Introducción

El crimen organizado y la violación de los derechos humanos (DD. HH.) en escenarios de posconflicto e implementación de acuerdos de paz ha sido recurrente en numerosos casos de confrontaciones interestatales. Esto es consecuencia de múltiples agravios irresueltos entre las partes en conflicto, una política pública inadecuada y la simbiosis entre la ilegalidad y una globalización desviada¹ que ha llevado a ahondar los problemas que, en principio, se buscaba resolver.²

La complejidad del crimen organizado en escenarios de posconflicto ha sido un objeto común de estudio, con el fin de entender su naturaleza, sus características y enfoques, para mitigarlo sin afectar la implementación de acuerdos de paz. Este fenómeno ha sido perenne, como la corrupción y la inequidad, que afectan negati vamente la cotidianidad de los ciudadanos, impiden la erradicación de la violencia y motivan la violación de los DD. HH., lo que obstaculiza la reconciliación.³ El crimen organizado ha traspasado las fronteras de los países en los que se encuentra y ha dejado de ser un fenómeno interno para proyectarse como un problema estructural de seguridad y defensa de una región, así como para la protección de los DD. HH. Por tal motivo, el diseño de estrategias que permitan comprenderlo y garantizar los derechos de los ciudadanos en un escenario de posconflicto ha comenzado a tener cada vez mayor preponderancia en la política pública; Colombia es uno de los ejemplos más recientes.⁴

Este artículo se propone analizar la efectividad de las medidas que ha implementado el Estado colombiano frente al crimen organizado como principal amenaza a los DD. HH. en la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP. En especial, apunta a caracterizar el fenómeno del crimen organizado en Colombia; explorar los denominados "espacios vacíos" y su impacto en el control territorial y los DD. HH., y analizar los efectos de la política pública en la protección de los DD. HH. Para tal fin, se utilizó una metodología holística,⁵ que posibilita estudiar, en una forma integral, la efectividad de las disposiciones del Gobierno colombiano ante la erradicación del crimen organizado y la defensa de los DD. HH.

El artículo se desarrolla en tres secciones: en primera instancia, se expone un breve estudio sobre el desarrollo y la evolución que ha tenido tal crimen en el territorio colombiano, con el objetivo de analizar sus principales efectos en el territorio y en los DD. HH. En segundo lugar, se analiza el funcionamiento de ese en relación con los espacios vacíos y los escenarios de posconflicto, mediante un análisis cuantitativo, se examinan las medidas que ha dispuesto el Estado para erradicar el crimen organizado y sus resultados. Para finalizar, a manera de conclusión, se ofrecen algunas unas ideas orientadoras y perspectivas de debate para comprender los enfoques del crimen organizado y los DD. HH. en el marco de la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP.

El crimen organizado en Colombia

Diversas definiciones sobre el crimen organizado han sido insuficientes para describir el fenómeno, ya que el uso común de la expresión "crimen organizado" se confunde con "delincuencia organizada", puesto que tienen similitud en el tipo de criminalidad.⁶ A raíz de esta dificultad en cuanto a la conceptualización de este fenómeno, se ha tornado casi imposible su erradicación, pues condiciona la forma de actuar del Gobierno nacional, de las fuerzas militares y de los cuerpos de seguridad del Estado.⁷

El crimen organizado ha estado relacionado por años con el conflicto armado interno y ha contribuido al incremento de los índices de violencia, sobre todo en las regiones con presencia de grupos armados al margen de la ley.⁸ Cuando se habla de este fenómeno en Colombia, se debe resaltar la aparición del cartel de Medellín, entre 1980 y 1990, el cual tomó gran importancia en la evolución del narcoterrorismo, que afectó una parte significativa del territorio nacional⁹ y lo utilizó para el cultivo y el mercado de drogas ilícitas, mediante la violencia y la violación de DD. HH.

Al respecto, Torres¹⁰ sugiere que el crimen organizado en Colombia era un asunto interno, pero con el negocio de las drogas ilegales, Estados Unidos y Europa se convirtieron en proveedores de insumos y, al mismo tiempo, en compradores. Esta expansión contribuyó al crecimiento de corrupción, criminalidad, violencia y violación de DD. HH., para facilitar las actividades de producción y exportación.

Por otro lado, el tráfico y el cultivo de drogas ilícitas se convirtió en uno de los negocios más lucrativos, por lo que llamaron la atención de organizaciones criminales trasnacionales, que expandieron su campo de acción y se volvieron más poderosas en los territorios afectados. Moreno Cruz¹¹ plantea que el crimen organizado es una amenaza internacional por tres factores.

En primer lugar, se considera una desventaja para el Estado en cuanto al factor económico, puesto que su imagen negativa percibida en el exterior por la violencia provoca un retroceso y un estancamiento de la inversión directa en el país. En segundo término, el aparato estatal pierde credibilidad ante la población civil por la corrupción, la inestabilidad judicial, la falta de acción para contrarrestar el crimen y la falta de garantías por parte del Estado hacia la población más afectada. Por último, pero no menos importante, la seguridad se vuelve el principal desafío, puesto que, como consecuencia de la inasistencia de este en las zonas más afectadas por estos grupos criminales, el Estado pierde legitimidad ante la población y se incrementa la violencia y, por ende, los DD. HH. no se protegen adecuadamente.

Dados los antecedentes de la violencia que Colombia afrontaba en la década de 1990 a causa de la lucha antinarcóticos, con la muerte de Pablo Escobar, el narcotráfico se diversificó y los carteles se atomizaron y se reorganizaron a escala trasnacional desde sus bases, los productores, hasta su destino, los consumidores.

No obstante, la dispersión de los carteles del narcotráfico no fue suficiente para la erradicación del crimen organizado colombiano, ya que los espacios dejados por estas organizaciones fueron retomados por otros grupos subversivos y las bandas menores de delincuencia organizada.¹² Estos ocuparon las zonas de producción y las rutas de distribución, y las convirtieron en su primera fuente de financiación, así como en las mayores causas de violencia y violación de DD. HH. en las regiones, con el fin de proteger sus intereses.

Desafortunadamente, el Estado colombiano no ha sido del todo eficiente en cuanto a la erradicación de las bandas y grupos criminales. Si bien los esfuerzos mancomunados -como el Plan Colombia, con los Estados Unidos de América- han priorizado la lucha contra el narcotráfico, como un objetivo esencial de la política nacional, sus efectos prácticos en la reducción de la violencia y la protección de los DD. HH. han sido variados.

Aunque para los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos la efectividad del Plan Colombia ha sido adecuada, en relación con la complejidad de los desafíos que suponen el narcotráfico, el crimen organizado y la protección de los DD. HH.,¹³ para otros sectores no es tan positivo. En efecto, para Guevara Latorre,¹⁴ Mejía,¹⁵ Ochoa Maldonado,¹⁶ Romero Moreno y Silva Serna¹⁷ y Stokes,¹⁸ así como para Human Rights Watch,¹⁹ el impacto del Plan Colombia y otras políticas del Gobierno nacional en la seguridad de los ciudadanos ha sido negativo, pues ha propiciado un escenario continuado de desprotección de los DD. HH. e impunidad de los prepetradores de vulneraciones.

Este contexto es el que se previó solucionar, al menos en parte, con el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), firmado en noviembre de 2016. Aunque este pacto incluyó disposiciones que han sido categorizadas como novedosas por algunos investigadores debido al entendimiento de la situación colombiana y al establecimiento de mecanismos de resolución, como la memoria histórica, la búsqueda de personas desaparecidas, las garantías para la oposición política y pacífica, las reparaciones a las víctimas y la justicia transicional,²⁰ en la práctica no se ha conseguido el impacto positivo deseado en la reconciliación ciudadana.

Este contexto no es nuevo para el resto de América Latina. Pese a que las amenazas a la seguridad y defensa en la región no son uniformes, el crimen transnacional organizado es uno de los principales riesgos, dada la incapacidad estatal de controlar su territorio.²¹ Ello exige una estrategia conjunta de cooperación institucional, políticas públicas comunes y redes de comunicación como las iniciativas surgidas en la Unasur y la OEA,²² que deben reflejar una lucha decidida en contra del delito y la protección de los ciudadanos, mediante la eliminación de espacios vacíos que son aprovechados por las organizaciones criminales.

Espacios vacíos, control territorial y DD. HH. en Colombia

A la luz de la geografía política surge el concepto de espacios vacíos, que puede interpretarse como las áreas marítimas, terrestres y aéreas que, aunque son parte de un Estado soberano, no cuentan con un engranaje adecuado tendiente al empleo efectivo de las políticas públicas emanadas del Gobierno central o departamental. Estas zonas cuentan con poca población, bajo desarrollo económico y social, casi siempre ubicadas a una gran distancia y con pocas formas de comunicación con la médula del poder de la nación.

Como sugieren, Álvarez Calderón y Rodríguez Beltrán,²³ estos parámetros de desigualdad entre los territorios son causados por: i) los problemas en los sistemas de comunicación y acceso entre las áreas; ii) las diferencias históricas y culturales causadas por la influencia de la población extranjera que interactúa con la comunidad local, en especial en zonas fronterizas; iii) la percepción colectiva de las poblaciones como una zona apartada del resto del país, que ocasiona una identidad que no se vincula con la nación, y iv) una falta de análisis de estas zonas desde un enfoque diferencial dentro de los planes de desarrollo.

Estos espacios vacíos, que no están incluidos ni comprendidos desde su especificidad en los modelos económicos, políticos y sociales de los Gobiernos, presentan una desconexión de la consolidación territorial y una debilidad en la soberanía del Estado-nación, y se convierten en nichos de amenazas, donde los controles y los programas de seguridad no aciertan.

Ahora bien, según Benítez López, Romero Mayo y Vázquez Olivera,²⁴ es importante entender la relación entre el territorio y la conformación del Estado-nación, para lo cual explican la teoría geopolítica propuesta por Karl Haushofer sobre la conjugación entre los conceptos de corazón, interior y las fronteras, entendido el corazón o poder vital del Estado, compuesto por tres elementos: i) el desarrollo de la economía interna para competir internacionalmente; ii) el político-ideológico, que permite organizar y orientar la nación mediante proyectos necesarios para conseguir los intereses nacionales y el bienestar de sus ciudadanos incluido el elemento ideológico-cultural, que motiva la unión y la identidad nacional, y iii) el militar, que otorga al Estado las condiciones de fuerza para sostener el orden interno, proteger la soberanía y hacer respetar los derechos en el escenario internacional. El Gobierno debe propender por el equilibrio de estos tres elementos para instituir una estrategia geopolítica que irradie todo el territorio nacional.

Estos mismos autores explican el concepto de interior entendido como el interior del Estado, es decir, el territorio adyacente entre el poder vital y las fronteras. Este sector representa la fuente de crecimiento y desarrollo que sustenta su existencia. En el caso de los países de América Latina, dicha área no existe, porque es absorbida por el corazón. Por último, las fronteras son áreas estratégicas en el ámbito geopolítico, puesto que representan el encuentro entre dos poderes vitales; el área estatal real está delimitada por su capacidad de hacer presencia efectiva o garantizar la soberanía territorial. En este sentido, el sistema internacional ha fijado los límites fronterizos desde una perspectiva jurídica; sin embargo, las poblaciones de fronteras no siempre responden a los tres elementos correspondientes al corazón de su propia nación, sino que comparten simultáneamente bienes, servicios y características culturales del vecino país.

Migdal²⁵ manifiesta que los espacios vacíos se nutren de la poca presencia de las instituciones estatales en el diario vivir de las poblaciones, en cuanto a proporcionar servicios de salud y educación, e impartir justicia y bienestar, con lo que deja el camino a otras organizaciones por fuera del Estado como las encargadas de establecer los parámetros de ley en aquellos territorios. Además, los agentes no estatales pueden entablar fuertes conexiones que les permiten obtener la lealtad de la población. Ejemplo de una zona identificada como un espacio vacío es aquella que cuenta con grupos subversivos que no están bajo el dominio del Estado y desarrollan actividades ilegales. Rabasa y otros autores²⁶ han identificado cuatro características que se cumplen en zonas consideradas como espacios vacíos, sometidas por grupos al margen de la ley:

En primer lugar, la adecuación de la infraestructura y el acceso operacional, que explican la capacidad del grupo subversivo para desempeñar sus funciones básicas, como una red de transporte para movilizarse por el territorio y un sistema de comunicación e interconexión entre las zonas alejadas y las urbes.

En segundo término, las fuentes de ingreso, que hacen referencia a un sistema bancario -legal o no- para desarrollar actividades como el narcotráfico o la explotación minera. El sector formal es reemplazado por el sector informal, con variados actores que no generan ingresos fiscales a la nación, promueven la corrupción y originan focos de inseguridad.

En tercera instancia, las características demográficas y sociales favorables, que comprenden elementos como la existencia de grupos violentos, conjugada con comunidades frágiles, lo que propicia la intimidación; las reglas y normas instituidas socialmente y son fortalecidas por la misma población; las prácticas violentas recurrentes en la comunidad; los esquemas no formales de ayuda o asistencia a la población vulnerable, que está expuesta a la manipulación malintencionada; los grupos criminales, que influyen a los grupos sociales en términos económicos y políticos y así se establece una cooperación mutua, y la resistencia social y cultural por parte de una comunidad, al cuestionar la efectiva acción del Estado y sus instituciones y remplazarlas por otro tipo de organizaciones locales que ejercen de facto las funciones del establecimiento político, judicial y social.

En cuarto lugar, la invisibilidad, que es la habilidad de un grupo armado de ejercer sus actividades en un territorio sin ser detectado por las autoridades locales, nacionales o internacionales. Lo anterior es factible en la medida en que los integrantes de las organizaciones al margen de la ley se camuflan entre la población local o entre zonas fronterizas con una alta diversidad, que les permiten ocultarse para desempeñar sus operaciones y transformar las relaciones de poder en el territorio.

Por lo anterior, es fundamental hacer un análisis histórico de los espacios vacíos ubicados en la periferia de los territorios del país que, geográficamente, están alejados del centro del poder político y económico. Esta ha sido una de las causas de amenazas a la seguridad y defensa, que han abarcado crisis humanitarias y sociales, como minería ilegal, contrabando de armas y especies, narcotráfico, trata de personas, flujo de migrantes irregulares y pesca ilegal. Esto afecta la estabilidad territorial y la seguridad multidimensional que el Estado irradia en la región y el hemisferio.

Por otra parte, el crimen organizado transnacional (COT) se alimenta de las prácticas de la globalización para fortalecer sus acciones e ingresos y volver la delincuencia organizada un negocio ilícito macroeconómico, pero al mismo tiempo representa muchos desafíos a la seguridad de las poblaciones y los Estados. Por esto, Gilman²⁷ describe la globalización desviada como redes económicas ilícitas de carácter transfronterizo que tienen como fin la producción, el transporte y el consumo de bienes y servicios ilegales, como el narcotráfico, el tráfico de armas, personas y fauna, el lavado de dinero y la migración ilícita, entre otros, que se desarrollan paralelos en una economía globalizada que impone retos al sistema internacional y a los Estados. De la misma forma, manifiesta que, aunque el factor de la globalización desviada tiene un carácter económico, también está vinculada a las redes de comunicación, al transporte y a la tecnología, cuya connotación global trasciende las fronteras en términos sociales, culturales, políticos y ambientales.

En conclusión, la globalización desviada permite examinar aquellos elementos que, aunque están presentes en procesos que aportan al desarrollo de las poblaciones en la actualidad, también cuenta con un aspecto negativo que debe ser atendido por los programas de seguridad y defensa de los Estados y reconocer aquellos intereses regionales y globales de combatir el crimen organizado transnacional que opera en las zonas de frontera, sobre todo aquellas que cuentan con vacíos de atención.

Política pública y DD. HH. en la implementación del Acuerdo de Paz

Dada la necesidad de analizar la evolución y la proyección de la implementación del acuerdo de paz, a la luz del impacto de las políticas públicas en los DD. HH. de los colombianos, se decidió hacer una comparación cuantitativa respecto a la experiencia que han tenido otros países en procesos de paz.

Se empleó la matriz de acuerdos de paz (MAP) de la Universidad de Notre Dame²⁸ para identificar las tendencias mundiales en procesos de paz. La MAP recopila información sobre la implementación de 34 acuerdos entre 1989 y 2012 en 31 países, en relación con el cumplimiento de 51 disposiciones (Tabla 1).

Luego se procedió a determinar nueve aspectos comunes en los acuerdos de paz tendientes a mitigar el crimen organizado, proteger los DD. HH. de los ciudadanos y acercarse a un ambiente de reconciliación. Dichos aspectos fueron: 1) uso de tierras para agricultura; 2) gasto en educación; 3) desempleo; 4) tasa de mortalidad por causas naturales; 5) homicidios intencionales; 6) inversión en seguridad y defensa; 7) inversión en el sector público; 8) producto interno bruto (GDP), y 9) fortaleza de la democracia.

A continuación, se emplearon los datos del Banco Mundial, con corte a diciembre de 2020, para detectar la evolución de los nueve aspectos en un período que abarca desde cinco años antes de la firma del acuerdo de paz hasta diez años después de su implementación. Con los datos obtenidos se definieron tendencias comparativas con el caso colombiano, que permiten caracterizar el avance de la política pública nacional en la erradicación del crimen organizado, la protección de los DD. HH. y la búsqueda de la reconciliación.

Tierras para agricultura, gasto en educación y desempleo

La mejora en la utilización de las tierras para labores de agricultura forma parte del primer punto del acuerdo de paz, titulado "Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral". Tal reforma está orientada a:

[...] reversar los efectos del conflicto y garantizar la sostenibilidad de la paz, busca aumentar el bienestar de los habitantes rurales, impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico, promoviendo oportunidades para la ruralidad colombiana, especialmente para las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y la pobreza. Transformar el campo colombiano es un objetivo que afectará positivamente al país en su totalidad, en tanto el campo colombiano es uno de los pilares del desarrollo económico y social. La RRI tendrá un alcance nacional, aunque su implementación se pondrá en marcha de forma progresiva iniciando por aquellos municipios con alta afectación por conflicto armado, debilidad institucional, elevados.²⁹

Al respecto, un elemento esencial en la consolidación del enfoque territorial con el que fue construido el acuerdo de paz es el avance en el acceso integral, la formalización y los lineamientos para el uso de los suelos cultivables, así como una jurisdicción agraria, el establecimiento de un fondo de tierras y de áreas de interés ambiental y la protección de zonas de reserva campesina.

Todo esto apunta a la creación de oportunidades laborales y de reinserción social que desestimulen la pertenencia a organizaciones criminales, como opciones laborales y de vida. En este aspecto, los avances que ha tenido la implementación del acuerdo de paz se acercan a los índices encontrados en otros procesos de reconciliación, con cerca del 45 % de tierras aprovechables para agricultura que se están empleando en forma adecuada (Figura 1).

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial.³⁰

Figura 1: Evolución del uso de tierras para agricultura (como % de las tierras nacionales)  

De acuerdo con la Consejería presidencial para la estabilización y la consolidación, "se han ingresado 1 089 286 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación, equivalente a 7845 predios, para un total de 1 316 116 hectáreas, que corresponde a un aporte del 83 % sobre el avance total de hectáreas ingresadas al Fondo".³¹ No obstante, desde los últimos tres años, este crecimiento se ha estancado, debido a los problemas de violencia ligados a la criminalidad y al narcotráfico.³²

La inversión en educación forma parte del tercer punto del acuerdo de paz titulado "Fin del conflicto", en el cual se plantea:

[...] la hoja de ruta para terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, las hostilidades y cualquier acción que afecte a la población civil. De igual forma, propone medidas para realizar el procedimiento de dejación de las armas, iniciar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP y de esta manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final.³³

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial.³⁴

Figura 2: Evolución de la inversión en educación (como % del producto interno bruto) 

En este aspecto, Colombia presenta una inversión del producto interno en educación más elevado que la tendencia mundial en países afectados por conflictos armados internos, con un 4,5 % por año (Figura 2). La dificultad de garantizar la implementación de política pública en educación radica sobre todo en el impacto negativo de la violencia en la calidad educativa³⁵ y en la cobertura en zonas de difícil acceso, que presuponen la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones para ampliar su cubrimiento.³⁶

Por ejemplo, para 2021, mediante el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Gobierno nacional ha ofrecido "23 218 cupos en los programas de formación, a los que se vincularon 12 626 personas en 5593 cursos, programas y eventos".³⁷ De igual forma, con el modelo Arando la educación, 1773 personas en reincorporación fueron atendidas dentro de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR). El 87 % de ellas, ha superado la básica primaria y 314 se graduaron como bachilleres hasta abril de 2019.³⁸

El desempleo forma parte del tercer punto del acuerdo de paz, "Fin del conflicto". Si bien no se hace una mención especial al respecto en su texto, se encuentra inmerso en temáticas macro como el establecimiento de una economía solidaria y cooperativa rural, y el derecho a la alimentación, la nutrición y la seguridad social, así como el acceso a vivienda, agua y saneamiento.

La Figura 3 indica que la evolución del caso colombiano supera negativamente a la tendencia mundial, esto significa que la tasa de desempleo se ha acrecentado hasta llegar al 15,4 % de la fuerza laboral total en 2020. Estas cifras reflejan, en parte, el impacto de la pandemia del covid-19 en el mercado y la estabilidad laboral nacional; no obstante, antes de la afectación por esta emergencia sanitaria, Colombia presentaba un 9,9 % de desempleo general.

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial.³⁹

Figura 3: Evolución del desempleo (como % de la fuerza laboral total) 

A pesar de ello, en el marco de la implementación del acuerdo de paz, se diseñó una política pública que busca solventar la protección de estos DD. HH. de los colombianos con la denominada reincorporación económica por medio de proyectos productivos. Sobre esta iniciativa, la Consejería presidencial para la estabilización y la consolidación indicó que se han establecido, por ejemplo:

[...] 90 proyectos colectivos aprobados por el Consejo Nacional de Rein corporación (CNR), los cuales vinculan a 3 414 personas en proceso de reincorporación por un valor superior a $39 951 005 690 (USD 10,51 M). De los 90 proyectos aprobados, hay 82 ya desembolsados que vinculan a 3097 personas en proceso de reincorporación, por valor de $35 502 323 613 (USD 9,34 M), de los cuales $24 776 000 000 (USD 6,52 M) corresponden a aportes del Gobierno Nacional.

2569 proyectos individuales aprobados que benefician a 3102 personas en proceso de reincorporación por un valor de $24 802 588 487 (USD 6,52 M), de los cuales se han desembolsado 2567 proyectos, que benefician a 3100 personas, por un valor de $24 786 588 487 (USD 6,52 M).⁴⁰

Tasa de mortalidad, homicidios intencionales e inversión en seguridad y defensa

La muerte de ciudadanos, excepto las muertes violentas, es tal vez una de las cifras más dicientes en un escenario de implementación de un acuerdo de paz, toda vez que permite identificar la continuidad de decesos por fallas en la asistencia alimentaria, los servicios de salud y políticas de prevención (Figura 4). En este aspecto, aunque Colombia se mantiene por debajo de la tendencia mundial de países que han sido afectados por conflictos armados internos, no ha avanzado en la reducción efectiva del 5,5 % de ciudadanos por cada 1000 habitantes que mueren anualmente por falta de cubrimiento sanitario.

Por su parte, la Consejería presidencial para la estabilización y la consolidación sostiene que "el 99,1 % (13 876) de los excombatientes FARC han estado afiliados a salud";⁴¹ no obstante, la cobertura a los ciudadanos del común que no participaron directamente del conflicto aún está en mora.

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial.⁴²

Figura 4: Evolución de la mortalidad (por cada 1000 habitantes), excepto muertes violentas 

Estos números toman una mayor relevancia cuando se comparan a la luz de los homicidios intencionales (Figura 5). Aunque desde la firma del acuerdo de paz la cantidad de colombianos asesinados ha descendido a cerca de 25 por cada 100 000 habitantes, no pocas denuncias se han interpuesto desde las regiones debido a violaciones a los DD. HH. y atentados en contra de la vida de líderes sociales relacionados con la implementación del acuerdo de paz.⁴³ Por su parte, el Gobierno nacional asegura que "a la fecha se encuentran implementados 316 esquemas individuales, colectivos, en antiguos ETCR y sedes para beneficiarios de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección".⁴⁴

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial.⁴⁵

Figura 5: Evolución de los homicidios intencionales (por cada 100 000 habitantes) 

A pesar de que el Gobierno nacional ha mantenido la inversión en seguridad cercana al 3,1 % del producto interno bruto y de que los logros de la política de defensa y seguridad se han mantenido al alza,⁴⁶ diversos autores cuestionan el impacto real de estas erogaciones frente a la reducción del crimen organizado, la estabilidad de la protección de los DD. HH., la continuidad de las políticas estatales y la priorización del gasto.⁴⁷

En efecto, mientras que la tendencia mundial en escenarios de posacuerdo de paz indica que la inversión en seguridad y defensa tiende a decrecer, dada la priorización de la implementación de políticas públicas de desarrollo social (Figura 6), en Colombia se ha mantenido el volumen del gasto, debido a las diversas dificultades que han surgido en las regiones por múltiples actores violentos.⁴⁸

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial.⁴⁹

Figura 6: Evolución de la inversión en seguridad y defensa (como % del producto interno bruto) 

Inversión en el sector público, producto interno bruto y fortaleza de la democracia

Tres indicadores finales buscan examinar el avance sobre el crimen organizado y la protección de los DD. HH. al desestimular a los ciudadanos a pertenecer a organizaciones al margen de la ley como fuente principal de ingresos. Un primer indicador es la inversión en el sector público, que abarca los gastos requeridos para garantizar bienes y servicios de interés común, incluidos la compensación de empleados, los intereses y subsidios, las subvenciones, los beneficios sociales y otros gastos relacionados (Figura 7).

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial.⁵⁰

Figura 7: Evolución de la inversión en el sector público (como % del producto interno bruto) 

Colombia ha mantenido su inversión en el sector público en una proporción cercana al 30,8 % del producto interno bruto, cantidad distante del 17,2 % presente en la tendencia mundial de los países que han sufrido conflictos armados internos y que han buscado su solución mediante el diálogo. Para los teóricos Barreto Moreno,⁵¹ Rodríguez y Alzate⁵² y Kalmanovitz,⁵³ este gasto puede considerarse una burocracia estatal innecesaria y, por ende, requiere ser administrado con precisión, en especial, el presupuesto recolectado por impuestos y tributos nacionales. Frente a esta necesidad, la Consejería presidencial para la estabilización y la consolidación indica:

Obras por impuestos: el 31 de diciembre de 2020 cerró el banco de proyectos de inversión de obras por impuestos, con 45 proyectos por valor de $359 062 millones (USD 94,49M), de los cuales 23 proyectos por valor de $218 620 millones (UDS 57,53M) son para beneficiar municipios PDET y 22 proyectos para beneficiar municipios Zomac por valor de $140 442 millones (USD 36,95M). Este banco estará disponible del 1° de enero al 31 de marzo de 2021, para que las empresas puedan vincular el impuesto de renta de 2020 a los proyectos de su interés.⁵⁴

Todos los anteriores indicadores inciden directamente en el desarrollo de la economía y en el crecimiento del producto interno bruto (GDP) per cápita; sin embargo, Colombia aún no se encuentra a la par de la tendencia mundial. En efecto, aunque desde la firma del acuerdo de paz la política pública surgida a raíz de su implementación ha impactado positivamente en el GDP per cápita, con un crecimiento anual del 1,8 %, los países que han sufrido conflictos armados internos han tenido en el mismo periodo un ascenso entre 3,3 % y 4,3 % anual (Figura 8).

Fuente: elaboración propia con base en los datos del índice Polity.⁵⁵

Figura 8: Evolución del nivel de democracia (índice Polity) 

Por último, los ocho indicadores analizados permiten fortalecer la democracia, al ofrecer posibilidades de participación política libre.

En este aspecto, Colombia mantiene el mismo grado que se tenía antes de la firma del acuerdo de paz (Figura 9), muy por encima de la tendencia mundial en países en la misma situación. Esto no significa que la cultura política y la fortaleza de las instituciones democráticas sean ideales en el país, pero demuestra que, a pesar de las innumerables dificultades a las que se han enfrentado los Gobiernos nacionales y los ciudadanos, Colombia mantiene condiciones favorables para que las decisiones sobre el destino del país se debatan en forma abierta y exista la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos.

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial.⁵⁶

Figura 9: Crecimiento del producto interno bruto per cápita (% anual) 

Conclusiones

La geografía colombiana se caracteriza por variados espacios vacíos, en donde estructuras criminales ocupan el lugar del Estado como ente protector, regulador y administrador de la justicia. Como un círculo vicioso, la actividad de estas estructuras afecta la base del Estado en su legitimidad y legalidad, y lo alejan aún más de estos territorios y poblaciones. Además, estas organizaciones criminales cuentan con ventajas económicas, conocimiento de las zonas y sutilidad para ocultarse entre la población, que les facilitan permanecer a pesar de los esfuerzos estatales para eliminarlas.

Lo anterior se suma a elementos de la globalización que posibilitan la operatividad del crimen más allá de las fronteras. Así, la globalización desviada funciona como un catalizador de diversas amenazas como el narcotráfico, el asesinato de líderes sociales y la afectación del ambiente. De esta manera, la seguridad como base para el desarrollo del Estado colombiano es afectada negativamente, lo que dificulta la inversión en el país y aumenta los índices de desempleo, mortalidad y homicidios, indicadores desfavorables en la implementación del Acuerdo de paz (Figura 10).

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial.⁵⁷

Figura 10: Evolución de indicadores desfavorables en la implementación del Acuerdo de paz (en log10) 

Por ello, se requieren políticas públicas nacionales más dinámicas, que fortalezcan la administración de justicia y la protección de los DD. HH. Estás deben partir de un conocimiento geográfico, social y cultural de los espacios vacíos y su conformación poblacional. Con ello, los esfuerzos realizados tendrán una punta de lanza afilada para atacar el crimen organizado transnacional, que persiste en medio de la implementación de los acuerdos de paz.

Asimismo, se requiere un aporte sinérgico en dos sentidos: en primer lugar, las instituciones estatales deben trabajar en estrecha colaboración, con base en la rendición mutua de cuentas y, sobre todo, una visión común de lo que el país necesita en términos de seguridad, economía y desarrollo social. En segundo lugar, se demuestra la urgencia de la cooperación y la integración regional es, desde la comprensión de las amenazas comunes, no solo respecto a la seguridad de los Estados, sino a la violación sistemática de los DD. HH. por parte del crimen organizado transnacional. En este sentido, urgen políticas regionales y definición de procedimientos que propicien una mayor coordinación para la gestión de mecanismos de acción certera contra el mismo enemigo.

Los esfuerzos realizados por el Estado colombiano contribuyen positivamente en ciertos aspectos que no deben descuidarse. La Figura 11 sintetiza la evolución de estos indicadores favorables de la implementación del Acuerdo de paz: 1) tierra dedicada a la agricultura; 2) gasto en educación; 3) producto interno bruto per cápita, y 4) fortaleza de la democracia. Aunque estas variables no han tenido un avance muy significativo, se ha logrado que el país mantenga un crecimiento positivo continuo, a pesar de las múltiples dificultades en la implementación del Acuerdo de paz.

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial.⁵⁸

Figura 11: Evolución de indicadores favorables en la implementación del Acuerdo de paz (log10) 

Al respecto, es indispensable señalar que la proporción de tierra dedicada a la agricultura debe mantenerse y, en lo posible aumentarse. Este es un punto álgido históricamente para los procesos de paz, así como un elemento clave para la prosperidad y la seguridad humana de cualquier Estado. El gasto en educación y el fortalecimiento de la democracia deben continuar de la misma forma: como el fundamento cultural para la paz y el bienestar de la población a gran escala, que traerá un desempeño positivo del PIB per cápita, pese a la crisis mundial desatada por el covid-19.

Así las cosas, se requiere profundizar los esfuerzos estatales y ampliarlos desde el conocimiento de las realidades de las comunidades periféricas e involucrar a los Estados vecinos desde la comprensión del accionar de un enemigo común: el crimen organizado como violador de los DD. HH.