1. Introducción

Este análisis parte de dos preguntas fundamentales que atañen al pasado reciente y el presente de Colombia. En primer lugar, se pregunta, cómo se construye la memoria en sociedades donde la violencia ha sido una constante histórica y una parte de la construcción propia del sistema. En segundo lugar, indaga sobre el papel que puede jugar la memoria como proceso político, cuando la violencia es una de las formas dominantes de la política. La respuesta se enmarca en el análisis de tres momentos fundamentales de la historia de la violencia política y el conflicto armado en Colombia y en la tramitación oficial de la memoria de estos. Dichos momentos son etapa de ‘La Violencia’ de mediados del siglo XX, el proceso de Justicia y Paz que tramitó la desmovilización de las Autodefensas Armadas de Colombia, y el proceso de negociación y firma del Acuerdo de Paz Definitivo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016.

Se eligen tres momentos porque en este caso, la memoria del conflicto en Colombia no se trata exclusivamente un proceso de revisión del pasado, sino que está marcada por la continuidad de la violencia y por el arraigo de esta como parte fundamental de la identidad del propio sistema político y de su desarrollo.

Colombia ha enfrentado numerosos procesos violentos a lo largo de su historia encadenados unos a otros, con periodos de relativa paz intermedios, pero no por ello de distención entre las pulsiones belicistas. La violencia ha sido y es un recurso político que pasó de las manos de los partidos políticos a la confrontación entre actores internos y externos del sistema estatal. La victimización, por tanto, es también una constante histórica y tiene un amplio alcance, no solo en la cantidad de población afectada sino en su presencia intergeneracional.

En este complejo escenario con múltiples actores violentos, se ha generado un sistema que ha sido construido, no al margen de la violencia, sino a través de esta. Donde el Estado ha ido a la zaga de los procesos violentos de ampliación de la frontera geográfica, y en el que en muchos casos opera de forma parcial o disputada con otros actores violentos, por lo cual, es pertinente preguntarse por la construcción de la memoria como parte del proceso político.

Un recurso relevante es la utilización de la idea de «campo» en la acepción de Bourdieu² (1982), como un conjunto de fuerzas en tensión centrípeta que disputan un capital simbólico singular, y aunque los que lo interpretan hagan parte de él, la tensión principal recae en la dinámica de las fuerzas que lo conforman como tal.

El campo, en este caso, está compuesto por individuos o colectivos sociales como las víctimas, los testigos, los desaparecidos, los movimientos de defensa de los Derechos Humanos; las instituciones como las comisiones de justicia y verdad; también se incluyen las construcciones simbólicas, tales como: los monumentos a las víctimas del terrorismo de Estado, memoriales, eventos, intervenciones artísticas, centros de memoria y otros³.Es decir, una multiplicidad de agentes y practicas agrupados alrededor de un tema común, pero con muy diversos enfoques e intereses sobre el mismo, lo que genera una continua e irresoluble tensión.

Para abordar las cuestiones propuestas se plantea un enfoque metodológico cualitativo, y que sin ser exhaustivo se aprovecha de conceptos y herramientas planteadas por el Análisis Crítico de los Discursos en las ciencias políticas.

La aplicación del análisis crítico del discurso contempla tres dimensiones: práctica social, práctica discursiva y práctica textual, a través de las cuales se delinean dos ámbitos de investigación. Por un lado, el estudio de cómo los discursos ordenan, organizan e instituyen las interpretaciones de los acontecimientos y de la sociedad, a la vez que incorporan opiniones, valores e ideologías. Esto es, la construcción discursiva de representaciones sociales. Por otro lado, el estudio sobre cómo se gestiona socialmente el poder generador de los discursos, es decir, cómo se distribuyen socialmente los discursos y cómo se les atribuye un diferente valor en la sociedad dependiendo de quién los produzca y de donde se difundan. Esto es, lo que se denominará el orden social del discurso⁴. Finalmente, la practica textual, es decir la construcción escrita de un cuerpo del discurso, y la intertextualidad que generan lecturas y relecturas ajustadas de los textos, para la construcción de un sistema de transmisión y legitimación formal de contenidos.

Además de las dimensiones de análisis descritas, también las herramientas de Análisis Crítico del Discurso que son las siguientes⁵:

Como puede verse estas herramientas analizan variadas formas de la practica discursiva y de la construcción política. En este artículo se utilizan especialmente las dos primeras herramientas.

La formación de la memoria como proceso político se aborda en este documento como un proceso de construcción discursiva dentro de un «campo» especialmente tenso donde los actores, incluso los que comparten una misma condición, como pueden ser las víctimas, pueden ubicarse en espacios diametralmente opuestos.

Un buen ejemplo es la polarización política de las víctimas de los dos bandos de la guerra civil y la dictadura en España⁸. En el caso de Colombia, si bien, no es producto de un proceso de polarización deliberada, sí que hay importantes diferencias generadas por el reconocimiento y/o forma y nivel de inclusión de las víctimas en la agenda. Como se tratará más adelante la imposibilidad de la inclusión total de las víctimas y su relato es uno de los aspectos más singulares y paradójicos de la política de la memoria.

No se trata de entrar en la valoración ética de la memoria, sino que se concibe que los ejercicios oficiales de memoria son válidos en cuanto narraciones de un conflicto que fundamenta el orden simbólico, y en relación con los cuales se constituyen las identidades de algunas personas dejadas por fuera⁹. Se trata entonces de analizar críticamente el «lenguaje de estatalidad» emanado de esas prácticas de construcción oficial, tal como lo señalan Hansen y Stepputat¹⁰. Así, los resultados de las Comisiones de Memoria histórica son una herramienta que más que presentar una «verdad», dan cuenta de un proceso que tiene como objetivo permitir a una sociedad superar una situación de conflicto, siendo las organizadoras de un campo simbólico que sirve de narrativa social compartida.

En este sentido, el análisis crítico del discurso como método no se dirige contra la apariencia de verdad de un relato hegemónico, sino hacia el marco social e institucional que construyó o permitió la construcción de esa narración y que lo legitima. Además, este lenguaje, como ya se ha señalado al hablar del «campus», no solo se construye a través del discurso sino de las prácticas simbólicas e institucionales¹¹.

2. La memoria como proceso político

La memoria como proceso de articulación de un discurso organizado, y organizador del pasado es parte de la construcción del discurso político. La construcción de la agenda pública esté profundamente marcada por la forma en la que se interpreta el pasado y se enlaza con el presente. Por eso, la memoria es parte constitutiva del ciclo de la política pública y por ese motivo es importante analizar la forma en la que este discurso construye o intenta construir posturas hegemónicas, y hacerlas consistentes y coherentes con sus intereses políticos¹².

Es posible, por tanto, analizar la construcción de memoria en el discurso político, y cómo se funden elementos del análisis de políticas públicas, de los estudios críticos en ciencias sociales y de otros enfoques como los cognitivos o psicosociales¹³.

Pero la memoria no es solo una construcción de arriba abajo. Como política pública en escenarios democráticos, la construcción de la memoria es un dialogo y un debate permanente donde los significados se construyen y reconstruyen, se aceptan y se desafían en el marco del debate público e institucional.

La mayor particularidad y desafío de las políticas de memoria es que su tarea es representar lo irrepresentable. Construir una narración sabiendo que es imposible incluir toda la complejidad del relato y que, sea el que sea, habrá quienes se sientan excluidos del mismo. Siguiendo a Castaño y Jurado¹⁴ se entiende la política de la memoria como la disposición para interactuar discursivamente con los traumas sociales en cuanto irrepresentables. Se asume como principio metodológico la imposibilidad de generar cierres plenos de la narración resultante de él, y, por tanto, en ese sentido reconstituyen la memoria de un conflicto como un relato necesariamente abierto.

Ante la imposibilidad de incorporar a las víctimas en su totalidad es indispensable que los ejercicios de memoria permanezcan inconclusos, dado que es necesario nombrar a las víctimas. Esto no quiere decir que no presenten resultados o conclusiones, pero sí que el proceso y sus actores reconozcan la necesidad del «no cierre». Esa característica particular de impotencia debe implicar algo más que una simple consigna de rememoración y debe pasar a convertirse en un fundamento de la política de la memoria como relato abierto¹⁵; sin embargo, la necesidad de mantener el relato abierto convive con la memoria como construcción pragmática cuya función es generalizar y dar cuenta de lógicas amplias o rasgos comunes de los casos individuales¹⁶. El tratamiento de la memoria no se define entonces como una crítica moral sino como un proceso inscrito en el marco de las políticas públicas.

Otro de los aspectos importantes de la apertura del proceso no es solo el que tiene que ver con las víctimas, sino entendiendo la posibilidad de que las generaciones futuras efectúen transformaciones políticas de las narrativas hegemónicas¹⁷.

Es necesario profundizar en este concepto, el discurso hegemónico es el resultado de la construcción oficial, aquel que no solo se erige como reconocido y presentado dentro de un marco institucional, sino como aquel que sostiene una determinada formulación de políticas públicas.

En el caso de Colombia la construcción de un discurso hegemónico ha sido un proceso fragmentado, marcado por cambios muy importantes por parte de los actores gubernamentales, pero que también ha sido fruto de enormes esfuerzos sociales y políticos ligados a los diferentes procesos de paz, y especialmente al más reciente de ellos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)¹⁸ en 2016.

3. La construcción del conflicto reciente en la memoria

La historia política de Colombia está marcada por la violencia. No se trata de la guerra como extensión de la política como sugiere Clausewitz¹⁹ sino de la violencia como forma por excelencia de la política. El siglo XX inició enmarcado en una guerra entre partidos, la Guerra de los Mil días y su primera parte transcurrió determinada por periodos de cierta calma y otros marcados por conflictos de orden civil regional y local, que, aunque no fue declarado como guerra, históricamente ha sido denominado como «La Violencia»²⁰.

Llama la atención poderosamente que un periodo histórico que determinó la política del país, que dejó más de 200 mil muertos reciba un nombre tan genérico como «La Violencia». Una de las características más interesantes de los procesos de violencia masiva en Colombia es la debilidad de la construcción de una narrativa que consiga establecer al menos una denominación colectiva. Esto ocurre en parte por la propia voluntad de las élites, que no quieren reconocer la ingobernabilidad del territorio y la incapacidad intrínseca del Estado para actuar de forma efectiva en todas sus dimensiones.

Las élites y los gobiernos constituidas por ellas, especialmente por las élites centrales, capitalinas, se identifican así mismas como miembros creadores de un Estado moderno. Un sistema institucional con el que se ha revestido una dinámica profundamente violenta, de establecimiento del poder y resolución de los conflictos en el territorio que ha perdurado hasta el siglo XXI.

Una denominación tan genérica como «La Violencia» no permite tener más información sobre el carácter de la confrontación, sus motivos, sus intereses, o sus responsables. Simplemente se define por su producto, pero sin abordar ninguna característica que pudiese darle identidad. De «La Violencia» de los años 50 no se ha hecho un proceso de revisión histórica, y sobre ella, se construyeron nuevos procesos violentos y el germen de las guerrillas comunistas, que nacieron en los años sesenta ligadas, en su mayoría, al proceso de colonización agraria periférica y tardía.

La transformación del conflicto interpartidista en una confrontación con los grupos guerrilleros nace en la débil construcción de una memoria sobre el pasado reciente en los territorios, en los que el Estado no operaba y que dieron cobijo a la organización campesina armada; sin embargo, «La Violencia» sirve de punto de inflexión en la memoria del inicio del conflicto contemporáneo, dado que es la que más cercana se siente en el arco de la temporalidad²¹.

La estructura geográfica y de poblamiento, las amplias zonas deshabitadas y la ausencia de reformas agrarias, que permitieran un acceso a los recursos productivos menos concentrado, bien por la vía de la revolución como en México, o bien por la vía de la política pública, generaron una amplia movilización de colonización periférica informal.

La periferia no solo fue geográfica, sino administrativa, y agravada por la violencia ejercida por las luchas entre partidos. En esas áreas de colonización tardía de frontera, desde los tiempos coloniales hasta nuestros días, la organización y regulación de las relaciones sociales fue dejada a la libre iniciativa de individuos y grupos sociales, sin pasar por las instancias estatales;sin embargo, muchas de estas regiones se fueron integrando gradualmente al conjunto de la nación, tanto por la expansión de las vías de comunicación como por la integración a la producción nacional²².

Las zonas en las que el Estado no opera plenamente y donde los actores armados hicieron presencia temprana fueron denominadas, desde el Congreso nacional, como Repúblicas Independientes, y en consecuencia tratadas desde un punto de vista militar como amenaza a la soberanía estatal. La batalla por el relato de las afrentas iniciáticas y los bombardeos del ejército en 1964 estarán aun vivas en 2016, cuando se firmó definitivamente la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Se acusa la falta de un relato sobre la propia conjunción de los procesos sociales, las bonanzas económicas emergentes, la violencia, los factores ecológicos, culturales y políticos como el marco en el que el Estado se ha desarrollado a través de una presencia diferenciada, y que ha llevado a que en su seno convivan orden y violencia, no sólo como resultados de la presencia estatal sino como las bases constructoras del mismo²³. En esta ausencia de relato hegemónico, como se señaló, está marcada por el propio interés de las élites en no reconocer las debilidades del Estado y sus responsabilidades, que imposibilitaron el reconocimiento de las víctimas, y sumió su presencia histórica en una presencia tácita.

4. La negación del conflicto armado

La complejización de la guerra con la aparición de nuevos actores hizo aún más difícil la construcción del relato explicativo de los procesos de violencia y de la identificación de las víctimas de los victimarios, que mutan a medida que la violencia envuelve diversos procesos. El narcotráfico, la confrontación guerrillera, la violencia política, la disputa por la tierra se mezclan.

Este artículo no tiene como objetivo presentar un relato histórico del conflicto armado sino resaltar puntos determinantes para la construcción de la memoria en el presente. Por eso no se aborda en una historia lineal. En este marco dentro de los hechos recientes y que marcan el actual proceso de construcción de memoria uno de los eventos más relevantes será la negación del conflicto armado y la priorización de un relato explicativo, centrado exclusivamente en la amenaza terrorista y en una securitización de la agenda política en este sentido.

Como paréntesis cabe mencionar el uso del término securitización aludiendo al enfoque de la Escuela de Copenhague²⁴, según la cual la securitización es el resultado de un proceso a través del acto discursivo, que apela a que una audiencia determinada permita a un actor securitizador la toma de unas medidas excepcionales, por encima del proceso político democrático para proteger lo que se considera el objeto referente de la seguridad. La lucha contra el terror es un buen ejemplo de este proceso, la construcción de un discurso en el cual la amenaza toma tal magnitud que se apela a una serie de procesos de excepcionalidad como la restricción de derechos, el cambio de uso de recursos, entre otros, para proteger la seguridad del Estado.

El Plan de Gobierno, así como el Plan Nacional de Desarrollo de los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe, son claros, colocan la seguridad en el lugar principal. De hecho, en todos los documentos de gobierno la seguridad es el primer capítulo y la más desarrollada de las propuestas políticas. Se revela así una completa securitización de la agenda política. Lo que se había iniciado en el anterior periodo presidencial (Andrés Pastrana,1998-2003),a través de la integración de los conceptos de seguridad y bienestar económico, en este caso evoluciona para convertir la seguridad en el principal objetivo de la política pública, bajo la percepción de que conseguir la seguridad provocará una mejora en todos los demás sectores²⁵.

Asimismo, el narcotráfico se ratifica como narrativa explicativa del conflicto armado²⁶. Se evidencia en todos los que se producen de forma oficial la ratificación y la percepción del narcotráfico como único elemento explicativo del conflicto. Una tendencia que mantiene la histórica falta de interés por fomentar narrativas institucionales, que aborden la complejidad de las violencias, y la necesidad de comprender lo que genéricamente se denominaba el «conflicto armado».

En el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2006-2010, se profundiza no solo en la autoridad, sino que en este documento el elemento terrorista adquiere un mayor protagonismo, de hecho, la referencia al conflicto armado desaparece relegando la palabra conflicto únicamente a la descripción de los espacios de confrontación, y no a una denominación de la situación colombiana sobre el tipo de relación entre los actores armados estatales y no estatales.

Al eliminar la existencia del conflicto armado, la política de seguridad democrática del gobierno Uribe se convierte en una política local fuertemente vinculada en sus convicciones y herramientas a la guerra contra el terror, que se libra en el sistema internacional y de cuyos recursos se nutre; sin embargo, la negación del conflicto armado se transforma en una paradoja de cara a la negociación de paz con grupos armados no estatales, como la que tuvo lugar con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC,) conocida como proceso de «Justicia y Paz». Así,al prorrogar la excepcional Ley de Orden Público²⁷ se abolió el requisito de conceder el estatus político a los grupos armados para iniciar una negociación. Esta estrategia, por un lado, reconoce que la negociación es un camino necesario, pero, a su vez, evita reconocer la beligerancia de los grupos armados y la existencia del conflicto, al que ha relegado a mera amenaza terrorista.

Si un grupo armado no tiene intereses políticos, ¿es legítimo negociar con él? Esto abriría la puerta a la negociación con grupos meramente criminales, lo cual va en contra de los preceptos de la ley y la justicia. Por otro lado, si se admite que la negociación es viable y legal con ciertos grupos, entonces se reconoce tácitamente que existe una situación de conflicto político, que no puede saldarse exclusivamente por la vía militar y abre la posibilidad a la aplicación de un estatuto legal diferente al de la justicia penal ordinaria. Esta controversia, desde luego, alentó un importante debate interno y externo, aunque la doctrina gubernamental se mantuvo fija en la negación del conflicto.

El punto de las víctimas y la construcción de una memoria de la acción paramilitar también se incluyó en la agenda; sin embargo, la estructura del proceso de Justicia y Paz²⁸ no creaba un mecanismo de sistematización de un relato de cara a establecer un proceso colectivo de memoria y reparación. Por el contrario, se basó únicamente en el relato abierto de los desmovilizados y en la posibilidad de las víctimas de hacerles preguntas. Se intentaba dar respuesta a los casos y no a la producción de un proceso social de construcción de la verdad. La ley de Justicia y Paz benefició a más de 32.500 paramilitares, sin embargo, en materia de verdad y reparación hacia las víctimas sus beneficios fueron escasos y las víctimas vieron muy pocos avances, ante un Acuerdo que libró de largas condenas a muchos paramilitares²⁹.

Más aun, los colectivos de víctimas y su proceso de movilización social fueron objeto de presiones por parte del Gobierno. El ajuste hacia la centralización del poder se realizó en desmedro de la capacidad institucional del Estado Colombiano. Dentro de este proceso la fijación de unas condiciones inalcanzables para reiniciar cualquier negociación política con las organizaciones insurgentes, y el proceso de acercamiento y acuerdo con los grupos paramilitares se convirtió en ilegitima o condenó a toda voz que discutiera la urgencia del orden y aplicó el control mediático de la información³⁰. Esta situación se constituyó como una recurrente estrategia del gobierno para defender todas sus acciones y acallar detractores: cualquier crítica a la política de seguridad o cualquier propuesta de política pública que vaya en contra de sus intereses, implica un ataque a la Seguridad Democrática y, por tanto, es inaceptable.

En el discurso de la negación del conflicto armado la culpabilidad de la violencia se trasladó exclusivamente a los únicos que se catalogan como victimarios, considerados únicamente desde la condición de terroristas (guerrilleros y paramilitares). Mientras, el gobierno se declaró a sí mismo comovíctima, y por tanto, solidaria con las otras víctimas de los terroristas, pero las víctimas del Estado no se consideraban como tales. Esto antepone una lógica de inevitabilidad de la fatalidad y de responsabilidad exclusiva de los actores violentos no estatales, y lleva a considerar la reparación como una forma de solidaridad del Estado y no como una obligación del mismo, asimilando además la reparación a la atención humanitaria³¹. En la forma en la que se construye la identidad del Estado, este no es culpable de la amenaza terrorista, sino de su debilidad a la hora de enfrentarla, lo que le permite ponerse al lado de las víctimas civiles en la misma condición.

Otro problema que sugiere la postura gubernamental, de negación del conflicto es que, al igualar a los actores armados organizados a los criminales comunes, la definición de víctima se hace más difícil. Si los ataques son todos iguales, los de los criminales y los de los actores del conflicto, las víctimas son iguales, entonces el gobierno tendría que reparar también a las víctimas del crimen común, o no reconocer el derecho a la reparación de ninguna. La segunda alternativa es una bomba de tiempo social y claramente inaceptable ante los ojos de la justicia internacional, de hecho, podría llevar a la «temida» intervención de la corte penal internacional. Dado que la reparación está ligada a los procesos de esclarecimiento de la verdad, no es únicamente económica, sino también moral y social.

Ante los casos comprobados de violación de los Derechos Humanos por parte de actores estatales el discurso los convierte en casos aislados, los delimita a errores que han ocurrido en el pasado, pero que no corresponden a una práctica sistemática, por tanto, las víctimas de los actores estatales no tenían un reconocimiento comparable a las víctimas de la guerrilla.

La categorización de la tragedia en Colombia no se hace sobre la categoría de la agresión, sino sobre la categoría del agresor, pues según la lógica sobre la que se construyen los elementos representativos del Estado no pueden igualarse las acciones militares a las de los grupos que se consideran terroristas. Aunque en algunos casos hubiesen actuado en connivencia, tal como lo demostraron numerosas evidencias que vincularon a políticos y paramilitares. Entre los mas de cien procesos abiertos por parapolítica hay tres tipos de alianzas entre paramilitares y políticos: paramilitares que buscaron a políticos tradicionales de su región para construir un proyecto político conjunto, políticos que buscaron a paramilitares para obtener respaldo en época electoral, y acuerdos en los que los paramilitares garantizaban votos a cambio de porciones del presupuesto municipal y departamental.³²

5. Acuerdo de Paz, Postconflicto y memoria en la actualidad

Con estos antecedentes entramos en el análisis de la memoria en el Acuerdo de Paz de 2016, firmado por el Presidente Santos, y en su proceso de implementación iniciado por dicho presidente. Este será el primer acuerdo que incluya la necesidad formal de generar un relato que, a pesar de ser incompleto, como ya se señaló, sirva de garantía de no repetición o por lo menos de ruptura histórica.

El proceso que llevó a la firma del Acuerdo de Paz definitivo a lo largo de sus cuatro años de negociación, fue en buena parte un proceso de reflexión conjunta sobre la guerra. La mesa de negociaciones hizo un ejercicio de memoria rescatando conceptos y, de hecho, formuló una lectura de las causas objetivas de la confrontación. Como discurso hegemónico está reflejado en el texto del Acuerdo y determina su estructura y configura un plan de acción.

Cabe mencionar tres características esenciales que definen el abordaje de la memoria: en primer lugar, el reconocimiento del carácter rural de la confrontación y de la necesidad de abordar esta parte del país como paso necesario para la consolidación de la paz. En segundo lugar, el reconocimiento de las víctimas, la verdad y la reparación como centro del Acuerdo. En tercer lugar, el establecimiento de mecanismos para conseguir los objetivos de acuerdo, incluyendo los ya señalados. Así en el proceso de postconflicto entró en funcionamiento el instrumento que permitiría articular el proceso de memoria y la búsqueda de la construcción del relato hegemónico, que permita dar cierre a este periodo histórico.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) cuenta con varios instrumentos para cumplir dicha tarea. Entre los instrumentos destacan la Justicia Especial para la Paz (JEP) que es el sistema de justicia transicional y por supuesto la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).

El objetivo de la CEV compuesta por once comisionados es ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, para un entendimiento compartido en la sociedad de lo ocurrido en Colombia durante el conflicto armado³³. Concretamente según reza la misión de la Comisión:

[…] busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera³⁴.

La CEV cuenta con tres ejes de acción, a saber: participación, comunicación, pedagogía y gestión del conocimiento, es decir, con una estructura dedicada a la construcción del relato de la memoria, con una perspectiva de participación de diferentes actores bastante alta.

El clima político actual en Colombia ha favorecido la polarización y el ataque al Acuerdo desde las instituciones políticas, como el Congreso e incluso desde el Gobierno del Presidente Iván Duque (1998-2021). La necesaria unidad social en torno al reconocimiento y reparación de las víctimas está resquebrajada, hace falta una gran voluntad y pedagogía para crear favorabilidad ciudadana amplia. Por ello, una de las recomendaciones que se ha hecho a la CEV es la importancia de concentrarse en generar una movilización nacional en torno a la dignificación de las víctimas y sus verdades, y facilitar espacios seguros y simbólicos para el encuentro, la escucha, y la comprensión de lo sucedido³⁵.

Tal como señala uno de los analistas de la Fundación Ideas para la Paz³⁶, la Comisión de la Verdad ha iniciado sus labores en el contexto de un país fracturado en el que los ciudadanos no creen en las instituciones y se ha generalizado la idea de que el Estado es incapaz de impartir justicia y de defender el interés público por encima del beneficio particular. Por tanto, la tarea de la CEV debe tener un especial empeño en conseguir legitimidad y construir puentes de entendimiento con sectores que la identifican como el vehículo de una «verdad sesgada en su contra». Siguiendo con este análisis, en cierto modo, la tarea de la Comisión consiste en «retar» las versiones sobre el conflicto, y eso incluye las versiones del Estado, de los actores armados y de las propias víctimas.

Si la Comisión optara por favorecer alguno de esos relatos por encima del otro perderá la posibilidad de comprender las lógicas del conflicto como el resultado de un largo y complejo proceso social, económico y político, y dar paso a respuestas sobre los culpables y su responsabilidad³⁷. Es decir, la creación de una necesaria memoria hegemónica con un relato del pasado más o menos consensuado, requiere un ejercicio crítico y de debate entre las versiones enfrentadas a las que sea posible llegar.

Si bien, es necesario que la CEV atienda a la mayor amplitud de víctimas el relato que produzca tal como se señaló al inicio de este documento tiene que estar abierto a considerar que no todas las versiones están presentes, que algunas se convertirán en víctimas como consecuencia del propio relato y que las generaciones posteriores podrán revisarlo.

Conclusiones

Este artículo parte de la consideración de la construcción de los ejercicios de memoria como un proceso que, aunque produzca un resultado, es necesariamente es incompleto y en cierta forma no puede darse por cerrado. Es incompleto, aunque haya sido producido dentro de un proceso de dialogo amplio porque se ha de reconocer la imposibilidad de incluir todos los sentires y lecturas de todas las víctimas, y en especial de aquellas que se constituirán como tales al erigir un discurso de memoria hegemónico. Esta certeza se sostiene en el reconocimiento de la construcción de los relatos como procesos formales, que tratan de dar coherencia y consistencia a la multidimensionalidad y amplia vivencia de la historia por parte de diversos actores, colectivos e individuales. Asimismo, se reconoce en cierta forma la capacidad performativa del lenguaje, que en su forma hegemónica además es el encargado de la generación de respuestas desde la política pública.

En este caso interesan los procesos de construcción de memoria como ejercicios institucionales, aunque no cerrados. Esto es, los procesos liderados por instituciones como la Comisión de la Verdad. Estos procesos sociales incluyen, por lo general, a los actores de un «campo» en la acepción configurada por Bordieu, es decir a un conjunto de actores que comparten una construcción simbólica, unas prácticas y un lenguaje común alrededor de un tema sobre el cual establecen una pugna. Es decir, actores diversos envueltos en un proceso, en este caso, de lucha por la configuración del discurso, de una lectura particular de la historia y por el reconocimiento de su propio papel en una condición determinada.

Este es el caso concreto de Colombia, al que se dedica la segunda mitad del artículo. La memoria se afincó en Colombia no como una experiencia del posconflicto, sino como factor explícito de denuncia y afirmación de diferencias. Es una respuesta militante a la cotidianidad de la guerra y al silencio que se quiso imponer sobre muchas víctimas³⁸. Esto ocurrió no solo por las características propias del proceso de victimización sino, especialmente por la ausencia de reconocimiento de las víctimas y la falta de un interés institucional por el desarrollo de relatos inclusivos de memoria.

En este artículo se ha analizado brevemente la ausencia de un relato partiendo de la paradójica falta de una denominación de los procesos de violencia política generalizada que ha vivido el país. Así, la violencia interpartidista de los años cincuenta se conoce simplemente como «La Violencia», y los múltiples procesos de violencia política, y criminal interrelacionados que se iniciaron en los sesenta se suelen señalar como «el conflicto». Esta última denominación fue puesta en entredicho desde el propio gobierno de Álvaro Uribe, al negar oficialmente la existencia de un conflicto armado para declararlo una amenaza terrorista. Este cambio correspondía a una estrategia de generación de un proceso de «securitización» de la política pública.Siguiendo la teoría de la securitización de la Escuela de Copenhague, este proceso es realizado a través de un acto discursivo que permite la toma de medidas excepcionales por encima del debate político democrático.

La negación de la existencia de un conflicto armado no solo tenía impacto sobre la formulación de políticas de seguridad, sino, y muy especialmente en el reconocimiento de las víctimas. El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo un impacto aún más paradójico en el marco de la difícil coherencia entre negar la existencia de un conflicto y negociar con un actor armado. Un proceso en el cual el papel de las víctimas fue relegado y la obligación de búsqueda de la verdad fue un hecho marginal.

Del proceso de reconstrucción de la verdad con las Autodefensas Unidas de Colombia se obtuvieron solo aportes fragmentados sobre la intensidad de dicho conflicto y en especial sobre la participación de políticos, empresarios, empresas y sectores del ejército en el mismo. El proceso no se saldó con un relato que ponga punto y final a la historia del paramilitarismo. Incluso a pesar de que tras el Acuerdo con las AUC el discurso oficial intentara cambiar la denominación de paramilitares a Bandas Criminales (Bacrim), para marcar un punto de inflexión tras el cual un actor armado se presume desparecido, esta desaparición solo opera en el relato y no en la realidad.

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC fue un proceso diferente en el cual a pesar de no haber involucrado a otros sectores en la negociación en el seno de esta, sí que se tenía clara la necesidad de generar una narrativa explicativa de la confrontación. Los puntos del Acuerdo dan bueno cuenta de ello en cuanto empiezan por reconocer causas objetivas como el problema agrario y terminan por establecer la creación de una Comisión de la Verdad. Asimismo, la puesta en marcha del Acuerdo Definitivo se estructura alrededor de las víctimas, de la reparación y la no repetición.

A partir de la producción de informes como los elaborados en Colombia por el Grupo de Memoria Histórica (GMH), la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), y frente a la expectativa del relato que habrá de surgir del trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), se puede hablar de ejercicios oficiales de memoria³⁹. Relatos protagonistas de la memoria hegemónica.

El reto de la Comisión de la Verdad en Colombia es justamente la construcción de ese relato hegemónico que no privilegie ninguna visión particular y que incluya a la mayor parte de las víctimas, pero que a la vez permanezca abierto a las generaciones futuras.

El discurso de la memoria hegemónica producto de un proceso abierto es probablemente una de las necesidades más importante para que Colombia consiga librarse del lastre de la falta de relato de sus múltiples violencias, y establezca un verdadero punto de no retorno hacia la misma.