador de la historia económica de Colombia Jorge Orlando Melo indica que en la estructura ocupacional de 1870 los agricultores, ganaderos y pescadores eran la mayor parte de la población, seguidos por los artesanos, los artistas y los fabricantes; en el tercer renglón estaban los comerciantes y los arrieros; y finalmente, los mineros. Según ^{Melo (1994)}, esta estructura se mantuvo sin mayores variaciones hasta finales del siglo.

Antioquia, por su parte y para el mismo período, presentaba la misma característica; relativamente aislada de las otras tres grandes regiones del país¹, como lo estaban ellas entre sí, también contaba con 243.000 habitantes distribuidos en sus tres provincias existentes entre 1881 y 1885: Antioquia, Medellín y Córdoba. La ciudad de Medellín, capital de la provincia de su mismo nombre, fue además el centro urbano más importante y la residencia de 13.000 de esas personas según el Censo de Población de 1851. Para la década de 1870, Antioquia contaba con más de 360 mil habitantes, suma que superó los 500 mil en la década de 1880 y que fácilmente pudo alcanzar los 700 mil a finales del siglo. Por su parte, a Medellín le correspondían 13.755 habitantes en 1851, 40.883 en 1870, 84.723 en 1873 y 71.000 en 1912 (^{Botero, 2007b}).

^{Melo (1994)} caracterizó la economía colombiana del siglo XIX como rígida, sobre todo en el sector rural, que era el de mayor concentración de la población. Sus observaciones pueden ser extensivas a la experiencia de la economía antioqueña; hace referencia entonces a un conjunto de limitaciones de origen corporativo, como las que no permitían la movilidad de la propiedad de la tierra ni la mano de obra (bienes de manos muertas, censos no redimibles, resguardos indígenas, esclavitud), pero que fueron eliminadas por las reformas liberales de mediados de siglo; y a unas limitaciones en el mercado, que al parecer del investigador son más serias, pues no permitían el aumento de la producción en el sector agrícola. Complementa el argumento señalando que los productores eran ante todo autosuficientes y la región contaba con variedad de áreas para producir una alta gama de bienes de consumo sin tener que acudir a largos desplazamientos, por lo que las necesidades de intercambio de bienes por conducto de los mecanismos comerciales fueron muy reducidas. Con todo, se destaca que durante el proceso económico en la región de Antioquia se acudió a la promoción, en particular, de la siembra de café con el propósito de la exportación; de hecho, no pudo ser más evidente su mediación con la crisis de la quina en la década de los cuarenta. Otros autores replican que la circulación de mercancías se constreñía al mercado local debido al poco desarrollo de la organización industrial de la economía, también a las escasas posibilidades de productores y consumidores para enterarse de los asuntos nacionales y extranjeros, además de las limitaciones geográficas y las de comunicación y transporte (^{Botero, 2007b}). Incluso los mismos comentaristas del siglo XIX, una y otra vez, hicieron referencia a la imposibilidad de vender los excedentes de la producción por los altos costos que había que asumir al llevarlos a mercados más lejanos.

No obstante, cabe subrayar que los hombres y sus posesiones de bienes, es decir, las economías humanas, se conforman para lograr la satisfacción de sus necesidades, además de la multiplicación física de los bienes (^{Menger, 1996} [1871]). En el caso en cuestión, la autosuficiencia productiva, ya de por sí construida siglos atrás, bien resolvió las necesidades de economías anteriores a esta del siglo XIX, y aún continuaba disolviendo en alguna medida la insuficiencia de bienes y servicios. Pero ya en dicho siglo, los mercados sobrepasaban las fronteras regionales y las nacionales, y la mejor forma de estar articulados al crecimiento que experimentaba la economía mundial y la expansión del comercio internacional era el aumento de la producción de bienes; así lo consideraban los observadores de la economía tanto nacional como mundial, quienes, preocupados por la forma particular en que los países latinoamericanos debían responder a este movimiento liberalizador de políticas y mercancías, proponían la exportación de productos primarios como principal política económica a seguir para el país a mediados de la centuria (^{Botero, 2007b}). En este escenario, las necesidades humanas eran otras, habían cambiado según las relaciones comerciales se habían ampliado, y las deficiencias en los medios que estimularan el aumento de la producción fueron más que sentidas como causas de mercados estrechos y de economías rígidas.

El caso de mediados del siglo XIX en Colombia y en Antioquia no es un caso de altísimos costos que hicieran imposible el comercio, pero el país estaba unido solo por una red de caminos de herradura con elevadas pendientes debido a la geografía montañosa, e intransitable en época de lluvias; entre la costa y el centro del país no existía ninguna vía terrestre, el río Magdalena era la única vía para la introducción de mercancías.

En cierto modo, estos intercambios estuvieron restringidos a mercancías con una relación entre valor y peso ajustada a las condiciones de los caminos; el oro en barras, polvo o amonedado era uno de los casos más emblemáticos, una mercancía de poco volumen y poco peso en comparación con su alto precio; lo mismo sucedía con los bienes suntuarios. Por el contrario, la producción agrícola, por su gran volumen, peso y bajos precios, no tenía la suficiente rentabilidad como para que se estimularan procesos productivos de mayor alcance; en esta misma posición se encontraban los bienes manufacturados y las maquinarias. Entonces, los altos costos de transporte reducían el traslado de mercancías; y, a su vez, el escaso tráfico no hacía rentable la apertura de nuevos caminos y el mantenimiento de los existentes (^{Vélez, 2016}).

En respuesta a estas difíciles condiciones y a los pocos estímulos para que determinados agentes se dedicaran a la intermediación -esto es, los fletes, las primas, las averías, los seguros y comisiones, los certificados, los gastos de embalaje y almacenamiento, los costos financieros y otros similares sacrificios económicos exigidos por las operaciones de intercambio del mercado nacional-, las posibilidades de especialización productiva en la región dependían de la vinculación a mercados externos.

Así las cosas, la diversificación existente de la exportación colombiana y la difícil producción de bienes y servicios nacionales situaban al país en posición de una 'periferia secundaria' con respecto a la economía mundial, lo cual significaba que las oportunidades de desarrollo exportador eran limitadas. Sin embargo, con base en la minería de oro, Antioquia tuvo un desarrollo relativamente exitoso; en medio de las características propias de dicha periferia secundaria, la región logró la implementación de un tipo de relaciones, podría decirse, modernas, las cuales estuvieron al frente del accionar económico y político, facilitando una inserción sólida en el comercio exterior desde mediados del siglo XVIII (^{Lenis, 2015}).

La dinámica exportadora de metales preciosos en el siglo XIX puso de manifiesto una tendencia hacia la modernización de este sector extractivo de la economía, convirtiéndose tanto en enclave para el capital extranjero como en oportunidad de ganancia para los capitales antioqueños. Desde comienzos de la República, la modernización de la minería se fue conformando a través del trabajo asalariado y la tecnificación de la explotación e inversión extranjera; en otras palabras, la minería pone de manifiesto sus condiciones materiales para convertirse en capital; de hecho, la minería no fue un fenómeno casual, sino que se presentó como el movimiento de la propiedad privada: hacia 1820 los grupos económicos dirigieron sus inversiones a este sector y como resultado aparece un proceso de valorización incluso previo a lo que se conoció como la "industrialización moderna". Por decir algo, para 1825 Antioquia contaba con el molino de pistones.

Mientras, en el contexto del mundo occidental, durante los años 1870 a 1914, el patrón oro vivió su época dorada; los precios de dicho metal guardaban relativa estabilidad, la cual se debía a la unidad de los mercados de bienes y de capitales más que a los flujos de oro en sí. Los precios y las tasas de interés se establecían en el mercado mundial; allí, bajo el patrón oro, se daba un alto grado de paralelismo en los niveles de precios de los distintos países (^{Meisel, 1990a})². Dicha unidad partía de la idea de unir a las naciones en una comunidad de pueblos libres que cooperaban pacíficamente en mutuo beneficio, acompañó el patrón oro al progreso triunfal del liberalismo occidental. Fue este el patrón mundial de una época de liberalismo tanto económico como político. Para los librecambistas significaba una virtud el que fuese un patrón internacional acorde a las exigencias de un mercado monetario y de capitales que abarcaba todo el mundo; un sistema donde los países compartían el mismo sistema monetario, esto es, tenían sus precios nominados en oro. La otra virtud del patrón oro estaba en que independizaba el poder adquisitivo del dinero de las decisiones políticas, pues el mecanismo que determinaba los precios estaba en un factor que ningún gobierno podía controlar, esto es, la producción aurífera (^{Mises, 2007} [1949])³.

En el caso particular de Antioquia, la producción de oro y de plata le dio una ventaja comparativa para dedicarse a los intercambios en general. Las reformas liberales aplicadas por el Gobierno Nacional permitieron a los particulares negociar internamente con el metal, también amonedarlo y exportarlo a donde más ventaja hubiese. Así, la producción de oro en estas condiciones -economía internacional basada en el patrón oro clásico y liberalización del comercio del metal- permitió, entre otros aspectos, la proyección del mercado antioqueño: se dio un mayor grado de especialización, hubo espacio para los productos manufacturados, una mano de obra con movilidad, la difusión de conocimiento, una acumulación de capital y, más importante, el surgimiento de la actividad empresarial con las más sentidas inquietudes alrededor de los esquemas de organización de capitales.

Pero, aun así, en el propio territorio las oportunidades de inversión no eran favorables, pues la explotación de recursos naturales no requería de grandes inversiones y los capitales debían ser rápidamente movilizados a otros sectores con precios favorables en los mercados extranjeros. Los antioqueños invertían los rendimientos obtenidos en el comercio en otras regiones. Por ejemplo, los Ospina y los Vásquez emigraron a Guatemala como exiliados políticos, donde cultivaron café y fundaron el Banco Colombiano en 1878, del cual fue director y accionista Recaredo de Villa, presidente del Estado Soberano de Antioquia antes de la guerra civil de 1877, y que contó con Vicente B. Villa e Hijos y Mariano Ospina Rodríguez como accionistas, además de los capitales guatemaltecos y de algún apoyo inglés (^{Gallini, 2006}). En general, los más acaudalados sirvieron de prestamistas al Gobierno Nacional y a particulares en Bogotá; invirtieron en la navegación a vapor del río Magdalena; cultivaron café en Cundinamarca cuando en Antioquia no prometía debido a la difícil situación de la conclusión del ferrocarril iniciado en 1874; produjeron y exportaron quina en el valle del Magdalena; incluso, implementaron organizaciones que canalizaron y distribuyeron el capital y el crédito, o sea, las entidades bancarias. Finalmente, aunque el escenario socioeconómico había sufrido modificaciones sustantivas, vale decir, su cimiento era la libre empresa, el Estado cada vez más afianzaba su carácter recaudador con las consecuencias lógicas en la distribución de la riqueza hacia nuevos grupos económicos. No sería menos importante llamar la atención sobre un rasgo fenoménico de lo político según sus necesidades inmediatas: el despliegue del Estado Liberal en el contexto de los gobiernos post-Santander se tornó restringido por la presencia de la Revuelta de los Supremos (1839-1842).

La moneda

En cuanto al asunto monetario, el Gobierno Nacional del general Mosquera (1845-1849) implementó una profunda reforma que en buena medida logró ordenar el caos monetario que venía desde el virreinato. Caos que estaba dado no tanto por la gran cantidad de monedas distintas que circulaban en el territorio nacional (monedas francesas, sardas, belgas, libras esterlinas, también las monedas de la Colonia, entre otras), sino por las continuas legislaciones equivocadas y las acciones contradictorias de parte de los distintos gobiernos (^{Torres, 1980}). Cada vez que una guerra estaba próxima, los gobiernos acuñaban monedas de baja ley a la ya establecida por legislaciones anteriores, o con pesos y leyes variables (^{Meisel, 1990b}); y cuando intentaron amortizar las monedas de baja ley, debido a la falta de recursos fiscales, los mismos gobernantes autorizaron nuevas emisiones de monedas de baja calidad, incluso contraviniendo los mandatos constitucionales. Por fuerza de ley era obligatorio aceptar las monedas consideradas de inferior calidad, una medida con la que se pretendió hacer equivalente el valor nominal de monedas con valor intrínseco distinto:

En este estado encontró las cosas la Administración Mosquera, es decir, retrotraídas al que tenían cuando la provincia de Cundinamarca, en 1813, ocurrió al arbitrio de la emisión de moneda de plata de baja ley. Las leyes granadinas sobre monedas continuaban, pues, empeñadas en mantener la ilusión de que un peso de 8 dineros valía lo mismo que un peso de 11 dineros, y en forzar a los dueños de las onzas de oro a que dieran una onza de oro por 16 pesos de 8 dineros, que solo contienen 245 gramos de plata fina, como la daban por 16 pesos españoles, que contenían 382 gramos de plata pura, despreciando fracciones (Galindo, 1978 [1880], p. 161) ^. En estas circunstancias, se provocó la desaparición de la circulación de monedas de mayor calidad; las personas preferían exportar el oro o atesorar las monedas y usar las de baja ley para las transacciones cotidianas. Así, desde la década de 1840 reapareció la preocupación por la escasez de numerario; no obstante, dicha preocupación no era nueva. Así lo hace notar el autor de Historia de la moneda en Colombia, Guillermo Torres García, quien hace una amplia recopilación de citas textuales, entre Relaciones de Mando del siglo XVIII, Memorias de Hacienda y publicaciones de prensa del siglo XIX, sobre las distintas manifestaciones de la época referidas a la poca existencia de numerario: Salvo la época de las grandes emisiones de papel moneda, o sea en los años comprendidos entre 1899 y 1903 [años de guerra financiada con papel moneda del Banco Nacional] y en la posterior a la fundación del Banco de la República hasta el presente, todo el resto de nuestra vida económica estuvo sometido a una permanente escasez de numerario" (^{Torres, 1980}, p. 129).

La reforma de Mosquera, en cabeza de Lino de Pombo y Florentino González, dispuso la acuñación de monedas a la ley de 0.900, fue eficaz en la amortización y reacuñación de monedas malas, estableció uniformidad de la moneda local con monedas extranjeras importadas (monedas francesas, sardas y belgas) e implementó la libertad para exportar oro en polvo y en pasta, pues hasta antes de 1846, año de la reforma, solo era legal exportar oro amonedado. En efecto, esta posibilidad de exportación hizo que la amonedación decayera de forma importante, tanto que fue necesario posteriormente cerrar las casas de moneda de Popayán y de Bogotá por no ser rentables para el fisco.

Sin embargo, la disminución de la amonedación, fuera porque se atesoraba la moneda de buena calidad o por el incremento en las exportaciones de oro, no significó del todo una afectación en la base monetaria. El supuesto del que parte Meisel Roca es que esta se mantenía estable debido a las importaciones de monedas de plata. La ley 60 de 1874, expedida por el Congreso de los Estados Unidos de Colombia, por ejemplo, otorgaba estímulos a la importación de monedas de plata y a la acuñación de la plata que se produce en el país (...) estableciendo como límite a dichas importaciones el importe anual de la renta que paga a la Nación la Compañía del Ferrocarril de Panamá.⁴

Además, es de atender que, en estos mismos años, los que van de 1865 a 1879, los de la disminución de la amonedación, son también los de aumento en los precios y en el ingreso real y los del auge exportador. Aunque las personas que usaban la moneda metálica como medio de pago en sus transacciones solo percibían que la moneda buena salía de circulación por atesoramiento o por exportación y, en seguida, casi como reflejo, hablaban de escasez de numerario; incluso se responsabilizaba al gobierno y a los bancos. La Ley 60 de 1874 concedió estímulos a la importación de monedas de plata "mientras dure la actual escasez de monedas de plata"; y una crónica de prensa manifestaba: "Unos dicen que el Gobierno es el responsable porque todo se lo absorbe, otros creen que los bancos porque permanentemente están suspendiendo las operaciones". Y concluía así:

Es tal la escasez de dinero en esta tierra que no hay quien no se queje de pobreza. Ciertamente, aquí ya no se acomete ninguna empresa por falta de metálico. Así que, si esta situación no cambia pronto, tanto la industria como el comercio tendrán que sufrir un golpe de muerte.⁵

Autores contemporáneos de la historia monetaria de Colombia en el siglo XIX hicieron observaciones parecidas. Por ejemplo, Guillermo ^{Torres García (1980)} y Darío Bustamante (1980) tuvieron dificultad en apreciar e incluir en sus explicaciones la importación de numerario y el nivel de precios altos de los años en cuestión; incluso llegaron a afirmar que tal escasez de numerario fue la que llevó al establecimiento del papel moneda inconvertible y de emisión monopolizada en un banco del Gobierno Nacional en 1886 (^{Echeverri, 1991}), retomando los discursos de Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez, que justificaron así el curso forzoso de los billetes del Banco Nacional.

La lectura que hace ^{Meisel Roca (1990)} de la escasez de moneda apunta a desentrañar el fenómeno, y pone en consideración hechos como la importación de moneda de plata, el aumento de los precios en la economía colombiana y el auge exportador, que son hechos que no se dan bajo un supuesto de escasez de numerario. Explica el mito de la escasez a partir de las contradicciones en la legislación monetaria que variaba el contenido de metal precioso en las monedas y, sin embargo, obligaba a aceptarlas por un valor nominal establecido. Ante este comportamiento discrecional del gobierno, las personas preferían guardar las monedas con mayor contenido de metal en sus casas:

El problema no era que el país estuviera viviendo un déficit en la cantidad de dinero, sino en su calidad. El problema surgió de la interacción entre la legislación monetaria colombiana y la Ley de Gresham. El problema era que existía un régimen monetario con diferentes monedas y a menudo el valor nominal no guardaba relación con el valor intrínseco, lo que llevaba a que la moneda buena (aquella con mayor valor intrínseco pero igual valor nominal) saliera de la circulación. (^{Meisel, 1990a}, p. 29)

En este sentido, la escasez de la moneda no fue sino un problema aparente; diciente, no obstante, de otros problemas que subyacían a la economía colombiana y antioqueña del siglo XIX: la falta de seguridad en la legislación y su rigidez y estrechez a la hora de favorecer los intercambios de los excedentes de producción y de los productos del comercio exterior. El planteo que hizo Adam Smith en 1776 desde el iluminismo escocés ayuda a pensar en el caso colombiano:

"No hay cosa más común en todas partes que aquel continuo lamentarse de que no hay dinero. La moneda es como el vino, que no puede menos de parecer poco y escaso a todos aquellos que no tienen con qué comprarlo, ni crédito para que se lo den fiado. (...) Así, este clamor general de un pueblo sobre la escasez de la moneda en modo alguno prueba que no circule en él las mismas piezas que antes, sino qué hay muchos que no tienen nada que dar para adquirirla" (^{Smith, 1996}[1776], p. 170-171).

Dicho de otro modo, si no hay con qué comprar no significa que el problema sea de amplitud de la base monetaria, es una cuestión de dinámica de la economía y del mercado local y nacional. Según ^{David Hume (2013} [1752]), el dinero que en una economía circula es proporcional a la cantidad de trabajo productivo. El santandereano Carlos Martínez Silva (1979 [1897]), opositor de la administración de Miguel Antonio Caro, pero que fue miembro de la asamblea que proclamó la Constitución de 1886 y coronel del ejército conservador durante la guerra civil de 1876, también lo entendió así, según lo expone en una publicación del Repertorio Colombiano, del 30 de marzo de 1897:

"La alegada escasez de medio circulante es evidente para nosotros y lo es y lo será siempre para todos los pobres. El medio circulante, ya sea oro, plata, cobre, níquel o papel, es siempre deficiente para los que no tienen nada que dar en cambio; pero por lo mismo creemos que aunque se centuplique el numerario actual, los pobres y los desheredados seguirán sintiendo la misma maldecida escasez. Quizás se confunden en esta materia los términos; y ello es muy natural: el no palpar cada cual en su bolsillo la abundancia de medio circulante, lo toma como síntoma de carencia general" (Martínez, 1979 [1897], p. 64).

En otras palabras, la economía antioqueña tenía al oro como su principal moneda-mercancía en las transacciones. Se utilizaba en diversas formas: acuñado, en polvo y en barras, como depósito de valor e incluso como medio de atesoramiento. Las exportaciones de oro y plata generaban divisas, principalmente libras esterlinas, que circulaban en un mercado cambiário dinámico en la ciudad capital. Los beneficios de esta actividad cambiaria se sumaban a los obtenidos en la producción-especulación y luego eran aprovechados por la élite antioqueña para la acumulación de capital, lo que les permitía ejercer un poder económico y financiero significativo. Este proceso de acumulación de capital en Antioquia estaba estrechamente ligado al grupo de familias empresariales. Algunos de sus miembros tenían un profundo conocimiento del mercado cambiario y se basaban en la experiencia adquirida en la producción-especulación para aplicarla en sus actividades de comercio al por mayor e importaciones, contribuyendo así a la creación de sus fortunas. Las exportaciones de oro fueron el pilar inicial del comercio internacional del país. La forma organizativa adoptada para sus negocios fueron las Casas Comerciales y su compleja red de contactos, compuesta por miembros de la misma familia: el padre, sus hijos, esposa, hermanos, sobrinos y yernos. Sin embargo, esto no significaba la formación de un conglomerado exclusivo. Eran reconocidos en el país como hombres de negocios y financieros, controlando uno de los productos exportables más estables del país: el oro. La actividad comercial de estas Casas era ampliamente conocida en la región, ya que los comerciantes llevaban productos de otras localidades cercanas y de diferentes regiones del país a los mercados locales. Traían sal de las minas en Heliconia, mulas y caballos, cacao y panela del Estado del Cauca, tabaco de Ambalema, telas de lana de Cundinamarca y Boyacá, ganado de Bolívar, entre otros. Además, se encargaban del abastecimiento de las minas, comprando azúcar, sal y arroz en nombre de las compañías mineras con las que tenían contratos previos, asegurando así la distribución de los productos en las minas (^{Botero, 2007a}).

También importaban artículos de consumo de otros países como Inglaterra y Francia, principalmente: hilos, agujas, pañuelos, sombreros, sombrillas, platos, pocillos, navajas, cuchillos, hachas, pólvora, municiones y textiles. Para las familias adineradas traían ropa fina, pañuelos de seda, zapatos, licores, sombreros de fieltro, vasos de cristal, agua de lavanda, especias, papel, sobres y libros de contabilidad. La venta de las mercancías se realizaba a plazos de 3, 6 y 12 meses; y antes de la aparición del dinero privado, la clientela pagaba con moneda metálica, siendo el peso de ocho reales la moneda de cuenta.

Las casas comerciales antioqueñas primero establecieron contacto con firmas inglesas y parisinas, aunque también tenían cuentas y comisionistas en Prusia y Cuba. Realizaban sus pedidos a través de catálogos y cinco meses después llegaba la mercancía; con las mejoras en las comunicaciones y la implementación del vapor en el río Magdalena, el tiempo de traslado de las mercancías disminuyó. Los agentes de aduana del comerciante en los puertos marítimos de Santa Marta y Barranquilla enviaban los bultos en vapor por el río hasta las bodegas de Puerto Nare. Allí el comerciante contactaba a su agente de Ríonegro, quien se encargaba del traslado hasta Santa Fe de Antioquia o Medellín, por el Camino de Islitas. Para los pagos permanentes en el exterior, las sociedades mercantiles de Antioquia compraban oro y lo enviaban como remesas a sus agentes en el extranjero para que lo depositaran en sus cuentas abiertas en las casas comisionistas inglesas o francesas. Esta operación se facilitó y redujo en costos después de la implementación de la libertad para exportar oro sin amonedar. En ocasiones, el comerciante conseguía efectivo a través de otras casas comerciales, que, entre su diversidad de negocios, contaban con facilitar y perfeccionar las actividades bancarias con el extranjero: los depósitos en cuentas extranjeras de la moneda-mercancía, el descuento de letras de cambio y la administración de libras esterlinas. Años más tarde, esta información acumulada en las Casas Comerciales sobre las formas de reducir los sacrificios y costos económicos exigidos en las operaciones de intercambio internacionales fue clave en la configuración de Casas Bancarias, que se encargaron exclusivamente de conseguir oro y despacharlo a los mercados foráneos a cambio de una comisión, entre otras actividades bancarias, como la emisión de sus propios billetes. Es importante destacar que la casa comercial con especialidad en servicios bancarios era propiedad de algún amigo de confianza del comerciante o de un familiar; no faltaron los casos en que las mismas casas comerciales establecían almacenes en las zonas mineras.

La banca

En 1867, por ejemplo, se fundó la casa comercial Botero Arango e Hijos (^{Brew, 1977}; ^{Botero, 1985}), que, con un capital previamente acumulado de $153,501, abrió sus puertas en Medellín. Entre la amplitud y variedad de actividades a las que se dedicaba estaban la importación de mercancías, la exportación de sombreros de fique, el cultivo y exportación de añil como forma de aprovechamiento transitorio en el marco de una producción-especulación de precios favorables en el mercado externo, y el negocio bancario. Este negocio estaba tomando fuerza en esos años y, por ello, los socios, además del envío de barras de oro a sus agentes en el extranjero, otorgaban préstamos de dinero a interés a los locales, descontaban documentos y aceptaban letras de cambio. De acuerdo con ^{María Mercedes Botero (2007a)}, la sociedad regular colectiva José María Uribe e Hijos se conformó en 1871 con un capital de $100,000 aportados por el padre. Se dedicó a la importación de mercancías al por mayor de Inglaterra, Francia y Cuba. Su sede principal estuvo en Rionegro, pero tenía almacenes y plazas en mercados de poblaciones al sur de Medellín y en Manizales. Para pagar a sus proveedores en Manchester y Londres, compró barras de oro y las remitió a sus agentes, pero también adquirió letras de cambio en libras esterlinas. Estas dos operaciones las realizó a través de la casa bancaria Marcelino Restrepo e Hijos de Medellín -la misma que usó Botero Arango e Hijos-; en otras ocasiones, utilizó la casa comercial Fernando Restrepo e Hijos, o la de Uribe & Díaz, a la que le compró letras de cambio en libras esterlinas de varios exportadores. Don José María Uribe las endosaba a nombre de sus proveedores y las enviaba por correo; también debía remitir dinero a Medellín para pagar el oro y los servicios de los intermediarios.

En este sentido, de la actividad comercial y del flujo de monedas y oro, las casas comerciales pueden considerarse como un antecedente del negocio bancario. Así, Botero Arango e Hijos, en 1870, se convirtió en casa bancaria y emitió billetes al portador. Algunos años después, fue accionista del primer banco privado en Antioquia y operó como banco propiamente entre los años 1883 y 1898. La casa comercial José María Uribe e Hijos tuvo acciones en la fundación del Banco de Medellín en 1881; sus hijos y socios fueron promotores del Banco de Oriente de Rionegro en 1883. Vicente B. Villa e Hijos igualmente realizaba sus operaciones con dinero desde la década de 1850, y como banco entre 1883 y 1904.

Pedro y Julián Vásquez Calle tenían capitales invertidos en la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio, e importaban mercancías desde 1840. Su familia se constituyó como una de las más decisivas en el desarrollo de la banca privada en Antioquia, siendo principales accionistas y gerentes de varios de los primeros bancos de la ciudad. Julián tuvo por yerno al comerciante Recaredo de Villa, quien fue presidente de Antioquia gracias al prestigio que adquirió cuando fue gerente del Banco del Estado de Antioquia (1872-1874). Su hija se casó con un hijo de Vicente B. Villa, quien fue banquero y promotor de la industria cafetera, colaborando con los Echavarría.

Los Restrepo formaron otro grupo, no del todo emparentado, de comerciantes prósperos, pero de menos ingresos que los anteriores, influyentes en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se enriquecieron con el comercio europeo y con los servicios bancarios prestados. Luciano Restrepo y sus hermanos fundaron la casa bancaria Restrepo y Cía., que operó como banco desde 1854 y se constituyó formalmente como tal en 1875 hasta su liquidación en 1915.

Marcelino Restrepo inició negocios bancarios de forma incipiente en la década de 1840 y se convirtió en gran promotor de los bancos en la década de 1880. Fernando Restrepo e Hijos, como los otros Restrepo, se dedicaron inicialmente al tráfico con Jamaica, prosperaron cuando comerciaron directamente con Europa y lograron una posición destacada en la banca con su intervención accionaria en los bancos.

Cuando las casas comerciales Restrepo y Compañía, Vicente B. Villa e Hijos, y Botero Arango e Hijos se convirtieron en sus homólogos bancarios, corrían los años de la banca libre en Antioquia. Además de ellas, otros nueve bancos fundados entre los años 1872 y 1883 recibían depósitos, hacían préstamos a interés y emitían billetes de banco. Sin embargo, ya desde la década de 1850 se había generado la inquietud de crear un banco en Antioquia que apoyara la actividad ganadera de los terratenientes. Según la Ley de 14 de diciembre de 1859, que autorizaba la formación de compañías para el establecimiento de bancos de emisión, giro, depósito y descuento, el banco se fundaría con un capital social de un millón de pesos, que se aportaría por partes, estando conformado por 500 mil en metálico y 500 mil en hipotecas sobre tierra. Pero podía empezar a operar verificando 50 mil en metálico y 50 mil en hipotecas como existencia en la caja del banco. La ley también consideraba la emisión de billetes respaldados por moneda en depósito sin exceder el 75%. Sin embargo, la guerra civil de 1860-1862 hizo prioritarios otros proyectos.

A nivel nacional, a partir de 1847 se registran continuados esfuerzos infructuosos por organizar y regular el crédito y emitir billetes a través de algún tipo de entidad pública o privada que asumiera el deber de apoyar al fisco y hacer circular los billetes (Arango, 1981).⁶ Se promulgaron distintas leyes bajo diferentes gobiernos con la idea de iniciar al país en la experiencia de la banca y sus beneficios, aunque de forma centralizada y partiendo del deber hacia el Estado.

En 1847, un proyecto promulgado como ley por parte del Congreso dio vía libre a la creación de un banco privado con el nombre de Banco de Nueva Granada, el cual debía fundarse con un capital no inferior a diez millones de reales. Este banco iba a contar, por 18 años, con el privilegio de servir como agente fiscal del gobierno, ejecutar las operaciones de crédito público y emitir billetes en Bogotá, Tunja, Vélez, Mariquita y Neiva, por una suma igual al metálico en la caja. Sin embargo, por la falta de capital, el banco no se fundó. Tampoco se fundó banco alguno en 1855, cuando el 13 de junio se expidió la Ley Orgánica de bancos de emisión, descuento y depósito, que autorizaba la formación de bancos y el desarrollo de las funciones correspondientes según los reglamentos expedidos por la presidencia de la República. Los bancos debían redimir billetes en oro o plata a la ley de 0,900 al momento de su presentación: La emisión de billetes en el siglo XIX. Ejercicio del atributo de emisión de billetes en los albores de la República. (^{Ibáñez, 1990a}, p. 37-39).

Según la Ley 27 del 13 de mayo de 1864, el gobierno de la Unión otorgaba privilegios a empresarios londinenses para que conformaran un banco semioficial. Este banco recibiría en depósito los fondos del tesoro nacional, cumpliría como cobrador y pagador, y podría emitir de forma exclusiva billetes al portador durante 25 años. Sus billetes circularían en todo el territorio de la Unión; aunque no limitaría el derecho de los Estados para establecer bancos con las otras actividades bancarias -depósito, giro y descuento- en sus territorios, y sus billetes serían aceptados no solo en el pago de impuestos, sino en todos los negocios del Gobierno Nacional. Sin embargo, las pretensiones de los extranjeros no eran constituir un Banco Nacional, sino una sucursal del London and Country Bank. Finalmente, se estableció en Bogotá una sucursal del Banco de Londres, México y Sudamérica, ya sin exclusividad en la emisión de billetes y sin poder liberatorio, cubierto por la Ley 35 del 6 de mayo de 1865 (^{Ibáñez, 1990b}). Esta ley, que derogaba la anterior, apostó por la pluralidad de bancos en la emisión de billetes. Daba a todos los establecimientos bancarios que se fundaran desde entonces la autorización para emitir hasta por 20 años, y sus preceptos no limitaban el derecho ni la legislación de cada Estado para establecer, autorizar y fomentar bancos de depósito, giro y descuento en sus territorios. Pero esta libertad de emisión duró menos de un año.

Con el General Mosquera de regreso en la presidencia (1866-1867), se insistió en la necesidad de un Banco Nacional mediante la Ley 69 del 4 de julio de 1866. Este banco se denominaría Banco de los Estados Unidos de Colombia, se dedicaría a la emisión, giro, depósito, descuento y crédito. Operaciones que se consideraban como negocios de comercio.

Sus notas serían de forzosa aceptación en las contribuciones, rentas nacionales y todos los negocios del gobierno, excepto los créditos con el extranjero, y el gobierno pondría hasta un millón de pesos para asociarse con empresarios nacionales o extranjeros.

Con la Ley 67 del 4 de julio del mismo año se autorizó al Gobierno Central a emitir billetes de tesorería, es decir, sin necesidad de la fundación de un banco, sino directamente por una de sus oficinas de Hacienda, y a cambiarlos a la par con ciertas monedas siempre y cuando los tenedores quisieran hacerlo voluntariamente. Sin embargo, en 1867, el mismo Mosquera declaró tales billetes oficiales como la unidad monetaria de la Unión. A manera de ilustración:

Un oficial, sostenido por cuatro carabineros, quería arrastrar por fuerza al pobre maestro [un zapatero], para llevarlo a la cárcel, por orden del Visitador Fiscal, a quien se había puesto la queja por el delito de incredulidad. Sí señor, el maestro no quería creer que los billetes de Tesorería contuvieran el 90% de plata fina y se había resistido a vender unos botines al oficial por la moneda legal del gobierno. (Galindo, 1978 [1880], p. 49)

Sin embargo, la ley de emisión de billetes de la Tesorería fue rápidamente derogada, y se determinó que el peso de plata sería la unidad monetaria en el país. Finalmente, la Ley 79 de 1871 reguló el sistema monetario bajo el patrón oro (^{Ibáñez, 1990b}). Al mismo tiempo, es inevitable reconocer que en la práctica se contaba con un sistema bimetálico o, como lo denomina ^{Ocampo (1994)}, un sistema francés.

Después del fracaso del banco inglés, en 1868 se intentó nuevamente la creación de un banco por iniciativa del entonces secretario de Hacienda, Miguel Samper, pero otra guerra civil interrumpió el proceso. Luego, en 1870, con un renovado secretario de Hacienda, Salvador Camacho Roldán, se retomó la iniciativa, la cual se concretó el 15 de noviembre con la firma de la escritura de constitución del Banco de Bogotá, que abrió sus oficinas al año siguiente.

Este banco se sometía a la normativa de la Ley 35 de 1865, pudiendo, como banco privado, emitir billetes con poder liberatorio, pero sin el privilegio de exclusividad. Después de este banco, surgieron otros 42 en todo el país, que se contaban en 1882, regidos por el Código de Comercio.

En el plano regional, en 1859, el Estado Soberano de Antioquia aprobó la Ley 14 sin resultados. Hubo que esperar hasta 1871 para que se intentara nuevamente, esta vez con efectos reales. La Ley 194 del 9 de octubre de 1871⁷ fundó el Banco de Antioquia, que entró en operaciones en 1872. La ley, firmada por el presidente del Estado Soberano de Antioquia, Pedro J. Berrío, y el secretario de Hacienda, Abraham Moreno, otorgó una serie de privilegios al Banco de Antioquia, convirtiéndolo en un organismo semioficial estrechamente ligado al gobierno, al cual financió en varias ocasiones. Así, el Artículo 2 no solo autorizó al banco a emitir billetes, sino que convirtió al gobierno en garante en caso de que no pudiera cumplir con sus compromisos con sus clientes; ordenó que los billetes privados fueran admitidos como moneda corriente por las oficinas de Hacienda, y convirtió al banco en cajero general del gobierno.⁸Además, se comprometió a prestar la fuerza del Estado para custodiar los intereses del banco y lo eximió del pago de impuestos.

Después de la creación del Banco de Antioquia, en 1884 ya existían el Banco de Medellín, el Banco Popular de Medellín, el Banco del Progreso, el Banco de Oriente, el Banco Mercantil, el Banco Industrial de Manizales, el Banco de Sopetrán, el Banco del Zancudo y las tres casas bancarias: Restrepo y Cía., Botero Arango e Hijos, y Vicente B. Villa e Hijos.

Todos ellos se basaron en la Ley 35 de 1865, la Ley 194 de 1871 y los estatutos del Banco de Antioquia para conformar sus propios estatutos y entrar en el negocio de emisión de billetes, giro, depósito y descuento (^{Vélez, 2023}). Como se ha mostrado, los empresarios eran ante todo comerciantes, tanto al por mayor como al detal. Para la distribución de sus mercancías importadas y nacionales, también se valían de sus casas comerciales, almacenes y tiendas, suscritos y de propiedad de la firma, establecidas en las principales ciudades y en los pueblos. Entre su clientela se encontraban agricultores y artesanos, otros comerciantes y mineros, así como campesinos y hombres acaudalados. A todos ellos les ofrecían sus mercancías al contado y también a crédito. Los clientes los buscaban porque ya conocían la procedencia y la calidad de los productos; también los buscaban por pequeños y grandes créditos a interés, ya fuera en dinero metálico o en sus nuevos sustitutos privados: los billetes de banco o notas convertibles. Así, cuando llegó el momento de hacer circular sus billetes, los socios de las casas comerciales, que también eran los principales accionistas de los bancos, hicieron uso de esa amplia red comercial extendida por las poblaciones de Antioquia. Pagaron el oro que compraban con sus billetes, también saldaron cuentas y descontaron letras; sus billetes cobraron amplia aceptación entre la gente:

Circulaban, pocas monedas de plata y las que quedaban se recogían para enviar a Honda y Bogotá, quedando muchos billetes en circulación en su lugar. Los billetes se aceptaban fácilmente en las tiendas de comercio, pero era muy difícil que los aceptaran en las tiendas de artículos de primera necesidad; si no había un descuento considerable, no los cambiaban por dinero⁹

Como se puede deducir de este tipo de referencias, dicha aceptación no fue fácil; las personas en su cotidianidad no podían concebir que un papel tuviese el mismo valor que una moneda de metal. Al respecto, Botero (1985) cita:

Los billetes del Banco de Antioquia (...) difícilmente circulan y apenas se aceptan con descuento. ¿Qué indica el descuento? Lo más natural es que los billetes aquí no gozan de crédito, o hay un plan de oposición a ellos. Quien no los recibe porque es empresario argumenta que sus peones le dicen al momento de pago que ellos no trabajan por papeles sino por oro y plata; quien no los recibe porque es negociante en oro argumenta lo mismo que los empresarios. Algunos no los aceptan porque esos papeles se desgastan con facilidad. Otros no los aceptan porque (…) el Banco de Antioquia solo se estableció para beneficio de los ricos y propietarios de Medellín, y a los de los pueblos no les reporta ningún beneficio (p. 100).

La aparición del billete significó un cambio en las prácticas monetarias tradicionales, a las cuales ^{López Herrera (2002)} en su monografía de grado llama la cultura económica del valor intrínseco. La economía antioqueña realizaba sus intercambios indirectos principalmente con metálico, que incluso no siempre tenía fijado el valor nominal, es decir, sin sello de amonedación oficial; por lo tanto, no era exclusivo ni excepcional comerciar con el metal en polvo o en pasta, y era normal hacerlo en monedas acuñadas, incluso con el caos monetario producido por la existencia de monedas de distintas leyes. De hecho, la desaparición de la moneda buena por atesoramiento tiene su base en esta forma de asumir el valor del dinero desde su valor intrínseco. Por ello, el gobierno expandía la base monetaria disminuyendo la cantidad de metálico presente en las monedas, y, en consecuencia, las personas retenían aquellas monedas que tenían mayor cantidad de metal incorporado. Por su parte, los billetes contaban con una materialidad distinta, no estaban hechos de metal sino de papel, y en este sentido, su aceptación como dinero -como medio que facilita el funcionamiento del mercado al servir de medio común de cambio-, debió pasar por el examen de los agentes económicos, por el ensayo y error en la práctica diaria a lo largo de varios años, y por la contrastación con la información acumulada por banqueros y comerciantes sobre el uso de billetes en otras latitudes.

El valor intrínseco del dinero no solo está determinado por la cantidad de metal físicamente incorporada, sino que dicho metal representa una larga cadena de interacciones humanas, ensayos y errores, comprobaciones y relaciones entre individuos que, en su búsqueda constante por satisfacer necesidades, atribuyeron cualidades a ciertas mercancías que facilitaban sus intercambios. Esto condujo finalmente a la institución de mercancías como el oro o la plata como dinero (^{Menger, 2013}/1892). Por lo tanto, cuando el Estado modifica el contenido de metal de la moneda, desconoce y niega la tradición, la costumbre y la práctica de los individuos, cristalizadas en su valor intrínseco.

Se esperaba que, gracias a la experiencia de la economía antioqueña en el intercambio indirecto, el uso de billetes en lugar del trueque cobrara gradualmente aceptación en la vida cotidiana de las personas, a pesar de su diferente materialidad. Sin embargo, el proceso no fue fácil, homogéneo ni progresivo. En ocasiones, los billetes se asociaron con la pobreza, ya que quienes carecían de metal pagaban con billetes. Además, se consideraron una forma de expropiación de riqueza por parte del Estado, como en el caso del curso forzoso del billete del Banco Nacional. Es importante destacar que el gobierno no reconoció la acción humana involucrada en la institucionalización del dinero y creyó que, por mandato legal, un papel con valor nominal podría tener el mismo valor que el metal o los billetes emitidos por bancos privados.

En los primeros años de los bancos privados, los banqueros antioqueños se valieron de la persuasión, respaldados en la confianza y la reputación que tenían como comerciantes en sus localidades y regiones, así como en la creatividad en el uso de los diversos canales del mercado y las prácticas y costumbres de las personas en los intercambios indirectos. Por su parte, los usuarios de billetes poco a poco fueron reconociendo las ventajas del uso de billetes convertibles en lugar del metal y ganando confianza en el respaldo de dichos billetes. Sin embargo, es importante reiterar que el éxito de la banca privada y la aceptación de los billetes de banco por parte de la clientela se deben en gran medida a la presencia de grupos familiares empresariales y sus complejas redes comerciales. En un contexto de inseguridad y carencia de instituciones legales adecuadas, los lazos familiares fueron fundamentales para invertir con confianza n empresas de gran envergadura que superaban los recursos y capacidades de un solo individuo.

Por otro lado, se observaba una fluctuación entre la aceptación y la resistencia hacia los nuevos billetes de banco, lo cual resalta el trabajo de ^{López Herrera (2002)} al mencionar la disputa entre oristas y papelistas. Mientras los papelistas destacaban las ventajas de las notas convertibles, los oristas consideraban absurdo atribuir a dichos billetes las cualidades de los metales preciosos y, aún más, asignar al papel la función de moneda.