Antecedentes

La reducción de los obstáculos comerciales y la necesidad de garantizar el libre flujo de mercancías a nivel global eran cuestiones económicas nodales en la constitución del nuevo orden internacional que saldría a la luz luego de la segunda guerra mundial. Con esta finalidad, Estados Unidos, en su carácter de nueva e indiscutida potencia hegemónica del mundo capitalista, decidió impulsar en 1946 la conformación de una Organización Internacional del Comercio -OIC-². Esta Organización tendría múltiples propósitos. Entre ellos, asegurar un volumen cada vez mayor de ingreso y demanda efectiva; incrementar la producción, el consumo y el intercambio de bienes a efectos de contribuir a la expansión de la economía mundial; fomentar el desarrollo industrial y económico; y ampliar el acceso a los mercados.

La OIC debía acompañar, con funciones específicas, a las dos principales instituciones multilaterales dedicadas a cuestiones económicas que nacieron en Bretton Woods: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -luego, Banco Mundial- y el Fondo Monetario Internacional -FMI-. Sin embargo, la negativa de muchos congresos nacionales a ratificar la "Carta de la Habana" que preveía el establecimiento de la OIC, y el rechazo que expresó en su momento el congreso estadounidense hizo naufragar la iniciativa. No obstante, se terminó imponiendo otra opción que terminó constituyendo el corazón de las reglas que rigieron el comercio internacional por casi medio siglo: el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1947 -GATT de 1947-, suscripto el 30 de octubre por 23 países que también participaban del grupo más amplio de naciones que negociaba el texto de la Carta de la Habana.

Como es posible observar en el cuadro 1, en el periodo de vigencia del GATT de 1947 (19481994) se amplió significativamente la cantidad de Partes Contratantes, y se lograron nuevos compromisos a partir de sucesivas rondas de negociaciones. Las primeras cinco rondas, que se desarrollaron entre 1947 y 1961, tuvieron como eje central la reducción de aranceles. Posteriormente, se extendieron los temas abarcados: la Ronda Kennedy (1964-1967) se focalizó en aranceles y medidas antidumping, y la Ronda de Tokio (1973-1979) abordó además de la cuestión arancelaria, medidas no arancelarias y otros temas jurídico-institucionales.

De todas maneras, la principal reforma en lo que respecta a las disposiciones del comercio internacional desde la posguerra fue ocasionada por la Ronda Uruguay (1986-1994). Los acuerdos alcanzados en su seno ampliaron el alcance original del GATT de 1947 más allá del comercio de mercancías incluyendo entre otras cuestiones, el comercio de servicios, los derechos de propiedad intelectual, y las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio. El resultado de esta ronda se cristalizó en la firma del Acuerdo de Marrakech -en adelante, Acuerdo sobre la OMC- por el cual se estableció la OMC el primero de enero de 1995 (^{Padin, 2017}, p. 122).

La OMC es un organismo internacional de naturaleza intergubernamental conformado actualmente por 164 países Miembros que dan cuenta del 98% del comercio mundial. Sus funciones no se agotan en la administración de los acuerdos comerciales suscriptos en su ámbito por los países Miembros; también constituye un foro de negociación, ofrece asistencia técnica a los países en desarrollo -en adelante, PED-, supervisa las políticas comerciales nacionales de sus integrantes, y coopera con otros organismos -como el FMI o la Organización Mundial de Aduanas-. Adicionalmente, cuenta con un Sistema de Solución de Diferencias que busca resolver disputas comerciales (^{Padin, 2017}, p. 122).

Es dable advertir que el avance regulatorio multilateral que conllevó la creación de la OMC tuvo tal magnitud que, a pocos años del inicio de sus actividades y al calor de las sucesivas crisis financieras que sacudieron la economía de diversas regiones del mundo en los años noventa, varios PED expresaron su preocupación acerca de las consecuencias derivadas de la reducción del margen de acción sobre la política comercial que conllevaban los compromisos asumidos. Esta situación empujó a Venezuela durante el proceso preparatorio de la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC -Seattle, Estados Unidos, 1999- a realizar un planteo que constituyó un hito en el debate sobre el "espacio para políticas" -o "policy space"-³, al subrayar la necesidad de darle un contenido sustantivo a la "dimensión del desarrollo" que supere la concesión de períodos de transición y la provisión de asistencia técnica, y le permita a los países en desarrollo tener mayores grados de libertad para poder ajustarse a lo dispuesto en la normativa multilateral.

La propuesta de la delegación venezolana fue el punto de partida de un intenso debate cuya segunda fase, que podríamos denominar de "diseminación", se produjo entre la Conferencia Ministerial precitada y la Conferencia Cancún -2003- ante la pretensión -fallida- de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón de ampliar los compromisos hacia nuevas esferas como compras públicas, inversiones, competencia y facilitación del comercio. El avance de estos temas hubiese implicado una reducción adicional del espacio para políticas, ante lo cual distintos PED, intelectuales y organizaciones internacionales -como la UNCTAD y la CEPAL- ejercieron presión en múltiples foros y lograron incluir estas inquietudes en la agenda internacional. Desde esos años a la actualidad, el debate perdió la intensidad inicial, pero fue ampliándose a nuevos campos incluyendo investigaciones sobre el espacio para la política en disciplinas específicas -subsidios, agricultura, propiedad intelectual, etcétera-; el análisis sobre la utilización histórica de éstos por parte de los PD y PED; su relevancia en ciertos sectores económicos; o la persistencia de esta temática en las negociaciones comerciales bilaterales o regionales.

La tarea de interpretar la reducción del espacio para la política, por otra parte, ha contado con el aporte de numerosos autores desde distintas vertientes teóricas. Es posible distinguir aquí, en términos generales, tres posiciones diferenciadas. Por un lado, aquellos que consideran que el impacto no es tan gravoso en el contexto del desarrollo y que los acuerdos abarcados permiten la utilización de una amplia gama de instrumentos de política (^{Amsden y Hikino, 2000}; ^{Akyüz, 2008}; ^{Bora, Lloyd y Pangestu, 2000}; Pangestu, 2002; ^{Rodrik, 2004}; ^{Weiss, 2003}). Por otro lado, hay quienes entienden que la reducción del espacio sí es sustancial y limita el universo de posibilidades disponibles para los PED (^{Abugattas y Paus, 2008}; ^{Chang, 2005}; Cimoli, ^{Corrales, 2007}; Dosi y Stiglitz, 2008; Kumar y ^{Gallagher, 2007}; ^{Lall, 2013}; ^{Shadlen, 2005}; ^{Wade, 2003}). Por último, se encuentran los intelectuales que enfatizan la necesidad de ajustarse a las disposiciones de la OMC dado que alejarse de las reglas del sistema multilateral solo puede producir un daño -auto-infligido- para el Miembro que tome ese camino (^{Kleen y Page, 2005}; ^{Messerlin, 2006}) ⁴.

Como se vera más adelante, la cuestión arancelaria también fue motivo de preocupación y dio lugar a diversas propuestas, pero este tipo de iniciativas no generaron el consenso necesario para promover modificaciones en las disposiciones OMC.

Es importante señalar en este punto que el crecimiento del comercio internacional experimentado desde el fin de la posguerra hasta nuestros días ofreció un marco propicio para el avance regulatorio descripto. Por caso, entre 1950 y 2010, las exportaciones se multiplicaron más de treinta veces en tanto que el crecimiento del producto a nivel mundial aumentó unas diez veces. Este enorme aumento del comercio ha incrementado, consecuentemente, la interdependencia que existe entre los países. Y en tal contexto, razonablemente, las regulaciones del comercio internacional empezaron a tener un papel por demás destacado garantizando, entre otras cuestiones, ciertos principios elementales para el intercambio de bienes y servicios como la previsibilidad, la transparencia, y la no discriminación, dentro de un sistema basado en reglas.

En lo que respecta específicamente a los compromisos relativos a los aranceles aduaneros de cada uno de los Miembros de la OMC, se debe recordar que la estructura básica del Acuerdo sobre la OMC, que fija sus bases jurídicas e institucionales, comprende en su Anexo 1A a los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías. En este anexo se incluyen los compromisos de acceso a mercado de los Miembros -Listas de Concesiones-, donde se especifican, entre otras cuestiones, el conjunto de compromisos arancelarios.

El anexo también está compuesto por otros elementos de cardinal relevancia. Nos referimos, en particular, al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 -GATT 1994-, que abarca el GATT de 1947 y a un conjunto de decisiones y exenciones dispuestas en su periodo de vigencia; a varios entendimientos -aclaraciones a las disposiciones del GATT-; y a los acuerdos sobre disciplinas comerciales especificas⁵.

Estos últimos acuerdos, por caso, definen qué es una subvención y en qué situación está prohibido otorgarlas -Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias-; buscan que los procedimientos para el trámite de licencias de importación no constituyan, en sí mismos, una restricción al comercio -Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación -; tienen por finalidad evitar que cuando un miembro tome una medida no arancelaria para salvaguardar intereses legítimos -como resguardar la salud pública, proteger el medio ambiente, o preservar la salud y la vida de las personas y de los animales- las exigencias que determine no constituyan restricciones encubiertas al comercio internacional o un medio de discriminación arbitrario o injustificado -Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio-; o tienen por objeto agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías -Acuerdo sobre Facilitación del Comercio-.

Los aranceles aduaneros

Durante décadas, los aranceles aduaneros tuvieron dos finalidades principales: garantizar ingresos al erario público -rol fiscal- y proteger ciertas industrias nacionales, constituyéndose de tal modo en la principal restricción en frontera.

El rol fiscal lo tenían en tanto la recaudación que respondía al cobro de aranceles al comercio internacional representaba una parte considerable sobre el total de ingresos públicos. Por ejemplo, en 1965 los derechos y cargas sobre las importaciones de bienes representaban el 7% de la recaudación en los países que eran miembros de la OCDE⁶. Esta participación, de todos modos, descendió fuertemente en la década del ochenta y durante los años noventa, dando cuenta en la actualidad de solo el 0.5% de los ingresos⁷.

Cuadro 1 Rondas de Negociaciones durante la vigencia del GATT de 1947 

Fuente: elaboración propia con base en sitio oficial de la OMC y ^{Basaldúa (2013)}.

Esto, tal como es posible observar en el cuadro 2, no sucedió en el caso de la Argentina. A modo de ejemplo, los derechos y cargas sobre la importación oscilan entre el 2% y el 3% del total de la recaudación entre 2003 y 2016; pero si a esto le adicionamos los derechos de exportación⁸, tenemos una dimensión más acabada del peso que tienen este clase de tributos: en igual periodo explicaban, en promedio, el 10% de los ingresos públicos; aunque con una tendencia a la baja en los últimos años.

Cuadro 2 Derechos y cargas a la importación como % de la recaudación total, 2003-2016 

Fuente: elaboración propia con base en OECD.Stat.

El segundo aspecto señalado -la utilización de aranceles como restricción en frontera- se producía en tanto el cambio en las alícuotas a pagar -en general, en función de los países de origen de las mercancías- era una práctica habitual. Es por ello que durante las negociaciones del GATT de 1947 los países acordaron niveles arancelarios "máximos" y decidieron "consolidarlos". La consolidación arancelaria hace referencia al compromiso jurídico de no modificar los aranceles por encima de cierto valor determinado -arancel consolidado-. Esto, además de otorgar previsibilidad a los operadores comerciales al limitar el margen de arbitrariedad de los Gobiernos a la hora de fijar los aranceles, también dejaba un resquicio de flexibilidad: permitía la aplicación de aranceles -tipo aplicado- por debajo del derecho consolidado⁹.

Las negociaciones comerciales multilaterales consagraron a los aranceles como el único instrumento admitido para regular el comercio exterior. Por eso, en conjunto con la consolidación arancelaria, las Partes del GATT se comprometieron a no utilizar restricciones directas a la importación¹⁰. Los motivos eran claros: era preciso inhibir la posibilidad de determinar qué cantidad de productos podrían ingresar al territorio de cada Miembro para que adquiera algún sentido negociar aranceles "máximos".

Los resultados de las sucesivas rondas de negociaciones comerciales que se llevaron a cabo desde la creación del GATT de 1947, sucintamente descriptos en la sección 2, quedaron reflejados en las "Listas de concesiones" nacionales. Estas Listas detallan las concesiones arancelarias y no arancelarias otorgadas por cada uno de los Miembros en régimen Nación Más Favorecida -NMF¹¹-, los compromisos en materia de ayuda interna y las subvenciones a la exportación para los productos agrícolas¹².

A modo de ejemplo, la Lista de concesiones denominada "Lista LXIV", refleja los compromisos asumidos por la República Argentina ante la OMC: el país consolidó la totalidad de las posiciones del arancel aduanero de importación a una tasa uniforme del 35% ad valorem -con contadas excepciones-. Asimismo, consolidó "otros derechos y cargas" en un 3%.

Dados los compromisos asumidos por la Argentina y su comercio en 2016, resulta relevante efectuar ciertas consideraciones respecto a la estructura arancelaria vigente. Como se indica en el cuadro 3, el promedio simple de los aranceles -consolidados- es del 31.8%, mientras el arancel NMF aplicado es de 13.7%; los aranceles mayores a 15% representan el 97.8% de las posiciones consolidadas, y solo el 36.6% de los aranceles NMF aplicados. Si se examina el promedio ponderado de los derechos aplicados por comercio, el arancel es del 12.9% en el caso de los bienes agrícolas, y del 12.8% en el caso de los bienes no agrícolas. Por otra parte, los productos textiles y las prendas de vestir, catalogados usualmente en el país como "sectores sensibles", se arrogan los mayores niveles aranceles, 23.3% y 35%, respectivamente (OMC, ITC y UNCTAD, 2017).

Cuadro 3 Aranceles consolidados y aplicados por Argentina, 2016 

Fuente: elaboración propia con base en OMC, ITC y UNCTAD (2017).

La Argentina cuenta con un "excedente de consolidación" -margen entre el arancel aplicado y consolidado- considerable. Pero esto no implica que no existan restricciones para su utilización ya que la potestad de fijar libremente el tratamiento arancelario se encuentra substancialmente limitada dada la pertenencia del país al MERCOSUR: el bloque aplica un arancel externo común -AEC- junto al resto de los socios que conlleva la fijación en conjunto del tratamiento arancelario que se le dispensa a las mercaderías originarias de países "extra-zona". El Tratado de Asunción (MERCOSUR, 1991), mediante el cual se constituyó el bloque, deja en claro este punto al determinar en su artículo 1: "El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales". Aunque existen excepciones al AEC, estas representan un universo menor sobre el total de posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur -NCM-¹³.

El establecimiento del AEC y la adopción de una política comercial, si bien limita el margen de acción de cada país, le brinda cierta coherencia lógica a la política comercial -indispensable en cualquier proceso de integración regional de esta naturaleza-, y también potencia la voz del bloque a la hora de encarar una negociación comercial. Ahora bien, se debe tener en cuenta que dado que los aranceles vigentes en los países del MERCOSUR suelen ser más altos que los que aplican otros países -en particular, los países desarrollados, tal como se ejemplifica en el cuadro 4- es esperable que en la mesa de negociación, y a los fines de acceder al mercado regional, los negociadores de las sucesivas contrapartes centren sus esfuerzos en la reducción sustancial de los mismos.

Cuadro 4 Aranceles consolidados y aplicados por los países del Mercosur (sin Argentina)¹⁴, EE.UU., U.E. y Japón 

Fuente: elaboración propia con base en OMC, ITC y UNCTAD (2016).

Esto último impactaría en el "excedente de consolidación", constituyéndose potencialmente en una segunda restricción, en tanto la ampliación de acuerdos comerciales, lógicamente, implicaría que el arancel de importación que enfrenten los productos de los nuevos socios en frontera ya no sea el AEC, sino un arancel preferencial. En este sentido, y con relación a los países signatarios de un hipotético acuerdo, el "excedente" de cada uno de los países del MERCOSUR perdería su valor, dado que a partir de allí los límites estarían dados por lo que se determine eventualmente en tal acuerdo¹⁵.

Para tener una magnitud de lo que esto implica es ilustrativo tener en cuenta que, por ejemplo, el arancel aplicado promedio NMF en maquinaria -eléctrica y no eléctrica-, equipos de transporte y manufacturas oscila entre el 13% y el 15%. Estos sectores representaban casi la mitad de las importaciones del país en 2015 (OMC, ITC y UNCTAD, 2017). Esto, por supuesto, no implica que los acuerdos sean positivos -o negativos- en sí mismos, lo cual depende de otro conjunto de variables; sino que los mismos tienen un claro impacto en las diferentes herramientas de la política comercial externa; entre ellas, respecto a la utilización de aranceles aduaneros. Por ende, resulta imprescindible evaluar detenidamente esta cuestión a efectos de evitar -o limitar al máximo- toda consecuencia indeseada, o al menos compensar tal efecto mediante la obtención de otros beneficios.

Este tema reviste gran actualidad en función del impulso que desde el MERCOSUR se le dio a la política de relacionamiento externo a partir del 2016, donde se destacan las negociaciones comerciales en marcha con la Unión Europea, Singapur, Canadá, EFTA, y la Alianza del Pacífico, entre otros. La Argentina es uno de los principales impulsores de este relanzamiento del bloque¹⁶, que se encuentra en sintonía con la política nacional de "-re-insertarse en el mundo" propuesta por la Administración Macrista, que busca que el país, que cuenta con acuerdos comerciales con menos del 10% del PIB mundial¹⁷, triplique ese guarismo.

Cabe señalar, por otra parte, que la firma de acuerdos comerciales regionales que van más allá de los compromisos asumidos en la OMC es moneda corriente a nivel global. Los números hablan por sí solos: a inicios de mayo de 2018 había 287 Acuerdos Comerciales Regionales -ACR-¹⁸ en vigor, contando las mercancías, los servicios y las adhesiones por separado. Consecuentemente, varios de los productos intercambiados a nivel global ingresan a otras jurisdicciones aduaneras invocando aranceles preferenciales, y sorteando de tal modo el arancel NMF.

Por último, resulta importante subrayar que las Listas de concesiones de cada Miembro de la OMC guardan diferencias relevantes entre sí¹⁹, ya sea en términos de cobertura arancelaria; tipos de derechos consolidados; aranceles máximos; diferencias entre aranceles consolidados y aplicados; etcétera²⁰. Esto puede observarse con cierto nivel de detalle en el cuadro 5, que incluye información al respecto de los principales 20 Miembros de la OMC en términos de su participación en el comercio mundial -que explican en conjunto casi tres cuartos de las exportaciones mundiales-. Esta "elite" consolidó la totalidad de su universo arancelario -con salvedades poco relevantes-, lo cual es indicativo de la profundidad de los compromisos asumidos²¹, aunque al interior de cada lista hay situaciones que llaman a la precaución²².

Cuadro 5 Compromisos arancelarios de los principales Miembros de la OMC en términos de participación en el comercio mundial 

Fuente: elaboración propia con base en datos sobre comercio y aranceles disponibles en la página oficial de la OMC.

Nota: año del arancel aplicado: 2015.

Monto: en miles de millones de dólares.

Los países de la U.E. tienen una lista común, por ese motivo sus datos se repiten.

Asimismo, es evidente que la diferencia entre el promedio simple del arancel consolidado y el arancel aplicado es nimia en la mayoría de los casos, sin incluir aquí a México, a la India, y a la Argentina. En efecto, esta brecha -o excedente de consolidación- usualmente es pequeña en los países desarrollados, y amplia en los países en desarrollo²³. De todas maneras, como se puede observar en la columna denominada "Arancel Máximo", la mayoría de las potencias consolidó los aranceles de ciertas posiciones en un nivel extremadamente alto, y en muchos casos el arancel aplicado se encuentra en el mismo nivel -o cercano- al nivel consolidado. Se trata de pocas posiciones arancelarias, pero que revisten una importancia central en tanto les permiten defender sectores "sensibles" mediante la utilización de crestas arancelarias²⁴, como el arroz en Japón, o la manteca, queso fresco o el aceite de oliva en la Unión Europea. En el caso argentino, resulta más que evidente que el máximo consolidado -35%- de los aranceles se encuentra a una distancia considerable de los aranceles máximos consolidados, por caso, por Suiza o Estados Unidos.

Retomando la cuestión jurídica sobre los compromisos en la OMC, es preciso advertir que con vistas a hacer efectivo su cumplimiento se determinó en el artículo II del GATT -"Listas de concesiones"- que las Partes Contratantes debían conceder al comercio de los demás Miembros un trato no menos favorable que el previsto en sus Listas, y que los productos no estarían sujetos a derechos de aduana que excedan los niveles allí consignados. Adicionalmente, a los fines de resguardar el valor de las concesiones negociadas, se incluyeron otras disposiciones que regulan, por ejemplo, la aplicación de derechos y cargas; prohíben modificar los métodos de determinación del valor imponible; contienen previsiones para evitar que una reclasificación arancelaria impacte sobre otro Miembro; o describen qué pautas seguir para efectuar conversiones de divisas²⁵.

De todos modos, el principio de consolidación no era -ni es- absoluto en el derecho OMC. Es posible dictar medidas que justifiquen un incremento temporal de los derechos aduaneros consolidados. Por caso, a efectos de establecer derechos antidumping o compensatorios; o con la intención de hacer frente a variados inconvenientes -fragilidad en la balanza de pagos, anulación o menoscabo de derechos ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de otro Miembro, etcétera-. También se pueden solicitar exenciones de compromisos, o recurrir a excepciones generales. Pero estas opciones reconocen contornos limitados, en tanto es preciso cumplir con ciertos extremos que limitan la discrecionalidad de los Países miembros de la OMC.

Sin embargo, la modificación o el retiro de concesiones arancelarias y otras concesiones reconocen una alternativa adicional, que podría ampliar el margen de acción de un Miembro con relación a la utilización de los aranceles aduaneros como medida de protección comercial. Pero esta opción, que examinamos a continuación, también guarda sus propias particularidades.

La modificación o retiro de concesiones arancelarias y otras concesiones bajo el artículo XXVIII²⁶

Existen varias disposiciones que permiten modificar o retirar concesiones arancelarias y otras concesiones Incluidas en las Listas²⁷. La principal disposición es el artículo XXVIII del GATT de 1994 que habilita a un miembro a entablar negociaciones con otro/s Miembro/s a fin de modificar o retirar concesiones en forma permanente, siguiendo determinadas normas y requerimientos; entre ellas, la compensación²⁸. Los procedimientos establecidos fijan, entre otras cuestiones, los plazos de renegociación, y qué Miembros deben intervenir en este asunto.

Un Miembro puede entablar renegociaciones en tres momentos:

Los Miembros con derecho a ser compensados pueden agruparse en tres categorías:

Respecto al primer grupo, se debe recordar que cuando dos países negocian a nivel bilateral una concesión por primera vez y uno de ellos consigue una concesión, en virtud del trato NMF, ésta es aplicable a todos los Miembros de la OMC. De igual modo, aquel país que fue el negociador original queda registrado en tal partida arancelaria de la Lista de concesiones del Miembro otorgante con los correspondientes DPN. Esto le otorga, entonces, el derecho a entablar negociaciones con el país importador en caso de que éste último decida modificar sus compromisos³¹.

En el caso de los Abastecedores principales, estos adquieren tal carácter en cuanto: i. hayan registrado la mayor participación en el mercado del Miembro importador durante un período anterior -generalmente, 3 años- a las negociaciones -criterio basado en la proporción de importaciones-; o, ii. tengan la proporción más alta de exportaciones afectadas por la concesión con relación al total de sus exportaciones -criterio basado en la proporción de las exportaciones-.

El "interés sustancial", más allá de que no cuenta con una definición precisa, se reconoce a los Miembros que hayan tenido una participación del 10% -como mínimo- en las importaciones del Miembro que desea renegociar una concesión, durante los últimos 3 años.

Con relación a las modalidades de compensación, no hay criterios predefinidos para determinar su nivel, que pueden llevarse a cabo sobre cualquier producto. En cambio sí está previsto que como resultado de las compensaciones se determine "...un nivel general de concesiones recíprocas y mutuamente ventajosas no menos favorable para el comercio que el que resultaba del presente Acuerdo antes de las negociaciones" -GATT de 1994, art. XXVIII- (OMC, s.f.a). Las modalidades comúnmente acordadas son la apertura o ampliación de un contingente arancelario³²; o la disminución o eliminación de derechos. En la gran mayoría de los casos, las compensaciones se efectuaron con productos agrícolas. En el caso de compensaciones en productos industriales, generalmente se redujo el derecho aplicado por cierto plazo³³.

Finalmente, es preciso efectuar algunas consideraciones adicionales. En primer lugar, en el marco de las negociaciones podría no alcanzarse un acuerdo. En tal caso, el Miembro que tiene el propósito de modificar o retirar la concesión puede hacerlo, pero quien resulte afectado podrá, a su vez, retirar "concesiones substancialmente equivalentes que hayan sido negociadas originalmente con la parte contratante demandante". El retiro de concesiones equivalentes, de todos modos, se realiza en régimen NMF, lo cual supone una diferencia relevante con relación al tratamiento que se le da en el ESD al mecanismo de retorsión³⁴. Esto, innegablemente, eleva el riesgo de reacción de otros Miembros, que podrían accionar en consecuencia. No es casualidad, atendiendo estas particularidades, que no se registren antecedentes.

En segundo lugar, se debe señalar un elemento central: alcanzar un resultado final satisfactorio insume un tiempo considerable, atento a los múltiples pasos procedimentales que deben seguirse: la notificación de intención de celebrar negociaciones para modificar o retirar concesiones; la reivindicación de derechos de los miembros interesados; la celebración de negociaciones y su concreción; la entrada en vigor de los cambios en la Lista de concesiones; y la distribución de las modificaciones -y su certificación-.

No obstante, desde la creación de la OMC se llevaron a cabo más de 43 negociaciones bajo el artículo XXVIII, varias de las cuales concluyeron exitosamente -21 casos (49%) están concluidos y certificados-. En el caso de la Argentina, el país no participó nunca como Miembro negociador, pero si como parte afectada en 11 oportunidades -ante modificaciones de Armenia, Brasil, Chile, India, Ucrania, y la Unión Europea (6 veces)-. El 23% de los casos -10- se encuentran en curso.

En función de lo antedicho, podría argumentarse que teniendo en cuenta los años transcurridos y la cantidad de Miembros que invocaron el artículo XXVIII desde 1995, su utilización ha sido exigua. Sin embargo, esto no invalida el valor intrínseco de la herramienta, en especial a efectos de atender necesidades sectoriales específicas.