Responsabilidad en la literatura sobre violencia política, memoria y justicia transicional

Los trabajos académicos interdisciplinarios en este campo apuntan a la noción de responsabilidad como irremplazable en la búsqueda de la justicia, el logro de la paz, la recuperación psicosocial y la facilitación de la reconciliación en una etapa de posconflicto. Sin embargo, esta noción no es el tema principal de ninguno de estos trabajos, ni tampoco hay claridad sobre cómo debe ser entendida o aplicada, lo cual refuerza la denuncia que hace Giorgio ^{Agamben (2000}, 21-23) acerca de la confusión que hay a la hora de pensar la responsabilidad entre marcos éticos y categorías jurídicas.

La elaboración de un estado del arte sobre cómo se entiende la responsabilidad la literatura sobre violencia política, memoria y justicia transicional llevó a la identificación de dos ejes o interrogantes alrededor de los cuales se articulan los intereses y la organización de estos trabajos. Por un lado, hay una pregunta sobre quiénes perpetran la violencia política, cuyos abordajes oscilan entre un énfasis sobre los individuos que participan en la ejecución de violencias y una mirada más amplia sobre elementos que entrarían a definir agentes colectivos, como valores compartidos, ideales, pertenencias sociales y complicidades (por acción u omisión). Por otro lado, está la pregunta acerca de cómo entender los orígenes y desarrollos de la violencia política, donde surge una tensión particular entre una interpretación despolitizada que privilegia la administración de justicia, y otro marco interpretativo que ubica la violencia política dentro de las coordenadas históricas, políticas y socioculturales del contexto en donde ocurre.

Así, como muestra abajo la Figura 1, la intersección entre estos dos ejes de reflexión permite identificar cuatro aproximaciones o formas de incluir la responsabilidad en la literatura en cuestión: 1) legalista y 2) psicosocial, cuando la atención se dirige principalmente hacia perpetradores individuales; y 3) conciliadora y 4) política, cuando la violencia es vista como resultado de diferentes niveles de participación colectiva. Esta tipología se propone meramente como una guía para el abordaje del tema, en la medida que cada trabajo contiene algunos elementos de cada aproximación propuesta.

Fig. 1 Aproximaciones a la Responsabilidad en la literatura sobre violencia política, memoria y justicia transicional 

La mayor parte de la literatura desde la disciplina jurídica asume una aproximación legalista a la responsabilidad, que reclama para sí una presunción de objetividad al hacer énfasis en la restauración del estado de derecho. Esto sería posible a través de la satisfacción de lo que define como el deber de juzgar a los perpetradores de violencia, particularmente los de más alto rango, lo que ubica a la lucha contra la impunidad como el principal objetivo de la justicia transicional (Orentlicher, 1991, 2007; Niño, 1991; Méndez, 1997; Neier, 1999). La expectativa aquí es que la punición a los líderes de la violencia política sirva también como sanción a los perpetradores en rangos más bajos, y como advertencia disuasiva a otros actores sociales que pretendan seguir el camino trazado por dichos líderes.

Otros juristas han señalado la dificultad y la susceptibilidad a la manipulación de los procesos judiciales en contextos donde los autores intelectuales de la violencia y sus perpetradores en altos rangos pueden aún ejercer un poder significativo dentro de las estructuras sociales y políticas, conduciendo entonces a una legalización de la impunidad (^{Zalaquett 1992}, ^{Villa-Vicencio 2000}). Consideraciones de este tipo constituyen la base para una aproximación conciliadora a la responsabilidad, cuyos autores sugieren que en tales circunstancias sería más apropiado buscar el esclarecimiento de la verdad a través de mecanismos no-judiciales, como comisiones de verdad y reconciliación⁷, los que a su vez podrían abrir espacio para la implementación de procedimientos sensibles a la cultura y a las tradiciones locales. El caso más representativo de esta aproximación sería el de Suráfrica, donde la Comisión de la Verdad y la Reconciliación implementó algunos principios de la filosofía local conocida como Ubuntu⁸, para presentar una interpretación del apartheid como un sistema que victimizó no solo a ciudadanos de color sino también a sus partidarios y ejecutores, por lo que unos y otros compartían heridas y sufrimientos que habrían llevado a la conformación de una "nación de víctimas" (^{South Africa's TRC 1998}, 124). Así, la justicia restaurativa fue introducida como una alternativa moralmente superior a la perspectiva legalista-retributiva.

Con base en las elaboraciones de Hanna ^{Arendt (2006)}, Bronwyn ^{Leebaw (2011)} sugiere que experiencias como la de Suráfrica conllevan a un enfoque despolitizado que promueve una peligrosa asimilación ética de las víctimas con sus perpetradores y, lo mismo que el jurista colombiano Rodrigo ^{Uprimny (2006)} plantea por su parte, le atribuye a la justicia transicional la expectativa de promover cambios estructurales, transformaciones sociales y compromisos éticos que serían necesarios para la superación la violencia política. De aquí surge una aproximación política a la responsabilidad, donde se cuestiona el papel de las estructuras, instituciones y prácticas sociales en los orígenes, la promoción y la reproducción de la violencia política en contextos, escenarios y poblaciones particulares (Riaño-Alcalá, 2006; Theidon, 2007; 2012; ^{Baines, 2009}; 2011; ^{Payne, 2007}). Por otro lado, la aproximación psicosocial a la responsabilidad promueve una indagación alrededor de la implicación personal y subjetiva de los agentes involucrados en la perpetración de la violencia política, su promoción y hasta su legitimación bajo ciertas condiciones políticas (^{Castro, 2001}; ^{Suzunaga, 2004}; ^{De Castro, 2005}; Monroe, 2012; Vollhardt & Bilewicz, 2013). Por lo tanto, la relación entre las aproximaciones política y psicosocial a la responsabilidad es de complementariedad antes que de exclusión, y es desde allí que otros autores señalan una ausencia en la literatura sobre el trabajo con perpetradores en los rangos más bajos, en contraste con la atención con la que cuentan los de alto perfil (^{Baines, 2009}; ^{Rauschenbach, Staerklé, & Scalia, 2016}).

El hecho es que, al perpetuar un interés limitado en las experiencias vividas y las narrativas de las víctimas y sobrevivientes o, por el contrario, de los perpetradores de alto nivel como suele ser el caso, los investigadores están descuidando aspectos importantes del "continuum de la violencia", a saber: las experiencias de aquellas personas que son responsables de incitar y promulgar la violencia política sobre el terreno. (^{Jessee 2015}, 7, traducción propia)

La ausencia de elaboraciones alrededor de esta población desde el trabajo social disciplinar merece una mención especial, considerando que un buen número de estos profesionales se desempeñan en la primera línea de recepción y apoyo a los participantes en programas de DDR (Ballesteros, et al. 2016; Amariles, Buenaventura, & Giraldo 2017; Caicedo, Guerrero & Hurtado 2019), y en contraste con una amplia producción alrededor de los efectos psicosociales y culturales de la guerra (^{Bello, et al. 2000}; ^{Bello 2005}; Bello y Chaparro 2001), la documentación de abusos a los derechos humanos y la reivindicación de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación (Bello, et al. 2005; ^{GMH/CNMH 2010}; ²⁰¹³; ^{Cancimance 2014}), y las iniciativas para la construcción de paz (^{Chaparro 2012}; ^{Vásquez y Mellizo 2018}). Uno de los aportes que más se destaca en este campo es la exploración de las historias de vida de niños y niñas víctimas de reclutamiento forzado (^{Cifuentes 2008}; ^{Pinto 2009}; ^{Denov 2010}; ^{Chamorro 2012}; ^{Jiménez & Ramírez 2016}). Sin embargo, cuando la perpetración de la violencia y su superación no puede vincularse a una condición paralela de victimización, la producción académica de esta disciplina se reduce considerablemente.

En la siguiente sección me baso en el carácter interdisciplinar del trabajo social para proponer un abordaje teórico y de carácter psicosocial alrededor la responsabilidad como habilidad-de-responder, buscando una comprensión estructural de la participación de experpetradores de violencia política en procesos de memoria histórica y de justicia transicional. Así, este trabajo contribuye a la teoría y práctica del trabajo social con ex-perpetradores de violencia política, y a la literatura sobre la perpetración de violencia política y la justicia transicional, al ubicar la responsabilidad en el centro -no solo como parte- de la reflexión.

La responsabilidad como habilidad-de-responder

En esta exploración es preciso partir de la pregunta: ¿qué es por lo que se le pide a los perpetradores de violencia política que respondan? El psicoanálisis lacaniano sugiere que la perpetración material de la violencia se apoya en una ideología que despoja de su condición humana a un otro opositor, operando así la reducción de un sujeto-víctima a la condición de objeto para el goce del sujeto-perpetrador (^{Castro, 2005}). Desde la psicología social, Ignacio ^{Martín-Baró (1984)} señala que una reducción ideológica de tales características conlleva a promover ciertos usos de la violencia, los cuales dependen de tres aspectos: 1) el grado de crueldad hasta donde el perpetrador, consciente o inconscientemente, elige llegar; 2) el punto hasta el cual el grupo o la red a la que se vincula el perpetrador permite o incita la crueldad; y por último, pero más importante que las pulsiones destructivas o las personalidades psicopáticas de sus agentes, 3) el valor estratégico de la violencia para un fin particular (p. ej., ejecución sumaria, advertencia pública, extracción de información, dominio territorial, etc.).

Pero para que opere esta reducción de las víctimas que se acaba de mencionar, los perpetradores tuvieron que haber renunciado antes a su propia capacidad de agencia -de manera forzosa y/o voluntaria, y en una mezcla de procesos conscientes e inconscientes-, para ser ellos mismos reducidos a objetos instrumentales de la imposición, expansión, reproducción y perpetuación de la ideología y su violencia. Así, víctimas y victimarios en los rangos medios y bajos comparten una condición de reduccion ideológica cuyas diferencias en las experiencias y significados de cada grupo impone una distinción ética antes que su asimilación: las primeras fueron asaltadas violentamente, silenciadas e incluso arrastradas al olvido a través de la violencia perpetrada por los segundos.

Esta reducción instrumental/ideológica de los perpetradores es una idea que estaría detrás de las declaraciones de autores y líderes de construcción de paz cuando sugieren que la reparación de las relaciones sociales y la redención de los perpetradores parte de reconocer que estos alguna vez fueron humanos⁹. (^{Nwogu 2010}) Esto también se conecta con los hallazgos de algunos de los trabajos con perpetradores de rangos bajos, (incluyendo este, como lo muestro más abajo) donde los experpetradores de violencia enmarcan su agencia en función de lo que fuera su pertenencia al grupo violento, como si hubiese estado fuera de su control (^{Rauschenbach, Staerklé & Scalia 2016}). Así, parte del apoyo psicosocial en la reinserción de los experpetradores de violencia consistiría en su des-instrumentalización, es decir, en recuperar la capacidad personal de agencia que fuera abandonada en pro de la ideología y su violencia.

Pero si según ^{Arendt (2006)} la diferencia entre un objeto y un agente es la capacidad de este último para dar alguna respuesta respecto a sus acciones, aparece entonces una nueva pregunta: ¿qué es lo que se espera encontrar en las respuestas de estos ex-perpetradores? Las pesquisas de las víctimas, más que una explicación amplia sobre "los orígenes del mal"¹⁰, se caracterizan por sus precisiones.

Muchos vienen [a las audiencias judiciales] en busca del cuerpo, del instante de su desaparición, de una explicación que ponga fin a ese trasegar por las mismas preguntas: "Quiero preguntarle al señor ¿por qué?, ¿por qué asesino a mi hijo? ¿Qué le hizo para ser tratado así?". De nuevo, vemos el intento de los familiares -entendiendo que es en la vida cotidiana donde los significados más humanos se construyen-, por dar sentido a una acción que no lo tiene. Las expresiones de cansancio dibujándose en sus rostros, las largas horas, los largos años de espera, la inseguridad de cómo actuar de cara a lo que se le diga, de cómo responder. No hay medida estadística que registre esta dimensión de la experiencia. (^{GMH/CNMH 2012c}, 51)

A partir de las elaboraciones de Leigh ^{Payne (2007}) y Sibylle ^{Schmidt (2017)} sugiero que, mientras que hay una exigencia ética de reconocer en los testimonios de las víctimas una autoridad moral en la búsqueda de la verdad, de la comprensión y la superación de la violencia, los testimonios de experpetradores por su parte pueden leerse como narrativas políticas: relatos que no revelan necesariamente verdades históricas pero que contienen la promesa de una verdad basada en una experiencia personal, (la de la perpetración de la violencia) donde se apela a un reconocimiento social de la capacidad del testigo para dar una respuesta que contiene ciertas explicaciones e interpretaciones de un pasado problemático.

De esta manera, la responsabilidad vista como habilidad-de-responder gana aún más relevancia, no solo en relación con los procesos de clarificación histórica o con las metas de reintegración social de excombatientes, sino también en el ejercicio de la justicia -por pequeño que este parezca en el juego de las negociaciones y las transacciones implicadas en la justicia transicional- (^{Uprimny, et al. 2006}). Es en el momento de elaboración de la respuesta cuando la pena reducida, que resulta del intercambio entre el derecho a la justicia (retributiva) por el derecho a la verdad y/o a la reparación, puede ganar un asentimiento subjetivo: la atribución de algún significado a la pena legalmente impuesta y cuyo efecto es el de la renuncia al goce, confirmando así mismo la transgresión que es materia del proceso judicial.

Toda sociedad, en fin, manifiesta la relación entre el crimen y la ley a través de castigos, cuya realización, sea cuales fueren sus modos, exige un asentimiento subjetivo. Que el criminal se vuelva por sí solo el ejecutor de la punición, convertida por la ley en el precio del crimen, [...] o que la sanción prevista por un código penal contenga un procedimiento que exija aparatos sociales muy diferenciados, de cualquier modo este asentimiento subjetivo es necesario para la significación misma del castigo. (^{Lacan 2008})

Así, detrás de la pregunta (bastante común, por cierto, cuando se trabaja en este tema) acerca de qué tan arrepentidos están los excombatientes por la violencia que perpetraron, lo que se apunta a saber es si se puede confiar o no en que estas personas vuelvan a someterse a la Ley, no la de los arreglos jurídicos, sino a la Ley de estructura que hace posible el lazo social (De ^{Castro 2005}), cuyo contenido resume en gran parte el conocido mandamiento: no matarás. La responsabilidad como habilidad-de-responder adquiere entonces un atributo reflexivo que a pesar que los mecanismos de justicia transicional no puedan garantizar (^{Chaparro 2016}), al menos pueden facilitar, llevando a cuestionar el compromiso personal de los experpetradores con una ideología que los redujo a objetos instrumentales en su violenta afirmación y perpetuación. En otras palabras, la violencia política no solo es cuestionada en sus excesos y barbaries, sino también en el régimen que la perpetúa (^{Payne 2007}) y en el goce de quien la perpetró.

Consideraciones de contexto, metodológicas y éticas

La presente investigación dirigió su atención a los excomandantes de rangos medio y bajo del Bloque Sur Putumayo (BSP) en razón a su reducida representatividad frente a la estructura más amplia de las AUC (Figura 2). Además de su baja posición en la jerarquía de mando, los intereses de esta confederación paramilitar se concentraron principalmente en las regiones central, norte y occidental de Colombia, (^{Ronderos 2014}, GMH/ CNMH 2018b) mientras que el bloque en cuestión operó al sur del país en un relativo aislamiento respecto a su comando central (^{GMH/CNMH 2012a}) -o, como reiteraron con frecuencia los excomandantes que entrevisté, eran "mandados a control remoto".

Figura 2 Estructura de la cadena de mando del Bloque Sur Putumayo a 2006 

Desde finales de la década de 1990, y hasta su desmovilización en 2006, el principal objetivo del BSP fue disputarle a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) el control de un territorio con una gobernabilidad bastante precaria por parte de las autoridades civiles e instituciones estatales, y donde desde 1980 había prosperado un mercado bien establecido de producción y tráfico de drogas en una región de frontera con el Ecuador. Esta situación sirvió de justificación al Estado colombiano para que hacia 1999 solicitara la cooperación técnica, financiera y militar de la comunidad internacional en la llamada "guerra contra las drogas," al tiempo que oficiales de gobierno vieron a estos paramilitares como aliados en la lucha contrainsurgente (^{Tate 2015}).

Por su parte, la población civil se vio afectada no solo por la violencia y los abusos perpetrados por uno y otro actor armado, (legal e ilegal) sino también por su estigmatización social como "colaboradores de la guerrilla" (^{Cancimance 2014}). Este era el argumento usado para la regulación coercitiva de la vida cotidiana ejercida por los paramilitares, cuyos comandantes y subordinados eran descritos por los pobladores locales como "sanguinarios," "corrompidos," "bravos," "caníbales," "malos" y "terroríficos" (^{GMH/CNMH 2012a}, 112).

Según declaraciones de los excomandantes de rangos medio y bajo del BSP a Justicia y Paz, los miembros de esta organización no supieron de su desmovilización, sino hasta mediados de 2005, a pesar de que las negociaciones se venían adelantando desde 2002. En 2004, el comandante general o "dueño" del bloque, Antonio Londoño, alias "Rafa Putumayo", quien residía y ejercía su comandancia desde Medellín, fue asesinado por uno de sus guardaespaldas; mientras que el segundo al mando, William Carvajal, alias "Daniel", asumió otra identidad, se desmovilizó como combatiente raso de otro bloque y, luego de ser capturado en Venezuela en diciembre de 2005, le fue negada su participación en los beneficios de Justicia y Paz. Así, en marzo de 2006, los comandantes medios y bajos del BSP quedaron a la cabeza de la desmovilización de 504 hombres y, por instrucción de la comandancia del Bloque Central Bolívar (la estructura paramilitar más amplia a la que se suscribía el BSP hacia el final de su operación), ocultaron la información que poseían sobre la cúpula de la organización paramilitar a cambio del pago de un abogado privado, un almuerzo de vez en vez y un kit de aseo. Por cuatro años, un excomandante de rango medio-bajo fue señalado como jefe del BSP, hasta que en 2010 la fiscal de la Oficina No. 27 Delegada para la Justicia Transicional, es asignada al caso y rompe con su silencio luego de explicarle los beneficios que perdería si no colaboraba con el proceso.

La fiscal me cogió y me dijo: "Está bien, vamos a ver si cambia una pena de cárcel de ocho años por una de 40. ¿Le están dando dinero? Y yo dije: "¡No, doctora, yo lo que tengo es miedo!". Entonces ella nos explicó que teníamos derecho a un abogado público si no podíamos pagar uno por nuestra cuenta. ¡Y eso no lo sabíamos! [...] Cuando me volvieron a mostrar la foto de "Daniel" yo lo señalé como nuestro primero al mando, y ahí ya la fiscal dijo: "¡Listo, comencemos!" Ese fue el momento en que el Bloque Sur Putumayo realmente comenzó a participar en Justicia y Paz. (Excomandante #2, entrevista personal, junio de 2017)

La fiscal de la Oficina No. 27 Delegada para la Justicia Transicional colaboró plenamente con esta investigación. Facilitó mi acceso a una muestra de ocho transcripciones y 42 grabaciones audiovisuales (22 horas, 22 minutos y 24 segundos) de versiones libres¹¹ de cuatro excomandantes de rangos medio y bajo, en donde relataron su participación material y/o instrumental en 39 incidentes relacionados con crímenes como secuestro, tortura, asesinatos selectivos, desapariciones, desplazamientos forzados, confinamientos armados de población civil y dos masacres: El Placer (1999) y Guadualito (2004).

Luego de transcribir, revisar y de hacer una primera codificación inductiva de un 70 % de este material, mi trabajo de campo incluyó la observación directa no-participante de un número de versiones libres. Entre los recesos de estas diligencias sostuve entrevistas con la fiscal encargada y el fiscal de apoyo de la Oficina No. 27, conversaciones informales con el personal asistente del despacho, el defensor público y la delegada de la Procuraduría General. También fui autorizado para hacer entrevistas en profundidad a tres de los cuatro excomandantes cuyas declaraciones había revisado previamente, lo cual fue útil para que, a pesar de este fue nuestro primer y único contacto, las conversaciones tuviesen más un carácter de seguimiento y elaboración que de introducción y de recuento de lo que habían hecho durante su permanencia en el grupo armado.

Mientras que la perspectiva cualitativa indica que las entrevistas y otros métodos de indagación han de contribuir con el empodera-miento de los participantes en la investigación social como cocreadores de conocimiento antes que meros proveedores de información (^{GMH/ CNMH 2009}; ^{Denzin & Lincoln 2011}), el perfil de estos excomandantes paramilitares exigía prudencia respecto al empoderamiento que pudiera resultar de este intercambio: no era mi intención promover una narrativa de heroísmo, pero tampoco de vergüenza o culpa. Así, con base en los fundamentos de la entrevista interventiva (Tomm 1987a, 1987b, 1988), evité hacer preguntas que pudieran haber llevado a respuestas causales-lineales, (p. ej., "sí" o "no") para incluir preguntas circulares y reflexivas desde donde invité a mis entrevistados a verse a sí mismos desde el punto de vista de otras personas a su alrededor, como los de los facilitadores de su desmovilización, sus familiares, y los de sus víctimas como principales agentes del llamado a responder.

Existen otras consideraciones éticas que merecen especial mención antes de seguir adelante. Uno de los primeros interrogantes que surgió desde la planeación de este trabajo fue el de cómo referirse a su población objetivo: excombatientes paramilitares de bajo rango. La referencia dominante en la literatura sobre violencia política es la de "perpetrador," que podría convertirse en una etiqueta que limita la capacidad de agencia personal, mientras que al mismo tiempo perpetúa una identidad violenta que los procesos de desmovilización y reintegración social buscan desmontar. Así, opté por un enfoque apreciativo (^{Quijano 2000}, ^{Zapata 2001}) desde el cual los participantes en la investigación fueron vistos como personas con capacidades instaladas para la agencia personal, partícipes de una u otra forma en condiciones y contextos de represión violenta (^{Bello 2005}, ^{Baines 2009}).

Si bien es evidente que no todos los excombatientes se comprometen a pasar de una vía violenta a la vida civil (^{Castro, 2001}), en esta investigación quise reconocer su compromiso y su participación formal en un proceso reintegración en el marco de un proceso de justicia transicio-nal. Por ello hice un esfuerzo consciente, tanto en la indagación como en la escritura, para evitar nombrarlos directamente como "perpetradores" (excepto en la inclusión de citas o de referencias de contexto), y referirme a ellos como "experpetradores," "excombatientes," "excomandantes" o "desmovilizados." El uso de estas referencias no pretende exculparlos de su participación previa en actos de violencia, ni niega el derecho a las víctimas a nombrarlos directamente como "perpetradores" o "victimarios", ya que estos son los agentes detrás de su de victimización. Esta es una tensión inherente al carácter psicosocial de la noción de responsabilidad, donde la identidad personal puede cambiar con el tiempo y de acuerdo a las circunstancias en la civilidad, pero su vínculo con los actos de violencia cometidos en el pasado permanece a través de los daños en sus víctimas y de los beneficios que tales actos hayan derivado para quienes se hayan involucrado de forma mediata o inmediata en su perpetración.

Por otro lado, varios autores (^{Goldhagen 2002}, ^{Payne 2007}) advierten que abrir espacio para que experpetradores relaten la violencia política desde la perspectiva de su participación en ella no puede convertirse en oportunidad para reproducir la denigración de sus víctimas en el discurso: "Aun cuando uno decide escuchar a los perpetradores, ellos no deberían tener la última palabra" (^{Schmidt 2017}, 101). Por consiguiente, en el ejercicio de esta investigación los testimonios de las víctimas recogidos por el ^{GMH/CNMH (2011}, ^2012a) sentaron las coordenadas para situar la crueldad y el absurdo de la violencia perpetrada por el BSP, mientras que la codificación y análisis de las versiones libres que hicieron parte de la muestra no se concentraron exclusivamente en las declaraciones de los excomandantes paramilitares, sino que incluyeron las de las víctimas participantes y las interacciones que a partir de ellas se desprendieron¹².

Caracterización de las respuestas de excomandantes paramilitares de rangos medio y bajo

La presente investigación identificó tres elementos característicos en el desarrollo de la habilidad-de-responder de excomandantes paramilitares de rangos medio y bajo en Colombia. El primero es que la autoría de las narrativas confesionales que resultan de las versiones libres no es exclusiva del excombatiente que rinde su declaración, sino que es compartida con las instancias habilitadas para conducir dicha declaración a través de preguntas, a saber: el/la fiscal que preside la diligencia y las víctimas que en ella participan.

Las versiones libres siguen un formato estrictamente estructurado que le imprime un carácter ritual (^{Legendre 1994}), presidido por un fiscal que es investido por la ley para formular preguntas al exparamilitar (o a un grupo de ellos) que conduzcan a la elaboración de una narración confesional. El fiscal también regula los momentos y las formas de participación de las víctimas, quienes no están en la sala por razones de seguridad o de vivienda en otras zonas del país, y siguen la diligencia a través de un sistema de videoconferencia. Cada uno de estos coautores participa desde una lógica característica cuyo encuentro conduce a una dinámica contenciosa que da forma a la narrativa resultante. Por ejemplo, en una de las sesiones la fiscal preguntó acerca de daños que el grupo paramilitar hubiera hecho al medio ambiente, pero el excombatiente no entendía qué era lo que le preguntaban:

Extracto de versión libre individual - Fase 2: Excomandante #2. 06.08.2010. Masacre en El Placer]

Fiscal: ¿Qué daños le hicieron al medio ambiente?

Excomandante #2: ¿Al medio ambiente? No sé de qué me está hablando, doctora.

F: A los animales, los ríos.

Ex#2: Bueno, no sé... Honestamente, doctora, yo no sé uno cómo le hace daño al medio ambiente. No le entiendo.

F. Cuando ustedes patrullaban, ¿le disparaban a los animales, o los herían.?

Ex#2: ¡Ah, no, no, no, doctora! La gente en el campo nos daba gallinas. pues porque nos tenían miedo.

En otro momento de la misma sesión, se hizo evidente que las preguntas de la fiscal apuntaban a obtener la admisión por parte del excomandante de una política coercitiva contra las mujeres. Al respecto, tanto la fiscalía como el ^{GMH/CNMH (2012a)} habían documentado el desplazamiento forzado contra esposas de miembros de la guerrilla, la humillación pública de mujeres acusadas de adulterio o de "regar chisme" y formas de esclavitud sexual y de trabajo doméstico, entre otros. Una de las declaraciones que resume las respuestas del excomandante al extenso interrogatorio es esta: "No, doctora, eso no fue una política de la organización, pero eso... eso sí pasó... Eso eran unos comandantes como maquiavélicos, que hacían cosas malas". Mientras que en la lectura más amplia de la declaración se identifican esfuerzos por parte del experpetrador de negar o evadir el tema, también puede verse su incapacidad para cuestionar la violencia ejercida en lo cotidiano desde una lógica legal y estructural, que es desde donde lo interroga la fiscal.

Las víctimas por su parte piden hacer aclaraciones, elaborar detalles adicionales de los últimos momentos antes de la muerte o desaparición de sus familiares, o incluso cuestionan la veracidad de tales declaraciones trayendo sus propios testimonios:

[Extracto versión libre individual - Fase 2: Excomandante #4. 30.08.2010 - Asesinato]

Víctima-mujer adulta: Buenas tardes, señor. Si usted está tan arrepentido, ¿por qué no dice la verdad? [Nota del investigador: la voz de la víctima es enfática y fuerte]

Excomandante #4: Bueno, dígame: ¿de qué verdad estamos hablando? [El declarante abre los ojos, aparece sorprendido e incómodo. La víctima solloza un rato, pero rápidamente recupera el tono de voz inicial]

V: [...] ¡Por qué dice que mi hermana le disparó, mentiroso! ¡Y no fueron dos, sino cuatro los hombres que vinieron a la casa de mi padre, amenazándolo a él y a mi hermano menor con groserías!

Ex#4: Mire, yo estaba allí y estaba a cargo de esa operación. Solo éramos dos personas. La joven sí me disparó... Puede que hayamos cometido un error, pero nosotros solo cumplíamos la única orden que teníamos y esa era ejecutar a ese hombre. [...]

V: ¡Pero yo sí recuerdo muy bien las cosas! Tres meses después de la muerte de mi papá, usted se me acercó y me preguntó si yo era su hija. No sabía si preguntaba porque planeaba matarme, pero finalmente dije le que sí […] ¿No se acuerda?

Ex#4: La verdad no, no tengo memoria de todas esas cosas que me cuenta... ¿Alguna otra pregunta? [el postulado mantiene su cabeza baja, evitando mirar la pantalla donde se proyecta el video de la víctima. Su voz permanece plana, pero ciertamente mantiene un tono autoritario.] [...]

Investigador auxiliar: Señora fiscal, la víctima no tiene más preguntas.

[...] Ex#4: Yo quisiera agregar algo, señora fiscal. Yo sé que todas estas víctimas son humildes campesinos a los que les hicimos un daño grande y terrible. Solo quiero pedirles que me perdonen. Por favor, entiendan que estábamos siguiendo órdenes y éramos parte de un grupo que cometió muchos errores, que derramó mucha sangre.

V: [sollozando] ¡Que Dios te perdone, porque el daño que nos hiciste no se puede reparar!

Este fragmento permite señalar que, aquello que cada víctima vive de manera singular y dolorosa, para los excombatientes es un evento más entre muchos otros, nublando su memoria y su sensibilidad hacia las víctimas (Memorando de investigación #H50). Esto conduce a una "brecha en la magnitud" de la experiencia de la violencia para uno y otro: "lo que gana un perpetrador, por ejemplo, con un asesinato, nunca puede equivaler a lo que pierde la víctima" (^{Hamber 2009}, 135, traducción propia). Se puede identificar aquí también una lógica del significado que da forma a las intervenciones de las víctimas, en contraste con la lógica del poder paramilitar desde donde responden los excombatientes. Si bien es cierto que en este escenario el testimonio de los excombatientes es la principal fuente de información para la búsqueda y clarificación de la verdad, el ritual jurídico aparece incapaz de desmantelar la lógica desde donde estos responden y les otorga un estatus en la coautoría de la narrativa confesional resultante que estaría por encima del de las víctimas - un efecto contraproducente a las expectativas de sanación y de reparación que también hay alrededor del componente legal del proceso transicional (^{GMH/CNMH 2012c}, 689).

Desde allí se puede entonces señalar la segunda de las características de la habilidad-de-responder de los exparamilitares de rangos medio y bajo, y es que estos reclaman para sí una autoridad moral superior. En la medida que su posición de mando en el terreno no les permite escapar a su participación material o instrumental en la perpetración de violencia, como lo intentan (y consiguen hacerlo con frecuencia) los excomandantes de alto nivel, las respuestas de los excomandantes de menor rango están cargadas de referencias a principios como la lealtad, el deber y el compromiso personal como rasgos definitorios de su identidad¹³. Esto es lo que subyace a los dos temas que emergen de sus respuestas a las preguntas de la fiscalía y de las víctimas: 1) que estaban siguiendo órdenes de sus superiores y 2) que los daños de la violencia que perpetraron son resultado de errores en la información que recibieron de miembros de la comunidad. Así, tanto la dimensión ética y política de la existencia del grupo armado como su participación en el mismo se quedan sin cuestionar: "Condenan la violencia, sin condenar al régimen" (^{Payne 2007}, 22).

[Extracto versión libre grupal - Fase 2: Excomandantes #1 y #4. 30.08.2010. Asesinato]

Víctima - Mujer adulta: ¿Y ustedes por qué no confirmaron las cosas con sus propios ojos [...]? Si ustedes supuestamente eran la ley del pueblo, entonces deberían haber hecho su propia investigación [...] ¿Por qué?, ¿usted por qué me hizo eso?

Excomandante #4: La verdad es que éramos parte de un grupo armado ilegal. Teníamos ciertas políticas, y nuestro trabajo era seguir esas [ g, políticas. Pero entonces estábamos ciegos, y trabajábamos a partir de lo que nos decían los informantes.

V: Para mí, no puede llamar a eso un "trabajo". Matar a alguien solo porque alguien más va y les dice... De todos modos, quiero que desde el fondo de su corazón usted reconsidere lo que nos ha hecho. [...] Mi marido era un hombre bueno, nunca salía de casa, y.. y. ¡Y, de todos modos, yo también soy un ser humano! [Nota del investigador: la víctima trata de contener el llanto.]

En el fragmento anterior, al reclamar por la falta de verificación de la información y por la misma comisión del crimen, la lógica del significado que traen las víctimas se limita a cuestionar la lógica del poder paramilitar en sus excesos, sus omisiones y barbaries. Frente a ello, el victimario intenta exculparse refiriéndose a otros agentes como la organización armada en su conjunto y sus denominadas "políticas", a otros individuos que estaban por encima o debajo de él en la cadena de mando o, lo que es más escandaloso: a las propias víctimas. Así, el ritual jurídico aparece incapaz de promover una perspectiva que deslegitime el fundamento de la lógica paramilitar¹⁴, es decir, el discurso antisubversivo con el que los experpetradores se involucraron desde lo personal (p. ej., venganza, lucro personal o el legítimo compromiso con una causa), mientras que la explicación de la violencia perpetrada se reduce a asuntos operacionales:

"Esos fueron los errores por los que cometimos tantas equivocaciones", como concluyó uno de los excomandantes de la muestra al ser cuestionado sobre los llamados informantes locales. (Versión libre grupal - Fase 2: Excomandantes # 1 y #4. 26.08.2012. Masacre de Guadualito)

El resultado último de esta incapacidad, y que se presenta aquí como la tercera de las características de las respuestas de excomandantes de rangos medios y bajos, es la prolongación del poder paramilitar en los tribunales de justicia. Así, los exparamilitares terminan aferrándose a las pasadas justificaciones de la violencia que alguna vez perpetraron, y que expresan con cierta confianza tanto en las versiones libres como por fuera de ellas.

Cuando yo voy [al Bajo Putumayo], la gente me conoce mejor que al mismo alcalde. La gente a nosotros nos conocía y nos amaba o nos veía como un mal necesario, pero muchos incluso me han agradecido por el tiempo que yo estuve allí. ¡Para muchos éramos un problema, por supuesto! O sea, ¡cómo podían querernos si matamos a sus familiares! Pero cuando estuvimos en ese pueblo nunca se encontraba un loco en las calles, nadie robaba, no se metían a las casas. Uno podía dejar la moto afuera con las llaves puestas y eso no se perdía. Los asesinatos cometidos por alguien diferente a nosotros eran muy raros. Era un pueblo muy seguro, uno podía caminar sin que le pasara nada. Realmente, éramos un mal necesario. (Excomandante #2, entrevista personal, junio de 2017)

Conclusiones e implicaciones

Esta investigación contribuye a superar la confusión entre comprensiones éticas y categorías legalistas en torno a responsabilidad, al proponer un marco teórico que sitúa esta noción en una dinámica relacional y dialógica donde adquiere, o mejor, recupera su sentido original como habilidad-de-responder.

Al examinar en detalle las respuestas de experpetradores de violencia política de bajo rango, este trabajo también aborda una brecha en los campos de la justicia transicional y de los estudios de perpetradores respecto a dicha población. También propone una aproximación a los escenarios judiciales como rituales donde la autoría de las narrativas confesionales resultantes no es exclusiva del victimario, sino que la comparte con quienes se involucran en este escenario a través de preguntas -en este caso, la fiscal y las víctimas-. La participación de estos coautores puede caracterizarse a partir del estatus que el ritual jurídico le otorga a la contribución de cada uno: la lógica estructural-legalista del fiscal en primer lugar, seguida de la lógica del poder paramilitar desde donde (¡todavía!) responde el excombatiente y, por último, la lógica del significado y de la pérdida que la víctima amarra a su experiencia.

Lo anterior implica continuar trabajando en la deslegitimación de la lógica del poder paramilitar, desde donde se abren dos perspectivas para los procesos de apoyo de la justicia transicional en los que trabajadores sociales y otras disciplinas afines tienen un amplio margen de participación. Por una parte, es preciso fortalecer la coautoría de la víctimas que toman parte en el ritual jurídico, situando sus lógicas del significado y sus preguntas en enfoques estructurales más amplios y a través de la promoción de mecanismos judiciales que sean más sensibles o afines a su contexto sociocultural.

Por otro lado, es preciso que este enfoque estructural explicativo de la violencia sirva también para reubicar los dos temas desde donde experpetradores de rangos bajos elaboran sus respuestas, a saber: 1) que solo seguían órdenes y 2) que sus errores se basaron en la mala información dada por los habitantes locales de la región donde operaron. Desde allí, es posible que sean cuestionados no solo los mecanismos de la violencia en la que participaron, sino también la reducción ideológica de la que fueron objeto y que los llevó a comprometerse, consciente e inconscientemente, con la perpetuación de la ideología misma.

Quiero insistir en este punto en que el reduccionismo ideológico del que fueron objeto tanto víctimas como victimarios no les otorga el mismo valor ético a unos y a otros. Por eso, la elección que hizo el GMH/CNMH al iniciar su trabajo, concentrándose en las voces de las víctimas, fue tanto ética como oportuna. Sugiero más bien que, cuando comenzó el proceso de justicia transicional en 2005, ni las organizaciones de derechos humanos y de base ni el GMH/CNMH estaban preparados para involucrar a los excombatientes de bajo rango en la reconstrucción de la memoria histórica. Tampoco lo estaban los mismos experpetradores, en la medida en que sus antiguos superiores hicieron lo posible por manipular su participación. El análisis que aquí se presenta sobre cómo experpetradores de violencia paramilitar elaboran su responsabilidad puede brindar algunas pistas para ello, pues si la memoria es capaz de reconocer una pluralidad de voces y perspectivas, es posible entonces que también facilite la reinserción social de antiguos miembros de los grupos armados ilegales al integrarlos primero en narrativas (conflictivas) de la memoria de la violencia política en Colombia.