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El espacio público es un tema de actualidad en la sociedad colombiana. Las normas que prohíben ciertas acciones o que intentan regular la forma en que los ciudadanos interactúan y hacen uso de este espacio son motivo de discusiones en diferentes espacios sociales; la academia no es ajena a ello.
Por lo anterior, es importante revisar cuáles han sido los argumentos que desde la comunidad académica y científica se realizan para aportar en esta discusión. En dicho contexto este documento presenta los resultados de la revisión documental en el marco de una tesis de maestría en políticas públicas de la Universidad del Valle.
El documento aborda, en primer lugar, antecedentes de investigación sobre el espacio público en Colombia y en algunos países de Hispanoamérica. En esencia se recopilaron trabajos desde diferentes disciplinas que discutieron sobre este tema y sirven como base para futuras discusiones. Este apartado inicia con un contexto general hacia el espacio público y su relación con las políticas públicas colombianas que lo rigen. En segundo lugar, se hace una presentación conceptual sobre la cultura ciudadana. Como resultado de la revisión se identificó que la cultura ciudadana es una expresión del comportamiento de las personas en lo que se denomina espacio público por lo cual es necesario su análisis conjunto.
Para entender las dinámicas que se presentan en el espacio público hay que tener presentes los intereses y los actores que en este confluyen. Principalmente, debe identificarse que en este se presentan intereses particulares e intereses colectivos que interactúan desde el poder económico y el poder político (Delgado, 2013; Garnier, 2012).
La confluencia entre estos intereses conlleva, por lo general, que, en las ciudades, se privilegie en mayor medida el espacio privado que el espacio público. Todo ello contrasta con la tendencia de la población mundial a concentrarse mayoritariamente en las urbes (Gómez-Aguilera, 2004). Esto es un hecho relevante, más aún para el caso de Colombia.
Colombia distingue el derecho absoluto a la propiedad privada desde la Constitución de 1886. Sin embargo, desde la adopción de la Constitución de 1991, el derecho a la propiedad privada sufrió cierta modificación que es importante discutir.
El derecho a la propiedad privada tiene una función social al explotar económicamente la tierra so pena de expropiación (Constitución Política de Colombia de 1991, art. 58). Sin embargo, debe resaltarse que el uso y la gestión del espacio público va de la mano del sistema hegemónico en el país (Gómez-Aguilera, 2004). Es decir, los enfoques y el uso que se dan para el espacio público dependen de las concepciones que culturalmente se tienen sobre este.
Todo ello afecta la reglamentación dada. Esta puede beneficiar o perjudicar ciertas actividades como la labor de los vendedores ambulantes, el consumo de licor, las modificaciones urbanísticas que benefician el cemento sobre el pasto y los árboles, entre otras. Todo ello depende del enfoque que se da al ordenamiento jurídico y al pensamiento que los administradores de turno tienen sobre dicho espacio.
El ordenamiento jurídico colombiano cuenta con algunos reglamentos para el uso del espacio público urbano y rural. No es posible estudiar el espacio público sin tener en cuenta los lineamientos que le rigen. En ese sentido aparecen normas como la Ley 200 de 1936, que reglamenta el uso de las tierras en el país, especialmente lo referido a los territorios rurales, la urbanización y la construcción. A partir de esta reglamentación se expidieron otras normatividades que corresponden a los planes de ordenamiento territoriales (Ley 388 de 1997).
La Ley 388 de 1997 definió los lineamientos técnicos políticos, administrativos y jurídicos que se relacionan con el proceso del ordenamiento territorial de los municipios y distritos. En esta se reglamentaron los Planes de Ordenamiento Territorial como el instrumento de planificación principal para el territorio bajo la jurisdicción del ente territorial.
No obstante, solo hasta la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011), se estableció el marco regulatorio en esta materia; esta reglamentación reiteró muchos de los aspectos inicialmente establecidos por la Ley 388 de 1997. En esta ley se establece que el ordenamiento territorial colombiano se estructura en cascada de acuerdo con la organización político-administrativa del país. Se trata de (a) la nación; (b) los departamentos; (c) las áreas metropolitanas; (d) los distritos especiales, y (e) los municipios.
Cada ente territorial tiene la libertad de decisión sobre las acciones y regulaciones de su espacio público. Es por ello por lo que se evidencian discrepancias entre las regulaciones de una ciudad y de otra. Ello se presenta incluso en municipios vecinos; caso Cali y Palmira. Donde el uso del espacio público difiere en algunos aspectos de un municipio a otro.
El espacio público: su concepto
El espacio público ha sido elaborado desde un enfoque de élite, en donde se privilegia una postura económica (Etzioni-Halevy, 1997). En esta priman los recursos económicos, organizacionales, simbólicos personales y políticos (Etzioni-Halevy, 1997) a la hora de abordar interrogantes típicos sobre el cómo, quién, por qué, dónde o cuándo debe ejercerse el poder y se enfatiza en la composición de las élites y sus trayectorias políticas (Cohen, March & Olsen, 2011). En este sentido, la toma de decisiones sobre el espacio público parece desarrollarse bajo el modelo de anarquías organizadas.
En este escenario, las decisiones son el resultado de la confluencia e intersección aleatoria de cuatro corrientes como problemas, soluciones, participantes y oportunidades de elección. El comportamiento de estas es incierto, variable y difuso. De allí que la formación de la agenda sea considerada un proceso complejo, estructurado y de anarquías organizadas; es decir, que son organizaciones caracterizadas por preferencias problemáticas, tecnología poco clara y una participación fluida (Ostrom, 2000).
En este contexto, el concepto de espacio público puede encontrarse con desafíos que una vez sorteados encaminan su definición hacia un espacio eficaz y efectivo. Con ello, se contribuiría al medioambiente, al bienestar social, a la calidad de vida y al desarrollo social. Esto permitiría la cogobernanza y desarrollar el poder para entender y usar el espacio público (Ostrom, 2000).
Espacio público, normatividad y enfoques de estudio
Al converger la norma y el espacio en un escenario de ciudad se crea una coyuntura y se producen procesos urbanos entre clases sociales y Gobierno. Los ciudadanos estarán expectantes para que no se beneficie una sola clase social o un Gobierno. El Estado debe mantener el equilibrio técnico-político en la definición de las políticas públicas (Departamento Nacional de Planeación, 2014). Además, con ello se crean dos categorías para entender el espacio público (Delgado & Malet, 2007). Se trata del espacio público como una política y el espacio público como un lugar.
El espacio público como una política se concibe como un "espacio de titularidad pública, es decir propiedad del Estado y sobre el que sólo el Estado tiene autoridad" (Delgado & Malet, 2007, p. 1). En esta concepción, el Estado debe garantizar ciertos derechos y establecer los deberes de su uso. Aun así, el Estado asegura el carácter público de dicho espacio mediante la promulgación de normas y el establecimiento de derechos y deberes de las personas en el espacio público. Todo ello contrasta con el espacio público como un lugar.
El espacio público como lugar se entiende como un espacio físico establecido por derecho para el uso de toda persona sin hacer distinciones de clase. Es opuesto a la concepción del espacio privado, que se entiende como el espacio de uso del titular del mismo, y su estudio en occidente comienza a partir del periodo histórico filosófico conocido como la modernidad (Salcedo-Serna & Caicedo-Muñoz, 2008). En este sentido, dijeron Delgado y Malet (2007) y Delgado (2011), el espacio público se configura como un lugar de y para el libre acuerdo y uso de las personas. Para dilucidar estas dos posturas es posible tomar la filosofía de Searle.
John Searle distinguió dos tipos de hechos y dos tipos de realidades. Los hechos sociales y los hechos brutos y en ese mismo orden, la realidad social y la realidad bruta (Searle, 1997). Los hechos sociales son las concepciones o aceptaciones que las personas, a través del pensamiento, dan a los hechos brutos u objetos de la realidad física. Los hechos brutos son aquellos que existen independientemente de que el ser humano los conozca o no. En el caso de las concepciones de espacio público, la concepción como política puede entenderse como un hecho social independiente de si ese espacio existe o no en la realidad física. Sin embargo, el uso, la forma en que las personas interactúan con este espacio físico también podría considerarse un hecho social y forme parte de la realidad social.
Todo ello hace que el estudio de este tema se complejice y deba ser llevado a cabo desde diferentes frentes, especialmente desde lo académico, político y lo ciudadano (Burbano-Arroyo, 2014). En consonancia con lo anterior, pueden identificarse algunos enfoques desde los cuales abordar la investigación (Salcedo-Serna, 2010d).
En el trabajo de Salcedo-Serna (2010d) se resaltan la perspectiva conductual, dirigido a la conducta de las personas en el espacio, y la perspectiva positivista que se enfoca en los usos que se le dan al espacio público. En estas perspectivas parten varios de los estudios realizados al tema con anterioridad.
Estudios previos sobre el espacio público
El profesor Marco Alexis Salcedo-Serna presentó una compilación de argumentos, desde distintos autores, para abordar la discusión desde las perspectivas conductual y positivista (Salcedo-Serna, 2010a) para diferentes temáticas de análisis. A esta compilación se le sumarán algunos documentos encontrados en el proceso de revisión previo a este documento. Todo lo anterior se resume en la tabla 1.
Evidentemente, el espacio público ha sido abordado académicamente desde diferentes frentes. Se destacan las investigaciones alrededor de: (a) el uso y políticas respecto a las vías y los cruces viales en las ciudades y (b) la importancia de la investigación en espacio público, planes de ordenamiento, espacio público en general. Acerca de la pertinencia del estudio del espacio público desde las ciencias sociales se encontraron dos trabajos. De igual manera, investigaciones sobre el uso de parques y la regulación que les rige como elementos del espacio público se encontraron dos documentos en la revisión.
Espacio público en el contexto de Hispanoamérica
El profesor Aramburu-Otazu encuentra que los conflictos sobre el uso del espacio público son una problemática latente, no solo en las principales ciudades ibéricas, sino también en América Latina (Aramburu-Otazu, 2008). Para él, estas problemáticas giran en torno a temas como la convivencia. En su investigación encontró que algunos municipios españoles están en la procura de mejorar el civismo a través de la regulación. El autor concluye que un espacio público abierto a todos los ciudadanos jamás ha existido. El siguiente referente español es el trabajo de Alguacil-Gómez.
Para Alguacil-Gómez (2006) en España se presenta, de forma frecuente, un fenómeno que él denomina barrios desfavorecidos. Este concepto, pese a su complejidad epistémica, está relacionado con los desarrollos de ciudad. El autor consideró que cuando se planifican las mejoras en las ciudades se favorecen ciertos criterios y espacios, ejemplo los parques, las zonas turísticas; y se desfavorecen los espacios públicos de los barrios. Para el autor, este es un problema recurrente en la mayoría de las ciudades españolas. Esto es, según él, una postura funcionalista de las ciudades más que una postura que piense en el ciudadano. Se enmarca en la visión positivista descrita por Salcedo-Serna (2010d).
De estas posturas funcionalistas devienen estrategias urbanas como los bicicarriles, las autovías, o los espacios peatonales que se priorizan por encima de espacios como conchas acústicas, parques para los ciudadanos o de recreación. El espacio público en los barrios de las ciudades españolas se enfoca en las vías, los andenes y demás. Con todo ello se deja de lado las otras necesidades espaciales y urbanas que tienen los habitantes (Alguacil-Gómez, 2006). De esta situación proviene la planificación de barrios en callejones o calles angostas que solo permiten, y en algunos casos evitan, la circulación de las personas.
En el documento de Páramo et al. (2018), los autores evalúan las condiciones de habitalidad de ciudades en siete países latinoamericanos, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. En estos países entrevistaron a más de mil ochocientas personas acerca de la importancia y la satisfacción de diferentes características y condiciones del espacio público.
Según el trabajo de Páramo et al. (2018), las personas identificaron nueve categorías, presentadas en la gura l, desde las cuales entienden al espacio público y sus dinámicas. La incidencia de estas categorías puede medirse mediante el planteamiento que realizaron Páramo et al. (2018). En este documento, los autores recogieron diferentes indicadores para medir la calidad de vida de las personas respecto al espacio público a partir de diferentes fuentes literarias. Estos indicadores concuerdan con las categorías reseñadas en el documento de los autores y sirvieron como base para su análisis.
Estas dimensiones reflejan la estructura de conceptos que los habitantes de las ciudades emplean para valorar su espacio público. Para estos habitantes, la función principal de este espacio es la habitalidad. Esta es entendida no como la acción de vivir en el espacio público, sino como el hecho de permitir la interacción entre este y las personas. En consecuencia, dicen los autores, la habitalidad del espacio público debe estar dirigida a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (Páramo et al., 2018).
Los ciudadanos dan mayor relevancia a la estructura físico-espacial del espacio público y les restan importancia a dimensiones como las expresiones artísticas y las dinámicas culturales (Páramo et al., 2018). Sin embargo, los investigadores consideraron que esto puede ser consecuencia de la poca oferta y promoción cultural que estas dimensiones tienen por parte de las administraciones municipales; algo que va en consonancia con posturas funcionalistas que se impone desde los gobiernos. En consecuencia, sugirieron implementar medidas que permitan alcanzar más personas y satisfacer las necesidades de distintos sectores de la población.
En el documento de Feldfeber (2003), la autora destacó a las escuelas públicas de la provincia de San Luis en Argentina como parte del espacio público de la ciudad. En este trabajo se argumentó que al ser las escuelas públicas unas organizaciones públicas no estatales, enmarcadas en lo que en la revisión de Londoño-Cardozo y Hernández-Madroñero (2018) se llama organizaciones con fines no lucrativos, las convierte en un nuevo escenario de espacio público. Otros trabajos como el de Merlinsky (2008) también pueden destacarse para el caso de Argentina.
Merlinsky (2008) debatió acerca de las necesidades ambientales de las personas frente al espacio público en Gualeguaychú, ciudad de Argentina. Para ella, el espacio público debe caracterizarse por ser un entorno ambiental que debe protegerse al ser un recurso indispensable para las personas. En este documento se destaca que la acción popular logró crear un movimiento en defensa del ambiente público frente a la instalación de plantas de celulosa en la ribera del río Uruguay que afectarían a toda la población.
Fuente: elaboración propia a partir de Páramo et al. (2018)
Figura 1 Categorías para entender el espacio público.
Para el caso de Ecuador, Fernando Carrión (2006) elaboró un documento en el que compara las similitudes entre la sociedad y el futbol. El autor considera a este deporte como una expresión urbana y una representación del espacio público. En este mismo país se publicó un artículo sobre la música, especialmente el rock, como representación de las costumbres de las personas en el espacio público.
El mexicano Acosta-Silva (1997) publicó en Ecuador su estudio sobre las nuevas formas de expresión en el espacio público y destacó a la música como una de ellas. Para este propósito, argumenta que con la modernidad y la posmodernidad aparecen nuevas formas de expresión cultural (Habermas, 1985) que deben tenerse en cuenta, principalmente en un mundo globalizado (Giddens, 2007). Al reconocer las expresiones artísticas populares como parte del espacio público, el autor reconoce que "el rock en América Latina ha dejado de ser la expresión de un movimiento para convertirse en un nuevo espacio público" (Acosta-Silva, 1997, p. 224). De igual forma, de Ecuador también es posible destacar el caso de la reforma al malecón Simón Bolívar en Guayaquil.
Blacio-Valdivieso (2018) analizó la plusvalía que adquirieron ciertos sectores de la ciudad de Guayaquil en Ecuador con la intervención del malecón Simón Bolívar. Para ello, la autora realizó una investigación que tuvo en cuenta factores económicos, sociales y políticos. Como resultado, la autora encontró que la intervención del espacio para uso público devino en una apropiación privada de los alrededores que paulatinamente se convirtieron en zonas comerciales de mayor valor. Con ello, la oferta cultural de la ciudad creció. Sin embargo, a largo plazo se ha generado una privatización del espacio público que debe estudiarse y regularse. Al parecer, los términos de la intervención de este espacio estuvieron sujetos, principalmente, a intereses económicos y no a los intereses de los ciudadanos.
Para el caso de México, Monnet (1996) realizó un análisis de los usos del espacio público en el Distrito Federal y los comparó con los usos de este mismo espacio en Francia y Estados Unidos. Dentro de los hallazgos de este autor se destaca el conflicto entre lo formal y lo informal. En esta revisión se debate sobre la defensa de la tradicionalidad en el uso del espacio público y sobre el carácter de lo verdaderamente tradicional. Rojas-Carmona (2016) analizó el uso del espacio público desde la perspectiva del transporte público concesionado a privados. Con ello se identificó la percepción de la gente sobre este asunto en el caso del metrobús del Distrito Federal y sus incidencias en el desarrollo del espacio público adyacente. Para este mismo país, Giglia (2003) realizó una revisión conceptual acerca del espacio público.
Para Giglia, la segregación social, consecuencia de la crisis de las urbes, se presenta, en parte, por la incapacidad de abarcar toda la ciudad. La delimitación de los espacios está marcada por la autosegregación de las personas y se representa, según Giglia, en la división entre lo público y lo privado (2003). En este mismo sentido, Ramírez-Kuri (2009) analizó el espacio público en México y determinó que los cambios históricos y culturales sufridos por la sociedad mexicana han marcado la forma en que se usa este espacio y ha transformado la urbanidad de las ciudades. Finalmente, el estudio comprendió "los procesos y actores que intervienen en la construcción de lo local, de lo público urbano y de la ciudadanía en la ciudad de México" (Ramírez-Kuri, 2009, p. 25).
Estudios previos sobre el espacio público en Colombia
El primer caso encontrado para Colombia es el de la ciudad de Palmira. En esta ciudad Cárdenas-O'Byrne (2016) realizó un estudio sobre la calidad y cantidad del espacio público en el municipio vallecaucano. Este estudio tuvo una mirada desde la arquitectura y la usabilidad. Sirvió como base para algunas de las intervenciones urbanísticas realizadas por la administración y determinó qué parte del espacio se utilizaba para actividades necesarias para la ciudadanía y cuáles no.
Vergel-Ortega, Contreras-Díaz y Martínez-Lozano (2016) identificaron en su trabajo las percepciones de diferentes actores acerca del espacio público en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Dentro de sus resultados encontraron que los habitantes de la ciudad reclaman mayor inclusión en la planeación del espacio público de la ciudad.
En Bogotá, Penagos-Concha (2012) analizó la percepción de los habitantes frente al uso y construcción de parques urbanos y la perspectiva económica que esto genera para la población. El documento analiza el estado de los parques a la fecha del estudio y los compara por localidades y con otras ciudades capitales del mundo. Finalmente, el estudio concluyó que la gente está dispuesta a pagar un mayor valor en valorización si esto significa una mejora en las condiciones sociales y ambientales de los parques urbanos. En esta misma ciudad, Buriticá-López (2016) analizó la relación entre el uso del espacio público por parte de travestis que ejercen la prostitución y la generación de acciones de cultura ciudadana en la localidad de Los Mártires de esa ciudad. Estas acciones desembocaron en cierta legalización de este ejercicio en la zona. Ello la convirtió, según la autora, en la única zona de Bogotá donde se regula este ejercicio en el espacio público.
El libro denominado Indicadores de espacio público (Villarreal-Molina & Doria-Franco, 2011) presenta algunos indicadores oficiales sobre el uso del espacio público en la ciudad de Cartagena de Indias. En este documento se concluye que la proporción espacio público / habitante es baja respecto a otras ciudades del país. Esta situación se acentúa con la baja inversión histórica de la alcaldía en espacio público. En este mismo sentido, Leottau-Sanmiguel et al. (2015) analizaron la situación del espacio público en la ciudad amurallada. Sus resultados van en línea con el informe oficial de la alcaldía reseñado con anterioridad. Aunque Cartagena posee diversos espacios, algunos de carácter histórico, presenta falencias en cuanto al estado del espacio público, la integración con la ciudadanía y la proporción de espacio/habitante. Ahora es momento de abordar el caso de la ciudad de Medellín.
El trabajo de Ramírez-Gallegos (2008) da cuenta de la importancia que tuvo la participación ciudadana en la generación de políticas públicas respecto al espacio público en la ciudad. Para el autor, a pesar del hostigamiento paramilitar y, en general, por el conflicto armado vivido en la ciudad, muchas de las transformaciones llevadas a cabo no se habrían realizado sin el interés y la lupa ciudadana.
El impulso de participación de los ciudadanos en Medellín se sintió con la exigencia de nuevos espacios públicos donde se pudiera dar de forma segura la interacción cara a cara de las personas (Ramírez-Gallegos, 2008). Sin embargo, debe aclararse que, para el autor, espacio público abarca también a los espacios de deliberación ciudadana como los foros, los consejos y demás; todo ello entra dentro de las posturas descritas con anterioridad, el espacio público como una política y el espacio público como un lugar. Desde las posturas positivista y conductual.
En Medellín, la problemática social y la industrialización como principal fuente de empleo en reemplazo de las labores del campo llevaron a que, en inmediaciones de la segunda mitad del siglo XX, se crearan asentamientos informales o barrios en condiciones precarias que caracterizaron durante largo tiempo a la ciudad (Echeverri & Orsini, 2011). El aumento de la población sirvió como catalizador para el desorden urbanístico y motivó las estrategias de cambio que son abanderadas en la actualidad. Caso del metro, los parques urbanos, las pasarelas peatonales, las gradas eléctricas, entre otros.
Medellín es un ejemplo de transformación en espacio público. Las atestadas calles del centro cargadas de la informalidad fueron reemplazadas por calles limpias, peatonales donde los vendedores fueron reorganizados en centros comerciales que funcionan donde antes había edificios en precarias condiciones. La informalidad dio pie a una estructura de urbanismo que rescató el centro de la ciudad y que se replicó, en épocas recientes, a algunos sectores de las comunas y del área metropolitana (Echeverri & Orsini, 2011).
De otra parte, el primer trabajo por reseñar, para el caso de Cali, proviene del trabajo social. Se trata del documento de Lozano, Narváez y Villegas (2016). En este, las autoras revisaron la importancia que el espacio público ha tomado para las personas, específicamente en lo relacionado con la plazoleta Jairo Varela. Para llegar a los resultados utilizaron métodos de investigación de observación activa participativa, entrevistas y encuestas. Las autoras concluyeron que en la planeación del espacio público ha primado el interés por la privatización del espacio público. La visión que los ciudadanos tienen de este espacio es la promovida desde la administración municipal.
Para Lozano et al. (2016) es evidente la promoción de la cultura ciudadana por parte de la administración municipal en este espacio. Sin embargo, es evidente el papel funcionalista y privatizador en un denominado espacio abierto para toda la ciudadanía. Al parecer, el enfoque está en restringir cierto uso, prohibición, más que en capacitación. Situación que se ha intentado con renuencia en el centro de la ciudad.
El trabajo informal en el espacio público del centro de Cali fue objeto de estudio del trabajo de Rodríguez-Lucio (2015). En este documento, la autora, desde una visión del diseño industrial, analizó el trabajo informal del centro de la ciudad y concluyó que el espacio público en este sector, además de ser usado para el comercio, es un espacio de habitad permanente para decenas de personas dentro de la legalidad y la ilegalidad. Los trabajadores informales transforman la forma en que las personas interactúan con el espacio. Otros trabajos hacen un recorrido por la evolución del espacio público de la ciudad.
En el trabajo de Ballesteros-Garzón, Martínez-Zuleta y Sánchez-Calderón (2013) se hizo un recorrido por las diferentes transformaciones del espacio público. El documento, además, analizó los proyectos de renovación urbana del centro y de otras zonas de la ciudad desde una perspectiva analítica. En el documento no se profundiza en el análisis de las políticas públicas o en la cultura ciudadana.
Es de resaltar que los autores que más han tratado el tema del espacio público en Cali son Marco Alexis Salcedo-Serna, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y Enrique Rodríguez-Caporalli, de la Universidad ICESI. El profesor Salcedo ha publicado diferentes trabajos sobre este tema. Su enfoque es principalmente psicosocial, aunque aborda de forma crítica varios de los aspectos de la ciudad. Se destacan los trabajos acerca de la pertinencia de la investigación del espacio público desde las ciencias sociales (Salcedo-Serna, 2010c; Salcedo-Serna & Caicedo-Muñoz, 2008). El profesor Rodríguez-Caporalli, a su vez, enfoca su análisis a partir de la percepción ciudadana.
Rodríguez-Caporalli aportó argumentos a la discusión sobre el espacio público desde el análisis a la encuesta Cali, cómo vamos. El primer documento por destacar de este autor aborda el tema de la oferta del espacio público, de cultura y de recreación. Para él, estos tres temas no pueden desarticularse ni deconstruirse para su análisis (Rodríguez-Caporalli, 2016).
Con la mejora de los indicadores de relación de espacio público se podrá mejorar la calidad de vida de los caleños (Rodríguez-Caporalli, 2016). Sin embargo, el análisis que el autor realizó a los últimos diez años a la encuesta Cali, cómo vamos, reflejaron que esto no parece ser una prioridad para la administración caleña. Un llamado que la academia ha realizado desde hace algunos años y por tanto lo propone como objeto de estudio.
En el documento de Salcedo-Serna (2010c), denominado La calle y el espacio público como temática en ciencias sociales y en el de Salcedo-Serna y Caicedo-Muñoz (2008), llamado El espacio público como objeto de estudio en las ciencias sociales y humanas, se argumentó hacia la búsqueda de un carácter epistémico del estudio del espacio público.
En ambos documentos se dijo que el estudio del espacio público y su fundamentación epistémica es un tema olvidado por la academia. Por tal motivo, buscan reforzar las bases teóricas y filosóficas acerca del espacio público. En este sentido, los autores proponen ahondar más en temas de investigación relacionados con el espacio público. Para ellos, las falencias latentes en este tema en Colombia devienen del poco interés político y académico por este aspecto de las ciudades.
Todo lo anterior manifiesta que el espacio público ha sido intervenido y estudiado desde diferentes posturas. En consecuencia, se encuentra una discusión homogénea. Aun así, se denotan algunas diferencias como en el caso de Argentina que se consideran las escuelas y universidades estatales como espacio público. Para el caso colombiano se encuentra una postura dirigida hacia la intervención, transformación que, al menos desde lo evidenciado en la literatura consultada, no incluye educación, capacitación y políticas que incidan en la relación comportamental de las personas. Es decir, no se busca motivar cambios en la cultura de los ciudadanos.
El espacio público es entonces aquel lugar donde confluyen las personas que habitan las urbes. En este, llevan a cabo procesos de intercambio e interacción entre ciudadanos, organismos estatales e intereses. El espacio público es el lugar de expresión de las costumbres y maneras de las personas. Por ello, es importante entender todas las posturas y analizarlo, como se planteó con anterioridad, desde diferentes disciplinas. Los trabajos antes expuestos denotan un universo de distintas disciplinas desde las cuales se ha procurado un interés por el espacio público. Se resaltan principalmente el derecho, la sociología, las políticas públicas, el trabajo social, la psicología y la comunicación social.
Como punto en común, la mayoría de los autores manifiestan que no podría existir espacio público sin las personas. Por tanto, en los procesos de estudio, en la creación de códigos, legislaciones y demás regulaciones respecto al espacio público, es importante entender sus dinámicas de uso y comportamiento; en esencia, es importante conocer la identidad social de las ciudades (Salcedo-Serna, Obando-Cabezas & Ordóñez, 2018). En este propósito se considera importante estudiar la cultura ciudadana.
Cultura ciudadana y espacio público
Se debe comprender que la cultura ciudadana es "ante todo un enfoque para la orientación, el diagnóstico y la intervención de problemas o fenómenos urbanos de tipo comportamental" (Fernández, 2018). El concepto de cultura ciudadana deviene del concepto mismo de cultura y, por ende, se encuentra subsumido como una de sus sub-categorías. Ospina-Díaz y Tello-Castrillón (2017, p. 258) definieron a la cultura como "aquello que permite la trascendencia de creencias, costumbres, hábitos y facilita [...] dinamizar los diferentes procesos de las comunidades".
Según Ospina-Díaz y Tello-Castrillón (2019) y Ospina-Díaz, Tello-Castrillón y Hernández-Madroñero (2019), la cultura puede estudiarse desde la antropología, la sociología, la política y otras disciplinas sociales. Además, es posible utilizar diferentes herramientas y tecnologías teóricas para el análisis de correlación de variables. Tal es el caso de la "teoría de juegos, teoría de normas sociales, teoría de elección racional, teoría de la acción, entre otras" (Mockus-Sivickas & Murrain-Knudson, 2017, p. 7). En general, el estudio de la cultura permite entender los comportamientos de los grupos de personas; aquí es donde nace la cultura ciudadana como categoría de la cultura.
El concepto de cultura ciudadana tuvo su origen en el mundo de la política urbana. Respecto a este, Mockus-Sivickas y Murrain-Knudson consideraron que:
es muy común que se reconozca solo como un instrumento de agencia de los gobiernos urbanos. Sin embargo, la Cultura Ciudadana también puede ser promovida desde la sociedad civil (por movimientos sociales u organizaciones no gubernamentales, entre otros), desde el quehacer de la empresa privada (en forma de programas de responsabilidad social o inclusive transformando la cultura interna de sus organizaciones) o por actores gubernamentales nacionales (2017, p. 5).
La cultura ciudadana enfatiza los elementos culturales y comportamentales de los problemas sociales, económicos o políticos que aborda. Es decir, analiza y propone posibles soluciones para estos. Al involucrar la conducta del ciudadano en el espacio público debe investigarse al gobernante. Entender si el gobernante cumple con el papel de gerente o administrador de la ciudad o desempeña un papel de educador en la ciudadanía es importante para el estudio del espacio público.
A partir de lo anterior surge un interrogante: ¿qué debería enseñar el gobernante a los ciudadanos? Al parecer, el fin del gobernante en este sentido no sería otro sino el de promover el cumplimiento de los deberes ciudadanos como condición para la garantía del bienestar individual y colectivo (Mockus-Sivickas & Murrain-Knudson, 2017). Sin embargo, es interesante recuperar lo planteado por Antanas Mockus-Sivickas acerca del "divorcio entre la ley, la moral y la cultura" (2001, p. 1). Para el autor, estos tres componentes regulan el comportamiento humano. En este punto es interesante ahondar sobre la cultura ciudadana en Colombia.
Cultura ciudadana en Colombia
El concepto de cultura ciudadana se introduce en Colombia en el periodo 1990-1994, con el presidente César Augusto Gaviria Trujillo. La política pública denominada Estrategia Nacional contra la Violencia, del mencionado presidente, tuvo como objetivo la promoción e impulso de la cultura ciudadana en el país (Mockus-Sivickas & Murrain-Knudson, 2017). Paralelo a ello, el tema se comenzó a trabajar desde las regiones, el primer caso a resaltar es el de Bogotá.
Antanas Mockus fue alcalde de la capital de Colombia en dos periodos: 1995-1997 y 2001-2003. En su primer gobierno incorporó el plan de desarrollo denominado Formar Ciudad. Este tuvo como eje transversal la cultura ciudadana. Para el segundo periodo expresó que "[l]a [c] ultura [c]iudadana ha sido un programa que busca cambiar hábitos relacionados con la convivencia y más específicamente con el cumplimiento de normas urbanas por vía de la autorregulación personal y la mutua regulación interpersonal" (Mockus-Sivickas, 2003, p. 106). Otro caso que es posible resaltar es el de la ciudad de Medellín.
En Medellín, en el periodo 2004-2007, el alcalde fue Sergio Fajardo. En su plan de desarrollo, denominado Compromiso de Toda la Ciudadanía, implementó una política de seguridad inspirada en el modelo de Bogotá y que toma aspectos como la cultura ciudadana y la promoción de medidas preventivas. Finalmente, es pertinente resaltar los casos de la ciudad de Santiago de Cali.
En la ciudad de Cali, el proceso de cultura ciudadana empieza formalmente en el 2002, con el Decreto 606 de 2002, el cual creó el Consejo Consultivo y el Comité Técnico de Cultura Ciudadana. Posterior a ello, esta política se modificó con el Decreto 662 de 2004 que hizo algunos ajustes pertinentes. En el apartado siguiente se realizará una síntesis de las políticas públicas respecto a cultura ciudadana en la ciudad de Cali en el periodo 2002-2018 a partir del trabajo de Mockus-Sivickas y Murrain-Knudson (2017).
A pesar de lo expresado con anterioridad, parece ser que este es un tema que ha sido dejado en el olvido desde la legislación del orden nacional en Colombia. Al realizar una búsqueda de leyes o de decretos que reglamenten, permitan o garanticen la cultura ciudadana en el país solo se encuentran referencias leves en pequeñas leyes que abordan otros temas. Este es el caso de la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997). Sin embargo, parece que la postura nacional frente a la cultura ciudadana parece ser más correctiva que educativa.
La cultura ciudadana desde la legislación parece ser un tema de menor importancia que solo se toca de forma tangencial a otros aspectos como la violencia, el consumo de alucinógenos o el uso del espacio público. Todo como un tema correctivo, especialmente desde el Código de Policía. Se ha asumido un carácter restrictivo, coercitivo y punitivo como forma de control social del espacio público, y en general se restringe el desarrollo de alternativas como incentivar estrategias de empoderamiento de la ciudadanía y el fortalecimiento de una cultura cívica y de convivencia. Este tema parece estar delegado a las administraciones municipales y su aplicación depende del albedrío de la administración más que a políticas públicas creadas especialmente para ello, con trazabilidad, permanencia, duración e impacto.
Esto puede evidenciarse en algunos artículos de prensa como el de la Revista Semana titulado Cultura ciudadana por decreto (2001). En este documento se presentan algunos avances y retos por cumplir sobre la problemática de la prostitución en la ciudad de Medellín. La fecha de publicación del documento sirve para evidenciar que desde hace más de una década se vienen manejando las mismas posturas de control y sanción más que de educación de largo plazo. En este mismo sentido se pronunció el profesor Mauricio García-Villegas, según cita el Centro de Análisis político EAFIT.
Para el profesor García-Villegas, el Estado colombiano ha institucionalizado una función sancionatoria y correctiva en aspectos de cultura ciudadana comportamiento y civismo. La cultura del dinero fácil, el narcotráfico, la corrupción y el conflicto armado han desviado la atención de los dirigentes estatales respecto a este tema. Ante ello, el profesor afirmó que "en Colombia hace falta más cultura ciudadana" (Centro de Análisis Político EAFIT, 2019) y por ello debe repensarse la educación en todos los niveles.
La conexión entre la cultura ciudadana y la cultura global de una sociedad están, a la vez que sus mecanismos de reproducción, intrínsecamente relacionadas (Arturo, 2003). Es decir, que además de pensar en una fórmula sancionatoria, correctiva y coercitiva en términos de cultura ciudadana, debe pensarse en mecanismos de endoculturación (Harris, 2001) que permitan a futuro una transformación cultural. De esta forma, no solo se podría transformar la cultura, en los sentidos expuestos por Ospina-Díaz y Tello-Castrillón (2017, 2019), sino también la cultura ciudadana.
Categorías de análisis para el espacio público y la cultura ciudadana
El objeto de la revisión bibliográfica planteada era el de encontrar, además de las bases teóricas sobre espacio público y cultura ciudadana, unas categorías que permitieran analizar la información relativa a estos aspectos. Se pudo evidenciar que tanto la cultura ciudadana como el espacio público, son temas que no pueden desagregarse ni ser estudiados de forma independiente. Por ello, con el fin de contribuir con futuras investigaciones, y al seguir el llamado de Salcedo-Serna y Caicedo-Muñoz (2008) sobre la importancia de ahondar en el estudio de estos temas y contribuir con la ampliación del conocimiento acerca de ellos.
En este sentido, a partir de la revisión expuesta, se pudo identificar que es posible integran unas categorías que en su conjunto permiten evidenciar los enfoques desde los cuales se estudian estos aspectos o desde los cuales los gobiernos, locales o nacionales, promulgan las políticas públicas relacionadas con ello. Todo ello se resume en la tabla 2.
Tabla 2 Categorías de análisis para el espacio público y la cultura ciudadana.
Fuente: elaboración propia a partir de Delgado y Malet (2007), Mockus-Sivickas (2003), Mockus-Sivickas y Murrain-Knudson (2017) y Páramo et al. (2018).
Como bien se ve, para el espacio público se plantean tres categorías de análisis: lugar, política pública y usabilidad. Estas tres categorías subsumen otros conceptos que aparecen en los diferentes documentos referenciados. Estas categorías son utilizadas, no solo desde la academia, sino también desde las políticas públicas. Al analizar con detalle estas subcategorías, se encuentra que siempre que se desarrolla una política pública o se hace un estudio referente a este, siempre se ocupa una o varias de estas categorías.
Respecto a la cultura ciudadana, se evidenciaron cuatro categorías de análisis a partir de los trabajos del profesor Mockus. Se debe mencionar que estas categorías de cultura ciudadana son transversales a las de espacio público. Esto significa que aunque cada una de las categorías propuestas para espacio público, a su vez, cabe en uno o más de las categorías de análisis de cultura ciudadana, es posible que confluyan en dos o más de estas.
Discusión y conclusiones
Se argumentó que el uso, la reforma, la cantidad y la calidad del espacio público es un tema que hoy se debate en muchos de los espacios de la sociedad. Sin embargo, es indispensable entender la relación que los ciudadanos, que son quienes usan dichos espacios, tienen con el mismo. En este objetivo se vuelve necesario el análisis conjunto de la cultura ciudadana como eje transversal del comportamiento y el uso de los ciudadanos frente al espacio público.
La mayoría de la literatura reseñada demuestra que el énfasis principal que se le da al espacio público en Hispanoamérica, es diseñado desde posturas utilitaristas en las que se tienen en cuenta factores que en muchas ocasiones van en contravía del uso que debería darse a este espacio. La cultura ciudadana parece ser un enfoque que da mayor importancia hacia las personas. Por esta razón, es indispensable entender primero las necesidades y las dinámicas de los habitantes de cada territorio para, en consonancia con ello, diseñar las mejores estrategias para el espacio público. Es decir, debe estudiarse la cultura de los habitantes frente a la interacción con las ciudades a la par que al espacio público en sí mismo.
Sin embargo, se sabe que llegar a una solución que sea óptima puede llegar a ser complejo, dadas las necesidades y las costumbres de cada ciudadano. Es por ello por lo que el tema es susceptible de debate. Frente a esto, la academia ha intentado buscar una posición recomendable a través del análisis desde diferentes posturas que, en muchos casos, van en contravía de los intereses de las administraciones públicas de los territorios y los agentes privados que intervienen.
Por esta razón, se presentan discrepancias entre las políticas como la prohibición de ventas de empanadas y algunos otros productos propios y la cultura popular de los habitantes. Quizá, si el enfoque de análisis y las políticas de intervención del espacio público incluyeran un enfoque de mayor capacitación, de intervención cultural, oferta de espacios en multiusos que no primen el factor económico, a largo plazo se podría generar mejores resultados en comportamiento ciudadano, en estética urbana y demás factores del espacio público que con la postura regulacionista que prima en la actualidad. Esto solo se logra a través del entendimiento de la cultura y el comportamiento de las personas. Algo similar a lo que podría pasar entre el espacio público y los modelos de economía colaborativa, según argumentaron Ospina-Díaz, Cifuentes-Leiton, Gaitán-Vera y Londoño-Cardozo (2019).
La postura regulacionista del Estado respecto al uso del espacio público podría llegar a enfrentarse con el uso promovido por los modelos de economía colaborativa tan poco regulados en la actualidad. El prepararse para ello debe ser una labor de las administraciones locales y es uno de los escenarios donde las categorías de análisis, aquí presentadas, permitirán entender de mejor manera las dinámicas actuales o futuras de las personas en los espacios de ciudad.
Como enfoque, las administraciones públicas territoriales podrían retomar los aportes de la investigación de Páramo et al. (2018). Esto permitiría entender al espacio público desde diferentes posturas y tener una visión más amplia para la toma de decisiones. Sin embargo, las categorías que aquí se proponen abarcan, al menos a partir de la amplia revisión que se realizó, todos los aspectos relacionados con el espacio público y la cultura ciudadana.
Asimismo, es pertinente que se generen más investigaciones desde las universidades que les sirvan de insumo a los dirigentes. El espacio público debe volverse una categoría de estudio de relevante importancia en las facultades universitarias, tal como lo dijeron Salcedo-Serna y Caicedo-Muñoz (2008) y como se propone en este documento y en la investigación que le da origen.
Finalmente, al retomar algunos de los antecedentes presentados en Hispanoamérica, sería interesante que se plantearan políticas de uso de espacios públicos que estén en sintonía con las expresiones culturales de la sociedad. Quizá, en el marco de la economía creativa1 que en la actualidad se promueve con mucho ahínco en Colombia, se puedan encontrar soluciones para las expresiones artísticas urbanas que hoy se presentan y que podrían dinamizar las economías locales
