Transformación de conflictos en el Catatumbo

Antes de entender en qué consiste el enfoque TC es necesario abordar el concepto de conflicto, según el cual se acogerá esta elaboración. El conflicto ha sido trabajado por varios teóricos, como Hocker y Wilmont (1991) que lo entienden como una lucha expresada entre por lo menos dos partes que perciben sus metas como incompatibles (^{Prada, Unger y Gómez 2014}, 18).

Por su parte, la Universidad para la Paz en Costa Rica lo entiende como una situación en la que un actor -persona, institución, comunidad, Estado-se encuentra en oposición consciente con otro actor -del mismo o diferente rango-, a partir del momento en que se persiguen objetivos incompatibles -que son percibidos como tales-, lo cual conduce a un enfrentamiento o lucha. En otras palabras, el conflicto podría entenderse como la percepción que una o más partes tienen de la existencia de intereses opuestos entre ellas (^{Prada, Unger y Gómez 2014}, 18).

En contraste, Lederach entiende el conflicto desde el enfoque transformativo, partiendo de que en el lenguaje se crean realidades; al ser visto de manera positiva puede generar dinamismo, reconociendo el conflicto como normal² y continuo en las relaciones sociales. "Como el corazón en el cuerpo, los conflictos fluyen de las relaciones y regresan a ellas por medio de dimensiones visibles y otras menos evidentes; es pues de las menos evidentes que surge el potencial positivo inherente al conflicto" (^{Lederach 2003}, 18).

El conflicto puede entenderse como un motor de cambio, como una oportunidad para crecer e incrementar la comprensión de nosotros mismos, de los otros y de las estructuras sociales. Son la manera en que la vida nos ayuda a hacer un alto, evaluar y tomar conciencia; sin él, la vida sería monótona y las relaciones superficiales. El conflicto crea vida, a través de él innovamos, respondemos y cambiamos (^{Lederach 2003}).

El conflicto involucra progresión y dinamismo en las relaciones. Con esta lectura surge el enfoque TC, en contraste con la Resolución de Conflictos o la Mediación de Conflictos; dicho enfoque identifica el conflicto como normal y a la vez constructivo, que no debe erradicarse o desaparecer, sino que requiere la comprensión de los patrones relacionales y estructurales subyacentes, a la par que construye soluciones creativas que mejoran las relaciones; de esta forma se entenderá el conflicto en esta elaboración (^{Lederach 2003}, 20-21).

Comprender el conflicto como un motor de cambio implica transformar³, un cambio de un estatus a otro. Contemplar una situación en curso y una situación deseada, una intervención deliberada para efectuar cambio y comprensión del impacto y los efectos que produce el conflicto.

La transformación visualiza el problema actual como una oportunidad para incluir un contexto más amplio, explorar y entender el sistema de relaciones y patrones que dan lugar a la crisis, busca dar cuenta tanto de los problemas inmediatos como del sistema de patrones relacionales, requiere una apuesta por el desescalonamiento del conflicto, emplear el epicentro a partir del abordaje del episodio (^{Lederach 1998}, 37). Entonces, buscar un cambio constructivo dentro de un escenario conflictivo radica en la capacidad de reconocer, entender y reparar lo que ha sucedido desde diferentes perspectivas, es decir, una disposición para crear nuevas formas de interacción, relaciones y estructuras con perspectiva a futuro (^{Lederach 1992}, 25-45).

Cuando se habla de transformación de conflictos desde el Trabajo Social, es importante recordar que el reconocimiento del conflicto no debe emerger únicamente bajo criterio del profesional, el conflicto debe ser una percepción del grupo o la comunidad con la cual se está trabajando. Las partes implicadas deben notar que hay un conflicto, deben sentir que sus intereses están siendo afectados o están en amenaza. El hecho de que exista un conflicto o no es un tema de percepción de quienes forman parte de la situación. La valoración y la observación que cada quien emite de sus relaciones con los otros posibilita espacios de evaluación y reflexión sobre la relación establecida.

En este sentido, no es deber del profesional encontrar conflictos, sino acudir ante una demanda de intervención a acompañar el proceso de transformación que ya ha sido identificado por el grupo o la comunidad, pues quienes deben analizar y tramitar el conflicto son los involucrados. Además, es fundamental que sea la organización -comunidad o grupo- la encargada de darle sostenibilidad a la plataforma de TC para que esta permanezca y se regenere con el tiempo, es por eso que el proyecto de extensión solidaria se apoyó en este enfoque.

Por medio de descubrir la raíz del problema, confrontar las diferencias, tomar en cuenta las normas e intereses de la comunidad y aprovechar la red de relaciones se puede emplear el Modelo Red. Este esquema de negociación integra la capacidad horizontal y vertical de otros modelos de negociación al que añade comprender la importancia de quienes estratégicos o personas clave para crear procesos transformadores, a partir de una infraestructura de apoyo que concuerde con principios de globalidad, sostenibilidad, interdependencia y accesibilidad (^{Lederach 2003}).

Aprovechando la red de relaciones, en este caso las relaciones que sur- 231 gen en las comunidades, y los quienes estratégicos, que en esta elaboración son los líderes comunales y representantes de Asojuntas, se puede emprender un camino hacia la construcción de paz, entendida como un proceso social dinámico, pues es a partir del restablecimiento de relaciones sociales que se logran menguar las diferencias, reconociendo la diversidad en una comunidad.

Por su parte, la construcción de paz se entiende como una estrategia global que abarca, produce y sostiene toda una serie de procesos, planteamientos y etapas necesarios para transformar los conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles. Esta puede ejecutarse por medio de la formación como un instrumento estratégico para la transformación, para el diseño de la construcción de paz y la intervención que genera reacciones en los conflictos prolongados. También es un proceso de capacidad estratégica y construcción de relaciones, intencional, indispensable y sensible que se realiza en función de quienes participan, lo que lleva consigo el concepto de empderamiento como concienciación, preparación para enfrentarse al conflicto, articular visión y metas, reflexión práctica y evaluación (^{Lederach 1998}).

Como se aborda arriba, una de las herramientas para la TC es la formación, pues una vez se analizan y comprenden los procesos de conflicto se puede transformar su crecimiento, por tal razón se hará una somera lectura del contexto de conflicto del Catatumbo para entender la importancia de los procesos de formación que ha ido adelantando el Cisca y el apoyo brindado por la Universidad Nacional de Colombia en el proyecto; de igual forma se hará una breve contextualización más específica de los municipios de Convención y El Tarra para situar al lector en los territorios de intervención del proyecto.

Una mirada contextual al Catatumbo

El Catatumbo, o la Casa del trueno, es una región con características especiales. Se encuentra ubicada en el departamento de Norte de Santander, al nororiente de Colombia, en la frontera con Venezuela y se encuentra conformada por once municipios: Tibú, Sardinata, El Carmen, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, Ocaña, Bucarasica, Convención y El Tarra. Posee riquezas bioambientales e hídricas, agropecuarias y minero-energéticas. Además, se compone de campesinos, campesinas e indígenas con los resguardos del pueblo Barí Catalaura y Motilón Bari.

La región del Catatumbo ha estado marginada -en términos reales y simbólicos- del centro administrativo, político y económico del país. Esto se traduce en una débil presencia estatal en términos de instituciones y de oferta suficiente y satisfactoria de bienes y servicios básicos para la población (PNUD 2014, 10). Esto da como resultado condiciones indignas de vida que afectan tanto a comunidades campesinas como indígenas, en donde, según el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -en adelante, PNUD-, la desnutrición y la proliferación de enfermedades como la tuberculosis, el paludismo y la diarrea acentúan el riesgo que rodea a los habitantes del Catatumbo.

Algunos estudios, como el presentado en el CONPES 3739 de 2013, han identificado que la conflictividad en el Catatumbo se puede sintetizar en causas socioeconómicas, factores como carencias en la provisión de los servicios básicos y la concentración de la tierra, que han agudizado la situación de marginalidad y exclusión en el territorio, pues la ausencia de oportunidades y la violencia propiciada por actores armados ilegales -generada, principalmente, por guerrillas y grupos armados posdesmovilización- y delincuencia común se disputan las economías lícitas e ilícitas, el territorio, las vías de acceso, y son causantes de recurrentes violaciones de Derechos Humanos de los catatumberos.

La falta de investigación y sanción de los responsables acrecienta los niveles de impunidad e impide generar situaciones de no repetición de crímenes y abusos contra los habitantes del Catatumbo (^{PNUD 2014}, 12), y los espacios políticos y económicos, impuestos por el modelo de desarrollo dentro de las instituciones públicas y privadas, han sido permeados y cooptados por grupos armados ilegales, lo que ha aumentado la corrupción.

Lo anterior ha aumentado la desconfianza en las entidades estatales del orden nacional, regional y local, debido al incumplimiento de compromisos políticos surgidos de negociaciones con las entidades, y por la reiterada estrategia de aplacar la movilización social que ha promovido.

La estigmatización sobre los líderes de las protestas por parte de autoridades gubernamentales, de un lado, y el intento de las guerrillas de apropiarse de las reivindicaciones sociales, del otro, incrementan las conflictividades y cierran espacios de construcción de alternativas sociales y económicas para el Catatumbo. (^{PNUD 2014}, 12)

En función de consolidar el territorio, el Gobierno nacional ha implementado políticas de militarización del Catatumbo desde hace más de 20 años⁴, que no han logrado garantizar condiciones de seguridad ni combatir la redes del narcotráfico, sino que han propiciado abusos de Derechos Humanos contra los habitantes, con acciones como fumigaciones con químicos que causan graves afectaciones a la salud⁵, bombardeos que han afectado a la población civil, enfrentamientos con grupos armados sin adoptar medidas suficientes y adecuadas para evitar daños, aumento de capturas y judicializaciones e incremento de ejecuciones extrajudiciales, lo que se ha conocido como los falsos positivos (^{Sanmiguel, Parra, Uribe et al. 2014}, 48). Por otro lado, la cultura de la ilegalidad se ha fortalecido por la localización fronteriza del Catatumbo, ha facilitado el tránsito de mercancías, alimentos, gasolina, cocaína y personas entre Colombia y Venezuela.

Esta constante disputa por la tierra y el territorio está anclada en la región desde la llegada de la colonización española, con momentos históricos destacables como la exploración y explotación petrolera derivada de la Concesión Barco, otorgada en 1905: la deforestación por la presencia de la empresa Colombian Petroleum Company (Colpet); la colonización petrolera auspiciada por la demanda de mano de obra de esta empresa; y la South American Gulf Company (Sagoc), entre otros, que han sido el origen de una serie de conflictos por el usufructo de los recursos del subsuelo (^{Acronim Finder 2019}).

En la actualidad, el fenómeno de extracción artesanal, destilación y venta de gasolina denominada Pate Grillo que, entre otros usos convencionales, es empleada para el procesamiento de la base de coca en la región, se ha convertido en una economía fuerte, pero peligrosa en el territorio, con recurrentes accidentes al omitir condiciones de seguridad mínimas tanto en la extracción como en el transporte del combustible (^{Carvajal 2018}, 13).

A esto se suma la reciente ola de colonización por parte de raspadores -raspachines- y de comercializadores de pasta de coca, que ha sido una de las más nombradas disputas territoriales en esta región; la última gran colonización que se dio en el contexto del ingreso de los paramilitares al Catatumbo acrecentó las dinámicas de violencia por el control de la tierra para la siembra de coca y el establecimiento de corredores para su comercialización y el ingreso de insumos para su producción (^{PNUD 2014}, 12-15).

Por otro lado, los monocultivos de palma y la implantación de proyectos de ganadería extensiva se han venido expandiendo en el territorio amenazando la soberanía alimentaria. No obstante, los campesinos y campesinas del Catatumbo han encontrado en la organización comunal una salida para defender sus derechos de acceso a la tierra y formalización, así como alternativas económicas sostenibles en la constante lucha por condiciones de vida digna.

Las reclamaciones de campesinos e indígenas en el marco de las JAC, asociaciones y cooperativas de productores, así como los obreros de las empresas petroleras han sido fundamentales en la lucha por el territorio, uniendo esfuerzos para reclamar derechos en temas de tierras, respeto por la vida y el territorio, reconocimiento, desestigmatización, exigencia por el reconocimiento de sus planes de vida, donde la particularidad de sus territorios sea crucial.

Actores sociales de base en el contexto del Catatumbo

La palabra "junta" tiene origen en la Antigüedad cuando se reunían los abuelos para abrir caminos.

[Campesina del Catatumbo s. f.]

Los campesinos y las campesinas del Catatumbo han logrado resistir y habitar la región con la intención de protección, defensa y conservación de sus territorios, a través de la organización social. Con la Ley 19 de 1958 se abrió un campo normativo para las JAC, estimulando la integración popular⁶, que luego se vio reforzada con varias disposiciones en los años sesenta⁷, la Constitución Política de 1991 y la Ley 743 de 2002, que establecieron la garantía del derecho a la libre asociación de este tipo de organización, que, además de permitir que la comunidad se articule para fortalecer redes relacionales, les permite gestionar conflictos y fomentar procesos de autogestión de necesidades que no son suplidas por los entes gubernamentales.

Dado el olvido y marginalidad de la región del Catatumbo en términos de políticas públicas, la desconfianza en entidades estatales, municipales y 235 regionales por incumplimiento de promesas en épocas de elección y la eficaz labor de la organización comunitaria, las JAC cuentan con una fuerte legitimidad en la región. Las juntas se convirtieron a lo largo de los años en la máxima autoridad comunitaria de las veredas en el Catatumbo; allí las personas no solo asisten a sus reuniones, sino que resuelven problemas interpersonales y establecen consensos de justicia para quienes han roto la ley.

El fomento del gobierno comunitario ha permitido que el campesinado en esta región cuestione y transforme día a día la estructura social impuesta desde el centro del país, por convertirse en una fuerza social sólida y contundente que ha demostrado poder popular, tanto en la cotidianidad de sus reuniones como en momentos coyunturales. Muestra de ello han sido las marchas y movilizaciones sociales del campesinado, entre las que se destacan el Paro del Nororiente de mayo de 1988, las movilizaciones de 1996 y 1998, en materia de construcción y mejoramiento de las vías y de planes de desarrollo para la región, y los Paros agrarios del 2014 y 2016.

En un segundo nivel organizativo se encuentra el Cisca, gracias al cual fue posible ingresar y hacer parte de esta búsqueda en el Catatumbo. Este comité comprende dentro de su apuesta política el fortalecimiento de la organización comunitaria para la exigibilidad de derechos colectivos e individuales en el territorio del Catatumbo, así como el empoderamiento de las comunidades desde su base. En ese sentido, el Cisca se apoya y es apoyado por las JAC para la defensa del territorio.

El Cisca (2012) "[...] se auto reconoce como una articulación de base campesina, enraizada en los movimientos comunal y cooperativo". Busca potenciar las capacidades de gestión, movilización, incidencia y reivindicación de derechos fundamentales de las comunidades rurales. Esta organización se conformó hace más de 15 años, con el objetivo de brindarle al movimiento del campo una plataforma para la participación dinámica y comprometida con el territorio y la identidad campesina.

El Cisca se compone de integrantes de todos los grupos etarios, mujeres, familias, JAC, asociaciones de desplazados, cooperativas, tiendas comunitarias, estudiantes, colectivos de trabajo urbanos y rurales, y comunidades indígenas.

Esta organización se basa en tres principios fundamentales:

La integración, comprende la articulación a procesos nacionales e internacionales desde donde reivindican derechos a construir un país con visión campesina, en contra del extractivismo, y buscando organizarse como movimiento político en favor de los derechos de las víctimas; la vida 236 digna que se evidencia en la "alimentación sana, suficiente, culturalmente adecuada y fundamentada en la producción local, la educación, la salud en condiciones de acceso, calidad, continuidad y reconocimiento de la cultura propia y el territorio"; y la Defensa del territorio, como hábitat, terruño, familia, historia, ideas, es decir "el territorio es todo". Con lo anterior el Cisca construye su Plan de Vida donde plantea propuestas, exigencias y resoluciones para la construcción continua de escenarios que potencien la lucha campesina por la vida y el territorio. (^{Cisca 2012}, 49-52)

En contraste con los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo de las autoridades municipales y de ordenamiento ambiental que les han impuesto desde las administraciones municipales, departamentales y nacionales, el Plan de Vida del Cisca se fortalece en la formación de campesinos dirigidos a luchar institucionalmente para darle voz a las organizaciones que han sido acalladas por múltiples actores en esta disputa por el territorio, narrada anteriormente.

En este sentido, la decisión de trabajar en dos municipios de esta región, priorizados para el posconflicto o PDET, fue la marginalidad política y económica que han experimentado a lo largo de su historia y el papel del movimiento organizativo y social consolidado. A continuación, se hará una somera contextualización sobre los municipios, aclarando que se abordará de manera integral el municipio de Convención y el contexto de El Tarra.

El Tarra es un municipio que limita al norte y oriente con el municipio de Tibú, al sur con San Calixto y al occidente con Teorama. Posee un clima húmedo tropical que favorece la agricultura, especialmente, la producción de maíz, yuca, frijol, café, plátano, cacao, caña panelera y también el cultivo de coca para usos ilícitos (^{Cisca 2012}, 20).

Históricamente, el municipio se origina en unos antiguos asentamientos en lo que hoy se denomina Orú, Filo el Gringo -denominado popularmente como Filogringo- y Bellavista, que surgen debido a la construcción del oleoducto Caño-Limón-Coveñas entre los años 1937-1939, pero se constituyó legalmente como municipio en 1992 (^{Alcaldía de El Tarra 2017}).

En los estudios oficiales del municipio varían las estadísticas sobre el número de habitantes entre 10.362 y 12.000. No obstante, para el 2017 se calcula que hay cerca de 18.000 personas como población flotante (^{José de Dios Toro 2017})⁸, sin contar el creciente aumento de migración venezolana. Las transferencias de recursos económicos para esta región se encuentran subvalorados y los análisis oficiales como de analfabetismo, cobertura de servicios y necesidades básicas insatisfechas, entre otros, no alcanzan a dimensionar las necesidades en términos reales de esta región. Lo anterior se ve acentuado por el desdén con que las entidades gubernamentales nacionales ven las regiones apartadas.

De acuerdo con la consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento forzado -en adelante, CODHES-, entre 1999-2009 este municipio tuvo un total de 10.253 desplazados, ocasionados por el escalonamiento y primera incursión de grupos paramilitares en el 2002. En aquel momento, debido a la intención de arrasar con el corregimiento de Filogringo, se desplazan cerca de 5.000 personas, y son asesinados y torturados 20 campesinos. Dada la ausencia de respuestas estatales y medidas de protección requeridas para este municipio y la persistencia de amenazas, los habitantes de Filogringo procedieron a abandonar su corregimiento (^{Cisca 2012}, 42). Luego de su desmovilización, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han venido retornando y recuperando sus actividades afectando el territorio, persiguiendo a líderes y lideresas sociales y a sus pobladores, además han efectuado masacres en el territorio, como la ocurrida el 30 de julio del 2018, en la que asesinaron a 7 personas en el casco urbano.

Por su parte, el municipio de Convención está ubicado al noroccidente del departamento de Norte de Santander, es uno de los 10 municipios de la Subregión Occidental, Provincia de Ocaña. Con una extensión de 905 km², se encuentra rodeado por los municipios de El Carmen, Teorama, González -departamento del Cesar- y Ocaña. Se considera el municipio de mayor producción panelera del departamento, aunque la ganadería, la cría de especies menores y el comercio son otras actividades económicas de este lugar (^{Alcaldía de Convención 2017}).

Para el año 2010 el municipio contaba 14.974 habitantes, entre los cuales se calcula un 45,10 % de necesidades básicas insatisfechas y un 25,4 % de tasa de analfabetismo y baja cobertura en servicios públicos.

De acuerdo con el informe CODHES (1999-2009), el municipio de Convención fue el más afectado cuantitativamente por el desplazamiento forzado en la región del Catatumbo con un total de 14.878 casos registrados de desplazados en ese periodo por paramilitarismo y fuerza pública.

Identificación de conflictos desde la base

En este apartado se darán a conocer algunos de los conflictos que emergieron en los escenarios de asamblea de JAC de Convención y algunas entrevistas con líderes de El Tarra, con el objetivo de divulgar factores contextuales en los relatos que no logran ser abordados en elaboraciones oficiales; al mismo tiempo, este diagnóstico sirvió para la elaboración de la Agenda Intercultural para la Paz, por el Cisca y la Universidad Nacional de Colombia.

Es fundamental recordar que cada territorio comprende unas características particulares que suponen un lente diferente. Aunque ambos municipios se encuentren relativamente cerca, no comprenden las mismas dinámicas medio ambientales, geográficas, físicas ni socioculturales.

El reto de esta elaboración es emprender un diagnóstico de conflictos manifiestos en una pequeña parte de esta región, pues el primer paso para la TC es la identificación y el análisis conjunto. Se hará una breve descripción de una parte del trabajo hecho en campo, que no comprende la totalidad de la labor efectuada durante el proyecto.

La información consignada en este documento fue empleada como un insumo para ingresar al territorio y apoyar la elaboración de la agenda intercultural para la paz del Catatumbo y la consolidación de metodologías de escuelas de formación política en el territorio. También es importante reconocer que esta elaboración solo se enfocó en la primera parte del enfoque TC, que implica la identificación y el reconocimiento de conflictos; aunque el proyecto tuviera influencia de Acción sin Daño y Educación Popular, estos no son el eje central.

También es importante aclarar que introducirse en un territorio desconocido y entender ciertos mecanismos empleados para tramitar conflictos implicó un ejercicio de búsqueda, conversación y observación participante; sin embargo, una comprensión integral y más amplía de estas dinámicas obligaría a introducirse en campo durante un tiempo prolongado.

Se hizo una aproximación a algunos escenarios y actores clave en la organización comunal en ambos territorios, lo que Lederach llamaría quienes estratégicos, con el fin de hacer un diagnóstico de conflictividades que emergen allí. Se empezará por describir la visita a dos reuniones de Asojuntas en veredas de Convención.

Municipio de Convención

Adentrarse en la organización social del Catatumbo es conocer la esencia de este territorio. Una de las formas de identificación de conflictos emergentes en el territorio fue conocer Asojuntas y su convocatoria en Convención. Las reuniones de Asojuntas se realizan cada tres meses, con el objetivo de unir las veredas y mantener informada a toda la comunidad sobre los problemas, necesidades, acontecimientos, desafíos e iniciativas que surgen en la región. Es un espacio de participación que fomenta el ejercicio político de las diferentes JAC y la inclusión de sus agendas dentro de las zonas respectivas. Una de las particularidades encontradas en las regiones visitadas es el descuido y la desprotección que viven los habitantes y las organizaciones por parte de la alcaldía municipal y demás entes gubernamentales. A pesar de esta situación, las comunidades, por medio de Asojuntas, emprenden iniciativas de gestión de sus necesidades, aprovechando sus propias redes de relaciones y recursos disponibles.

Una de las reuniones de Asojuntas se llevó a cabo en la vereda Cartagenita, a tres horas del casco urbano de Convención. Para llegar es necesario tomar las denominadas vías nacionales de la zona, que no son más que pequeñas vías destapadas, que en épocas de lluvias obligan a la población a movilizarse sobre montañas de barro, poniendo en riesgo su seguridad y vida.

La reunión inició a las nueve de la mañana, en punto, con la mayoría de asistentes: presidentes, representantes y delegados de doce jac de la zona rural de Convención.

Luego de una oración y un llamado a lista, cada junta dona a la Asociación diez mil pesos para un fondo; con esta y otras formas de gestionar recursos -como los peajes comunitarios⁹-, las comunidades se hacen cargo de los derrumbes en sus vías, el pago de servicios públicos de la escuela, el mantenimiento de maquinaria¹⁰, entre otras necesidades.

La asamblea inicia con la lectura del acta de la reunión anterior. Cuenta con la asistencia aproximada de cuarenta personas, en donde solamente hay participación de dos mujeres. Llama la atención el uso del aplauso unánime como forma de expresar la aprobación del acta anterior y de la agenda del día.

Una de las problemáticas expresadas por las personas de la Asociación fue la amenaza de prohibir la producción de una de las bebidas emblemáticas de la región, el bolegancho, que es un licor artesanal y de alto consumo. El bolegancho ha llamado la atención de los actores armados, especialmente del grupo subversivo Ejército Popular de Liberación -en adelante, EPL- que ha acudido a las reuniones de Junta a enfatizar en la ilegalidad del consumo de esta bebida; no obstante, cuentan los habitantes de la zona: "No dejamos que nos den órdenes por tener un fusil colgado, eso ya no nos asusta" (^{Castro Marcos 2017}).

Aunque no es un tema profundizado en la reunión es indispensable subrayarlo, pues corrobora lo afirmado por el PNUD acerca de la intromisión de grupos armados en escenarios organizativos de campesinos en el Catatumbo (2014, 12). No solo es importante identificar la amenaza e imposición de interdicciones por parte del EPL sino también es destacable comprender la postura de la Asojuntas con respecto a la presión generada por actores armados. Se identifica la postura categórica y la legitimidad de las juntas para frenar la intimidación armada de grupos como el EPL.

Otro asunto problemático que identifica la Asojuntas en Cartagenita es la inoperancia del sistema de recolección de basuras de El Tarra, en la escuela. La vereda no cuenta con ningún mecanismo de recolección de desperdicios, lo que obliga a la comunidad a usar un camión -el cual fue comprado con los fondos de la Asociación- para transportarla.

La estrategia de la comunidad de resolver la situación refleja las capacidades locales que tienen las veredas para resolver sus dificultades; sin embargo, se hace evidente la tensión que existe entre la organización social y los entes prestadores de servicios públicos que, según los mismos líderes comunitarios, no han acatado las reclamaciones de la comunidad.

También se destaca la preocupación de la junta por la deuda en el servicio de acueducto que tiene la escuela, puesto que la alcaldía ya había pagado una deuda pasada del servicio y continúa acumulándose el pago de las facturas. El colegio tiene deuda con la empresa de agua y luz, y aunque la alcaldía pagó la deuda anterior, "[...] la empresa sigue cobrando y la deuda sigue aumentando" (^{González Harold 2017}). Lo anterior genera preocupación en la comunidad, por lo que se entabla un debate sobre estrategias para cubrir la deuda. Algunos participantes consideran que deben pagarla los padres que tienen hijos en el colegio y otros consideran que deben pagarla todos porque "[...] así se puede dejar un futuro y una esperanza de vida para las generaciones" (^{Martínez Yolanda 2017}).

Legalmente, el Ministerio de Educación les gira dinero a las alcaldías municipales para el pago de estos montos; no obstante, en Cartagenita como en gran parte del territorio colombiano, el problema permanece y se hace necesario que las comunidades resuelvan esas dificultades.

Otra muestra de la forma en que la población campesina organizada interactúa con el Estado se dio con ocasión de la visita del gobernador a todas las veredas, quien regaló doce kits de herramientas para las 124 veredas en Convención -que incluían dos pares de botas, una pala, y una carretilla-. Algunas veredas recibieron el kit incompleto y otras se negaron a recibirlo. Uno de los presidentes afirma: "Hoy en día tenemos que cuidarnos del Estado que quiere ponernos en contradicción y descontrol [...] la gente peleaba por mercados y herramientas que no sirven y son agradecidos con el gobernador" (^{Fuentes Ricardo 2017}); el contexto de esta frase es el siguiente: La población considera que la administración pública da migajas y genera pelea entre las comunidades, ellos mismos la denominan acción con daño y aciertan; este tipo de acciones poseen mensajes éticos implícitos que generan polarización entre veredas y entre los habitantes de las mismas. Además, se preguntan ¿quién prioriza las entregas y bajo qué criterios?, algunos de ellos las consideran cómo estrategias politiqueras, ligadas a las próximas elecciones de gobernador. Algunos de los representantes afirman: "[...] que la entrega es una miseria, si realmente desearan entregar herramientas darían: volquetas o maquinaria, pero les mandan una carretilla" (^{Sánchez Roxana 2017}).

En este aspecto, este tipo de intervención genera choques, competencia y oposiciones por el acceso a los recursos. Como se vio anteriormente, las condiciones económicas, las oportunidades y en general los recursos son muy limitados en estas zonas. Al presentarse escenarios como el narrado se generan rivalidades y desconfianza entre las comunidades, gobierno y liderazgos del territorio por búsqueda de protagonismo y reconocimiento, llegando hasta el desprestigio o el desconocimiento del trabajo de los demás.

Es posible que algunas de estas situaciones se originen en causas de fondo, por diferencias ideológicas o religiosas; pero, en general, salvo casos de manifiesta mala voluntad, ninguna de ellas sería suficiente para justificar posiciones de enemistad u oposición en deterioro del trabajo frente a las comunidades. (^{COSUDE 2007}, 20)

Se evidencia una endeble estrategia de intervención gubernamental que genera desequilibrio en las relaciones entre la comunidad, además que su incidencia negativa ocasiona daños en la red de juntas.

A continuación, se hará la descripción de la visita a otra zona del municipio de Convención, compuesta por quince Juntas de Acción Comunal. Se observarán algunos puntos en común entre las dos reuniones de Asojuntas, pero también particularidades que muestran la diversidad de puntos de vista entre personas asociadas de distintas ubicaciones geográficas; reconocer estas particularidades permitirá comprender que no puede estandarizarse un proceso de formación en construcción de paz y TC.

En la vereda Piedecuesta, ubicada a tres horas del casco urbano de Convención, se llevó a cabo el día 19 de marzo del 2017 una de las reuniones de Asojuntas. Allí se reunió otra de las zonas denominada Guamal-Las Mercedes, en donde asistieron presidentes y delegados de quince juntas compuestas por cinco mujeres y veintitrés hombres -destacándose la escasa intervención femenina en escenario de participación política-. Para este apartado se realizó una división de las problemáticas identificadas en términos de asuntos imperantes, abordados a continuación.

La reunión empieza con una oración, llamado a lista y firmas -momento en el cual se recogieron diez mil pesos para el sostenimiento de la Asociación-, lectura de correspondencia y se retomaron los acuerdos previos de las reuniones e intervención de la junta directiva. La oración es un factor diferencial que refiere cierta afinidad religiosa entre los líderes.

La comunidad convoca la intervención de un abogado, habitante de la zona, ante la ausencia de transporte escolar. En la reunión afirman que los niños desertan del colegio por falta de transporte y aunque se le ha comentado la situación a la alcaldía municipal, esta no da respuesta. Tampoco se recibió respuesta por parte de los directores de las escuelas, por lo tanto, se acuerda instaurar una acción popular.

El nivel político de las intervenciones difiere con respecto a Cartagenita, destacando una particularidad de esta zona de Convención, pues los representantes comprenden algunas formas jurídicas de proceder frente a las problemáticas que les atañen. De acuerdo con Lederach:

En muchos casos el problema no radica en el mismo desequilibrio de poder, sino en que la gente desconoce sus propias bases de poder sobre los demás, el intermediario debe ayudar a reflexionar sobre estas bases, y ofrecer algo que mejore su situación desde la perspectiva del otro, averiguar la influencia que ejerce sobre la otra. (1992, 26)

Esto es exactamente lo que el abogado convocado como intermediario hace en este escenario: nivelar el desequilibrio de influencia entre los contrarios y reconocer la mutua influencia y dependencia que hay entre los servidores públicos y la comunidad, además de ofrecer su ayuda para reclamar los derechos de los habitantes de esta zona. Entonces, el abogado como quien estratégico dentro de la comunidad asiste ante la necesidad de intervención, cuando el problema se hace explícito para ayudar a resolverlo de formas legales que podrían ser efectivas.

También, Asojuntas percibe y comenta situaciones de orden público que han afectado la zona, como la quema de dos vehículos en una vereda en horas de la madrugada. Algunos presidentes decidieron no comentar el incidente en los espacios de asociación para evitar conflictos. Se refleja la constante hostilidad de los actores armados de la región y en la zona, afectando la integridad de los habitantes. De la misma manera, en la reunión en Cartagenita, Asojuntas decidió no profundizar en esta temática.

Al preguntar sobre lo anterior, una representante de junta comentó la participación de actores armados en los hechos, además afirmó la asistencia de actores armados vestidos de civil que vigilaban el discurso de algunos líderes, constriñendo las intervenciones. No se especificó si se trata de algún grupo guerrillero o paramilitar.

Respecto a este acontecimiento, el silencio de la comunidad ante la hostilidad de grupos armados en la zona hace manifiesta la coerción a la que se ve sometida la población del Catatumbo, pese a que algunas comunidades como Cartagenita buscan estrategias para enfrentar las órdenes impuestas por el EPL, otras comunidades como Guamal-Las Mercedes optan por soportar la tensión para proteger su vida.

A continuación, se contarán someramente otros de los problemas que la comunidad percibe como de urgente atención:

Existe desabastecimiento de recursos médicos en la región, particularmente en Convención hay un médico por cada quince veredas, de acuerdo con la información suministrada en conversaciones con los habitantes de Convención. Ante este asunto se cuenta con las instalaciones para la apertura de un centro médico y una ambulancia; no obstante, el terreno tiene problemas de legalización, lo que impide su funcionamiento. La comunidad afirma que la ambulancia permanece inmóvil oxidándose. Pese a conocer el origen del problema, la comunidad se ve en dificultades para ejercer acciones; aunque se ha insistido a entidades municipales para la legalización del terreno, los habitantes manifiestan el carácter burocrático de estos procesos que, sumados a las largas distancias que los campesinos de Guamal-Las Mercedes deben recorrer para presentar las solicitudes, hacen de esta clase de trámites toda una gesta. Nuevamente, se destaca la marginalidad en términos de derechos que tiene esta zona de Convención.

Por otro lado, los procesos organizativos que se han ido constituyendo no cuentan con las condiciones físicas para reunirse. La comunidad de Guamal-Las Mercedes manifiesta la necesidad de construir salones comunales, que son autogestionados con los aportes de la misma comunidad y el trabajo de los y las habitantes de la zona.

Existe inconformidad con la potabilidad del agua que, como se vio en el contexto territorial del inicio de este documento, acarrea la mayor cantidad de enfermedades en la región. La comunidad autogestiona bocatomas y acueductos artesanales que no cumplen con normas de salubridad, por lo que se hace expresa la necesidad de construcción de acueductos, exigiendo a las alcaldías municipales, a través de derechos de petición o cartas sencillas, el trámite de estas afectaciones. Por otro lado, la comunidad afirma que los entes administrativos no hacen rendición de cuentas y ellos no pueden hacer veedurías.

Una de las intervenciones, que para este análisis llama la atención, es la pregunta que emerge en el escenario acerca de su papel como comunidad en la construcción de paz territorial y su voz en la mesa de diálogos que se estaba efectuando para la época con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El impacto empírico del conflicto armado y los efectos producidos en Convención a lo largo de su historia han generado la necesidad de transformarlo e intervenirlo, para ello:

[...] necesitamos crear dentro de los escenarios del conflicto un espacio para imaginar un futuro compartido por todos [...] se necesitan mecanismos prácticos que nos ayuden a definir una respuesta a la crisis enmarcada en un futuro deseado en lugar de que la crisis y sus dinámicas definan el futuro. (^{Lederach 1998}, 114)

Los mecanismos para definir la crisis y comprender el conflicto se facilitan si se diferencian las siguientes facetas descritas por ^{Lederach (1992)}:

Para poder pasar de un sistema de guerra a uno de paz, es fundamental reconocer y garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de estas zonas. A la par de lo que Lederach afirma, deben existir 245 procesos de cambio social arraigados y desarrollados en la zona donde se sitúa el conflicto, bajo un enfoque visionario y sensible al contexto. Es en este nivel que el papel del proyecto de extensión solidaria de formación de líderes del Catatumbo con el Cisca y otros procesos emprendidos en estas zonas resultan siendo un instrumento estratégico de transformación para el diseño de la construcción de paz y la intervención que genera reacciones en los conflictos prolongados (^{Lederach 1998}).

Como se pudo ver en este apartado de diagnóstico, para proceder a escenarios de construcción de paz en comunidades como las veredas de Convención es indispensable emprender políticas públicas y procesos de inversión focalizada que le permitan a estas comunidades satisfacer y garantizar sus derechos y necesidades inminentes para sobrevivir, algunas de las cuales están expresas en este documento, para posteriormente identificar los intereses de los actores que se ven reflejados en los asuntos o áreas de incompatibilidad en personas, grupos y comunidades.

Luego de hacer un breve recorrido por algunas veredas y corregimientos de Convención, se emprendió el viaje hacia El Tarra. En esta zona no fue posible realizar visitas previas para el diagnóstico de conflictos. No obstante, en el marco de la Escuela de Administración Pública del Cisca¹¹ se realizaron entrevistas y conversaciones con líderes de la zona que brindaron pistas para interpretar algunas de sus necesidades e intervenir. A continuación, se presenta una descripción más detallada:

Dentro de la etapa de diagnóstico resultó pertinente identificar el contexto de conflictividad en la región de El Tarra, por esta razón se convocó una reunión en uno de los cuatro corregimientos, llamado Filogringo, cuyo contexto fue narrado de manera breve en apartados anteriores. Se identificaron algunas formas de comprensión del conflicto y del conflicto armado, además se identificó la constante negación de derechos fundamentales en el municipio a causa del desprestigio y segregación, acentuados en El Tarra.

Como se advirtió al inicio, en este documento no se abordará a profundidad este municipio, pero es fundamental recalcar la importancia de acogerse a los tiempos de los lugares que se visitan, identificar las particularidades culturales, geográficas, climáticas que inciden en la configuración de las actividades. Una vez en el campo, las personas manejan dinámicas temporales que no son las mismas de la ciudad; los desplazamientos, retenes, ente otros factores deben tenerse presentes a la hora de elaborar un proceso de formación, taller o charla en estos municipios.

Para tener en cuenta algunos elementos en el proceso de formación política en El Tarra, se realizó un taller piloto de abordaje e identificación de conflictividades con líderes, representantes, integrantes de los comités de conciliación de Juntas de Acción Comunal y delegados de diferentes sectores del corregimiento de Filogringo, El Tarra, que no se abordará en esta elaboración.

Se realizó un sondeo a través de entrevistas y conversaciones informales sobre algunas de las necesidades de formación en temas de TC para el municipio de El Tarra. En estas se halló la pertinencia de abordar dentro del diagnóstico una diferenciación entre el concepto de conflicto y el de problema.

Miguel¹², uno de los campesinos de El Tarra, enffatizó en la importancia de formación en temas de TC en su territorio, así:

Los presidentes con las uñas solucionan los conflictos como pueden, con su experiencia en ese tema lo intentan, pero no tienen ninguna preparación, de hecho, ese es papel de los comités conciliadores, pero como el presidente es el que hace todo, pues también termina resolviendo los problemas. (Patiño Brittany 2017)

Por su parte, Orlando afirma:

En mi vereda, los miembros del comité conciliador son nombrados por la junta porque nadie se quiere postular, la gente no está preparada y tampoco les interesa, cuando los ponen a solucionar un conflicto deben ser personas idóneas, mayores y con experiencia... la mayoría de conflictos son por linderos y por la coca, ahí toca mirar cómo se arregla entre todos eso, si el comité no puede, pasa a la junta directiva, si no a la asamblea... a veces son problemas de años entre vecinos. (^{Sánchez Darío 2017})

Dada la necesidad expresa de efectuar un proceso de formación en TC, en El Tarra se llevó a cabo un Taller en Filogringo en el que se abordó dicho componente. Además de las escuelas de formación política emprendidas por el Cisca, se llevó a cabo durante el mismo semestre un taller de proyectos de desarrollo social emprendido por el departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá; las condiciones contextuales generaron el despliegue y desarrollo de otras capacidades para el abordaje en crisis, que se narrarán en otra publicación.