Protección integral: rutas posibles

Teniendo en cuenta que en la Constitución Política de Colombia de 1991 se establece que el país es un Estado Social de Derecho que se centra en la dignidad de los seres humanos que lo habitan y en la idea de prevalencia del interés reivindicatorio de la sociedad, teniendo la garantía de derechos constitucionales como eje central, es substancial tener presente el bloque de constitucionalidad que se ha generado desde la consideración de dicha Constitución; esta consagra los derechos fundamentales de los niños y niñas como la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, los derechos identitarios de nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, el cuidado y el amor.

Adicionalmente, es primordial tener en cuenta los principios de corresponsabilidad y el interés superior de los niños y las niñas consagrados en muchas de estas normativas, al igual que la exigibilidad de los derechos que implica que cualquier ciudadano tiene el deber de exigirlos. Todo esto plantea retos importantes al Estado, las familias y la sociedad en términos de asegurar la garantía de los derechos para los niños, niñas y los adolescentes, especialmente por la situación que ellos y ellas tienen en el país. Específicamente para el departamento de Antioquia

[...] del total de delitos contra la libertad y la integridad sexual en Antioquia el 24.94% se registraron en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en el rango de edad de 0 a 28 años, el 83.28% de estas víctimas correspondieron a mujeres; de ellas 10 tenían entre 0 y 5 años, 23 víctimas mujeres se encontraban en la edad entre 6 y 11 años, 57 niñas y adolescentes entre 12 y 17 años y 458 mujeres jóvenes entre 18 y 28 años. (^{Gobernación de Antioquia, 2016, p. 25}).

Por otra parte, y de manera particular, la Ley de Infancia y Adolescencia es el referente planteado por los actores en el territorio: "¿Normas? La ley de infancia y adolescencia, ese es como el mayor referente" (Profesional 1, Unidad de Niñez); no tienen menciones específicas a otras normas. Esta ley en sus distintos apartados tanto establece medidas específicas para la garantía y el restablecimiento de derechos, como instituye "el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños, las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos" (^{Cinde y Alcaldía de Medellín, 2015}, p. 16).

Realizando un análisis general de estas normativas en relación con la situación y las afectaciones de los niños y niñas, es importante precisar que en el país existe un marco normativo centrado en la Constitución Política y en la Ley 1098 del 2006, que busca orientar a los distintos entes territoriales en la salvaguarda de los derechos de ellos y ellas. Sin embargo, dicho marco normativo no se ha traducido desafortunadamente en una protección real y efectiva que evite las vulneraciones, sancione oportunamente a quienes las cometen, y genere acciones de promoción y protección eficaces.

Aunque en materia legislativa hay avances importantes, también hay procesos muy complejos que impiden la materialización de estas leyes, especialmente porque

Colombia ha tenido una larga lucha de resistencia tanto armada como civil que permanentemente es golpeada de forma violenta por los sectores que defienden el status quo. La resistencia armada ha demostrado que no es una alternativa contemporánea a los problemas del país y que en cambio ha acrecentado el clima de barbarie, pues los actores antagónicos han respondido con todas las herramientas de barbarie que han tenido a su disposición, con apoyo también de fuerzas oscuras internas y externas. Paramilitares, falsos positivos, masacres, exterminio del contradictor son las maneras como se da "solución" a la disidencia. Es la lógica de la aniquilación. (^{Alvarado et al., 2012}, p. 30).

Esta lógica ha tenido en niños, niñas y sus familias, en la población civil, sus principales objetivos, siendo ellos y ellas, según el ^{Grupo Memoria Histórica (2013, p. 25)}, las mayores víctimas:

Hurgando en la memoria del conflicto armado, las víctimas también mencionaron las múltiples violencias. Por eso al reflexionar sobre la guerra también se habló de inequidad, discriminación, racismo y sexismo. Si bien la violencia ha afectado a toda la sociedad, se ha ensañado de manera más cruenta con los excluidos y los vulnerados. Nadie ha estado exento de la guerra, es verdad, pero los informes y los datos que registran las violaciones a los Derechos Humanos constatan que la guerra no ha afectado a todos por igual. La guerra recae especialmente sobre las poblaciones empobrecidas, sobre los pueblos afrocolombianos e indígenas, se ensaña contra los opositores y disidentes, y afecta de manera particular a las mujeres, a los niños y niñas.

Son estas poblaciones las que en muchos casos no encuentran en las normativas ni en el accionar institucionales procesos diferenciados según sus necesidades, por tanto es primordial no solo el conocimiento de las normas por parte de los distintos agentes del Estado, sino que estas también sean materializadas en el territorio desde el conocimiento de este y con enfoques mucho más integradores que reconozcan tanto las singularidades de los sujetos que allí habitan, como las múltiples violencias, especialmente las del conflicto armado, que han tenido que vivir y la necesidad de que la materialización normativa acontezca. Como lo planteaba una de las profesionales del icbf, "desde el conocimiento del territorio, porque Medellín es distinta en cada una de sus comunas y no podría pensarse que las cosas son iguales para la 8 que para la 5".

Esto no significa la creación de nuevas leyes, decretos, etc., sino la materialización efectiva de los existentes, su divulgación en sus principios y formas operativas, y, sobre todo, el establecimiento al interior de los organismos del Estado y de la sociedad en su conjunto de un verdadero interés por el bienestar de los niños, niñas y los adolescentes que supere las discursividades evidentes en los marcos normativos y se establezca como una intencionalidad social y política. Esto sería lo que efectivamente comenzaría a concretar territorialmente acciones específicas del Estado que permitan agenciamientos políticos para la paz.

Igualmente, es fundamental que se pueda generar una perspectiva de sujeto situado en torno a los niños, sus derechos y protección, ya que precisamente las particularidades no son solo territoriales, sino que esto también aparece como lo plantea el enfoque de la intersecccionalidad (^{Crenshaw, 1995}) desde el género, los procesos de racialización o generación y de capacidades diferenciadas, asuntos que en muchos casos se quedan como letra muerta de las políticas públicas o de las leyes, pero que deben ser apropiados por los funcionarios y agentes del Estado para que puedan ser efectivos en la cotidianidad de la atención. Los necesarios procesos pedagógicos, de discusión y reflexión en torno a estos principios y enfoques permitirían, además, propiciar procesos de articulación en torno a los actores, ya que "Todos pensamos la protección de manera distinta y así actuamos" (Profesional 2, Unidad de Niñez).

Esto no implica en ninguna medida una homologación categorial o que sea exclusivamente el ámbito normativo el que defina este proceso, ya que la norma no contempla todos los aspectos de la realidad, pero sí es necesario que la construcción y la reflexión pedagógica parta de la norma y pueda ir más allá de ella, permitiendo que los distintos actores, especialmente quienes se encuentran al interior de los organismos del Estado, puedan tener un ámbito mayor de posicionamiento común frente a su quehacer institucional y generen acciones cada vez más eficaces en torno a la garantía de los derechos de los niños y niñas.

El conocimiento y la aplicación de las normas existentes tanto por los agentes del Estado como por la misma comunidad y las familias siguen siendo un desafío que no ha podido aún desarrollarse de manera inmediata y adecuada, ya que como lo expresa una comisaria de familia:

Yo, por ejemplo, con este caso último, tan sonado del señor Uribe Noguera y de la niña Yuliana Zamboní, me parece que es una cosa absolutamente mediática y absurda, todo ese tiempo, pidiendo más pena, cadena perpetúa. Y entonces, ya a la niña no la protegimos, a ella ya no la protegimos. Y a los otros no los vamos a proteger, dándoles cadena perpetua a estos agresores, tampoco pena de muerte, ¿Cierto? Porque como te digo, es que la pena no convence al agresor y eso ya está visto en países donde existe la pena de muerte, como Estados Unidos; y hay un gran número de sociópatas y psicópatas, que siguen haciendo presiones y agresiones a niños, niñas y adolescentes. (Profesional Comisaria de Familia, 2016).

Por lo tanto, y según el análisis de la normatividad existente en clave contextual, se evidencia que el problema no es ausencia de marcos normativos %sin excluir los vacíos que pueda tener la normal sino el desconocimiento o no cumplimiento de estos tanto por los distintos representantes del Estado como por las otras instancias sociales. Retomando el caso mencionado en esta narrativa, que desafortunadamente es uno más de las múltiples vulneraciones que le acontecen a las niñas en el país, se da cuenta de la necesidad de afianzar la perspectiva de género y por fin

[...] hacerle frente a lo que se considera una aceptación social generalizada de la violencia contra niñas y mujeres, y aumentar la efectividad del sistema judicial para luchar contra la vbg, al Sistema Nacional de Bienestar Familiar debe seguir apoyando estrategias para el mejoramiento de los conocimiento y habilidades de funcionarios públicos vinculados a la prevención, la protección y el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de violencia (teniendo en cuenta la edad, la orientación e identidad sexual, la etnicidad y la discapacidad). No obstante, esto no será posible sin la respectiva transformación en los conocimientos, actitudes y prácticas de las comunidades y las propias familias contra la violencia que se ejerce sobre niños, niñas y adolescentes en especial hacia las niñas, así como con la transformación de los estereotipos de género que todavía minan el reconocimiento de las niñas y mujeres como portadores de derechos. (^{Faúndez, Otter, Weinstein, Severo, Peyrín, s.f., p. 19}).

En esa medida, lo relacionado con la garantía de derechos, pero sobre todo las acciones de cumplimiento de la norma en los territorios, deben tener perspectivas y enfoques diferenciados que reconozcan las singularidades de los niños y niñas, las distintas formas de vivir la infancia, dejando atrás el niño homogenizado y centrándose "en una transformación radical del mundo adultocéntrico y del gobierno de la infancia. Exige nuevos modos de percibir e interactuar con los niños y niñas. Requiere además reconocer no solo sus debilidades, sino especialmente sus potencialidades" (^{Amador-Baquiro, 2014}, p. 20). Estos asuntos no pueden ser desconocidos desde las vertientes normativas, pero, sobre todo, desde el contacto cotidiano con los niños y niñas, lo que implica además el establecimiento de acciones pedagógicas que forjen la transformación efectiva de los imaginarios existentes en las familias, que se perpetúan gene-racionalmente y que llevan a la negación peyorativa de la diferencia, siendo entonces las niñas, los niños y las mujeres los principales sujetos sobre los que se ensañan las vulneraciones y las violencias en el país.

Adicionalmente, y como lo plantea una de las profesionales ampliando lo explicitado en la normatividad,

Este sistema no implica cuando el niño necesita medidas de protección, sino que implica las acciones previas a esto, casi que este sistema inicia desde Buen Comienzo y termina mucho más allá, en los análisis que se han hecho con Oficina de la Juventud. (Profesional 1, Unidad de Niñez).

Lo anterior da cuenta de la necesidad de considerar la protección integral más allá de la garantía o la restitución de derechos y enfocar también la mirada en las acciones de prevención, de fomento de las capacidades de los niños y niñas, y entender que "La necesidad de construir interacciones alternativas, trasciende los límites de una persona o de una familia, siendo relevante la vida comunitaria en la cual se encuentran las personas y las familias" (^{Ospina-Alvarado, Alvarado y Ospina, 2013}, p. 48). Se le da importancia central al tejido comunitario y social que puede y debe armarse frente a los procesos de garantía y restitución de derechos de niños y niñas. Igualmente, es substancial transformar las visiones adulto-céntricas respecto a los niños y las niñas las cuales les sitúan exclusivamente desde la indefensión, ya que, como lo plantea ^{Marre (2013}), p. 19,

Esto es particularmente importante porque, aunque consideramos a niños y niñas como personas con capacidad de agencia, ellos/as están al mismo tiempo entre las personas más vulnerables de la sociedad y, por tanto, con particulares necesidades de cuidado. Por un lado, los niños y niñas, como las personas adultas, no están libres de condicionamientos estructurales y coyunturales y, por otro, están también sometidos a las decisiones /algunas veces erráticas³/ de las personas adultas ³/4y de los Estados³/ en relación con su cuidado o su tratamiento.

Lo anterior debe considerarse fundamental en las sociedades a la hora de propiciar escenarios de comprensión de sus necesidades, pero ante todo de participación concreta y cotidiana de ellos y ellas en las distintas instancias que les conciernen, en diálogo permanente con las otras personas con quienes son parte del mundo. Como lo proponen ^{Arroyo Ortega, Vásquez Aristizábal, Mejía Gaviria y Zuluaga Aristizábal (2017)}, p. 61,

En ese orden de ideas, es importante generar reflexiones en torno a la representación y visibilización de los niños y niñas, como aparecen o no sus voces en las políticas, quiénes hablan por ellos y ellas, y en qué consiste la participación de los niños en los procesos desde la esfera pública y las formas democráticas. También como se involucra a la comunidad y a los mismos padres y madres, determinar si tiene relación directa con el desarrollo de ejercicios reales de participación que no desvinculen a los actores sociales de estos procesos o se les suma en una política del silencio desde marcos lingüísticos excesivamente técnicos, confiriéndoles una participación nominal.

Teniendo presente que los distintos locus de enunciación vinculados a los niños y las niñas tienen relación directa con las formas particulares de concebirlos y las formas específicas en que transitan las relaciones de poder que se establecen con ellos y ellas, se estructura específicamente como devenir la necesidad de interpelar las formas tradicionales en que se ha materializado la protección como mecanismo colonial de producción de la diferencia y el sujeto niño que la encarna, para situarse en perspectivas más amplias no solo de protección de sus derechos, sino de reconocimiento de su agencia y sus posibilidades como sujetos políticos que pueden participar e incidir en la construcción del mundo común.

Niños, niñas y familias: opacidades y posibilidades desde la protección y la paz

Desafortunadamente el nivel de vulneraciones existentes en el país hacia los niños y niñas va en aumento, ya que

En Colombia se presenta un sistema de violencia caracterizado por las manifestaciones más extremas de barbarie. Se trata de múltiples violencias directas en donde sus responsables son más fácilmente identificables por parte de la opinión pública. Estos actores de la violencia son gobernantes, empresarios, terratenientes, integrantes de las fuerzas armadas, paramilita-res y guerrilleros. Todos ellos a su manera ejercen actos que afectan negativamente la vida de los ciudadanos. A esta violencia directa se suma la estructural, que es provocada por los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales en los cuales se apoya nuestra institucionalidad. (^{Alvarado et al., 2012}, p. 30).

A lo anterior sin duda habrá que anexarle las propias y nefastas violencias ocurridas al seno de la familia, que no son menores y reflejan las miradas que sobre la infancia se siguen teniendo en los distintos escenarios sociales, familiares e institucionales frente a los niños y niñas. Por lo tanto,

Es fundamental reconocerlos como seres históricos contextualizados, que en sus acciones y discursos evidencian no sólo las normas, pautas de comportamiento, valores y costumbres de la comunidad en la que viven, sino que además en ellas dan cuenta de la apropiación y significación que han logrado de ellas, es decir, hay que asumirlos como seres que crean la sociedad en la que viven. (^{Alvarado et al., 2012}, pp. 256-257).

Así, se debe dar cuenta de la infancia como un acontecimiento enmarcado en un entramado de tensiones que la constituyen, desde enunciados y prácticas performativas que afectan la vida de los niños y las niñas. Esto es sumamente significativo porque, según una de las profesionales,

[...] un sistema de protección es aquel que permite garantizar los derechos de los niños y fortalecer sus capacidades, no vería la protección solo desde la vulneración sino desde un sistema integral que permite potencializar sus capacidades como ser y cuando ya hay un derecho vulnerado obviamente restablecer ese derecho, pero debería acoger todo, desde la prevención hasta restablecer el derecho y los procesos deberían caminar articulado. (Profesional 2, Unidad de Niñez).

Esto interroga de manera directa la manera en que la institucionalidad pública y privada ha venido construyendo sus agendas alrededor de la garantía de los derechos de los niños y las niñas, las formas en que se sigue viendo la protección y a ellos y ellas, dado que en muchos casos el fortalecimiento de sus capacidades y la construcción de procesos de prevención no se materializan de manera integral. Por lo tanto, el trabajo con los niños es fundamental no solo en los momentos en que ocurren escenarios de vulneración, dado que

[...] esta creación de nuevos sentidos acerca de sí mismos y del mundo, se logra por la capacidad de autoproduc-ción de los niños y las niñas frente a los contextos conflictivos de la vida cotidiana, cuando son fortalecidas sus capacidades, reconocidas sus titularidades y construidas las oportunidades para que ellos y ellas puedan desplegar sus potenciales para construir nuevas realidades y posibilidades para la vida en común, y esto sólo es posible en el marco de procesos de acción colectiva, en los que niños y niñas se reconozcan como protagonistas de su propia historia, capaces de pensar e interactuar con otros y otras para construir colectivamente nuevas maneras de pensar, de sentir y de ser. Esta actuación deviene política, justamente cuando el lugar de la capacidad propia, es decir, del ser-capaz-de, se instala en el mismo nivel del ser-capaz-con. (^{Alvarado, Ospina-Alvarado y Sánchez León, 2015}, p. 114).

Llegar a esto es parte fundamental del establecimiento de un sistema de protección pensado no desde las respuestas a las vulneraciones, asunto sin duda necesario al igual que el restablecimiento y la garantía de derechos, sino que es indispensable ampliar la mirada en torno a las posibilidades y potencias de los mismos niños, viéndoles más que desde una perspectiva de derechos, como sujetos políticos con capacidad de agencia, con los que en diálogo intergeneracional se pueden y deben generar acciones colectivas. La protección integral y la construcción de paz no puede seguir siendo vista y asumida por las agencias estatales desde una perspectiva adultoceéntrica que deja por fuera a los principales actores de esta: los niños, las niñas y los adolescentes, y sus capacidades.

En esa medida la familia aparece como el gran ausente en torno a la protección, como lo menciona una de las profesionales: "también estábamos dejando de lado el trabajo con la familia, este es otro elemento que es la familia en Medellín, esas articulaciones han estado débiles, intentos ha habido" (Profesional 1, Unidad de Niñez). No han sido suficientes las búsquedas de vinculación de las familias a los procesos de la institucionalidad, dados los avatares de la traducción que deben generarse para construir comprensiones mutuas que permitan la corresponsabilidad alrededor de los derechos y las capacidades de las niñas y los niños, más allá de los relatos hegemónicos.

Sigue siendo entonces la familia un actor principal con el que deben realizarse acciones concretas y diversas, dado que el trabajo frente al tema de la protección no puede pensarse desde los actores institucionales exclusivamente, por lo que

Se propone el reto político y pedagógico de generar nuevas políticas de trabajo con las familias que estén intencionalmente concebidas para hacerlas parte de los procesos educativos y de socialización política en contextos de violencia generados por el conflicto armado, a partir de su potencial para el cambio. Para ello, es necesario implementar programas y proyectos que desplieguen estrategias y acciones encaminadas a fortalecer las capacidades propias de las familias y a desarrollar con ellas otros potenciales, que desde lo afectivo, lo comunicativo, lo social, lo cultural, lo político y lo estético les permitan construir nuevas formas de relación y otros estilos de vida alternativos. (^{Ospina-Alvarado et al, 2013}, p. 56).

Este reto tiene sentido porque las familias, en su diversidad y singularidad, se constituyen como, en el primer escenario, garante de derechos, de posibilidad de protección o de hechos de vulneración, siendo interesante además tanto las resonancias y ampliaciones políticas, como los usos per-formativos que estas articulaciones de lo institucional con las familias pueden agenciar, dado que

Si tenemos familias fortalecidas que permitan que el niño tenga un ambiente sano, con la satisfacción de todas sus necesidades, no solo las de alimentación sino también las afectivas, no tendría por qué darse el otro peregrinaje hacia situaciones donde el sistema de protección contempla el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, tendría que brindarse acciones desde buen comienzo, pasando por todas las instancias que tienen que ver con esto (Profesional 1, Unidad de Niñez, 2016).

Más que la intervención del Estado, lo que se necesita es la educación de la familia y la sociedad. (Profesional Comisaria de Familia, 2016).

Por lo tanto, es fundamental vincular en los procesos de protección y construcción de sujetos políticos no solo a la familia, sino a todos los actores e instituciones que agencian acciones de promoción y prevención, enfatizando en los ambientes familiares, comunitarios y educativos como esos vectores centrales de la socialización de los niños y las niñas y principales agentes de protección y cuidado social que deben ser fortalecidos para que no sean vulneradores. Igualmente, pensar la protección más allá del restablecimiento de derechos es central porque

La intervención tiene que ser más a lo preventivo, porque ya cuando la situación está muy desbordada, ¿qué hacemos?: sacar al niño del entorno familiar y llevarlo a una institución. ¿Eso qué significa para un niño?: perder el entorno de amigos, de escolaridad; el entorno de familia, el concepto que él tiene de familia. Y no sé puede dejar ahí, porque la familia es la que lo está maltratando o abusando; o, la que le está vulnerando los derechos. Entonces permanecemos con un niño 6 meses, a veces un año o hasta más; permanecemos con el niño institucionalizado. El niño termina pagando como una pena, cuando realmente fue vulnerado. La medida de institucionalización es la medida más perversa que hay. [...] Deberíamos propender más por familias estables, por familias garantistas, por familias armónicas, que por intervención estatal en institucionalización. (Profesional Comisaria de Familia, 2016).

Pensar el campo de relaciones entre la sociedad, las familias y la escuela es sustancial en aras de establecer comunidades de protección mutua, incluyendo además a los mismos niños, niñas y jóvenes como actores garantes de sus propios derechos, no dejando estos exclusivamente en los adultos. Además, se debe propiciar que los distintos miembros de la familia puedan entenderse como una red de relaciones de cuidado mutuo y construcción de paz, e involucrando a las instituciones educativas y a la comunidad en estas prácticas, pensando el cuidado como un asunto de todos y para todos desde la dignidad humana. Es indispensable que esta configuración de un ethos del cuidado de sí y de los otros no se esencialice como un tema exclusivamente femenino, sino que pueda ampliarse a una necesidad y posibilidad de todos, dado que

Porque por más buena que sea una institución o tener un hogar sustituto muy bueno, fue sacado de un entorno, a lo mejor de un entorno muy malo: pero era su familia, era lo que él conocía. Se lo llevan a un hogar sustituto. Allá crea otras relaciones, unas dinámicas afectivas, aprende unas cosas. Y de pronto, ah bueno, ya la familia, medio cambio, volvamos a llevar. Entonces el niño cambió; entonces lo volvemos a sacar de ese hogar sustituto, de esa institución donde estaba, donde había creado otros lazos afectivos. Lo desconectamos totalmente de ahí, porque ya no puede volver a ver a nadie. Porque dice que no puede volver a ver a los amiguitos, ni volver a ver a nadie. Lo sacamos, entonces le estamos rompiendo todos los lazos afectivos y no nos estamos ocupando del daño emocional que estamos haciendo. (Profesional Comisaria de Familia, 2016).

Las necesidades afectivas de niños y la creación de vínculos en los distintos espacios no pueden omitirse en el marco de los procesos de protección y de restablecimiento de derechos, e incluso deben ser cada vez más explicitados en los distintos ambientes familiares y escolares, por lo que

[...] es necesario formar para el reconocimiento desde la distinción en la posibilidad de amar al otro precisamente en su diferencia, pues sólo la explicitación del sentimiento de dar y recibir afecto permite establecer redes de relaciones basadas en la reciprocidad, en las cuales se reconoce el conflicto como parte constitutiva de la tensión de la vida, pero en las cuales la violencia desaparece como opción mediante la cual se elimina o se oculta al otro que piensa, actúa y siente diferente. (^{Alvarado et al., 2012}, p. 258).

Se debe tener presente que el amor como un derecho político involucra la necesidad de pensar las relaciones sociales mucho más allá de las necesidades fisiológicas o materiales y que para los seres humanos, en general, y especialmente para los niños y las niñas, el afecto, la constitución de vínculos, es central a la constitución de su subjetividad. Adicionalmente, es improbable que puedan generarse escenarios de construcción de paz sostenibles y duraderos si los niños y las niñas siguen sufriendo vulneraciones de todo tipo en el marco de sus familias o por fuera de ellas. Por tanto, es fundamental, sin desconocer la necesidad del Estado a través de sus distintas instituciones de ejercer las funciones de protección y garantía de derechos, que se desnaturalicen los procesos de institucionalización a los que son sometidos los niños y las niñas , y es necesario que puedan interrogarse el disciplinamiento de sus cuerpos y las interrupciones afectivas que operan en estos dispositivos de la institucionalidad, que desde una lógica binaria no solo no logran en diversos momentos resolver las problemáticas que viven los niños y las niñas, sino que en otros casos las exacerban.

Equivalentemente, la complejidad de las problemáticas asociadas a las vulneraciones que le ocurren a los niños y las niñas hace necesario no solo la actuación coordinada de las instituciones del Estado, sino la vinculación efectiva y afectiva de las familias en su diversidad, las instituciones educativas y la misma comunidad, sin olvidar a los mismos niños, niñas y jóvenes con sus posibilidades y capacidades, las cuales deben ser, además, fortalecidas desde procesos educativos que construyan

[...] un trabajo de ejercicio en la constitución de la propia subjetividad como un ejercicio ético de reconstruirse, de pensarse, revaluarse y ubicarse en el lugar de la crítica no solo como auto evaluación, sino como posibilidad de interrogar a la verdad y lo que me han dicho que soy, teniendo en cuenta que los discursos constituyen unas relaciones de poder y de constituir un tipo de sujeto. (^{Martínez Posada, 2012}, p. 79).

Es decir, es necesario avanzar en la construcción de un sistema de protección más articulado que involucre acciones pedagógicas y educativas dirigidas a los mismos niños y construidas con ellos en aras de que sean protectores y cuidadores de sí mismos, y puedan identificar las acciones de vulneración y las rutas de acción para la garantía de sus derechos. De esta manera se les empodera políticamente y desde los agenciamientos individuales, familiares y comunitarios se establece toda una red de cuidados y cuidadores mutuos que se protegen ante las contingencias y posibles vulneraciones, pero además pueden generarse acciones de prevención entre pares y con las mismas comunidades.

Lo anterior debe ir aunado de una movilización social que sensibilice a las familias y a la sociedad sobre las implicaciones y la responsabilidad de traer un niño al mundo, las cuales no solo están sustentadas en las condiciones materiales que requiere una nueva vida, sino en las condiciones de acogida, compañía y afecto que deben generarse hacia ellos y ellas, dado que en muchos casos las soledades y las carencias emocionales parecieran ser inherentes a la vivencia de la infancia que tienen muchos niños y niñas

[...] que están muy solos. Eso es lo que pienso que están muy solos, en sus familias; que están muy solos en el entorno que a veces es muy duro. Por ejemplo, ver niños que vienen solitos a la comisaría a pedir la ayuda de ellos. Eso me parece durísimo, cuando un niño logra entrar, porque además esta es una casa de justicia; entonces el ingreso tiene sus dificultades. Hay que registrarse, pero el vigilante viene y me dice que es un niño y le digo déjemelo pasar y ellos entran y piden la ayuda solos, eso no es muy común pero pasa, y están muy solos en el sentido de que los hemos criado para que tengan muchas dificultades. (Profesional Comisaria de Familia, 2016).

Las prácticas y los procesos relacionados con la crianza de los niños y las niñas, deben ir conexos con procesos educativos y de movilización social y comunicativa sobre salud sexual y reproductiva, ya que la forma primordial de garantizar los derechos de los niños y las niñas, inicia con la concepción de ellos y que todos y todas puedan ser traídos al mundo tanto desde el deseo, como desde procesos de planificación familiar reflexionados y conscientes. Pensar la protección de los niños y las niñas, sin interpelar los modos y razones en que estos son traídos al mundo y la significancia social que tienen o no en este es seguir pensando exclusivamente en las consecuencias frente a la ausencia de una protección integral, pero sin interrogar las causas de esta:

Es que necesitamos reeducar esta sociedad, absolutamente, desde el fondo y a todos. Es decir, reeducarnos, en todas esas concepciones misóginas, machistas, en que el niño y la niña, el adolescente no vale nada, porque como si no valiéramos hasta que no fuéramos productivos o adultos. Los niños y las niñas no son productivos, no representan dinero. (Profesional Comisaria de Familia, 2016).

Precisamente las representaciones machistas, misóginas y desvalorizantes de la infancia existentes en la sociedad deben ser interpeladas y transformadas para poder agenciar realmente acciones de cuidado y protección que puedan dar la relevancia social a los niños y las niñas, no solo desde una discursividad normativamente correcta, sino desde acciones concretas que impidan las vulneraciones hacia ellos y ellas. Ese es uno de los más importantes desafíos si como sociedad se quiere generar una paz estable y duradera, lo que "desde luego requiere tiempo y un esfuerzo sostenido, pero sobre todo la indagación constante y la conciencia de que sí es posible otras formas de aprender, educar y en general construir juntos más allá de lo que se nos ha impuesto o conocemos" (^{Arroyo Ortega, 2016}, p. 65).