Contexto histórico y sociocultural del inicio de la educación superior en Risaralda

Risaralda es uno de los 33 departamentos que conforman la nación colombiana. Posee un territorio de 3585 km² y está ubicado en la región andina, en el centro occidente del país. Fue fundado en 1966. Su capital es Pereira y, junto con otros 13 municipios que conforman el departamento, ha crecido poblacionalmente según muestra la tabla 1.

A lo largo de la historia, el desarrollo social, cultural y político de sus habitantes se ha sostenido económicamente en actividades como la agricultura⁵, la ganadería, la industria⁶ y -desde hace algún tiempo- el comercio. Dicho desarrollo fue liderado por las familias colonizadoras del territorio, que a su vez se apropiaron de las tierras aptas para el cultivo y la ganadería. Estas acumularon un importante capital económico que luego usaron para la creación de empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios. El capital económico también permitió acumular capital político y, por ende, el poder. Prueba de ello es que en 1936 el Concejo Municipal estaba integrado por un total de 26 personas, todos reconocidos empresarios regionales⁷ (^{Zuluaga, 2013}).

Como ha ocurrido históricamente en los espacios sociales, quienes acumulan grandes volúmenes de capital atesoran poder y se legitiman para trazar las líneas de desarrollo. De esta manera se consolidó una ciudad física, social y cultural, acorde con los criterios de la clase dirigente de la época, orientada a fomentar el progreso y las buenas costumbres. Prueba de ello fueron las intervenciones para definir qué y cómo se debería publicar en las radiodifusoras, en los medios escritos, en el control de la movilidad vehicular, en la regulación de avisos y carteles, en el diseño de las casas, entre otras (^{Acevedo et al., 2009}).

En este propósito, los discursos entusiastas de civismo y de patriotismo fueron instrumentos movilizadores para lograr la participación de la comunidad en el apoyo a las ideas de progreso colectivo. También fue importante la reproducción de estos por parte de instituciones como familia, escuela e Iglesia, hasta conformar un habitus colectivo alrededor del progreso material -industria y comercio- y espiritual -artes, cultivo de las ciencias, fomento a la educación pública y ejercicio de las profesiones-. Lo anterior concuerda con ^{Bourdieu (2002}): "existe casi siempre, en toda sociedad, una pluralidad de potencias que en virtud de su poder político o económico están en condiciones de imponer sus normas culturales" (p. 31).

No obstante, el desarrollo industrial posterior a la crisis mundial de 1930 evidenció la necesidad de obreros cualificados en nuevas tecnologías e ingenieros especializados, que hicieran frente al nuevo mundo productivo tecnologizado. En respuesta a estas necesidades, la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira (SMPP) se movilizó en el fomento a la educación y la cultura. Gestionó recursos tanto para la infraestructura de colegios como de espacios de cultura en todas sus expresiones. Se resalta el agenciamiento de la construcción de instituciones escolares, de enseñanza secundaria, formación técnica e inclusive universitaria (^{Correa, 2014}).

En ese momento, había dos grupos principales que definían el mapa social de Risaralda. En forma de oposición, había uno muy poderoso en virtud del volumen importante de capitales acumulados -reconocido como la "élite" de los dominantes- y el resto de los pobladores -o la "masa", los dominados-. El primero se enfocaba en mantener sus posiciones de poder a nivel local, a la vez que escalaba lugares en el Gobierno nacional, al utilizar como estrategia reproductiva la implantación de un discurso de civismo y patriotismo en el grupo conformado por habitantes externos a la élite. El ejercicio se facilitó gracias a las relaciones entre el grupo dominante y la institucionalidad: la Iglesia, los medios de comunicación y la escuela. Esto legitimó el estado de las cosas.

En especial, la escuela jugó un papel importante en la reproducción del discurso de civismo y con ello consiguió el apoyo irrestricto de la clase dirigente para ampliación de cobertura y mejoramiento de la infraestructura educativa, en armonía con las políticas nacionales en esta materia. Desde el Congreso se reglamentó que el 50 % de impuesto predial recolectado por los municipios fuese orientado al fomento a la educación. Con ello se fortaleció la infraestructura física de los planteles educativos y se robusteció la planta docente. Otra iniciativa importante de impulso a la educación se incluyó en la Constitución del 91, en la que se reguló que "la educación [fuese] un derecho y un servicio público con función social para el rango de edad entre 5 y 15 años como responsabilidad del Estado". (art. 67).

En ese marco de lineamientos y de estrategias tomadas desde el ámbito político nacional, Risaralda incrementó la cobertura educativa. En primaria, creció un 15 % entre 1973 y 2018; pasaron de 78 160 a 90 819 estudiantes. En secundaria, crecieron un 888 % en el mismo periodo, al pasar de 9823 a 97 020 estudiantes.

Como se mencionó, la educación superior llegaría a Risaralda a través de la SMPP, liderada en 1942 por el doctor Jorge Roa Martínez⁸, considerado en la historia de la región como el agente social que dedicó mayor capacidad de gestión para impulsar la configuración inicial de la educación superior en el departamento. En principio, apuntó a la consecución de recursos para construcción y dotación de un plantel orientado a formación agrícola y técnica; y luego, a la construcción de la UTP, que inició labores el 4 de marzo de 1961.

Según ^{Acevedo et al. (2009}), "Roa Martínez tuvo el poder de concretar muchas de las ideas que promovió, y que según Pierre Bourdieu es el rol propio del intelectual" (p. 27). Esta interpretación sobre Bourdieu puede leerse como que los intelectuales cumplen su función cuando concretan sus ideas y eso es precisamente lo que Roa logró. Fue un agente social con todas las posibilidades reales de acción y decisión, que llegó a Pereira en un momento histórico, con sus acumulados de capital cultural y político, y además con un ideario cívico y humanista que reforzó con amplio capital social al vincularse a la élite pereirana a través de una sociedad conyugal favorable, lo que le llevó a ocupar posiciones privilegiadas en la región, desde donde, por fortuna, gestionó en favor de las clases menos favorecidas, principalmente, a través del fomento de la educación superior.

Sostenido en una "fe ciega en la educación tecnológica para salvar al país de casi todos los males de la sociedad" (^{Acevedo et al., 2009}, p. 272), mediante un liderazgo político y estratégico ejecutado frente a la SMPP⁹ conocida como "Sociedad de ideas", logró, en conjunto con los demás protagonistas de la toma de decisiones de ciudad, que se expidiera la Ley 41 del 15 de diciembre de 1958, con la cual el Congreso de la República funda la UTP, como universidad pública, para "la formación de ingenieros profesionales en las distintas ramas técnicas... necesarias para el desarrollo del país", con garantía del presupuesto para su funcionamiento y operación.

Obsérvese que se priorizó el orden jurídico y presupuestal frente a la planeación académica. Así, Roa, después de la aprobación para el funcionamiento de la UTP, se dedicó a buscar información estadística sobre qué programas académicos se ofrecerían. Se registró su gestión ante instituciones públicas y privadas -ministerios, Dirección Nacional de Estadística, Asociación Nacional de Industrias, agremiaciones y demás- en busca de datos tanto de egresados de universidades del país como del exterior que estuviesen trabajando en fábricas. Este hecho evidencia el intento de Roa de planificar la oferta académica de acuerdo con necesidades de la región. Sin embargo, no consiguió la información deseada, ya que no había censos en el país que recogiesen ese tipo de datos (^{Acevedo et al., 2009}).

Esta anotación histórica es una evidencia de que el otorgamiento de licencias de funcionamiento a IES y el crecimiento de estas no obedecieron a planes estructurados de desarrollo de una educación superior de alta calidad, lo que de alguna manera ya había señalado ^{Rama (1970}). Si bien el gobierno de Rojas Pinilla creó el Fondo Universitario Nacional (FUN) para: "proveer el desarrollo de las universidades colombianas" (Decreto 3686, 1954, art.1), al parecer las actividades de la entidad en esta materia no fueron suficientes. Por tal razón, el 22 de junio de 1958 se fundó la Asociación Colombiana de Universidades. El trabajo conjunto para formular y controlar las políticas universitarias se divide nuevamente y el FUN deviene en el ICFES. Estas intenciones burocráticas para administrar la educación superior al parecer no han logrado su propósito, quizás porque "la expansión universitaria no se había constituido como el resultado de un plan" (Rama, 1970, p. 50).

Contexto económico y laboral de la educación superior en Risaralda

Este apartado tiene como finalidad mostrar el panorama laboral del departamento, de la región y del país, al cual se enfrentaban las primeras cohortes de profesionales egresados de la UTP. Se calcularon las cifras de desempleo nacional y regional con estos datos. Los resultados fueron 9,42 % y 10,17 %, respectivamente.

Sin duda, en ese momento la apuesta por la educación tecnológica había permeado toda Latinoamérica. Se le consideraba una manera de salir del atraso económico de los países del continente. La tendencia desarrollista de los años 60, que viene desde los años 40, tras la idea de la Cepal de implementar el modelo de ISI, implicó la necesidad de formar mano de obra cualificada para impulsar el desarrollo, a través de la producción industrial propia de insumos y de bienes de capital ajustados a los requerimientos del país. Esto orientó el esfuerzo a la formación de un profesional de alta escuela en ingenierías (^{Acevedo et al., 2009}).

En ese contexto, se iniciaron labores académicas en marzo de 1961 con 15 nuevos estudiantes universitarios, cifra que llegó a 65 matriculados en el primer año, 195 -en 1962-, 266 - en 1963- y 374 -en 1964-, valga decir, sin el requerimiento de un examen de admisión académico (^{Acevedo et al., 2009}, p. 279). Además, de acuerdo con el registro histórico, desde el punto de vista económico, fueron estudiantes provenientes en su mayoría de estratos bajos. Según la clasificación revelada por la Secretaría Académica de la UTP (2011), el 72 % de ellos tenía recursos "escasos"; el 22 %, "medios"; y el 6 %, "abundantes". Lo anterior coincide con el propósito de Roa, en cuanto a lograr una IES abierta a las "clases populares".

Es importante anotar que, mientras se abría la primera IES en Pereira, la ciudad ya no era la aldea de comienzos del siglo XX. Había alcanzado un crecimiento notorio en todos sus ámbitos, como se ve a continuación:

Comercial, existían 2100 negocios de comercio¹⁰, once casas bancarias, cámara de comercio; industrial, un inventario de fábricas de producción de insumos, entre las que se contaban: una de cerveza, cuatro de gaseosas, diez de jabón y velas, dos de muebles metálicos, una de betún, tres de textiles, quince de café molido, una de medias, dos de vestidos para hombres, una de paños, una de confites y galletas; una de vidrios, una de papeles y algodón, metalmecánicas y de transformadores; una de ron; cultural, seis teatros o salas de cine, cuatro emisoras, dos diarios, seis semanarios, dos revistas; educación: tres escuelas de comercio, diecinueve escuelas urbanas y treinta rurales, ocho colegios de bachillerato para hombres y siete para señoritas; infraestructura: cinco parques, tranvía eléctrico, planta de luz eléctrica, red de acueducto y alcantarillado, planta telefónica (primera en Suramérica), plaza de ferias, plaza de mercado cubierta; salud: dos hospitales, dos clínicas oficiales y tres particulares; económico: pasó de un presupuesto de $15 000 (1913) a $16 500 000 (1955). Movilidad: 3110 vehículos, 101 motocicletas, 3260 bicicletas. (^{Acevedo et al., 2009}, p. 243).

El crecimiento y el desarrollo alcanzados por la ciudad se originaron en los esfuerzos propios de sus habitantes y muy poco debió agradecer a los apoyos del gobierno de Caldas, razón por la cual la dirigencia pereirana se enfocó en la búsqueda de independencia y autonomía presupuestal. Lo logró mediante la Ley 70 de 1966 del Congreso de la República, vigente desde el 1 de febrero de 1967, en la que se declaró a Pereira y a los otros 13 municipios como el nuevo departamento de Risaralda, con un total de 483 461 habitantes y un presupuesto de $66 982 005 (Asamblea Departamental de Risaralda, 1968, Ordenanza 1).

De manera paralela a la creación del nuevo departamento de Risaralda, se graduaron los primeros estudiantes de la UTP, que entre 1966 y 1975 fueron en total 1308, el 95 % de ellos como ingenieros y tecnólogos.

Los primeros graduados encontraron un entorno laboral regional cuyos indicadores económicos en términos de desempleo estaban por encima del indicador nacional. Así mismo, la tasa de ocupación estaba por debajo (tabla 2).

En 1973 se llevó a cabo el XIV Censo Nacional de Población y III de Vivienda en Colombia (DANE, 1973). Las cifras revelaron que el país ascendió a 22 862 118 habitantes, con una PEA¹¹ de 6 239 984, es decir, el equivalente al 27 % del total, distribuida por nivel educativo como se muestra en la tabla 3. Además, el grueso de la fuerza laboral se encontraba en los primeros niveles de escolaridad: el 59.7 % con primaria, un 16 % con bachillerato y solo 2.7 % con educación superior.

Estas cifras fueron motivo de preocupación para los entes gubernamentales, particularmente por el enfoque economicista con el que se concibió la educación y que, de alguna manera, se consignó en el Boletín mensual de estadística (1977): "el nivel educacional de la PEA tiene una función primordial en el desarrollo económico del país ya que la mayor o menor productividad de los factores de producción está asociada al nivel de capacitación de los recursos humanos" (p. 10).

La representación de la educación superior dentro de la fuerza de trabajo en 1973, a nivel nacional y regional, significó una oportunidad para los nuevos profesionales egresados de la UTP, en el marco de los avances de desarrollo tecnológico e industrial.

Dentro de la fuerza de trabajo, el grupo de los ocupados se distribuyó por posiciones ocupacionales según las ramas de actividad económica a las que podrían aspirar. En 1973, había un importante número de actividades de la economía sin especificar, así como trabajadores que no podían ser clasificados en ellas. Por lo anterior, y sin perder de vista los datos arrojados por el censo de 1973, se utilizaron los datos de la Encuesta de hogares de 1977, cuyo tamaño de muestra incluyó 2 144 198 habitantes, clasificados como ocupados dentro de la PEA. El dato fue acopiado por el DANE para las cuatro capitales más grandes del país y la distribución se puede ver en la tabla 4. Allí, los sectores de actividad económica con mayor número de trabajadores contratados fue servicios comunales sociales y personales¹² -30,41 %-, seguido de la industria manufacturera -25,72 %- y luego el comercio, restaurantes y hoteles -20,54 %-.

Por otra parte, en términos de la distribución de trabajadores según posición ocupacional, se observa que el 64,3 % son los empleados y obreros -estos últimos se consideran como personal manual asalariado, conocidos también como operarios-. El segundo grupo de ocupación con mayor contratación es el de trabajador por cuenta propia¹³ -21 %-.

Al profundizar en la composición de la contratación laboral en Colombia en 1977, según categorías ocupacionales, se observa en la tabla 5 que el grupo referente a profesionales y técnicos solo representa el 9,8 % del total. Precisamente, esa categoría laboral es la de mayor interés para los profesionales recién graduados de la UTP. En contraste, las categorías trabajadores y operarios no agrícolas y trabajadores de los servicios¹⁴ pesan 35,2 % y 20,1 % respectivamente y no requerirían un número importante de empleados con altos niveles de escolaridad, como son los profesionales egresados de la UTP, que, en caso de ser contratados, tampoco recibirían salarios acordes con sus expectativas.

Otra cifra disponible es la de los desocupados¹⁵ según el nivel de escolaridad. En la tabla 6 puede observarse que los mayores porcentajes de desocupación son para la categoría primaria urbana, tanto a nivel nacional -44,6 %- como regional -50,6 %-, mientras que, en la categoría de educación superior universitaria, el número de desocupados es del 0,9 % y 1,2 %, respectivamente. Por supuesto, para la época la mayoría de la población aún no alcanzaba niveles de escolaridad muy altos. Todavía no estaba en auge la masificación de la educación superior, pero los índices de desempleo estaban latentes.

Por otra parte, y para ilustrar el panorama laboral de los egresados de la UTP, en el contexto nacional, se buscaron cifras históricas del país respecto de las tasas de ocupación según el máximo nivel de escolaridad alcanzado. Los datos reportados por el DANE cubren el periodo comprendido entre 1985 hasta 2018, con una ausencia de información entre 1986 y 1990. En la gráfica 1 se observan varios comportamientos:

Nota: Indicadores de empleo del personal ocupado, por nivel educativo. Adaptado de (DANE, 1985 y 2018).

Figura 1  Distribución porcentual de la población ocupada en Colombia según el último nivel educativo.  

Sin perder de vista que el crecimiento de la educación superior responde, en gran medida, a las necesidades de desarrollo del sector económico, vale la pena mirar cómo está constituido el PIB departamental y cómo se ha reorganizado este en su interior a través del tiempo (tabla 7), porque es allí donde aportarán conocimientos los graduados de la educación superior. Los cambios más notorios en el orden de los renglones de la economía están en la agricultura, que pasó de 26,9 % de participación en el PIB departamental al 6,4 %. Esto indica que Risaralda dejó de ser un departamento agricultor, debido a la caída de los precios del café en el mercado internacional, lo que hizo poco rentable la producción del grano, así como todas las actividades productivas dependientes de él. Muchos de los empleos de este sector se reacomodaron en el sector comercial (^{Cepeda, 2011}).

También, en este mismo periodo de 38 años, comprendido entre 1980 y 2018, la industria manufacturera mostró una caída importante en la participación en el PIB departamental, pues pasó del 28,4 % al 12,2 %. Esto obedece en parte a que, de las 25 515 empresas medias y grandes de la industria manufacturera en Colombia, solo 50 están en Risaralda y el 64 % de estas últimas son de bajo nivel tecnológico (^{Tamayo et al., 2017}), lo que puede significar poca contratación de mano de obra de alto nivel académico.

En contraste con estos dos sectores, el renglón comercial pasó de representar en el PIB de Risaralda el 1 % en 1960, al 17,4 % en 1980, hasta alcanzar el 20,5 % en 2018. Este comportamiento marca un giro en la vocación económica del departamento, en respuesta a la crisis cafetera y en aprovechamiento de su ubicación estratégica, al estar en el cruce de caminos entre las grandes capitales -Bogotá, Medellín y Cali-, lo que le hace propicio atender el aprovisionamiento de un gran número de viajeros y convierte al comercio en el renglón de la economía que genera mayor empleo en el departamento (^{Cepeda, 2011}).

El escalamiento de la "generación engañada" en Risaralda

De acuerdo con lo anterior, destacan tres renglones de la economía que tienen mayor representación dentro del PIB de Risaralda en 2018: comercio, administración pública e industria manufacturera; es allí donde se generan más puestos de trabajo. Sin embargo, particularmente en esta última en Risaralda, se registran 50 empresas y, de ellas, solo 36 % son de medio o alto nivel tecnológico (^{Tamayo et al., 2017}). Entonces, surgen algunas preguntas:

Según el Observatorio del Trabajo y la Seguridad Social Colombiano, "el incremento del número de trabajadores con niveles educativos superiores a los requeridos en las ocupaciones en que se desempeñan (sobre-educados) ha venido en aumento; pasando del 14,9 % para 2006 al 19,3 % para el 2016" (^{Farné et al., 2017}, p. 7).

Nota. Adaptado de Bases de datos consolidadas, SNIES, 2018.

Figura 2 Tendencia en el número de graduados en educación superior en el departamento de Risaralda. Periodo 2001-2018. 

Si bien el departamento ha tenido épocas de crecimiento y desarrollo notables, no ha ido más allá del 2 % de aporte al PIB nacional y su configuración interna se ha modificado de manera significativa. En este contexto histórico, económico y social, la UTP se consolidó como la principal IES en el departamento, al formar profesionales dentro de la lógica del modelo "económico-economicista" en el que están inmersos tanto la UTP como el resto de IES de Risaralda, que en 2018 eran 26. Conviene subrayar que lo esperado es que los egresados a través de sus prácticas contribuyan al desarrollo tanto propio como el de sus familias y su entorno social.

No obstante, para los profesionales que surgen de las clases populares, el empleo es el camino para mejorar condiciones de vida propias y de sus núcleos familiares. En general, en el imaginario colectivo, se reforzó "la concepción de la educación como un medio de acceso a mercados de trabajos más calificados o al circuito internacional de formación superior e intercambio" (^{Giovine, 2015}, p. 8). Sin embargo, la "escasa empleabilidad juvenil" (Isacovich, 2019, p.19) que es factor común en Latinoamérica. En particular, el sistema laboral risaraldense viene presentando debilidad y poco dinamismo en el crecimiento durante las últimas décadas, como lo muestran las altas cifras de desempleo que en Pereira como ciudad principal del departamento, según el DANE (2020a, p. 20), ya alcanza el 24,9% en el semestre abril-junio del 2020. Además, los empleos ofrecidos no guardan relación con las competencias y expectativas salariales de los profesionales de la región. Según ^{Cardona (2016}), "se requiere una mejora radical del sistema laboral, que considere entre otros puntos, remuneración congruente con el cargo laboral" (p. 78).

De hecho, la Asociación de Egresados -creada en 1968 en la UTP para mantener comunicación con los graduados y, entre otras actividades, compilar datos sobre ellos- recientemente efectuó un seguimiento al 15 % de los 36 092 graduados hasta diciembre de 2018. Encontró que el 60 % estaba laborando (^{Buitrago et al., 2018}) . Entre ellos, el 81 % alcanzó máximo 3 SMLV, en su primer año de vinculación. Por su parte, el MEN, en el sitio web del Observatorio Laboral del Egresado (OLE, 2019) reporta el IBC¹⁸ estimado y la tasa¹⁹ de cotizantes para las IES del país. En particular, para los recién graduados de la UTP, el IBC es un salario promedio de $1 710 973 y la tasa de cotización para recién graduados en 2016, es de 80,7 %. En cuanto a cifras salariales de los recién graduados, los datos de OLE y de la Asociación de Egresados coinciden en gran medida. No pasa igual con los porcentajes de ocupación. Lo que sí es un hecho es que la asociación viene ejecutando estrategias para acercar graduados y empleadores, en lo que ha denominado ruta de empleabilidad (Buitrago et al., 2018), cuyo nombre en sí es una muestra de la preocupación por contribuir en la vinculación de los graduados al mercado laboral. El trabajo informal también ha aumentado de manera notoria, principalmente en el sector terciario²⁰, así como los contratos sin estabilidad laboral y sin garantía de prestaciones (^{Cardona, 2016}).

Además de la baja oferta de cargos en el mercado laboral, que viene en aumento ya que "se preveía para el año 2018 un incremento de 2.7 millones de desempleados en el mundo, asegurándose que una de las principales causas de este crecimiento es el exceso de fuerza de trabajo, misma que supera a la creación de empleos" (^{Aguado, 2020}, p. 39). También debe tenerse en cuenta que se requieren conexiones sociales relevantes para encontrar empleo, lo cual es más difícil si se es egresado de universidad pública, bajo la premisa de que quien egresa de una IES pública pertenece a las clases de origen social humilde y, por ende, no dispone de capital social suficiente para movilizar en pro de alcanzar otras posiciones más favorables en el espacio social, disponer de lazos sociales con agentes en posiciones sociales de poder favorece la consecución de empleo:

los lazos sociales que emergen de relaciones de parentesco y socialización (territorial y/o institucional) brindan recursos que pueden acumularse, trasmitirse y movilizarse a lo largo de las trayectorias de vida. Estos lazos potencian las posibilidades de transmisión de información y la incorporación de saberes y modelos de comportamiento que pueden resultar fundamentales para manejarse dentro del mercado laboral (^{Carrascosa y Estévez, 2020}, p. 257).

En una investigación reciente sobre la desigualdad de oportunidades en Colombia, se observó como hallazgo importante que "hay un porcentaje ligeramente mayor de graduados de instituciones privadas con empleo formal, con relación a los que egresaron de instituciones públicas" (^{Cuenca, 2016}, p. 76).

A pesar de estas cifras de desempleo y de salarios no satisfactorios, la expansión de la educación superior y de la graduación²¹ en el país ha sido creciente. Este comportamiento incluye a Risaralda, que cuenta con un número importante de profesionales graduados. Según cifras del SNIES (2018), entre el primer semestre del 2001 y el segundo semestre de 2017, se registró el otorgamiento en Risaralda de 76 563 títulos, de los cuales 62 672 eran de pregrado y 13 891 de posgrado. Estos títulos cubren una amplia gama de profesiones. Entre ellas se destacan, principalmente, ingenieros industriales, enfermeras, abogados y contadores públicos. En la tabla 8 se muestran las quince profesiones con más títulos otorgados en educación superior en Risaralda entre 2001 y 2017.

Los datos de la tabla 8 responden al crecimiento no planificado de la educación superior, que produce un número importante de graduados, quienes, a pesar de la deserción, se enfrentan a un entorno laboral en donde las plazas de trabajo disponibles no alcanzan a cubrir sus demandas ni en número, ni en expectativas salariales y contractuales. Ellos han asumido el desafío de cursar una carrera profesional o técnica con el fin de romper el ciclo reproductivo de pobreza y alcanzar con sus títulos profesionales otras "posiciones" dentro del espacio social que los ubique a distancia de las que ocupan en el punto de partida de sus carreras universitarias.

No obstante, en el caso de que el estudiante haga un cálculo razonado de las probables transformaciones de su realidad social como producto de la consecución de un título profesional, se va a encontrar con una sobreabundancia de títulos (tabla 8), que genera inequidad en el acceso a las oportunidades laborales. Hay que sumar a esto el hecho de que, si bien la deficiencia de capital cultural ha generado inequidad en el acceso a una educación de calidad, también es cierto que la deficiencia de capital social genera inequidad en el acceso al mundo laboral: en otras palabras, "el origen social distingue a individuos de nivel escolar idéntico" (^{Bourdieu, 1979}, p. 103).

Sin duda, según las cifras divulgadas por los entes de gobierno y las reflexiones de varios especialistas sobre el crecimiento desbordado de cupos en la educación superior, se reconoce la validez del planteamiento de ^{Bourdieu (1979}) respecto a que se ha venido construyendo lentamente la "generación engañada"²², una generación donde la distancia entre las esperanzas subjetivas y las posibilidades objetivas (Bourdieu, 1979) se acentúa cada vez más, gracias a que hay un número mayor de graduados en las mismas disciplinas, como pudo verse en la tabla 8, con el riesgo de convertirse en una problemática de dimensiones estructurales si no es atendida con rigor:

El aumento generalizado de la escolarización tiene como efecto el aumento de la masa del capital cultural... y el rendimiento de la acción escolar tiende continuamente a acrecentarse. Si todo lo demás... permanece igual, [se puede] producir un efecto inflacionista al hacer accesibles las titulaciones a un mayor número de personas. (^{Bourdieu, 1979}, p. 130).

Se reitera que el riesgo del fenómeno inflacionario es latente al presentar la titulación profesional como el camino para la solución de problemas económicos, al entender que la educación, además de entregar saberes, también tiene el poder de consagrar derechos a través de la otorgación de títulos que conceden aspiraciones, que muchas veces están lejos de la realidad. "Cuando los [jóvenes] de las clases populares no estaban dentro del sistema, este no era el mismo. A causa de todo esto hay una devaluación por simple inflación y también porque cambió la 'calidad social' de los que poseen los títulos" (^{Bourdieu, 1984}, p. 123).

Fuera del mercado propiamente escolar, la titulación vale lo que vale económica y socialmente su poseedor, siendo el rendimiento del capital escolar función del capital económico y social que puede ser dedicado a su valorización. De manera general, los cuadros [grupos ocupacionales] tienen tantas más probabilidades de acceder a las funciones de dirección en lugar de a las de producción, fabricación, mantenimiento, cuanto más alto es su origen social. (^{Bourdieu, 1979}, p. 133).

Veintiséis años después, ^{González (2005}), en su estudio sobre el mercado laboral en el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO)²³, concluyó, en consonancia con Bourdieu, que a mayor oferta laboral calificada en la región -al referirse a la de los egresados de la educación superior, con relativos niveles de experiencia, enfrentados a la poca dinámica de la demanda laboral para los puestos de trabajo acordes a su preparación, que han presionado caídas sostenidas en los salarios reales-, también es mayor el número de jóvenes desencantados por el choque contra una realidad que no era la imaginada cuando decidieron adelantar estudios superiores, con la expectativa de encontrar alternativas laborales con posibilidades de buenos ingresos económicos y no el panorama actual que ofrece el país, como es la disminución de la tasa de retorno de ingresos²⁴.

Conclusiones

En resumen, la educación superior en Risaralda ha sido creciente, tanto en número de IES como en matrícula, pero se ha llegado a un punto de estancamiento y a una tendencia a la caída en la matrícula. Sin embargo, sigue presente un número importante de estudiantes. A pesar de la deserción, la mitad de ellos se gradúa. Entre los que se gradúan hay en común una tasa de desempleo alta y en aumento -20 %- o plazas de trabajo con tareas y salarios muy por debajo de las expectativas económicas de los profesionales. Como se evidenció a través de las cifras, en los últimos dieciséis años el departamento ha graduado más de 3000 ingenieros industriales y enfermeros; y alrededor de 2000 abogados, contadores y administradores; y números cercanos a mil en las otras profesiones. Sin embargo, la tasa de ocupación en ese sector educativo se mantiene a la baja. La única línea de tendencia de ocupación que crece ligeramente es la de la educación media -grados 10° y 11° del bachillerato-. Esto se corresponde con las ofertas laborales que no requieren mayor cualificación, lo que produce una especie de "desclasamiento"²⁵, en el que se condena a los nuevos profesionales a una especie de "desilusión colectiva" (^{Bourdieu, 1979}, p.142) por el incumplimiento de expectativas. También, aunque es un caso fortuito, vale la pena mencionar que, como consecuencia de la pandemia del 2020, se perdieron 61 000 empleos en el departamento (DANE, 2020b), lo que complica aún más la situación en términos de pobreza monetaria y del panorama socioeconómico en general. En este momento más que nunca se requiere la ejecución de proyectos que mejoren la infraestructura económica y potencien el desarrollo industrial y agropecuario para dar impulso a la economía regional y dar posibilidades a las nuevas generaciones de egresados de la educación superior para que cumplan sus expectativas de movilidad dentro del espacio social hacia mejores posiciones, a la vez que contribuyen con el desarrollo del departamento en todas sus dimensiones.